Estridencia acusatoria

La Fiscalía ha pasado de las acusaciones a la defensa en causa propia. Tiene múltiples maneras de abogar en favor del Fiscal General y su largo recorrido de negocios, vueltas, transacciones y enmendaduras. Sabemos que Néstor Humberto Martínez era algo así como el Corrector General de los entuertos del Grupo Aval como socio de Odebrecht. Para su defensa se usan comunicados, declaraciones, hilos en Twitter y sonoras noticias de acusaciones, detenciones o acuerdos. De otro lado, el difícil e incierto equilibrio del Fiscal termina por ocultar el desenlace de acusaciones cojas y medidas temerarias que se han hecho costumbre. De modo que el mecanismo por un lado oculta los líos del jefe y por otro las deficiencias de sus subalternos.

Dos noticias recientes en Antioquia dejan ver algunas perversiones acusatorias. La primera tiene que ver con la libertad concedida a Santiago Gallón Henao. La Fiscalía descargó como es costumbre la responsabilidad en el juez de control de garantías y los medios siguieron esa ruta. Pero el trayecto muestra la fallida y desleal apuesta de los acusadores. Gallón Henao fue detenido acusado de narcotráfico. Setenta días después se intentó una audiencia de acusación que terminó frustrada por la no comparecencia de todos los acusados. Luego los defensores propusieron un preacuerdo donde Gallón admitía cargos. La Fiscalía lo firmó y quedaron a la espera de la decisión de un juez de aprobar o improbar el acuerdo. Durante ese lapso se suspenden los términos. Esa suspensión se hace para que los defensores no renuncien al acuerdo a última hora y pidan libertades por vencimiento de términos. Mejor dicho, para que no simulen la voluntad de un acuerdo para lograr una libertad abusando del derecho. En este caso quien renunció al acuerdo a última hora fue la Fiscalía. Antes de la audiencia dijo que ya no le gustaba ese arreglo y que como los términos estaban suspendidos, Gallón Henao debía seguir en la cárcel aunque la detención iba a cumplir 300 días sin cuando el plazo legal marca 240. La Fiscalía pretendía aplicar al acusado la misma treta prohibida a la defensa. Gallón Henao quedó libre y los fiscales señalaron al juez de garantías.

Con la detención del alcalde de Envigado el Fiscal General sacó a relucir sus “Bolsillos de Cristal”, habló de pulcritud y se refirió en tono socarrón al manejo de natillera que le daban a los recursos del municipio. Incluso mencionó un lote de 50 millones que se pretendía vender al municipio en 1300 millones. Una hora de investigación habría dejado claro que los 50 millones eran el avalúo catastral y que empresas calificadas mostraban un avalúo comercial de 1300 millones. Muy pronto quedó claro que no había peculado porque nunca se comprometieron recursos públicos y el lote no se podía comprar sin aval del Concejo. Se trataba de una transacción entre particulares, una estafa del dueño del lote que vendió una factura falsa (expedida por la secretaría de hacienda) a una empresa de Factoring. Tampoco había celebración indebida de contratos ni contrato sin cumplimiento de requisitos. Solo una falsedad en documento público que el fiscal del caso no mencionó. De forma similar se cayeron los otros dos casos que llevaron a la captura del alcalde. Al final el juez impuso la medida que lo separó del cargo por una conversación con un concejal para que no cerrera una cantina. De modo que la Fiscalía cojea y luego señala a los jueces porque la justicia no llega. Uno de los tristes argumentos en las audiencias fue un “huele a delito”. Un indicio que no es digno ni para una acusación periodística. La cabeza de la fiscalía pierde legitimidad y el cuerpo carece de rigurosidad. 

Decretar el enemigo

Nos hemos acostumbrado a los combates a muerte. Las amenazas extremas han marcado buena parte de los desafíos nacionales en las últimas décadas. Los enemigos letales e indiscutibles, identificados bajo una sigla o un nombre propio, nos han entregado tragedias y debilidades, al tiempo que nos han ahorrado la necesidad de un rumbo propio y ocultado la complejidad de otros desafíos al Estado. Esos enemigos han servido también para unir a una sociedad hecha de hostilidades y distracciones. Las Farc, los carteles de Medellín y el Valle, los paramilitares, con sus diferentes cruces, nos definieron por antagonismo y pervirtieron muchas veces a eso que llamamos de manera pomposa la institucionalidad. A los dirigentes les bastaba entonces una declaración implacable frente a esos enemigos, la valentía o los alardes eran virtud suficiente. Todos los presidentes probaron la guerra y la negociación, todos aprovecharon ese manto de autoridad que les entregaba ser el antagonista de la maldad probada.

