Viejos incendios

Cambia el tiempo los cantos de belleza por los gritos de horror. Mirar con la perspectiva de los años y los estragos tiene ventajas y trae frustraciones. Ahora no se celebran algunos males mayores antes vistos como proezas, por el contrario se señalan, se persiguen, causan revuelos citadinos… Pero siguen sucediendo. Arden igual o peor. Desde la altura de los satélites y los años el humo sigue siendo el mismo. El rastro que deja la tierra al girar, una huella de codicias y necesidades, de alardes y supersticiones.

Hace 152 años se publicó por primera vez, en formato de novenario, la Memoria del cultivo de maíz en Antioquia. Un poema, una epopeya campesina digamos, escrita por Gregorio Gutiérrez González. Alcancé a leerla en el colegio como una tarea que, entre alumnos de séptimo grado, no tenía más reparos que el vocabulario muchas veces indescifrable y el tono de copla que nos parecía digno de tienda.

“Ya el verano llegó para la quema; / La Candelaria ya se va acercando; / Es un domingo a mediodía. El viento / Barre las nubes en el cielo claro. Prenden la punta del hachón con yesca, / Y brotando la llama al ventearlo / Varios fogones en contorno encienden, / La Roza toda en derredor cercando. Lame la llama con su inquieta lengua / La blanca barba a los tendidos palos; / Prende en las hojas y chamizas secas, / se avanza, temblante, serpeando.”

Ahora algunas páginas en Internet, con muestras satelitales día a día, nos dejan ver los focos de incendios sobre toda la tierra. Pequeños puntos sobre un mapa inexplorado para la inmensa mayoría del planeta. “Tiende la noche su callado manto / Bordado con las chispas del incendio / Que parecen cocuyos revolando.” Porque la Amazonia es una especie de geografía de fábula, un “continente” inexplorado e inexplicable al que solo nos queda catalogar el “pulmón del planeta”, en un juego infantil entre anatomía y geografía.

Las imágenes de nuestros más recientes incendios vistas desde los satélites solo dejan perplejidades. El Catatumbo siempre ardiendo, con las calenturas de todo tipo en Tibú y Sardinata. Las obligatorias llamas en Riohacha y en Maicao, los focos, tal vez cocaleros en La Primavera, Curimaribo y Santa Rita en el Vichada. No parece verse el humo sobre los 30 municipios que según el IDEAM concentran casi el 95% de la tala en el país. Es posible que para nosotros no haya “día del fuego”.

“Vese de lejos la espiral del humo / Que tenue brota caprichoso y blanco, / O lento sube en copos sobre copos / Como blanco algodón escarmenado. La llama crece; envuelve la madera / Y se retuerce en los nudosos brazos, / Y silba, y desigual chisporrotea, / Lenguas de fuego por doquier lanzando. Y el fuego envuelto en remolinos de humo, / Por los vientos contrarios azotado / Se alza a los cielos, o a lo lejos prende / Nuevas hogueras con creciente estrago.”

Según las cifras del Global Forest Watch Fire nuestros incendios en lo corrido de 2019, algo menos de 24.000, están en el promedio de lo que ha pasado en las últimas dos décadas, y algo por debajo del año anterior. Ni Caquetá ni Putumayo, señalados los focos más recientes de deforestación, aparecen entre los departamentos con más focos de incendios ni se ven claras coincidencias entre coca y llamas. Desde arriba todo sigue siendo incógnita.

“Y nubes sobre nubes se amontonan / Y se elevan, el cielo encapotando / De un humo negro que arrebata chispas, / Pardas cenizas y quemados ramos. Aves y fieras asustadas huyen; / Pero encuentran el fuego a todos lados, / El fuego, que se avanza lentamente. / Estrechando su círculo incendiario.”

Casar un duelo

El pasado fin de semana se cumplió un año más de un homicidio en el que las autoridades del Estado participaron activamente. Un crimen continuado que comenzó con el asesinato y siguió con las pistas falsas para enredar la madeja, el encubrimiento dirigido por altos oficiales, las amenazas cumplidas y los atentados a manera de escarmiento… En últimas, la mentira y la intimidación oficial como método para encubrir el crimen. Pocas veces se ven actuaciones tan coordinadas y vehementes por parte de uniformados, pocas veces logran verse como una “familia”, según la rotunda acepción que le da la mafia a esa palabra como método para asegurar lealtades.

 Podría estar hablando del homicidio de Luis Carlos Galán que planearon desde el DAS, facilitaron desde la policía de Cundinamarca e intentaron encubrir desde la Dijin. En el crimen que incluyó armas oficiales y disculpas póstumas policiales. Pero me refiero a un crimen menos planeado, un homicidio sin multitudes ni grandes móviles, un simple alarde policial contra una vida considerada menor. El 19 de Agosto se cumplieron ocho años del asesinato en Bogotá de Diego Felipe Becerra con dos disparos por la espalda que le descargó el patrullero Wilmer Antonio Alarcón. El delito fue portar dos aerosoles en su morral, uno azul y uno naranja fosforescente. Porque en ocasiones la silueta de un ciudadano común, de un joven bachiller, puede ser una figura muy deleznable para agentes ávidos de demostrar su poder.

