El dinosaurio todavía está ahí

El ELN llevaba 10 años sin realizar su congreso nacional. Los plazos y las citas

de una guerrilla que acaba de cumplir 60 años siempre implican décadas. De esa

esperada deliberación interna lo más novedoso fue una foto con la reaparición de

‘Pablito’, tercero al mando en la guerrilla, quien estaba fuera del foco desde hace

un tiempo. El diminutivo es explicable para un hombre de 56 años en una

guerrilla de inspiración gerontológica.

Hace poco Pablo Betrán, jefe negociador del ELN, dijo, citando a Darío

Echandía, un dirigente liberal nacido en el siglo XIX, que es “mejor echar lengua,

que echar bala”. La frase no es nueva para el dialogador, ya la había dicho en

2017 durante la instalación de una mesa con el gobierno Santos. Llevan 60 años

echando plomo y más de 30 soltando lengua en conversaciones con al menos 6

gobiernos. Desde hace meses los diálogos están congelados: Beltrán ha dicho que

el gobierno ha sido pérfido y que ni Uribe ni Santos ni Duque los habían tratado

tan mal.

La relación entre el gobierno y el ELN es bastante paradójica. En varias

ocasiones los líderes de la guerrilla han dicho que son socios. Hace unos Meses

Beltrán dijo en tono ofendido que el gobierno los había maltratado y presionado

más allá de los posible luego del secuestro del papá de Lucho Díaz: “Renuncien a

Satanás y a todos los pecados o no volvemos a la mesa, nos dijeron. Entre socios

eso no funciona, no construye confianza.”

Son claras las coincidencias del gobierno y el ELN en los diagnósticos sobre el

conflicto y las opciones de la paz. Desacuerdos en la mesa y “acuerdos sobre lo

fundamental”. Al ELN está le gusta la idea constituyente y la posibilidad de dar

inicio al proceso o llegar en algún momento de su desarrollo. Beltrán tiene claro,

al igual que el presidente, que hay una especie bloqueo de las élites a la necesidad

del cambio: “…el Pacto Histórico logró la Presidencia con Gustavo Petro, pero

las reformas propuestas han sido bloqueadas por los grupos de poder económico

y político que son hegemónicos en el régimen y el Estado”. También comparte

esa idea, algo etérea, de la necesidad de que las decisiones las tome el pueblo:

“Nos interesa que haya mucha organización social, mucha educación, mucha

democracia directa.”

Antonio García, comandante recién ratificado, decía en 2006 que en Colombia

había nuevos liderazgos, que la sociedad comenzaba a ser mayor de edad, que

había una “expresión alternativa desde lo social, desde las masas, desde la

soberanía popular”. Y agregaba que era hora de pasar de las marchas a los votos.

Ese repentino optimismo se acompañaba de un vaticinio: “También podemos

colocar a un dirigente social. Lo mejor es que llevemos a un dirigente social que

nos permita tomar decisiones junto con él.” Han pasado casi 20 años de esa

entrevista, se logró el objetivo de democratización, según sus propias palabras,

pero la guerra sigue siendo su propósito principal.

Ahora les parece que el presidente ha hecho demasiadas concesiones y que no

ha logrado suficientes rupturas. Son socios muy exigentes. Se exasperan y se

acusan de delitos de honor. Se celan. Podría ser que se utilizan en medio de

traiciones o que simplemente los arrastra la paranoia, otro rasgo compartido.

También podría ser que están en una pequeña pantomima camino a la

constituyente. Y fingen ultrajes. O tal vez su anacronismo y su “obligación

cristiana”, su vocación de mártires armados, los hagan persistir en el crimen

organizado. Hacer la guerra y morir de viejos es su gran honor. Por eso el Cura

Pérez hablaba de los guerrilleros, que como Moisés, “persisten, resignados a que

ellos nunca pueden ver la tierra prometida”.

Último llamado

 

 

Hace seis años Nicolás Maduro tenía una desfavorabilidad del 75% según las encuestas en Venezuela. Un triunfo parecía imposible, pero para el PSUV, partido de gobierno, urnas y burlas son una misma palabra. Los principales candidatos opositores, Capriles, López, Machado y Rodríguez, estaban inhabilitados o en la cárcel. El presidente decidía quienes serían sus rivales. Y en qué momento sería el juego: cambió a su antojo, aplazando la fecha establecida legalmente, la fecha de las elecciones. Al final la MUD, principal plataforma opositora, decidió no participar en lo que consideraba un remedo electoral. Maduro ganó con el 67% de los votos y una abstención del 54% según el gobierno y del 75% según cálculos de la oposición. Ni siquiera la cifra de participación resultó confiable. La elección fue desconocida por la Unión Europea, Estados Unidos, la OEA, el Grupo de Lima. Las felicitaciones al ganador llegaron desde China, Rusia, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Irán y Corea del Norte.

Este año la carrera para Nicolás Maduro pinta aún peor que en el 2018. Según muchos analistas venezolanos (Luis Vicente León, Jesús Seguías, Félix Seijas) el Chavismo tiene la mayor amenaza para salir del poder desde su llegada en 2002. Al igual que en el 2018 la principal opositora está inhabilitada, pero en esta ocasión la MUD logró un acuerdo sobre un candidato único e irá sí o sí a las elecciones del 28 de julio. Hace menos de dos meses la mitad de los venezolanos no conocía a Edmundo González Urrutia, el repuesto de María Corina Machado en la tarjeta electoral. Sin embargo, las últimas encuestas lo dan ganador con más del 50% de los votos mientras Maduro no logra superar el 25% en ninguna de ellas. Pero Diosdado Cabello dice que se viene “una victoria esplendorosa”. Y Maduro ha crecido entre 7 y 10 puntos en los últimos dos meses.

