Decretar la requisa

Desde hace 25 años los sucesivos gobiernos han pontificado, amenazado y legislado contra el fallo de la Corte  Constitucional que despenalizó la dosis personal en Colombia. Cesar Gaviria, el presidente sorprendido con la sentencia, habló de la necesidad de un referendo para volver a la prohibición. Los tiempos de Escobar apenas habían pasado y hablar de drogas sin penas era un despropósito. Fue más una postura conveniente que una intención cierta. Los políticos, como muchos fumadores vergonzantes, suelen esconder no sus humos, sino sus convicciones cuando estas no concuerdan con las mayorías. Luego, Samper mencionó la necesidad de una reforma constitucional que reafirmara el compromiso de Colombia contra las drogas. Sabemos que le hablaba sobre todo a la embajada de Estados Unidos. Samper tenía que hacer olvidar una entrevista vieja en la que habló de legalización y una campaña reciente en que se habían legalizado unos aportes.

Para sorpresa de muchos el gobierno conservador de Andrés Pastrana olvidó el tema. Las preocupaciones eran otras y fue un milagro que no se invocara a Nora y a los niños para tumbar esa alcahuetería. La llegada de Uribe marcó una verdadera obsesión con el tema, un ensañamiento, un vicio casi. En un principio pretendió un empadronamiento por parte de la policía para los simples portadores. Uribe, siempre tan organizado, quería sacar el carné del marihuanero expedido por la policía. Y pretendía, además, el tratamiento obligatorio para adictos. No es claro si eso incluía los electrochoques que impulsaba su vicepresidente. Luego de cinco intentos fallidos logró una victoria simbólica en 2009, una prohibición santanderista sin palpables consecuencias en la calle. Uribe insistió que al menos la reforma implicaba el obligatorio decomiso de la dosis por la policía. Santos se posesionó y para seguirle la corriente a quien todavía era su padrino, propuso una reforma al código penal para que el porte de la dosis dejara de ser excepción al delito de narcotráfico. Santos era un liberal de foros internacionales y un policía corriente en el Congreso.

Es el turno del joven Duque. Necesita mostrarse preocupado por la familia y los menores, requiere una pequeña pantomima. No importa la reforma constitucional que logró su apoderado, ni que el reciente código de policía traiga una prohibición expresa del consumo en espacio público y una clara sanción administrativa. La ministra de justicia dijo hace poco que la dosis mínima es una “protección a los adictos” y que quien no sea adicto está traficando. Quiere sacar el carné de adictos. La señora tiene sin duda los cables trabados.

El proyecto de Duque pretende no solo castigar el consumo en sitios públicos sino el simple porte obligando al decomiso de cualquier cantidad de droga, así sea un “cacho de marihuana”, como dice el presidente con lenguaje setentero. Las consecuencias serán muy sencillas. La requisa discrecional de los policías sobre “jóvenes sospechosos”. Un trabajo de Julieta Lemaitre y Mauricio Albarracín publicado por la Universidad de los Andes en 2013, mostró que las detenciones de la policía relacionadas con la dosis mínima recaen especialmente sobre indigentes y jóvenes de bajos ingresos. Los policías deciden cuáles consumidores son potenciales delincuentes o tienen un “alto grado de excitación” que justifica detenerlos. Los jóvenes de clase media o alta nunca terminan en los CAI para evitar problemas. Ahora los policías decidirán a quiénes requisan. Saben en qué bolsillo pueden meter la mano. Habrá requisa y decomiso para los jóvenes de bajos ingresos y una pequeña sobretasa para quienes muestren capacidad de pago. Pura economía naranja.

Votación inconsulta

Hacía tiempo no se veían unas elecciones tan mansas, tan poco cargadas de odio, tal libres de adoctrinamiento y otros impulsos. Los puestos de votación no tenían el aire de desconfianza y recelo al que nos hemos acostumbrado. Fueron unas elecciones extrañas, unánimes de algún modo. Los contradictores no eran quienes estaban entre los que iban llegando a los puestos de votación o buscaban su mesa a nuestro lado en los listados, sino quienes estaban en la casa y desestimaban la democracia sin intermediarios, las decisiones sin grandes marcas ideológicas o personales. Apenas dos meses largos después de la segunda vuelta presidencial, los candidatos enfrentados con todas las letras estaban de acuerdo en un tarjetón con siete preguntas.