Desde el día del asesinato el padre de Diego Felipe supo que comenzaba un duelo en todos los sentidos de la palabra. Hombres de civil y policías afinaban una versión común de la farsa. Él mismo escuchó las advertencias de los “consejeros” para que las declaraciones fueran firmes y coincidentes. Se plantó un arma en el sitio del homicidio y se intentó asociar al joven con ladrones corrientes de la zona. Han sido ocho años en los que Gustavo y Liliana casi se han convertido en abogados por medio de la más triste y peligrosa de las prácticas: buscar la condena para el asesino de su hijo y luchar contra policías y juzgados. Dos generales, seis coroneles, cuatro tenientes, doce agentes y seis civiles terminaron investigados en una trama que todavía debe capturas y sentencias.

El patrullero que disparó fue condenado hace tres años y aún sigue prófugo. El mismo día del fallo en su contra un juez de garantías lo dejó libre para que los 36 años de prisión fueran una pena para enmarcar. Desde hace dos años se espera un fallo de segunda instancia para que las autoridades se dignen a buscar una captura con algo más de voluntad. Tal vez el fallo del Tribunal tenga más peso. El proceso salió desde 2011 de la justicia penal militar pero continúa la injusticia penal. Solo hay tres condenados entre quienes manipularon la escena del crimen, pagaron a falsos testigos e inventaron la fábula del atraco. Los tres aceptaron principio de oportunidad y están colaborando con la justicia. Los procesos disciplinarios tuvieron que llegar hasta un fallo de la Corte Constitucional porque durante años no se admitió como parte a la familia de la víctima. Se decía que eran delitos contra el Estado. Luego de sesenta meses la causa penal contra los demás implicados está en el Tribunal por apelación de la fiscalía ya que se desconocieron pruebas claves en el proceso, entre ellas el testimonio de quien plantó el arma, testigo que ya sufrió un atentado. Hace dos años y medio el abogado de la familia de Diego Felipe enfrentó el último de los atentados que dejó a dos sicarios muertos a manos de un escolta de la UNP.

No debe ser fácil recordar un hijo leyendo expedientes y huyendo de sombras.

El traje nuevo del emprendedor

Leer promesas de candidatos requiere una vacuna previa contra las enfermedades gramaticales y delirios de optimismo. Y preparación mental contra la condescendencia y el lugar común, y buenas defensas para soportar la redundancia. Asumí la ingrata tarea de leer el programa de gobierno del único candidato a la alcaldía de Medellín al que conocen más del 50% de los ciudadanos según la última encuesta de Datexco. El candidato es un antiguo vendedor de pilas que llegó a la política invitado por el expresidente Uribe al puesto 13 de una lista cerrada al senado. Malos augurios. En su curul solo tuvo una sonada intervención, corta pero elocuente: un hijueputazo dedicado a una contradictora. Pero su programa de gobierno, cuadernillo lo llamaré en adelante, habla de sus participación en grandes debates y “control político respetuoso y propositivo”.

Su primer lugar en las encuestas obedece a la triste nemotecnia electoral, al nombre y los posibles votos heredados de su padre, presunto beneficiario de algunos votos y favores de paramilitares. Pero esa es otra historia. Concentrémonos en el cuadernillo de 125 páginas. Lo primero es que tiene mucho de propuesta de “emprendimiento”, una de las palabras que suena como campanilla en cada párrafo. La inexperiencia de los que lo intentan por primera vez, los llamados grandilocuentes a referentes internacionales, el desconocimiento del día a día más allá del boceto optimista y la creencia según la cual decir tres veces lo mismo es decir más. También tiene el vocabulario aprendido y vacío de quienes han ido a cuatro conferencias de gurús internacionales en un año: gobernanza, innovación, ecosistema y resiliencia.

Lo primero que llama la atención es su delirio por convertir la administración en socia minoritaria de los empresarios. Cuando usa la palabra progreso habla de “una administración pública al servicio del empresariado, a la consecución de inversión y turismo para la ciudad, y a la formalización de quienes no tributan”. De ahí se viene la cascada de propuestas de Alianzas Público Privadas para cárceles, ampliar el Atanasio, museos, renovación urbana e infraestructura vial. Por último llama a EPM a seguir el ejemplo del GEA y convoca al comité intergremial para nombrar el gerente la empresa de servicios públicos. Todo sin mencionar a HidroItuango. Me hizo recordar algunos contratos de Tronex, la empresa donde vendía pilas, con el departamento cuando su papá era gobernador.

