Comprapeleas

 

Escoger dos enemigos y simplificarlo todo. Mentir desde la arrogancia, arroparse de humildad, reclutar defensores de oficio para cada silla, inventar un escudo independiente y manejar las intrigas partidistas. Es una estrategia válida, bien planteada, con los riesgos del caso pero con la chequera y el cinismo suficiente. Así planteó el juego Daniel Quintero desde que llegó a la alcaldía de Medellín. Tenía un espectro amplio de apoyo clientelista y un porcentaje de voto de opinión contra el uribismo en caída que representaba Alfredo Ramos. Quintero era una incógnita, un tiro al aire para una elección en la que se disfrazó de alternativo, cuando en realidad lo que pasó fue que había muy pocas alternativas.

Alias el ‘Independiente’ ha hecho toda su carrera al lado de partidos y políticos variados. Fue candidato al concejo de Medellín por el partido conservador en el 2007. Luego impulsó la candidatura de su hermano a la misma corporación en 2011 por el Partido Verde apoyando a la dupla Aníbal Gaviria y Sergio Fajardo. Más tarde aspiró a la Cámara en Bogotá por el partido Liberal y terminó trabajando en el gobierno de Juan Manuel Santos. Algunos dicen que en todo el recorrido también tocó las puertas de Cambio Radical y La U. Y ahora, en el poder, es compinche de Luis Pérez, ha trabajado con medio Centro Democrático en el concejo y tiene apoyos y fichas en las toldas de senadores de vieja data politiquera como el rojo Óscar Iván Palacio y el azul Carlos Andrés Trujillo. La bandera arcoíris de Quintero apunta a otras afinidades. 

Ahora la lógica binaria de la política, la que solo puede usar un hemisferio cerebral para identificar a Uribe y el otro para encontrar a sus contrarios, apenas logra ver a Quintero como un adversario del uribismo desfalleciente. Desde afuera, desde la altura de los 2600 metros sobre todo, el alcalde de Medellín es solo un adversario del enemigo mayor, no importan sus torcidos, sus apoyos turbios, sus mentiras contra ideas probadas durante décadas, su cinismo que señala instituciones y programas que eran orgullo más allá de lo partidista. 

Quintero jugó sus cartas y tal vez el resultado fue un poco más allá de sus expectativas. Su idea fue señalar unos bandos de la manera más primaria. De modo que hasta su llegada (después de estar ausente de Medellín por más de una década) todo lo que se había hecho en la administración fue señalado como un robo o un fiasco; y el empresariado, según él, comía de los recursos públicos y la prensa aplaudía. Mientras soltaba el discurso usaba todo el poder de la alcaldía, con un tema tan sensible como HidroItuango de por medio, un gran parlante nacional, para lograr una protección política y partidista. Quintero ha desgastado todas las capacidades públicas que construyó la ciudad durante décadas para consolidar apoyos partidistas y crear un discurso vendedor de cara a nuevas elecciones. 

Digo que el resultado superó sus expectativas porque el escenario electoral parece haberse adelantado. El alcalde quería un tinglado de mesas electorales, su mundo es el de la política y no el de la administración, y puede haberlo encontrado antes de tiempo. No creo que salga nada bueno de eso para la ciudad. Las elecciones desgastan y aturden. Y un alcalde candidato, con el nivel de descaro que ha mostrado, no anuncia nada bueno. Esto será chispa para la campaña presidencial y pólvora para la ciudad golpeada. 

 

Infeliz aniversario

 

 

Hace exactamente dos años comenzó el brote de una extraña “neumonía viral” en Wuhan. Entre el 12 y el 18 de diciembre de 2019 funcionarios de salud en la ciudad se preguntaban por la condición de pacientes con reacciones desconocidas. Para el 30 de diciembre ya había 168 casos detectados y las cuentas de los modelos de propagación habla hoy de 4.000 personas que ya caminaban infectadas por la ciudad. Las alarmas hicieron que las muestras fueran directo a un laboratorio en Beijing para lograr la secuencia genética del virus. La jefa del departamento de emergencias del hospital central de Wuhan, Ai Fen, recibió el análisis de Capital Bio Medicals. Luego diría que un escalofrío fue el primer síntoma derivado de su lectura: SARS CORONAVIRUS, fue la señal equivocada con la que todo empezó. El laboratorio había fallado en la primera secuencia pero la información era digna de ser compartida. La directora marcó las dos palabras con un círculo rojo y compartió en informe con el director de otros hospital en Wuhan y la noticia empezó a rodar.

Entonces fue el momento de Li Wenliang, un oftalmólogo del Hospital Central quien revisó el mensaje y lo pasó a sus compañeros de la universidad con dos advertencias: no compartir la información y protegerse en el trato con los pacientes y al mismo tiempo proteger a sus familias. Ahora el virus estaba en WeChat, la aplicación de mensajería china más importante. No había terminado 2019 y al menos unas decenas de médicos chinos ya sabían que algo grave venía en camino. Ya era imposible atajar ese mensaje y el 3 de enero la policía estaba en la casa del oftalmólogo exigiéndole no “hacer comentarios falsos”. Se le acusaba de “haber perturbado severamente el orden social” y se le advertía que persistir en sus mentiras lo llevaría a la cárcel. El 20 de enero China declaraba la emergencia y diez días después, cuando ya se sabía que el virus no era un SARS sino un Coronavirus desconocido, Li recibía la noticia oficial: "Hoy me dieron el resultado de las pruebas de ácido nucleico y es positivo. Finalmente he sido diagnosticado". El siete de febrero el hospital comunicó su muerte y se desató la indignación en China. El gobierno pidió disculpas y reconoció errores en el tratamiento inicial del brote de Coronavirus.

Pero la noticia había rodado por el mundo mucho antes de la muerte de Li. La epidemióloga neoyorkina Marjorie Pollack, directora de ProMed Lab, una organización que prende alarmas mundiales sobre brotes de enfermedades, envió el 30 de diciembre una comunicación solicitando información sobre lo que pasaba en China a más de 80.000 contactos. Envió, además, un ofrecimiento de ayuda de su equipo al profesor George F. Gao, director general del Centro para el Control de Enfermedades de China. La respuesta fue muy amable: le deseaban un feliz año.

Hay otro nombre detrás de los primeros anuncios. El seis de enero el profesor Zhang Yongzhen obtuvo la secuencia genética del virus similar al SARS. La Comisión Nacional de Salud prohibió compartir información sobre el hallazgo. El 11 de enero el profesor Zhang viajó de Pekín a Shangai y autorizó a su compañero de investigación en la Universidad de Sydney, Edward Holmes, a hacer pública la secuencia. Su laboratorio fue cerrado pero al día siguiente las fuentes oficiales se vieron obligadas a revelar la marca genética del virus. El 13 de enero se anunció un primer caso en Tailandia y el 14 la OMS confirmó, en contra de lo que decía China, que el virus era transmisible entre humanos. El 11 de febrero de 2020 el Coronavirus ya había matado a más de 2.200 personas y estaba presente en 39 países.

