Pecar y ganar

El torneo del fútbol colombiano en el año 2011 después de Cristo se cerró con algo del patetismo y la histeria de las iglesias de organeta y pastor encorbatado. El técnico Páez de Millonarios reunió a su rebaño en el círculo central luego de perder por penales en la semifinal. Los azules demostraron saber más de mandamientos que de lanzamientos. La estampa de los 11 millonarios, arrodillados en gesto de humildad mientras recibían un sermón sobre el estoicismo de los vencidos, fue perfecta como tarjeta navideña del Club. Se fue la estrella y quedó el gesto.
Pero todo quedaría en manos de la misma secta. El Junior que los sentenció desde los 12 pasos terminó como campeón y cambió su leyenda de pastas La Muñeca por una frase digna de guirnalda: “La Gloria para Cristo”. De modo que solo cambió el mensajero. Los honores de la Dimayor fueron ofrecidos en bandeja al mismo redentor. Al paso que vamos no sería raro que muy pronto se cambie la estrella simbólica por una cruz.
Los camerinos han sido siempre templos de superstición. Nudos mágicos en los cordones, amuletos escondidos en las medias, rituales en la fila india de salida y feria de bendiciones han acompañado a los jugadores antes del resplandor al saltar a la cancha. Pero todo ha cambiado. Pasamos del altar personal que alumbraba la foto de la abuela a los equipos de 11 apóstoles y un pastor técnico. El Junior tiene en su nómina además de preparador físico y kinesiólogo, un preparador espiritual para calmar las angustias de Giovanni, los remordimientos del Ringo Amaya y las desbocadas de Víctor Cortéz. Y como los caminos del señor son extraños, el pastor tiburón se llama Jesús Barrios pero no es el Kiko. Luego del título cuando los periodistas le pusieron un micrófono al frente soltó su sentencia: “Este Junior está cubierto con la sangre de Cristo y en comunión con Dios a través de la oración”. En el triunfo se cubre con la sangre de Cristo y en la derrota con la sangre de un hincha, según la hazaña armada de Javier Flórez en el 2009.
Los pioneros de la rezandería cristiana en los estadios de Colombia son conocidos por sus historias turbias con algunos ceros a la derecha del padre. Silvano Espíndola regó la semilla en El Campín y el Atanasio. Ahora dirige una iglesia en Miami y un Club de juveniles con nombre pulcro: FairPlay. Durante algún tiempo fue guía espiritual de Falcao García y confundió los derechos frente al altísimo con los altísimos derechos del traspaso a River Plate. Pretendió quedarse con una tajada del negocio hasta Radamel García le puso el codo, con el mismo estilo franco con el que lo hacía en la cancha. El otro es Jesús “El Kiko” Barrios. Conocido por poner a sus jugadores a entregar biblias al comienzo del juego y los puntos al final, en el último cuarto de hora. Los hinchas del Cúcuta no olvidan la derrota 5-0 de su Valledupar a manos del Real Cartagena. Una venta digna de Judas.
Nuestro fútbol ha sido siempre un pequeño antro. Un mundillo de componendas y negocios por debajo de cuerda que estuvo a punto de corromper a la mismísima mafia. Con los nombres anotados en las bitácoras de visitas a las cárceles se podría hacer una gran selección Colombia de todos los tiempos. Es extraño que ese mismo ambiente de leyendas negras tenga un aura de templo cuando se oyen las declaraciones de los jugadores o se espía por las rendijas de los vestuarios. Y este año se completó el milagro de los iluminados: el América y su diablo cayeron al infierno de la B.

Reformas desaforadas

Hace solo tres años Colombia vivió con vergüenza y sorpresa uno de sus peores episodios sobre violación de Derechos Humanos por parte del ejército. La palabra hecatombe estaba ocupada en otros menesteres pero bien pudo servir para nombrar el asesinato al menudeo, en muchas regiones del país, de civiles disfrazados de combatientes. Según un reciente estudio del Cinep entre 2006, 2007 y 2008, el periodo cumbre de la matazón, 835 civiles fueron vestidos de camuflado luego de recibir tiros de gracia. No es injusto decir que en manos de investigadores militares distraídos y en medio de procesos simulados por la justicia penal militar, no tendríamos noticias de cómo enmaletaron a los jóvenes de las ciudades, cómo escogieron al campesino adormilado en medio de un viaje en bus, cómo pulieron la facha de los indigentes antes de vencerlos en combate.
Mientras miles de soldados enfrentan a la fiscalía y los jueces ordinarios por las ejecuciones extrajudiciales, el país debate y el Congreso aprueba, al menos por ahora, una reforma Constitucional que impone una suposición peligrosa. O mejor, tétrica si uno se atiene a los antecedentes: todos los actos de militares y policías se entenderán legítimos y respaldados legalmente y por lo tanto, al momento de un posible reproche penal, deberán ser evaluados por jueces militares.
Según el Ministro de Defensa el artículo no es más que una garantía necesaria para los defensores de la democracia y los ciudadanos: “…aquello que ocurre en el marco de operaciones militares y policiales es muy importante que sea analizado por una justicia especializada, que conozca las condiciones típicas de esta situación.” El ministro Pinzón intenta separar las operaciones legales de las que involucran violaciones de Derechos Humanos. Pero sucede que muchas veces se mezclan unas y otras: lo que comienza con una inspiración legítima puede terminar con un crimen, o incluso una escuadra militar puede cubrir de legalidad lo que siempre fue un asesinato concertado. Y para separar unas de otras son indispensables los jueces sin uniforme.
Mucho se ha hablado de los incentivos perversos que permitieron una cacería silenciosa de militares en busca de blancos civiles. Los incentivos de sangre fueron sin duda claves en esa obsesión por la muerte que cundió en el ejército. Algún día un soldado desprevenido me dijo con sinceridad infantil: “la moral de uno aquí son las bajitas.” Uno de esos incentivos fue sin duda la casi total garantía de impunidad. En el pico más alto de las ejecuciones los soldados habían perdido por completo el pudor: bajaban a 15 pasajeros de un bus, devolvían a 13 a su ruta y a los dos días presentaban como guerrilleros a los 2 que se habían ganado la macabra ruleta. Es conocido el caso de un investigador de la justicia penal militar en Urabá al que le pareció imposible ocultar las evidencias de los crímenes: guerrilleros vestidos con botas recién compradas, uniformes estrenados con un balazo en la espalda. El hombre comenzó a enviar los casos a la justicia ordinaria y como es lógico muy pronto estaba vestido de Everfit.
Se habla de la persecución implacable contra los militares. Pero tampoco hoy es fácil lograr una condena por el asesinato de civiles. Se requieren peleas de años para que la fiscalía plantee un conflicto de competencia y el Consejo Superior de la Judicatura lo resuelva a favor de la justicia ordinaria. Ese es apenas el comienzo de un juicio imparcial. No es justo que los militares pidan la impunidad a cambio de sus éxitos y sus sacrificios.

