Noches de Cartagena

 

Las zonas de tolerancia para el negocio de la prostitución o del proxenetismo han sido consideradas un instrumento necesario para “proteger” a la ciudadanía de actividades contrarias a la moralidad pública, una manera de evitar contagios de todo tipo; y al mismo tiempo, una posibilidad de señalar algunos sectores, de encerrar puntos de la ciudad para ejercer más fácil un control y reseñar algunas rutas non sanctas. En los sesenta se discutió mucho en varias ciudades sobre los beneficios de las zonas de tolerancia. Para algunos no era moral ni legal dar amparo a semejantes comportamientos, otros decían que era cuestión de alejarlos de iglesias y colegios, y los más pragmáticos las defendían como una forma sencilla de ubicar al “hampa” para su necesario castigo.

Las nuevas regulaciones han dejado de hablar de la moral para asumir un lenguaje más “neutro e innovador”. Ahora las zonas donde la prostitución es actividad principal son consideradas de “alto impacto” en los Planes de Ordenamiento Territorial. Eso significa, simplemente, que pueden ser poco compatibles con espacios residenciales. Asimilables a las zonas de talleres, por ejemplo, o a las bodegas de reciclaje.

Hace unos días el alcalde de Cartagena, William Dau, habló de la necesidad de una zona de tolerancia en Cartagena que saque la prostitución del centro histórico: “La idea que yo tenía era establecer una zona rosa, bien desarrollada, que haga parte del atractivo de la ciudad pero reglamentada, una zona que ofrezca seguridad e higiene”. Incluso dice que se podría hacer una Alianza Público Privada para financiar ese sector. Ya tenemos tres nombres: zona de tolerancia, zona de acto impacto y zona rosa, hace años las llamaban también zonas negras. La idea es compartida por algunos gremios, autoridades de policía, medios, comerciantes y habitantes del centro de la ciudad.

Parece increíble que en medio de los problemas de explotación sexual y trata de personas (principalmente de mujeres, niñas y niños) por el “comercio sexual” las autoridades hablen solo de proteger el patrimonio turístico. Las “noches de Cartagena”, el rumor de los coches, los curazaos florecidos en los balcones, las iglesias coloniales no pueden ser percudidas por la prostitución. Cuando las discusiones actuales en el mundo y los fallos de la Corte Constitucional hablan sobre la dudosa licitud del negocio de proxenetas, del abuso implícito que implica la prostitución, del consentimiento viciado de quienes “trabajan” –son sometidas– en condiciones de vulnerabilidad económica, de violencia o desplazamiento, el alcalde Cartagena quiere que el Estado participe en el negocio.

La Corte en Colombia ha fallado sobre la legalidad de la prostitución cuando se han intentado restricciones más allá de los Planes de Desarrollo. Pero al mismo tiempo ha dicho que “la prostitución suele estar asociada con el delito de trata de personas, expresamente condenado por la Organización de las Naciones Unidas (…) y la explotación de la prostitución tiene un efecto negativo y de gravedad considerable en la sociedad. En otras palabras, los Estados deben luchar por reducir su expansión, de modo que la Corte encuentra legítimo que el Estado dirija sus esfuerzos a desestimularla, a reducir sus efectos e, incluso a erradicarla”.

Los escenarios de prostitución en nuestro país hacen necesario que el Estado presuma la explotación sexual en medio de proxenetas que inducen, promueven y vinculan a mujeres sobre las que tienen un gran poder. Es preciso, como ha dicho la Corte, que los funcionarios judiciales y administrativos tengan de forma permanente la obligación de vigilancia para excluir el abuso y la trata que casi siempre implica la prostitución. No es cuestión de alejar el abuso sino de evitarlo.

 

 

Reino Caribe

 

Un reino imaginario de mar y tierra ha dado noticias en los últimos días. No está unido por las líneas de las fronteras sino por el abuso de sus regentes, príncipe novel el uno, príncipe heredero el otro, viejo lagunoso el de más allá y un reciente jefe supremo decapitado en su media isla. Todos reclaman un amplio derecho tutelar sobre sus súbditos en riesgo, cantan sus intenciones filantrópicas, defienden el nuevo mundo a su medida y dan ánimo a los seguidores que ellos mismos han armado de valor y algo más.

