Corrupción en flagrancia

 

La semana pasada llegó a mi correo electrónico una citación, por parte de la fiscal 112 local de Medellín, a una audiencia de conciliación en el marco de una denuncia penal por los delitos de injuria y calumnia. El denunciante es el alcalde Daniel Quintero Calle, quién cree que merezco una pena de prisión entre 16 y 72 meses, por un trino que publiqué en julio pasado y que dice, palabras más palabras menos, que el alcalde de Medellín es el farsante más grande que ha pasado por la ciudad y además de eso, corrupto. 

Una página es muy poco para ilustrar su farsa como funcionario y político y reseñar la deshonestidad de muchas de sus actuaciones. Pero espero sirva como un primer alegato frente a su denuncia.

Para saber que Quintero Calle es un farsante basta mirar la chapa del movimiento por el que fue elegido: Independientes. Quintero se ha vendido como un político soberano frente a los partidos tradicionales, muy a pesar de haber sido adolescente conservador, entusiasta impulsor de su hermano en el Partido Verde, joven liberal, donde le cargaba la maleta a David Luna, burócrata del gobierno del partido de La U y supuesta promesa nacional del Pacto Histórico. Pensemos bien y digamos que la política es dinámica y Quintero Calle logró hacerse independiente al volver a Medellín luego de ser ahijado del bipartidismo y otras especies. 

Pero resulta que aquí ha gobernado de la mano de clanes que representan la política más vieja y percudida. Desde su primer gabinete estuvo la gente de los conservadores Carlos Andrés Trujillo y Óscar Iván Palacio, y llegaron los puestos de Gabriel Jaime Rico y las cuotas de Héctor Londoño Restrepo, exalcalde liberal de Envigado. Pero esa era apenas la pruebita, Quintero ha hecho más de noventa cambios en su gabinete en solo tres años y ahí han llegado “recomendados” de Iván Darío Agudelo y los guiños para algunos necesitados del Centro Democrático, como Hernán Gómez Giraldo. Esto deja claro que Quintero Calle es una farsa como independiente y alternativo, un tapao que llaman.

Respecto al señalamiento de corrupto hay decenas de comportamientos y decisiones que confirman a Quintero Calle como un funcionario ajeno a la búsqueda del provecho público. Así define la RAE, en una de sus acepciones, la palabra corrupción: “En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores.”

Dejo entonces un pequeño listado de “travesuras” que encajan muy bien en esa definición: los contratos dudosos de los familiares de funcionarios de su administración, la entrega de dinero a medios de papel para que laven su imagen, los 20.000 millones pagados para montar una clínica donde, a pesar de las promesas, nunca funcionó una sola UCI, la manera cínica de violar la prohibición de participar en política, la forma como escondió información relevante a la junta de EPM que renunció en pleno, el abuso de autoridad con el que encerró con militares al barrio El Sinaí durante la pandemia, la entrega a políticos afines de contratos para la jardinería de la ciudad, el chanchullo que querían montar con la chatarrización, el uso incierto de los datos ciudadanos obtenidos en pandemia, el nombramiento de un gerente de EPM con falsedades en su hoja de vida, el intento de que el municipio comprara un lote de 48.000 millones para hacerle un favor a Luis Pérez, el descalabro en el Hospital General donde comen los contratistas y no los pacientes…

La corrupción, cuando es flagrante, cuando se exhibe con cinismo y soberbia, se nota a simple vista, y para señalarla no es necesaria una condena penal. De modo que para mí Quintero Calle conserva sus otros dos apellidos, farsante y corrupto. 

Arrepentimientos democráticos

 

Perú marcó el paso aunque con algo más de empeño y furia. Sin darse cuenta se ha convertido en una guía para América Latina cuando se habla de decisiones electorales, del rumbo de la ruleta presidencial. En los últimos siete años ha tenido cinco presidentes que han gobernado desde ideologías diversas, opuestas muchas veces. No se trata del péndulo de la democracia sino de un sismógrafo enloquecido por la frustración ciudadana. Los presidentes se queman más rápido que los técnicos del Alianza Lima. Pero no solo deben salir del poder sino que deben pasar del palacio al cadalso. Así ha sucedido con Fujimori, Toledo, García, Humala y Kuczynski. Todos han terminado acusados y detenidos por cargos varios. En Perú se trata de alternancia democrática, y de un poco de justicia penal y otro de venganza política.

