Morir joven

Nuestras ciudades viven desde hace décadas una guerra absurda y caótica entre jóvenes. Miles de pelaos con realidades paralelas terminan siendo víctimas o victimarios por razones que se confunden con azares. El barrio donde crecieron, la cercanía con la esquina donde parcha un combo, la necesidad de probar finura o el recelo entre dos duros pueden pararlos en los extremos de un duelo a muerte del que casi siempre resultan dos perdedores. Según un estudio publicado el año pasado por el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia de Medellín (SISC), en la ciudad fueron asesinados 57.385 jóvenes entre los 14 y los 28 años en las últimas tres décadas. El 56% del total de homicidios en la ciudad tienen cómo víctima a un joven en ese rango de edad. Y si tuviéramos la posibilidad de conocer a los victimarios, muy seguramente un porcentaje igual o mayor estarían en la lista.

“Nací como muchos otros no soy el único / en medio de disparos de revólver y fusil en medio de regueros de sangre. / Oh san sangre / que te acabaste de coronar de santidad en el siglo veinte / Me enseñó desde pelado la vida como es la vida”. Los versos son de Helí Ramírez, poeta del barrio Castilla que contó la calle y sus caídas como nadie lo ha hecho hasta ahora. No muchas veces se hacen esfuerzos desde las entidades del Estado para entender esa guerra no declarada, esa lucha por rentas menores, estatus y defensa del barrio que deja miles de muertos cada año. El testimonio de cincuenta menores de dieciocho años que han ejercido violencia homicida sirve como marco al estudio mencionado, una búsqueda de las motivaciones y los factores de riesgo de la violencia homicida contra jóvenes en la ciudad.

Lo primero es que rara vez se habla de reclutamiento forzado para entrar a los combos en los barrios. La lógica se da una manera más sutil. El consumo y la venta de drogas sigue siendo una de las clásicas formas de enganche. Niños que comienzan su consumo antes de los 12 años se hacen cercanos a la dinámica de las ollas y muy pronto son los “cachorros” del parche. No es difícil pasar de cliente habitual a jíbaro de oficio. La deserción escolar es otra decisión que impone nuevas lógicas, rompe con el mundo infantil e impone los retos de los adultos a una edad en la que es imposible el criterio para medir riesgos. Niños que desde los 14 años logran su independencia económica apoyados en los combos. El salón de clases es casi siempre un mundo que genera desconfianza y algo de respeto al bandidaje. Los sentimientos de rabia y venganza que genera la violencia ejercida contra la familia es otro de los impulsos claves a la escena de la ilegalidad. Las “vueltas” en el círculo familiar también entregan la posibilidad de entender muy pronto esas dinámicas, estar cerca a las armas y elegir referentes que patronean, que son los “señores” en el barrio. La tolerancia social a los grupos ilegales (hay comunas en Medellín en que el 30% de la gente dice acudir a los combos para resolver conflictos) también hace más sencilla la incorporación de los jóvenes. Los jóvenes “regentes” son vistos con simpatía y respeto, como portadores de un liderazgo social y un orden necesario. Las fronteras invisibles también hacen que los jóvenes tengan una muy limitada movilidad y conocimiento de ambientes distintos. Ese “encierro” empuja muchas veces a una defensa desproporcionada de su entorno. Además, en esa vida que muchas veces se restringe a la relación con su combo, pequeños malentendidos adquieren una dimensión de vida o muerte.

Muchas veces, más que cámaras de seguridad, se necesita una mirada atenta a los entornos juveniles.

Redes en furor

Hemos pasado de la indignación por los hechos a la furia frente a las opiniones. Antes se rabiaba por la ineptitud de los funcionarios, la venalidad de los contratistas, el cinismo y la falta de coherencia de los candidatos, ahora se oyen las matracas y las cantaletas de clanes fascinados más por las ideas contrarias que por las propias. Parece que hoy se tienen más claras las discordias que las afinidades, se piensa por reacción, se practica algo parecido a la filosofía de la represalia.

Esa permanente crispación frente a los decires ajenos es también una dolencia asociada a la solemnidad. Parece que tomamos demasiado en serio el parloteo insomne de las redes, las noticias y la prensa. Bien vendría darle una mirada a los bien conservados Ensayos de Montaigne, ensayos también en el sentido de ser simples intentos, ejercicios muchas veces predestinados al error. Era esa una de las virtudes del primer hombre moderno, según algunos de sus admiradores. Tener sus pensamientos por provisionales, llenar sus páginas de expresiones como “quizá”, “hasta cierto punto”, “creo”, “me parece”, palabras que “suavizan y moderan la aspereza de nuestras proposiciones”.