Solo una pequeña porción de egocéntricos y paranoicos vieron la consulta como un ataque personal. Cualquier discusión lejana a sus pugnas, donde no sean protagonistas de primer orden resulta inconveniente para ellos. Es posible además, que el líder de esa secta pensara en su experimento fallido de participación ciudadana hace quince años, y en las comparaciones que lo podían poner por debajo en capacidad de movilización. Tiempos aquellos, donde la palabra patria estaba en todos los discursos y se justificaba el gasto en papel, tinta y cubículos.

Parece increíble que una elección casi anónima tuviera un nivel de participación solo un poco más bajo, un millón y medio de votos menos, que la elección más belicosa y agresiva de los últimos tiempos: el plebiscito sobre los acuerdos con las Farc, una supuesta disyuntiva entre la entrega del país a un grupo armado que dejo miles de víctimas en cincuenta años de conflicto y la promesa de una paz “estable y duradera”. La votación del domingo demostró que casi una tercera parte de los ciudadanos salen a votar sin necesidad del fuego ideológico, sin el arrastre de una hecatombe a la vista, sin ardores ni cebos en contante y sonante.

Esa espontaneidad de los votantes, dada además frente a un cuestionario marcado por la enseña anticorrupción, hace que sea muy complejo endosar los votos a partidos o candidatos. La menor votación en la consulta coincide con los departamentos de las costas donde el Sí y Petro sacaron mejores resultados. Excepto algunas capitales como Cartagena, Barranquilla, Popayán y Pasto. Y el centro del país donde el Uribismo ha sido ganador en los últimos años, mostró apoyo fuerte en la consulta, incluso en las zonas rurales donde las votaciones fueron bastante mayores a las logradas por Petro en segunda vuelta. En un departamento marcadamente uribista como el Huila, la consulta logró el umbral con más del 34% de participación. En siete municipios del oriente Antioqueño, donde el Uribismo es legión, la consulta pasó del 33% exigido para ser vinculante. Mientras en Medellín sacó cien mil votos más que Fajardo, Petro y De La Calle sumados en primera vuelta. La participación fue más una señal de cultura democrática, de madurez política y criterio propio a la hora de votar, que un asunto de filiación partidista u obediencia al caudillo. Aunque hubo algunas coincidencias notables entre regiones donde fueron fuertes los verdes y donde se votó con ganas el cuestionario.

Quedan varias preguntas para lo que viene ¿Tienen las consultas riesgos cercanos al llamado “estado de opinión”? ¿Puede convertirse en un instrumento para que las mayorías restrinjan algunos derechos de las minorías? ¿Sirve el mecanismo para reformar la Constitución como decían algunos críticos sucedía con las preguntas 1 y 7? Sin duda hay riesgos apreciables que no deberían desconocer quienes hablan de bajar el umbral o convertir el mecanismo en un juguete para cada desacuerdo.

Noticias del caserío

La música truena en un kiosco a orillas del Río Sucio en el departamento del Chocó. A horcajadas sobre las barandas que rodean el amplio kiosco hay tres mesas plásticas acomodadas según un orden sugerente: una amarilla, otra azul y una última roja. No parece haber sido una cuestión del azar ni de los tragos. En dos billares ubicados afuera del kiosco, seis hombres juegan sus suertes entre medias de guaro. Dos policías sirven de espectadores, comentan una jugada, sonríen con su fusil al hombro, señalan una posible tacada. El resto del caserío duerme entre las chicharras silenciadas por el vallenato.

Cerca de ciento veinte personas viven en el caserío que la jerga oficial ha llamado Zona Veredal Transitoria de Normalización y Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación. Nombres intrincados para realidades complejas. Han pasado dos años desde la llegada de los combatientes a un platanal a quince kilómetros de Belén de Bajirá. Un tiempo largo, una espera quieta. Ninguno de ellos imaginaba que la paz era el tedio, que le reconciliación era algo parecido a pararse frente a la ventanilla siempre morosa del Estado. Más de la mitad de los combatientes se fueron a buscar vida cerca a sus familiares, a intentar aventuras colectivas en otras tierras, a ensayar una azarosa libertad fuera de la escuadra. Han llegado familiares de los que persisten en esa colección de casas de cartón acompañadas de baños comunes, una tienda, dos billares, una cancha de fútbol, un teatro, un sitio de internet y algunas aulas. Las plataneras, matas de maíz y yuca, algunas flores y los corrales dejan ver esos dos años de vida improvisada. La suma de los gatos, los perros y las gallinas superan a los habitantes humanos.

