Alertas tardías

Entre 2005 y 2006 se desmovilizaron en Córdoba y Antioquia el Bloque Minero y el Frente Bajo Cauca del Bloque Central Bolívar. Cerca de 3.200 hombres y mujeres dejaron las armas en cumplimiento de los acuerdos firmados entre gobierno y AUC en Santa Fe de Ralito. Sin embargo, la lógica criminal no cambió en la región, se movieron algunos liderazgos ilegales, mudaron algunos nombres, se agregaron o se borraron letras a los brazaletes. Los desplazamientos forzados luego de la desmovilización muestran que las amenazas contra los civiles nunca cesaron.

Según la Unidad de Víctimas entre 2004 y 2006 más de 13.000 personas fueron desplazadas en los 6 municipios del Bajo Cauca Antioqueño. La consolidación de los herederos de los paras hizo que entre 2008 y 2011 la cifra de desplazados llegara a 29.000 personas. Para no hablar solo de Antioquia vale mencionar lo que pasó en esa misma época en un municipio como Tierralta que acaba de entregar una pavorosa escena de violencia. En 2010 se reseñaba la existencia de un barrio llamado La Invasión donde se habían asentado cerca 3.000 familias conformadas por desplazados y desmovilizados. Los habitantes de los municipios de esa zona limítrofe entre Antioquia y Córdoba han vivido en una especie gira obligada que los lleva de las veredas a los cascos urbanos, de un municipio a otro o de los pueblos a las capitales de los departamentos.

Durante el último año y medio el ciclo se ha repetido con renovada intensidad. Medellín ha sido refugio de una buena parte de las familias expulsadas. Entre enero y noviembre del año pasado la alcaldía atendió a 5.200 personas llegadas desde municipios del Bajo Cauca. Entre enero y marzo de este año ya habían aterrizado en la ciudad 1.500 personas para buscar una pieza donde sus familiares, un refugio oficial o unos metros en las laderas. Pero Medellín al menos tiene posibilidades de atender a los recién llegados. Quienes llegan a Caucasia, centro económico de la región, tienen menos suerte. Las palabras del alcalde Óscar Aníbal Suárez pidiendo auxilio al gobierno departamental y central describen bien la situación: “Tengo en este momento 20.000 personas desplazadas registradas en el censo. Caucasia es el municipio receptor del desplazamiento de las comunidades vecinas. Tengo un sector de invasión donde hay más de 15.000 personas viviendo...” Más del 25% del total de desplazados en el país en año pasado salieron de los 11 municipios que comparten sus límites entre Bajo Cauca antioqueño y sur de Córdoba.

Mientas tanto confiar en la autoridades se ha vuelto cada vez más difícil. El gobierno nacional no cumple los compromisos para la sustitución de cultivos y a cambio promete fumigaciones como las que llevaron al paro de más de 4.500 campesinos en 2008. La Alerta Temprana de la Defensoría para el sur de Córdoba del 25 de noviembre del año pasado solo produjo noticias menores. El enredo militar es mayúsculo: el nuevo frente 18 de las disidencias de las Farc se alió con los Caparrapos para golpear al Clan del Golfo. La ofensiva logró afectar a la gente de Otoniel quien decidió enviar “fuerzas especiales” desde Urabá. Pero el ejército no parece preocupado. Antes de la desmovilización de las Farc operaban en la zona la Brigada 11, las brigadas Móviles 16 y 24 y la Fuerza Contundente de Acción Decisiva (FUCAD). Ahora solo hace presencia la Brigada 11. Por parte de la policía la noticia es que hace un mes fue capturado el excomandante en Caucasia y jefe del modelo de cuadrantes en Antioquia por concierto para delinquir. Pero el gobierno sigue pensando que la fórmula mágica caerá del cielo.

Estado sin opción

En 2008 los debates políticos en Colombia y Venezuela se sincronizaron. A mediados de año Chávez y Uribe habían tenido una de sus tantas reconciliaciones luego de una de sus tantas descalificaciones. El arreglo se selló con las risas cara a cara y las palmadas en la espalda ante un cuadro de Bolívar en la península de Paraguaná: “Hay que retomar el camino…”, fueron las palabras comunes. Y es verdad que siguieron el mismo sendero. Chávez comenzó a apoyar la idea de Roberto Hernández, congresista y mandadero presidencial, de convocar un referendo con una pregunta muy simple: “¿Está Usted de acuerdo con realizar una enmienda a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que permita la reelección continua?". Luego de su única derrota electoral en 2007, cuando pretendía cambiar buena parte de la Constitución vía referendo, Chávez buscó revivir el articulito que le permitiría continuar en el poder luego de 10 años de mandato: “Yo les doy mi autorización al Partido Socialista Unido de Venezuela y al pueblo venezolano para que inicien el debate y las acciones para lograr la enmienda constitucional y la reelección como Presidente de la República”.