Dos años después, cuando todo parece normal y lejano, el virus está en manos de los políticos y sus medidas de policía. Sabemos de sus cifras del día a día, su terror a la opinión pública, su afán de control y su decisión a repetir fracasos. Los virus mutan y los políticos se repiten. Tenemos que volver a buscar los nombres de los científicos.

 

 

 

 

 

 

El guión del payaso

 

 

 

Una escena electoral inauguró el guion de Daniel Quintero acerca de las reclamaciones luego de la contingencia de abril de 2018 en el proyecto Hidroituango. En medio de una sesión del Concejo de Medellín sobre el estado de EPM Quintero llevó un trozo de queso a manera de simbolismo para dar a entender que los ratones se estaban comiendo la empresa. El resumen de su discurso fue que EPM favorecía a sus contratistas y la empresa estaba subordinada a los intereses privados. En los cuatro años anteriores a la bufonada del entonces candidato el patrimonio de EPM había crecido el 28.5%, las transferencias al municipio de Medellín habían sobrepasado los 5 billones de pesos y los ingresos de la empresa habían subido un 38%. La propaganda de Quintero se alejaba de la realidad de los números.

Ya en la alcaldía Quintero montó la pantalla y comenzó a proyectar su película. Lo primero fue anunciar una demanda contra los contratistas de la obra para cobrar 9.9 billones de pesos. Según sus cuentas eso valía la culpa del consorcio CCC que EPM había contratado para construir el proyecto. La junta directiva en pleno (tres miembros nombrados por el alcalde) renunció al no ser consultada sobre semejante decisión. En la carta de renuncia se lee: “…no conocemos que se haya estructurado la matriz de riesgo para estas decisiones y sus correspondientes planes de mitigación”. Esos riesgos estuvieron a punto de consumarse con la parálisis del proyecto el 1 de enero de 2022. Hoy en día la famosa demanda no existe. En marzo de este año fue inadmitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia y se quedó en suspenso porque el demandante decidió no subsanar los errores de forma.

Pero esa demanda fallida sí trajo efectos reales: Primero, la baja de la calificación de EPM por parte de Fitch de la nota de BBB a BBB- y el consiguiente aumento de intereses que según el actual gerente haría crecer en 2.1 billones lo que falta por ejecutarse en Hidroituango. Segundo, el cañazo de Quintero con la demanda sacó de la gerencia a Álvaro Guillermo Rendón, el primer gerente que el alcalde llevó a EPM. Rendón renovó el contrato del consorcio CCC y según su jefe eso podría incidir en las posibilidades de éxito de la demanda presentada por EPM. “Necesito un gerente que me copie más”, dijo el alcalde. Tercero, las aseguradoras que habían comenzado a pagar retrocedieron un poco al advertir que la demanda no descartaba la culpa grave de los contratistas. Se arriesgaba la plata en aras de sostener la caña. También el BID sacó la mano y cobró por adelantado 450 millones de dólares. Quintero, mintiendo, dijo que había sido un acuerdo y que plata había de sobra.

El Contralor Felipe Córdoba llegó a reforzar la película de Daniel Quintero y se convirtió en protagonista. Su fallo le daba sustento al guion del alcalde aunque por ningún lado hablara de corrupción sino de una serie de decisiones técnicas y administrativas desafortunadas. El fallo inhabilitaba al consorcio y ponía en riesgo la continuidad del proyecto. Quintero habló de nueva licitación y de un plan B para que EPM siguiera con las obras. Celebró el fallo y señaló a los contratistas. Antes había dicho que no era un tema de seguros sino de dignidad y que constructores y diseñadores tenían que pagar.

Llegó el pago de los seguros y la película de Quintero se vino al suelo. El juego político se cayó por completo y volvió la sana lógica que se planteó desde el día uno luego de la contingencia: cobrar los seguros y recuperar la plata sin demandas, vía el cumplimiento de un contrato con Mapfre. El consorcio CCC seguirá con la obra y no se presentaron los nuevos pliegos, ni el plan B ni la demanda. La ficción cedió a la realidad pero el payaso salió a celebrar y a anunciar nuevas acciones jurídicas. La obra seguirá el 1 de enero a pesar de que Quintero buscara imponer el desastre.

Perder es cobrar un poco

 

No es fácil perder a voluntad. Uno puede ser derrotado por cobardía, por incapacidad, por la caprichosa fortuna o por simple inferioridad. Se agacha la cabeza con la camisa sobre el hombro y al otro día todo vuelve a ser normal. Porque el fracaso es también un asunto cotidiano. Pero perder por decisión propia es la jugada más compleja, mostrarse peor de lo que uno es requiere un talento que no se encuentra todos los días. Los defensores de Llaneros pueden ser de palo como esa línea de cuatro de los futbolines que va de lado a lado girando sobre su eje. Pero cuando se ven tan aparatosamente lentos, cuando se esfuerzan en no esforzarse les aparece el antifaz de los ladrones en las historietas. Estamos hechos para los alardes y la fanfarronería y no para la entrega y el empequeñecimiento.

Por eso son inolvidables esos juegos de once contra once donde vale más la ruleta de las apuestas que la gambeta del delantero. El gol olímpico de Cuadrado con la Juve, una Vecchia Signora que sabe mucho de avaricias y casinos en las áreas, quedó opacado por el raponazo Jonathan Segura. Y es delicioso cuando luego de los partidos no hablan los técnicos sino los presidentes de los equipos que se plantan como el más peligroso cabeza de área. Y en vez del análisis técnico sale el comunicado de prensa. Y en lugar de los goles se cantan unas cuentas verdades.

Los italianos nos han dejado las mejores películas luego de los partidos y los títulos. Mafias alimentadas por las delicias de los restaurantes de familia, gitanos como agentes de segunda mano, apostadores que cantan sus desgracias sin una lira y bambinos produciendo oro con empates insípidos. Muchas veces el Calcio ha sido más jugoso en la mesa que en la cancha. Y no nos preguntemos por los castigos del dios de la pelota ni por la justicia que pide la tribuna indignada, porque el hincha solo grita contra la injusta bandera del línea y la sentencia del juez que no lleva martillo sino un mísero pito y dos cartulinas.

La historia de Paolo Rossi es el mejor de los cuentos de hadas y diablos que tiene el fútbol de marionetas que dejan los amaños de partidos. Rossi y sus 21 goles ascendieron a la A al Lanerossi Vicenza en la temporada 1976. Y muy pronto conoció los juegos del Calcio. En 1978 su pase se fue a subasta entre el Vicenza y la Juve. No hubo acuerdo y los presidentes se fueron a los sobres: cada uno ponía el suyo sobre una mesa con la oferta por Pablito. David, encarnado por el presidente Giuseppe Farina, le ganó la apuesta al Goliat Bianconero y Rossi siguió en el Vicenza hasta verlo descender con su camiseta puesta. De ahí pasó al Perugia, donde pasó lo que pasó. Una tarde, jugando bingo, apareció un amigo y le presentó a un romano que dejó caer una propuesta: “¿Qué haces el domingo? Intentaremos ganar ¿Y si piensas en un empate?” Rossi dice que la conversación duró dos minutos y que volvió incómodo a los números de su tabla. El domingo los apostadores gritaron ¡Bingo! El partido Avellino Vs Perugia terminó 2-2 con doblete del Bambino.

