Despedida a la bendita Luciérnaga

 

 

Todo entra por los oídos, esa es la historia de los gomosos de la radio, de quienes compraban las pilas con el sudor de su frente y ahora esconden los audífonos en el oído medio. Muchas veces el radio ha sido un pecado. Así lo veían los directores de periódicos en los inicios de las transmisiones en Colombia hace noventa años, y los políticos que inventaron el “censor de radio” en los cuarenta y los curas que clamaban contra esos “escándalos” y exigían penitencia por cualquier contacto con las ondas. Recuerdo que en el colegio lo oíamos al escondido, entre los cuadernos, durante las hazañas ciclísticas de los colombianos en los ochenta. La radio distrae en el mejor de los sentidos, acompaña, incita a la respuesta, convierte el oyente en algo más que eso. Así ha sido siempre, que lo diga la carta de una radioescucha a su programa favorito en 1933: “Yo quisiera que si no es mucha molestia usted me hiciera el favor de decirle al joven que cantó en esa misma estación el día 28 de julio a las diez de la noche, y que dijo llamarse Emilito González, que me mande una fotografía de él si puede para el 1 de septiembre y me dedicara la canción Enamorada porque ese día tengo unas cuantas amigas invitadas para la noche…” Hoy en día les pondríamos una foto de Corozo en Instagram.

Esas son siempre las amenazas del “transistor”, la distracción, la llegada de una voz quizá más dispersa, más variada, más cercana a la puesta en escena y la conversación. Por eso se ha hablado de la radio como un “pequeño teatro en la sala de la casa”. Ese es el gran encanto de La Luciérnaga, ayudado en sus inicios con un buen verano y un país que recién le daba la bienvenida al futuro pero a oscuras. Desde siempre La Luciérnaga se ha nutrido de la incompetencia y los abusos del poder, a eso nos dedicamos durante tres horas diarias, a coleccionar, imitar, parodiar y comentar los infortunios del poder, a añadirle algo de ese ingrediente corrosivo que es el humor. La Luciérnaga como los primeros programas de la radio en Colombia tiene algo de drama y algo de programación infantil, los dramas políticos con la alegría de que el poder no pueda escribir el libreto; y el juego infantil de quince compañeros y compañeras en una especie de salón de clase, donde toca exponer desde el pupitre y exponerse en los recreos. He pensado que casi cursé un grado completo de bachiller en estos diez años de cabina en La Luciérnaga. En mis tiempos de bachillerato perdí un año y cambié de colegio, de modo que puedo decir que nunca había compartido tanto tiempo con un grupo de compinches. Así que esto es una despedida y tiene la nostalgia inevitable de ese momento, pero es también una graduación y tiene la alegría acumulada de todos estos años. Y claro que la vamos a celebrar… Y ya saben cómo.

Cuando llegué a La Luciérnaga y Héctor Rincón me dijo que su estadía había sido de siete años le dije que estaba loco, juré que yo estaría máximo dos años. He hecho cuentas absurdas en estos días, ejercicios necesarios para agitar la memoria y valorar el tiempo. He pasado en esta cabina de La Luciérnaga 7.350 horas en estos diez años, el equivalente a 306 días al aire, y por eso quiero pedirles perdón por la fatiga causada y la chicharra de la risa diaria, y por los yerros repetidos e inevitables. Y como esto se trata de risas y no de llantos quiero recordar el día del aterrizaje en el programa. Héctor Rincón me dijo sin previo aviso que la última noticia que le correspondía debía darla yo, me pasó la posta y yo esperé la pregunta como el bateador novato en la caja. Vino algo sobre una inversión para el agro en el Casanare y yo solté mi respuesta temblorosa y dubitativa, inmediatamente apareció la réplica de Pedro González: “pero por qué está llorando el que llega y no el que se va”. Ese fue mi bautizo, y luego dice que no merece el pirobo que le solté algún día. Y así siguió esto, recibiendo las preguntas como lanzamientos día a día, errando y acertando, pero siempre con la tensión necesaria, con el bate en la mano para defender el home, el hogar y el salón que ha sido para mí este programa durante diez años.

Un abrazo a mis compañeros y compañeras, a los actuales y a los que me topé en el camino, al Doctor Peláez, a quien admiré como oyente desde mis primeros años de bachillerato y seguí admirando como un director que enseña sin proponérselo; a Gustavo Gómez que confió en mi voz desde que era editor de Soho; a Gabriel de las Casas quien mueve el equipo con toda la gracia necesaria y jamás me sacó una roja directa aunque la mereciera. Del Muelón y de Risa no me despido porque son parceros desde hace tiempo y por aquí nos seguiremos viendo. Para los oyentes toda la gratitud por su atención, sus mensajes, su paciencia y hasta sus pleitos, de eso se trata este juego de la radio, de una conversación pero también de un pequeño duelo. Que La Luciérnaga siga alumbrando por muchos años. No creí que pudiera desarrollar un cariño semejante por un programa, por algo tan etéreo, por estas ondas de 4 a 7 todos los días. Un abrazo desde aquí, feliz 2021 y toda la salud.

Ah, y nunca vayan a sacar del programa a Ricaloca y a Pedro…paridos. 

 

 

Volcán en las laderas

 

 

En junio de 1991 el helicóptero de la gobernación de Antioquia recogió a Pablo Escobar en el oriente, cerca a Medellín, y lo llevó hasta La Catedral. Ese mismo año la ciudad tuvo la cifra más alta de homicidios en su historia, 7081 según los datos de la policía. Para hacerse una idea de la dimensión de esa violencia basta decir que la tasa de homicidios por cien mil habitantes en ese año pavoroso llegó a 450, este año estará rondando los 15 homicidios por cien mil habitantes. Un año antes de la entrega de Escobar la revista Semana traía un titular con un interrogante que era a la vez un intento por entender qué pasaba en la ciudad de un millón y medio de habitantes: ¿Guerra civil en Medellín?

Pero la idea más clara de la vida en los barrios del norte, en las laderas, la entregaron dos libros, documentos los llamaron en su momento los autores, publicados hace 30 años con apenas siete meses de diferencia: No nacimos pa semilla de Alonso Salazar en agosto del 90 y El pelaíto que no duró nada de Víctor Gaviria en marzo del 91. Los libros, con objetivos y miradas distintas, dejan oír unas voces que se superponen, un pequeño coro de odios, caos y tragedia que en medio del parlache muestra las historias que ocultaban las estadísticas, los magnicidios y la segregación.

Hace poco miraba desde el Cerro El Volador esas comunas iluminadas por el sol, ese mapa de ladrillo en las laderas, y pensaba cómo ese pequeño espacio, esa barriada creciente, marcó nuestro lenguaje y tragedias nacionales, nuestra imagen en el exterior, nuestra música, cine, literatura. Un volcán en las laderas. El mundo del barrio cambió su lógica en solo una década y la explicación más sencilla la entrega Wilfer, el narrador de El pelaíto que no duró nada: “Es que este mundo es doblado”, dice recordando las traiciones diarias en esa vida al filo, la manera en que todo el mundo se lleva con la doble, las venganzas infantiles que terminan en muertes, los caprichos que se resuelven con el fierro.

Los autores hablan de una especie de insurgencia juvenil que no tenía solo los acordes y los gritos del punk sino las herramientas desmesuradas del narcotráfico, la plata y el plomo. En las comunas no había una guerra contra el Estado sino un reclamo desmesurado, un desprecio expresado por medio de una vida de fuego: deslumbrante, efímera, explosiva.