Tal vez la frase más inquietante de Montaigne para los lectores de estos días sea esta declaración sin principios: “Ninguna propuesta me asombra, ninguna creencia me ofende, por mucho contraste que ofrezca con las mías propias”. Hoy parece una renuncia inaceptable, un vacío de razones, un abandono simple y llano. Montaigne hablaba sobre todo de las opiniones y reflexiones filosóficas, ese era el centro de sus intereses y sus conocimientos, pero por supuesto hablaba también de inquietudes políticas e inclinaciones religiosas. Ahora nuestras pugnas son sobre todo electorales, ni siquiera fundamentalmente políticas o ideológicas, hemos permitido que el más vulgar de los escenarios cope toda la atención.

Montaigne sentía fascinación por el sentimiento de la extrañeza, visitaba los “monstruos” de la época, personas con malformaciones, para intentar encontrar un sentido humano distinto, para conocer criaturas por fuera de las categorías conocidas. Pero siempre descubría la misma humanidad y terminaba aceptando que la rareza más grande e incomprensible estaba encerrada en su cuerpo, se sorprendía de sus cambios de opinión y de la fragilidad de sus estados de ánimo: “Mi pie es tan inestable e inseguro, me encuentro tan vacilante y dispuesto a resbalar, y mi vista es tan poco fiable, que en ayunas me siento otro hombre que después de comer. Si me sonríe mi salud y la luz de un precioso día, soy un hombre estupendo; si tengo un callo que me duele en el dedo del pie, soy hosco, desagradable e inaccesible”.

Buena parte de nuestras controversias se han convertido en una competencia de descalificaciones, unos pleitos que se alimentan más de la bilis que de la burla. Batallas que buscan golpes de desprestigio. Montaigne destacaba los peligros de un concepto de la época que justificaba la brutalidad en la guerra, el “furor” de los combatientes hacía normal que no se contuvieran y que la piedad pudiera ser olvidada. Ese mismo “furor” hace olvidar hoy toda obligación de compostura y valoración de ideas en el debate de nuestras coyunturas.

El poeta irlandés Thomas Moore escribió una especie de oración al sereno escepticismo que puede servir como un pantallazo obligado antes de entrar al tinglado de las redes sociales: “Cuando pasan las olas del error / qué dulce es alcanzar al fin tu puerto tranquilo, / y suavemente balanceado por la duda ondulante / sonreír a los tenaces vientos que guerrean afuera”

Secretarías y dependencias

El juego es sencillo, un camuflaje sin mucho esfuerzo, un delantal blanco recién lavado para ocultar los regueros partidistas que desde hace tiempo destiñen y manchan. El delantal está marcado como Grupo Significativo de Ciudadanos y sirve para que los políticos de oficio se presenten como políticos de ocasión por medio de un arrume de planillas firmadas. Cambian entonces el logo del partido o los partidos, que pasan a ser unos avisos en la espalda, por el calificativo de independientes o alternativos.

Antioquia tuvo el mayor número de candidatos por firmas en las pasadas elecciones de octubre. Pero en Colombia los candidatos vergonzantes de sus orígenes políticos has venido creciendo. El año pasado se inscribieron 91 aspirantes por firmas para alcaldías de capitales y gobernaciones. Casi dos terceras partes de ellos terminaron en alianzas con partidos tradicionales. Y desde 2011 hasta 2019 el crecimiento de este tipo de candidaturas alcanzó el 488%.

Los ganadores en alcaldía de Medellín y gobernación de Antioquia se presentaron con firmas aunque tenían detrás sonoras coaliciones partidistas. En el caso de Aníbal Gaviria era más una estrategia para acomodar un variopinto tropel de partidos sin mostrar una preferencia marcada. Era imposible para Gaviria ser independiente luego de haber participado con bandera roja en múltiples elecciones y cargos públicos. Para Daniel Quintero, en cambio, fue un parapeto perfecto en una ciudad que abandona cada vez más el voto amarrado y en un ambiente que alentaba a votar independiente. Quintero ha hecho toda su carrera al lado de partidos y políticos variados. Fue candidato al concejo de Medellín por el partido conservador en el 2007. Luego impulsó la candidatura de su hermano a la misma corporación en 2011 por el Partido Verde apoyando a la dupla Aníbal Gaviria y Sergio Fajardo. Más tarde aspiró a la Cámara en Bogotá por el partido Liberal y terminó trabajando en el gobierno de Juan Manuel Santos. Algunos dicen que en todo el recorrido también tocó las puertas de Cambio Radical y La U.