De los togados a los tocados

El fin de semana pasado se hizo famosa la comparecencia pública de Carlos Alonso Lucio y Viviane Morales en una iglesia cristiana con nombre de gruta y aire de palacio. Las fotos en la Casa de la roca muestran a la fiscal y su esposo con un aire de contrición: la cabeza gacha y los ojos cerrados en el vilo del recogimiento. El espectáculo, según dicen, fue una mezcla extraña entre discurso político, confesión pública y prédica del perdón. La Fiscal dice en los medios que no habla de su relación personal con Lucio, pero decide hacerle la segunda ante 15.000 fieles que terminaron aplaudiendo como si fueran electores.
Resulta que las iglesias son el escenario natural de Viviane Morales. La fiscal debutó en la vida pública de la mano de los partidos cristianos que llegaron a la Constituyente con dos delegatorios. Luego Morales fue Representante a la Cámara por la Unión Cristiana y más tarde estuvo en el Senado a nombre del Movimiento Independiente Frente de Esperanza. Todo empezó al final de una corta estadía de Morales en Orange, California. Como siempre una voz hace estremecer al recién tocado: la invitación de una pareja de amigos y las palabras de la señora Ann Carver al final de la acción de gracias: “Dios te ha llamado para ponerte en lugares muy altos en tu país y te va a usar para quebrar yugos de tradición y traer bendición a muchos creyentes. Cuando tu estés en esos lugares, te vas a preguntar: ¿Por qué yo Señor? y él te dirá porque es mi voluntad, por tanto no olvides que es por mí que tú estarás allí.”
No tengo ninguna objeción a que la señora Morales sea la encargada de buena parte de la justicia terrena en nuestro país. Tal vez preferiría a alguien sin conciencia de haber sido señalada por un dedo todo poderoso; pero no hay nada que hacer, los señores de la Corte la escogieron y quienes la conocen dicen que tiene temple e inteligencia. En todo caso no deja de ser paradójico que el país decida romper algunos lazos simbólicos de su pasado confesional, y al mismo tiempo elija para sus cargos más importantes a personas con una conciencia religiosa que va mucho más allá del Cristo a la espalda del escritorio.
El caso del Procurador demuestra que convertir la oficina en púlpito es algo que se puede hacer con relativa tranquilidad. La amenaza de su toga ha terminado por disuadir a algunos funcionarios de que es mejor obedecer los mandamientos de su religión. En Medellín, por ejemplo, pasó con la clínica de la mujer. Sobre el Invima y los medicamentos para el aborto también ha pesado su ceño de obispo agrio. Y no sería raro que la primera decisión del ICBF en contra de que un periodista gringo, señalado como enfermo por ser homosexual, pudiera adoptar dos niños colombianos, se haya tomado pensando en la homofobia confesa de Ordóñez.
Mientras tanto Colombia sigue orgullosa de ser un estado laico por razones insignificantes, por vía del constitucionalismo puntilloso y simbólico. Hace un año la Corte Constitucional declaró inexequible una ley que declaraba al municipio de La Estrella, en Antioquia, como Ciudad Santuario. La ley imponía la obligación de “colocar una placa conmemorativa de dos metros de alto por uno de ancho en la Basílica” del municipio. Se celebraban los 50 años de la coronación de la imagen de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Se alegó la neutralidad del Estado en materia religiosa como uno de los pilares claves de la democracia. Sería mejor la neutralidad de los funcionarios que la prohibición al Estado abstracto para poner una placa en una iglesia.

Autoridades menores

En octubre del año pasado todos los periódicos de México ocuparon su portada con la foto de una joven estudiante de criminalística. Se trataba de Marisol Valles, quien había aceptado la jefatura de policía del municipio de Praxedis G. Guerrero, cerca de Ciudad Juárez, donde los narcos son legión y ley. Los titulares más arriesgados la llamaron “La mujer más valiente de México”. Y no exageraban, si se tiene en cuenta que 5 de sus antecesores en el cargo fueron decapitados. La joven reconoció tener miedo pero buscó una salida original: “Me preocupa el tema social… mi idea es ir por los buenos como son niños, padres de familia, hombres y mujeres a los que debemos organizar para que no caigan en la tentación de los delitos, las drogas y el dinero fácil”.
La estrategia falló. Cuatro meses después Marisol fue amenazada y tomó una decisión lógica. Abandonó su escritorio y los nueve policías a su cargo y viajó con su hijo rumbo a Texas para pedir asilo. Una reciente crónica de Salud Hernández sobre el poder de las Farc en el Catatumbo me recordó la fugaz historia de bravura de Marisol Valles. Entre nosotros el valiente es un hombre de 24 años que despacha como corregidor de La Gabarra en el municipio de Tibú. A Bernardino Carrero no le queda más que llenar las planillas de rigor y fingir que es la primera autoridad del pequeño casco hundido y las 34 veredas. Las Farc dominan el comercio de coca por los ríos de la zona y hacen las veces de “amigables componedores” cuando se presentan problemas entre los vecinos: “¿Cómo compito contra eso?”, dice Carrero con la tranquilidad del deber perdido.
Hasta ahí todo parece normal. No son más que las anécdotas de dos funcionarios de papel en la periferia de dos países que deben pelear contra mafias poderosas. Allí donde el Estado tiene sus fichas más vulnerables, la mafia tiene sus mejores hombres: Timochenko en el Catatumbo y los grandes carteles en los alrededores de Ciudad Juárez. Pero las declaraciones recientes de la gobernadora de Córdoba y el alcalde de Medellín sobre temas de seguridad, demuestran que no solo en los pueblos arrinconados se presenta una gran debilidad de las autoridades regionales.
Durante varios meses de este año la señora Martha Sáenz, gobernadora de Córdoba, se dedicó a pedir ayuda al ministerio de defensa por la violencia en su departamento. Por momentos el asunto fue una triste contabilidad de muertos donde las cifras del ex ministro Rivera y la señora Sáenz no se encontraban. Pero detrás de todo no había más que una especie de ruego en tono mayor para que desde el centro se atendieran las urgencias del departamento. No solo se pedía más hombres sino mejores, lo que traduce que no fueran fichas de los bandidos de la zona.
Las declaraciones de Alonso Salazar son mucho más graves. Según su teoría el alcalde dice a qué horas cierran las discotecas y dónde se puede parquear, pero su poder sobre la policía del municipio y los temas de seguridad es mínimo. Incluso insinuó que los pillos están mejor representados que el alcalde en los consejos de seguridad de la ciudad. Y eso que Medellín ha invertido más que ninguna otra ciudad en equipos e infraestructura para la policía. De modo que los alcaldes pueden cargar con la responsabilidad política y la obligación de entregar recursos a cambio de cero autoridad. Y saber que durante las campañas los candidatos se desgañitaron hablando de sus ideas sobre como combatir la delincuencia. En las comandancias de policía y los cuarteles parece estar una clave que pasa desapercibida para la política.

