Cementerios de pueblo

Hace unos años elegí el cementerio de Necoclí, en Urabá, para los atardeceres de una semana de vacaciones. Eran las tierras de ‘El Alemán’ y las noticias sobre el dominio paramilitar le daban un aire macabro al ángel blanco del portón adornado por las flores de un curazao. Recuerdo al sepulturero volcado sobre una de las tumbas, desordenando los huesos. Metía la mitad de su cuerpo en la oscuridad del agujero en el muro, usando sus manos para sacar los restos. Los ataúdes que daban contra el mar comenzaban a ser visitados por las mareas altas. Las olas habían socavado el barranco que elevaba el cementerio sobre la playa y los cráneos ya se asomaban sobre la madera dura de los ataúdes.  

Estaba a la vista “el corral de muertos, entre pobres tapias” que describe Unamuno. Pero era solo la primera vista. Ya sabemos lo que esconden nuestros cementerios de pueblo. Lo que saben los sepultureros. La noticia sobre los cuerpos en Dabeiba solo sirve para recordar que durante años muchas muertes solo quedaron en los registros de permisos y felicitaciones de los militares. El Estado no lograba ni siquiera las huellas dactilares de quienes eran asesinados en un supuesto combate. Cadáveres anónimos trocados por medallas. Se llevaba un mejor registro de los repuestos de los camiones militares que de las bajas.

Una investigación hecha hace cinco años por el Centro Nacional de Memoria Histórica deja una cifra impresionante e infame sobre los cementerios de los pueblos. En 2010 la Fiscalía realizó un censo sobre los cadáveres sin identificar en los cementerios del país. Solo 454 se atrevieron a verificar cruces y nombres. Sumaron 20.525 personas sin nombre enterradas. Historias muy difíciles de reconstruir en medio de violencias que mutan y mudan de década en década. Eso sin contar las víctimas escondidas bajo de las tumbas oficiales, las que tienen aunque sea una fecha trazada con el palustre sobre el cemento fresco.

Dabeiba sufrió entre 2002 y 2005 cinco operaciones militares que pretendían diezmar los cinco frentes de las Farc que operaban en el Cañón de la Llorona: Monasterio, Aniquilador, Jeremías, Emblema y Fénix. Crecieron los bombardeos, los combates y la presencia de los Paras. El mismo ‘Alemán’ que fue protagonista en Necoclí, llegó a dirigir la llegada del Bloque Elmer Cárdenas. Las alertas de la Defensoría en 2004 dejaban muy claro lo que pasaba en ese municipio con cuatro batallones activos y un cementerio: “…la población de la zona empezó a ser objeto de homicidios selectivos, desapariciones, señalamientos, bloqueo económico, saqueos y masacres”.

Pero además de ser el centro de los combates y los señalamientos contra civiles, los municipios más acorralados del país se convirtieron en escenario perfecto para ejecuciones de jóvenes de las ciudades. Cuando los combates no dejaban bajas suficientes y los civiles de las veredas ya había sido muy “visitados”, los militares usaban los pueblos bravos como polígono y fosa seguras para marginales que caminaban las calles de las capitales.

La JEP comienza a entregar coordenadas y procedimientos cruentos de los militares que mataban, disfrazaban, reseñaban, enterraban y se felicitaban. No sobra decir, para que lo sepan los justicieros de gobierno y el Centro Democrático, que el 95% de los militares que estaban en las cárceles están en libertad condicionada, transitoria y anticipada luego de acogerse a la Justicia Especial. Habrá versiones de más de dos mil militares y se removerá la tierra de los cementerios de pueblo.

Plomo sí hay

Tres recientes muertes de civiles atribuibles a miembros de la Fuerza Pública han alentado un saludable escrutinio sobre las actuaciones de militares y policías en el país. Dilan Cruz por un disparo realizado por un capitán del ESMAD con un arma “no letal”, Dimar Torres asesinado a quema ropa por un cabo del ejército y Flower Trompeta muerto por dos disparos por la espalda en un operativo militar todavía en investigación. La alerta es importante por los antecedentes de falsos positivos, y porque Colombia tiene unas cifras relativamente bajas de muertes de civiles a manos de uniformados cuando se compara con otros países del continente.

