miércoles, 23 de junio de 2021

Noticia de un paciente

 





 

Un reino anunciado durante más de un año, un reino de puertas abiertas, con las invitaciones silenciosas y ocultas que se entregan todos los días, un reino plagado de advertencias y fantasmas y condenas ¡Qué digo un reino! Mejor una fortaleza, una prisión. A ese lugar fui invitado hace un poco más de quince días por un anfitrión desconocido. Y llegué sin mayores asombros, siguiendo los dolores indicados, aceptando muy pronto que la fiebre era una garantía de estar en sus habitaciones, que no era un asunto de imaginación. En apenas veinte horas me entregaron la confirmación de mi llegada: la prueba médica como llave, un pequeño instrumento para medir el oxígeno y la presión arterial, treinta pastillas y consejos acompañados de compasión.

Un chuzón en el pecho había sido una primera advertencia, como el índice que nos señala de una culpa con golpes secos en el esternón. Luego las piernas para advertir la debilidad que viene y más tarde la presión en las cuencas de los ojos, no se sabe si con intensión de sacarlos o hundirlos. El efecto en los ojos tal vez tenga que ver con el necesario llamado a ocultarse, a vivir en el claustro de los apestados. El único contacto que se mantuvo siempre fue el de la vigilancia tortuosa que entrega el teléfono. En esta instancia las enfermeras y los médicos no hablan, solo titilan. Cuando me sentía como el más triste de los pájaros, en pijama, abriendo y cerrando los brazos para respirar hondo y alejar la presión del pecho, justo en ese momento algo vergonzoso frente al espejo, timbraba el teléfono: “¿Podría enviarme sus signos vitales?”. “sin voluntad ni para lavarme los dientes”, hubiera sido siempre la respuesta apropiada.

En medio de la clausura se impone una especie de diadema que hace presión sobre la cabeza para dosificar los mareos y sacudir el mundo. Imagino que esa misma presión es la que entrega una sensibilidad exacerbada al inquilino. Recuerdos inesperados, resignaciones que parecían olvidadas, las ansias de resarcir algunas ofensas ya caducas… Todo viene en medio de la fiebre y parece tan irreversible, tan poderoso. La peor televisión me hacía llorar generando el doble castigo de la sensiblería y la falta de voluntad para si quiera cambiar el canal. Pero para el descanso estaba la noche: un nado desconcertante entre sudores y escalofríos en las piernas. Solo el agua servía como salvación, el agua que se agotaba en las noches y al mismo tiempo obligaba al baño donde la talla de la taza era cada vez un poco más amplia frente al cuerpo. Pero no todo era sensibilidad a flor de piel, también estuvo la privación de los sentidos. Sin previo aviso la fruta salvadora de la mañana ahora era una papilla insípida y la sopa un potaje para la supervivencia. Masticar como un acto de fe, como un ejercicio tan triste como ese de respirar y levantar los brazos.

El despertar, o mejor, el amanecer, era sobre todo un sobresalto acerca de las posibilidades de la mejoría. Casi siempre un alivio, algo de ánimo, pero la estadía iba pesando hora a hora y luego de la siesta, más imposición que descanso, era el momento de las nuevas fiebres y el abatimiento. Una burla sin duda, una manera de vencer también la mente y la confianza. La música sonaba afuera como algo extraño, cómo algo ajeno y lejano. No apta para la gente en la fortaleza.

La suerte quiso, además, que en la mesa de noche estuviera dispuesta La montaña mágica, novela de apestados que viven en un elegante desahucio. Tembloroso pasé más de 400 de sus páginas, casi viviendo entre esos personajes que tosen para existir, llevan su tabla de temperatura, ven admoniciones en las sombras de sus pulmones y terminan por apreciar su enfermedad como lo único que los hace singulares. La novela va por la mitad, y parece que yo he logrado salir del Sanatorio Berghof. 

miércoles, 16 de junio de 2021

Lecciones brasileras

 



Durante siete años Brasil celebró una campaña anticorrupción con visos de carnaval y entregó aires de justicia y revancha a una mayoría de la población. La política ya no aportaba ninguna credibilidad así que era hora de que los jueces, su investidura y su severidad, cargaran con las emociones extinguidas de las campañas políticas. Las primeras del caso Lava Jato se dieron en 2014 e involucraron a 46 personas por delitos de soborno por parte de la estatal Petrobras y lavado de dinero. Un año más tarde el ministerio público había construido un portal con información abierta sobre el proceso que unos meses después ya tenía más de un millón de visitas. Ya en el 2017 el expresidente Lula da Silva había sido condenado a nueve años de prisión por recibir sobornos de Odebrecht y perdía así la oportunidad de participar en las elecciones presidenciales de 2018.