El príncipe heredero dirige una franquicia calcárea que se dice revolucionaria. Como siempre en estos casos es un ahijado ejemplar, solo que no tuvo un padrino sino dos y tienen muy pocas opciones de moverse del libreto que dejaron los “padres fundadores”. El temor acumulado es su principal herencia, lo acompañan algunas frases hechas, las estampas que han rayado el ojo de los isleños durante más de sesenta años y cierto desgano impuesto por la propaganda y la resignación. Un régimen para el que es imposible la renovación, viejo y paranoico, experto resaltar los sacrificios ajenos y defender los privilegios propios. Acostumbrado a la disyuntiva entre su poder o la muerte. Los más jóvenes han comenzado a desafiar lo intocable. El heredero ha dicho que no solo el pasado, el poder y el futuro son suyos sino también la calle, ha tomado la frase del virrey retirado hace poco: “La calle es de los revolucionarios”. Ese poder ha resistido años de huracanes y no es fácil imaginar su fin.

La feliz pareja que administra otra de las provincias del reino juega con su propia herencia. Están seguros que derrocar a un dictador hace cerca de cuarenta años les entrega una aureola que puede con todas las infamias. La paciencia fue su virtud. Durante más de quince años soportaron la sed del poder que juraban merecer por sus sacrificios en armas, por la liberación de su pueblo. Volvió para quedarse. Está por cumplir quince años en el trono y con seguridad necesitará algunos más para recuperar el tiempo perdido. Su esposa es virreina y el papá de su nuera es el jefe de policía, la exesposa de su hijo maneja el petróleo y así hasta copar la finca completa. Quienes amenazan el poder de la familia han comenzado a ocupar celdas y casas vigiladas. Algunos de los hijos de sus compañeros de armas han muerto a manos del gobierno del otrora camarada.  

El príncipe menor muestra modales jóvenes e impetuosos. Nuevas Ideas se llaman sus maneras repetidas muchas veces: tanques contra el Congreso para “impulsar” un préstamo urgente, soldados en la puerta de los legisladores para darles “protección” y lecciones, un llamado a la fuerza letal contra los delincuentes, la expulsión de los periodistas por odio disfrazado de leyes y la brutalidad carcelaria como la forma mas eficaz del populismo. Hoy los súbditos lo aclaman, el 87% aprueba sus ejecutorias y sus ejecuciones. Ahora no necesita fusiles en el Congreso, tiene mayorías en las sillas y en las calles. Qué joven y qué fuerte se ve con su gorra hacia atrás y sus amenazas. La calle es de mis revolucionarios, de los jóvenes audaces, debe pensar el nuevo salvador.

El príncipe recién asesinado cambió sus exportaciones de banano por el mando de la República. Y luego quiso cambiar la Carta de su provincia: encargó a sus expertos, a su pequeña corte, la redacción de las nuevas reglas y alargó su mando por necesidades propias y ajenas. La estabilidad todo lo puede, aunque haya tenido siete primeros ministros en cuatro años. Los segundos siempre quieren mirar el horizonte desde arriba y la traición parece marcó su fin. Son dos los presidentes asesinados en la provincia en los últimos cien años.

No son noticias nuevas por estas tierras, solo recientes, repetidas, coincidentes. Conductas de jóvenes y viejos regímenes, de extremos de tierra y costa.

 

 

Hotel Covid

 

 

 Miles de jóvenes viajaron el mes pasado desde España continental hacia las islas Baleares para despedir su año escolar. Solo desde Valencia se reportaron 3.600 adolescentes camino a un pequeño desmadre luego de meses de encierro y pantallas. Una tradición de verano acompañada de todos los brindis, mucho de contacto social y algo más, y la música de los conciertos aplazados. Palma de Mallorca recibió con alegría y cocteles a sus invitados más bullosos entre sus diversos “clientes” de cada año.

Una semana más tarde las alertas Covid comenzaron a sonar y hace 8 días ya se hablaba de un “macro brote” que dejó 1.167 adolescentes, provenientes de toda España, con pruebas positivas. Un 25% de los jóvenes que viajaron y se hicieron una prueba PCR. Entonces comenzaron los decretos, las órdenes policiales, los hoteles Covid, las fugas y las decisiones judiciales. El circo excitado de los estudiantes de fiesta fue alimentado por los domadores histéricos en las oficinas públicas y los señalamientos de todo tipo contra esos “niñatos infectos”.