Hasta ahora ha sido imposible armar una cooperativa para buscar un proyecto colectivo. Solo hacer coincidir las firmas con el nombre registrado en las cédulas ha sido un problema insalvable. Encajar en la sociedad, convencer al Estado, lograr que los niños no sean llamados guerrilleros en el colegio no ha sido fácil. Tal vez la relación más fluida hasta ahora ha sido con sus antiguos enemigos a muerte. Los policías que cuidan la zona han terminado con una vida muy similar a los desmovilizados. Ahora se tratan con respeto, hasta con cariño, “ya somos familia”, dicen, y hasta los abismos ideológicos se han ido cerrando.

El reclamo recurrente es tan viejo como el conflicto que terminó. “¿Para qué vamos a gestionar un proyecto si no tenemos tierra, dónde lo vamos a desarrollar, en la cabeza?” Saben que viven en arriendo y que en enero se acaba el contrato entre el gobierno y la “dueña” del caserío. La tierra donde están tiene, para que nadie se extrañe, un proceso de restitución. Los tiempos se hacen eternos mientras el megáfono comunal anuncia la llegada de las pipetas de gas. Las discusiones de la comunidad se parecen mucho a las de las familias recién llegadas a vivir a edificios con apartamentos de interés social en las ciudades: fiaos en la tienda, problemas por el ruido, reclamos por el uso de espacios o proyectos comunes. Asuntos más del Código de Policía que del Estatuto antiterrorista.

En medio de la vida civil los más jóvenes parecen disfrutar de una libertad desconocida, como si hubieran llegado súbitamente a la mayoría de edad. Ahora pueden moverse “en la medida de su pobreza”, según las palabras repetidas por un joven de Curvaradó con unas cervezas encima. Quienes sumaron más años en la guerra viven con cierta resignación, con una esperanza algo más menguada, tirando al aire el ficho que el Estado les entregó para esperar el turno de una nueva vida.

Golpe de realidad

Lo primero será extrañar al gran enemigo, añorar su torpeza y las oportunidades que ofrece siempre un blanco fácil. No podrá persistir en esa batalla, no tendrá a la mano la amenaza a la que tanto se acostumbraron sus partidarios para llamar a la unidad, al patriotismo, al linchamiento. Tendrá que buscar nuevas miras, cambiar de cruzada, invocar nuevas victorias, porque luchar contra una sombra solo deja ver la paranoia y el ridículo. La mano que Uribe le ofreció a Victoria Sandino en la instalación del nuevo Congreso, es de algún modo el reconocimiento del fin de un enemigo que le prestó grandes servicios. “El enemigo es el cuerpo de nuestra propia pregunta”. Nunca es fácil cambiar de interrogantes y de respuestas.

Lo segundo será el alivio de encontrar algo más lejos el abismo que advertían sus padrinos y partidarios. Iván Duque pasó casi sin solución de continuidad de la burocracia internacional a las campañas políticas. Digamos que en su oficina en Washington estaba acostumbrado a respetar las cifras, a pensar los datos, a ver la honestidad intelectual como una virtud y no como una debilidad. Luego llegó a lidiar con los estrategas de la mentira y los compañeros que no cuidan las comunicaciones. Ahora, más cerca de los informes que de los discursos, sabrá que el infierno está más lejos de lo anunciado, y que los indicadores son siempre un arma arrojadiza.