Sergio Moro fue desde el comienzo el líder y la cara visible de la ofensiva, un moralizador que se fue entusiasmando con su tarea y con la sociedad civil que lo aclamaba. Sus declaraciones sobre la vanidad judicial parecían calcadas de los políticos: “¡Siempre he dicho públicamente que lo importante es el trabajo institucional, el poder judicial y sus instituciones. Entonces, debemos enfocarnos en el fortalecimiento de las instituciones porque esto también implica el fortalecimiento de nuestra democracia!”. Pero comenzaron a aparecer las fotos sociales con la gente de la Social Democracia que al mismo tiempo eran llamados a declarar contra sus rivales políticos. Las advertencias de los juristas más serios y garantistas fueron desestimados como un afán de tapar a los poderosos. Desde 2014 un magistrado del Tribunal Federal dejaba claros los peligros: “Es un juez que presta un servicio público relevante, pero tiene que tener cuidado de no transformarse en un Estado policíaco". Moro conminaba a Lula a declarar con la policía antes de notificarlo, filtraba a la prensa las piezas que consideraba fundamentales así no tuvieran respaldo legal. Por ejemplo, las interceptaciones de conversaciones con Dilma Rousseff que justificó citando como precedente el Watergate gringo del 1974.

Moro recibía premios internacionales, era aplaudido a rabiar en sus visitas a capitales latinoamericanas y su capa de súperjuez cubría casos y condenas un muchos países. La falta de un contrincante de peso por la “descalificación” de Lula sumada al impulso anticorrupción llevaron a Bolsonaro al poder. Moro que había negado de plano la posibilidad de estar en la política llegó al ministerio de justicia del nuevo presidente alegando que era un cargo técnico para impulsar reformas claves. Un año y cuatro meses duró antes de salir disparando del gobierno por las injerencias de Bolsonaro en el despido del jefe nacional de policía.

Pero faltaba lo peor. Las comunicaciones por Telegram de Moro y los fiscales se filtraron y fue claro que el juez hacía también de fiscal y daba órdenes y consejos a los acusadores. Ahora sí las filtraciones le parecían injustificables. En marzo pasado el Tribunal Supremo de Brasil confirmó la libertad de Lula y anuló los fallos en su contra decidiendo que el fallo de Moro había sido parcializado. Ahora muchas de las causas penales de Lava Jato tambalean y no de los magistrados del tribunal habló de la Stasi brasilera.

En Colombia esos juegos de justicia suelen ser mucho más mediocres. Impulsados por Margarita Cabello o Carlos Felipe Córdoba, simples rondadores de curules con encargos partidistas e ínfulas justicieras. Moro, la procuradora y el contralor demuestran que la aparente lucha contra la corrupción puede encarnar tantos peligros como la corrupción.

 

 

 

 

 

 

 

 

miércoles, 2 de junio de 2021

Detrás de la placa

 

 



Leer el diario de un policía, su minuta de registros, riesgos, violencia, corrupción y frustraciones, fue un ejercicio paradójico: nada me sorprendió pero cada página me dejó detalles aterradores. El libro, a la vez el retrato de algunos municipios y de una institución en mora de reformas, se llama Detrás de la placa y fue escrito por Andrés Acosta Romero hace unos cuatro años. El agente Acosta llegó a la policía en abril de 2003 y vistió el uniforme por más de 10 años. Tiene algo especial ese agente con gustos rockeros y horas libres al lado de Poe y Camus “para no penar güevonadas”.

Nunca quiso ser policía, su vocación estaba lejos de ese “servicio” en el que lo inscribió su madre aburrida de ver sus ocios de billarista en su natal Villavicencio. Él solo puso la huella y la firma en el formulario diligenciado. El primer contacto con la policía lo había tenido a los 19 años cuando una palmada en la espalda lo despertó de su “vuelto” en patineta oyendo a los Illia Kuryaky and the Valderramas. Un policía lo esculcó hasta los huesos preguntándole dónde tenía la marihuana y luego pasó más de 12 horas en una celda de castigo por su pantaloneta camuflada. Un abuso de rutina para miles de jóvenes en Colombia.