Reventó el escándalo por apostadores que se reclamaban pagos incumplidos y Rossi quedó en los titulares. Tres años de suspensión para jugar y un pedido de dieciocho meses de cárcel por la fiscalía: “Seguí el proceso como algo irreal, como si hubiera alguien más en mi lugar. Supe que todo era cierto cuando llegué a casa y vi los rostros de mis padres.” Las cartas firmadas para que se rebajaran su sanción le permitieron ir al mundial de España. Lo demás es gloria con cinco tantos incluidos tres contra el Brasil de los sueños y uno en la final contra Alemania. Cinco ases suficientes para hacer olvidar los años días de dados y juzgados. Luego de otro escándalo en 2006 por favorecimientos concertado de algunos árbitros a la Juventus, la Lazio, el Inter y la Fiorentina Italia volvió a ser campeón de mundo. Los dados cargados en la casa y la copa en alto en Alemania.

En el fútbol se susurra y se debe cubrir la boca para hablar en la cancha. No solo los técnicos plantean estrategias. Los italianos nos han mostrado que directivos y apostadores también mueven sus fichas. Juega la pizarra y el maletín.

 

 

 

Las marrullas del refranero

La Contraloría General de la República tiene este año un presupuesto superior a un billón de pesos. Tal vez haya sido la institución pública con mejor suerte en las asignaciones de recursos en tiempos de austeridad pandémica. El aumento para el ejercicio del control fiscal en 2021 llegó al 30% y la mayoría se usa para gastos de funcionamiento. Corbatas a la medida, escritorios según cálculos electorales, salarios siguiendo la afinidad. Desde que llegó Carlos Felipe Córdoba la nómina no ha parado de crecer. Según un estudio de La Silla Vacía, ‘Pipe’ ha nombrado a más de tres mil funcionarios durante su reinado que inició en 2018. Además de ser un delicioso escampadero para políticos de todos los colores, la Contraloría es una guillotina implacable para decapitar rivales. Es el instrumento soñado para la angurria burocrática y la ambición electoral: acomodos millonarios para los amigos y venganzas a la mano para los rivales políticos.

Carlos Felipe Córdoba resultó perfecto para el cargo. Tiene la desbordante simpatía del culebrero, la habilidad de camuflaje del lagarto joven, el soporte familiar de un cacique y la obediencia del ambicioso sin demasiados afanes. Eso hizo posible que fuera miembro de las juventudes uribistas, amigo y ahijado de Vargas Lleras, hombre de campaña de Óscar Iván Zuluaga, preferido de los conservadores por recomendación de su suegro, alfil de los liberales por simpatías regionales y ecuaciones burocráticas con César Gaviria. No es raro entonces que haya sido elegido con 205 votos en el Congreso y con la bendición diligente del presidente Duque. En su discurso luego de celebración agradeció a Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y César Gaviria.

‘Pipe’ se ha convertido en casi el director de una multipartidista bancada en el Congreso. Sus nombramientos han dado gusto a sus variopintos apoyos y es el hombre que mueve hilos claves en el capitolio. Sin esa maquinaria hubiera sido imposible que el Congreso le aprobara en 2019 una reforma constitucional que le entregó poderes desorbitados y le aseguró un crecimiento presupuestal durante tres años consecutivos ¿Una reforma constitucional con parágrafo para plata fija? Sí, con ‘Pipe’ todo es posible. Entre las peligrosas atribuciones que dejó esa reforma está la posibilidad de exigir la suspensión de los funcionarios mientras avanza en las investigaciones. Para eso es necesario confiar en su “verdad sabida y buena fe guardada”. Sus investigaciones sirven además como prueba en procesos disciplinarios y penales. Su control es prevalente, preventivo, en tiempo real, concomitante… Solo faltó incluir omnipotente.

¿Cómo entender que políticos y gobiernos de manera casi silenciosa hayan aprobado entregar más plata y más herramientas de investigación y castigo a una entidad encargada de fiscalizar y sancionar sus poderes? La respuesta es simple: el contralor no es un investigador ni un vigilante de los recursos públicos sino un instigador contra algunos y un amable y servicial mayordomo de mayorías y castas políticas. Un refranero de ocasión para la política de baranda. Lo mejor de todo es que Córdoba da resultados en el corto plazo, entrega vales y sentencias en meses y los posibles desmentidos se demoran años.

La Contraloría General hace pensar que la lucha contra la corrupción puede resultar peor que la corrupción. La política tradicional entrega vítores, poder y plata a un funcionario encargado del castigo a los corruptos. Un contrasentido. No hay duda de que ese lagarto se muerde la cola.

Policía sanitaria

 

 

Los campos de cuarentena en China parecen una inmensa colección de baños públicos dispuestos para un evento multitudinario. Cubículos de 18 metros cuadrados se enfilan en un orden recién dispuesto. En marzo de este año sorprendieron las imágenes del campo en Xishuangbanna en la provincia de Yunnan. Más de cuatro mil celdas de plástico donde los confinados sacaban la cabeza por una ventanilla en medio de la puerta. La mayoría de ellos fueron conducidos por la policía por un supuesto contacto con alguien contagiado con Covid. Por el paso de tres semanas en la prisión sanitaria deben pagar 330 yuanes (46 dólares) diarios. Los traslados se dan en medio de largas filas de buses con “capturados” que no saben muy bien a dónde los llevan. Cosas del Partido Comunista Chino y su afición por los grandes corrales.

Pero el terror Covid ha terminado por igualar a países que parecía imposible incluso comparar. Australia acaba de disponer de un campo obligatorio de cuarentena para quienes hayan tenido contacto estrecho con un contagiado. Hasta hace poco el campo, cerca de la ciudad de Darwin en el norte del país, era solo para viajeros recién llegados del exterior. Pero un reciente documento oficial deja claras las nuevas condiciones: “Cualquiera que haya tenido contacto cercano con un caso confirmado de COVID-19 puede ser enviado a cuarentena en su hogar, en una dirección alternativa o en un alojamiento arreglado por el gobierno.”

Australia y China se diferencian ahora por el tamaño de sus celdas sanitarias. El Centro de Resiliencia Nacional tiene mejores instalaciones y un cuadernillo de 39 páginas de reglas. El personal de salud entra de manera sorpresiva a tomar temperatura y soldados y policías patrullan gritando que todo el mundo debe usar mascarilla. Una detenida dijo hace poco que la temporada de catorce días tuvo algo de campamento de carretera, cárcel y hospital. En mayo de este año fue famosa la escena en la que una mujer de 39 años tira su morral por encima de la valla del antiguo campamento de trabajadores y trepa para salir caminando. La fuga le costó una multa de cuatro mil dólares.