Luego de la estampida inicial cuando se detectó el brote, el gobierno Balear decidió encerrar a 265 estudiantes en el hotel Palma Bellver, una “jaula” de 4 estrellas y 150 habitaciones perteneciente a la cadena Melia. En España lo llaman “hotel puente”.  Entre los confinados había 184 jóvenes con prueba PCR negativa y 81 con resultado positivo. El gobierno decidió encerrarlos a todos por posibles contactos con positivos. Algunos de los padres interpusieron recurso de habeas corpus para obtener su libertad pero fueron negados. En las tardes los jóvenes se asomaban a los balcones con pancartas que exigían la liberación. En las noches era el tiempo de la fiesta, las inundaciones de los cuartos y las peleas con los camaretos ahora vestidos a la usanza del personal de Unidades de Cuidados Intensivos. La escena clásica la entregaron las sábanas amarradas desde el cuarto piso para subir las provisiones de alcohol que les vendía una tienda cercana. En la mañana aparecían las quejas de los inquilinos en redes por el desayuno de avión cuando habían pagado un bufet completo en sus propios hoteles. La gobernación Balear respondía diciendo que gastaba 300.000 euros por cada semana de ese edificio para confinados donde además había 40 extranjeros, 7 de ellos llegados en balsa desde África. Por fuera quedaban 3 jóvenes fugados.

La libertad, al menos para los negativos, llegó con un fallo de una jueza administrativa de la isla. En 22 páginas le dijo al gobierno que su medida era desproporcionada y violaba el derecho a la libertad: “El confinamiento debe producirse, no por potencial diagnóstico, sino por haber un diagnóstico cierto… en un Estado de Derecho la salvaguarda de los derechos fundamentales debe ser el estandarte que a todos nos debe guiar y las restricciones en los mismos, proporcionadas, necesarias e idóneas y sometidas al correspondiente control judicial”. El gobierno Balear había marcado más una culpabilidad que una prescripción de salud pública. La gente pedía un castigo para esos adolescentes irresponsables. El padre de uno de ellos lo resumió bien: “¿Por qué son culpables? ¿Sí puedo ir a Santiago de Compostela y no puedo ir a Mallorca?”.

Al final muchos de los encerrados volvieron en un “ferry burbuja” a Valencia. No estaban contagiados pero viajaron vigilados por la policía y fueron recibidos por un enjambre de periodista en el puerto. No fueron reseñados de milagro. En marzo, todavía con poca vacunación, los miles de turistas alemanes que llegaron a Mallorca fueron más que bienvenidos, solo recibieron un pequeño regaño de Angela Merkel. Pero estos niños indolentes merecían un escarmiento, para eso están el gobierno y las recepciones.

 

 

 

 

Condenas imposibles

 

 

El fin de semana pasado Derek Chauvin, agente de la policía de Minneapolis, fue condenado a 22 años y 5 meses de cárcel por cargos de homicidio. Un angustioso video de 9 minutos y 29 segundos en el que se ve al agente con sus gafas oscuras en la frente y la rodilla sobre el cuello de George Floyd se repasó decenas de veces durante el juicio. El fiscal dividió el video en 3 secciones que demuestran la brutalidad: “4 minutos y 45 segundos cuando Floyd gritó que no podía respirar; 53 segundos cuando Floyd tuvo convulsiones anóxicas por falta de oxígeno; y 3 minutos y 51 segundos cuando Floyd no reaccionaba.” La claridad de la violencia homicida era tan dolorosa que no se necesitaban mayores argumentos: “crean en lo que ven”, fue la frase preferida por parte del fiscal que acusó a Chauvin y pedía 30 años de prisión. Para el juez 2 agravantes acompañaron la culpabilidad del oficial de policía: Su actuación con especial crueldad y su abuso de autoridad. En su condena de 22 páginas se leyó una sencilla conclusión: “El señor Floyd fue tratado sin respeto y se le negó la dignidad que se le debe a todos los seres humanos y que sin duda se habría tenido con un amigo o un vecino”.

El juicio duró 6 semanas y el día de la lectura del fallo más de 2.000 policías custodiaron el tribunal. Hace 2 meses la familia de Floyd fue recibida en la Casa Blanca por el presidente Joe Biden y la vicepresidente Kamala Harris. Ese día una frase de Philonise Floyd, hermano de George, quedó por encima de cualquier declaración oficial: “Si pueden hacer leyes federales para proteger a los pájaros, pueden hacerlas para proteger a las personas de color”. La “ley Floyd” de reforma a la policía está estancada en el senado.