La dispersión de los nuevos enemigos, sus siglas menos dicientes y sus nombres más insignificantes, ha dejado una especie de orfandad en la lucha, la imagen triste del pugilista que suelta los puños al aire, pelea contra a sombra, busca un rival inexistente. Durante la pasada campaña presidencial el actual mandatario y su partido lo encontraron pasando la frontera: el contrincante fue un peso pasado en desastres y desatinos, un saco atado con una banda tricolor. Suficiente para garantizar la victoria. Un adversario torpe es ahora uno de los mayores activos del gobierno colombiano.

Luego de ostentar la victoria el gobierno empezó demasiado blando, más dedicado a las exhibiciones que a los combates, más cercano a la escopetarra que a la mano firme, incapaz de mostrar un rumbo. Pero rápidamente se dio a la construcción de un enemigo que encarnara una amenaza suficiente y creíble, que sirviera de tiro al blanco frente a la opinión pública. Se intentó con el microtráfico y la hazaña de Duque frente a diez jíbaros en el Barrio Antioquia en Medellín. Dos meses antes el alcalde Federico Gutiérrez había hecho un ensayo general y se usó la misma escenografía. También la coca se señaló como rival a vencer y se eligió el veneno como arma para la victoria. Todo esto en un intento por desconocer los retos mayores frente a más de cien mil familias que sufren la indolencia estatal y la tiranía mafiosa.

Pero el primer triunfo llegó con la muerte de Guacho, era el momento de un cadáver y una equis sobre el cartel de los más buscados. En la exhibición del triunfo hubo espacio para el chiste fácil. Se intentó convertir a una bandido menor, un fusible de fácil reemplazo, en un jefe caído que da respiro a toda una región. Luego algunos congresistas cercanos al gobierno propusieron plomo sin pausa contra la delincuencia en las ciudades. La idea es decretar el miedo e intentar que los ciudadanos sirvan de “agentes oficiosos” con un arma al cinto. Y la treta más reciente fue la información de un supuesto plan para atentar contra el presidente Iván Duque. Hay un enemigo agazapado, un conjurado más allá de la frontera, de modo que Maduro y Duque se acusarán cada semana de planes homicidas para ver si el público desencantado se entusiasma un poco.

Programación paranormal

A comienzos de los años sesenta la televisión pública se convirtió en un medio de enseñanza para comunidades donde el profesor era una figura de ficción. Más de 270 programas sobre ciencias naturales, música, dibujo y trabajos manuales hicieron parte del menú del único canal disponible durante los primeros tres años de programación. La televisión hablaba con un tono paternal que hoy parecería algo ridículo. Hasta hace poco una canción infantil mandaba a acostar a los televidentes más jóvenes. Señal Colombia habla de un archivo en su colección de “televisión educativa y cultural” que va desde 1964 hasta 1998. “Caminito alegre” y “Buscando amigos” se citan como los primeros programas para los que sentarse frente a la pantalla era una especie de tarea escolar.

Desde hace unas semanas, a propósito de la ley impulsada por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se viene hablando del peligroso control gubernamental sobre la televisión pública. De la saña, el mal gusto y la imposición que algunos funcionarios podrían ejercer sobre los contenidos de los canales del público. Si antes una ministra de comunicaciones podía “programar” Millonarios Vs Unión Magdalena para tapar una de las grandes tragedias nacionales, convirtiendo los crímenes de Estado en razones de estadio; ahora tres funcionarios que muy seguramente representarían a un gobierno podrían decidir sanciones, “adular” a los privados con algunos premios y guiar la programación de los canales públicos según intereses de supervivencia electoral.