La certeza de una muerte temprana es la protagonista, por eso Wilfer sabe que a su hermanito se lo van a “quitar, a arrebatar”; por eso en el primer capítulo de No nacimos pa semilla Toño dice que su “negocio es la muerte” y cuenta con gracia las celebraciones después de los homicidios, “yo ya tengo 13 muertos encima…Y si me muero, me muero con amor”; por lo mismo la madre del pelaíto aprende a aceptar esa condena: “Ah, mi hijo se fue porque las debía… La muerte es la única penitencia para eso”.

Gaviria y Salazar lograron romper esos guetos ásperos por caminos distintos. El arte, la vía trazada por un poeta de barrio como Helí Ramírez, en el caso de Víctor que sabía que solo los actores naturales, la voz de la cancha y el parche, podían contar esas muertes de todos los días; las pistas de los curas que veían lo que estaba vedado para las autoridades y sus recuerdos en la Comuna 8 en el caso de Alonso que buscaba palabras, un nuevo vocabulario, para explicar las transformaciones de las calles conocidas.

Solo en un pequeño aparte en los libros los nombres de los autores se encuentran, Salazar le da la razón a Gaviria cuando dice que en esos barrios la “única ley que funciona es la ley de la gravedad”. Sin duda Medellín es otra, pero los barrios siguen marcados por esas tragedias y esos poderes hoy más domésticos y soterrados.  

 

De ollas y pescas

 

Juan trabajó hasta hace seis meses como mensajero en una panadería. Tenía jornadas de más de diez horas diarias sin posibilidades de exigir el pago de horas extras. Al dejar el empleo por “cansancio mutuo”, su jefe le pasó la cuenta de tres comparendos que estaban anotados a la moto que manejaba. Uno de ellos fue por el tamaño exagerado del cajón para llevar los domicilios: “Así le rinde más”, le dijo el jefe cuando Juan le advirtió que manejar con ese “volcó” estaba muy peligroso. El patrón se cobró los comparendos con la plata de la liquidación y demás obligaciones laborales. A sus 24 años Juan decidió volver a vivir con su mamá, en realidad no había muchas opciones.

En su hoja de vida no hay ninguna reseña judicial ni policial. Su mayor problema con la autoridad fue hace unos años en un CAI cerca a su casa cuando los policías lo detuvieron, guardaron su moto por un supuesto documento faltante (en ese momento tenía moto propia) y la desaparecieron durante una semana. Solo con una denuncia que logró mover con un alto funcionario de la alcaldía logró recuperar la moto que al parecer ya estaba deshuesada. Desde eso los policías lo miraron mal en el barrio y Juan decidió vender la moto que se había convertido en un trofeo incómodo acompañado de las cuotas vencidas.

Hace unos días policía y fiscalía llegaron a su casa tumbando la puerta antes de las cinco de la mañana. Tenían una orden de captura contra Juan por concierto para delinquir. Esculcaron la casa durante un poco menos de una hora y no encontraron nada comprometedor. Juan salió esposado en medio del desconcierto de su mamá, su hermana y su perro. El operativo dejo doce capturas a miembros de una supuesta olla de microtráfico. La policía dice que los seguimientos comenzaron en enero de este año e incluyeron vigilancia con drones e interceptaciones telefónicas. Juan está detenido en la fiscalía, en un corral montado en una cancha, por ser un peligro para la sociedad. En esos casos, me dice un abogado de oficio, esa medida es automática, no tienen sentido cuestionarla. El mecanismo en este tipo de procesos es muy claro en palabras del abogado: “En esos operativos tiran la red a ver que sacan, arrastran lo que encuentren en el camino para hacer la presentación en medios y después de miran a ver si cayó alguien con peso suficiente para avanzar en busca de una condena”. En el corral una lata de atún vale 10.000 pesos y una llamada de un minuto vale 1.000 pesos. Allá está la verdadera olla, se consigue lo que sea para aguantar el tedio y la comida que llega en una sola entrega diaria.

Los abogados de oficio llevan hasta ochenta casos al mismo tiempo. Logran hacer un mínimo seguimiento procesal pero no tienen posibilidad de hacer investigación para la defensa. Juan es uno de los 90.000 colombianos capturados cada año por delitos relacionados con drogas, uno más en esa pesca que solo deja condenas para el 24% de los detenidos. Una cuarta parte de las capturas en Colombia hacen parte de ese escarmiento desproporcionado y contraproducente.

Para hacer un primer análisis del proceso un abogado promedio cobra un millón y medio de pesos, simplemente para enterarse de qué se trata la acusación. Para ir hasta un juicio oral la suma puede llegar hasta siete u ocho millones. Algunas veces los detenidos prefieren un mal acuerdo con la fiscalía por no sacrificar tiempo y plata en un buen juicio. Incriminarse puede ser más rápido y barato.

Hasta el corral de la Fiscalía llegó la noticia de los doce policías, adscritos a la comuna de Belén en Medellín, detenidos por su papel protegiendo ollas en el Barrio Antioquia. Nada raro que alguno de ellos haya participado en el operativo para capturar a Juan.

Pontífice y apóstata

 

 

Coincidir en el tiempo de su gloria, compartir algo de su genialidad y su tragedia, fue suficiente para hacerme sentir parte de un grupo selecto, de una cofradía afortunada, de los habitantes de un momento excepcional. Su muerte, esa recurrente noticia falsa, al fin había resultado cierta, la tonta idea de una iglesia maradoniana se acababa de concretar y me convertía en un feligrés inesperado, me daba una lección por descreído: aunque hacía tiempo no seguía sus correrías de técnico desde la raya ni sus declaraciones de muñeco sin pilas por canchas y palacetes, la muerte de Diego Armando Maradona me pasmó de recuerdos, logró que cerrara los ojos y llorara viendo un partido viejo ¿Llorar en diferido?

Pero muy pronto estuvo claro que la iglesia era basta y que no se necesitaba haber gritado sus goles del 86 y haber visto sus gestas de renegado con en Napoli, también muchos de quienes solo lo conocieron como triste comediante, como productor de frases y escándalos, lo adoraban sin remedio. Quince minutos luego de recibir la noticia en una cabina radial y soltar dos o tres frases aturdidas estaba en el ascensor con un señor que limpiaba los botones y el espejo. Entré y me recibió con una frase y una actitud mortuoria: se murió Maradona, me dijo; le respondí con un sí lacónico, todavía pensando en lo poco que había dicho frente al micrófono. Llegamos al primer piso y el señor seguía limpiando el espejo, se abrió la puerta y sin mirarme, hablando con su imagen, dejó una frase que se ha repetido millones de veces en una semana: era el más grande.

No solo hubo drama en el ascensor. También la comedia hizo parte de ese duelo escandaloso. Unas horas después iba bicicleta, subiendo una loma en honor al 10, en una especie de peregrinación, cuando pasó un carro con el copiloto vociferando por la ventanilla: vamos, vamos boludo, me gritó. Yo no tenía ninguna seña que indicara que iba dándole vueltas a su canción para acompañar las vueltas a la cadena de la cicla, pero el ambiente era argentino, una parte del mundo pensaba con su acento, hacia su propio ritual maradoniano de forma inconsciente. Un día después terminé cantando tangos con mi mamá, tangos y goles viejos, goles eternos.

