Fantasía corrida

Los periodistas y los curiosos de ocasión se detienen frente a la puerta coronada por el número 401. La chapa está rota y la madera del marco astillada. Los flashes revientan contra la puerta entreabierta y maltrecha. Los fotógrafos registran el detalle como si fueran peritos de la policía judicial. Tal vez alguno haya guardado un pedazo de madera como reliquia. Pasan 10 segundos y nadie se atreve a entrar, están bajo un umbral imposible, frente a la entrada a una gruta magnífica y tenebrosa: la última guarida de El Chapo Guzmán. “Entre, entre…”, dice la voz ansiosa de una mujer a quien otra voz femenina responde con un nuevo desafío: “a ver…abre tu y te seguimos…” Todavía pasan algunos segundos para que alguien se atreva a abrir la Caja de Pandora. Al entrar encuentran un desorden de cremas y ropa sucia en los cuartos, una silla de ruedas en el corredor, pepinos, bananos y granadillas en la cocina. Quien graba no puede detenerse en los detalles, brinca de un lado a otro, todo lo insignificante le parece revelador.

Es imposible evitar una sonrisa compasiva al ver pasmo general ante el ripio de las rutinas y el brillo de la superstición que dejó El Chapo Guzmán: la maravilla de sus bañeras que daban paso de las burbujas a las cañerías, las declaraciones de sus cazadores fracasados sobre sus vínculos con el presidente, las canciones a su rancho en la Tuna. Hace más de veinte años estábamos mirando con el mismo asombro el mobiliario y las leyendas de Pablo Escobar bajo el desastre de tejas donde cayó. Hemos pasado de los mitos a la colección de mafiosos olvidables luego de la última extravagancia. Hombres como Fritanga que pueden convertir su captura en una comedia. ¿Quién recuerda ya que El Loco Barrera le regateaba unos pesos a su proxeneta de confianza poco antes de ser capturado? ¿O que Sebastián tenía en su finca de El Totumo 24 relojes y 24 fusiles como cábala o simple coincidencia?

Han pasado cuatro años desde que Julio Scherer, fundador de la revista Proceso, visitó a El mayo Zambada en uno de sus refugios en el monte. El hombre hablaba como un chamán mientras Scherer miraba asombrado: “El monte es mi casa, mi familia, mi protección, mi tierra, el agua que bebo. La tierra siempre es buena, el cielo no… A veces el cielo niega la lluvia.” A pesar de los muertos, los cambios de gobierno, el primer cumpleaños de las autodefensas nada ha cambiado en México respecto a sus narcos míticos. Todavía un aire de irrealidad rodea a los capos. El Mayo Zambada lleva 44 años en el negocio y no conoce la cárcel. Es el gran compadre de El Chapo y en esa ocasión confesó que vivía con miedo. Le reprochó a Scherer la historia del matrimonio de El Chapo con la joven reina del fríjol y la guayaba. Proceso reseñó la fiesta, con 7 avionetas para músicos e invitados especiales y un ejército que llegó en 200 motos para cercar el pueblo. “Supe de la fiesta, pero fue una excepción en la vida del Chapo. Si él se exhibiera o yo lo hiciera, ya nos habrían agarrado”, le dijo mientras almorzaban. También le dijo que eso de Forbes y los mil millones de dólares eran tonterías.

Las palabras sencillas de Zambada solo lograron hacer crecer su figura. El mismo Scherer le recomendó una gorra para la foto en vez de un hermoso sombrero blanco que le restaba personalidad. Y le repitió una frase ya vieja, “en cuanto a los capos, encerrados, muertos o extraditados, sus reemplazos ya andan por ahí.” Ya se prepara una serie sobre El Chapo Guzmán, la escribe un exnarco colombiano, Andrés López, es lo que llaman la división del trabajo.