La niña de Koba

Ser el “gorrión” preferido de un ogro de botas altas y bigote espeso es una condena propia de los cuentos infantiles. En sus sueños debía verlo inmenso, empuñando el martillo y la hoz, listo para acariciarla. Durante su vida Stalin solo logró mostrarse tierno en algunas fotos acompañado de su hija Svétlana Stalina. Las cartas a su pequeña son algunos de los pocos rastros de humanidad que dejó el zar comunista: “Setanka, mi pequeña ama de llaves, salud. He recibido todas tus cartas. No te he respondido porque estoy muy ocupado. ¿Cómo pasas el tiempo, qué tal tu inglés, estás bien? Me siento solo sin ti, pero ¿qué puedo hacer sino esperar? Un beso para mi pequeña ama de llaves”.
Stalin no era bueno para el amor, le parecía una palabra despreciable. Cuando tenía 17 años Svétlana le reclamó a su padre por haber enviado a su primer novio a Siberia, acusado de espionaje: “¡Pero le amo!”, dijo la joven. Por primera vez recibió dos manotazos y una sentencia obscena del Hombre de Acero: “Una guerra como ésta en curso y ella se pasa todo el tiempo follando.” Se ha discutido si Koba de verdad quiso a su hija o si sus fotos y sus cartas dulces no eran más que una estrategia para que Stalin no fuera siempre una esfinge amenazante. Ya anciana, en una entrevista desde las montañas de Wisconsin, Svétlana dijo que su padre la amó porque tenía el pelo rojo y pecas como su madre. Pero la mejor versión la entregó el camarada Jrushov en sus memorias: “La quería, pero solía expresar estos sentimientos de afecto de un modo fatal. Su ternura era la del gato por el ratón.”
La madre de Svétlana se suicidó cuando su hija tenía 6 años. La noche anterior, durante una fiesta en el Kremlin, Stalin le tiró un cigarrillo encendido porque ella no quiso tomarse un trago. Era solo una humillación más. Pero había motivos más graves: Nadia Alilúyeva, la madre de la pequeña ama de llaves, había descubierto los horrores de la colectivización en Ucrania. Los comentarios de sus compañeros de química en la universidad bajaron del pedestal al hombre nuevo del que se había enamorado. El suicidio fue un reproche personal y político: “Se rompió algo en el interior de mi padre”, escribiría Svétlena tiempo después. Aunque le dijeron que su madre había muerto de apendicitis, ya no era momento para cuentos infantiles. Comenzaba el drama de una novela rusa con grandes apartes de un Best seller de espionaje de la guerra fría.
Cuando los horrores de Stalin obligaron a los soviéticos a esconder su figura y entregar algo de escarnio a sus hijos, Svétlana aprovechó las cenizas de su esposo hindú recién fallecido para viajar hasta el Ganges. La embajada americana estaba muy cerca y se convirtió en una feliz traidora durante casi 20 años. Escribió libros elogiando la vida luminosa de occidente y tuvo una hija de un extraño matrimonio concertado por los arrebatos místicos de una desconocida. Pero Svétlana debía huir permanentemente, no soportaba un marido ni un lugar más de dos años. Tenía una gigantesca colección de remordimientos y nostalgias: por sus dos hijos abandonados en Rusia, por su reconocimiento como la princesa de un imperio, por la imagen de su padre que cambiaba según la luz de la memoria.
Entonces volvió a la Unión Soviética cuando Stalin se convertía de nuevo en el gran líder por el aniversario 40 de la II Guerra. Vivió en Tiflis, visitó el museo de Koba y llevó algunas fotos. Pero no resistió y regresó a su vida americana en una cabaña sin luz en Wisconsin, en un hogar de ancianos, en una tumba con una cruz.