La amenaza no es menor. Pero la realidad de algunos canales regionales tampoco permite la tranquilidad. Mejor dicho, los tiempos aciagos ya están en la parrilla. Dejo un ejemplo paranormal. Desde hace unos años Teleantioquia transmite en las mañanas un espacio llamado Javis predice, dedicado a leer el tarot y entregar otras artes adivinatorias. Su presentador se llama Francisco Javier Villada y el canal lo presenta como un “motivador, maestro de luz y mentalista especializado en rituales, numerología, predicciones, tarot, consejos mágicos y educación sobre los signos”. Semejante repertorio recuerda a quienes entregan publicidad sobre brujos y milagros, al tiempo que deslizan la posibilidad del paga diario, en el centro de nuestras ciudades. Una hermosa relación entre los mayores embustes y los mayores riesgos que se promocionan al aire libre.

De modo que nuestra televisión pública que comenzó con intenciones educativas hoy dedica parte de sus espacios a promocionar la superstición, ser socia en el engaño a los ciudadanos más vulnerables y dar un impulso a la ignorancia. No estaría mal leer una entrada del Diccionario del diablo de Ambrose Bierce cada que termine la programación. “Adivinación: arte de sacar a la luz lo oculto. Hay tantas clases de adivinación como variedades fructíferas del imbécil florido y del tonto precoz”.

Bien sabemos que el Estado no siempre es confiable en la repartición de bienes materiales, que muchas veces esconde raciones y prodiga bienes según lógicas arrevesadas y perversas; pero que también se dedique a proporcionar engaños y se lucre de las miserias de los ciudadanos le pone sobre la cabeza el turbante del embaucador. Y recuerda las palabras de Spinoza sobre las necesidades de superstición de los más débiles: “cuando las cosas les van mal, no saben a dónde dirigirse y piden suplicantes un consejo a todo el mundo, sin que haya ninguno tan inútil, tan absurdo o tan frívolo, que no estén dispuestos a seguirlo”, y para eso prenden la televisión y buscan los dominios ocultos de Teleantioquia.

Seguridad y control

El helicóptero de la policía apunta su rayo luminoso contra un enclave popular en el Barrio El Poblado en Medellín. El Chispero se llama esa pequeña aglomeración de casas sin revoque y sin portería. Más de cuarenta globos suben dispersos desde sus calles acompañados por la música Rodolfo Aicardi. El helicóptero intenta cegar el lanzamiento colectivo, apunta su luz contra una esquina y los globos comienzan a subir desde otra, dos cuadras abajo. La escena tiene algo de disparatada y elocuente. El ansia de control, la desproporción y la ineptitud quedan en evidencia.

Un grupo de treinta personas se reúnen en la esquina de un parque para prender velas en un ritual manso que en Colombia trae nostalgias parecidas para todos. La cerveza es un ingrediente tan necesario como la candela y los faroles para proteger los pabilos encendidos. Pero los brindis al aire libre están prohibidos. Las patrullas rondan y miran con desconfianza lo que en otra parte sería una simple charla alumbrada. El parque que era antes un exquisito teatro para la charla colectiva es ahora el patio de un CAI y la trastienda de una flota de taxis. La manera de proteger el espacio público es ahuyentando al público con una libreta de comparendos y unas esposas. Ahora solo hay espacio para la arbitrariedad. Mientras tanto los antiguos comensales se han dispersado pos las aceras y las esquinas de los alrededores, escondiendo sus vasos desechables como si fueran veneno. Los policías recorren sus feudos con la cara agria en busca de las amargas. No logran controlar tantos focos de infección. Las ratas se han apoderado del jardín que circunda el parque.