Pero el uniforme lo esperaba luego de cansarse de llevar hojas de vida siguiendo la ruta de la bolsa de empleos del Sena. Antes unos vecinos le habían propuesto irse al Caquetá al próspero negocio de raspar y cocinar. Para eso no necesitaba entrevista de trabajo. Eran los tiempos del Plan 10.000 en la primera presidencia de Uribe y la formación de los agentes había pasado de un año a seis meses. “De uniforme colegial a uniforme policial, de muchacho de barrio a autoridad, de cuadernos a revólverl…” Antes de jurar lealtad a la patria y besar la bandera, Acosta aprendió a marchar como muñeco de cuerda, a ser sumiso y agachar la cabeza, a gritar para ganar respeto frente a los ciudadanos, a brillar sus botas y templar las cuatro esquinas del catre. “Salí sin saber la diferencia entre un policía y un militar…”

Solo unas semanas después de salir a las calles y entrar a las estaciones fue testigo del primer abuso policial. En Mosquera, Cundinamarca, municipio de bautizo, un sargento mayor les partió 3 tablas de un camarote a dos detenidos que habían peleado en una celda: “Parecía una escena de Guantánamo”. Más tarde, trabajando en Chía, sería testigo de cómo un subteniente casi mata a un borracho en un calabozo a puta de puños y patadas. Acosta no quiso atestiguar a su favor en la investigación y fue castigado a una caseta polar para cuidar la casa finca de un congresista: “Un policía prestando servicio como vigilante privado”.

El patrullero también sufrió los acosos por demostrar “operatividad”, es decir por incautar drogas, armas o llevar detenidos. Una simple estadística para las celdas. Así llegó a un acuerdo para recibir informes de una jíbara jefe a cambio de dejarla trabajar mientras ella le entregaba a sus rivales de plaza. También cuadró caja con sobornos de rutina a carros y camiones y aprendió que los restaurantes de carretera son un paraíso para almorzar gratis y levantar meseras. Y sufrió la discriminación de los oficiales sobre sus subalternos, la imposibilidad de ascender, la segregación interior que es incluso peor que la que se acostumbró a sostener en las calles.

El libro tiene algo de alegato y desengaño. Ahí están las burlas de sus vecinos cuando llegó rapado, los insultos en las marchas y el desprecio de alguna novia que le dejó claro su valor: “Estoy saliendo con un ingeniero industrial… Tu tan solo eres un patrullero que apenas terminó bachillerato”. Esa placa que es un escudo y una afrenta.

 

 

miércoles, 26 de mayo de 2021

Borrar el muro

 



En 1935 un acuerdo del Concejo de Medellín encargó a Pedro Nel Gómez diez frescos para acompañar desde los muros del cabildo las discusiones públicas. En Colombia las polémicas artísticas comenzaban a hablar de “conciencia social” y representación de las “pulsaciones emocionales del pueblo”. La política había llegado a los primeros salones de arte y los muros en los edificios públicos emblemáticos (Teatro Colón, Capitolio, alcaldías, Universidades) eran parte de la lucha partidista. Los frescos de Pedro Nel en el Concejo tenían algunos títulos sugestivos: “La muerte del minero”, “La sopa de los pobres”, “Maternidad americana”. Ni los colores, ni los temas, ni las figuras les gustaron a los políticos más conservadores y a la sociedad más pacata. Estaban acostumbrados a la exaltación de lo que ellos consideraban los valores y no a la crítica “repugnante”.

Unos años después, cuando ya los frescos presidían el Concejo de la ciudad, Laureano Gómez dejaba clara su indignación por la manera como se habían “embadurnado” los muros de un edificio público: “Sin duda mayor desconocimiento del dibujo y más garrafales adefesios en la pintura de los miembros humanos. Una ignorancia casi total de las leyes fundamentales del diseño y una gran vulgaridad en los temas, que ni por un momento intentan producir en el espectador una impresión noble y delicada.” Además, ese arte vergonzoso era una copia del muralismo mexicano (siempre el miedo a esos enemigos que adoctrinan desde afuera) y representaba sobre todo la pereza y el “disfraz de la inhabilidad”. Más tarde, el Concejo de Bogotá aprobó una moción pidiendo que se borraran los murales de Ignacio Gómez Jaramillo que “afean las escaleras del capitolio nacional”. Lo que en principio era una crítica estética terminaba en términos políticos: “¿O es que a los pintores y artistas se les premian entre nosotros sus ideas izquierdistas pero no el mérito intrínseco de sus obras?”