Ventajas de la narcoguerrilla

Hay que reconocerles algo a las FARC: su incursión en el negocio de las drogas hace honor a sus raíces campesinas. Los colonos cocaleros y la estructura guerrillera estaban hechos el uno para el otro, muy pronto las piezas se pulieron mutuamente y encajaron a la perfección. No se trató de una elección ideológica sino de una imposición del libre mercado: nadie resiste la tentación de manejar semejante monopolio. Mucho menos cuando tiene a mano la logística de intimidación que exige el mercado.
Los embajadores gringos, que mienten hasta cuando callan, dijeron en su momento que desde 1985 tenían información sobre los contactos entre las Farc y los narcos. Tal vez fue el embajador Lewis Tambs el primero en hablar de “narcoguerrilla” en Colombia, cuando todavía las palomas de paz del gobierno Belisario estaban pintadas en las calles de los barrios. Ya en 1990 las noticias hablaban de grandes laboratorios “administrados” por las Farc. Manuel José Bonnet, Comandante de la III Brigada en ese tiempo, entregó la reseña de siempre sobre los laboratorios en las selvas: Acetona, gasolina, ácido sulfúrico, 150 literas, 4 secadores de 120 bombillos cada uno... La guerrilla había ganado el pulso a los herederos de Rodríguez Gacha en la Vereda El Afilador, en el municipio de La Hormiga, Putumayo. Los periódicos comenzaban a interiorizar eso de narcoguerrilla en sus titulares.
A Raúl Reyes, gustándole el nuevo balance en las finanzas farianas no le hacía gracia el calificativo, y cada que podía salía a desmentir la participación guerrillera en la revolución del narcotráfico: la única verdadera que ha tenido el país. En 1996, un 23 de noviembre para más señas, dijo en una entrevista concedida al diario Clarín de Argentina: “Las Farc no trafican droga y nos oponemos abiertamente al narcotráfico. Lo que hacemos es cobrar un impuesto a quienes van a comprar la hoja de coca a los campesinos. Eso es lo que nosotros llamamos impuesto por la paz. Asesoramos a los campesinos para que les paguen el precio correcto.”
Era el momento de las grandes marchas cocaleras en el sur del país. Hasta 8000 campesinos marchando, bajo la batuta de las Farc, contra las zonas de orden público decretadas por el gobierno. Era tal el poder de la guerrilla en su zona de negocios que el ejército dinamitaba las carreteras para ahogar las concentraciones campesinas. Muchas de las vías habían sido trazadas por la misma guerrilla. Ya los militares hablaban del principal cartel de la droga en Colombia y cada noticia sobre pistas clandestinas y secaderos traía un cálculo en millones de moneda fuerte: impuestos sobre el gramaje, administración de pistas, cocinas propias en Caquetá, Vichada, Putumayo y Guaviare. Los más cautos hablaban de 150 millones de dólares cada año en ganancias para las Farc provenientes de la coca.
Es posible que el auge narco de la guerrilla haya al menos disminuido uno de los grandes problemas que enfrenta un país lleno de mafias: la corrupción generalizada de sus Fuerzas Militares. La posición de poder de la guerrilla en el negocio levantó una especie de barrera que impidió la contaminación de sus enemigos a muerte. En otras partes del país, el ejército y los paras traficaron en conjunto, pero en el gran negocio del Sur los militares se dedicaron a la pelea sin tentaciones posibles. Tal vez esa condición, con ayuda de otras tantas, sea lo que hizo posible la disminución de hectáreas de coca en Colombia. Ventajas militares que dejan los triunfos comerciales del enemigo.

La Guerra de las malezas

Frente a los periódicos ingleses el presidente Santos ha vuelto a mencionar el tema de la guerra contra las drogas. Ha dicho con una especie de convicción abúlica que si el mundo entero está de acuerdo con legalizar él no tendría ningún problema. Ya sabemos que en América Latina los argumentos sobre legalización son cosa de ex presidentes. El sentimiento de culpa propio de algunas víctimas es uno de nuestros complejos.
Para muchos Santos ha dejado caer una nueva audacia. Incluso algunos prohibicionistas convencidos creen que el gobierno arriesga credibilidad y debilita el ímpetu de policías y militares contra los narcos. Pero Santos no va a la vanguardia sino en los cómodos vagones de la mitad hacia atrás. Los políticos difícilmente nadan contra la corriente de la opinión pública y el presidente colombiano debe saber que, al menos respecto a algunas malezas, está defendiendo la posición de las mayorías en Estados Unidos.
La empresa Gallup pregunta a los gringos desde 1969 su opinión sobre el uso legal de la marihuana. La primera respuesta, en pleno auge psicodélico, fue más que negativa: el 84% de los norteamericanos se declaró en contra del uso médico y recreativo de la hierba. Pero los humos han cambiado y por primera vez el aliento de las mayorías (50% Vs 46%) aprueba el consumo del moño como una legumbre regular. Y el avance de ese nuevo estado de opinión parece inevitable: entre los menores de 30 años el apoyo a la legalización llega hasta el 63%.
Es lógico que los sondeos tengan algunas consecuencias prácticas. Mientras la discusión en los grandes escenarios parece estancada por los temores políticos y la inercia conservadora, en los pequeños feudos se va rompiendo el angeo poco a poco, se lucha con los códigos menores y el alicate de algunos abogados hedonistas. Las normas de los Estados y Condados gringos van legalizando sin importar lo que diga Naciones Unidas o el Congreso en Washington.
El uso medicinal de la marihuana en muchos Estados, sobre todo en California, se ha convertido en una legalización de facto. Los consultorios abren sus puertas en la noche del viernes y dos enfermeras provocativas ofrecen la certificación para los enfermos reales y los risueños: un dolor de espalda, una sencilla cefalea, un poco de estrés muscular son suficientes para obtener la “green card”. Y las empresas han comenzado a crecer alrededor.
Steve DeAngelo es el más prominente de los expendedores de marihuana de California. Según las reglas de hace 15 años sería un mafioso. Según las reglas de hoy es un ejemplo y una celebridad nacional. Un equipo de Discovery Channel lo ha seguido durante 11 meses para registrar como vive y trabaja el primer magnate legal de la marihuana en Estados Unidos. La guerra de las malezas está a punto de estrenarse en la pantalla. El año pasado Herborside, su dispensario de hierba, vendió 22 millones de dólares. De Angelo es también un activista y causa gracia verlo reunido con los policías de Oakland, asegurándoles que crecerá el registro de cultivadores legales hasta llegar a 120 al finalizar el año. Es la única forma de pagar a ocho oficiales que están a punto de ser despedidos por falta de recursos.
Mientras tanto entre nosotros el Sargento Pascuas, un guerrillero en edad de sufrir los dolores de la artritis, es el jefe de franquicias en la producción de marihuana en el Cauca: la despensa nacional del humo blando. Y los cogollos ya valen más que la hoja de coca. Las discusiones etéreas en las cumbres internacionales son parte de la teoría. La práctica está en otras partes.