Las escenas me hicieron recordar un texto de Christopher Hitchens sobre sus luchas llenas de impotencia y ridículo contra la administración Bloomberg en la primera década de este siglo en Nueva York. Hitchens describe sus múltiples ejercicios de violación de la ley frente a los “bovinos funcionarios que apenas han aprendido a memorizar mantras tan exigentes como ‘tolerancia cero’ y ‘sin excepciones’”. Para jugar contra algunas disposiciones que buscan impedir comportamientos que no molestan a nadie ni implican daños, vale siempre un instinto natural contra la coacción y el absurdo. Hasta la lógica policial sabe que muchas de la prohibiciones aplicables sin inútiles. Solo que tienen para ellos una utilidad personal ligada a una fácil recompensa económica. En la Nueva York de Bloomberg se llamaban “evaluación de actuaciones” y traían una recompensa para los policías con más tiempo libre y mayor disposición a memorizar el reglamento. Entre nosotros se trata de simple soborno al ciudadano que realiza acciones inocuas. El policía saca la comparendera, divide la multa por dos y enseña la gran rebaja que ofrece al infractor. De modo que lo que era un trasteo informal, un jugueteo que empaña los vidrios de un carro, un niño jugando un videojuego para “mayores” un garaje, un extintor sin el letrero que arriba diga EXTINTOR se convierte en una transacción que implica un delito.

Hitchens menciona multas por alimentar palomas, sentarse en un cajón de madera en la calle, poner el morral en un asiento del metro sin importar que el vagón esté vacío. Y anota que son los policías vagos quienes prosperan en ese juego estúpido que pretende tratar al ciudadano como un niño torpe. Lo importante es que todo el mundo “ha pasado un rato aburrido y sano y está cobijado en su casa antes de las dos de la mañana”. Mientras tanto los funcionarios de oficina dicen luchar contra los delincuentes y proveer la disciplina necesaria. Atrás, un “reloj” digital va marcando el número de comparendos impuestos minuto a  minuto, hasta lograr al tedio infinito.

La cárcel por casa

Es la hora de los carceleros. Abundan los guardias y se regodean los inspectores. Los funcionarios van con el código penal bajo el brazo, lo consideran un libro maravilloso e insuficiente, quieren añadirle nuevos capítulos, trazar una línea más amplia para los tribunales y las celdas. Todo se basa en la necesidad de poner un rasero un poco más alto para los comportamientos permitidos. Es un llamado a la severidad.

El presidente ha propuesto prisión perpetua para algunos delitos. Necesita encontrar un tema para coincidir con un clamor ciudadano: “¿Quieren ustedes, ciudadanos de bien, encerrar por siempre a violadores y asesinos de niños?”. Ha encargado a los conservadores de tramitar esa tranquilizadora posibilidad. Todos reconocerán ese justo afán de justicia.

Pero también es necesario que los policías se encarguen de algunas desvergüenzas. Para quienes deambulan borrachos o se atreven a practicar sus “vicios mayores” al aire libre están los Centros de Traslado por Protección. Son peligrosos, pueden atacar o contagiar a otros ciudadanos, pueden hacerse daño a sí mismos. Los policías serán los encargados de decidir si es necesario una simple multa o un encierro preventivo. El descaro no puede quedar impune.

Y se pregonan las cifras de los detenidos como quien alardea de sus riquezas: “En los primeros 100 días de gobierno hemos capturado más de 50.000 delincuentes”, dijo el presidente Duque con la convicción de un gerente orgulloso. No hay duda de que las calles están más limpias.

Antes el ministro de defensa, un antiguo luchador contra el robo hormiga en los supermercados, había planteado la necesidad de regular la protesta social. El ministro pretendía una protesta que represente a todos los ciudadanos. ¿Una protesta unánime? ¿Y entonces contra quién diablos se protestaría? Luego se entendió la advertencia: El ministro vinculó a las mafias con las marchas y mencionó la palabra terrorismo al lado de las paredes rayadas. Ahora hay un proyecto de ley, de origen parlamentario, que busca crear un delito con penas entre 4 y 8 años para quienes cometan actos vandálicos durante las protestas. Taparse la cara durante las protestas será agravante. Ya existen delitos que castigan el daño en bien ajeno, las lesiones personales, el porte de explosivos, pero el código penal necesita una página más, una nueva advertencia, un castigo expedito más allá de la paliza policial.

También para los vagos habrá castigo, o al menos para quienes den amparo a su pereza. Hace unas semanas la laboriosa ministra de trabajo habló de un cartel de falsas incapacidades que afecta la productividad del país, y advirtió que se lucharía contra esa flojera con ayuda del ministerio de salud y la fiscalía. Que se tengan los alcahuetas y los resacosos en días de labor.