Ahora, la designación de algunos miembros de su gabinete muestra filiaciones, coaliciones y obligaciones del candidato independiente y el alcalde de partidos. Esas relaciones no descalifican a los recién nombrados, por supuesto, pero sí dejan claro que hubo firmas de la política pura y dura más allá de las planillas. Una corta lista a mano alzada.

Empecemos por la secretaria de Infraestructura, Natalia Urrego Arias, hermana de la esposa de León Mario Bedoya, ex alcalde de Itagüí con el respaldo del senador conservador Carlos Andrés Trujillo. Ese grupo completará 12 años de reinado en el municipio y con apoyo de liberales y Cambio Radical han ganado las alcaldías con cerca del 50% de los votos.

El secretario de hacienda, Óscar de Jesús Hurtado, ha sido dos veces representante a la cámara por el partido Liberal. Lleva 16 años dedicado al juego electoral con 4 candidaturas consecutivas a la cámara por Antioquia, dos quemadas y dos periodos. Apoyó a Humberto de la Calle en la primera vuelta y a Gustavo Petro en la segunda.  

Alejandro Arias García, el secretario de gestión territorial, fue candidato quemado al Concejo en el 2012 de la mano de Gabriel Jaime Rico y fue coordinador de su equipo universitario hace unos años. Rico vuelve por interpuesta persona a La Alpujarra, su Plaza Mayor.

El candidato de Daniel Quintero al Área Metropolitana, tal vez el segundo cargo más importante en el Valle de Aburrá, es Juan David Palacio. Un joven cuya gran experiencia pública es haber sido secretario del Concejo de Medellín a los 25 años impulsado por el entonces concejal Miguel Quintero, hermano del actual alcalde. Antes había gerenciado Transportes La Estrella. Juan David es hijo del político Conservador Oscar Iván Palacio, curtido en las lides de la burocracia y los directorios donde ha trabajado con Andrés Pastrana, Álvaro Uribe. Pedro Juan Moreno, Jorge Hernández…

La secretaria de salud, Jennifer Andree Uribe, trabajó en la Unidad de Apoyo del concejal Miguel Quintero y en el ministerio de las TIC con el actual alcalde cando era viceministro. Ha sido cercana a los procesos políticos en el municipio de La Estrella. La política partidista del actual alcalde tiene buenas rachas desde los municipios del sur del Valle de Aburrá.

La directora del Inder, Diana Paola Toro, tiene el perfil para el cargo, y tiene además la recomendación de Jhony Jaramillo quién ha trabajado con los liberales, fue gerente de la campaña del Centro Democrático al Concejo de Medellín en 2015 y candidato a la Cámara quemado por el partido de la U en 2018.

Veremos pues algunos enfrentamientos de visiones e intereses en un gabinete con peso político en las posiciones con más presupuesto e influencia, y con un intento de balance independiente en secretarías con grandes expectativas en sectores alternativos. Las tensiones de siempre entre una parte de los votos y unas líneas del discurso.

Cementerios de pueblo

Hace unos años elegí el cementerio de Necoclí, en Urabá, para los atardeceres de una semana de vacaciones. Eran las tierras de ‘El Alemán’ y las noticias sobre el dominio paramilitar le daban un aire macabro al ángel blanco del portón adornado por las flores de un curazao. Recuerdo al sepulturero volcado sobre una de las tumbas, desordenando los huesos. Metía la mitad de su cuerpo en la oscuridad del agujero en el muro, usando sus manos para sacar los restos. Los ataúdes que daban contra el mar comenzaban a ser visitados por las mareas altas. Las olas habían socavado el barranco que elevaba el cementerio sobre la playa y los cráneos ya se asomaban sobre la madera dura de los ataúdes.  