Y los sueños, sueños son

Entre nosotros son legión los “ilusionistas” de la palabra paz. Se han comenzado tantos procesos, en Los Pozos o en Caracas, se han instalado tantas mesas, en Tlaxcala o en Maguncia, se han pintado tantas palomitas en el aire, con Belisario o con Pastrana, con Barco o con Gaviria, que hay incluso algunos profesionales de la negociación con las guerrillas. Esos negociadores curtidos tienen lemas cercanos a los de sus contrapartes revolucionarias: no hemos avanzado un paso, pero nunca nos daremos por vencidos. Quienes lograron soportar el tedio del Caguán dicen que luego de año y medio de cháchara se había llegado a un acuerdo con las FARC: Colombia era un país viable aún con la existencia de la propiedad privada. Alfonso Cano murió en la misma semana en la que el gobierno cubano expidió un decreto para hacer dueños de sus casas a las familias de la isla. Tal vez Raúl Castro le habría parecido un vendido.
La muerte de Cano ha dividido en dos bandos a los negociadores por excelencia, aquellos que se despiertan súbitamente y lo primero que hacen, todavía en el duermevela, es dejar caer una frase obligada: “Es necesario buscar una salida política al conflicto armado”. Para los más radicales, Partido Comunista, Piedad Córdoba y otros, se perdió la oportunidad de convenir con un “ideólogo”, uno de los líderes “políticos” de la guerrilla, el hombre que en sus dos últimas comunicaciones habló sobre la necesidad urgente del dialogo. Los demás esperanzados de la paz, ubicados en las orillas más diversas, han visto en la muerte de Cano una nueva oportunidad. Invocan la debilidad de las FARC, la posibilidad de arrebato de lucidez de Iván Márquez, mencionan a ETA y su comunicado final. Ellos mismo habían visto como una rendija para la paz el triunfo de Cano sobre Jojoy después de la muerte pacífica de Marulanda.
La cantidad de cábalas sobre un posible acuerdo con las FARC demuestra que el deseo oculta realidades inevitables. Y que muchos siguen confiando en el raciocinio de la guerrilla como organización política que puede pensar en las mayorías desarmadas. Pero Márquez al igual que Cano es hijo de las juventudes comunistas que acaban de cumplir 60 años y en su página de aniversario no pueden más que disculparse por adelantado por su obcecación: “Han pasado ya casi 60 años y algunos dirán que la terquedad y la necedad serían los adjetivos perfectos para definirnos, otros pensarán que nuestra lucha no tiene razón de ser y por lo tanto carece de futuro, o podrán ver el pasado como una pérdida de tiempo…” Y Timochenko todavía cree en la Europa Oriental de su juventud y Joaquín Gómez jura que Putin es sobrino de Lenin.
Pensar en el ejemplo de ETA es una absoluta necedad. La banda vasca tenía 50 miembros activos y más de 1500 presos. Era sobre todo una organización carcelaria. De otro lado sus demandas tienen amplio respaldo popular y los líderes legales hacían mucho mejor su trabajo que los dinamiteros. Entre nosotros hay que pensar más bien en el ejemplo del ELN, una prueba fehaciente de que los grupos guerrilleros insistirán hasta la aniquilación. Pasarán de frentes con nombres heroicos a simples “Rastrojos” dispuestos a pactar con quien sea la logística y el precio de los embarques. Serán sencillos proveedores de submarinos en el pacífico y de éter y gasolina en el Bajo Cauca. Y darán pelea. Mientras tanto sus líderes se dolerán como Cano de no encontrar ni el país ni la guerrilla que soñaron.

Indignados

Donald Antonio Castro, un cultivador de ñame, ají, yuca, millo y plátano, defendió con la amenaza de sus puños las “fronteras” del municipio de Tubará, en al Atrlántico, el pasado domingo de lecciones. Según El Heraldo el hombre tiene 37 años y según sus propias palabras la política no es una de sus prioridades, no tiene partido ni candidato propio. Se paró en la raya para evitar que llegara el eterno paseo de domingo desde otros municipios para decidir quien sería el alcalde en su pueblo. Un paseo que los tiene en la olla: “Lo que nos está disgustando es que en Tubará, hace años que los alcaldes no están cumpliendo. Siempre son los de la misma familia, Toño Coll, Cristian, Gilberto y Tom Coll. Los mismos, no hay cambio.”
Mucho se dice que Colombia es un país de indolentes, que aquí nadie se conmueve, que entre nosotros la inconformidad se balancea en las mecedoras y sirve solo para avinagrar el carácter. Pero resulta que en las elecciones del 30 de octubre se dieron pequeñas revoluciones ciudadanas en varios municipios. Sin la alharaca de los indignados y sus capitanes del activismo cosmopolita, muchos ciudadanos que no saben de primaveras árabes ni lograrían leer el testamento de un viejo diplomático francés inspirado por la última cólera, tomaron la decisión de rechazar a los clanes políticos a los que habían obedecido por costumbre, intimidación o gangas electorales.
Hasta hace unos meses se dijo que desde Bello se definiría el gobernador de Antioquia. Una famiempresa electoral, cercana a uno de los tantos mafiosos apodado El Patrón, sería, según el cuento, la encargada de filar a los ciudadanos. Pero trazaron unas reglas demasiado arbitrarias para la carrera: en la pista local solo habría un competidor. La gente se sintió burlada y prefirió descalificarlo. Para la campaña por el voto en blanco se recogió menuda entre los ciudadanos, una organización ambientalista donó 5 millones -lucha contra la contaminación- y se desafió a los que intentaban dar la largada a punta de pistola. Su candidato a la gobernación también perdió en Bello y ahora la familia mira con preocupación.
En Magangué, Marcelo Torres, venció al candidato de La Gata y sus siete vidas luego de tres intentos fallidos. Sus contradictores lo recibían a piedra durante los foros y muchos dicen que está vivo porque está rezao. Se demuestra que los caciques y los clanes políticos también sufren la fatiga de materiales. En Quibdó una mujer fue la encargada de vencer a tres nombres increíbles y un solo fin verdadero: Patrocinio, Odín y Jafet cayeron frente a Zulia María Mena, una líder de organizaciones comunitarias con experiencia en la Cámara de Representantes. También el partido Mira, una especie de secta, debe celebrar la victoria en Caquetá frente a un grupo de políticos con avales de partidos tradicionales y avalúos en las cuevas de narcos y paras. Y en Santa Marta, que hasta hace poco era un fortín vigilado por Noguera, ganó Carlos Caicedo, un ex rector que estuvo en la cárcel por los montajes de los paras. En Medellín intentaron montajes parecidos y les salieron chuecos. También en la capital de Antioquia perdió la alianza turbia. En Soledad el candidato de las compras y la maquinaria de mototaxistas fue silbado en la plaza y derrotado en los cubículos: “¡Corrupto fuera!”, gritaba la gente frente a atrio y un viejo acotaba: “La plaza está hablando”.
Queda una lección, en ocasiones las olas silenciosas tienen más poder que las coloreadas por los medios.

