Vuelve y dispara

Parece increíble pero Rosario Tijeras ha regresado. Y con lo peligrosa que está Medellín. Después de 11 años de su sonada aparición, con su melosería de besos y balazos en el libro de Jorge Franco, después de 5 años de ver a Flora Martínez convertida en una cascona menos mosca muerta y más provocativa que la misma Rosario. Cuando ya hemos comido portadas, perfiles, análisis, tesis, críticas y canción de Juanes, deciden que es hora de contarnos la vida perdida de la pistolera. Cómo era de niña, qué desayunaba, cuán difícil fue su infancia que la empujó a sus tiroteos.
Y con Rosario Tijeras vuelve el cuento del estigma a Medellín, los antivalores y el resto de la cháchara. Sobra decir que esa queja con un aire del boletín de la parroquia y la circular de la oficina de turismo es incluso peor que sufrir otra Rosario Tijeras. El editorial de El Colombiano clama porque cese la vulgaridad, llora por la injusticia con los esfuerzos hechos en la Bella Villa, pregunta con indignación por las gentes de buena voluntad. Y se duele por el mundo materialista y superficial. En todo caso, para la gente de mala voluntad, publica en su página de entretenimiento una entrevista con la Rosario que aflora. En el titular la insinuante señorita dice que la eterna sicaria es un personaje mítico.
La Rosario Tijeras de hoy no sólo es un fetiche ya demasiado largo, un rayón insoportable en ese disco viejo de las telenovelas; es además la culpable de que Medellín exhiba otra vez el más tonto y más repetido de sus complejos. Ruego por qué alguien le dé el tiro de gracia.

Made in USA

Ha pasado menos de un año y medio desde que unas palabras sencillas (Hope, Yes, we can), mantras corrientes de las campañas electorales, lograron que Estados Unidos y el mundo hablaran de una nueva era. Parecía que el ideario entre cínico y provinciano de George W. Bush no había sido más que un tropiezo superado. Ahora la política reconocería los matices, apelaría a la inteligencia más que a los impulsos del orgullo nacional y lograría que el Estado centrara su lucha en preservar unos valores antes que acabar con unos enemigos.
Pero el péndulo ha regresado muy pronto. El viento indescifrable de la política y el huracán de la economía lo han llevado de nuevo hasta la orilla opuesta. Y Obama, el ídolo de hace poco, ahora solo resulta simpático cuando habla de las reglas que impone como padre de familia. Hace poco dijo que sus hijas no veían televisión en semana y el público estadounidense lo miró de nuevo con algo de ternura.
Más allá de las habitaciones de Malia y Sasha el ambiente no es el mejor. Los republicanos se acercan paso a paso a la derecha insubordinada y fanática. Hasta Sarah Palin parece moderada frente a los recientes discursos en la Conferencia de Acción Política Conservadora. En ese escenario el gobernador de Minnesota, con un swing bien oportuno, dijo entre risas: “Deberíamos hacer como la esposa de Tiger Woods, tomar un hierro 9 y romper la ventana del Gran Gobierno”. Los temas de la Conferencia fueron diversos: La lucha contra la tiranía de Washington, La resistencia contra los recaudadores de impuestos, Cómo salvar la libertad amenazada, La rendición de Obama ante la Yihad y Ahmadineyad.
Todo ha coincidido con una imagen tan conocida como inquietante: una pequeña avioneta entrando por las ventanas de un edificio de impuestos en Austin, Texas. Joe Stack era el piloto y antes de su venganza contra el gobierno federal dejó un confuso memorial de agravios. Alguna de sus frases podría acompañar muy bien los avisos en las camionetas parqueadas en la Conferencia Conservadora: “Pro vida, Pro armas, anti Obama”. Parece que el comienzo de la furia de Joe Stack fue la negativa de la oficina de impuestos de reconocer su casa como una iglesia, el templo de un credo individual, para así evitarse el pago de algún gravamen. Ese detalle representa bien el ideario de los fanáticos conservadores en Estados Unidos: Cada hombre es una iglesia, cada hombre es un santuario que no tiene por qué recibir la visita de los burócratas, los paganos que representan al gobierno. Un credo similar se aplaudió con rabia en la citada Conferencia: “Nuestros derechos no emanan del Estado, emanan de Dios”.
Mientras el ejército de Estados Unidos pide disculpas cada semana por el bombardeo de civiles en medio de su cacería de terroristas y fanáticos talibanes en Afganistán, la gente en las calles de Texas mostraba una cara que combinaba el reproche y la comprensión por la “acción desesperada” de Joe Stack. Pocos medios mencionaron la palabra terrorismo al hablar del ataque que dejó un funcionario muerto y doce heridos. Incluso Scott Brown, el senador elegido recientemente por Massachusetts, pareció dispuesto a disculpar la furia de evasor-kamikaze: “Usted no sabe nada de ese individuo. Él pudo haber tenido otros problemas. Ciertamente a nadie le gusta pagar impuestos”. El fantasma de Timothy McVeigh, ejecutado por la bomba en Oklahoma, está más vivo que nunca. En los pupitres de las escuelas está su credo poético: “No importa cuán angosta sea la puerta / Ni cuán lleno de castigos esté el pergamino / Yo soy el dueño de mi destino: / Yo soy el capitán de mi alma”.