Tal vez eso de declararse perseguido desde siempre ayudó a forjar esa imagen reluciente, esa estampa para los afiches, los muros, las pantallas. En el metro todos los celulares en las manos de los pasajeros proyectaban una imagen de Maradona, son las luces de hoy, las velas de nuestros ritos solitarios frente al teléfono. Pero hablaba del Maradona víctima, del triunfador que celebra frente las adversidades ciertas o imaginadas, mientras más lo coreaban más cercado se sentía. En México reprochó a los hinchas locales: “Gritaron los goles de los alemanes como si los hubiera metido Hugo Sánchez…” Antes había dicho que en Argentina los putearon y los “quisieron voltear desde el gobierno”. Luego en el Nápoles eran los gritos racistas contra la ciudad y el equipo; en Italia 90 silbaron el himno argentino, “por eso dije, vocalizando clarito, para que entendieran todos: ´hijos de puta’, estaba dispuesto a pelearme con todos…” Eso en la tribuna, en la cancha estaba el árbitro Codesal que cobró un supuesto penal de Sensini sobre Vöeller, “nosotros dejamos el alma pero no se pudo, contra la mafia no se pudo”. En Estados Unidos 94, cuando le “cortaron las piernas”, fue el gesto dulce de una enfermera que lo llevó al cadalso para una muestra de orina. Unos días antes había gritado el gol a Grecia con toda su rabia, “se lo grité a la cámara para que todos se enteraran de que había vuelto…”

Queda claro por qué Nápoles, La Habana, Sinaloa fueron algunos de sus refugios, tierras de señalados y paranoias, de glorias turbias, de elegidos para largos reinados.

Mandos a medias

 

La ciudad se ha ido acostumbrando a esa jefatura compartida, a los cobros y los servicios que llegan un día con el membrete oficial y al siguiente con el sello inconfundible de “los muchachos”. Los patrones han ido aprendiendo un poco de las formas institucionales, los ciudadanos hemos incorporado dos códigos para la obediencia o la queja, y los gobiernos locales buscan siempre un difícil equilibrio, unas veces evitan a su competencia ilegal, otras complementan sus oficios y en algunos casos no pueden más que enfrentar sus mandos. En las calles ejerce el gobierno de la cámara de seguridad y el del parche de la esquina, el de los folletos de Jóvenes en Acción y la acción en los parches, el del aguardiente de la FLA y el guaro “estampillao” por la banda.

En el 2013 Don Berna explicaba los necesarios ajustes de las autodefensas para ejercer un mando más “tranquilo” en Medellín, para ajuiciar a los jóvenes desmovilizados y regular las dinámicas barriales más complejas que los frentes paramilitares: “En esos barrios hay mucha pérdida de tejido social, mucho vicio. Necesitábamos un ente que regulara la situación. Por eso se crea La Oficina, porque no podíamos entrar con la rigidez de la Autodefensa, se necesitaba un ente más laxo…” Don Berna conservaba incluso algo del lenguaje insurgente de sus viejos tiempos en el EPL. El aprendizaje ha sido largo desde las épocas en las que la alcaldía de Medellín competía con algo de desventaja frente al “Medellín sin tugurios” del capo, los convites oficiales y las reuniones de Escobar se hacían a lado y lado del morro de basura en Moravia.

Un reciente estudio llamado Gobierno criminal en Medellín, liderado por el profesor Santiago Tobón en la Universidad Eafit, trae novedades y confirmaciones sobre ese control ilegal en la ciudad. Cerca de 350 combos dirigidos por al menos 15 bandas se ocupan de las rentas ilegales del microtráfico, la extorsión y el licor adulterado al mismo tiempo que regulan comportamientos sociales e imponen soluciones entre vecinos. Sin olvidar que instauran monopolios de productos legales (arepas, huevos, carne, gas domiciliario) y toman una parte del control de mecanismos institucionales como, por ejemplo, el Presupuesto Participativo que suma el 5% del presupuesto anual de inversión en la ciudad.

Medellín terminará el año con la tasa de homicidios por 100.000 habitantes más baja en las últimas cuatro décadas. La reducción será cercana al 40%, eso significa cerca de 220 homicidios menos que el año pasado. La caída en la tendencia creciente ya completa un año y medio, desde el 1 de junio de 2019 se vio un corte preciso que al parecer fue “sugerido” luego de una reunión de la “junta directiva” en La Picota. Se recuerda “el pacto del Fusil” de 2013 entre facciones de La Oficina y los entonces llamados Urabeños. Los homicidios pueden ser un obstáculo a controles y negocios criminales, una alerta para que las autoridades intenten retomar el predominio. Muchas veces los avances en seguridad están ligados a las decisiones pragmáticas de los patrones.

El estudio mencionado, con 7.000 encuestas en más de 230 barrios, habla de comunas donde el 40% de los hogares y el 70% de los negocios pagan extorsión mientras las denuncias son inexistentes. En ocasiones los combos son el lazarillo de los burócratas o entregan el manual de contratación; y los esfuerzos del Estado, con programas y gestores sociales, no disminuye el control criminal si no que lo reafirma. La ciudad se aquieta, baja el ruido y la violencia más explícita, pero la maquinaria de control es cada vez más amplia y refinada.

 

Tender trampas

 

 

Néstor Humberto Martínez es un todero de marca mayor, el hombre de los oficios varios en la política colombiana. No es fácil encontrar un personaje que haya pasado por la junta directiva del Banco de la República, el ministerio del interior, el ministerio de justicia, la superintendencia financiera, el ministerio de la presidencia, las candidaturas de Cambio Radical, las carnetizaciones del partido de La U y la fiscalía general. Todo esto haciendo parte de cinco gobiernos de las más diversas inclinaciones ideológicas y con los más enconados pleitos políticos y jurídicos. Martínez tiene las virtudes del acomodo y la intriga, los encantos de quien juega en causa propia con la camiseta prestada.

Las últimas noticias sobre su papel en la detención de Santrich y su fingida indignación con la JEP muestran que Martínez es además un jurista de grandes contradicciones. Siendo asesor de Corficolombiana, socia de Odebrecht en la Ruta del Sol, tomaba con gracia y despreocupación los delitos evidentes en la actuación de la multinacional brasilera. Él mismo enumeraba la lista del código penal luego de las pruebas que le enseñaba Jorge Enrique Pizano: “Soborno, lavado de activos, falsedad en documento privado, administración desleal, abuso de confianza… Eso es una coima, marica”. Esos parecían eventos menores para su rasero legal. Tal vez por eso omitió en un primer momento comentarle a la Corte Suprema sus “conocimientos” desde el interior del escándalo de corrupción más grande de los últimos años en Colombia. Ese pequeño olvido hizo que la Corte que lo nombró fiscal contemplara en su momento la posibilidad de exigirle la renuncia y tuviera lista la decisión de apartarlo de todos los procesos con Odebrecht en los expedientes. De modo que Martínez encontró una coartada perfecta, frunció el ceño contra la JEP y su decisión de dejar libre a Santrich y salió por la puerta de servicios.