Elección tutelar de alcaldes

Cada cuatro años en vísperas de las elecciones regionales se oyen las voces alarmadas de quienes piensan que Colombia, a causa de sus tristes e indefensas periferias, no tiene todavía la preparación para elegir popularmente a sus alcaldes y concejales. El diagnóstico, sobra decirlo, se hace desde la atalaya bogotana. Se argumenta que la corrupción y la toma mafiosa de los palacios municipales son consecuencia de la endeble cultura política, la intimidación o el eterno bono de teja, mercado y ron. Proponen una falsa disyuntiva entre el centralismo y envilecimiento de las administraciones municipales. Lo gracioso es que en ese corrillo de notables preocupaciones pueden juntarse almas tan diversas como Daniel Samper P., Plinio Apuleyo M. y Ramiro Bejarano G.
Entiendo más o menos bien sus objeciones al mecanismo, pero no logro intuir el sentido de sus soluciones ¿Les gustaría volver al nombramiento desde la capital vía consejo y chantaje de los congresistas? ¿Añoran la presencia de municipios y departamentos en la base de datos del hombre del computador de turno? ¿Creen que La Gata no mandaría en los solares de Magangué y aledaños si el Ministro del Interior, ex señor de Cambio Radical, manejara la cartera de regiones? Dicen los expertos en camarillas que la elección popular de alcaldes se decidió en un almuerzo bogotano entre López Michelsen, Jaime García Parra, Rodrigo Marín y no sé qué otras calzonarias. Por momentos parece que algunos extrañaran esa vieja posibilidad de decidir por medio de pequeños acuerdos un “mejor” futuro para los pueblos y las ciudades intermedias. Parecen olvidar que antes de 1988 uno o dos líderes políticos de cada departamento manejaban el botín de los municipios por teléfono.
No se puede negar que muchos de ellos han retomado el control y que incluso han surgido nuevos caciques, algunos con peores mañas. Pero a los viejos al menos les ha costado un poco más de trabajo; y la aparición de algunos nuevos, más peligrosos, tiene que ver con el auge narco en varias regiones, un poder al que tampoco se hubiera resistido la burocracia impuesta desde la capital.
Pero tal vez lo peor de esa insinuación centralista y retrógrada, sea la mirada compasiva sobre los pueblos encallados gracias al poder de las mafias y la corrupción. Se les olvida que en el centro del país, en plena Casa de Nariño, surgió el proceso 8.000 y el escándalo de las chuzadas. Y que en Bogotá se repartieron los bienes del DNE y que el más flamante de los palacios municipales tiene a su antiguo huésped en la cárcel. ¿Qué hacer entonces? ¿Nombrar un Consejo de sabios de bastón que nos defiendan de tanto abuso? ¿Crear un triunvirato indiscutible conformado por Mockus, Ordóñez y María Jimena Duzán?
No está demás recordarles a quienes ya echados a la pena tiran todo a la basura, un reciente informe de Planeación Nacional que evalúa eficiencia, eficacia, capacidad administrativa, gestión y otras arandelas, y que ubica a 45 municipios en la categoría Sobresaliente. Los suguinetes 361 están en la casilla Satisfactoria, 302 pasan raspando ubicados en un mediocre Medio y 353 se hunden entre Bajo y Crítico. Una tercera parte no pasa el listón. Quienes piensan en un regreso al pasado no solo desconocen los avances en algunos números, sino que menosprecian la política que ha logrado hacerse, en algunas partes, por fuera de nuestras viejas sectas partidistas.

Las gabardinas

Cuando se pronuncia el nombre de la policía secreta resuena siempre el eco de los sótanos. Bien sea en la Haití de los Tonton Macoute, “los hombres del saco”, o en la Rusia zarista de la Ochrana, la policía de averiguaciones encargada de seguir a los partidarios de los sueños alucinados de Tolstoi, los amigos embrujados de Rasputín y el resto de la horda revolucionaria que inauguró el siglo XX en el Imperio del Zar Nicolás II. Entre nosotros el DAS se ha ido encargando, con gran vigor en los últimos años, de construir su leyenda negra. Las noticias judiciales sobre la participación en los asesinatos más importantes de la reciente historia política y los nuevos episodios de “descentralización” de servicios a la delincuencia de todas las orillas, hacen que nuestro departamento de inteligencia esté a la altura del aire siniestro que se exige internacionalmente. Saber que sus oficinas son las encargadas de certificar la historia judicial de los ciudadanos pone la necesaria nota cómica.
Leyendo los nuevos papeles del DAS recordé un libro comprado por ociosidad y curiosidad hace unos años, cuando todavía Noguera era un muchacho de buena familia en Santa Marta. Se trata de las memorias del último director de la policía zarista, una especie de catálogo de funciones y descargos de A.T. Wassiliew, el hombre que no pudo detener la avalancha sediciosa en San Petersburgo. Por supuesto que lo suyo es el retrato de la caída de un Imperio vista desde una estación de policía, mientras lo nuestro es solo el cierre de un emporio criminal en el centro de un Estado frágil; pero por momentos resulta cómica la lectura del libraco, casi un expediente ruso, pensando en las claves de nuestra Mata Hari que ofrecía licuadora, olla arrocera y ancheta para lograr grabaciones de la Corte Suprema de Justicia.
Según A. T. Wassiliew muchos ciudadanos creían que en las calles de la capital rusa había trampas que se abrían de repente y dejaban caer a algunos cabecillas revoltosos directamente a los sótanos de interrogatorio. “Cuánto de misterioso, enigmático y horrible veía el pueblo ruso en la denominación Ochrana”. Eran infundios y fantasías. La policía secreta se encargaba simplemente de descubrir a los agentes revolucionarios que intentaban destruir el Imperio. Los cientos de encargados de la “observación exterior” iban encubiertos bajo el pelaje de “mozos de cuerda, porteros, vendedores de periódico, soldados, cocheros o empleados de ferrocarril”. La agencia tenía un almacén especial de disfraces para su funcionamiento y un patio exclusivo para cocheros con más orejas que sus caballos. Los agentes no debían profesar un afecto muy marcado por su familia y tenían que conocer todas las casas de la ciudad con dos salidas, perfectas para cruzar de una calle a otra como por encanto. Había apenas 1000 funcionarios del servicio de persecución en toda Rusia, una cifra muy reducida dadas las exigencias personales de los servidores: “Debían ser política y moralmente leales, honrados, sobrios, audaces, hábiles, inteligentes, perseverantes, prudentes, sinceros, disciplinados y sanos”. Y no ser polacos ni judíos. También ellos se encargaban de interceptar las cartas de los miembros sospechosos de la Duma y el ejército y de seguir a los opositores hasta los restaurantes. Las gabardinas han servido siempre para lo mismo. Más o menos.
Felipe Muñoz debería animarse a escribir sus memorias, tendrían la mezcla de humor y terror que conviene a las películas de suspenso.