La fiebre ha comenzado a extenderse por Europa con el aplauso de las mayorías y las demostraciones de temple de los gobiernos. La política marca las decisiones de cuidado y los gobernantes aprovechan para trazar una línea entre los apestados (los no vacunados) y los sanos y responsables. Segregar minorías peligrosas siempre será una política para el aplauso. Austria no construye campamentos pero decreta casa por cárcel para quienes no se han vacunado. Italia ha prohibido el ingreso a los lugares de trabajo a quienes no tienen vacuna. Recuerda en algo a nuestros lazaretos en el siglo XIX cuando los leprosos perdían el derecho a votar y a heredar. ¿Aparecerán también los Secretarios de Lucha Anti Leprosa que recibían recompensas por señalar a posibles enfermos? ¿Bonos del Estado por marcar las casas de los no vacunados? En Italia más de 80% de la gente tiene esquema completo y para muchos científicos la evidencia médica no respalda la restricción.

La sensatez no se ha perdido del todo. En Estados Unidos una Corte de Apelaciones en New Orleans tumbó la exigencia de vacunación para trabajadores de empresas con más cien empleados. La Corte habló de los “graves problemas constitucionales” de la exigencia. En Inglaterra, el Imperial College ha dicho que sería más útil una focalización de vacunación y refuerzo a las personas con mayor riesgo que la exigencia general de un pase sanitario. El ministro Ruiz ha comenzado a admirar a Austria. Una advertencia velada para lo que viene. No solo se trata de cumplir metas a toda costa, sino de cumplirlas con la policía a bordo. Las batas blancas han comenzado a ser insuficientes para la propaganda.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rayarlo todo

 

Un gol no puede taparlo todo. No puede evitar daños ni cubrir dolores. Los goles son un instante para el olvido, un manto a medias en forma de grito compartido, una mentira contra las tristezas y la vida sin compasión. Pero los goles han servido muchas veces como estribillo de causas más allá de los colores que arremeten contra el arco contrario. Las banderas políticas ondearon en los estadios menores de las primeras décadas del siglo XX. Los obreros entregaban los suyo en la cancha que muchas veces fue el terreno de las compensaciones. Entre esos clubes con una larga historia política está el Rayo Vallecano, reciente hijo adoptivo de Colombia.

La historia empieza en la casa de Prudencia Priego en el municipio de Vallecas cerca a Madrid. Su domicilio aparece en el acta de fundación de la Agrupación Deportiva el Rayo. Doña Prudencia era la encargada de lavar los uniformes y guardar los maletines de los jugadores, si así se les puede llamar a esos primeros entusiastas. En 1932 el equipo ganó el título en el campeonato de la Federación Obrera de Fútbol y en el 39, con el triunfo del fascismo, ya servía como campo de concentración. Según el libro Fútbol y anarquismo, escrito por Miguel Fernández Uribía, allá “guardaban” a los derrotados, algunos de ellos asesinados después por los falangistas. Paradójicamente su primer presidente, hijo mayor de doña Prudencia, era guardia civil del ejército. En América los equipos obreros y anarquistas se formaron sobretodo en México, Chile y Argentina. La casa natal de Maradona, Argentinos Juniors, se llamó al comienzo Mártires de Chicago en honor a los trabajadores anarquistas ahorcados en esa ciudad en 1887. Un buen grito para el 10.

En el 76, cuando Vallecas ya era un barrio de Madrid, el Rayito llegó a la primera. Un punto contra el Getafe en la última fecha cerró la hazaña. Falcao acertó desde el comienzo con el número 3 sobre su lomo delantero de 300 goles en Europa. El número de su papá, de Radamel Falcao King, es emblema de obrero en la defensa. Trocar el 9 por el 3 es de algún modo calzarse el overol. Y aunque trabaja a media jornada en cada fecha marca un gol cada 66 minutos.

Los Bukaneros, la barra dura, referente del Club desde 1992, chifló con toda durante la presentación de Falcao al presidente Raúl Martín Presa, cercano a políticos del derechista partido VOX: “Rada sí, Presa no”, fue el primer coro que oyó El Tigre. Los Bukaneros se proclaman muy bien en su estrofa más repetida donde hablan de la ‘República de Vallekas’: “Somos los hinchas más anarquistas / loss más borrachos, los más antifascistas. / Nuestro Rayito revolucionario, / todos los fachas, fuera de mi barrio”.

Parece difícil encontrar algún alboroto local que pueda alinear a Falcao y su historia con esos ímpetus de la tribuna y el espíritu de su nuevo equipo. Pero siempre aparece un juego olvidado. Y esta vez coincide en el tiempo con la fundación del Rayo.  El departamento del Magdalena fue campeón de fútbol en los primeros juegos nacionales que se disputaron en Cali. El Liceo Celedón y el Club Mamatoco aportaron los jugadores del Magdalena que ganó 2-0 la final contra Barranquilla en enero de 1929. La masacre de las Bananeras era una noticia reciente. A volver a su departamento, a comienzos de febrero, los jugadores pidieron la libertad para los trabajadores sindicalizados que estaban detenidos en Ciénaga. Las autoridades locales accedieron a la demanda y salieron los obreros afiliados al sindicato Sociedad Unión. Fue el trofeo del momento. Apenas para honrar la camisa del ciclón bananero y su número 3 para todas las defensas.

 

 

Un gueto inmune

 

Las universidades públicas saben algo que todos ignoramos. Deberían compartir el conocimiento que el país entero desconoce y salvarnos de esta irresponsabilidad que nos tira a las calles, a los estadios, a los buses, a los bares y a las oficinas. Es injusto que nos nieguen la sabiduría de la prudencia que practican desde hace dos años y que ha librado a los bachilleres que se graduaron desde diciembre de 2019 en adelante de conocer a sus compañeros en los campus. Porque afuera ya se han arriesgado a ser novios y a morder el borrador del mismo lápiz. Las universidades salvan hoy en día al país del contagio que podría producirse en sus sedes. Son focos de sanidad en medio de una ciudadanía temeraria.

Pero se empeñan en cerrar sus puertas y sus secretos. No muchos de sus directivos están dispuestos a dar declaraciones sobre el tema, los decanos solo se atreven por video llamada con tapabocas y los profesores están ventilando sus gracias en la calle y sus clases desde la casa. Hace poco la directora de bienestar universitario de la Universidad de Antioquia me dijo que ellos atienden al pie de la letra las recomendaciones de un comité de expertos. En mi ignorancia supina sentí un alivio al saber que la ciencia no dicta las decisiones para todos los sectores en el país. Nos ha salvado la superstición y el atrevimiento. Le pregunté a la directora de “bienestar” por la protección que entregaban las vacunas a los profesores y me dijo que no era suficiente porque los alumnos son la población menos vacunada. Le hablé de la seroprevalencia, la protección natural que hemos adquirido por contagio, y me dijo que no hay datos suficientes. El reciente estudio del INS entregó un dato concreto, el 89% de los colombianos ya ha tenido contacto con el virus. Me respondió que ese estudio es parcial y no se ha hecho uno robusto en el país. La Universidad de Antioquia solo cree en los datos que no existen.