Claudicar para vencer

Poco a poco se ha ido invalidando la pequeña ronda de conversación con los jefes de las bandas en las cárceles de Medellín. El gobierno nacional convirtió el aval en una escueta desautorización, la alcaldía declaró haber sido informada más no invitada, la policía descalificó la posibilidad argumentando que los narcos usarán la mesa para disparar desde más alto y la mayoría de los comentaristas hablan de claudicación, intereses electorales y maquillaje institucional.
No es fácil dar una opinión sobre el supuesto pacto entre las huestes de Valenciano y Sebastián. De un lado, todo está cubierto por un manto de secreto que alienta los malos pensamientos. De otro, es difícil reconocer que el Estado deba entregar legitimidad como contraparte a un ejército de mafiosos y extorsionistas apertrechados.
Sin embargo, el escenario no es extraño a la ciudad de Medellín. Con resignación se debe reconocer que la delincuencia organizada ha mantenido desde hace mucho tiempo un poder de regulación sobre las cifras de criminalidad. Muchas veces medidas contra los capos en las cárceles han marcado los picos de disminución o aumento de homicidios y otros delitos. Paso con Pablo Escobar, con Don Berna, Con Don Mario. Tampoco se puede olvidar que desde principios de los años 90, cuando las comunas eran todavía un descubrimiento ajeno a las novelas y las telenovelas, se conformó la mesa de trabajo por la vida, coordinada por la iglesia católica, con funciones para incentivar “el diálogo entre grupos juveniles armados y en el impulso a las negociaciones entre las milicias populares y el Gobierno”.
No se podrá decir que ese modelo ya fue superado. La reciente desmovilización paramilitar incluyó a muchas de las bandas armadas de la ciudad a manera de experimento. Estaba claro que se trataba de una especie de tregua y que la lucha era por no dejar que esos ejércitos sin mando claro se dispersaran después de la foto. Y más recientemente, en octubre del año pasado, la alcaldía avaló pactos de no agresión impulsados por las juntas de acción comunal en algunos barrios de la ciudad. Fueron pactos de alcance zonal para permitir el tránsito de los estudiantes, para comprometer el respeto de ciertos espacios imprescindibles.
El problema con los actuales actores de la negociación es que ellos no tienen ni quieren poder político y no parece fácil ofrecerles algún privilegio judicial diferente al Principio de oportunidad; entonces lo único creíble es que se les promete un apaciguamiento de la policía a cambio de su tregua, que el “bando” del Estado entra también en un pacto de palabra, una licencia temporal en el acoso a los pillos.
Eso suena muy mal. Pero resulta muy difícil criticar un descenso en la tasa de homicidios. (Sin datos oficiales de febrero todo el mundo coincide en que las cifras del presente mes han mejorado sustancialmente). Si esos índices bajan y no aumentan las imposiciones ilegales en los barrios, las críticas tendrían que centrarse en que no se resuelve el problema de fondo. Tal vez nunca se resuelva, tal vez nuestras ciudades deben ocuparse de un triste y sórdido malabarismo.
Alguien decía que lo mejor es enemigo de lo bueno. Y tal vez el Estado tenga como utilizar a su favor el aparente ablandamiento. Si las bandas son ventajosas y manipuladoras el Estado también puede serlo, y podrá aprovechar esa tregua en la cadena de odios y venganzas para meter una mano inteligente que debilite los poderes de los combos, que convenza, que divida. Satanizar la posibilidad de pactos hará que cada vez sean más oscuros.

