El cambio histriónico

 

 

El presidente Petro se siente incómodo. El marco constitucional le queda pequeño, advierte que el traje está muy ajustado para sus grandes propósitos, para la audacia de sus movimientos. Desde que era candidato en 2022 anunciaba que lo primero que haría al llegar al poder sería declarar un estado de emergencia para combatir el hambre: “Al ganar las elecciones presidenciales hay que decretar la emergencia económica (…) Qué más emergencia que la población tenga hambre". El intento se hizo de manera tardía, parcial y fallida. En junio del año pasado decretó la emergencia económica para La Guajira. La medida se tomó basada en “análisis climatológicos” por la inminencia del fenómeno del Niño. Unos meses antes había insinuado decretar la emergencia por la ola invernal. El gobierno está urgido de poderes excepcionales bien sea porque llueve o porque escampe. Las cosas no salieron bien y los decretos se cayeron en la Corte Constitucional. El presidente criticó la decisión con su elocuencia panfletaria: “…impidiendo medidas rápidas para que el agua pudiera llegar al niño pobre contrario a lo que la misma Corte había dicho antes, que era un estado inconstitucional de cosas”.

Uno de los cambios constitucionales más significativos del 91 fue quitarles a los presidentes el gusto de gobernar vía decretos en lo que se llamaba “estado de sitio”. Durante la Constitución de 1886, los presidentes gobernaron el 80% de sus periodos en vigencia de estados excepcionales. Eso se tradujo en abuso de poder y presidencialismo extremo. Petro, quien se ufana de que los “peladitos del M-19 derogaron la constitución del 86, añora uno de sus grandes vicios.

En el 2018, cuando el Consejo de Estado levantó la inhabilidad que le había impuesto el procurador Ordóñez, las ambiciones eran aún mayores. Petro era un candidato con ánimos renovados y cantó las intenciones que hoy se repiten: “Se necesitan reformas: Educación, la salud, pensiones, justicia para la ciudadanía, la economía, salir del petróleo, industria y justicia económica. ¿Esas reformas, vitales, que nos permitirían entrar a una era de paz, las puede hacer el Congreso de la República que tenemos? No nos digamos mentiras, no son capaces (…) Por tanto si yo soy presidente de Colombia, el primer acto del primer día es convocar a un referendo ciudadano con una sola pregunta, ¿quiere usted sí o no convocar una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia?”.

Un poco más de seis años después, luego de dos años en el poder, el presidente retoma la idea con algunos cambios. Sabe que un referendo no tendría éxito, ni por tiempos ni por apoyo ciudadano, y anuncia una vía popular que no es clara. Los formalismos lo frustran, lo aburren tanto como el Palacio, quiere vías expeditas, revoluciones por fuera de la oficina. Son los riesgos de tener un presidente que desprecia la democracia de su país. Hace dos años, en plena campaña, dijo insistentemente que en Colombia no había democracia.

Petro sabe que no podrá cambiar la Constitución. Como no logró liderar grandes cambios se ocupará de los anuncios grandilocuentes y la campaña de 2026. Ese llamado etéreo al constituyente es solo un ejercicio electoral. Un trino reciente de Iván Cepeda explica de la mejor manera el fin de la intención de gobernar de Petro y su declaración de dedicarse al proselitismo: “Por el bien de Colombia espero que ocurra algo que puede sonar hoy utópico: que en 2026 se logre constituir un gobierno multipartidista y de concertación nacional que saque adelante los cambios y soluciones que requieren los problemas estructurales de la sociedad colombiana.” Se resignó el presidente, regresó el candidato.

 

 

Estado Mayor Parcial

 

En junio de 2016, meses antes de la firma del acuerdo entre el gobierno y las Farc, se conocieron las tres páginas de un comunicado que firmaba el frente Primero Armando Ríos de las Farc. La perorata era más o menos la misma que firmaron durante más de cincuenta años las Farc-EP. Tal vez más larga y confusa, digamos que tenía una peor “caligrafía”. Terminaba con una línea dura: “Morir, Sí, traición, No, Vamos todos contra la oligarquía. Luchamos para vencer, No para ser vencidos”. Invitaba a todos milicianos y guerrilleros que no aceptaban el acuerdo a unirse bajo los preceptos de Jacobo Arenas, Manuel Marulanda y Jorge Briceño.

Iván Mordisco, con más de veinte años en las Farc, se convertía en el líder de la más grande disidencia. Hace ocho años se hablaba de cuatrocientos hombres a su mando. Luego de sumó Gentil Duarte, quien abandonó los diálogos atraído por unos millones, y trajo combatientes de Séptimo Frente. En el territorio histórico de las Farc- EP nacía su disidencia más importante. Comenzó entonces un trabajo de articulación con diferentes inconformes con “la paz de Santos”. Comisionados de guerra viajaban a las regiones para construir una confederación nacional de renegados. La audiencia siguió creciendo con hombres en la frontera con Venezuela y en el Pacífico. Las rutas del narcotráfico marcaban buena parte de su geografía. Hoy se habla de 3.500 hombre agrupados en cuatro grandes bloques con presencia en 178 municipios.

