Cajibío y Tumaco
se han convertido en laboratorios de los problemas de tierras que plantean las
nuevas realidades del acuerdo con las Farc. En esos dos municipios se han
presentado en los últimos días enfrentamientos entre indígenas y comunidades
afro con propietarios de tierras que reclaman seguridad y respeto a sus títulos
legítimos. En Cajibío las historias de invasiones y crecimiento de cabildos
tiene algunos años y ahora el ingrediente de unas Farc desarmadas y de algunos
milicianos que persisten dejan inquietudes renovadas.
Hace unos días indígenas
destruyeron cosechas de café y quemaron construcciones menores de una finca a
unos 12 kilómetros de Popayán. Se habla de cerca de 800 hectáreas y 75 fincas
invadidas en los últimos años. Luego de que el gobierno comprara 125 hectáreas
para la creación del cabildo Cofradía en el municipio de Sotará, vinieron los
intentos para ampliar ese cabildo con invasiones y reclamos sobre nuevos
predios. Habitantes de la zona hablan de invasores profesionales venidos desde
el norte del Cauca donde enfrentamientos por asedios a fincas han dejado
policías e indígenas muertos. El papel de las Farc como partido político, como
organización desarmada y respetuosa de las reglas democráticas, se medirá en su
actuación frente a esta realidad en el Cauca. Es cierto que los indígenas han
luchado durante años por desligarse de los métodos y el control armado de la
guerrilla. Pero también es innegable que en algunos casos compartieron intereses
y luchas. Los riesgos de convertir los bastones de mando y las pañoletas al
cuello en herramientas para la invasión y las vías de hecho son enormes.
En Tumaco el
conflicto se da con el propietario que alquiló su predio al gobierno para la
zona veredal Ariel Aldana. Comunidades afro cercanas han llegado a invadir
predios colindantes con la zona veredal y a impedir el ingreso del propietario.
Aquí no se usan bastones de mando sino machetes y motos para defender lo
invadido. Un video de La W sobre el conflicto en Tumaco entrega las impresiones
de Henry Castellanos, alias Romaña, desde la zona veredal. Castellanos habla de
los derechos de las comunidades campesinas y afro frente a los despojos de
paramilitares y propone la construcción de proyectos de vivienda concertados
con el municipio en los terrenos invadidos. Su tono es conciliador y parece
indicar vías institucionales para resolver el conflicto. Pero el gobierno ha
repetido desde hace años, luego de los problemas en el Cauca, que las fincas
invadidas no se compran. Si las Farc tienen intenciones de ser gobierno en los
municipios deberían comenzar por censurar las vías de hecho y los conflictos
que tarde o temprano terminan con un “juez y parte” armado imponiendo una
decisión. No puede ser que se pida la titulación como protección a los campesinos
y al mismo tiempo se aliente a comunidades a desconocer las escrituras legales.
Las grandes
pruebas del proceso estarán más en la voluntad y las acciones sobre el terreno
que en las páginas del acuerdo. Para exigir a las Farc es necesario reconocer
su papel como organización social y política en los territorios. Santrich,
Alape, Márquez y Timochenko tienen que pasar pronto de los reclamos al gobierno
a una actitud que busque desestimular las condiciones de violencia en los
lugares donde tuvieron presencia armada. Es hora de mostrar que tienen algo que
ofrecer más allá de discursos y palomas.
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