Pero Néstor Humberto Martínez también tienen las habilidades de amplificar hechos menores con la lupa de su propio código penal y sus intereses políticos. Como Fiscal General le entregó plena credibilidad a un personaje que fungía como farsante y fingía como contacto de las Farc con las mafias mexicanas. Los audios de Marlon Marín, la menos los que hemos oído, muestran a un promesero menor, alguien que alardea de sus contactos, aplaza sus compromisos y usa claves criminales que dan más risa que certeza de sus torcidos. Las interceptaciones no dejan claro un delito sino apenas un intento, la búsqueda de acercar cinco kilos de coca (movidos por la Fiscalía en medio de su “inteligencia”) con unos dólares falsos de la DEA (llevados por dos falsos mexicanos y una supuesta opulencia). Márquez y Santrich son una sombra en esos audios, una oferta de Marlon Marín que nunca se cumple y que en su momento el Fiscal general intentó confirmar con un video sin audio. Ahora está más claro por qué Néstor Humberto no le entregó a la JEP el expediente completo para la extradición de Santrich y se guardó lo que al parecer no era más que una comedia entre un grupo de falsos narcos, dos de la DEA y uno que trabajaba por cuenta propia y decía representar a jefes de las Farc. Ni en los tribunales de la justicia ordinaria ni con los de la justicia transicional Martínez tenía credibilidad, en una por tapar y en la otra por tramar. El exfiscal, sus intrigas y sus cálculos políticos nos dejan una sola tranquilidad: nos acostumbraron a esperar lo peor, y Francisco Barbosa, el actual fiscal general, solo por contraste, se ve como un principiante algo inofensivo.

 

 

 

A veces llegan cartas

 

Estados Unidos ha ejercido durante años el odioso papel de observador electoral desde el lugar común de la democracia más antigua del mundo. Hace apenas unas semanas el secretario de estado Mike Pompeo le daba el visto bueno a la elección en Bolivia: “Reconocemos al presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, y a todas las autoridades electorales de Bolivia por supervisar este proceso creíble…”. De modo que produce gracia verlos contar sus votos, con parsimonia y ahogo, en sobres que el presidente considera mal sellados y peor marcados. Y es inevitable recordar los “errores telegráficos” que alegó la Registraduría colombiana hace cincuenta años cuando Misael Pastrana pasó a Rojas Pinilla en una noche con el país sonámbulo.

Ver a los Estados Unidos observado por misiones internacionales, y burlado por los ciudadanos de las democracias que han llamado precarias produce un poco de alivio. Urszula Gacek es el nombre de la política polaca en uso de buen retiro que lideró la misión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa para darle una mirada a las elecciones del pasado 3 de noviembre. Según ella era la cita más desafiante de las últimas décadas. Sus declaraciones dejan, en general, bien parado el engorroso sistema electoral norteamericano: “No hemos encontrado evidencia de irregularidades sistemáticas con este sistema, a pesar de esta prueba de estrés extrema a la que se sometió. No digo que sea perfecto, y hay problemas de larga data que deben abordarse. Uno de ellos es el acceso de observadores nacionales, para hacerlo más transparente”. En 18 estados se restringe ese control ciudadano. Según Gacek los grandes temores estaban en la posible intimidación a los votantes y la falta de personal para contar los votos de una elección con una votación atípica en participación y en la forma de participar. Unas llamadas automáticas que invitaban a la gente a quedarse en casa y estar a salvo, un juego para que los electores más despistados perdieran su “vuelo” en las urnas fue la anécdota más llamativa. Pero lo verdaderamente peligroso, según el informe de 24 páginas que lideró Gacek, fue la intención del presidente de socavar la confianza de los electores con acusaciones de fraude que no tienen evidencia alguna.

El sistema electoral gringo no solo es arrevesado y caótico si no que está lleno de leguleyadas para hacer el voto más difícil, para sacar del tablero a quienes pueden marcar en forma indeseada por los mandamases en cada estado. Una sentencia de la Corte Suprema en 2013 permitió que estados y condados pudieran cambiar sus leyes electorales sin una autorización del poder federal, una condición que dictada por la ley de derecho de 1965. Ahora los mandatarios recortan puestos de votación (para hacer más largas las filas donde votan mayoritariamente sus adversarios), imponen pagos y padrones electorales que alejan las urnas, anulan votos por marcas casi imperceptibles (una letra de más, un acento perdido en un registro), niegan el voto a exconvictos. Hasta hace poco el 20% de los afroamericanos mayores de edad en La Florida no podían votar por haber sido condenados en algún momento de su vida. Solo una consulta popular logró devolverles su derecho.

Paradójicamente las limitaciones de movilidad que dictó la pandemia impulsaron como nunca el voto anticipado y por correo, mecanismos a los que dio fuerza Bill Clinton desde 1992. La votación más alta desde 1900 fue marcada por la epidemia más brava desde 1919, y tal vez por los señalamientos de Trump al voto por correo que hicieron el buzón más atractivo que nunca, una doble afrenta al presidente. Extraña elección, con una derrota marcada hace semanas y la vieja incertidumbre de las cartas perdidas.

Una ficción amenazante

 

Se cumplen 20 años del triunfo de George W. Bush luego de cinco semanas de combate legal en Estados Unidos. Los apremios del reloj electoral dieron la victoria al candidato republicano. La campana de la Corte Suprema de Justicia eligió a Bush al impedir el conteo de votos manual en La Florida por cuestiones de plazos constitucionales. Un minuto más en el round final habría podido entregar la victoria a Al Gore. Pero el derrotado atendió la campana con aplomo y se dirigió a su esquina con un discurso para apaciguar los ánimos: "El partidismo debe dar paso al patriotismo".

Pero corren tiempos donde el patriotismo ha dado paso al fanatismo. De nuevo las papeletas dejan dudas en La Florida y ahora se suma Pensilvania. Los votos se cuentan mientras las oficinas públicas y comercios se blindan con vallas y maderas como si el país se preparara para un huracán. Algunas oficinas del servicio postal han sido incendiadas por milicias y el presidente Trump repite las denuncias que hizo durante la campaña: “Las papeletas por correo son un desastre. Se enviaron millones de boletas por todo el país. Hay fraude. Los encontraron en arroyos. Encontraron algunos con el nombre de Trump en papeleras. Los están enviando por todos lados…” El presidente se anticipó a proclamar su triunfo a falta del recuento de muchos de los votos emitidos por correo. Las principales redes sociales han vetado esos anuncios oficiales de victoria. “Fake triumph”, es la etiqueta que ha comenzado a circular por redes y calles.

Los brotes de violencia ya dejan más 30 muertos en distintos estados. Las cerca de 200 milicias que hay en el país según cuentas a ojo del águila del FBI han comenzado con actuaciones menores que han terminado en enfrentamientos ciudadanos y frente a la policía. En Virginia la situación ha recordado los ataques de 2017 cuando manifestaciones de grupos de extrema derecha terminaron con un muerto y 19 heridos. Los amotinados de este noviembre de 2020 se han tomado los parqueaderos de grandes supermercados y sus camionetas impiden la llegada de los policías: “Son un ejército, tienen mejores armas que nuestra policía estatal”, dijo en la mañana del miércoles 11 de noviembre el gobernador del Estado.

En la madrugada Biden había llamado a la calma desde la sede demócrata en Pensilvania. El presidente Trump le ha respondido en el tono acostumbrado de burla y contrataque: “Es hora de que el exvicepresidente vaya a dormir”. En Michigan la gobernadora se ha tenido que resguardar en un sitio secreto bajo la custodia del ejército federal. Las recientes amenazas de secuestros han arreciado por mensajes en redes y carteles en las calles, y los patrullajes armados de milicias que dicen defender la constitución y el orden han hecho que la gente retire sus banderas y afiches partidistas de sus casas. En muchas ciudades el voto ha pasado de ser secreto a escondido y arriesgado.

Pero la mayor emergencia se presenta en los estrados fronterizos con México. Los miembros de las milicias armadas, ondeando banderas estatales, algunos con tapabocas con el rostro de Trump, han detenido a miles de migrantes, actuando como policía de frontera con métodos menos ortodoxos. Las especies de prisiones donde han recluido a los migrantes son portada en revistas internacionales y el presidente se ha negado a descalificarlos. En otros estados asociaciones de comerciantes y agricultores dicen que dejarán de tributar al gobierno federal y han propuesto dirigir los recursos a las arcas de los estados donde dominan los republicanos. Al menos tres gobernadores dicen que mirarán posibilidades legales para implementar esa iniciativa ciudadana.