Hace un año el gobierno comenzó las negociaciones con el Estado Mayor Central (EMC), sigla que agrupa a la mayor disidencia, concediéndole un estatus político que hasta ahora no tenían y devolviéndoles las letras de las Farc. Así consiguieron dos de sus principales propósitos con solo sentarse a la mesa. Un año de mesas de negociación les permitió comunicación entre sus líderes, reglas comunes y mecanismos de decisión conjunta. Pero parece que esos primeros acuerdos comienzan a romperse y la lógica de intereses regionales, diferencias de enfoque en la negociación, relaciones distintas con los enemigos y desconfianzas han roto la débil amalgama que propició la política de paz. La reciente reunión de en San Vicente del Caguán, sin la presencia de la gente del Cauca, Arauca y Nariño dice mucho de la cojera de la mesa. Mordisco, líder y fundador del EMC, parece tener un pie en la negociación y otro en una posible disidencia de las disidencias. Desde ahora queda claro que la paz con el EMC no será total. Las negociaciones han sido encuentros comunitarios sin mucha relevancia, los ceses han fracasado, las luchas con el ELN, la Nueva Marquetalia y el Clan del Golfo crece. El fuego de la disidencia está el 87% del territorio en disputa por los ilegales, según un reciente estudio de la Fundación Ideas para la Paz. Ahora se habla de la creación de un nuevo Bloque. El poder de guerra se expande y las posibilidades de negociación se atomizan.

El fracaso de la política de paz con el Estado Mayor Central dejaría al gobierno con las manos vacías en una de sus principales apuestas. Esa obligación de resultados lo hace cada vez más débil frente a su contraparte. Romper esa precaria unidad y negociar con los más débiles militarmente puede ser una opción ¿Pero qué podría ofrecer a un pequeño grupo de disidentes? Inflar desmovilizaciones es una de las peores experiencias que dejó el acuerdo con los paras. También el ELN sabe que ellos pueden ser la única ruta exitosa para el gobierno. Una nueva debilidad.

La paz total parece ir hacia una colección de ceses al fuego intermitentes y unas memorias de reuniones. El tren donde el gobierno quería subir a todos los actores armados, tiene más cara de una pequeña flota de colectivos sin rumbo.

El Petro histórico

 

 

El presidente Gustavo Petro es un especialista en revisitar la historia. El pasado es una de sus obsesiones y sus discursos intentan, mediante una versión a mano alzada, romper lo que considera mitos creados por un poder económico acaparador y casi siempre mafioso. Petro se considera una especie de justiciero histórico. Pero casi siempre resulta siendo inexacto e injusto, más inventivo que certero. Una frase de su reciente intervención en Urabá describe su estilo de oratoria novelada: “… Pero más o menos así fue la historia”.

Con esas palabras cerró su reflexión sobre los grandes capitales de El Poblado en Urabá y el nacimiento del paramilitarismo. Su lección de historia contemporánea sirve de ejemplo para señalar su mirada llena de falacias, omisiones y sesgos. Dijo Petro en medio de su felicidad discursiva: “la gente con sus necesidades se organizó, exigió, quiso tener una vida mejor y ese choque terminó en un conflicto armado. Hubo una presencia insurgente del Ejército Popular de Liberación (EPL), poderosa, eso afectó al empresariado bananero, que reaccionó paramilitarizándose, no todos, siempre habrá excepciones, pero más o menos fue así la historia”.

No sería difícil para el presidente recordar la masacre de La Chinita en Apartadó, que acaba de cumplir treinta años. Un barrio de invasión, creado efectivamente por integrantes del Esperanza Paz y Libertad, movimiento surgido luego de la desmovilización del EPL. En 1992 los trabajadores bananeros comenzaron la invasión de 107 hectáreas y el barrio se convirtió en un fortín político del Urabá. Cuatro de los seis concejales que lograron los “Esperanzados” en ese momento fueron elegidos con votos de La Chinita. Y sus primeros verdugos no fueron los paramilitares sino las Farc, en uno de sus actos verdaderamente revolucionarios.

Veían a los “Esperanzados” como traidores que además les habían robado el espacio político en todo el eje bananero. En enero de 1994, durante una verbena popular, hombres de las Farc mataron a 35 personas en La Chinita. Luego de la masacre siguieron los asesinatos, trabajadores bananeros del barrio eran bajados de los buses y acribillados en plena carretera. Fueron asesinados más ochocientos militantes y simpatizantes de Esperanza Paz y libertad. Las Farc negociaban con el naciente paramilitarismo de los hermanos Castaño, que también mató obreros bananeros a finales de los ochenta, y masacraban a sus antiguos camaradas. Alias ‘Manteco’, comandante del quinto frente de las Farc, con presencia en Urabá, dijo hace poco que ellos se reunían con Fidel Castaño en la hacienda Las Tangas. Más narcos que bananeros acaparaban la tierra en la región: los Ochoa, Gacha, ‘Pelusa’ Ocampo, Mata Ballesteros…

En Urabá se mezclaron todas las armas, el amasijo de las guerras hizo que la historia sea bien paradójica. Los fundadores del Clan Úsuga, lo que hoy llamamos Clan del Golfo o AGC, tuvieron sus semilla en las Farc. Cuando Juan de Dios y Dairo Antonio Úsuga cogieron las armas eran cercanos al frente quinto de las Farcen Turbo y luego se mudaron al EPL. No le caminaron a la desmovilización, volvieron a las Farc para buscar apoyo y formaron el llamado frente Bernardo Franco. Eran un apéndice de las Farc con relativa independencia. Pero se portaron mal y fueron expulsados. Ahí llegó su rendición a los Castaño, a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. En 1996, Castaño, actuando como “gestor de paz”, hizo la pantomima de desmovilizarlos y se presentaron como 45 desmovilizados de la disidencia del EPL. Se trataba de un simple cambio de brazalete. Se convirtieron en un “comando élite” de las ACCU y más tarde en los creadores del Clan del Golfo. Más o menos así fue la historia…