Estaba a la vista “el corral de muertos, entre pobres tapias” que describe Unamuno. Pero era solo la primera vista. Ya sabemos lo que esconden nuestros cementerios de pueblo. Lo que saben los sepultureros. La noticia sobre los cuerpos en Dabeiba solo sirve para recordar que durante años muchas muertes solo quedaron en los registros de permisos y felicitaciones de los militares. El Estado no lograba ni siquiera las huellas dactilares de quienes eran asesinados en un supuesto combate. Cadáveres anónimos trocados por medallas. Se llevaba un mejor registro de los repuestos de los camiones militares que de las bajas.

Una investigación hecha hace cinco años por el Centro Nacional de Memoria Histórica deja una cifra impresionante e infame sobre los cementerios de los pueblos. En 2010 la Fiscalía realizó un censo sobre los cadáveres sin identificar en los cementerios del país. Solo 454 se atrevieron a verificar cruces y nombres. Sumaron 20.525 personas sin nombre enterradas. Historias muy difíciles de reconstruir en medio de violencias que mutan y mudan de década en década. Eso sin contar las víctimas escondidas bajo de las tumbas oficiales, las que tienen aunque sea una fecha trazada con el palustre sobre el cemento fresco.

Dabeiba sufrió entre 2002 y 2005 cinco operaciones militares que pretendían diezmar los cinco frentes de las Farc que operaban en el Cañón de la Llorona: Monasterio, Aniquilador, Jeremías, Emblema y Fénix. Crecieron los bombardeos, los combates y la presencia de los Paras. El mismo ‘Alemán’ que fue protagonista en Necoclí, llegó a dirigir la llegada del Bloque Elmer Cárdenas. Las alertas de la Defensoría en 2004 dejaban muy claro lo que pasaba en ese municipio con cuatro batallones activos y un cementerio: “…la población de la zona empezó a ser objeto de homicidios selectivos, desapariciones, señalamientos, bloqueo económico, saqueos y masacres”.

Pero además de ser el centro de los combates y los señalamientos contra civiles, los municipios más acorralados del país se convirtieron en escenario perfecto para ejecuciones de jóvenes de las ciudades. Cuando los combates no dejaban bajas suficientes y los civiles de las veredas ya había sido muy “visitados”, los militares usaban los pueblos bravos como polígono y fosa seguras para marginales que caminaban las calles de las capitales.

La JEP comienza a entregar coordenadas y procedimientos cruentos de los militares que mataban, disfrazaban, reseñaban, enterraban y se felicitaban. No sobra decir, para que lo sepan los justicieros de gobierno y el Centro Democrático, que el 95% de los militares que estaban en las cárceles están en libertad condicionada, transitoria y anticipada luego de acogerse a la Justicia Especial. Habrá versiones de más de dos mil militares y se removerá la tierra de los cementerios de pueblo.

Plomo sí hay

Tres recientes muertes de civiles atribuibles a miembros de la Fuerza Pública han alentado un saludable escrutinio sobre las actuaciones de militares y policías en el país. Dilan Cruz por un disparo realizado por un capitán del ESMAD con un arma “no letal”, Dimar Torres asesinado a quema ropa por un cabo del ejército y Flower Trompeta muerto por dos disparos por la espalda en un operativo militar todavía en investigación. La alerta es importante por los antecedentes de falsos positivos, y porque Colombia tiene unas cifras relativamente bajas de muertes de civiles a manos de uniformados cuando se compara con otros países del continente.

Lo que ha pasado este año en el estado de Río de Janeiro demuestra que un discurso que privilegia la seguridad sobre la vida, sumado a la impunidad asegurada para policías y militares y a territorios con el estigma de la criminalidad puede llevar a una masacre con armas del Estado y visos legales. Entre enero y noviembre de este año han muerto bajo el fuego de policías y militares 1.424 civiles en el estado de Rio. Eso es casi el triple del total de homicidios que tendrá Medellín al terminar el 2019. Las palabras del gobernador Willson Witwel, un exjuez elegido en octubre de 2018, dejaron muy claro el mensaje durante la campaña: “La policía hará lo correcto, apunten a sus cabecitas y disparen, así no habrá ningún error”.

El error más visible ocurrió en septiembre pasado. La muerte de Ágatha Félix, una niña de ocho años, por un disparo de militares en las favelas Alemão. En los primeros ocho meses de 2019 otros quince menores de doce años han sido heridos, y 43 adolescentes entre doce y dieciocho murieron por los disparos oficiales. Al menos una tercera parte de las muertes violentas en el estado de Río suceden en procedimientos de policías y militares. El 95% de los procesos penales terminan archivados. La policía civil se encarga de las investigaciones. El presidente Bolsonaro ha dado su apoyo al gobernador y a los uniformados con una frase bien armada: “Un policía que no mata, no es un policía”. Este año la policía ejerce más que nunca y las muertes de civiles bajo su mano han crecido 23%.