Y ahora la vicepresidente ha hecho un llamado enérgico contra quienes nos arrastran a la anarquía. Pidió a la fiscalía acciones urgentes contra quienes quieren “acabar con los activos de todos los colombianos”. El superintendente financiero denunció a los insidiosos que desde su cuenta de twitter invitan a sacar sus ahorros de algunos bancos. Colombia no tiene un solo condenado por pánico económico. ¡Pero es hora de empezar! Que lleven su plata a donde les dé la gana pero en silencio. Las protestas son pérfidas en la calle y en las redes.

El gobernador de Antioquia, amigo de algunos pillos mayores, ha entendidos de qué se trata y ha propuesto cárceles privadas y cobro por celda a los condenados. Solo retomó una vieja propuesta del expresidente de Fenalco. Que vivan en arriendo esos miserables.

Protección violenta

La operación es lenta, paso a paso, con modales de legalidad, uniforme y reporte diario de vigilancia. La intimidación se ejerce a cierta distancia, de forma sutil, con la mirada sórdida desde un carro con vidrios polarizados. Es una estrategia innovadora para la extorsión en el estrato seis. Los vigilantes se paran en la cuadra desde las seis de la tarde, saludan con cortesía aunque no pueden disimular que visten un disfraz, que les estorba el cuello duro de esa camisa recién cosida. Luego comienzan a deslizar “informes de supervisión” debajo de las puertas de los restaurantes o en los buzones de los apartamentos. Una sencilla bitácora de vigilancia que comienza con un “pasamos revista” y termina con un “sin novedad”. Tiene el nombre y la cédula del rondero pero el apodo de la “empresa” de vigilancia es ilegible. Luego insinúan el monto del cobro, 65.000 pesos semanales. El jefe se presenta como expolicía y reclama por los comentarios calumniosos de algunos “clientes” sobre su compañía. Los nuevos vigilantes conversan animadamente con los policías del sector. El comandante de la estación en El Poblado insinúa que esa gente es peligrosa y recomienda no recibir sus papeles. Vienen los operativos del Gaula y los celadores no desaparecen pero cambian sus trabucos por un simple bolillo. La policía oscila entre la camaradería y la severidad. Es difícil saber cuál es la relación entre los institucionales de uniforme verde y los guardianes recién llegados de uniforme azul. Venden un servicio de acecho, se trata de provocar zozobra, de proveer una “inseguridad segura”, de vacunar contra el miedo que ellos mismo provocan.

La extorsión ya casi abarca la ciudad completa. Un estudio hecho entre 2014 y 2015 por la Secretaría de Seguridad en 247 barrios y 61 veredas, mostró que en el 80% de los territorios visitados se hacen cobros extorsivos. La práctica comenzó a finales de los ochenta con la consolidación de las Milicias en algunas comunas de la ciudad, lo llamaban impuesto de guerra, “para mantener el barrio limpio”, y lo cobraban sobre todo al sector formal. Luego los paras y más tarde las Bacrim fueron ampliando el control, las modalidades de cobro y las puertas en las que se cobra el “tributo”. Los combos se hacen cargo de la logística. Los más jóvenes pasan cobrando el aporte “voluntario” por seguridad. Se hacen rifas forzadas, se venden productos forzados, se cobra por dirimir peleas de vecinos, se imponen multas por violencia intrafamiliar, se consolidan monopolios para la venta de arepas y huevos en las tiendas. Hay que pagar por la seguridad del carro o la moto, por la reforma de una casa, por tener un perro… Simplemente por usar el espacio.
Pagan las viviendas, los negocios, las Juntas de Acción Comunal, los contratistas, los transportadores, los vendedores informales y hasta los habitantes de calle, setecientos pesitos por armar el cambuche. Incluso han aprendido intuitivamente eso de la necesaria progresividad de los tributos. Se ha convertido en un cobro natural, un impuesto (esta vez el nombre no puede ser más preciso) para “los muchachos”, una cuota de la que muy poco se habla. Las denuncias son una anomalía, no hay confianza en el Estado y la policía muchas veces es cómplice silencioso. El año pasado hubo 412 denuncias por extorsión en Medellín. Una cifra ínfima frente al control territorial, la imposición de normas de convivencia y la obtención de rentas por parte de ese Estado precario y paralelo que se consolidó en los barrios. La defensa más corriente contra la extorsión es ahora el desplazamiento que crece año a año. En las laderas de Medellín sí saben cómo se cocina y se cobra una reforma tributaria. 