Lo que ha pasado este año en el estado de Río de Janeiro demuestra que un discurso que privilegia la seguridad sobre la vida, sumado a la impunidad asegurada para policías y militares y a territorios con el estigma de la criminalidad puede llevar a una masacre con armas del Estado y visos legales. Entre enero y noviembre de este año han muerto bajo el fuego de policías y militares 1.424 civiles en el estado de Rio. Eso es casi el triple del total de homicidios que tendrá Medellín al terminar el 2019. Las palabras del gobernador Willson Witwel, un exjuez elegido en octubre de 2018, dejaron muy claro el mensaje durante la campaña: “La policía hará lo correcto, apunten a sus cabecitas y disparen, así no habrá ningún error”.

El error más visible ocurrió en septiembre pasado. La muerte de Ágatha Félix, una niña de ocho años, por un disparo de militares en las favelas Alemão. En los primeros ocho meses de 2019 otros quince menores de doce años han sido heridos, y 43 adolescentes entre doce y dieciocho murieron por los disparos oficiales. Al menos una tercera parte de las muertes violentas en el estado de Río suceden en procedimientos de policías y militares. El 95% de los procesos penales terminan archivados. La policía civil se encarga de las investigaciones. El presidente Bolsonaro ha dado su apoyo al gobernador y a los uniformados con una frase bien armada: “Un policía que no mata, no es un policía”. Este año la policía ejerce más que nunca y las muertes de civiles bajo su mano han crecido 23%.

Pero no es un asunto de un régimen de derecha que raya con el fascismo. Lo que pasa en Venezuela en el momento de mayor degradación del régimen bolivariano es aún peor. Entregar la seguridad de las ciudades a militares, señalar territorios como objetivos de guerra (como se hizo en la Operación Orión en Medellín) trae serias consecuencias. En Venezuela el número absoluto de civiles muertos por miembros de la policía o el ejército es mayor que el de Brasil, teniendo en cuenta que tiene una población siete veces menor. El 25% del total de homicidios cometidos en Venezuela tienen como victimario a un agente estatal. Sin contar lo que pasa con los colectivos y milicias gubernamentales que actúan de manera encubierta. Los datos están claros en un estudio de la organización Open Democracy llamado Uso de la fuerza letal en América Latina: una siniestra prioridad política.

En Colombia el 1.5% de las muertes violentas son cometidas por miembros de la Fuerza Pública. Cifras por debajo de las de Venezuela, Brasil, México y El Salvador que mide el estudio mencionado. En Medellín, por ejemplo, este año se suman diez muertes violentas a manos de la policía. Solo en la favela Cidade de Deus en Río los muertos a noviembre suman 27. Es clave que Colombia ponga ojos suficientes sobre la pólvora oficial y mire con recelo los discursos que justifican la muerte hablando de seguridad.

Reducción del daño

Hace seis meses comenzó en Medellín una súbita reducción en los casos de homicidio. En un pequeño lapso tuvimos el mes más violento en los últimos cinco años y el mes más “tranquilo” en los últimos dos años y medio. Al comenzar junio el aumento de homicidios con respecto a 2018 era cercano al 35% y al terminar noviembre tenemos una reducción del 5%. En los últimos seis meses, entre junio y noviembre, se han presentado 77 homicidios menos que en el mismo lapso del año pasado. Un corte semejante, tan preciso en el tiempo, como si se tratara del inicio de una nueva temporada, hace inevitable que se piense en un acuerdo entre estructuras ilegales en el Valle de Aburra.

Entre periodistas e investigadores ya ha comenzado a mencionarse una supuesta reunión en La Picota, en Bogotá, dada el primero de junio, en la que hombres de los grandes bandos acordaron buscar un poco de orden, respetar territorios y rentas, evitar calenturas mayores. El peligro de que las luchas en Bello se regaran por todo el Valle hizo necesaria una “cumbre”. No hay noticias de la participación oficial pero alguien, al menos, tuvo que facilitar la sede.

La administración de Federico Gutiérrez acabó con su primer secretario de seguridad, Gustavo Villegas, en la cárcel con una condena por lo que la Fiscalía llamó “acuerdos siniestros” con un sector de la oficina. Pero luego de eso el discurso desde la alcaldía ha sido el de la guerra de frente contra líderes de las bandas. Las capturas y la percepción entre el hampa muestran que la pelea se ha dado más allá de las declaraciones oficiales. Resulta paradójico que un gobierno orgulloso de su postura de nulo contacto con los armados, pueda terminar su mandato con el 2019 como único año con reducción de homicidios gracias a un pacto entre “oficinas”.