Luego del triunfo de Lula el domingo pasado, comenzó a circular un dato inquietante. En las últimas dieciséis elecciones presidenciales, en América Latina, el partido en el poder ha sido derrotado en su intención de seguir gobernando, bien fuera por medio del presidente en ejercicio o de su heredero. Elecciones que van desde la que dejó a Duque como presidente de Colombia en 2018, hasta la que acaba de poner a Lula en su tercer periodo presidencial. Cuatro años seguidos de derrotas del oficialismo en países tan variados como El Salvador y Costa Rica, México y Chile, Argentina y Guatemala, Ecuador y Uruguay.

El ejercicio del poder, con su gracia de regalos burocráticos y presupuestales, con su capacidad de señalar y remover, se ha convertido en un lastre inevitable. Ahora todos los favores estatales son insuficientes y todos los programas son descalificados muy pronto, los candidatos generan grandes expectativas y en apenas meses se convierten en ineptos en el mejor de los casos y traidores en el peor. Boric lo ha sentido como ninguno, en tres meses de gobierno pasó del joven renovador al principiante desconcertado. En la última encuesta su aprobación llegó al 26% luego de comenzar con una imagen positiva por encima del 60%. También para Petro sonaron las alarmas hace quince días. Con dos meses en la Casa de Nariño, entiéndase en las tarimas como presidente, su desaprobación creció 20%. Una cosa es lucir la espada del Libertador y otra manejar el presupuesto y la carreta de los anuncios.

La alternancia democrática ha sido vista desde hace años como una virtud. Más en América Latina donde las dictaduras de facto o disfrazadas fueron plaga y siguen siendo amenaza. Una muestra de garantías para la oposición donde hemos salido relativamente bien librados. De las 150 elecciones celebradas desde 1978 en América Latina, elecciones donde el gobierno saliente tenía juego para revalidarse en el poder, la oposición ha ganado 87, un 58% que muestra que desde se puede llegar a ser partido de gobierno “jugando como visitante”. Pero ahora estamos en otro punto, en el momento donde los recién posicionados empiezan perdiendo y juegan con temor ante su afición, dónde las mayorías son una amenaza y el tiempo siempre un enemigo. Y si se quiere ir un poco más al norte, hay que decir que Trump lo sabe, y que las guerras de odio y mentiras que se viven en casi todas las democracias de hoy, sirven a esa especie de retractación ciudadana.

El diagnóstico lo hizo H. L. Mencken, periodista gringo de sátiras y verdades, hace más de ochenta años. “La democracia prueba una sucesión interminable de recursos misteriosos tal como una actriz de cina prueba una serie interminable de maridos, esperando contra toda esperanza encontrar uno que sea sobrio, acomodado, fiel y no demasiado vigilante”.

Lecciones del narco

 

El 11 de diciembre de 2006, el presidente de México, Felipe Calderón, declaró la guerra frontal contra el narcotráfico. El ejército fue enviado a las calles y el gobierno prometió proteger a los ciudadanos de la violencia criminal. Durante los primeros cuatro años de Calderón en el poder fueron detenidas más de 120.000 personas vinculadas con los diferentes carteles. Al frente de la estrategia contra la mafia estaba Genaro García Luna, quien fue el Secretario de Seguridad Pública durante el sexenio presidencial y era conocido como el “súper policía”. García Luna creó la Policía Federal y sus cifras le permitían, cada tanto, a Calderón decir que la guerra se estaba ganando. Pero la guerra se perdió en todos los frentes. Durante los seis años de gobierno fueron asesinadas más de 115.000 personas en crímenes relacionados con el narco. Uno de los principales cuerpos antimafia, el “incorruptible” Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (Gafes), se convirtió en un centro de entrenamiento para los ‘Zetas’, el principal grupo sicarial de los carteles. La lucha entre capos llegó a las más horrorosa ostentación de violencia y los temores ciudadanos se multiplicaron. Por último, Genaro García Luna fue detenido en Estados Unidos en 2019 acusado de recibir sobornos del Cartel de Sinaloa y colaborar con sus tareas.

El nueve de enero del próximo año comenzará el juicio contra García Luna ante una corte de distrito este de Nueva York. Se dice que recibió millones de dólares de la mano de Ismael ‘El Mayo’ Zambada y Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. La revista Forbes incluyó hace unos años a García Luna en la lista de los diez hombres más corruptos de México. Un honor que cuesta. Hasta hace unos días, la colaboración del exsecretario de Seguridad Pública al cartel de Sinaloa no era del todo clara a pesar de las 14.000 páginas de material probatorio que comenzarán a revelarse en 2023.