Estado en su sitio

En tiempos de Samper los militares ganaron un gran poder de negociación frente a un gobierno tambaleante. Los oficiales retirados pedían la salida del presidente y los uniformados activos sabían que para asustar al ejecutivo no eran necesarios los sables. Bastaban las botas. Samper les entregó las zonas de orden público a cambio de una baranda para sostenerse y soportó una pequeña rebelión al intentar un despeje del municipio de La Uribe para una posible negociación con las Farc. El general Harold Bedoya le pidió entregar esa orden por escrito y acompañó su exigencia hablando del menoscabo a la disciplina, el honor y la confianza en las jerarquías. Después vino el general Manuel José Bonnet y la lealtad al presidente acompañó a las grandes debacles militares: Las Delicias, El Billar, Patascoy, Miraflores. En medio de las negociaciones y la tensión entre Samper y los militares, el poder civil perdió legitimidad y los uniformados perdieron grandes batallas contra las Farc y los paramilitares.

A la llegada de Pastrana la realidad de la guerra, tasada en militares secuestrados y amenaza de las Farc en las goteras de algunas capitales, hizo que la negociación fuera inevitable. El ejército reconoció el mal momento y en relativo silencio se sumó a la expectativa nacional por lo que pasaría en el Caguán. Pero la tranquila obediencia duró poco y en 1999 llegó la notificación para un gobierno que creía que era posible convencer a Manuel Marulanda con medallitas bendecidas por el Papa. Cerca de 20 generales y 200 coroneles amenazaron con renunciar si no había reglas claras en el despeje y protección frente a los procesos penales contra más de 600 militares. El ministro Lloreda se fue como un mártir civil que protegió a los soldados de un gobierno que le contestaba más fácil a ‘Jojoy’ que al general Mora Rangel, y que estaba ocupado en comprar los primeros pertrechos para la guerra que se venía.

Llegó Uribe y los militares se convirtieron en un símbolo de los atropellos de la guerrilla y en el baluarte político de un gobierno con derecho a matar. La opinión pública había pasado del embeleso de la paz al arrebato de la guerra. Los soldados que en tiempos en el gobierno Samper apenas llegaban a los 125.000, ya filados para la mano fuerte sumaban cerca de 500.000. Una simbiosis de estilo y objetivos hizo que por momentos no se viera mucha diferencia entre los salones presidenciales y los cuarteles militares. Esa mutua confianza, esa entrega incondicional nos llevó a la peor matanza de civiles de la que se tenga memoria en el país. Los incentivos por sangre trajeron los ‘falsos positivos’ y un loco como José Miguel Narváez pudo llegar a la subdirección del DAS.

Santos llegó a la presidencia desde el ministerio de defensa y pagó su parte con la reforma al fuero militar. Una moneda necesaria para poder emprender sin mucho ruido las negociaciones en La Habana. Pero ahora sabemos que los militares se condenan pero no se castigan. Y que han logrado formar una especie de casta rodeada por las historias de héroes y alejada de los controles penales y disciplinarios. Una porción del Estado que se maneja en sigilo y hace pensar en la combinación entre soles y carteles. Parece que la única forma de mirar los cuarteles es detrás de la reja, empinados en posición de firmes.

Esquivar la guerra

El Valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE) en el Perú se ha convertido en la mayor despensa cocalera del mundo. En el territorio de cuatro departamentos, límites entre la sierra y la selva, se producen 200 toneladas de coca cada año. Según los últimos estudios Colombia produce cerca de 300 toneladas por año y en los lugares donde se concentran cultivos y cocinas se multiplica la presencia de guerrillas, bandas armadas y, por supuesto, violencia: Tumaco, El Tambo, Barbacoas, Tibú, Puerto Asis.