Lo que de verdad sería responsable es que la gran mayoría de las universidades públicas, reacias a volver a la presencialidad, dejen claro que las clases se han convertido en algo prescindible. Que expliquen el nuevo modelo de estudios, de posibilidades mixtas para los alumnos en las regiones, de acuerdos previos entre estudiantes y profesores para sus cursos en clase o en pantalla ¿Hay un nuevo modelo? ¿La pandemia mostró nuevas opciones para todos? Pero es imposible seguir amparando el cierre con la disculpa sabia de su responsabilidad. “La prudencia que hace verdaderos necios”, es el grafiti para los muros de las universidades cerradas

No es creíble que el 90% de los colegios en Antioquia estén en clase y las universidades públicas, con mejores infraestructura, sigan vendiendo el humo de la bioseguridad. Nunca había sido tan claro que la ciencia exacta que buscan, el cero riesgo, el cero Covid, puede ser la más dañina superstición. Octubre pasado fue el mes con menos muertes por Covid en Colombia desde mayo de 2020, cuando la pandemia apenas empezaba. Pero eso son datos preliminares, sentido común de los legos, ellos tienen otras cifras. En realidad tienen sobre todo otras maneras de tomar decisiones, mas burocráticas y más lentas.

Hace diez años el director del Sena, Darío Montoya, dijo al dejar su cargo: “Hay que desbaratar el salón de clases. Eso tenía vigencia hace 20 o 30 años, cuando para poder aprender uno tenía que tomar notas en un cuadernito.” Llovieron críticas desde las universidades, hoy parecen abrazar esa teoría pero sin admitirlo, con el tapabocas como máscara.

Me quedó sonando algo que dijo el personaje de la última obra del Águila Descalza, Coronavirus, una obra viral: “¿Por qué no han abierto la Universidad de Antioquia? Porque ya no es necesaria. No sea que el chiste se vuelva realidad.

Hombres de armas dejar

 

Había pasado tres años en la guerra. Era un joven combatiente del EPL en Urabá. Llegaba con su hermano desde el corregimiento de Pueblo Nuevo, en Necoclí, para pelear contra quién sabe quién en ese nudo de grupos enfusilados y venganzas que era la región en los años noventa. Se abría una puerta para la desmovilización pero muchos de los jóvenes con menos formación política sintieron que eso no era más que una forma de perder el respeto ganado a plomo. Tampoco era que el ambiente fuera muy propicio. En ese mismo 1990, a comienzos del año, más de sesenta hombres llegados desde Valencia, Córdoba, habían secuestrado a 43 campesinos en el corregimiento de Pueblo Bello, en Turbo. Los llevaron a la hacienda Santa Mónica, los presentaron frente a Fidel Castaño y luego lo asesinaron y desaparecieron en una orilla del río Sinú. La masacre fue cometida por Los Tangueros guiados por el ejército luego del robo de unas reses. En su momento se dijo que fue un muerto por cada vaca robada.

Aparecieron entonces las disidencias de ese proceso con el EPL guiadas por Francisco Caraballo, comandante que solo veía la guerra como una opción posible y respetable. Hombre de purgas y sangre fría. Los hermanos Úsuga y sus amigos se fueron inclinando por un ejercicio más pragmático de la violencia. Menos discurso y más plata, podría ser la consigna. De modo que no duraron mucho con Caraballo. De ahí salieron cuatro de los hombres claves que las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Dairo de Jesús Úsuga, Juan de Dios Úsuga, Roberto Vargas, alias Marcos Gavilán y Francisco José Morelo, alias Negro Sarley. La matazón los llevó al resguardo de las Farc para sobrevivir. Hacían mandados y en su tiempo libre trabajaban por cuenta propia. En medio de la maraña de masacres, combates, ajustes de cuentas, alianzas y traiciones cayeron en desgracia con la gente del Quinto Frente de las Farc y les tocó buscar un nuevo refugio. Ahora la casa Castaño les abría las puertas bajo una nueva franquicia. Llegó una nueva desmovilización en 1996 y entraron en periodo de prueba en la Casa Castaño, fueron ganando confianza y estaban listos para un nuevo encargo.

A estas alturas ya tenían historias de guerra en bandos contrarios, conocían los azares de las negociaciones, habían mostrado obediencia frente a cualquier brazalete. De nuevo servían como apoyo para operaciones de las AUC en el Bajo Cauca Antioqueño y en otras zonas del departamento. Son el ejemplo perfecto para el libro Guerras Recicladas de María Teresa Ronderos publicado hace siete años. Probando finura llegaron al Bloque Centauros en los Llanos. Allá los envió Vicente Castaño para que apoyaran los esfuerzos de Daniel Rendón Herrera, Don Mario, y Henry López Londoño, Mi Sangre. Y luego volvieron a desmovilizarse con algo de desgano. Muy pronto estaban en de nuevo en armas por orden de Vicente Castaño y al mando de Don Mario. El asesinato de Vicente Castaño les dictó el nombre y se hicieron llamar Héroes de Castaño en honor al Profe Vicente. Era el año 2007 y la OEA, encargada de la vigilancia al proceso de las AUC, hablaba de una estructura que operaba de civil, con armas cortas y estaba formada sobre todo por desmovilizados de los Bloques Bananeros y Élmer Cárdenas: “Se estima que puede tener hasta 50 hombres.”, decía la OEA en ese momento cuando comenzaba a hablarse de Los Urabeños. En 2010 el ejército describía una organización de al menos 200 hombres con presencia en el Magdalena Medio, Cesar, Santander y en contacto con combos en algunas capitales. En 2012 habían multiplicado por diez sus hombres. Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia estaban en plena expansión y tenían un nuevo jefe. Daniel Rendón Herrera había caído en abril de 2009 en Turbo y el patrón era alias Otoniel.

Necohaití

 

 

Necoclí es un pequeño embudo para los miles de migrantes que viajan desde el sur del continente hasta la frontera entre México y Estados Unidos. Un cruce que se hace angosto y peligroso como lo indica la misma geografía en el tapón del Darién. Panamá se ha convertido en el filtro de un éxodo que empuja a cientos de miles de personas a un viaje de al menos tres o cuatro meses por todo el continente. Su gobierno decidió que solo seiscientos migrantes pueden cruzar diariamente desde Colombia, y Necoclí es ahora el estanque de espera para ese flujo incesante de hombres, mujeres y niños que hacen la apuesta de su vida por una promesa que apenas imaginan. Hasta el mes de septiembre de 2021 Colombia registra 81.472 “detecciones” de migrantes en tránsito por el país. Casi el 70% son haitianos que vienen desde el sur, sobre todo desde Chile y Brasil donde la política y la economía los han ido expulsando. No es exagerado decir que es la más grande “excursión” que ha cruzado Colombia en su historia de puerto y tránsito. Hace cinco años fue el último gran éxodo, principalmente de cubanos, cuando 35.000 personas cruzaron hacia el Norte.