Uribismo y Santanderismo

Luego de la ponencia que según parece cierra puerta a las pretensiones del presidente Uribe de mantener la rienda durante cuatro años más han aparecido los voceros de la voluntad popular, los defensores del fondo sobre la forma, los detractores del odioso puntillismo legal, los hombres prácticos, los pensadores que no reparan en detalles, los industriosos que buscan defender el todo sin mirar las partes.
Algunos de esos ilustrados saben que la democracia está hecha de formalidades, que en últimas las leyes son un conjunto de procedimientos de tiempo y lugar, que el fin debe adaptarse a los medios para no terminar tratando la Constitución como una “bicha” engorrosa. Otros de verdad no logran entender que el Presidente de la República debe estar sujeto a unas reglas elementales y estrictas sin importar lo piadoso, laborioso y valeroso que sea. Como una garantía para dominar sus ímpetus y no vernos sometidos a sus admirables y peligrosas cualidades. He intentado convencer a muchos de esos imperturbables reeleccionistas y he fracasado en cada intento: en las conversaciones con ánimos anisados, en las charlas de tinto y empanada, en la mesa con mantel y galletas, en el monólogo desde la banca del taxi.
Sin embargo, mis ímpetus pedagógicos continúan y en vísperas del bicentenario he decidido recurrir a algunos alegatos entre Bolívar y Santander para ilustrar nuestra actual disyuntiva. De antemano me disculpo con los historiadores y aclaro que lo mío es la simple cartilla educativa. En el principio era la pugna entre las necesidades que imponía la guerra contra los españoles y los dictados de las leyes de hacienda. Bolívar daba la pelea en el sur pensando solo en la victoria y Santander intentaba desde Palacio hacer cumplir los acuerdos constitucionales. Según sus ideas los gobiernos de la naciente república debían enseñar a los ciudadanos a respetar las normas básicas. El héroe contra el leguleyo.
Luego vendrían los pleitos en torno a la constitución de 1821. Bolívar y Santander compartían su desconfianza respecto a las reuniones populares y el posible advenimiento de los demagogos. Pero proponían soluciones distintas. El Libertador quería afrontar los peligros con una constitución copiada de la de Bolivia: un presidente que nombraba a su sucesor, un senado hereditario y un centralismo fuerte. El hombre de las leyes confiaba en que la constitución existente era una herramienta válida para encarar los desafíos y se pegaba a los llamados formalismos: la constitución de 1821 establecía la prohibición explícita de ser reformada antes de 10 años. En contra de su recelo inicial Bolívar terminó aceptando la voluntad de las juntas populares por encima de la ley y convocó una convención para cambiar la constitución. Cuando no logró el apoyo suficiente a sus ideas decidió asumir todo el control por la fuerza de su brazo. El estado de opinión es un cuento viejo.
En ocasiones, ante la realidad de la derrota política Santander cedió en su apego a la ley y decidió decorar su resignación con algunos laberintos jurídicos para que las decisiones de hecho tuvieran un barniz constitucional. Esa especie de disfraz hizo que el término “Santanderismo” acabara por definir los actos de quienes incumplen la ley mientras tiran un manto leguleyo sobre sus trampas y sus descuidos. La paradoja es que hoy en día los verdaderos “Santanderistas” no son quienes invocan las formas legales sino quienes quieren cubrir sus afanes políticos con la doctrina de José Obdulio, las razones de Juan Lozano y la bendición del Procurador.