La gran ventaja puede ser peligrosa para la oposición. A pesar del desbalance en la competencia contra un gobierno que manda sobre lo organismos electorales, los militares, la fiscalía, las cortes y la asamblea Nacional, una alta posibilidad de derrota podría empujar al gobierno a inhabilitar a González Urrutia o aplazar las elecciones. Una ventaja más cerrada hace posible que el gobierno corra el riesgo y busque resolver luego del 28 por la vía del fraude o la negociación. Hay seis meses entre en día de la elección y la posesión del nuevo presidente. Un plazo tentador para un plan B del gobierno. Pero que Maduro se mida en las condiciones actuales ya sería un avance

Las dos cartas del gobierno para competir son la abstención y la dispersión del voto entre 12 candidatos minoritarios y supuestamente opositores. De los 21 millones de votantes ya hay 4 millones por fuera del país y de la posibilidad de marcar la tarjeta. No pudieron inscribirse. Si vota el 60% de los potenciales 17 millones, la abstención ya sería del 48% y los votos efectivos serían 11 millones. Maduro ganó en 2018 con unos supuestos 6 millones de votos. Podrían sostener esa misma caña y ganar. El temor a represalias por marcar un opositor, las ofertas directas a quienes señalen a Maduro en la tarjeta y una maquinaria electoral con visos militares hacen que el gobierno pueda pelear. Además, desde Miraflores espera que los doce enanitos le resten al menos un millón y medio al exdiplomático González Urrutia.

Falta un mes largo para las elecciones pero todo está por verse. Es claro que las ganas de un cambio son mayoritarias, pero Venezuela es impredecible aunque se conozcan las cartas marcadas de su gobierno. No habrá elecciones libres, equilibradas ni transparentes, pero hay una buena posibilidad de derrota para el PSUV. Seis años más de Maduro harían cada vez más irreversible la dictadura roja, rojita.

Poder reconstituyente

 

Colombia hace parte de la mayoría de países de América Latina que reformaron su constitución en los años noventa. Las sociedades, los políticos, los retos democráticos, la voz de las minorías, los anhelos de derechos, los poderes reales… Todo había sufrido cambios que las antiguas cartas constitucionales, más pegadas al siglo XIX que al XX, desconocían por completo. Las constituciones andaban de levita y sotana mientras la realidad se había desabotonado y sacudido el polvo del museo institucional. Brasil, en 1988, fue el primero en mudar, y luego vinieron en seguidilla Colombia, Costa Rica, Paraguay, México, Argentina, Perú, y un poco más tarde, Venezuela y Bolivia. Fueron mudas totales, o parciales pero muy significativas.

 Las nuevas constituciones aprobadas tienen todas visos que podríamos llamar progresistas. Capítulos amplios de derechos sociales y mecanismos jurídicos (tutela o amparos) para reclamarlos, reconocimiento de sociedades plurales y reivindicación de minorías excluidas, instituciones de democracia participativa (referendo, plebiscito, consulta popular, revocatoria del mandato), separación radical Iglesia-Estado, reconocimiento de tratados internacionales de Derechos Humanos, entidades dedicadas al control al ejecutivo y la defensa ciudadana (defensoría del pueblo, procuraduría, contraloría). Todas buscaban ampliar la democracia y los derechos, posibilitar la interacción de los ciudadanos con el Estado y limitar los autoritarismos.

Desde hace unos meses el presidente Petro, de manera errática y confusa, ha llamado a la posibilidad de convocar un asamblea constituyente. Lo dice un día y lo niega el siguiente, como soltando y recogiendo la pita a esa cometa de su imaginación y sus embelecos. Tiene la primera línea de asesores que empujan y la cortina de los ministros que atajan. Petro, por su parte, se escuda en conceptos que solo para él parecen claros: el pueblo en modo constituyente, convocar al pueblo para que decida, que el pueblo se apersone de la democracia. Dice que habla del fondo y no de las formas, y ni el uno ni la otra quedan claros. Lo más extraño es que pide un cambio constitucional para poder aplicar la constitución.

Lo que de verdad queda claro es que el presidente desprecia algunos de los aspectos claves de la Constitución del 91 que sus compañeros del eme ayudaron a redactar y aprobar. Ha hablado contra la Corte Constitucional que ha sido quizá la mayor intérprete e impulsora de los derechos sociales, económicos y culturales. Tampoco le gusta el poder independiente del Banco de la República y mucho menos el de las instancias técnicas (comisiones de regulación) creadas por la Constitución. Llegó a insinuar que el Fiscal General era su subalterno. Ha tratado al Congreso de mafioso y descalificado a la procuraduría como instancia independiente de control. Ha desacreditado la autoridad electoral que certificó su triunfo y el de su movimiento. Ha desconocido las posibilidades de transformación que se podrían lograr desde el ejecutivo.

Hay sin duda una contradicción entre quien se presenta como protagonista de la profundización de la democracia, y quien pretende más poder para sus anhelos transformadores. Al parecer, el presidente del cambio quiere regresar al presidencialismo extremo. Cuando dice el poder emana del pueblo buscar ser investido de mayores poderes. La constitución le parece ineficaz para sus ideas de transformación y estrecha para su voluntad. En algún sentido añora la constitución de 1886 que señala como ejemplo antidemocrático. La gran frustración del presidente viene de su incapacidad de transformar la realidad y su imposibilidad para cambiar las reglas.