Gestor general

Néstor Humberto Martínez estuvo menos de un año en el súper ministerio que se creó para sus gustos y habilidades en el segundo gobierno de Santos. Fue tiempo suficiente para hacer dos tareas claves, casar una pelea adecuada, mostrarse generoso desde un cargo de poder, ayudar a cuatro amigos y dejar el escenario listo para los aplausos. El actual fiscal es sin duda un experto en la difícil tarea de trabajar al mismo tiempo para la empresa del jefe y para su propio chiringuito. Cuando dejó la silla palaciega tenía el carné de dos partidos (Cambio Radical y La U), la gracia de las Cortes por una pequeña traición a sus compañeros de gabinete y el favor del Congreso que se inclinaba casi unánime ante su olfato político, su oído delicado con los manzanillos, su labia aguzada ante los leguleyos, su tacto con la oposición y su ojo burocrático para encontrar uno que otro puesto. Esas habilidades le merecieron la Orden de la Gran Cruz del Congreso a mediados del 2015. Los senadores levantaban la mano ansiosos de entregar su reconocimiento al “súper amigo”, al “hombre hecho para grandes cosas”, al “servidor necesario en la arena política”. Fueron casi dos horas de cepillo. Merecido para quien un año antes se había partido trabajado en la estrategia y financiación de la campaña de Santos.

Martínez se fue “abrumado, pleno de alegría y conmovido con tanta generosidad”, y dijo que el retiro del cargo era para atender un compromiso comercial adquirido y trabajar por su “realización profesional”. No estaba mintiendo, un mes después ya asesoraba al Concesionario Ruta del Sol para un contrato de estabilidad jurídica. Conocía bastante bien el negocio. Según Luis Fernando Andrade, exdirector de la ANI hoy detenido por orden la Fiscalía, Martínez dio concepto jurídico en 2012, como empleado de AVAL, para que se aceptara el otrosí de la vía Ocaña-Gamarra. Es decir, hizo sus esfuerzos válidos como empleado para que el concesionario Ruta del Sol II obtuviera un nuevo tramo sin necesidad de pasar por una licitación. Más tarde, ya como funcionario de la presidencia, aprobó la adición en el Conpes que permitió las “añadiduras” al contrato original. Vale la pena un pequeño otrosí, Martínez Neira fue llamado como testigo de la fiscalía en el proceso contra Andrade.

Martínez tiene el extraño don de la ubicuidad. Puede ser fiscal y parte, abogado de intereses privados y defensor de recursos públicos, testigo y acusador, ideólogo y alfil de campaña. De nuevo como empleado del grupo AVAL, y ya conociendo las coimas cantadas por Jorge Enrique Pizano, fue quién elaboró el contrato de transacción entre los socios de la Ruta del Sol II para convertir en un arreglo privado lo que sabía era un desfalco público en el que concurrían varios delitos. Pero no todo pueden ser páginas de contratos y mugre de expedientes. Hace un año el diario El Tiempo, propiedad de sus antiguos patrones, lo eligió como el personaje de 2017. En medio del panegírico sueltan una perla para elogiar su independencia, su capacidad de omitir lealtades para cumplir con sus deberes. Mencionan al expresidente de Corficolombiana, socia minoritaria en el Concesionario Ruta del Sol II y propiedad del mismo dueño del periódico, quien seguro fue su compañero al redactar el famoso contrato de transacción con Odebrecht: “Pero fueron sus fiscales los que pidieron y lograron la captura de José Elías Melo, expresidente de esa firma, bajo cargos de que conoció y avaló el pago de los sobornos.” Conocimiento y aval que al parecer Martínez también tenía. 

El fiscal es sin duda un hombre cocido en todas las aguas, un excelente delegado, un envidiable apoderado, un gran administrador. Tanto que merece un apodo de sus múltiples patrones: Gestor Humberto Martínez.