El fin de semana pasado hubo polémica en Medellín por un muro pintado en el barrio El Poblado. El colectivo más grande de grafiteros de la ciudad ha intervenido más de veinte muros, muchos de ellos con mensajes referentes al abuso policial que el paro no ha hecho más que confirmar. La leyenda era sencilla y sugestiva: “Convivir con el Estado”. Era de grandes dimensiones, como el hecho que buscaba señalar y condenar. Esa larga convivencia entre grupos paramilitares y agentes del Estado.

Al día siguiente algunos vecinos del barrio salieron a borrar ese titular callejero a doce columnas que les pareció ofensivo y violento. No podían entender por qué alguien venía a “rayar su barrio”. Su lógica se parece un poco a la de las bandas que imponen fronteras invisibles a los territorios que controlan. Para ellos la ciudad está compartimentada, no solo ideológica y socialmente sino en sus límites “geográficos”. “Medellín es nuestra”, decían mientras oían en himno antioqueño en una escena falangista. También sorprende cómo una leyenda que recuerda crímenes de Estado en alianza con políticos, mercenarios y empresarios les sentó tan mal. La ofensa que les produjo el menaje tiene algo de autoinculpación. Los “buenos” (así se llamaban en su estribillo de calle) deciden entonces cuáles son los mensajes que deben ir en los muros de la ciudad, se han elegido curadores eméritos. Y no sólo eso, consideran que borrar la opinión ajena e incómoda a sus ideas es un acto de paz. Ir acompañados de niños y policías con pintura blanca y verde es para ellos una muestra suficiente de concordia. Ven sombras en los muros, le temen a las letras, pretenden dictar la estética e imponer su política. Habitan en viejos tiempos y en carros nuevos.


miércoles, 19 de mayo de 2021

Zonas francas

 





Hace cincuenta años, cuando Cali descansaba del “deber cumplido” por la realización de los VI Juegos Panamericanos, el alcalde de la ciudad ya hablaba de una idea que se ha hecho lugar común en nuestros diagnósticos sociales: “Un deseo por unir a las dos grandes ciudades que coexisten en Cali”. El plan continuemos era la campaña para seguir con la avanzada “cívica y de progreso” que llevaba más de seis meses marcando la prensa y los mensajes oficiales. Los recién llegados por las migraciones debían sumarse, aprender, asimilar los valores asentados en la ciudad. Quince años después, en 1986, cuando Cali celebraba sus 450 años de fundación y se recordaban los días de la ciudad recién bañada por los Panamericanos, un columnista de El País volvía con la idea: la llegada de personas que solo traían “su miseria y su anhelo” hacía necesarios “elementos de unidad entre la clase dirigente educada, precursora, consciente de sus responsabilidades sociales, y esa gran masa sin educación y sin bienes de fortuna…” El civismo era la respuesta para lograr ese encuentro entre las dos ciudades.

Apenas un año de los Panamericanos, algunos barrios de la Comuna 16, nacidos de invasiones y comités de vivienda popular, eran incluidos en los mapas oficiales de la ciudad por los acuerdos del Concejo Municipal. A comienzos de los sesenta se habían dado las primeras invasiones y los enfrentamientos con la policía dejaron en su momento una muerte que marcó la primera historia del barrio: Juana María García murió por un disparo de un agente. Con una caseta comunitaria con su nombre comenzaba otra historia de la zona. Luego vendría la pelea por tener servicios públicos y las luchas con la policía a causa de las conexiones ilegales.

