Los gases lacrimógenos y las bombas de aturdimiento son casi siempre la
utilería final de una gresca larga y compleja. El chisporroteo que registran los
medios para que se saquen dos o tres conclusiones opuestas y equivocadas. Las
recientes trifulcas en el norte del Cauca son el ejemplo perfecto de una maraña
social, racial y política que buscamos comprender con el saldo de heridos entre
indígenas y policías con escudo. Para el televidente o el lector de prensa la
sangre también tiene la última palabra. Pero cada gresca en Caloto, Inzá,
Caldono, o Santander de Quilichao tiene derechos y tragedias que se superponen,
límites ancestrales que chocan con las oficinas de registro y recelos tan
viejos como el maíz.
El Cauca es sobre todo un caldo donde se mezclan organizaciones
indígenas, negras y campesinas con reivindicaciones justas, y algunos apetitos
desbordados, con las haciendas de los empresarios cañeros y los grandes
cultivos de pino y eucalipto. Todo en medio de linderos endebles y títulos de
propiedad por definirse. Hasta ahí el caldo es tan caliente que es imposible
meter la cucharada. Pero faltan los ingredientes venenosos: cultivos de coca,
marihuana y amapola, todos los grupos armados ilegales, rutas de narcos hacia
el pacífico, reacomodos de población por tragedias ambientales y
desplazamiento. A todo eso se le suma una nerviosa expectativa frente a lo que
pueda pasar luego de un acuerdo con las farc. Entonces lo que algunos quieren cantar como un
estribillo de un pueblo ancestral y desterrado por latifundistas, es en
realidad un mapa de danzas y bochinches de todos contra todos.
Los indígenas constituyen el 20% de la población del departamento y se
agrupan en 100 resguardos. Según las cifras tienen entre títulos “sellados y
por sellar” cerca de 612.000 hectáreas, un poco más de una tercera parte del
departamento. Aquí aparece la primera superposición de linderos entre quienes
buscan hacer valer sus actas coloniales y quienes tienen resoluciones recientes
del Incoder. Pero eso no los convierte en terratenientes. Buena parte de sus
tierras son zonas de conservación o parques naturales y en muchas comunidades
la joven familia que tiene su primer hijo no encuentra donde sembrar el café,
el fique, la yuca, el maíz o la papa. Cuando el Estado adjudica a los
campesinos desplazados vienen nuevos líos y cuando entrega las propiedades
colectivas a los negros también ha habido zafarrancho. Un estudio de la
Universidad Javeriana publicado en diciembre de 2013 reseña 15 conflictos,
entre urgentes y potenciales, que involucran a comunidades indígenas,
colectivos negros y organizaciones campesinas. En los últimos dos años el
gobierno compró más de 5000 hectáreas por un valor cercano a los 32.000
millones de pesos para entregarles a comunidades en el Cauca. Muchas veces la
ansiada solución terminó en nuevos conflictos con muertos y parcelas quemadas.
Nos tenemos que olvidar de los propietarios sonrientes que exhiben la escritura
y el registro de instrumentos públicos.
Es cierto que la agroindustria acapara las tierras más fértiles y suma
más de 80.000 hectáreas en sus campos, es cierto que la pobreza rural supera el
80% y que los cultivos ilegales son el alivio y la condena para muchas familias
campesinas, negras e indígenas. Pero no vale la pena convertir el complejo
juego de estrategias sociales, armadas y clientelistas en un simple despojo de
los poderosos. La tierra en el Cauca no es plana, es sinuosa como la realidad.




