En Colombia en 2007, un congresista y mandadero presidencial, Luis Guillermo Giraldo, soltó una frase memorable: “ningún ejército cambia a su general cuando está ganando la batalla”. Con esas palabras comenzó a juntar la soldadesca política para promover un referendo que permitiera un tercer periodo de Álvaro Uribe. El gobierno se declaró indiferente como lo hizo Chávez en un primer momento. Pero en octubre de 2008, dos meses después de que se entregaron los cinco millones de firmas ante la Registraduría, un intrigante concepto jurídico apareció en todos los discursos oficiales: el estado de opinión. Uribe tenía algo más del 70% de popularidad y no estaba dispuesto a resignarse con ocho años, su plan hablaba de una Colombia renovada el 7 de agosto de 2019, en el bicentenario de la independencia. El 7 de octubre soltó por primera vez en un discurso su engendro político: “…un gran equilibrio entre la democracia participativa y la democracia representativa, busca concederle, todos los días, más importancia a la participación ciudadana, le asignamos, desde el Gobierno, toda la importancia al control de opinión. El control de opinión que finalmente es el control que va a caracterizar en el desarrollo, presente y futuro, al Estado de Derecho”. Seis meses después el esperpento se había mencionado en 103 discursos, documentos y entrevistas oficiales, y Fabio Valencia, ministro del interior, ahora decía que al gobierno sí le interesaba el articulito.

Chávez logró su objetivo y a Uribe lo atajó la Corte Constitucional que hoy califica como burocracia judicial que ayuda a derrocar el Estado de Derecho.

Según la encuesta Datexco de abril pasado Uribe tiene un 38% de opinión favorable. Los días de los aplausos generalizados como jinete de ocasión han pasado. Pero ha comenzado a invocar de nuevo el “estado de opinión”. Un mandadero periodista tiene las planillas para convocar un referendo contra la justicia transicional y las cortes. Ahí están las dos obsesiones del senador: la justicia especial derivada del acuerdo con las Farc y la sentencia sobre dosis mínima. Uribe siente que esas dos banderas, “y el clima de descontento ciudadano que se está creando”, pueden volver a situarlo en el pedestal de la opinión. Busca dos salvavidas y una aguja para chuzar la “delicadeza” de su pupilo. Clama y languidece.  

Fallos de criterio

Hace 25 años, luego de la sentencia sobre dosis mínima dictada por la Corte Constitucional, surgió una reacción de rechazo casi unánime por parte de políticos y medios de comunicación. Indignación y pánico podrían ser las palabras para definir la forma cómo se recibió el fallo en ese momento. El presidente Gaviria, cerca al final de su mandato, habló de la necesidad de una Consulta Popular que limitara el artículo 16 de la Constitución. Carlos Lemos Simmonds, quien sería vicepresidente de Samper, soltó la frase que hoy habría sido un éxito en redes sociales: “Presumo que algunos necesitarán muchos gramos de mariguana, cocaína o bazuco para desarrollar su personalidad”.

Ahí está, creo, el primer equívoco que se ha mantenido durante más de dos décadas. Para muchos, el “libre desarrollo de la personalidad” es apenas la posibilidad de ejercer la mesura, la decencia y la cautela. Ese desarrollo es visto como un proceso de crecimiento personal, como el logro de unas metas sociales. Pero resulta que los individuos tienen derecho a lo que algunos llaman extravíos, y pueden decidir contra la ruta de las mayorías e incluso contra sí mismos. Nadie está obligado a ser ejemplo de virtud y sobriedad.