Uno de esos barrios peleados en los sesenta y legalizados en los setenta se llama República de Israel. Ahí muy cerca está ese amplio cruce de calles que se ha hecho famoso durante el reciente paro y que pasó de Puerto Rellena a Puerto Resistencia. Allí estuvo una de las primeras pilas públicas de agua cuando los lotes se repartieron. Ahora es una especie de república independiente defendida a piedra y fuego de llantas por varios cientos de jóvenes. Muchos de ellos sienten que por primera vez pertenecen a un proyecto común, que su escudo y su capucha se justifican. Uno de los habitantes del sector intentaba explicarme, la semana pasada, las particularidades de ese espacio listo para el tropel, que en la noche parece un parque de barrio con ventas callejeras, visitas de familias, música y algo de cerveza fría, pero que está rodeado siempre de la tensión y el recelo de la “primera línea”. Decía que desde noviembre de 2019 se decidió protestar en los barrios, no salir de caminata para ser gaseados en la ciudad sino resistir en casa. Ese cambió táctico hizo que la gente del barrio haya comenzado a reconocer la lucha de los pelaos, que los alimente y los aliente; y ha logrado, además, unir a los perfiles más diversos, hacer que los pillos menores oyeran la historia de los jóvenes con discurso político y pliego de peticiones, que los universitarios hicieran plante con la gente de la esquina, que el regente de una plaza se interese en un punto improvisado de “atención médica”. Todos están seguros de librar la batalla de sus vidas. 

Un hombre de unos 55 años, en bicicleta, con un atao de leña al hombro, descarga su aporte al lado de una de las ollas comunitarias que alimentan a los pelaos: “Llegó la primera leña”, dicen entre risas. El hombre del fuego nos ve los micrófonos y nos dice con voz recia: “Cuenten la verdá, lo que se vive aquí”. Es parte de la desconfianza frente a todo el que llega al barrio sin compartir las señales de su historia. La herencia de pelea es muy larga y los abusos de la policía han dado cohesión y firmeza a muchos puntos de resistencia en Cali. Las dos ciudades parecen más divididas que nunca.

 

 

 

 

 

Abuso judicial

 



Legalizar el abuso parece ser la nueva estrategia del gobierno nacional y la fiscalía. Un tándem cada vez más parecido al ya famoso “matrimonio” que se mueve en moto con la chaqueta verde de quien va al volante y armadura negra para el parrillero. La idea se pretende inteligente a pesar de lo perversa. Tiene el doble objetivo de limpiar el primer abuso, la captura ilegal y la golpiza, y aplicar un segundo atropello aún más grave, el sometimiento a un juicio y una larga detención preventiva. La estructura de defensa pública de nuestra justicia y la discriminación de la policía a la hora de aprehender y aporrear se encargan de completar el cuadro: los cazados generalmente no tienen cómo pagar un abogado y los defensores de oficio cargan hasta con ochenta acusados y difícilmente pueden siquiera contestar el WhatsApp de las madres desesperadas.

En Medellín, durante los primeros días del paro, se vieron varios casos que ejemplifican muy bien la felonía. Y me perdonan el tono abogadil que va tomando esta nota. Jóvenes capturados al azar, en medio del tropel, por lo general jóvenes que huían ante las primeras escaramuzas, terminaron asistiendo a una audiencia de imputación con la cabeza rota. Antes de la audiencia fiscales y policías estaban concertando a ver cuál era el delito más apropiado para hacer valer su mentira, como si estuvieran llenando un crucigrama. Otra vez el “matrimonio” en acción.

El caso más sonoro fue el de cuatro jóvenes capturados en el parque de El Poblado. Se escampaban debajo de una cornisa cuando llegaron los policías a cumplir con su cuota de captura y bolillo. Los atacaron sin mediar palabra, los capturaron y fueron acusados de violencia contra servidor público, un delito que da entre cuatro y ocho años de cárcel. Ese atropello normalmente se quedaba en los Centros de Traslado por Protección, donde la policía lleva a quien deambule en estado de alteración grave de conciencia, presente comportamientos agresivos o realice actividades peligrosas, o sea cuando a un agente le dé la regalada gana. El tiempo máximo de “estadía” en esas bodegas es de doce horas. Ahora las cosas han escalado y una cuota de los capturados está pasando del código de policía al código penal. No pregunten por la Defensoría que ahora está dedicada a agachar la cabeza.