Reunificación conservadora

Solapado dirían las señoras del corrillo. Taimado diría el comentarista con pretensiones cultas. Da lo mismo. Poco a poco el gobierno Santos, o mejor dicho, el presidente Santos, comienza a hacer méritos para cualquiera de los calificativos. Durante su primer año de mando se dijo desde orillas opuestas, por parte de algunos indignados y otros gratamente sorprendidos, que Santos había resultado ser una carta cambiada: uribista radical durante la campaña y santista de extremo centro una vez arreglaron el tapete que le disgustaba en la Casa de Nariño.
Parece que las transformaciones no han terminado. Y Santos sigue y seguirá girando según los vientos de la coyuntura política. El presidente ha demostrado ser una veleta muy sensible: bien sea al aliento de Angelino, al abanico de los periódicos o al capricho de los partidos. Pero es hora de que el uribismo le devuelva toda su confianza. En este mismo momento, apenas cumplido su primer giro, su órbita de un año, el presidente está haciendo honor a su promesa de cuidar algunas de las obsesiones conservadoras del gobierno anterior. No importa que sus modales no sean camorreros y que prefiera los chistes flojos y la “urbanidad nacional” a las grescas desde la Plaza de Bolívar.
Por la vía del silencio calculado y la búsqueda de un supuesto futuro armonioso, el presidente Santos puede terminar, bajo la máscara del liberal renacido, llevando a cabo reformas que ni el propio Uribe logró. Hablemos primero de la prohibición del aborto en los tres casos extremos que autorizó la Corte. Ni el gobierno ni el partido que lidera la Unidad Nacional han sido capaces de oponerse a una reforma que solo se justifica bajo consideraciones religiosas. Imponer una carga desmesurada sobre las mujeres para cumplir con los mandatos de un credo es el peor de los anacronismos democráticos. Pero el gobierno timorato es incapaz de un liderazgo que le traería problemas. No importa que se hable de la reunificación liberal y se esconda la cabeza ante las andanadas moribundas de los conservadores. Vargas Lleras se atrevió a hablar en contra del proyecto pero dejó claro que lo hacía a título personal. El ministro de la política habla como contertulio de café.
En el tema de la dosis personal el panorama es todavía peor. Luego de que Uribe y sus clones en el Congreso mintieran para reformar la Constitución, diciendo que no se penalizaría a los consumidores y el tema de las drogas se miraría bajo el lente de la Salud pública, el gobierno Santos está listo para rematar la trama. Apoyó la Ley de Seguridad Ciudadana que implica cárcel para el consumidor y ahora impulsa un nuevo estatuto antidrogas que impondría penas incluso para quien se refugia en su casa, con humos o polvos propios, a esconderse del Estado terapéutico.
La última propuesta ha llegado de la mano de los militares. Primero se intentó colar en el proyecto de reforma a la justicia una presunción de acto del servicio para todas las actuaciones de los soldados. Lo que significa que la justicia penal sería la encargada de dirimir los conflictos de competencia con la justicia ordinaria. Les dio algo de pudor: con esa ley sería casi imposible juzgar los falsos positivos. Y ahora, bajo el pretexto de pulir la llave para la paz, se intenta una rebaja de penas para los “soldados que hayan cometido errores”. Poco a poco se nota que los cambios no van más allá del tapete en Palacio.

Candidato en combo

Hace cuatro años Medellín ganó por puntos su pelea electoral contra la movilización política de los desmovilizados. Muchos de quienes acababan de esconder las armas se resistían a perder su poder en los barrios, adquirido torciendo algunas manos y muchas voluntades. Comenzaron entonces a hacer política con el fierro guardado en la casa. Sus gestos eran suficientes. Para eso tenían candidatos varios a las Juntas Administradoras Locales: Jairo, Hosman, Jesús, Renzo, Onancis eran algunos de los nombres, que no alias, de los ex combatientes en busca de una silla en la base de la pirámide política. También había candidatos al Concejo y, por supuesto, apoyaban un nombre para la alcaldía.
Un acta de la Corporación Democracia -la baranda de quienes estrenaban los apuros de la deliberación desde su pasado de imposiciones- dice con claridad que su candidato a la alcaldía era Luis Pérez. Les gustaba su lugar en las encuestas, el cumplimiento de los pactos de gobierno en su administración 2001-2003 y su actitud respecto a un candidato al Concejo “cercano a la casa”. Se referían al señor Diego Arango Vergara, que fue enlace de la campaña de Luis Pérez con los desmovilizados. En el papel del acta las intenciones suenan corrientes, rutinarias: “…aspira la Corporación es a hacerse espacios en el accionar público y consolidar los espacios que ya tiene…” Sin embargo, a la hora de cumplir sus objetivos las prácticas se convierten en maniobras.
Llegaron las elecciones de 2007 y las cosas no salieron según lo presupuestado. Alonso Salazar ganó la alcaldía por algo más de 30.000 votos y la frustración se convirtió en resentimiento. La Corporación no estaba preparada para la democracia. Así que se inventaron un montaje para ensuciar al alcalde. Sus métodos de campaña eran tan toscos y su pasado tan turbio que solo debían fingir haber acompañado al triunfador. Vinieron las cartas de Don Berna, las declaraciones de Memín, los cuentos de Job, las historias de cinco desmovilizados, la fábula de un chófer que movía maletines con billetes: un montaje completo y burdo al mismo tiempo. La fiscalía desmintió todo con pruebas sencillas: las votaciones a favor de Luis Pérez en las comunas donde los desmovilizados armaron su carpa política, las declaraciones de algunos protagonistas de la desmovilización confirmando el apoyo al candidato perdedor, las confesiones de una cuñada de Job a un pastor bautista en una cafetería del Parque Bolívar. Según ese testigo, al que la fiscalía da crédito, Luis Pérez fue inspirador de la estrategia. Según sabemos todos fue al menos el parlante de un montaje creado por sus socios en la derrota.
Medellín enfrenta hoy un reto parecido. Quienes hacen política con el miedo han perdido su parapeto de legalidad, pero según parece han elegido al mismo hombre de la campaña anterior. La revista Semana habla de un candidato al Concejo que apoya al ex alcalde y tiene contactos con un “duro” de la comuna 8. En otros barrios lo acompañan antiguas fichas de la Corporación Democracia. Luis Pérez ha dicho que está dispuesto a negociar con los combos y parece tener las conversaciones adelantadas. Es normal que el poder de intimidación se imponga en Aguazul, en Puerto Gaitán, en San Onofre, digamos que no tienen las defensas democráticas y ciudadanas para resistir. Pero Medellín debe volver a ganar la pelea para demostrar que no vive bajo las costumbres de la periferia política y que sus alardes de civilidad no son solo canciones de feria.