Esta semana la revista Proceso entregó un adelanto de la manera de trabajar del “súper policía”. La entrevista a un hombre de unos cuarenta años, único sobreviviente de un grupo llamado Unidad Especializada contra el Crimen Organizado, deja claro el papel del gobierno como aliado de uno de los carteles emergentes. La guerra contra el narco, como se le llamó en México, era en realidad la guerra contra un narco en particular, contra el cartel de los Arellano Félix. Lo novedoso de la historia es que demuestra que los narcos no solo pactan y buscan colaboración de poderes estatales y policías locales, como se ha dicho tantas veces en México, sino que lograron poner sus fichas en la dirección de la guerra en su contra.

Ese grupo policial encubierto, conformado por al menos treinta policías que actuaban de civil, trabajaba en silencio, torturando y asesinando narcos, para lograr una tarea específica: atacar y diezmar al grupo de los Arellano Félix en Tijuana para que el Cartel de Sinaloa se apoderara de la región. Una casa en Sinaloa les servía como cuartel de torturas, allí “interrogaron” a más de cien miembros de los Arellano Félix. Según su testimonio, dado desde Las Vegas, Nevada, los miembros de la agrupación policial eran amonestados y sancionados cuando capturaban a hombres de ‘El Chapo” o ‘El Mayo’. Los hombres recibían órdenes del Secretario de Seguridad Pública.

Está claro, y Colombia también es ejemplo evidente, de cómo el Estado es incapaz de convertir a los narcos o someter a los carteles, y cómo en cambio, los grandes capos logran que el Estado les sirva como aliado en sus disputas internas. Los gobiernos pretenden ser jueces implacables, y se convierten en simples calanchines.

Consternación de Orión

En el año 2001 llegaron a Medellín más de 40.000 desplazados por el conflicto armado. Venían de municipios de Antioquia y Chocó, de la Costa Atlántica y el eje cafetero. La ciudad recibía una buena parte de la presión de la guerra. Pero no solo llegaban las víctimas, también la munición nacional se ensayaba en sus comunas y los mapas estratégicos se trazaban entre los barrios y los jóvenes. Y había una buena experiencia acumulada por los guerreros de los peores tiempos, dispuestos a tomar nuevos riesgos y ejercer el terror, las herencias de Escobar, bandas y combos que no habían olvidado sus poderes y sus destrezas y ofrecían franquicias al mejor postor.  

Luis Pérez, alcalde de esos tiempos, acababa de desmantelar la Oficina de Paz y Convivencia de la ciudad. Según dijo en su momento, no cumplía su papel y se prestaba para fines ilícitos. Pero su trabajo durante algo más de cinco años deja claro el tamaño y la dispersión de los conflictos en la ciudad, y la necesidad de un actor que acompañara los pactos barriales y el trabajo de las organizaciones por la paz. Según el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, Medellín: memorias de una guerra urbana, se habían hecho pactos y procesos de mediación entre 160 bandas que reunían a 3.000 personas en 86 sectores de Medellín. Eran los intentos de una paz parcial.

Pero tanto la alcaldía como la gobernación de la época querían más pie de fuerza. Veían en el recién llegado gobierno de Álvaro Uribe una oportunidad para tener más poder de fuego y más posibilidad de juego político. Medellín era un laboratorio nacional de guerra y la Comuna 13 el escenario para “probar finura”, un territorio en disputa luego de la hegemonía de Don Berna en casi todos los barrios duros de la ciudad. Entre 1980 y 2014 se desarrollaron 99 acciones bélicas en la Comuna 13, la segunda fue El Popular con 65 y la tercera Manrique con 53. La 13 era el borde más caliente de la ciudad.

El Bloque Cacique Nutibara, un invento de ‘Don Berna’ para acabar con las milicias y ganar su guerra frente a ‘Doblecero’, logró el apoyo de varios jefes de las AUC e incorporó a cientos de bandas de la mano de Daniel Alberto Mejía, ‘Danielito’, y Carlos Mario Aguilar, ‘Rogelio’. Se habla de una reunión de 300 líderes de bandas en una finca en Envigado para “filar la vuelta”. En Medellín, como ha dicho Gustavo Duncán, el paramilitarismo no necesitó la llegada de hombres del campo a la ciudad, aquí había suficiente mano negra, La Oficina era la encargada de unir a los proveedores.