Necoclí es hoy un mercado para atender peregrinos. Más de la mitad de su playa en el casco urbano está ocupada con carpas de haitianos que esperan conseguir un tiquete con una de las dos empresas autorizadas para hacer el cruce hasta Acandí. Botas, creolina para espantar culebras, fogones portátiles, carpas, machetes y linternas se ofrecen en mercados improvisados. Champeta, vallenato y las conversaciones y discusiones en francés y creole aturden al pueblo que celebra la bonanza y, en muchos casos, el abuso a los viajantes: alquileres a siete dólares en una pieza para 10 personas, 20% de los giros que les llegan como remesa familiar por solo prestar una cuenta bancaria.

Las empresas que los llevan hasta Acandí facturan 3.200 millones de pesos mensuales. Se factura mientras los haitianos maldicen los precios, el tiempo de espera –hasta un mes y medio– y el desamparo bajo sus cobijas cuatro tigres. El Estado colombiano no ha entregado más que el agua que llega desde Turbo y una lista de migrantes que les entregan las empresas transportadoras. Los que no aguantan la espera buscan el cruce por debajo de cuerda que puede terminar en naufragio como pasó la semana anterior cerca a Capurganá: tres mujeres muertas y seis personas desaparecidas entre ellas tres menores.

En Acandí los reciben cientos de motos y coches de caballo para llevarlos a un campamento tres horas selva adentro. Los fumigan al bajarse de la lancha y comienza la negociación para el viaje. Son los privados, con anillos resplandecientes y motos nuevas, quienes se encargan de guiar la ruta, hospedarlos, alimentarlos. El Estado solo pone a dos policías en el muelle que sirven de constancia mientras comen mango. Miembros de los Consejos Comunitarios Afro se pelean el tránsito. Unos ponen manillas a los viajeros y hablan de turismo mientras los otros aprovechan su ruta más plana y su campamento. Hablan y negocian como repúblicas independientes.

Para quienes cruzan, Necoclí es solo una carpa en la playa y una taquilla para conseguir un tiquete. El tedio y el hambre les hacen pensar que la Fiesta del Bullerengue es una nueva estrategia para explotarlos. Tendrán que bailar y beber.

Son boyas que chocan contra una frontera. Un poema de Tomas Tranströmer descrine algo de ese ruido incesante: “O como alguien que golpease la pared, alguien que pertenece al otro mundo pero que permanece aquí, golpea, quiere regresar ¡Demasiado tarde! No tuvo tiempo de llegar abajo, no tuvo tiempo de llegar arriba, no tuvo tiempo de llegar a bordo…”

 

Prolongar el dolor

 

En marzo de 2018, durante la campaña presidencial, Iván Duque respondió de manera categórica a una pregunta sobre la posibilidad de acudir a un procedimiento de muerte asistida. “¿Si tuviera una enfermedad terminal pediría la Eutanasia?” El NO fue muy rápido, era un interrogante sencillo para el entonces senador, definido por la posición de su partido, sus aliados políticos (entre ellos agrupaciones religiosas) y su convicción personal. Lo siguiente fue una explicación para cubrir las consecuencias de que el jefe del ejecutivo estuviera en contra de un derecho concedido por la Corte Constitucional. "Pienso que es Dios quien decide sobre la vida y entre otras razones porque tuve la experiencia personal con mi papá", dijo el candidato. Y contó la historia del tratamiento a su padre en una condición crítica, cuando los doctores le preguntaron si quería firmar un documento para autorizar que no se realizara una reanimación, ya se habían hecho tres, en caso de que se llegara de nuevo a esa urgencia. “Lo pensé tanto, hasta que finalmente dije No". Luego de eso su papá tuvo dos semanas de lucidez antes de morir: “Allí pudimos aprovecharlo, disfrutarlo y después ya se dio su desenlace trágico. Pero no me hubiera sentido bien como ser humano sin esas dos semanas”.

Los políticos suelen pensar que lo que es aceptable para ellos debe ser obligatorio para los demás. En julio de este año el Ministerio de Salud expidió una resolución donde dejó claras las condiciones para adelantar un procedimiento de eutanasia en el país: presencia de una enfermedad terminal, sufrimiento asociado a esa enfermedad, consentimiento informado, capacidad mental del paciente, inexistencia de alternativas razonables de tratamiento. Que un comité certifique la existencia de esas condiciones (con los elementos subjetivos que pueden surgir en el análisis) no es nada fácil. Por eso no se han hecho más de 160 procedimientos desde 1997 cuando se dio el primer fallo de la Corte Constitucional sobre el tema.

Un reciente fallo de la Corte amplió el derecho para acceder a una muerte digna. El tribunal constitucional consideró que existían barreras “irrazonables y desproporcionadas” por la falta de una regulación legal sobre el derecho. Se decidió entonces retirar la condición de existencia de una “enfermedad en fase terminal” para acceder a la eutanasia, esa exigencia “termina por agravar, de facto, las citadas barreras”, dijo la Corte.

Basado en esa decisión un comité técnico aprobó el procedimiento de eutanasia a Martha Liria Sepúlveda que debía realizarse el pasado 10 de octubre. En su concepto se cumplían las nuevas condiciones descritas por la Corte en el comunicado que anunció el sentido del fallo. La IPS Incodol, que ha realizado casi una tercera parte de los procedimientos de eutanasia en el país, tenía todo dispuesto para la mañana del 10 de octubre. Llevan 10 años en procesos de cuidados paliativos y muerte digna.

Pero apareció el ministerio y sus recatos políticos. Al parecer no les gustó el reportaje donde Martha decía públicamente que había tomado una decisión y que no estaba dispuesta a continuar una vida con el sufrimiento que causa la Esclerosis Lateral Amiotrófica. Al ministerio le pareció que la señora estaba muy sonriente para tener un intenso sufrimiento psíquico y que gozaba de su comida favorita más de la cuenta. Con el poder de sanción sobre las IPS presionaron de manera directa a Incodol y exigieron un nuevo comité que con la guillotina del castigo cambió el concepto inicial. La política se impuso sobre el fallo de la Corte Constitucional y los conceptos médicos que avalaron la eutanasia. El chantaje contra derechos.  

Mayo del 45

 

La primera línea la conformaron las alumnas de la Escuela Normal para Señoritas de Tunja. Corría el año 1945 y el gobierno de López Pumarejo estaba tambaleante frente a la cruda oposición conservadora, la división liberal y la violencia rural que despegaba. Había ánimos de protestas y levantamientos en calles, cuarteles y patios de recreo. La destitución de la directora de la Normal por parte del gobernador del departamento de Boyacá fue vista como una afrenta “contra el sentimiento religioso y la moral de las educandas”. Según la versión de las Señoritas y los conservadores el gobernador había sacado a la directora por su piadoso propósito de construir un oratorio donde debería haber una enfermería. Para el gobernador liberal se trataba de pecados en el manejo del plantel.

