En agosto de 1995, un año luego de la posesión de Ernesto Samper, fue detenido Fernando Botero Zea, su director de campaña y ministro de defensa en los primeros once meses de gobierno. Días después Botero Zea reconocería que la plata de los Rodríguez Orejuela entró a la campaña que llevó a Samper a la presidencia. El lío empezó con Santiago Medina, un anticuario que devino en tesorero del candidato liberal. Medina era bueno para los negocios con los narcos, servía como decorador de sus casas y maquillador de sus cuentas. Luego del escándalo vinieron tres años de juicios, pulsos, conspiraciones, mamolas y porfías. Todo terminó con un “aquí estoy y aquí me quedo”.
Las campañas políticas tienen un detrás de cámaras que es en realidad un pacto de silencio. “Hagan lo que tengan que hacer pero no me cuenten”, podría ser la frase de batalla de las sumas entre platas y votos. En el caso de Samper las consecuencias fueron graves para el gobierno porque la espuma salió muy pronto y las confesiones desde adentro hicieron irrefutables los torcidos.
En tiempos de Pastrana también sonaron las monedas de los Rodríguez Orejuela. Los carteles son generosos y no conocen el sectarismo. Por eso los Rodríguez, “liberales de hueso colorado”, según sus propias palabras, dijeron ser demócratas convencidos y aportantes a los godos. El mismo Santiago Medina le dijo en su momento a la Fiscalía que la plata de los narcos también llegó a hasta la campaña del candidato conservador. Años después los Rodríguez le recordaron al expresidente sus aportes. Lo hicieron por medio de una carta muy franca y cordial donde le recordaron sus ayudas por la vía de los “ilustres conservadores” Álvaro Pava padre y Álvaro Pava hijo. La carta terminaba con un reto: “Doctor Pastrana, si usted cree que esto último es falso, y se siente agredido lo invitamos a que nos denuncie ante la autoridad que usted, en su conocimiento, crea que es la competente”. La cosa nunca llegó a la fiscalía y Pastrana alegó siempre la pulcritud de sus dos carreras a la Casa de Nariño.
En tiempos de Uribe también aparecieron las acusaciones. Para 2002 fue una declaración de Fabio Ochoa Vasco, narco que escondió Mancuso en San José de Ralito entre 2000 y 2005. El narco dijo en Semana que Mancuso le entregó tres maletas con billetes de 100 dólares, dos millones mal contados, a emisarios de la campaña Uribe 2002. Fabio Echeverry, gerente de esa campaña, dijo que eso era una pelea de delincuentes y no valía la pena siquiera desmentir a Ocho Vasco.
El expresidente Santos reconoció la financiación ilegal de su campaña en 2010. Ya habían pasado siete años y era mejor un pequeño mea culpa: “Frente a la revelación de que hubo recursos no registrados en mi campaña de 2010, quiero expresar mi más absoluto rechazo y condena frente a ese hecho. Lamento profundamente y pido excusas a los colombianos por este hecho bochornoso que nunca ha debido suceder y del que me acabo de enterar”. Además, fue una chichigua de 250 millones llegados desde Interbolsa. Roberto Prieto, gerente de campaña condenado, también habló de 600.000 dólares entregados por las joyas de Odebrecht.
En 2014 las dos campañas que llegaron a segunda vuelta, Santos y Zuluaga, recibieron plata por debajo. Hay condenados y pruebas suficientes. Zuluaga todavía está encartado en la Fiscalía por las declaraciones y audios de Daniel García Arizabaleta. Y Prieto confesó su reincidencia en 2014.
Llegó el turno del gobierno del cambio. Benedetti sabe de giros políticos y bancarios. Según los antecedentes lo más grave es que las consignaciones se revelen muy pronto y desde adentro, en este caso se cumplen las dos condiciones. Falta por ver si habrá un Fernando Botero…y si veremos a un Horacio Serpa.