Luego vendrá la mezquindad, casi siempre disfrazada con adulaciones y medallas en el escenario de la política. Duque está acostumbrado a una bancada ordenada según las reglas de un patrón inflexible, a un partido que es sobre todo un corrillo alrededor de un hombre vociferante. Una bancada para dejar constancias: “Para hacer ruido se elige a la gente más pequeña, los tambores”. Ahora tendrá que lidiar con partidos recién llegados a su gobierno, políticos que saben que todavía no es hora de mostrarse ávidos, pero que en la primera oportunidad le darán un pinchazo como advertencia, luego dejarán algo fétido en su atril a manera de amenaza y al final no dudarán en dar el zarpazo. La pequeña anarquía de hace unos días para nombrar comisiones y “dignidades” en el Congreso, mostró algo de lo que se viene. Ese salón será el escenario de sus principales debilidades, sobre todo porque ahí está su principal protector, su dependencia, el recuerdo de su vasallaje.

Su gabinete entrenado sobre todo en las juntas empresariales sufrirá un duro golpe contra la papelería del Estado, contra la tortuosa obligación de llenar las formas de la burocracia. Los militares no obedecen como los tenderos, los hospitales de Córdoba y Sucre no se trapean como la Fundación Santa Fe, las licencias ambientales no se tramitan con descuentos y los profesores no obedecen con la mansedumbre de los vendedores por catálogo. Vendrá la furia de los gerentes a la que la burocracia es indiferente, y la impotencia y la renuncia y el hambre de los políticos que soltarán con sorna una frase conocida: “Se los dije”.

Todo eso sucederá mientras el nuevo presidente lee el censo en la soledad de su oficina, con los retratos y los demonios de Palacio observando al joven aprendiz que toma notas y subraya sus cuadernos recién forrados. Mientras tanto, afuera, estarán los guerreros de siempre, los expertos en selvas, montes, política, gentes, muerte…, quienes han pasado de guerrilleros a paracos, de paracos a pillos a secas, de pillos a disidentes. Aprenderá, en últimas, que la banda presidencial es también una soga.

De la silla al banquillo

En América Latina los presidentes casi siempre tienen trabajo asegurado al dejar su silla. Las afugias de un juicio penal se han convertido en rutina para los exmandatarios, y sus acompañantes pasan muy pronto de guardaespaldas a guardas a secas ¿Qué hace que en países acostumbrados a altos niveles de impunidad la figura política más poderosa termine con tanta frecuencia en el banquillo de los acusados? ¿Son tan grandes y visibles los actos de corrupción, los abusos de poder, las persecuciones a los opositores? ¿O son inevitables las venganzas políticas, las traiciones de los herederos electorales, los montajes de los enemigos gratuitos o merecidos? Las preguntas son difíciles de responder. Lo cierto es que al parecer, entre nosotros, los escenarios políticos no son suficientes para resolver las tensiones democráticas. La política termina necesariamente ante la instancia definitiva de los jueces y magistrados, los debates acaban en interrogatorios y las rendiciones de cuentas en juicios.

Perú, por ejemplo, tiene una historia ejemplar de procesados presidenciales. Alan García vivió ocho años de exilio entre Colombia y Francia luego de que en 1991 fuera acusado de usar 500.000 dólares del presupuesto público para construir tres casas en Lima. Fue el primer presidente peruano en enfrentar un juicio, aunque fuera huyendo. El Congreso levantó su inmunidad y quedó en manos de un fiscal de apellido Jurado. Siempre dijo que le tenían temor a su regreso a la presidencia y luego de la prescripción del delito en 2001, en efecto volvió a ser candidato y perdió con cerca de cinco millones de votos. Fujimori pasó de inofensivo agrónomo a monstruo de tres periodos presidenciales y convirtió los organismos de inteligencia en agencias contra la oposición y a sus asesores en verdugos. Viajó a Japón como un abuelo meditabundo en el año 2000 y volvió extraditado para enfrentar condenas por delitos de lesa humanidad, peculado y espionaje telefónico. El año pasado el debate sobre el cumplimiento efectivo de su pena todavía sirvió para resolver las elecciones en su país. Ollanta Humala está bajo prisión preventiva desde hace un año por un proceso por lavado de activos relacionado con Odebrecht. Para bien o para mal en el canazo lo acompaña su esposa. Y Alejandro Toledo dijo hace unos meses que si se levanta su detención preventiva volverá desde Estados Unidos a enfrentar el juicio por supuestamente haber recibido veinte millones de dólares de la dadivosa Odebrecht.