Las adolescentes se declararon en huelga y organizaron desfiles para que se reversara la decisión. La protesta pacífica terminó en cargas contra el palacio departamental y las oficinas de La Verdad, el diario liberal de Tunja. Por supuesto se habló de infiltrados en una protesta casta y pura. Muy pronto se sumaron los compañeros de otros colegíos católicos, los rectores abrieron las puertas por tratarse de un asunto “estudiantil y religioso y no político”. Los liberales culpaban a la iglesia, particularmente al padre Arturo Montoya, autoridad académica y eclesial, de atizar el fuego antidemocrático. Las cosas terminaron en piedra contra la gobernación y la casa del gobernador. Los boyscout del Colegio Ortiz sabían prender candela.

Entonces llegaron el ejército y la policía para impedir que los alumnos revoltosos salieran de los colegios. Ahora hasta estudiantes de colegios laicos y liberales estaban rezando y pecando. Cuarteles y estaciones de policía reportaron uniformados heridos en medio de pedreas. La prensa liberal habló de una huelga sin pretensiones distintas a la discordia política. Y sindicatos en Tunja tildaron el movimiento como “antidemocrático y francamente subversivo”.

Y llegó la hora del muerto a manos oficiales. El 23 de mayo el ejército fue llamado a reprimir a los estudiantes del Colegio Ortiz que quemaban la edición de El Tiempo en la plaza de Bolívar de Tunja y un disparo terminó con la vida del joven Eduardo González. El Siglo publicó la dolorosa noticia al día siguiente: “Los fusiles oficiales, manchados ayer con sangre estudiantil, son el único argumento que ha encontrado el gobierno para convencer a las niñas que exigen que se respeten sus sentimientos religiosos”. Vino entonces la carga contra la estación de policía y la muerte de un artesano en medio del calor en Tunja. Bolillo y bombas lacrimógenas llegaron con los policías enviados desde Bogotá.

El contagio llevó las protestas a Medellín y la capital. La muerte del Eduardo González no sería en vano y los universitarios de el Rosario, la Javeriana, el Externado y la Libre en Bogotá, al igual que alumnos de la Universidad Católica Bolivariana y el colegio San Ignacio en Medellín, salieron a la calles. Ahora la consigna era también contra la “infección” comunista representada en la figura de Gerardo Molina, rector de la Universidad Nacional. Se decretó la censura de prensa y el Estado de Sitio en la capital. El gobierno denunció un plan orquestado para desestabilizar la nación. Estaba en marcha una conspiración conservadora. El 7 de agosto renunció el presidente López Pumarejo.

La realidad entrega su propia parodia cada tanto. Como en cualquier teatro hace que los actores truequen sus papeles, sus discursos y su vestuario.

*Esta columna se basa en el artículo Anticomunismo y defensa del catolicismo en las protestas estudiantiles en Colombia escrito por José Abelardo Díaz.

Caldono

 

El Cerro de Belén en Caldono, en el Cauca, fue durante años una trinchera y un punto de mira clave para tomarse el municipio. El ejército y las Farc lo pelearon como una garita obligatoria para ataques y defensas sucesivas. A los pies estaban los habitantes del pueblo rogando frente al azar de los tatucos y los peligros de las ráfagas indiscriminadas. El cerro estaba prohibido para sus habitantes, cercado por minas, advertencias, prohibiciones. Luego de cinco años de la firma del acuerdo entre el gobierno y las Farc es difícil entender las dimensiones de la guerra en esos pueblos. Identificar los personajes como combatientes, imaginarlos con el fusil al hombro, encontrar la crueldad cuando ejercen sus nuevos oficios.

Hace una semana estuve dos días en Caldono y Silvia visitando uno de los ETCR y varios proyectos productivos de los excombatientes. Subiendo al Cerro del Belén en compañía de víctimas y del párroco del pueblo, nos encontramos con dos mujeres que caminaban hacia la cima. Farid, uno de nuestros acompañantes, nos dijo que eran dos de las exguerrilleras con mando en esa zona: “Comandantes duras”. Sentadas en un kiosco, en lo alto del cerro, nos recibieron con sonrisas algo tímidas. Parecía increíble que en la figura y la historia de esas dos mujeres estuvieran la estrategia de las tomas, las órdenes de los disparos, las heridas, la crudeza del combate. La realidad después de la guerra parece tan inofensiva, tan pequeña frente a la dimensión de los daños.

Las dos mujeres hablaban con las víctimas y con el párroco en el tono de quienes reconstruyen una historia común. “Este era el primero que nos quería dar cachetadas cuando llegamos a la civil”, dice una de las excombatientes señalando a Farid. Y él recordaba que llevó a una de ellas a una escuela para hablar de culpas y daños: “Fue el primer perdón que se pidió en el pueblo, en medio de la charla ella ofreció disculpas, de manera espontánea, sin que eso estuviera pensado”. De algún modo han terminado en el mismo bando. Fueron 57 tomas al casco urbano en algo más de treinta años.

Cuando bajábamos encontré un casquillo de una bala de fusil. Llegué a pensar en una trampa para el visitante, un souvenir para ponerle color a su historia. Pero ese cerro no tiene como mentir. Nos despedimos y las excomandantes bajaron para buscar su moto y volver a sus rutinas en el activismo social o las tareas para el avance de los proyectos. ¿Esas dos mujeres hicieron parte del grupo que puso en jaque al Estado y marcó nuestras decisiones políticas por más de dos décadas? Esa imposibilidad para ubicarlas en el escenario de la guerra tiene que significar algo, tiene que marcar alguna conquista del acuerdo luego de cinco años.

Cerca del 80% de los votantes del plebiscito del 2 de octubre de 2016 en Caldono le dijeron SÍ al acuerdo entre el gobierno y las Farc. En el proceso de entrega de armas muchos se enteraron de que familiares y vecinos hacían parte de milicias o columnas guerrilleras. Sin saberlo compartían la cotidianidad desde los extremos de una guerra a muerte.

Pero los homicidios han crecido en el departamento luego de la desmovilización. La guerra dejó negocios, experiencias, resentimientos que no se olvidan fácilmente. En una pared en una esquina de la plaza de Caldono encuentro una oferta de empleo: “Capacítese y obtenga empleo, hágase profesional en seguridad privada. Para hombres y mujeres.” Una joven apuntando con un revólver acompaña el pequeño pasquín. Y los resguardos pelean a los jóvenes que disidencias y mafias intentan reclutar. Han pasado cinco años. Hay nuevas oportunidades y nuevas amenazas, no se avanza fácil por esas trochas, pero se ha salido de lo que parecía un atasco imposible.