“Hagan sus acuerdos, pero bien lejos y no me cuenten”, parece ser la política obligada para quienes llegan a la alcaldía de Medellín. Los picos de violencia en la ciudad hacen imposible negar que ambiciones y ajustes entre criminales signan los peores años; y treguas, repartijas y silencios marcan los días de relativa tranquilidad. La criminalidad sigue siendo la que decide los ciclos de la crónica roja. La Fiscalía por su parte se dedica a tramitar los principios de oportunidad y los casos por concierto para delinquir contra los cabecillas que vuelven a la calle a los cuatro o cinco años de la caída.

La pregunta importante en medio de ese cuadro que se repite, la cuestión moral y política, la encrucijada institucional es si vale la pena y si es posible un papel más activo y menos encubierto del Estado en esas inevitables negociaciones entre bandidos. Por supuesto no se trata de negociaciones con grupos que amenazan la primacía del Estado. Aquí es solo el pragmatismo y la posibilidad de “domesticar”, paso a paso, a delincuentes que imponen reglas sociales y se lucran de rentas ilegales ¿Podrían las administraciones municipales acompañadas de la fiscalía alentar esas negociaciones? ¿Sería lícito que el Estado fuera tras algo así como la “reducción del daño” en territorios que le han sido ajenos?

En 1990 el periódico El Mundo planteaba una posible negociación en un artículo titulado: “Plantean una solución al sicariato”. Se decía que doscientos sicarios estaban dispuestos a dejar el fierro y la moto. “Diálogo, desarme, amnistía o indulto no deben convertirse en temas tabú a la hora de impulsar un esfuerzo de reconciliación…”, decía la nota. ¿Valdrá la pena reconocer cierta impotencia de las administraciones y buscar un papel de intermediario?

Redes de miedo

Al final el miedo fue uno de los protagonistas. Logró que la gente se atrinchera con armas tan peligrosas como ridículas, que los medios amplificaran ataques falsos e inminentes, que la policía corriera tras las hordas imaginarias alimentadas por Twitter y WhatsApp. Miles de llamadas a los números de emergencia en Cali y Bogotá confirmaron el pánico colectivo. Las pesadillas sociales pueden ser tan ciertas como las de los niños que se desatan como un eco en un cuarto oscuro.

Las redes sociales se han convertido en una realidad en el bolsillo para exacerbar la política y privilegiar a los radicales. Los algoritmos enfocan a los extremos como una forma de mantener la atención de los usuarios. Pero no es solo un tema ideológico o partidista, también pueden inventar realidades callejeras, prender alarmas, generar inercias en las porterías de las unidades residenciales: “Nos estamos convirtiendo en seres mucho más emocionales y tribales en nuestras formas de identidad”, decía el año pasado Jamie Barlett, uno de los tantos analistas de esa inmensa tómbola de noticias y rumores dirigidos.

En Cali las autoridades hablaron de una “operación avispa” de desinformación que hacía correr a los policías de extremo a extremo tras las sombras que llegaban por redes. El testimonio de una ciudadana que cayó en la histeria colectiva del jueves describe la realidad una vez logró separarse un poco de la escena: “En la portería mi sorpresa fue enorme: hombres y mujeres estaban armados con cuchillos, bates, tubos y hasta espadas ninjas (…) Muchos blandían sus bates y tubos al aire, de un lado a otro, como si estuvieran descabezando un muñeco imaginario. Pero no había pruebas de que los vándalos existieran, solo había rumores e imágenes confusas de supuestas tomas y ataques”. El balance final fue claro: No se presentó ningún robo en viviendas y no hubo asalto a unidades cerradas. Esa verdad no impidió que Bogotá repitiera la ficción al día siguiente.

En la madrugada del sábado, alguien en Twitter (también por ahí pueden moverse lúcidas reflexiones) recordó un pasaje de La mala hora. En esa novela lluviosa en un pueblo costeño los pasquines en las paredes, los rumores que aparecen pegados en las puertas y desaparecen en la mañana, comienzan a generar recelos, animadversiones, amenazas. Son señalamientos de infidelidades, robos, viejas cobardías.