En Ecuador los procesados van desde el payaso de Bucaram pasando por Lucio Gutiérrez, quién fue su edecán y luego llegó a la presidencia, hasta llegar al ceñudo Rafael Correa en guerra política con su antiguo escudero Lenín Moreno. Bucaram, acusado de peculado, está asilado en la Panamá del expresidente Martinelli, quien se encuentra en detención preventiva por el supuesto espionaje a 150 opositores. Por su parte Lucio Gutiérrez se asiló en Brasil y Colombia, pero la nostalgia lo hizo volver a su país a enfrentar juicios por atentar contra la seguridad del Estado y otras gracias. Lula de Silva, favorito indiscutido en las encuestas en Brasil, está en la cárcel luego de un cerrado 6-5 en la Corte Suprema. Corrupción leve y lavado de activos marcan sus doce años de prisión. Y Cristina Kirchner no está en la celda preventiva por encubrimiento gracias a la inmunidad que le presta su posición de congresista. Dejemos quieto a Menem para no ir tan lejos y a Gonzalo Sánchez de Lozada para no subir hasta La Paz.

Las disyuntivas que plantean los procesos repetidos no son nada halagüeñas para estas precarias democracias. O los presidentes están siempre bordeando el código penal, o las Cortes y otros encargados de los juicios están siempre conjurados.

Vicios electorales

El uribismo ha convertido en vicio su intención reiterada de acabar con la figura de la dosis personal reconocida desde 1994. La obsesión tiene algo de tara moral y mucho de oportunismo electoral. Esa promesa es una golosina irresistible para los votantes que consideran una solemne alcahuetería que no haya cárcel para los consumidores de “semejantes porquerías”. La idea, un tanto arrevesada, se resume en que el Estado debe proteger a los ciudadanos de los estragos de la droga con una dosis apropiada de cárcel. En el referendo fallido de 2003, Uribe incluyó el tema como una de las preguntas claves para incluir razones sencillas y vendedoras entre su galimatías de caprichos administrativos, penales y presupuestales. Para la campaña reeleccionista en 2006 reiteró la propuesta con la vehemencia de quien lucha contra una epidemia. Uribe y muchos de sus seguidores no pueden entender que haya límites a la actuación punitiva del Estado frente a conductas que solo causan un daño a quien las practica. Piensan igual a quienes lideraron la hegemonía conservadora hace 100 años en Colombia: “El mal no tiene derechos”.

La frase que es ya una especie de promoción de campaña se oyó en boca de su pupilo durante el primer semestre del año: “Vamos a acabar con la dosis personal para el consumo de drogas para proteger a nuestros jóvenes”. Dicha prohibición es casi un imposible constitucional. Tiene múltiples respaldos jurisprudenciales de las altas cortes y por supuesto sustento en diversos artículos de nuestra carta de derechos. En 2009, tal vez uno de los momentos de mayor respaldo del Congreso al gobierno Uribe, se aprobó un acto legislativo que incluyó en el artículo 49 de la constitución la prohibición del “porte y consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas”. El Congreso se negó a aprobar los textos más duros y punitivos que proponía el presidente. Pasaron cinco proyectos de reforma y muchos cambios en el legislativo hasta encontrar una fórmula que prohíbe el consumo y dispone “medidas administrativas de orden pedagógico, profiláctico, terapéutico con el consentimiento informado del adicto…” Se impuso pues una prohibición de la que no se sigue un castigo.

Para las Cortes es claro que los portadores y consumidores de una dosis personal (20 gramos de marihuana, 1 de cocaína y 2 de metacualona) conservan su protección constitucional y “es posible tener por impunes las conductas de los individuos dirigidas al consumo de estupefacientes en las dosis mínimas. Lo anterior, en razón al respeto al derecho al libre desarrollo de la personalidad, y a la ausencia de lesividad de conductas de porte de estupefacientes encaminadas al consumo del adicto dentro de los límites de la dosis personal, pues éstas no trascienden a la afectación, siquiera abstracta, del bien jurídico de la salud pública…” De modo que los cambios requeridos para llevar a la cárcel a los consumidores a la cárcel podrían constituir una sustitución de la constitución. El uribismo, experto en el tema, lo sabe muy bien.