La segunda confusión que se mantiene es la imposibilidad de separar a consumidores y adictos. Viciosos es el término que los agrupa a los dos con mucho de desprecio. Una mirada que recuerda las notificaciones de los grupos de limpieza social. Hace 100 años en Estados Unidos estaba en boga la necesidad del “aislamiento y la cuarentena para quienes consumían habitualmente drogas narcóticas”. La drogadicción como una especie de contagio muy cercano a las enfermedades venéreas. Para algunos era otra “amenaza secreta” que debía ser extirpada y destruida. Algo parecido vemos hoy con el pavor a que los menores puedan ver a alguien consumiendo. La estrategia parece ser esconder cualquier referencia a las drogas, negar un mercado cada vez más omnipresente, dejar toda la información en manos de los jíbaros.

En la Unión Europea el 20% de los jóvenes entre los 15 y los 24 años fumó marihuana en el último año. Y el estudio de consumo entregado la semana pasada habla de la “uberización” del tráfico en las ciudades. Ahora no se necesita salir a los parques o las esquinas para “mercar”. En Estados Unidos el 35% de los estudiantes del grado 12 fumó hierba en el último año. Y el gran debate electoral de hoy en Gran Bretaña surgió porque 7 de los 11 candidatos conservadores reconocieron haber consumido drogas ilegales. Es imposible proteger a los menores de las drogas escondiendo su existencia.

Pero tal vez el peor punto de nuestro debate sea la manera como se ignoran las evidencias sobre el consumo de menores en Colombia. Lo importante es vender la idea de una epidemia con el rostro ceñudo. Según el Estudio Nacional de Consumo en Población Escolar realizado en 2016, los crecimientos en los últimos 5 años son marginales. Los estudiantes, entre séptimo y once, que han probado alguna vez marihuana, cocaína, éxtasis o Popper pasaron del 12% al 13.4%. Incluso hay una reducción entre quienes consumieron en el último año. Por otra parte, el consumo de las sustancias a las que están más expuestos, alcohol y cigarrillo, se redujo de manera considerable. Tal vez las políticas de prevención pueden más que el prejuicio y el temor.

El último despiste tiene que ver con el reciente fallo. La policía conserva la potestad de perseguir la venta en espacio público y las autoridades locales pueden entrar a imponer reglas y restricciones. El fallo no es una invitación al consumo sino a lograr acuerdos de convivencia más allá de una prohibición general. Nunca sobra una restricción al libre desarrollo de la arbitrariedad en aras de acuerdos sociales más cuidadosos y menos rabiosos. 

Justicia a secas

La escena sucedió en diciembre de 2017, en el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY), en La Haya, ciudad severa y misericordiosa, sede de tribunales especiales y de togados de cientos de países, escenario de columnas sólidas y balanzas precisas. Un hombre oye su condena de pie, con su traje de corbata y unos audífonos que traducen la sentencia a su idioma. Mira al frente con el ceño rígido mientras el magistrado lee el fallo con voz monótona, como si prescribiera una receta para una enfermedad común. Luego del veredicto el ambiente formal y silencioso del tribunal, donde cada cual guarda una compostura casi sagrada, se ve sacudido por un grito y un extraño acto de histrionismo: “Slobodan Praljak no es un criminal de guerra, rechazo el veredicto”, inclina su cabeza hacia atrás y con su mano derecha se toma el veneno de un pequeño frasco, con ímpetu, con furia y determinación. El magistrado, todavía sereno, le da la orden de detenerse y sentarse, pero su cuerpo ya solo obedece al dictado del veneno. Sus abogados lo miran con curiosidad, el magistrado se queda unos segundos paralizado, con la boca abierta, como si fuera un espectador en una obra de teatro a la que fue invitado a última hora. Luego intenta seguir con el fallo a otros acusados. Pero ya todo es revuelo, ahora los magistrados auxiliares corren y hacen de médicos improvisados mientras el condenado se retuerce en el suelo, ya los defensores hablan en otro idioma y advierten que el el hombre ha dicho que bebió un veneno mortal. El juez ni siquiera logra terminar la frase con la que intenta suspender el juicio.