El presidente de los Estados Unidos celebró la condena como “un gran paso” contra el racismo sistemático en el país y recalcó que la actuación del Chauvin había sido un asesinato a plena luz del día. La condena fue más fuerte de lo usual en los tribunales de Minneapolis para un homicidio en segundo grado cometido por alguien sin antecedentes judiciales. El promedio en esos casos habla de 12 años de cárcel. Chauvin no tendrá opción de salir bajo libertad condicional antes de 2035 o 2036 cuando esté cerca de cumplir 60 años. Pero su condena no es solo un “gran paso”, como dijo Biden, sino una gran novedad, una rareza en un país donde cada año cerca de 1.000 personas, es el promedio de la última década, mueren en procedimientos policiales. Lo normal es que los jurados protejan las actuaciones de los agentes y den una gran discrecionalidad al uso necesario de la fuerza. Las cifras de condenas a policías en Estados Unidos muestran que se necesitan incendios en decenas de ciudades, declaraciones presidenciales, miles de horas en televisión y grandes movimientos ciudadanos para que un solo caso tenga un resultado aceptable. Apenas 11 oficiales de policía han sido condenados por homicidio en Estados Unidos desde 2005. Esto a pesar de que una investigación del FBI, hablando de las muertes de ciudadanos a manos de la policía entre 2013 y 2017, anotó que menos de la mitad de los casos habrían sido “homicidios justificados”. Los antecedentes de Chauvin no había sido atendidos antes de que los 9 minutos y 19 segundos se convirtieran en parte de la historia de Estados Unidos. Ni las 22 investigaciones internas en 19 años de servicio ni los 6 arrestos con violencia denunciados en los últimos 5 años dejaron alguna consecuencia.

Condenar a los policías por sus delitos flagrantes es una hazaña, un hito, un punto de inflexión, un gran paso, en Estados Unidos. El uniforme es casi siempre una coraza invencible. En Colombia sucede exactamente lo mismo mientras hablamos de cambio del color de los uniformes Hace unos meses, luego de un video y unos incendios, el agente Juan Camilo Lloreda fue condenado a 20 años por la muerte de Javier Ordóñez.

 

 

Noticia de un paciente

 

 

Un reino anunciado durante más de un año, un reino de puertas abiertas, con las invitaciones silenciosas y ocultas que se entregan todos los días, un reino plagado de advertencias y fantasmas y condenas ¡Qué digo un reino! Mejor una fortaleza, una prisión. A ese lugar fui invitado hace un poco más de quince días por un anfitrión desconocido. Y llegué sin mayores asombros, siguiendo los dolores indicados, aceptando muy pronto que la fiebre era una garantía de estar en sus habitaciones, que no era un asunto de imaginación. En apenas veinte horas me entregaron la confirmación de mi llegada: la prueba médica como llave, un pequeño instrumento para medir el oxígeno y la presión arterial, treinta pastillas y consejos acompañados de compasión.

Un chuzón en el pecho había sido una primera advertencia, como el índice que nos señala de una culpa con golpes secos en el esternón. Luego las piernas para advertir la debilidad que viene y más tarde la presión en las cuencas de los ojos, no se sabe si con intensión de sacarlos o hundirlos. El efecto en los ojos tal vez tenga que ver con el necesario llamado a ocultarse, a vivir en el claustro de los apestados. El único contacto que se mantuvo siempre fue el de la vigilancia tortuosa que entrega el teléfono. En esta instancia las enfermeras y los médicos no hablan, solo titilan. Cuando me sentía como el más triste de los pájaros, en pijama, abriendo y cerrando los brazos para respirar hondo y alejar la presión del pecho, justo en ese momento algo vergonzoso frente al espejo, timbraba el teléfono: “¿Podría enviarme sus signos vitales?”. “sin voluntad ni para lavarme los dientes”, hubiera sido siempre la respuesta apropiada.

En medio de la clausura se impone una especie de diadema que hace presión sobre la cabeza para dosificar los mareos y sacudir el mundo. Imagino que esa misma presión es la que entrega una sensibilidad exacerbada al inquilino. Recuerdos inesperados, resignaciones que parecían olvidadas, las ansias de resarcir algunas ofensas ya caducas… Todo viene en medio de la fiebre y parece tan irreversible, tan poderoso. La peor televisión me hacía llorar generando el doble castigo de la sensiblería y la falta de voluntad para si quiera cambiar el canal. Pero para el descanso estaba la noche: un nado desconcertante entre sudores y escalofríos en las piernas. Solo el agua servía como salvación, el agua que se agotaba en las noches y al mismo tiempo obligaba al baño donde la talla de la taza era cada vez un poco más amplia frente al cuerpo. Pero no todo era sensibilidad a flor de piel, también estuvo la privación de los sentidos. Sin previo aviso la fruta salvadora de la mañana ahora era una papilla insípida y la sopa un potaje para la supervivencia. Masticar como un acto de fe, como un ejercicio tan triste como ese de respirar y levantar los brazos.