La prueba reina de que la cantaleta del Centro Democrático es sobre todo una argucia en busca de votos, es un proyecto de ley presentado en 2016 por la bancada de ese partido en la Cámara y respaldado por Iván Duque como autor en el senado. El proyecto entregaba protección a la dosis personal y definía la dosis de aprovisionamiento, además proponía la creación de centros de consumo controlado con suministro de drogas a los adictos por parte del Estado. Se aprobó en plenaria de la Cámara y estaba listo para ir a comisión séptima del senado. Pero no casaba con el discurso de campaña y decidieron retirarlo en silencio, con razones entre mentirosas y risibles.

Detrás de la mano dura, hay sobre todo una postura frívola y manipuladora, una utilización del castigo como carnada electoral y un desprecio por los derechos de los consumidores y las evidencias de los investigadores contra las estrategias del castigo.

Portadas de ahogado

Hace quince años comenzaron los primeros contactos en San José de Ralito, corregimiento de Tierralta en Córdoba, para la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). El proceso duró cerca de tres años y en 2006 se presentaron ante el gobierno y la sociedad 31.671 combatientes que entregaron algo más de 18.000 armas y decían estar dispuestos a dejar la guerra. Hoy se dan versiones variadas sobre la magnitud y el significado de la herencia criminal que dejó el proceso; incluso se discute la manera como deben nombrarse quienes volvieron a las armas y la ilegalidad, para algunos una nueva generación paramilitar, para una versión más oficial y aceptada Bandas Criminales.

No cabe duda que el paramilitarismo como organización contrainsurgente, ligada a amplios sectores del ejército y la policía, con gran incidencia en la política regional y nacional, dejó de existir para convertirse en un nuevo engendro. Se había firmado el fin de la gran organización criminal con mandos claros en las regiones, un manual ideológico, líderes nacionales con vocería en los medios y capacidad de presionar e influir en el gobierno nacional. En 2011, cinco años después de la desmovilización, las cifras oficiales hablaban de 1.229 reincidentes capturados, centenares dados de baja y otros tantos activos. Hace un poco más de dos años la Agencia Nacional de Reintegración entregó una cifra de 24% de reincidencia por parte de quienes se presentaron a las listas de Justicia y Paz. La gran mayoría de los mandos medios armaron estructuras acordes a su capacidad y fueron creciendo nombres como ‘Los Paisas’, ‘Los Urabeños’, ‘Los Rastrojos’. En Urabá se consolidó un liderazgo nacional y el Clan del Golfo se convirtió en una especie de franquicia que agrupó a variadas e independientes bandas con modales y ropaje paraco, pero con muy distinto alcance, discurso y relación frente al Estado, que se convirtió en un enemigo más cierto como lo demuestra el final de Giovany, El Indio, Gavilán, Inglaterra y decenas de cabecillas más, y frente a las con las guerrillas que en algunos casos comenzaron a ser aliadas en empresas criminales de narcotráfico y minería ilegal. Sin duda conservan control territorial en algunas zonas e intimidan liderazgos incómodos en otras, pero su discurso cambió y su interés principal son las rentas criminales. Incluso muchos de ellos han terminado como segundos de los narcos mexicanos que vienen por su surtido.

Todo este recuento para intentar un paralelo con lo que son hoy las disidencias de las Farc y la posible “refundación” de esa guerrilla de la que habló la revista Semana. Al igual que las AUC las Farc dejaron de existir, así algunos de sus mandos medios quieran conservar sus viejos discursos y negocios, y así quieran posar de comandantes. El gobierno habla de una reincidencia cercana al 10% mientras los más pesimistas señalan un porcentaje que estaría muy cerca del 24% aceptado en el caso de los Paras. Las “Farcrim” no serán nada muy distinto de lo que es el Clan del Golfo que hoy estrena ley para buscar un sometimiento. Una federación de grupos independientes con un degrado discurso ideológico que es simple fachada, con el centro de sus rentas y aliados en las fronteras y con una base social reducida a la mano de obra de gatiilleros, narcos y campaneros. Ni siquiera los cultivadores de coca serán cercanos a sus estructuras. Rehuirán al ejército en vez de enfrentarlo y no harán conferencias nacionales sino “juntas directivas” locales. No tendrán ni argamasa ideológica ni coherencia histórica. Las Farc han desaparecido, lo demás son portadas de ahogado.