Pilotos bolivianos y paraguayos son los encargados de sacar la pasta de coca que producen cerca de 200 laboratorios en el borde de la selva y las montañas de Junín, Cusco, Ayacucho y Huancavelica. La coca viaja al sur, hasta Bolivia, donde pasa el último cedazo para convertirse en cocaína e iniciar el viaje hacia Norte América y Europa. El VRAE, además de mafias y campesinos de tradición cocalera, tiene un reducto de Sendero Luminoso que se mueve entre la decadencia revolucionaria y la bonanza del narcotráfico. El ejército apenas se atreve a mirar desde los helicópteros y los planes especiales para la zona han fracasado. La Impotencia sobre cómo manejar la pobreza rural, los reductos terroristas y el narcotráfico llevó a que un vicepresidente peruano, Luis Giampietri, soltara una solución desesperada en el 2009: “Escuchen bien lo que voy a decir, posiblemente sea una barbaridad, hay que declarar el VRAE en una zona de combate ¿Qué hacen civiles metidos allí que estorban, que dificultan el trabajo y dan pie a que después las ONG"s denuncien a los oficiales de violación a los derechos humanos?” Nadie atendió los delirios de Giampietri.

La gran pregunta -mirando desde Colombia el enclave geográfico que hizo posible que pasáramos al segundo puesto en la producción mundial de coca- es por qué Perú logró sostener una tasa de 8 homicidios por cada 100.000 habitantes mientras se convertía en un gran protagonista del narcotráfico. Y por qué el VRAE a pesar de sus problemas de violencia no se podría comparar con nuestros territorios de guerra en el Pacífico, el Bajo Cauca, el Catatumbo o el Caquetá. Un dato deja clara la intensidad de las desgracias: en los últimos seis años han muerto 90 policías y soldados en la gran zona de producción de coca del Perú. Una cifra menor para nuestros partes militares donde las bajas de cada ataque se cuentan por decenas.

Las respuestas pueden ser variadas. Se podría decir que el VRAE es apenas un primer eslabón de la cadena de la coca donde la acción mafiosa se concentra en la compra del producto a los campesinos. Las purgas se concentran en Colombia y México donde están los dueños de las rutas internacionales y las fortunas. Mejor dicho, Perú se dedica al cultivo y la primera exportación mientras deja a otros las grandes ganancias y las cruentas disputas. Pero también puede ser que el Estado peruano haya dejado pasar, por incapacidad, temor o conveniencia, el tema de la coca. Una parte de la siembra es legal según la legislación peruana. Solo una base militar en la región se dedica al narcotráfico mientras desde 29 bases persiguen a los hermanos Quispe Palomino, líderes senderistas en la zona. La erradicación ha sido una amenaza más que una realidad y el mismo Estado tiene oficinas para la compra legal de la hoja para usos tradicionales. Esa lucha de baja intensidad tal vez ha conducido a una violencia menor a la usual en nuestras zonas de cultivo y procesamiento. Ahora el gobierno habla de erradicación y hasta los alcaldes del VRAE dicen que la gente tiene armas y defenderá sus matas. Ya sabemos lo significa la guerra a muerte. Tal vez baje un poco la producción, pero crecerán la violencia y las acciones de los senderistas como defensores campesinos.

Entre caciques

En el Estado todos los caminos son inescrutables. Cuando se abren las oficinas públicas y los ciudadanos llegan a las ventanillas, cuando circulan las circulares, cuando se persigue un sello y una firma como si fuera la única salvación todo puede tomar caminos inesperados e indeseados. Las leyes se tuercen, las sentencias se bifurcan, las buenas intenciones se convierten en pasto para profesionales de la oportunidad, los incentivos públicos terminan en círculos viciosos. Es solo cuestión de trámite, y de tiempo.

Es imposible negar las bondades del reconocimiento que la Constitución del 91 les dio a los pueblos indígenas. Se trataba de hacerlos ciudadanos y de un merecido desagravio democrático luego de ser tratados, en el papel y en la realidad, como salvajes que debían ser reducidos “a la vida civilizada”. El reconocimiento de los resguardos indígenas era una obligación para lograr que la protección constitucional tuviera linderos y derechos ciertos. La experiencia del siglo XIX mostró que el simple título acompañado de la posibilidad de vender los resguardos convirtió muy pronto a los indígenas en peones.