Pero no es un asunto de un régimen de derecha que raya con el fascismo. Lo que pasa en Venezuela en el momento de mayor degradación del régimen bolivariano es aún peor. Entregar la seguridad de las ciudades a militares, señalar territorios como objetivos de guerra (como se hizo en la Operación Orión en Medellín) trae serias consecuencias. En Venezuela el número absoluto de civiles muertos por miembros de la policía o el ejército es mayor que el de Brasil, teniendo en cuenta que tiene una población siete veces menor. El 25% del total de homicidios cometidos en Venezuela tienen como victimario a un agente estatal. Sin contar lo que pasa con los colectivos y milicias gubernamentales que actúan de manera encubierta. Los datos están claros en un estudio de la organización Open Democracy llamado Uso de la fuerza letal en América Latina: una siniestra prioridad política.

En Colombia el 1.5% de las muertes violentas son cometidas por miembros de la Fuerza Pública. Cifras por debajo de las de Venezuela, Brasil, México y El Salvador que mide el estudio mencionado. En Medellín, por ejemplo, este año se suman diez muertes violentas a manos de la policía. Solo en la favela Cidade de Deus en Río los muertos a noviembre suman 27. Es clave que Colombia ponga ojos suficientes sobre la pólvora oficial y mire con recelo los discursos que justifican la muerte hablando de seguridad.

Reducción del daño

Hace seis meses comenzó en Medellín una súbita reducción en los casos de homicidio. En un pequeño lapso tuvimos el mes más violento en los últimos cinco años y el mes más “tranquilo” en los últimos dos años y medio. Al comenzar junio el aumento de homicidios con respecto a 2018 era cercano al 35% y al terminar noviembre tenemos una reducción del 5%. En los últimos seis meses, entre junio y noviembre, se han presentado 77 homicidios menos que en el mismo lapso del año pasado. Un corte semejante, tan preciso en el tiempo, como si se tratara del inicio de una nueva temporada, hace inevitable que se piense en un acuerdo entre estructuras ilegales en el Valle de Aburra.

Entre periodistas e investigadores ya ha comenzado a mencionarse una supuesta reunión en La Picota, en Bogotá, dada el primero de junio, en la que hombres de los grandes bandos acordaron buscar un poco de orden, respetar territorios y rentas, evitar calenturas mayores. El peligro de que las luchas en Bello se regaran por todo el Valle hizo necesaria una “cumbre”. No hay noticias de la participación oficial pero alguien, al menos, tuvo que facilitar la sede.

La administración de Federico Gutiérrez acabó con su primer secretario de seguridad, Gustavo Villegas, en la cárcel con una condena por lo que la Fiscalía llamó “acuerdos siniestros” con un sector de la oficina. Pero luego de eso el discurso desde la alcaldía ha sido el de la guerra de frente contra líderes de las bandas. Las capturas y la percepción entre el hampa muestran que la pelea se ha dado más allá de las declaraciones oficiales. Resulta paradójico que un gobierno orgulloso de su postura de nulo contacto con los armados, pueda terminar su mandato con el 2019 como único año con reducción de homicidios gracias a un pacto entre “oficinas”.

“Hagan sus acuerdos, pero bien lejos y no me cuenten”, parece ser la política obligada para quienes llegan a la alcaldía de Medellín. Los picos de violencia en la ciudad hacen imposible negar que ambiciones y ajustes entre criminales signan los peores años; y treguas, repartijas y silencios marcan los días de relativa tranquilidad. La criminalidad sigue siendo la que decide los ciclos de la crónica roja. La Fiscalía por su parte se dedica a tramitar los principios de oportunidad y los casos por concierto para delinquir contra los cabecillas que vuelven a la calle a los cuatro o cinco años de la caída.