El suicidio de Praljak, escritor y director de cine y teatro, filósofo y general de las tropas bosniocroatas durante la guerra que desintegró a Yugoslavia, recuerda una frase cruenta de El mercader de Venecia: “(…) pues ya que reclamas justicia tendrás justicia, más de la que quisieras.” La condena a veinte años se convirtió en pena de muerte. Otros dos condenados por ese mismo tribunal murieron ahorcados en sus celdas de una forma más discreta. La frase de un juez en el drama de Shakespeare y las penas menguadas convertidas en penas de muerte, recuerdan el actual clima justiciero en Colombia. Desde muchas orillas se clama severidad, se grita firmeza, se mira a las celdas como única solución para el sosiego nacional. En El Mercader de Venecia un hombre reclama una libra de carne de su deudor, así lo dice su pagaré, no se le antoja recibir dinero a cambio, no está obligado a la misericordia. Quiere estricta justicia y respeto a las leyes de la ciudad. No le interesan los desagravios blandos. No quiere saber de las consecuencias de su derecho a esa libra de carne cercana al corazón, se impone la “tiranía del rencor”.

En Colombia solo un 20%, tal vez un poco menos, de los homicidios terminan con un condenado. Pero hay obligaciones que imponen el odio y la política. Hay acuerdos que no puede permitir la conciencia, “el instinto gobierna de tal modo nuestras pasiones que las lleva a decidir qué es lo que aman y lo que odian.” Se necesita un gesto de dolor, un veneno en la boca de los acusados, así sea más justicia de la deseada. Hay libras de carne que se han cobrado a cientos de excombatientes: es su cuota de sacrificio, dicen muchos con voz recia. Desdeñan las palabras en una historia hecha solo para la representación: “recuerda que en rigor de justicia ninguno de nosotros se salvaría: todos rezamos por misericordia y esta misma plegaria nos enseña a devolver los actos de misericordia.” Solo quieren hombres bajo la sombra. 

Policefalia

Un gobierno de dos cabezas es siempre una criatura monstruosa. Arremete o retrocede según los impulsos de cada una de sus testas. Se mueve siempre con recelo frente a su inevitable compañía, las dudas se convierten en su única guía y los secretos en su tesoro más importante. Las cosas se complican aún más cuando una de las cabezas ha sido coronada y exhibe la soberbia como su más grande virtud. Mientras la cabeza que dice llevar el mando, o al menos tiene la insignia del principal, está acostumbrada a agacharse e incluso a buscar refugio en la caverna del cuello a la manera de las tortugas en peligro. Ese espécimen bicéfalo acaba cada día fatigado y en el mismo lugar, y sus luchas son casi siempre contra sí mismo.

El gobierno del presidente Duque sufre de esta triste anomalía. Las pruebas se repiten semana a semana. Pueden ser simples anécdotas que golpean el ego de la cabeza más frágil. Por ejemplo, sus amigos y compañeros olvidan su nombre y llaman al exótico organismo solo por el apelativo de la testa coronada. Ha pasado con múltiples ministros y con la vicepresidenta que en ocasiones intenta sin éxito ser una tercera cabeza. Pero esos son problemas menores. Hasta el propio presidente ha resignado un discurso propio para entregar los recados y las saludes de la cabeza que lo acompaña y vigila.

Las grandes diferencias han surgido en los temas más graves. El 18 de febrero el presidente Duque dijo muy claro: “Yo no voy a entrar a controversias con la Corte Constitucional, tengo una preocupación, pero desafortunadamente esa preocupación no es objetable porque salió del texto.” Y agregó que era mejor tener Ley Estatutaria por la necesidad de contar con normas claras y alejar la incertidumbre. Veinte días después estaba firmando las seis objeciones por inconveniencia. Al regaño de su compañera regente se sumó la cabeza retorcida del Fiscal General y no quedó más que la obediencia. Un comunicado del Centro Democrático sirvió como gesto para premiar la segunda testuz: “Nos sentimos complacidos de que el presidente Duque esté cumpliendo con lo expresado en campaña”.

Uno de los episodios más tristes para la cabeza taciturna sucedió hace dos semanas. La decisión de la Justicia Especial sobre Santrich lo tomó desprevenido visitando una feria artesanal en Medellín. Le pusieron su chaqueta de aviador y lo mandaron rumbo a Bogotá a atender los problemas y los consejos. Hizo lo que pudo y viajó a Pasto para reunirse con alcaldes. Pero el Fiscal soltó la bomba de su renuncia y de nuevo vino la chaqueta y el regreso a la capital. Alguien debería contarle algunos futuros movimientos a una de las cabezas de gobierno. La idea no puede ser acumular millas.