Política con drogas

Durante la pasada campaña presidencial Iván Duque y su partido repitieron dos fórmulas, infalibles según ellos, para golpear las grandes y pequeñas mafias, y proteger a la juventud siempre desvalida que los conservadores arropan en su discurso y desprecian en la vida real. Para el combate contra los traquetos duros invocaban la fumigación como idea renovadora, sin importar que hubiéramos acumulado cuarenta años de sobrevuelos y venenos, desde el Paraquat hasta el Glifosato. Para impedir el menudeo y dar amparo a “sus adolescentes” acabarían con la alcahuetería de la dosis mínima.

Al gobierno Duque le queda menos de un año y no ha logrado fumigar una sola hectárea de cultivos de coca. Se ha estrellado contra las exigencias constitucionales para proteger a la población, casi cien mil familias, que vive de esos cultivos. El gobierno intenta mostrar que fumiga a los mafiosos pero en realidad pretende rociar veneno sobre familias que en promedio tienen cultivos que no superan una hectárea y media de coca. También se ha varado frente a los costos desproporcionados de una estrategia dudosa hasta para los Estados Unidos. Los pilotos, las avionetas, el veneno, la gasolina valen demasiado para la simple pantomima. Los cultivos cayeron en un momento de gran fumigación pero aumentó la productividad, y el salto de la coca de departamento en departamento hizo que la estrategia se desgastara. Una muestra de los datos de 2016 según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI): En Antioquia la fumigación se duplicó en 2014 y 2015 y la coca se triplico. En el Putumayo el promedio de fumigación se mantuvo durante cuatro años (93, 94, 95 y 96) mientras en el mismo lapso los cultivos se triplicaron. Y por último se ha asustado frente a un nuevo levantamiento en el sur del país que vendría a sumarse a los incendios que debió soportar en las ciudades. Es imposible desconocer que buena parte del Putumayo se pobló en los años ochenta de la mano de la bonanza cocalera. Esa historia no se acaba con Glifosato.

Para su segundo objetivo sacó un decreto en octubre de 2018 en el que autorizaba a la policía a decomisar y destruir la dosis mínima por el consumo o el porte el espacio público. Con la firma del presidente pretendía borrar el fallo de la Corte Constitucional de 1994. La ridiculez era la principal característica del decreto. Los policías escogerían a ojo a los posibles consumidores según sus prejuicios y si encontraban un bareto, por decir algo, podían elegir el correctivo según su genio y su ingenio. Para evitar sanciones los padres del infractor tenían que declarar que sufría problemas de drogadicción. Quienes portaran más de veinte gramos de marihuana irían a un proceso penal para enfrentar una pena mínima de seis años. Desconocía también el fallo de la Corte Suprema sobre dosis de aprovisionamiento. Pero llegaron dos nuevas decisiones de las altas cortes a poner orden. Primero, la Corte Constitucional tumbó la prohibición del consumo de alcohol y drogas en espacio público por considerarla desproporcionada y luego el Consejo de Estado dijo que los policías solo podían hacer uso del proceso verbal inmediato cuando tuvieran serios indicios de que el porte era para la venta. Todo quedó en 166.000 comparendos para enmarcar y discriminación contra miles de jóvenes por su simple aspecto o la zona donde estaban parchados.

El gobierno Duque no ha tenido una política de drogas, solo ha hecho política con los temas relacionados con cultivo y consumo. Y no solo se ha equivocado en sus prácticas para la simple exhibición, también ha violado derechos constitucionales -dosis mínima- o ha pretendido violarlos -intenciones de fumigación-. Malas decisiones y malas intenciones.

 

Cadáver exquisito

 

Abimael Guzmán Reinoso dejó testimonio en su celda de un último acto para poner en vilo al gobierno del Perú. Su cuerpo en la Base Naval del Callao es a la vez trofeo y ultraje para las fuerzas políticas más importantes del país. Parece que el ‘Presidente Gonzalo’ y la pulmonía que se lo llevó tenían muy buen sentido de la oportunidad. Falló por un día para morir en el aniversario 29 de su captura y revolvió a un gobierno recién llegado y a una oposición encabezada por el apellido de su principal verdugo. Y eligió un 11 de septiembre. Abimael siempre tuvo formas extremas, emparentadas con la muerte, para dejar sus mensajes y alentar sus delirios.

En la navidad de 1980, Sendero Luminoso comenzó a colgar perros muertos de los cables de la luz en el centro de Lima. Algunos estaban acompañados con carteles con el nombre de Deng Xiaoping a quien repudiaban por desconocer el legado de Mao. Otros venían con amenazas de bombas. Una demencia más para aterrorizar a la población. Los temores de hoy son mucho más sutiles y están inspirados por el fantasma de Guzmán Reinoso y los recuerdos que de las actuaciones, las biografías y las declaraciones de algunos de los funcionarios del presidente Pedro Castillo.

Muchos de los funcionarios de Castillo fueron en su momento simpatizantes de Sendero Luminoso. Se habla de al menos cinco ministros con vinculación directa al grupo guerrillero. Los casos más sonados son los del ministro de trabajo, ïber Maraví Olarte, y el primer ministro, Guido Bellido. Según testimonios de uno de sus camaradas, rendidos en 1981, Maraví era el responsable de una célula en Huamanga, al norte de Ayacucho donde nació el Senderismo. Esos primeros actos dan cuenta de un taque con bombas molotov a una empresa de servicios públicos y tres atentados contra la policía. Maraví ha dicho que repudia todos los actos de terror cometidos en el país. Igual ha puesto a disposición de Castillo su cargo. También tiene un proceso de 2014 por instigación al terrorismo por protestas en medio de una huelga. La muerte de Abimael desentierra de nuevo su vida como guerrillero y sus declaraciones públicas como líder del magisterio.

Por su parte, el primer ministro Bellido tiene desde 2017 una causa penal por el mismo delito. En su momento celebró un aniversario de la muerte de Edith Lagos, militante senderista dada de baja en 1.981. Bellido escribió: “Nuestro mejor homenaje a ti Edith Lagos”. Desde entonces ha defendido su declaración: “Yo estoy en la libertad de poder expresar lo que pienso… ¿No debo reconocer en las personas algunas características? O sea, ¿Dejamos de ser peruanos?

El problema es que luego de la muerte de Abimael Guzmán el gobierno ha salido a condenar ese pasado violento, el terror de dos décadas que dejaron setenta mil muertos. El destino del cadáver del líder de Sendero es ahora un asunto de Estado, y el ministro de justicia, Aníbal Torres, sacó la declaración más contundente: “Hay que hacer presente a la población que haga movilizaciones en memoria de Abimael, es apología al delito y pueden ser procesados por esa razón”. Un delito con quince años de cárcel según el código penal peruano. Deben ser interesantes esos consejos de ministros. Mientras tanto, Keiko Fujimori habla de un gobierno infiltrado por una “ideología sangrienta”. Y por supuesto han salido las respuestas sobre los métodos del terror del gobierno de su padre.

Un cadáver muestra que el conflicto peruano de hace veinte años sigue siendo protagonista. Y Vladimiro Montesinos vela desde su celda en la misma Base Naval del Callao. Tiene diez años menos que Guzmán Reinoso l morir, todavía no es tiempo para su última aparición.