La pregunta importante en medio de ese cuadro que se repite, la cuestión moral y política, la encrucijada institucional es si vale la pena y si es posible un papel más activo y menos encubierto del Estado en esas inevitables negociaciones entre bandidos. Por supuesto no se trata de negociaciones con grupos que amenazan la primacía del Estado. Aquí es solo el pragmatismo y la posibilidad de “domesticar”, paso a paso, a delincuentes que imponen reglas sociales y se lucran de rentas ilegales ¿Podrían las administraciones municipales acompañadas de la fiscalía alentar esas negociaciones? ¿Sería lícito que el Estado fuera tras algo así como la “reducción del daño” en territorios que le han sido ajenos?

En 1990 el periódico El Mundo planteaba una posible negociación en un artículo titulado: “Plantean una solución al sicariato”. Se decía que doscientos sicarios estaban dispuestos a dejar el fierro y la moto. “Diálogo, desarme, amnistía o indulto no deben convertirse en temas tabú a la hora de impulsar un esfuerzo de reconciliación…”, decía la nota. ¿Valdrá la pena reconocer cierta impotencia de las administraciones y buscar un papel de intermediario?

Redes de miedo

Al final el miedo fue uno de los protagonistas. Logró que la gente se atrinchera con armas tan peligrosas como ridículas, que los medios amplificaran ataques falsos e inminentes, que la policía corriera tras las hordas imaginarias alimentadas por Twitter y WhatsApp. Miles de llamadas a los números de emergencia en Cali y Bogotá confirmaron el pánico colectivo. Las pesadillas sociales pueden ser tan ciertas como las de los niños que se desatan como un eco en un cuarto oscuro.

Las redes sociales se han convertido en una realidad en el bolsillo para exacerbar la política y privilegiar a los radicales. Los algoritmos enfocan a los extremos como una forma de mantener la atención de los usuarios. Pero no es solo un tema ideológico o partidista, también pueden inventar realidades callejeras, prender alarmas, generar inercias en las porterías de las unidades residenciales: “Nos estamos convirtiendo en seres mucho más emocionales y tribales en nuestras formas de identidad”, decía el año pasado Jamie Barlett, uno de los tantos analistas de esa inmensa tómbola de noticias y rumores dirigidos.

En Cali las autoridades hablaron de una “operación avispa” de desinformación que hacía correr a los policías de extremo a extremo tras las sombras que llegaban por redes. El testimonio de una ciudadana que cayó en la histeria colectiva del jueves describe la realidad una vez logró separarse un poco de la escena: “En la portería mi sorpresa fue enorme: hombres y mujeres estaban armados con cuchillos, bates, tubos y hasta espadas ninjas (…) Muchos blandían sus bates y tubos al aire, de un lado a otro, como si estuvieran descabezando un muñeco imaginario. Pero no había pruebas de que los vándalos existieran, solo había rumores e imágenes confusas de supuestas tomas y ataques”. El balance final fue claro: No se presentó ningún robo en viviendas y no hubo asalto a unidades cerradas. Esa verdad no impidió que Bogotá repitiera la ficción al día siguiente.

En la madrugada del sábado, alguien en Twitter (también por ahí pueden moverse lúcidas reflexiones) recordó un pasaje de La mala hora. En esa novela lluviosa en un pueblo costeño los pasquines en las paredes, los rumores que aparecen pegados en las puertas y desaparecen en la mañana, comienzan a generar recelos, animadversiones, amenazas. Son señalamientos de infidelidades, robos, viejas cobardías.

En la novela se discute si los pasquines son una estrategia organizada, si el autor es uno o son varios, si es hombre o mujer. “Nunca, desde que el mundo es mundo, se ha sabido quién pone los pasquines”, le responde el ayudante del juzgado al juez. Y las damas de la sociedad católica le piden acción al alcalde que desestima los pasquines llamándolos “papelitos”. Y el cura dice que es “terrorismo de orden moral”. Hasta que el alcalde decreta el toque de queda y organiza rondas civiles de vigilancia y ordena a la policía disparar a quienes estén en la calle luego de las ocho de la noche y no se detengan. Y comienza la cacería.

Cuando el alcalde les anuncia a dos jóvenes que deberán presentarse la noche como reservistas y recibir un fusil para hacer cumplir el toque de queda decretado por la proliferación de pasquines, el peluquero que los acompaña responde con tono de burla: “Más bien una escoba. Para cazar brujas, no hay mejor fusil que una escoba.”. Los mismos palos que alzaban los vecinos en las porterías en Cali y Bogotá.

Los mensajes en las redes son los nuevos pasquines, y no necesitan riesgos nocturnos ni engrudo, un botón es suficiente: “ENVIAR”.