En 1993 los resguardos lograron una participación en el presupuesto nacional, lo que les dio autonomía frente a las autoridades municipales y puso un señuelo para los cazadores de rentas. Luego, en 1997 la Corte Constitucional le dio contenido a un convenio de la OIT firmado por Colombia en 1989 y puso las condiciones para la consulta previa a la realización de obras, la expedición de leyes y la explotación de recursos naturales que pudieran afectar sus territorios y su cultura. Ya había un fortín con reconocimiento social, recursos propios y posibilidad de levantar talanqueras jurídicas. El sueño de los políticos de pueblo y los intrigantes titulados y sin penacho.

De modo que los resguardos y los indígenas comenzaron a multiplicarse. Los ecos de la Pacha Mama se juntaron con las promesas de un poderoso dios con acciones en las oficinas públicas. Es cierto que el proceso de reconocimiento y las metodologías de los censos llevaron a muchos a identificarse o reconocer un origen olvidado o vergonzante. Pero también es cierto que abundan los actores con la mochila recién comprada. Entre 1993 y 2005 los resguardos indígenas crecieron cerca de un 120% en Colombia. Los últimos datos hablan de 796 resguardos reconocidos legalmente. De modo que durante los últimos 20 años se crearon en promedio 25 cada año. El Incoder y el Ministerio del Interior se han turnado la responsabilidad de esos reconocimientos. Según el Dane, entre los últimos dos censos la población colombiana tuvo un crecimiento de 18.8 personas por cada mil, mientras la población indígena creció 80.2 por cada mil. Cada vez es más frecuente que campesinos y colonos decidan convertir sus Juntas de Acción Comunal en resguardos indígenas. Ser indio paga, parece ser la consigna de muchos.

Nadie se extraña entonces que con la llegada de la primera volqueta para construir el tramo 3 de la Ruta del Sol hayan aparecido, por artes chamánicas, 13 capitanes representando a sus comunidades. Los “indígenas” se han vuelto expertos en resoluciones, papeleos, votos, vetos y cálculos políticos. Tiene poder hasta para decidir el mantenimiento de una vía entre San Antero y María La Baja. Cambian becas por permisos y van de tú a tú con los caciques de Planeta Rica, por decir algo.

Desmovilización y rearme

La experiencia luego de las desmovilizaciones colectivas en Urabá y el Bajo Cauca obliga a plantar cara frente a la realidad que supone la entrega de unos fusiles y el apretón de mano a los combatientes. Un epígrafe sencillo y pesimista podría enmarcar esos dos procesos: una vez se firma la paz, viene la guerra. Tras los acuerdos con el EPL en 1991 y las AUC en 2003 se multiplicaron los bandos, se mezclaron amigos y enemigos, se confundieron políticos y mercenarios, se dividieron utópicos y ambiciosos. Ahí suenan todavía los hermanos Úsuga David como un ejemplo de quienes han hecho el periplo completo en esa larga guerra.

En Urabá el EPL terminó siendo un semillero de la Casa Castaño. Las rencillas de uniforme y la costumbre de matar al contradictor político hicieron que una disidencia del EPL se dedicara a atacar a sus antiguos compañeros con la ayuda de las Farc. Quienes persistían en la guerra, alegando incumplimientos del gobierno, no consentían que unos “traidores” ganaran espacio político de la mano del “régimen”. Comenzaron las matanzas y surgieron los Comandos Populares como una especie de brazo armado de quienes ya hacían política de manera legal: “Los Comandos Populares nacimos para defendernos del ataque de la guerrilla”, dijo Jesús Albeiro Guisao Arias, alias ‘El Tigre’, en su declaración como reinsertado -esta vez del Bloque Bananero de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá- a un fiscal de Justicia y Paz.

Los Castaño, con su banda Los Tangueros, terminaron apoyando a los Comandos Populares en su guerra contra las Farc y la disidencia comandada por Francisco Caraballo. Apenas un 10% de renegados del EPL lograron prender una guerra con nuevos bríos y nuevos actores. El viejo, El Tigre, H.H., Platón, Mataperro y otros tantos terminaron disparando desde la misma orilla de Monoleche y demás hombres de Los Tangueros. En 1995 ya estaba lista la fusión entre los Comandos Populares y la gente de los castaño, y la guerra tenía otros objetivos. Ya no se hablaba ni de esperanza ni de paz ni de libertad.