Las Cortes decidirán de nuevo la elección en Estados Unidos, pero esta vez con la presión de las armas y el humo de los incendios como telón de fondo.

Sentencias y cátedras

 

La gran mayoría de los mortales no enfrentarán en sus vidas los tormentos de un juicio penal, ese espectáculo incomprensible que se aplaude con virulencia y superioridad. Los procesos penales (y los disciplinarios y fiscales que son entre nosotros algo así como ejercicios preparatorios) sirven en Colombia como principal alimento para la política y los medios. Una investigación de la fiscalía vale más que tres debates y una imputación tumba plenarias, alianzas y reformas. Los medios conocen el gusto de su público, saben que el aleteo de una mariposa en un juzgado puede provocar un terremoto en sus audiencias y redes, de modo que confunden la justicia con las notificaciones. Azuzar es tal vez la palabra más apropiada para ese ejercicio periodístico. Y como el derecho penal no se mueve al ritmo de las ansias de la opinión ni de los acosos de las redacciones, cunde la indignación y el ansia de desquite.

Hace unos días la periodista Vicky Dávila fue condenada por el Tribunal Superior de Bogotá a pagar 165 millones de pesos, de manera solidaria con la cadena RCN, a la familia de Jorge Hilario Estupiñán, un coronel retirado de la policía. La condena se fundamenta, entre otras, en la presión que la periodista ejerció sobre el inspector de la policía nacional en 2014 cuando se investigaba posibles hechos de corrupción del Coronel Estupiñán. Dávila reveló algunos audios durante la entrevista al inspector general y lo instó a, por lo menos, suspender al coronel: “esos hechos de corrupción no tienen vuelta de hoja”, sentenció en su ejercicio acusatorio. Según el Tribunal la periodista “fue irresponsable, pues se pretendió inmiscuir en el trámite de una investigación que desde todo punto de vista se refleja el coercitivo ejercicio periodístico, pretendiendo interferir en la actividad autónoma de los funcionarios encargados de la investigación.” Además, señala que actúo de manera inquisitiva, con ironía y sarcasmo, mejor dicho, al Tribunal no le gustó el tono de la entrevista. Más adelante señala la función del periodismo y acota sus facultades: “la función social de esta profesión [el periodismo] es informar, pero de manera alguna puede ser el báculo para el ejercicio de presión infundada a cualquier ente judicial y administrativo…”

Los miembros del Tribunal de Bogotá son oyentes exigentes y con sentido crítico, no les gusta el tono del “sistema radial acusatorio” que usa Dávila, y tienen una idea sobre lo que debe ser el ejercicio del periodismo. Lo peligroso es que sus críticas a una manera de hacer periodismo se conviertan en una condena, y que sus opiniones sobre la tarea de los medios se traduzcan en restricciones a la libertad de expresión. Los medios son un actor más en la democracia y ejercen control y presión, es imposible que solo lean comunicados y transcriban decisiones judiciales. Las opiniones, “así causen molestia o afecten el amor propio de las personas”, tienen incluso una mayor protección según ha dicho la Corte Constitucional. Muchas veces en la prensa se desconocen las garantías necesarias en procesos penales y disciplinarios, se privilegia la condena por encima de los derechos, pero los prejuicios, el afán de escándalo y los alardes justicieros no pueden derivar en restricciones a la libertad de prensa vía condenas civiles. La Corte ha protegido el contenido y el tono en el ejercicio del periodismo, los magistrados del Tribunal pueden mover el dial o apagar el radio, pero no dictar cátedra con los fallos como si fuera nota de calificación.

 

 

Libreto de combate

 

Hace cerca de un año y medio la Corte Constitucional dejó claro que las objeciones a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no habían logrado mayoría en el Congreso. El presidente Duque firmó entonces, con un puchero, la ley estatutaria que reglamentó la justicia transicional. Muy pronto esas objeciones, que eran un punto de honor, se convirtieron en un asunto menor, una anécdota en medio de los retos y las dificultades por venir. Pero la JEP ha regresado como estrategia del gobierno y del Centro Democrático. Hace una semana el expresidente Uribe habló de la necesidad de un referendo para derogarla, y un día después la senadora Milla Romero, reemplazo de Uribe en el senado, radicó un proyecto de reforma constitucional con ese mismo objetivo. La intención trae sus paradojas. En su referendo fracasado de 2003 una de las reformas propuestas por Uribe tenía un parágrafo para recordar: “La renuncia voluntaria no producirá como efecto el ingreso a la corporación de quien debería suplirlo.” La intención era luchas contra la corrupción y la politiquería.

Pero ese paso de la resignación al ataque con el papel de la JEP solo indica que el gobierno, a poco menos de dos años de terminar su mandato, es ahora un simple ejecutor de la estrategia electoral para 2022. La falta de norte y liderazgo hacen que el gobierno sea hoy un comité de campaña, sus decisiones tienen que ver más con el cálculo electoral que con los posibles logros y políticas públicas.

El partido del presidente solo tiene un blanco posible, no logra encontrar un mejor enemigo que el acuerdo contra el que luchó durante más de cuatro años desde la oposición. Es claro que para el CD no vale la pena intentar un nuevo alegato, proponer un tema urgente, renovar la pugna política o señalar los resultados del gobierno en ejercicio. Cuando se tiene un libreto aprendido, un público que lo celebra y su mejor actor es incapaz de seguir otro guion, no hay mejor alternativa que apelar al conocido grito de batalla, a la mnemotecnia colectiva. De modo que el gobierno y el CD recuerdan hoy a los canales de televisión que repiten las novelas exitosas del pasado.

Lo más sorprendente es que parece que el gobierno celebra algunas de sus derrotas para encontrar pretextos e invocar su viejo pregón. La imposibilidad de la fumigación con Glifosato, la necesidad de limitar el derecho al libre desarrollo de la personalidad de quienes porten o consuman drogas, la urgencia de reformar las cortes y la ilusión rota de un cambio en Venezuela son las grandes frustraciones y las eternas herramientas de Uribe, su partido y su gobierno en cuerpo ajeno. La aparición de Márquez y Santrich es otra de las bendiciones para el gobierno, los peligrosos “atentados” en forma de cartas públicas entregan la posibilidad de alzar la voz y exhibir el camuflado, el consejero presidencial para la seguridad, Rafael Guarín, lo tienen muy claro: “La segunda marquetalia no es nada distinto que el narcotráfico y los crímenes atroces de la primera. Es la continuidad de la misma estrategia de terrorismo y narcotráfico. Nada nuevo. Vino viejo en odres nuevos.” La sigla mágica vuelva a aparecer en boca del gobierno: “En realidad nunca se desmovilizaron las Farc”.

El discurso del Centro Democrático ha dejado de hablar de seguridad, incluso el expresidente Uribe no mencionó la palabra en su reciente proclama electoral luego de la libertad decretada por la juez de garantías: los asesinatos de líderes sociales, el crecimiento de las masacres y el aumento de la producción de coca en el último año han hecho que desaparezca la palabra que antes era un mantra del Uribismo. Pero es necesario reemplazarla por un término que esconda las debilidades del ejecutivo y magnifique las amenazas. Luego de las protestas en Bogotá sacó de la manga la palabra “terrorismo”, un comodín que sirvió durante más de una década. De un momento a otro el ELN se convirtió en organizador de un estallido espontáneo por la violencia policial y el comisionado de paz, Miguel Ceballos, habló de “terrorismo urbano” y de un “nuevo teatro de guerra”.