Desde la orilla de su cabeza mentora vino la idea de la conmoción e incluso de una asamblea constituyente. Ahora la mollera del mandamás tenía el apoyo que se dicta desde el norte. Un avión de la DEA en Bogotá fue una de las cartas. La cabeza visible enfrentaba al tutor, al fiscal, al embajador y a su partido. Pero nos mostraron la foto de su equipo de gobierno tras un escritorio que era en verdad una pequeña trinchera.

La cabeza dominante dice que le gustan las “teorías atrevidas”, extradición por vía administrativa; y le parece “muy sugestiva” la idea de una constituyente. Se trata de debilitar al ahijado para que acate los mandatos con mayor rapidez. Además mientras el gobierno niega errores y se enconcha en el caso de las órdenes militares, la cabeza altiva sale a reconocerlos sin temor. Muy pronto queda claro que esa doble crisma terminará en un cisma.

Entre la coca y la pared

Por Yuly Artunduaga, lideresa de la Coordinadora de Mujeres andinoamazónicas e integrante de la Instancia Especial de Mujeres establecida en el Acuerdo Final de Paz.

Cuando tuvieron lugar las marchas cocaleras de julio de 1996, aquí, en Putumayo, yo era muy niña. Tendría unos siete años, pero recuerdo que veíamos con respeto y admiración a esos hombres y mujeres cultivadores que llegaron a marchar desde selva adentro. Le pedían al Gobierno de entonces, el de Ernesto Samper, que detuviera las fumigaciones con glifosato e invirtiera para que ellos pudieran sustituir gradualmente los cultivos de coca.

Mientras marchaban, esos compañeros fueron atacados por la fuerza pública y  perseguidos. Tenemos videos que muestran cómo lanzaron granadas contra sus campamentos en Orito, y hoy contamos a muchas mujeres que quedaron viudas porque sus maridos fueron asesinados en la protesta.

Hago parte del proceso de coordinacion de mujeres andino-amazónicas del Putumayo, Baja Bota Caucana, y Jardines de Sucumbíos. En el 2014, mientras se desarrollaban los diálogos de paz en La Habana, logramos avanzar en una concertación con el Gobierno para la creación de un programa de sustitución. Las mujeres decidimos empezar a poner la voz para esta construcción, hasta que logramos la vocería para incluir nuestras propuestas para la solución de la problemática social cocalera.

En el ambiente en el que me muevo, el soporte económico de las mujeres rurales es la coca. Aquí es natural que esa sea la única alternativa. Mientras tanto, ellas tienen unas necesidades particulares en un territorio donde la única presencia del Estado han sido las FF.AA.

Pero en medio de esta lucha hemos sido señaladas. Hace apenas dos semanas, el esposo de una compañera fue asesinado en el ejercicio de su liderazgo, y a ella tuvimos que sacarla del departamento porque amenazaron con hacerle lo mismo. En esta región hay una reconfiguración de nuevos grupos armados que se oponen a los avances del programa de sustitución y a las confianzas que hemos tejido para construir paz. Justamente esos dos compañeros, cuyos nombres prefiero no mencionar por seguridad, estaban muy comprometidos con el programa en un municipio cercano a la frontera con Ecuador, y habían insistido en no avanzar en la resiembra.

Sin embargo, esta lucha se vuelve difícil cuando llevamos casi dos años de la firma del Acuerdo y muchos campesinos aún no tienen proyectos productivos o solo han recibido tres pagos de los que el Gobierno prometió para su manutención mientras se hacía el cambio a otros cultivos.

En las comunidades nos enfrentamos a que los grupos armados digan que, por nuestro liderazgo, vendimos al campesinado, que el Gobierno nos pagó para que los cocaleros levantaran las matas. Eso ha puesto en un riesgo muy grande a hombres y mujeres que buscamos alternativas a la economía cocalera.

Me pregunto con mi compañero: si te llegara a pasar algo, todos sabemos qué es lo que pasa. Las autoridades conocen, las comunidades sabemos, pero nadie hace nada, y por tanto atreverse a denunciar es muy complicado. Mi amiga sabe quién asesinó a su esposo, pero la están buscando, es una lideresa. Ante reconfiguración del narcotráfico las autoridades siguen siendo cómplices.

Los líderes campesinos empeñamos nuestra palabra en el Putumayo, confiamos en que las condiciones de la sustitución se iban a dar, pero hoy el Gobierno se escuda diciendo que hay resiembra, y la hay, pero no de parte de los pequeños campesinos, sino de fuerzas oscuras que siembran, no una, sino hasta 15 hectáreas de coca.