El despertar, o mejor, el amanecer, era sobre todo un sobresalto acerca de las posibilidades de la mejoría. Casi siempre un alivio, algo de ánimo, pero la estadía iba pesando hora a hora y luego de la siesta, más imposición que descanso, era el momento de las nuevas fiebres y el abatimiento. Una burla sin duda, una manera de vencer también la mente y la confianza. La música sonaba afuera como algo extraño, cómo algo ajeno y lejano. No apta para la gente en la fortaleza.

La suerte quiso, además, que en la mesa de noche estuviera dispuesta La montaña mágica, novela de apestados que viven en un elegante desahucio. Tembloroso pasé más de 400 de sus páginas, casi viviendo entre esos personajes que tosen para existir, llevan su tabla de temperatura, ven admoniciones en las sombras de sus pulmones y terminan por apreciar su enfermedad como lo único que los hace singulares. La novela va por la mitad, y parece que yo he logrado salir del Sanatorio Berghof. 

Lecciones brasileras

 

Durante siete años Brasil celebró una campaña anticorrupción con visos de carnaval y entregó aires de justicia y revancha a una mayoría de la población. La política ya no aportaba ninguna credibilidad así que era hora de que los jueces, su investidura y su severidad, cargaran con las emociones extinguidas de las campañas políticas. Las primeras del caso Lava Jato se dieron en 2014 e involucraron a 46 personas por delitos de soborno por parte de la estatal Petrobras y lavado de dinero. Un año más tarde el ministerio público había construido un portal con información abierta sobre el proceso que unos meses después ya tenía más de un millón de visitas. Ya en el 2017 el expresidente Lula da Silva había sido condenado a nueve años de prisión por recibir sobornos de Odebrecht y perdía así la oportunidad de participar en las elecciones presidenciales de 2018.

Sergio Moro fue desde el comienzo el líder y la cara visible de la ofensiva, un moralizador que se fue entusiasmando con su tarea y con la sociedad civil que lo aclamaba. Sus declaraciones sobre la vanidad judicial parecían calcadas de los políticos: “¡Siempre he dicho públicamente que lo importante es el trabajo institucional, el poder judicial y sus instituciones. Entonces, debemos enfocarnos en el fortalecimiento de las instituciones porque esto también implica el fortalecimiento de nuestra democracia!”. Pero comenzaron a aparecer las fotos sociales con la gente de la Social Democracia que al mismo tiempo eran llamados a declarar contra sus rivales políticos. Las advertencias de los juristas más serios y garantistas fueron desestimados como un afán de tapar a los poderosos. Desde 2014 un magistrado del Tribunal Federal dejaba claros los peligros: “Es un juez que presta un servicio público relevante, pero tiene que tener cuidado de no transformarse en un Estado policíaco". Moro conminaba a Lula a declarar con la policía antes de notificarlo, filtraba a la prensa las piezas que consideraba fundamentales así no tuvieran respaldo legal. Por ejemplo, las interceptaciones de conversaciones con Dilma Rousseff que justificó citando como precedente el Watergate gringo del 1974.

Moro recibía premios internacionales, era aplaudido a rabiar en sus visitas a capitales latinoamericanas y su capa de súperjuez cubría casos y condenas un muchos países. La falta de un contrincante de peso por la “descalificación” de Lula sumada al impulso anticorrupción llevaron a Bolsonaro al poder. Moro que había negado de plano la posibilidad de estar en la política llegó al ministerio de justicia del nuevo presidente alegando que era un cargo técnico para impulsar reformas claves. Un año y cuatro meses duró antes de salir disparando del gobierno por las injerencias de Bolsonaro en el despido del jefe nacional de policía.

Pero faltaba lo peor. Las comunicaciones por Telegram de Moro y los fiscales se filtraron y fue claro que el juez hacía también de fiscal y daba órdenes y consejos a los acusadores. Ahora sí las filtraciones le parecían injustificables. En marzo pasado el Tribunal Supremo de Brasil confirmó la libertad de Lula y anuló los fallos en su contra decidiendo que el fallo de Moro había sido parcializado. Ahora muchas de las causas penales de Lava Jato tambalean y no de los magistrados del tribunal habló de la Stasi brasilera.