Mientras tanto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en La Florida de los peligros del Castro-Chavismo y señala el rumbo colombiano como ejemplo. El gobierno Duque celebra la exportación de su discurso añejo, ahora sus congresistas asesoran la campaña republicana y ‘Pacho’ Santos tira línea en Washington. En Estados Unidos también pueden llegar tarde Mucho ha cambiado en Colombia desde 2002, pero el discurso se resiste y la política muestra que puede ser inmune a la realidad. 

 

 

Prisión pervertida

 

 

Los juicios penales son un importante teatro en nuestro escenario político y nuestra discusión pública sobre lo debido y lo humano. El principio de publicidad adoptado por el sistema penal acusatorio en 2004 ha logrado que las actuaciones en dicho teatro tengan una audiencia y un histrionismo mayor, y que las presiones crezcan sobre algunas de las decisiones procesales. Efectismo judicial, afán punitivo y una especie de apetito de venganza, luego de años de impunidad, rondan los estrados y los estados de la opinión. En medio de ese ambiente las medidas de aseguramiento son el primer lance en miles de procesos, una especie de tanteo clave en procesos que tienen visibilidad en los medios y consecuencias en la política. Más que la última opción en medio de un juicio, una excepción a la presunción de inocencia, las medidas se ven ahora como un necesario escarmiento y un escarnio efectivo para muchos imputados, una pena por anticipado, una oportunidad para el titular.

Hasta hace un poco más de 15 años los fiscales tenían la potestad de decretar medidas de aseguramiento en Colombia. Los fiscales ejercían ese poder con un peligroso sesgo: la solidez de su investigación y su acusación se veía respaldada por la severidad de una detención preventiva. La llegada de los jueces de control de garantías ha servido para limitar las detenciones de los procesados durante el juicio. Con el comienzo de la aplicación del nuevo código penal, Ley 906, se fueron corrigiendo exageraciones y desacuerdos. Al inicio los fiscales pedían medida de aseguramiento en el 37% de las imputaciones y los jueces de control de garantías negaban más o menos una de cada tres. Poco a poco, con ayuda de varios fallos de la Corte Constitucional que recalcaron la excepcionalidad de las medidas, fiscales y jueces parecieron llegar a acuerdos. Desde hace unos años las solicitudes de detenciones preventivas se han emparejado con la imposición efectiva. Hoy en día los jueces solo rechazan un poco más del 5% de las medidas que solicitan los fiscales en medio de las imputaciones. Con las sentencias de la Corte y el ejercicio común se han ido encontrando acuerdos sobre la necesidad y se ha mitigado una parte de los abusos.

Pero las cifras de quienes van a la cárcel sin haber sido condenados siguen siendo altas en el país. Más o menos el 20% de los imputados termina pasando una parte del juicio en centros carcelarios. Otro 5% está en medio de una detención domiciliaria y el 2% tienen medidas preventivas distintas a la restricción de libertad. Además, una tercera parte de quienes están “guardados” en Colombia son personas en espera de un fallo en medio de un juicio. México, Brasil. Argentina, Perú, Bolivia tienen cifras aún más altas en el porcentaje de “encerrados” sin condena. Parece que América Latina elige castigos anticipados, injustos muchas veces, a falta de condenas en tiempos aceptables.

El proceso contra el exsenador Uribe hizo que la opinión pública se volcara sobre una audiencia virtual donde parecía imposible atender y entender los argumentos jurídicos, un enredo entre posibles jueces, distintos códigos aplicables, equiparación imposible de momentos procesales, falta de reglas específicas. La política fue por supuesto la protagonista en un pleito penal entre representantes de los más grandes de nuestros enconos electorales, pero nunca sobra entender algo sencillo más allá de las arengas y los códigos: la libertad, con amplios amparos constitucionales, debe ser siempre la regla. El fetiche de la foto con la placa y el número, sirve para alentar linchamientos públicos, presiones partidistas y juicios radiales, pero los riesgos serán para decenas de miles de imputados cada año.

 

Los peligros del recreo

 

Los colegios y las universidades hacen parte de los pocos sectores en Colombia que siguen con restricciones totales a causa de la pandemia. Mientras bares, restaurantes, iglesias, talleres, juzgados, transporte público, aviones, construcciones, campamentos en la cosecha cafetera y una larga lista han comenzado a funcionar, con restricciones o sin ellas, los salones siguen siendo espacios prohibidos. La decisión tiene muy poco que ver con la evidencia científica y se basa casi exclusivamente en algunos temores frente a la reacción de la opinión pública y en estrategias ligadas a las viejas (y justificadas) luchas laborales y políticas de los maestros. En este pulso los alumnos son al mismo tiempo el escudo para alegar necesidades de protección frente al virus y las víctimas de un encierro forzoso que desconoce otros peligros asociados a más de siete meses sin colegio.

En Estados Unidos pasa algo muy similar. La política es la materia más importante frente a la decisión sobre el regreso a clase. Cuando miles de colegios estaban listos para regresar apareció una evidencia incuestionable: el presidente Trump hizo público su apoyo, en el tono de matoneo de alumno de once, a la apertura de colegios. Entonces la decisión encontró una oposición cerrada por parte de voces demócratas en muchos estados y por los sindicatos de maestros: “las decisiones de apertura de escuelas de los distritos se correlacionaron mucho más con los niveles de apoyo a Trump en las elecciones de 2016 que con los niveles de casos de coronavirus locales", dice el periodista Alec MacGillis, refiriéndose al caso de Baltimore, en un artículo publicado hace poco en New Yorker.

En Colombia, como en todo el mundo, los menores de 19 años tienen un riesgo mínimo de sufrir graves consecuencias si resultan contagiados y representan un porcentaje muy bajo de los contagios totales. La población entre 0-19 años suma el 10% de los contagios y el 0.28% de los fallecimientos en el país. Se alega que los niños llevarán el virus a sus casas poniendo en riesgo a personas en sus hogares. Las cifras del DANE muestran que apenas el 8.5% de los hogares tienen convivencia de menores de 15 y mayores de 60 años. Estudiantes de esos hogares podrían tener restricciones especiales. Pero los números son herejía en todo esto. La población con menos riesgo ha “sufrido” una sobreprotección que tendrá graves consecuencias a corto y mediano plazo. 

Un ejemplo de los otros riesgos que hoy se desestiman. Medellín ha reducido su tasa de deserción escolar durante los últimos 15 años hasta en el 2.8%. Son cerca de 9.690 jóvenes por fuera cada año en Medellín. La gran mayoría se dan en los grados noveno y décimo. La deserción tendrá nuevas realidades y cifras, mucho más en familias con crecientes afugias económicas ¿Aumento de reclutamiento y violencia en los barrios?

Según algunos rectores de colegios públicos los profesores buscan hoy mantener un vínculo con los alumnos más que enseñar. La educación más que virtual es imaginaria. Para primero, segundo y tercero grado solo hay comunicación vía WhatsApp, para cuarto y quinto una hora de contacto diaria por plataformas, y dos horas para alumnos de bachillerato. Pero lo normal es que apenas el 25% de los alumnos de estratos 1, 2 y 3 tienen equipo y conectividad en casa.

La Asociación Americana de Pediatría reseña otras alarmas que se desconocen en medio de las discusiones políticas: “Pasar mucho tiempo fuera de la escuela ... a menudo resulta en aislamiento social, lo que dificulta que las escuelas identifiquen y afronten las deficiencias de aprendizaje, el abuso físico o sexual de niños y adolescentes, el consumo de drogas y la depresión".