Estamos entre la coca y la pared. Por defender la paz y la sustitución de cultivos amenazamos intereses económicos muy grandes en nuestro territorio, y ahora, cuando asesinan a nuestros compañeros y llegan tipos extraños a vigilar nuestras casas, ¿quién nos defiende? En esta región hay fuerzas oscuras que andan campantes, pero nadie se atreve a hacer nada. Hacer una denuncia pública y directa significaría la lápida para nosotros los dirigentes.

*El espacio de esta columna fue cedido a la líder Yuly Artunduaga en el marco de la campaña #UnLíderEnMiLugar

Nixon en Caracas

En mayo de 1958 un escuadrón naval de la Cuarta Flota del Pacífico de Estados Unidos zarpó hacia las costas de Venezuela. No era un ejercicio conjunto entre dos países aliados ni una maniobra intimidatoria contra un gobierno hostil. Se trataba de una medida urgente del presidente Eisenhower ante la posible necesidad de evacuar de emergencia al vicepresidente Richard Nixon, quien se encontraba de visita oficial en Caracas. Al parecer los doce hombres del servicio secreto que lo acompañaban no serían suficientes para cubrirlo de la creciente horda antiyanqui entre el aeropuerto de Maiquetía y el Panteón Nacional. “Fuera Nixon”, decía la pancarta de bienvenida en el aeropuerto. Hacía apenas dos años los futuros padres de Marco Rubio habían llegado a la Florida desde Cuba.

Nixon abordó afanado su Cadillac 63-CD en compañía de su esposa Pat luego de una lluvia de escupitajos a manera de bautizo. Venía de Bogotá para cumplir la última escala de su gira de 18 días por Suramérica que había tenido silbatinas y pequeñas grescas en Montevideo y Lima. En Colombia todo fueron aplausos para el honroso visitante que fue recibido por la Junta Militar de gobierno y por Alberto Lleras Camargo como el presidente electo. Tanto que su paseo desde el aeropuerto de Techo hasta el centro de la ciudad se hizo en un convertible gris perla.

En Caracas las cosas se pusieron difíciles camino al Panteón a dejar las flores en la tumba del Libertador. La caravana fue rodeada por manifestantes, las banderas protocolarias de los dos países que adornaban el Cadillac fueron destruidas y los escupitajos fueron reemplazados por piedras. Patadas contra las puertas, insultos, los clásicos tomates y la turba que intentaba voltear el carro. Nixon y la segunda dama terminaron con una colección de vidrios como piedras no tan preciosas sobre sus rodillas y fue necesario buscar refugio en la embajada, ubicada en el barrio La Florida para mejores señas. Esa misma tarde le dijo al presidente por teléfono que el único herido había sido su traje. Y años después escribiría en sus memorias: “Me puse prácticamente enfermo al ver la furia en los ojos de los adolescentes, que eran poco mayores que mi hija de doce años”.

Estados Unidos no tenía en ese momento el afán democrático que luce hoy bajo el liderazgo mesurado y republicano de Donald Trump. Nixon había visitado al dictador Stroessner en Paraguay elogiándolo como un luchador anticomunista. Pero eso no fue lo que encendió la furia contra el vicepresidente. Hacía apenas seis meses que el gobierno de Eisenhower había condecorado al tambaleante dictador Marcos Pérez Jiménez en la X Conferencia Interamericana en Caracas. El pergamino que acompañaba la medalla oficial lo calificaba como “el Presidente ideal para América Latina”. Dos semanas después del homenaje, el depuesto dictador estaba exilado en Miami en compañía de Pedro Estrada, jefe de su policía secreta. Algo así como el temido SEBIN de Maduro.

En el diario El Nacional, dirigido por Miguel Ángel Capriles, tío del actual opositor Henrique Capriles, retrataba muy bien el sentimiento de la época en las calles: “Esos jóvenes que hoy manifestaron contra Mr. Nixon tienen fresca en la memoria la Condecoración de la orden del Mérito en su más alto grado, otorgada a Pérez Jiménez cuando centenares de ellos estaban en las mazmorras de la Dictadura; y los elogios de Mr. Foster Dulles a su ‘sana política económica’, que no era sino el saqueo y el desorden administrativos más caudalosos de la Historia venezolana”.

Cuando se mira tanto hacia el Norte, siempre es necesario mirar un poco hacia atrás.