En 2005 y 2006 se desmovilizaron el Bloque Minero y los Frentes Nordeste, Bajo Cauca y Magdalena Medio del Bloque Central Bolívar. Tarazá y Remedios fueron los municipios escogidos para las ceremonias periodísticas de entrega de armas. Esta vez el fracaso viene de las simples  intenciones de dejar la guerra como espectáculo y alarde de comandantes, al tiempo que se mantiene el dominio sobre los negocios en armas. La coca y la minería ilegal fueron un anzuelo irresistible para quienes conocían el mando armado, las cocinas de coca y los lavaderos de oro. Hasta hace poco Cáceres, El Bagre, Tarazá y Zaragoza pelearon en el ranking de municipios cocaleros en Colombia. Solo el negocio del oro más tranquilo y más rentable produjo una disminución de las hectáreas sembradas a partir de 2011. Además, un informe de Verdad Abierta muestra que entre 2008 y 2011 se dio el mayor auge de desplazamiento en la región. La guerra de los mandos medios de los paras encarnados en Urabeños o Rastrojos mostró que la paz puede ser solo un desequilibrio de la violencia establecida ¿Qué nos espera en el Catatumbo, en Arauca, en Caquetá, en el Cauca? Humberto de la Calle era ministro de gobierno cuando el EPL firmó su acuerdo. Es seguro que recuerda el fiasco.

Escapada presidencial

La señora Rousseff lo necesitaba. Los vidrios blindados distorsionan la realidad, el ojo ubicuo de los escoltas y el lente acechante de los fotógrafos producen espasmos musculares. La señora quería gritar, sentir el viento en la cara, insultar con todos los dientes al chofer que se atraviesa en un bus. Escogió sus grupos preferidos para el desfogue -AC/DC, Black Sabbath, U2 y Coldplay- y salió como parrillera en una Harley Davidson a rondar Brasilia. La ciudad de los burócratas se veía distinta desde su trono de incógnita: el espejismo de las enormes vasijas que soñó Niemeyer, las plazas desoladas de esa “empresa en el desierto”. Como lazarillo de la ceguera inevitable que aqueja a los presidentes, estaba el secretario del ministerio de seguridad social. Es el tono gris de la aventura, dos funcionarios que creen huir del horror de las primeras páginas. El jefe de seguridad dejó todo en su punto: los escoltas seguían a los “fugitivos” a prudente distancia para que se sintieran libres. Los escoltas soltaban el sillín de la señora Roussef para que creyera que “pedaleaba” sola, pero seguían corriendo detrás por si perdía el equilibrio. Ya una vez la habían engañado en Nueva York. Quería ir sola al Central Park y le mandaron dos detectives disfrazados de atletas de media tarde para que le echaran un vistazo a la niña Roussef, y le dieron monedas para que tirara a las fuentes.

El señor Hollande también daba su pequeño paseo en moto. Apenas doscientos metros entre el Eliseo y el apartamento de la Rue du Cirque. También iba en busca de un desfogue. Salía por la puerta de atrás, tomaba el casco de uno de sus escoltas y clavaba la cabeza en la espalda de su alcahueta. Lo suyo era una fuga definitiva, una reclusión en otro mundo: lejos de sus obligaciones de Estado, de concubino oficial, de ciudadano ejemplar, de político mesurado. El apartamento era alquilado por la novia de unos mafiosos corsos y, por muchas razones, los croissants que llevaba el escolta en las mañanas sabían distinto. Berlusconi nunca probó esas delicias en sus fiestas de Villa Certosa, nunca necesitó de escapadas, ni sintió el aire fascinante de las fugas presidenciales. Es el costo de la desvergüenza.

La señora Merkel, mutti responsable y austera, elige otro tipo de evasión. Ni la aventura amorosa ni la huida adolescente, ella solo recuerda que faltan algunas cosas en sus estanterías y hace parar su caravana frente a un mercado. Se baja con su chaqueta verde y su pantalón negro, con su bolsa de tela para evitar el plástico, y escoge las verduras con la mano entrenada del ama de casa. Paga, y adiós. Sin siquiera intentar un gesto de impostada amabilidad. Faltan dos días para elecciones y la señora Merkel se despide de la cajera con una mirada rápida.