Fecode y otros críticos de la necesidad de volver a los salones solo miran un riesgo, y lo sobredimensionan, por ser el que más atención mediática y política tiene, y por la posibilidad de recoger réditos en las luchas de años. Veremos las consecuencias de preferir el pliego al tablero

  

 

Un mundo vacilante

 

Suecia es tal vez la mejor demostración de un mundo a tientas frente al coronavirus. En seis meses ha sido señalada, envidiada, repudiada por los vecinos, felicitada por la OMS y criticada por los epidemiólogos más severos. Expuesta como modelo y exhibida como fracaso dependiendo del paso del tiempo y de las curvas de fallecimientos, los miedos y las neurosis del encierro. Pero el país ha seguido su ritmo, sin grandes sobresaltos en su estrategia, un poco ensimismada para unos y confiada para otros. La frase de batalla ha sido clara desde el comienzo: “Esto no es una carrera de velocidad, es una maratón”. El lugar común según el cual tenemos que convivir con el virus está entre nosotros hace cerca de dos meses, mientas en Suecia es eslogan desde el comienzo de la pandemia.

El país nunca suspendió sus clases para menores de 16 años, no cerró restaurantes, bares ni gimnasios y mucho menos los espacios abiertos para hacer ejercicio o reunirse en grupos menores a cincuenta personas. Siempre pensaron en menos policía y restricciones, menos histeria y más normalidad. La idea era proteger a los más vulnerables y dejar que la infección siguiera su curso entre la población con menores riesgos. Desde marzo estaba claro para todo el mundo que el porcentaje de muertes entre pacientes sintomáticos de menores de 60 años era muy bajo. El más alto en ese grupo estaba entre las personas entre 50 y 60 años y según sus cuentas era de apenas el 0.6%. Suecia se tomó en serio ese dato. De modo que tal vez fuera mejor acelerar el paso para llegar al punto obligado para todos, la inmunidad de rebaño, y así exponer durante menos tiempo, menos trayecto, a los más vulnerables. Quienes tienen menos riesgo terminarían protegiendo, a mayores de 60 y casos de riesgos por enfermedades preexistentes, no mediante el encierro sino por vía del contagio seguro que disminuiría el tiempo total de exposición al virus. El riesgo era entonces en los hogares intergeneracionales, donde habitan menores y mayores de sesenta años. Suecia parecía tener condiciones ideales para su modelo dado que solo el 1% de sus hogares tienen esa peligrosa mezcla frente al Sars-CoV-2.

Pero a pesar de todo, las cosas no salieron muy bien. A comienzos de esta semana, Suecia tenía 581 muertes Covid por millón de habitantes, una cifra por debajo de Italia, España, Reino Unido y Bélgica; pero muy superior a la de sus vecinos: en Dinamarca es de 112, en Finlandia de 62 y en Noruega de 50 por millón de habitantes. Y casi la mitad de sus 5.880 muertes por el virus se dieron entre habitantes de hogares para ancianos. Lo que significa que no fue posible esa protección a los más indefensos frente al virus.

Pero ahora, con una segunda ola amenazando a Europa, Suecia vuelve por la senda del ejemplo y la OMS asegura que su estrategia puede “proporcionar lecciones para la comunidad global”. El rebrote en Suecia ha sido muy bajo, en los últimos 14 días marca 37 casos por 100.000 habitantes mientras España tuvo 320, Francia 205, Bélgica 139 y Holanda 132 por 100.000 habitantes. Pero entre sus vecinos nórdicos el rebrote tampoco ha sido gran cosa, lo que deja dudas de que esa celebrada singularidad esté relacionada con sus maneras frente al virus. Mientras tanto la inmunidad de rebaño parece estar todavía lejos. Los estudios de seroprevalencia que miran los anticuerpos para saber el porcentaje de la población que se ha contagiado dicen que los barrios con más contagios en Estocolmo tienen apenas un 18% de personas que han sufrido el Covid. Suecia ve más tranquila el futuro, pero todavía mira con algo de remordimiento las cifras del pasado reciente.

En algo tiene Suecia razón incuestionable, la carrera será larga también para evaluar a los gobiernos y sacar conclusiones, para señalar culpables y promocionar milagros. Nunca es fácil diferenciar entre medidas efectivas y proselitismo viral.

 

 

 

 

Viejos tropeles

 

En noviembre de 1891 se presentaba en sociedad la “nueva policía” en Bogotá. De los serenos enruanados a los agentes con sus “lustrosas” bayonetas” y su comisario francés, Jean Marie Marceline Gilibert, un militar maltrecho de batallas y dispuesto a civilizar a los habitantes de la capital. Era el momento de la Regeneración y la ciudad necesitaba algo de limpieza en las calles y las costumbres. La policía era un brazo dotado contra la pestilencia y la degradación moral, males que venían juntos y requerían “inmediata atención, por presentar las faces terribles de un cáncer corrosivo y mortal”, según el informe del subprefecto de policía de la época.

Las primeras rondas y tropeles de esa nueva policía están reseñadas en el libro 1892: un año insignificante, publicado en 2018 por el profesor de la Universidad Nacional Max S. Hering Torres. Como sucede hoy la policía era exhibida como una institución para garantizar la “convivencia”, palabra obligatoria como las insignias “Dios y Patria”. Pero las advertencias estaban dadas en el discurso del presidente Carlos Holguín para recibir el nuevo año con la nueva policía: “Hoy tenemos las garantías y la libertad reservadas para el hombre honrado, para el ciudadano pacífico, para la industria, el trabajo y el progreso; el revolucionario, el perturbador, el delincuente saben que les espera la represión, el castigo y la expiación”. Los 450 policías estaban entonces para definir, mirando lo que pasaba en las calles, viendo los tipos sociales, juzgando costumbres sanas y perturbadas, quienes buscaban el progreso, el aseo y el orden y quienes empozaban la capital persistiendo en el mugre y el vicio. Hemos pasado del control de las chicherías al reporte de las licoreras, y de la “moralización civil del espacio” a la defensa del espacio público. La pandemia entregó un nuevo control curativo: batas y bolillo.

La desobediencia, la embriaguez, la provocación, la grosería, la impiedad, los juegos prohibidos, la altanería y el irrespeto eran algunos de los males a perseguir. Pero todo bajo unas maneras garantizadas con policías de complexión robusta, sin vicios orgánicos y de maneras cultas y un carácter firme y suave. También se reseñaban sus “procedimientos atentos y corteses” y la necesaria “atenuación del rigor de sus funciones.” Ni en Francia existían tales ejemplares.

Pero llegó la fiesta de San Pedro a Chapinero y las cosas se pusieron difíciles. Gilibert no quería peleas de gallos, le parecían bárbaras y además podían traer desórdenes. La orden fue impedir el salto de los gallos al ruedo en el patio de Agustín Baquero. Pero el inspector Cristino Gómez, autoridad ajena a la policía, instituida por el alcalde, “apostó” al colorado y dijo que tenía permiso expreso del alcalde. Desde el siglo XIX se veían órdenes y mandos confusos y superpuestos. Comenzaron los gritos: “Viva el pueblo, viva el inspector, abajo la policía”. Jesús Bernal, el comisario enviado por Gilibert, ordenó apresar a los revoltosos y unos de sus subalternos cambiaron de bando. Los fusiles Remington apuntaron contra la gente y al final no murieron ni los gallos ni los civiles. Pero en los periódicos preguntaron: “¿Y puede un Jefe de Policía, atropellando los derechos más sagrados del ciudadano, mandar a hacer fuego sobre un pueblo indefenso, que tiene un día de desahogo y de diversión?”