Pero desde el campo si llegaron los refuerzos de la guerrilla para mantener su posición en una creciente guerra urbana. En febrero de 2002 se habían terminado los diálogos del Caguán y El Mono Jojoy había dicho que era necesaria una nueva fase en la ofensiva. Las Farc trajeron hombres de sus frentes 9, 18 y 34 para sostener su impulso en el occidente de Medellín, donde ya estaban las milicias del ELN y los CAP (Comandos Armados del Pueblo). Todo estaba dispuesto para la guerra en la comuna 13. Y el Estado había decidido “trabajar” al lado de los paramilitares. El general Mauricio Santoyo, comandante del Cuerpo Élite Antiterrorista, más tarde reconoció su cercanía con La Oficina y las AUC. Guillermo León Valencia, jefe de fiscalía en Medellín, fue condenado años después por su apoyo a ‘Rogelio’ y otras ayudas. Más de 20 políticos antioqueños fueron condenados por relaciones con paramilitares. La IV Brigada y la policía fueron llevados de la mano por los paras en la “pacificación” de La 13. Luego de las ráfagas de hace 20 años, de las capturas injustificadas y las muertes a menores de edad, llegaron las desapariciones. Señalaban, tocaban las puertas, sacaban la gente. Todos los años Medellín juega con candela, su historia lo sabe.

 

Préndalo

 

 

A Joe Biden los años sesenta lo cogieron en la más plena juventud. Era un universitario veinteañero con el saquito sobre la espalda y las mangas cruzadas en el pecho. Estaba más en la fila de la pizzerías de moda que en la primera línea de los manifestantes contra la guerra de Vietnam en la Universidad de Siracusa. Alguna vez, según dicen los biógrafos maledicentes, amenazó con bajar del convertible que le había prestado su papá a una joven que osó prender un cigarrillo. Parece seguro que Biden no probó la marihuana. Pero todavía tiene tiempo, puede ser por vía tópica para los dolores articulares o por vía oral, con unas gotas de CBD para el insomnio, aunque parece que el señor no sufre de males de sueño. También podría arriesgarse como muchos de los mayores de 65 años en Estados Unidos que han llegado a la marihuana recreativa luego de la despenalización. Marihuana de uso adulto mayor.

En un pequeño canto a la bandera de la legalización, Biden acaba de decretar una amnistía para los gringos condenados, en una corte federal, por simple posesión de cannabis: “Nadie debería estar en la cárcel solo por consumir o poseer marihuana”, dijo el presidente. Pero nadie saldrá de la cárcel por la decisión de Biden. Las 6.500 personas que se beneficiarán con la decisión simplemente verán borrados sus antecedes, un obstáculo para conseguir trabajo, buscar un crédito o acceder a algunos servicios sociales. Quienes no son ciudadanos estadunidenses y estén en proceso de regularización no tendrán beneficios. La Green Card podrá ser negada para siempre para los que aspiraron. Y la decisión solo logra mirar hacia atrás: quienes sean sorprendidos fumando luego del 6 de octubre podrán enfrentar cargos ante los jueces federales. Se perdonan los humos viejos pero no se asegura nada para los nuevos. Además, la mayoría de las condenas por posesión fueron dictadas por la justicia estatal y seguirán vigentes. Volvemos a las decisiones simbólicas. Las cifras de Estados Unidos sobre arrestos son vergonzosas por inútiles, costosas, racias y otras yerbas. Desde 1965, casi 29 millones de estadounidenses han sido arrestados por infracciones relacionadas con la marihuana.

Cuando 19 de los 50 estados en Estados Unidos han legalizado el uso recreativo del Cannabis, la decisión de Biden parece una simple movida electoral frente a las legislativas que están a menos de un mes. Más del 70% de los menores de 30 años en Estados Unidos están de acuerdo con la despenalización de la marihuana. Solo cuando los ciudadanos domesticaron sus uso los gobernantes decidieron seguir la huella. Frente a los estragos de lucha drogas a la ciudadanía le toca empujar contra los prejuicios y los temores de los gobiernos y la mayoría de los políticos. Entre los gringos, tocó empujar a Clinton que fumó pero no la aspiró y a Obama que dijo con tranquilidad que aspiró porque de eso se trataba. La mejor muestra es que en senado de Estados Unidos, de mayoría republicana, hundirá un proyecto de ley, aprobado en la cámara, que busca sacar al cannabis de la lista federal de drogas peligrosas. Todavía hoy la marihuana está en la vitrina de venenos que armaron los propagandistas antidrogas en los años cincuenta.