Genio y figura

Siempre creí que entre el gobernador de Antioquia de las Convivir en Uraba en 1997, el Presidente de la República que defendía las capturas masivas en el 2003 y el Álvaro Uribe que aspira a la tercera reelección había sutiles diferencias. Pensaba que se había pulido un poco con la lija de las sentencias de la Corte Constitucional y la áspera realidad de los falsos positivos. Uribe llegó al gobierno y a los tres días había declarado el estado de excepción. Quería convertir algunos departamentos en algo cercano a las jurisdicciones militares, intentó hacer del ejercito una autoridad judicial, quiso entregarles a los civiles obligaciones un paso más allá de sus de sus deberes ciudadanos.
Las noticias de sus primeros años de gobierno hablan de las capturas masivas respaldadas por el testimonio de informantes como el más grande lunar de la exitosa política de seguridad. El caso emblemático fue la captura de 143 personas en una operación en los municipios de Coloso, Chalán y Ovejas, en Sucre. La desarticulación del frente 35 de las FARC terminó dos meses más tarde con la libertad de 128 de los capturados. El Fiscal que ordenó la medida fue acusado por prevaricato y absuelto por la Corte Suprema dos años más tarde.
La Corte Constitucional acabó con sus intenciones en las llamadas zonas de Rehabilitación y Consolidación y el Presidente se enteró de que había algunos límites. El maniqueísmo duro pareció controlarse un poco y con resignación se acogió la idea de hacerlo todo más despacio: gastarse ocho años en el asunto.
Pero parece que ocho son pocos y los doce están envolatados. Era hora de regresar a las ideas fuertes. Uribe vuelve a ser tan chambón y tan osado como en sus primeros tiempos. Su propuesta de los 1000 estudiantes-informantes demuestra que las urgencias de seguridad dejan ver de nuevo un Uribe algo pasado, un jefe de brigada dispuesto a algunos experimentos peligrosos. La pifia fue tan grande que algunos de sus hijos adoptivos, el gobernador de Antioquia por decir algo, han intentado un matiz en sus comentarios. Y el Ministro de Defensa quiso borrar el énfasis de la medida entre los estudiantes. En una ciudad donde niños de 10 o 12 años no pueden ir al colegio porque violan los límites entre los combos y son acusados de “hacer vueltas” para el enemigo, sería una locura ponerle a los estudiantes, así sean mayores de edad, una especie de chaleco invisible con el logo de la fiscalía. En definitiva parece que Uribe no hay sino uno aunque parezcan tres.
En Cali el Presidente volvió a la carga con una propuesta de interpretación del Código Penal. Con el fin de evitar excarcelaciones pidió que quienes sean sorprendidos portando armas de manera ilegal sean acusados también de concierto para delinquir. Es verdad que en Colombia los escalones entre la acusación de los fiscales, la decisión de los jueces y la reja efectiva del Inpec son bastante tortuosos. Pero el Presidente no puede ir estirando los delitos ante la avalancha de las cifras de homicidios. Tampoco le conviene semejante flexibilidad. Por esa misma vía sus críticos extremos lo podrían situar en las orillas del derecho penal. Jorge Noguera acaba de decir que el mismísimo Uribe fue quien nombró a José Miguel Narváez, el gran oidor del DAS, y que le entregaba al Presidente informes sobre la actividad sindical. Esas declaraciones serían preocupantes para un fiscal quisquilloso. Cuando el corral del derecho penal se va ampliando algunas reses inesperadas pueden quedar en el establo.