Para los disparos habría que esperar unos meses. Entre el 15 y 16 de enero de 1893 se dio el motín en Bogotá que cogió chispa luego de la muerte de un manifestante, Isaac Castillo, por la bala de uno de los Remington oficiales, de ahí en adelante las formas no fueron corteses ni el carácter fue suave y todo terminó en piedra, plomo y fuego.

 

Desafuero policial

 

Al comienzo fueron las drogas, una disculpa perfecta para las requisas y los abusos a discreción. No hace falta el olfato de los perros entrenados, basta un simple vistazo, el prejuicio como como señal, la intuición fundada en el desprecio. Una cartilla de la policía sobre prevención e identificación del “consumo de sustancias psicoactivas” tiene como factores de riesgo de las adicciones la “baja o nula religiosidad” y la “enajenación y rebeldía”.

Llevamos más de 25 años del fallo que despenalizó el porte y consumo de la dosis mínima, pero la sentencia en la calle sigue siendo otra. Según un reciente estudio de Dejusticia cada año se capturan en el país un promedio 80.000 personas por delitos relacionados con drogas, un poco más de 220 capturas diarias. Menos del 25% terminan en condenas, en su mayoría de jíbaros de esquina. El 80% son jóvenes y más de la mitad no tienen siquiera educación secundaria. Ahora piense en el número de procedimientos diarios en los que agentes de policía golpean, extorsionan, maltratan o detienen de manera ilícita a quienes portan dosis mínimas. Procedimientos abreviados, por decir algo. Hace unos meses el gobierno exhibía orgulloso la incautación de 250.000 dosis de diferentes alucinógenos: imposible no pensar cuánto garrote hay detrás de semejante éxito. El lugar común dice que la prohibición quiere proteger a los jóvenes de las drogas, pero en realidad los expone al riesgo del bolillo y el “escarmiento preventivo” en un CAI.

Luego vino el código de policía y sus nuevas herramientas para la convivencia ciudadana. Fue el momento para la “protección” del espacio público y la criminalización del consumo de alcohol. La cerveza en el parque como droga blanda. La gente en la calle se volvió sospechosa: “nada bueno puede estar haciendo a esas horas por ahí”, dice el fascismo casero. El código de policía castiga “deambular en lugares públicos en estado de indefensión o bajo los efectos del consumo de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas”. Confieso que merezco comparendo o “Traslado por Protección” día de por medio. Durante el primer de vigencia del código los policías impusieron más 820.000 comparendos y medidas correctivas. Consumo de alcohol en espacio público y porte de sustancias prohibidas suman un gran porcentaje de las “reprimendas”.

La pandemia llegó para reforzar el poder de facto de los uniformados. El gobierno alentando cercos epidemiológicos con motorizados, los alcaldes dedicados a alentar un micro fascismo para “salvar vidas” y un buen número de ciudadanos con ánimos de condenar un acto sencillo, salir a la calle. Basta que aparezca una ley pronta al castigo y millones se sumarán al tribunal. En Bogotá, un día después del inicio de la cuarentena ya había personal médico golpeado cuando iba al trabajo, una semana después una mujer abusada sexualmente por sacar su perro y tres semanas después un joven de 23 años con dos disparos por defender a su hermana embarazada que recibió descargas de una pistola eléctrica.

La impunidad garantiza que el abuso sea la norma. Este año 10 policías han sido destituidos, 38 suspendidos, 34 recibieron una multa y 9 una amonestación. Las 1.474 investigaciones internas por abuso policial son más papel para reciclaje que otra cosa. En los últimos 15 años la Procuraduría sancionó a 36 policías. Y cuando hay una condena, como en el caso del homicidio de Diego Felipe Becerra hace 9 años, el culpable termina prófugo y se demuestra la participación de dos generales, seis coroneles, cuatro tenientes, doce agentes y seis civiles para montar una escena y encubrir el crimen. Así es imposible que no salte la piedra.

 

 

Medidas fracasadas

 

 

El gobierno Duque tiene un singular sistema de conversión. Las hectáreas de coca son su medida principal, constituyen su sistema métrico de logros y méritos. Hace poco el ministro de defensa, Carlos Holmes Trujillo, respondía a la pregunta por las masacres en varios departamentos con la cifra de reducción de la coca el año pasado. Frente al dominio territorial y a la incapacidad del Estado para atender sus propias advertencias (decenas de Alertas Tempranas de la Defensoría que se consuman en violencia homicida) el ministro repetía la hazaña del gobierno consistente en la reducción del 9% de las hectáreas de coca. Además, después de cuarenta años de guerra contra las drogas nos dicen cada día que el poder de la mafia es el principal culpable de violencia en algunas zonas. No se pretende que las declaraciones de Duque y Holmes sean reveladoras, pero no puede ser que pretendan tranquilizarnos y mostrar sus empeños con semejantes revelaciones.

Toda esa matemática básica pretende llegar a un sencillo razonamiento: la coca produce plata, la plata produce poder ilegal, el poder ilegal se conserva con violencia; luego si reducimos los cultivos de coca automáticamente caerán los homicidios, y cuál es la forma más efectiva de reducir la coca, pues según el gobierno la fumigación con glifosato. Al despejar su ecuación las cosas quedan así: más veneno sobre la coca igual menos asesinatos. Pero se olvidan algunas complejidades en su indicador preferido.

Lo primero es que a pesar de la reducción en las hectáreas sembradas el potencial de producción de clorhidrato de cocaína creció 1.5%, el año pasado Colombia mostró su liderazgo en el sector con la posibilidad de entregar 1.137 toneladas métricas al mercado mundial de cocaína. Hoy una hectárea produce un 40% más de hoja fresca de lo que producía en 2013. La agricultura tiene sus claves. La esperanza de una solución caída del cielo es normal frente a una vieja pelea perdida. Pero, ¿qué pasaría con las 169.000 familias que dependen en buena parte de la producción de hoja de coca y pasta base? Esas familias crecieron un 36% del 2018 al 2019. Algunas veces es mejor contar gente que contar matas. Los cultivadores de coca en Colombia recibieron 2.6 billones de pesos el año pasado. Los presupuestos de los diez municipios más cocaleros del país suman apenas una tercera parte del mercado que manejan. El gobierno traza su Ruta Futuro pero la coca sigue siendo el único camino presente para cientos de miles. Tal vez lo más complejo sea la persistencia de los enclaves de coca, cada vez más productivos y con mayor participación en la transformación de la hoja en pasta base, una historia que se ha mantenido durante una década sin importar que se fumigara o no. El 83% de la coca está en territorios donde se ha sembrado de manera permanente en los últimos diez años. La concentración es una constante, el 25% de la coca está en tres municipios, Tibú, Tumaco y El Tambo. Lo último que se le olvida al gobierno es que el 47% de la coca está en territorios donde no se puede fumigar por orden expresa de la Corte Constitucional.

Es posible que la obsesión cocalera del gobierno sea parte de esa vieja imposición desde Estados Unidos (por algo los soldados gringos están en el Catatumbo, la zona con más cultivos), y que la estrategia tenga que ver con la mirada al gobierno anterior y la aritmética que suma y resta hectáreas, pero las cifras muestran que homicidios y coca no tienen relación directa. En los cuatro años del gobierno pasado, la coca creció y los asesinatos bajaron.