Luis Pérez en EPM

Las elecciones implican siempre un ejercicio de memoria. Así como los candidatos tienen derecho a repetir sus aspiraciones, los ciudadanos tenemos algo de obligación para evitar que se repitan los desastres pasados. Y como las campañas son una foto con demasiados retoques, es más útil acudir a la cruda realidad de las administraciones pasadas.
EPM acaba de recibir una buena noticia por parte de las calificadoras de riesgo. Su deuda y sus bonos fueron certificados con un grado de solvencia que está un escalón por encima del que recibe Colombia, a la altura del que ha obtenido Ecopetrol. Por su parte la Corporación Transparencia Colombia le pone 95 puntos sobre 100 en su tabla de buenas prácticas corporativas, su autorregulación, sus canales de contacto con los ciudadanos.
Pero algún tiempo pasado fue peor. En marzo de 2003, durante la administración de Luis Pérez, la calificadora Duff & Phelps puso una advertencia sobre los riesgos que implicaba la inminente politización de la empresa. No era la única preocupada por el manejo irresponsable propio de un alcalde más en campaña que en gobierno, una campaña con plata ajena, por supuesto. La Superintendencia se servicios públicos anunciaba una auditoría internacional para revisar las cuentas y decisiones de EPM, y la comisión de regulación de energía alcanzó a multar a la empresa con 447 millones de pesos por sus métodos heterodoxos, por decir lo menos.
Según informaciones de prensa Luis Pérez colocó a más de 100 ahijados en EPM, pasando por encima de los procesos de selección y de los requisitos profesionales. Un primo suyo y un cuñado de su hermana fueron los botones de muestra de su dedo nominador en las oficinas del edificio inteligente. Recordemos que en la telefónica de Pereira nombró a una ingeniera química que fue destituida por gustos y gastos extravagantes. La tarjeta de crédito empresarial se pagó hasta una clase de esquí en un viaje de negocios a Chile. Apenas 34.408.000 era el saldo de la tarjeta al momento en que llegó la procuraduría y la destituyó e inhabilitó por 10 años. Era una más de las amiguitas de siempre bien rodeado ex alcalde de Medellín.
La amenaza era tal en EPM que los profesionales debieron crear un sindicato para defenderse del apetito burocrático y las decisiones politiqueras que se saltaban los filtros técnicos. Luis Pérez ha vuelto a hablar del tema de tarifas en esta campaña. Ya sabemos de qué se trata, ya conocemos su camino. Y el riesgo no es solo para Medellín, el departamento y el país -sobre todo ahora que se construye Hidroituango-, tienen mucho que perder con un administrador de tarima como presidente de la junta de EPM. Liliana Rendón y los Suárez Mira se deben estar frotando las manos y ese ruidito tiene que servir como antídoto contra la desmemoria.

Congreso invisible

El Congreso entrega cada tanto una noticia para la diversión y la indignación nacional. Es una las funciones que ha asumido más allá de los mandatos constitucionales: servir como válvula de escape entre pintoresca y amarga. Mientras la aprobación de las leyes logra visibilidad solo cuando el gobierno felicita a los legisladores por su obediencia patriótica, el escándalo de cada tanto tiene asegurado un seguimiento estricto y su consiguiente manifestación ciudadana. De modo que se habla más de la demanda de combustible de Juan Manuel Corzo que de los proyectos de reforma constitucional para penalizar el aborto o para pulir la llave de Santos en busca de la quimera de la paz.
Pero detrás del repentino exilio de Corzo en Azerbaiyán y de sus lastimeras disculpas por pedir más de lo que merece, se esconde una realidad inocultable de nuestro Congreso: los senadores son simples razoneros de una pequeña clientela para la que cultivan encargos en cada una de las oficinas públicas de sus regiones. No les interesa la opinión pública nacional, no conocen sus sensibilidades y desprecian sus reproches y sus posibles castigos. Logran 63.251 votos -para mencionar el caso Corzo- y quedan convencidos de que tienen suficiente poder para desafiar el sentido común y el umbral de tolerancia del público. Pueden sobrevivir al desprecio de la opinión nacional con el sencillo aprecio de la burocracia regional.
Hace unas semanas Juan Manuel Corzo habló de inmunidad judicial para los congresistas. Según creo su idea no es más que una extensión de la inmunidad política que creen conseguir los barones electorales con sus votos más o menos constantes. La seguridad que entrega una empresa electoral en los departamentos sirve como escudo contra las críticas “cachacas” y espada contra el centralismo. Solo la presión del Congreso y del Partido Conservador hizo que Corzo pidiera perdón por expresar sus convicciones de hombre fuerte en Norte de Santander. Estaba afectando a sus copartidarios y el rating del noticiero del Senado había perdido 10 puntos. No puedo creer que tuviera 10 puntos.
Las declaraciones de Liliana Rendón, baronesa electoral antioqueña, en medio del escándalo por la agresión del Bolillo Gómez a su amiga invisible, comprueban que la gran mayoría de los senadores no son más que diputados de una asamblea departamental con una silla en el Congreso. A la Monita le interesa la camisa de campaña de la gente en Amagá, Bolombolo e Ituango y no trending topic de la semana en Twitter. Por eso la señora Rendón fue un poco más allá que Corzo y dijo con toda su boca -que no es poca cosa- que le importaba muy poquito lo que dijeran de ella y sus ideas de género.
De los 102 senadores que del Congreso si mucho el 10% tiene la posibilidad y las intenciones de tener una voz nacional. Ellos sirven de voceros de sus partidos e intermediarios frente a los medios de comunicación mientras sus compañeros silenciosos se dedican al menudeo. A nadie debe extrañar entonces que los órganos de control, los jueces, los simples asesores de campaña y las ONG tengan más relevancia política que una montonera de congresistas dedicados a hacer fila para llegar a la gobernación de sus departamentos.