República de pesadilla

Desde las hazañas de su temprana independencia Haití ha sido un extraño esperpento, un jeroglífico que comenzó a construirse de la mano de un esclavo con ínfulas de emperador: las ruinas de sus seis castillos, sus ocho palacios y su fortaleza adornaban las postales para los turistas en la primera mitad del siglo XX. Y la nobleza haitiana, que era una especie de comedia para la Europa del siglo XIX, terminó con una tragedia de suicidios y linchamientos en la isla.
Las fiebres del tifus y el paludismo traerían la figura de un nuevo monarca. François Duvalier consolaba los enfermos, cuidaba sus miserias con el hábito de San Lázaro y clamaba contra los mestizos. Una vez en el poder cambió su traje de médico santo por la levita y el sombrero del Barón Samedi, dios de la muerte en el santoral Vudú. Las gafas oscuras que tapaban los ojos de su milicia personal parecían cubrir un poder sobrehumano.
Los Comediantes, una novela de Graham Greene ambientada en la Haití de los años sesenta, cuando Duvalier ya había sido excomulgado y de la ayuda gringa solo quedaban los letreros de Coca-Cola, dos cádillacs destartalados y algunas Seven Up en los burdeles, puede servir para desmentir a los moralistas que intentan culpar a un mundo malo que ha pervertido a un enclave heroico. Y no estaría mal como cartilla burlona para los arrebatos de buena voluntad basados en una mirada compasiva e idílica sobre la historia de Haití.
El libro comienza en la cubierta de un barco que navega rumbo a la “República de pesadilla”. Todos sus pasajeros excepto una pareja de ancianos estadounidenses conocen la isla y saben qué los espera a la llegada. Antes de tocar el puerto uno de los tripulantes tiene un terrible acceso de llanto. El matrimonio Smith mira con sorpresa a sus compañeros de viaje y busca una respuesta. Los pensamientos de Mr. Brown, hotelero por accidente en Haití que hace las veces de narrador, sirven como respuesta: “El lugar a donde nos dirigíamos era para todos nosotros un buen motivo de llanto”.
Las visiones sobre Haití del Señor Smith, ex candidato a la presidencia de EE.UU por un movimiento amigo del vegetarianismo, y de su esposa, una férrea defensora de los derechos de los negros en su país, son de un paternalismo que resiste todas las rudezas de la realidad: “Llegamos a una República negra con una historia, con un arte, con una literatura. Era como si enfrentáramos el futuro de todas las nuevas repúblicas africanas, con sus problemas de crecimiento resueltos. Desde luego, queda mucho por hacer todavía en este lugar”.




Pero el Señor Smith debe ir enfrentando los días. Un compañero de excursión golpeado por la policía, el cadáver del ministro al que le iba entregar una carta de recomendación robado por la guardia del Presidente, el robo de sus cordones luego de una salida a la oficina de correos, la mano de un policía de gafas oscuras en la cara de su esposa, los ofrecimientos torcidos de un ministro para levantar su centro de vegetarianismo, el polvo y la desolación en Duvallierville, la respuesta haitiana a la grandeza de Brasilia.
Mr. Brown, su anfitrión en el Trianon (una referencia al famoso Hotel Oloffson en Puerto Príncipe), intenta explicárselo: “Haití es un país muy bueno para los proyectos”. Hay muñones de obras empezadas por todas partes. Pero el Señor Smith es comprensivo y tenaz: “En Haití la historia tiene pocos siglos, y si hemos cometido errores, después de dos mil años, ¿cuánto más derecho tendrán estos pueblos para cometer errores similares y aprovechar la lección acaso mejor que nosotros?”.
Luego de ser recibido con solicitud y amabilidad en todas las oficinas públicas el señor Smith termina descorazonado. Mr. Brown lo remata con algo de sorna en un país donde el 99% de los habitantes no tienen cómo comprar carne: “Quizá es necesario que los haitianos primero sean carnívoros para luego ser vegetarianos”. La disolución definitiva viene luego de ver a los niños de las escuelas caminando para asistir a la ejecución de dos traidores en el cementerio. Su hospedero lo trata con delicada firmeza:
“- Siento que lo del proyecto no haya resultado. Pero era una idea imposible, Señor Smith.
-Ahora comprendo. Debemos parecerle unos personajes muy cómicos, Señor Brown.”
Al final, rumbo al aeropuerto, el buen candidato gasta la última de sus opciones. Se baja del carro en el centro de la ciudad y comienza a tirar sus dólares y sus gourds en una escena desesperada. Los mendigos se retuercen y se golpean, la policía entra a bastonazos, los tenderos miran aterrados. El hombre se sube al carro y concluye: “Bueno querida, supongo que ese dinero está mejor empleado que en el proyecto del centro…”