Afortunadamente hay penalistas que salen a ofrecer y prestar sus servicios ante los atropellos de policía y fiscalía y el desgano del ministerio público. La expresión declamatoria de luchar por la libertad encuentra de vez en cuando a algunos que logran hacerla literal. Pero los peligros no se quedan en las actuaciones de los funcionarios mencionados. Algunos jueces vienen a aportar su granito de arbitrariedad. En el caso en Medellín la palabra de los policías, que dijeron haber sido golpeados con piedras y botellas y estar muy cerca de ser “acribillados”, terminó siendo prueba incontrovertible. No valieron los testimonios de los capturados ni de al menos diez personas más entre ellos defensores de Derechos Humanos: “Por qué los agentes van a estar diciendo mentiras”, dijo el juez. Y si la policía no miente pues sobra el juicio. Basta su testimonio. Fue necesario que apareciera un video que mostraba la escena completa para que el juez decretara la libertad. Sin esa cámara en el sitio y el momento preciso esos cuatro jóvenes golpeados estarían en la cárcel. Antes, el juez les había dicho que si eran educados y de buenas familias qué estaban haciendo allá. Y luego de liberarlos, les prohibió participar en nuevas protestas. Hay que aceptar que el Estado va puliendo sus formas de abuso.


miércoles, 5 de mayo de 2021

Tributar violencia

 





La protesta la iniciaron los más jóvenes. No tenían mucho que perder. La rabia contenida, la necesidad de gritar, el sentimiento de exclusión, un aplazado espíritu común logró una rápida cohesión entre los manifestantes. Las autoridades, en la paranoia inicial y la necesidad de descalificar la totalidad de la movilización, hablaron de delincuentes concertados. Entonces llegó la policía y empezó el tropel. En solo cuarenta días los hospitales habían atendido a más de once mil personas heridas durante las protestas y se denunciaron más de quince mil detenciones con su larga lista de abusos. En la lista de víctimas mortales había 26 personas y las investigaciones iniciales señalaban a policías y militares como responsables de al menos ocho asesinatos por culpa o dolo. Ahora la consigna principal era “Basta de abuso”. Vinieron los saqueos, los enfrentamientos entre civiles y la destrucción de bienes públicos y comercios. El origen de las protestas casi se había olvidado, ahora se marchaba y se peleaba por las condiciones de pobreza, por los bajos salarios, el creciente desempleo, la corrupción y, por supuesto, por la brutalidad de las fuerzas militares y de policía. Entonces, el presidente ordenó a los militares salir a las calles y decretó el toque de queda. Pero las marchas siguieron sin tomar en cuenta camuflados ni decretos y la medida que causó la indignación inicial fue archivada con algo de vergüenza.

Esa pequeña cronología no abarca cuatro días de paros en Colombia durante la semana pasada sino cuarenta días de agitación y abuso en Chile entre octubre y noviembre de 2019. Los recursos de respuesta a los reclamos ciudadanos son muy similares en nuestras democracias, limitados, acostumbrados a la violencia, seguros de la impunidad, arrogantes desde las oficinas y criminales en las calles.

En el país muchos descalificaron la inconformidad general frente a la reforma tributaria por ser demasiado primaria. No entendía los mínimos conceptos de la hacienda pública ni su carácter técnico y hasta redistributivo. Pero los motivos se han ido acumulando lejos de los proyectos de ley. La desproporción de las restricciones por la pandemia, esa tiranía cotidiana que se ha hecho viral, la ceguera que solo ve los riesgos del Covid mientras desconoce los estragos de ese “estamos salvando vidas” que ya no solo suena vacío sino ofensivo. El resentimiento y la desconfianza que dejó la actuación asesina de la policía durante septiembre pasado en Bogotá. Chille llegó a una reforma constitucional impulsada en parte por el abuso de los uniformados que dejó cuatro muertos por disparos oficiales en los primeros cuarenta días de protestas. Colombia ha sumado cerca de cuarenta muertos a plomo por parte de la policía en dos jornadas de protesta.

“Marchar es la única salida”. Esa parece ser la consigna de miles de jóvenes en el país. La única salida a la calle, el desfogue a la mano, la posibilidad de sentir que hay comunidad, que se puede exigir con una cuchara un perol, que no se necesita wifi para conectarse. No se trata de impuestos sino de imposiciones, de una violencia repetida, del cansancio del destierro en su propia suelo, del desasosiego en las esquinas donde o se vende algo o se sufre de hambre o atropellos.

El paro recoge muchas historias, entre ellas el desprecio que muchas veces han sentido los jóvenes por su manera de vestir, de andar, de fumar, de hablar… Una necesidad de hacerse a un lado y “vivir a la enemiga”. Lo peor es que la política, sea de gobierno o de oposición, está cada vez menos preparada para gestionar la desilusión y las expectativas de cacerolas, piedras y consignas.