En Colombia esos juegos de justicia suelen ser mucho más mediocres. Impulsados por Margarita Cabello o Carlos Felipe Córdoba, simples rondadores de curules con encargos partidistas e ínfulas justicieras. Moro, la procuradora y el contralor demuestran que la aparente lucha contra la corrupción puede encarnar tantos peligros como la corrupción.

 

 

 

 

 

 

 

 

Detrás de la placa

 

 

Leer el diario de un policía, su minuta de registros, riesgos, violencia, corrupción y frustraciones, fue un ejercicio paradójico: nada me sorprendió pero cada página me dejó detalles aterradores. El libro, a la vez el retrato de algunos municipios y de una institución en mora de reformas, se llama Detrás de la placa y fue escrito por Andrés Acosta Romero hace unos cuatro años. El agente Acosta llegó a la policía en abril de 2003 y vistió el uniforme por más de 10 años. Tiene algo especial ese agente con gustos rockeros y horas libres al lado de Poe y Camus “para no penar güevonadas”.

Nunca quiso ser policía, su vocación estaba lejos de ese “servicio” en el que lo inscribió su madre aburrida de ver sus ocios de billarista en su natal Villavicencio. Él solo puso la huella y la firma en el formulario diligenciado. El primer contacto con la policía lo había tenido a los 19 años cuando una palmada en la espalda lo despertó de su “vuelto” en patineta oyendo a los Illia Kuryaky and the Valderramas. Un policía lo esculcó hasta los huesos preguntándole dónde tenía la marihuana y luego pasó más de 12 horas en una celda de castigo por su pantaloneta camuflada. Un abuso de rutina para miles de jóvenes en Colombia.

Pero el uniforme lo esperaba luego de cansarse de llevar hojas de vida siguiendo la ruta de la bolsa de empleos del Sena. Antes unos vecinos le habían propuesto irse al Caquetá al próspero negocio de raspar y cocinar. Para eso no necesitaba entrevista de trabajo. Eran los tiempos del Plan 10.000 en la primera presidencia de Uribe y la formación de los agentes había pasado de un año a seis meses. “De uniforme colegial a uniforme policial, de muchacho de barrio a autoridad, de cuadernos a revólverl…” Antes de jurar lealtad a la patria y besar la bandera, Acosta aprendió a marchar como muñeco de cuerda, a ser sumiso y agachar la cabeza, a gritar para ganar respeto frente a los ciudadanos, a brillar sus botas y templar las cuatro esquinas del catre. “Salí sin saber la diferencia entre un policía y un militar…”

Solo unas semanas después de salir a las calles y entrar a las estaciones fue testigo del primer abuso policial. En Mosquera, Cundinamarca, municipio de bautizo, un sargento mayor les partió 3 tablas de un camarote a dos detenidos que habían peleado en una celda: “Parecía una escena de Guantánamo”. Más tarde, trabajando en Chía, sería testigo de cómo un subteniente casi mata a un borracho en un calabozo a puta de puños y patadas. Acosta no quiso atestiguar a su favor en la investigación y fue castigado a una caseta polar para cuidar la casa finca de un congresista: “Un policía prestando servicio como vigilante privado”.

El patrullero también sufrió los acosos por demostrar “operatividad”, es decir por incautar drogas, armas o llevar detenidos. Una simple estadística para las celdas. Así llegó a un acuerdo para recibir informes de una jíbara jefe a cambio de dejarla trabajar mientras ella le entregaba a sus rivales de plaza. También cuadró caja con sobornos de rutina a carros y camiones y aprendió que los restaurantes de carretera son un paraíso para almorzar gratis y levantar meseras. Y sufrió la discriminación de los oficiales sobre sus subalternos, la imposibilidad de ascender, la segregación interior que es incluso peor que la que se acostumbró a sostener en las calles.

El libro tiene algo de alegato y desengaño. Ahí están las burlas de sus vecinos cuando llegó rapado, los insultos en las marchas y el desprecio de alguna novia que le dejó claro su valor: “Estoy saliendo con un ingeniero industrial… Tu tan solo eres un patrullero que apenas terminó bachillerato”. Esa placa que es un escudo y una afrenta.