La seguridad y la policía

Siempre le he temido a las propuestas de reforma formuladas por los jefes de policía. Incluso más que a los policías mismos. La regla general es que sus proyectos surjan de un sentimiento de impotencia frente a los criminales e intenten imponer a todos los ciudadanos un trámite o un horario de subestación. La lógica es simple: “Si no los podemos capturar, los obligaremos a firmar un formulario”. En Medellín, el Coronel Luis Eduardo Martínez, acaba de proponer que los inquilinos o dueños que recién lleguen a algunos barrios de la ciudad estén obligados a registrar sus datos ante la inspección de policía más cercana: estado civil, actividad profesional, lugar de trabajo… Según el Comandante es hora de acabar con esa “vagabundería de arrendar apartamentos y casas sin control, sin saber para qué se van a usar”. La idea del jefe policial es acabar con las guaridas de mármol de los mágicos y sus secuaces en los barrios estrato seis. Los porteros de los edificios deben estar temblando ante la posibilidad de perder el puesto a manos de agentes de la Sijín.
Está bien que el Coronel no sea un experto constitucionalista. Pero pretender que el arriendo o la compra de un apartamento requiera una especie de comparecencia policial y una posterior verificación de datos bajo amenaza de ser expulsado del vecindario, es una idea digna del presidente paranoico de la Junta de Copropietarios. Además de inútil para frenar la violencia o producir capturas. No parece fácil que los pillos se entreguen ante la tentación de vivir en la urbanización Bosques de Viena en las laderas de El Poblado. El juego de siempre hará que el apartamento lo compre un reconocido empresario y lo habite su quebrador de confianza. La norma serviría simplemente para que los salones comunales de algunos edificios tuvieran un ambiente menos sórdido. Pero la pifia no es solo del Coronel. A Federico Gutiérrez, ex presidente del Concejo, la idea le pareció muy interesante. Hay mucha gente cansada de encontrarse en el ascensor con los personajes del Capo y las Muñecas de la mafia.
Pero lo inquietante de la propuesta es que supone que Medellín necesita medidas como las que se intentaron imponer en las llamadas Zonas de Rehabilitación y Consolidación al comienzo del gobierno Uribe. Mediante un decreto de Estado de Excepción el Presidente recién posesionado le dio facultades al Comandante Militar de las zonas “para recoger, verificar, conservar y clasificar la información acerca del lugar de residencia y de la ocupación habitual de los residentes y de las personas que transiten o ingresen a la misma”. En su momento la Corte Constitucional dijo que se violaban garantías individuales, se ponía sobre el ciudadano una carga desproporcionada y se sobrepasaban las facultades del gobierno. Uribe insistió en el 2003 mediante una reforma constitucional y una Ley Estatutaria que proponía un empadronamiento obligatorio para todos los ciudadanos. La reforma se cayó por vicios de trámite en la Cámara y nos libramos de un “censo de población” manejado por la policía, el DAS y las direcciones de inteligencia de las fuerzas militares. No habría sido buena idea darles un formulario a los militares para que patrullaran, por decir algo, Soacha o Vistahermosa.
Lo otra conclusión, que no sorprende pero asusta un poco, es ver lo cerca que pueden estar el gran estadista, el irremplazable, el hombre providencial y su simple subalterno en una comandancia de policía. Lo que en boca de un Coronel no es más que un disparate luego de un día de muchos disparos, en boca del Presidente Uribe estuvo a punto de ser norma constitucional. No es tan claro que sea mejor la seguridad que la policía.