Para el señor Mujica las cosas son distintas. Tiene que simular su investidura. Se ha retrasado un poco para llegar a la cena de gala por la posesión del presidente de Paraguay, tal vez olvidó sus cigarrillos, su comitiva ya ha entrado a los jardines del Palacio de López y tiene que afrontar solo la guardia presidencial. Las rejas se cierran y el señor Mujica debe fumarse un cigarrillo mientras todo se aclara. “Nos los culpo. Si yo viera que alguien como yo quiere entrar solo a semejante lugar, tampoco lo dejaría…”, dice el presidente, un desvergonzado de estirpe contraria a la de Berlusconi.

Papel reciclable

La destitución de Petro ha terminado por poner en evidencia la vieja maraña de nuestro legalismo. Las luchas políticas enmascaradas de ritualismo legal han sido un riesgo antes y después de Ordóñez y su innegable fanatismo. Entre nosotros los jueces no solo terminan decidiendo el tratamiento adecuado para los enfermos sino las disputas entre enemigos políticos. Todos los caminos conducen al juzgado. De modo que las “sentencias” sobre muchas de nuestras disputas llegan tarde, luego de los tiempos que exigen los medios de defensa, y mediadas por la camisa de fuerza de los códigos. Los debates acaban siempre en la interpretación legal y los ingenieros, los médicos y los economistas olvidan sus libros para subrayar el inciso de un estatuto o una circular. Una enfermedad crónica alimentada por la razón de los más de 200.000 abogados titulados que exhiben su tarjeta profesional en Colombia.

El plan de manejo de basuras en Bogotá acabó evaluado bajo la lupa del código disciplinario único de la Procuraduría. Alejandro Ordóñez, jefe del libro y el ritual, dice que no le gusta esa norma, que tal vez sea injusta pero que legalmente no tenía opción distinta a la de destituir e inhabilitar al alcalde por sus decisiones. Solo le faltó encabezar el fallo con un pequeño epígrafe: “Muy a mi pesar”. Lo acusa de entregar el negocio a una empresa sin experiencia. Lo que en la práctica significa que el servicio público no podría volver a estar en manos del Estado luego de haberlo entregado a los privados, ¿cuál empresa pública con experiencia iba a encontrar si ya no existía la EDIS? También dice que limitó la libre competencia y que eso es inconstitucional, pero hay muchas ciudades con un monopolio estatal de la recolección de basuras defendido a ultranza por los políticos que reciben algunas sobras. Y al final, lo sindica de mover bolsas negras en volquetas durante tres días con lo cual supuestamente puso en riesgo a millones de bogotanos. Medellín lleva meses con una tercera parte de sus compactadores en los talleres y basura en la calle, y el botadero Carrasco tiene grandes problemas en Bucaramanga. Pero la política todavía no ha puesto el asunto en manos de la liturgia disciplinaria del Procurador para luego saltar a los embrollos litigiosos. En medio de la maleza jurídica todavía no están claras las cuentas del primer año del nuevo sistema de aseo en Bogotá. El legalismo nos impide evaluar la eficiencia de las medidas y convierte lo que debería ser un debate informado sobre las basuras en una maratón de términos y tutelas.

Deberíamos estar oyendo a ambientalistas, empresarios del reciclaje, economistas, jefes de cooperativas de recicladores y gerentes de empresas públicas de otras ciudades para sacar conclusiones sobre el tema en Bogotá; pero solo se oye la voz exánime del exprocurador Bernal Cuellar hablando de plazos y decisiones que requieren ser ejecutoriadas por el Presidente. Más tarde evaluamos una demanda ante un tribunal penal, un fallo de tutela, una acción de nulidad ante el contencioso, unas declaraciones del fiscal Montealegre y la jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre un alcalde venezolano. Mucho papel para reciclar.