En Colombia no tenemos mucho que aprender de la reciente decisión de Biden. Se necesita más presión ciudadana que leccones desde el Norte. Incluso, sería suficiente una lectura juicios de la sentencia de la Corte Constitucional de 1994 que despenalizó el consumo y porte de la dosis personal de marihuana y cocaína. Tenemos letra y cultivos propios para una decisión nacional sobre el tema.

Make medallo great again

Durante el mandato del presidente Donald Trump la realidad sufrió un significativo desbarajuste en Estados Unidos. Nada resultaba confiable, los hechos desaparecían, los actos oficiales eran coreografías, las cifras de los científicos se borraban para “actualizar el lenguaje”, la historia se trucaba, la audiencia del gobierno se multiplicaban y los críticos se convertían en demonios con pasados siniestros. Trump hacía, luego de cada discurso, un ejercicio aterrador: se sentaba a ver su alocución sin volumen, solo revisando sus gestos y postura. Reconocía de algún modo que a esos minutos al frente de la pantalla se les podía poner cualquier discurso, solo necesitaba revisar su actitud, su rostro amenazante o burlón. Sabía que era una máquina reproductora de mentiras y debía funcionar para parecer creíble. La percepción era la realidad.

The Washington Post hizo cuentas de las mentiras de Trump durante su primer año de gobierno y encontró 2.140 declaraciones que contenían falsedades o hechos dudosos. Unas seis mentiras diarias en promedio. Un gobernante mitómano, con un equipo que repite sus teorías y “hechos alternativos, con una colmena de bots que repasa y empuja sus mentiras, con un discurso agresivo contra los medios de comunicación y una manera enfática de afianzar prejuicios entre sus seguidores, es un desafío contra la democracia y los ciudadanos.

Medellín tiene hace casi tres años un mentiroso compulsivo y cínico en la alcaldía. Un funcionario que combate los hechos en cada declaración, falsea las palabras de otros, se contradice sin parpadear, maquilla las cifras y esconde los poderes reales que lo acompañan. Daniel Quintero ha dedicado muy buena parte de su gobierno a calumniar al que se atraviese, a mentir sobre sí mismo y a construir teorías conspirativas a falta de un solo proyecto propio más allá de sus ambiciones políticas. Y ha señalado la prensa que intenta ponerle un cedazo a sus declaraciones: cinco veces ha recibido llamados de la FLIP por sus palabras contra diferentes medios. El alcalde es un embaucador que es capaz de mostrar los abucheos como aplausos.

En un libro escrito por Michiko Kakutani, llamado La muerte de la verdad, se describe el “kit del mentiroso” que cargaba Trump en su cabeza: “Sus entrevistas, sus discursos, sus trinos son una confusión selvática de insulttos, exclamaciones, fanfarronadas, digresiones, calificaciones, exhortaciones e insinuaciones: toda la artillería del matón para intimidar, hacer luz de pólvora, polarizar y buscar chivos expiatorios”. No se podría encontrar una mejor semblanza del alcalde de Medellín, un vendedor ambulante en su adolescencia que logró convertirse en un próspero empresario de tecnología y más tarde prefirió dedicarse al servicio público, como político independiente, para construir una sociedad más justa. Un pequeño perfil que ha ido armando y en el que se logran acomodar seis mentiras. También Trump creó personajes falsos que se dedicaban a promocionar sus logros como empresario.

En un trino durante el primer año el alcalde escribió: “Hay tres cosas que no se pueden ocultar por mucho tiempo: el sol, la luna y la verdad.” Quintero cada vez puede ocultarse menos detrás de su velo de progresista e independiente, de luchador contra los grandes poderes corruptos, de fundador de una ciudad caída. Su tiempo se acaba, su poder mengua, sus obras no existen, sus aliados buscan otros amparos, su desespero creciente lo pone en evidencia cada día. Hace poco celebró su tiempo en la alcaldía con el lema “Mil días, mil obras”, y solo pudo mencionar un puente de guadua y dos licitaciones en curso. Pero se veía feliz, se fingía feliz, con su puesta en escena.