En los temas de seguridad invoca las cámaras, exitosas en Jerusalén, con sensores de reconocimiento facial y ubicación de armas, explosivos y drogas en vehículos. Eso sí, combinadas con las luces LED azules de Tokio y sus efectos tranquilizantes. También clama por mejor espionaje y pone a Laureles y El Poblado como referentes para las demás comunas. Me imagino que piensa en una APP con empresas de seguridad. En educación no habla de la deserción creciente a los 15 años sino de la programación de códigos fuente en noveno y décimo grado. Y cuando los profesores de colegios públicos ganan casi igual que los vigilantes busca convertir a Medellín en el Boston de Suramérica.

Menciona tres veces la palabra equidad y confunde “movilidad social” con “movilización social”. Y como no se traga a esa gente que todo lo quiere gratis, pide que quien haya recibido un subsidio lo cubra limpiando parques o calles. Pero es humano y por eso cuando habla de la necesidad de una sociedad feliz termina apelando a la disciplina, el ahorro, la excelencia, la puntualidad, las metas ambiciosas y el respeto a las normas establecidas, una mezcla de curso por comparendo y autoayuda.

No puede ser que le entreguemos el emprendimiento de La Alpujarra a un heredero que, como lo demuestra su cuadernillo, no tiene una sola idea sobre la ciudad.

Mareas de coca

El gobierno de Iván Duque dibujó desde sus inicios una postal sugerente para referirse a una de sus prioridades: habló de un mar de coca. El símil se ha usado para señalar la cifra histórica de cultivos ilícitos. La economía naranja tiene derecho a sus figuras poéticas. Hace unos días, cuando el reciente estudio SIMCI que hace la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC), mostró una disminución del 1.2% en las hectáreas sembradas con coca entre 2017 y 2018, el gobierno salió a cobrar ese puntico, señalando que comienza a bajar la marea. Colombia muerta algo asustada su mejor nota, apenas perceptible pero mejor, frente al profesor iracundo en Estados Unidos.

Sin embargo, algunos números en el examen dejan ver que nada ha pasado con los cultivos y que el gobierno mintió con descaro en algunas lecciones orales previas a la calificación de la UNDOC. Lo primero para señalar es que con 2.000 hectáreas menos (se pasó de 171.000 a 169.000) tuvimos una mayor producción de hoja de coca fresca. La renovación de cultivos y las podas (no solo los cafeteros lo hacen) hicieron que la productividad fuera mayor en 2018: se llegó a 5.7 toneladas métricas por hectárea/año. De modo que la producción potencial de clorhidrato de cocaína creció un 5.9%. Hay un poco más de materia prima para trabajar. Por su parte las incautaciones cayeron 4.7%, así que hay un poco más de coca que terminó con éxito su exportación hasta el norte.

El gobierno sigue empeñado en la fumigación como fórmula mágica, pero algunos datos hacen difícil creer en esa solución caída del cielo. El promedio de los cultivos es de una hectárea, el precio de fumigación de esa porción de tierra es de 72 millones, lo que hace difícil, costosa e incierta esa estrategia. Mientras tanto las familias inscritas para el PNIS, programa de sustitución voluntaria, crecieron un 83%, pasando de 54.000 a 99.000. Concentrarse en el territorio y no fumigarlo podría ser más efectivo.

La coca está cada vez más concentrada. Los diez municipios con más cultivos suman el 44% del total nacional, y el 90% de la coca en 2018 está en los mismos territorios del 2017. Cada vez tenemos más coca en menos kilómetros cuadrados. Esa concentración y esa persistencia ilegal demuestran la consolidación de unos espacios en los que el Estado no tiene acceso, no existe como autoridad ni como ejecutor de políticas públicas. Las zonas están bien definidas: El Tambo-Argelia (Cauca); El Charco-cuenca alta del río Telembí (Nariño); Anchicayá (Valle del Cauca); Tarazá-Valdivia (Antioquia), San Pablo (Bolívar), Tibú-El Tarra (Norte de Santander). Difícilmente las siglas de las FAC en los helicópteros que acompañan la fumigación lograrán una disminución en el largo plazo. Solo crecerá la desconfianza, la resiembra y la violencia contra las FF.AA.

Un indicador clave en el informe está dado por la necesidad de la persistencia del Estado en sus intervenciones. Cuando el gobierno llega con cualquiera de sus políticas las cosas mejoran. En los cultivos intervenidos en 2017 y 2018 la reducción de la coca fue del 25 %; en los que solo se intervinieron en 2018 la reducción fue del 16 %, mientras que en los que tuvieron “trabajo” del Estado en 2017, pero no en 2018, la reducción fue del 2 %. El Estado es intermitente y el narco es constante. La concentración de sustitución voluntaria en 2018 en Caquetá y Putumayo produjo una reducción cercana al 8%.

Cerca de 2.5 billones de pesos se quedan cada año en los territorios de siembra y transformación de la coca. Un billete muy largo donde hay recursos muy cortos. Solo la inversión, la inteligencia y la persistencia traerán resultados ciertos.