En la novela se discute si los pasquines son una estrategia organizada, si el autor es uno o son varios, si es hombre o mujer. “Nunca, desde que el mundo es mundo, se ha sabido quién pone los pasquines”, le responde el ayudante del juzgado al juez. Y las damas de la sociedad católica le piden acción al alcalde que desestima los pasquines llamándolos “papelitos”. Y el cura dice que es “terrorismo de orden moral”. Hasta que el alcalde decreta el toque de queda y organiza rondas civiles de vigilancia y ordena a la policía disparar a quienes estén en la calle luego de las ocho de la noche y no se detengan. Y comienza la cacería.

Cuando el alcalde les anuncia a dos jóvenes que deberán presentarse la noche como reservistas y recibir un fusil para hacer cumplir el toque de queda decretado por la proliferación de pasquines, el peluquero que los acompaña responde con tono de burla: “Más bien una escoba. Para cazar brujas, no hay mejor fusil que una escoba.”. Los mismos palos que alzaban los vecinos en las porterías en Cali y Bogotá.

Los mensajes en las redes son los nuevos pasquines, y no necesitan riesgos nocturnos ni engrudo, un botón es suficiente: “ENVIAR”.

Paronoia

El gobierno ha optado por la “alerta máxima” en las guarniciones militares y el alarmismo máximo de cara a la opinión pública. El paro del 21N ha mostrado a un ejecutivo temeroso, incapaz de proponer, siempre a la defensiva, acorralado por las encuestas y ninguneado por el Congreso. Mientras su propio partido recela la necesidad de un acomodo que sería, muy seguramente, la obligación de apartarse de muchas de las consignas de campaña. Partido que al mismo tiempo lo culpa en silencio de las recientes derrotas electorales. Para acabar de ajustar la iglesia apoya las movilizaciones que el gobierno trata con decretos que autorizan a alcaldes y gobernadores a decretar el toque de queda.

En marzo de 2016 se hablaba de la crispación política, el descontento social frente al aumento de la inflación, el posible aumento del IVA, la venta de Isagen y de un gobierno ensimismado con la paz y perdido frente a las realidades en la calle. Además, Santos tenía un 73% de imagen desfavorable y solo el 23% de los colombianos decían que las cosas iban por buen camino. Las centrales obreras, las dignidades agrarias, el movimiento estudiantil y los camioneros eran las cabezas visibles del paro. Una parte de la oposición política se sumó a los reclamos. En los medios se podían leer advertencias de este tipo: “hoy por hoy el movimiento social podría expresarse con fuerza arrolladora si no se dan las transformaciones serias que el país necesita.” Las noticias de época no registran la propagación del temor ni los preparativos policiales y militares ni la descalificación de quienes expresaban la voluntad de participar en la protesta.

El Centro Democrático respondía con una marcha convocada en abril para denunciar el “desgobierno de Santos”. Claudia Bustamante, una de las organizadoras, tenía muy claros los motivos de la marcha: “la gente va viendo que no le rinde la plata para el mercado, que al campesino no le da para pagar su crédito agrario, que el dólar está por las nubes y por eso no puede viajar a conocer a Mickey Mouse o mantener su estilo de vida. Eso ha generado preocupación”. Al final las dos protestas fueron concurridas y tranquilas.

Pero ahora el gobierno Duque se empeña en presentar la protesta como una batalla. El lunes hablaban de ochocientos kilos de dinamita encontrados en zona rural de Putumayo como posible “insumo” para la protesta. Una caleta un poco lejana. La semana pasada fueron los extranjeros deportados como supuestos cabecillas de vándalos profesionales. Hacen recordar a Piñera y sus primeras reacciones a la protesta en Chile: “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie…”

La estrategia del gobierno ha hecho que mucha gente recuerde el paro nacional de 1977 que según cuentas dejó cerca de 20 muertos en un solo día en Bogotá. Según el dicho de la época el gobierno de López Michelsen había pasado de ser el “Mandato Claro” en tiempos de elecciones, al “Mandato Caro” por cuenta de la inflación. Las reivindicaciones eran sobre salarios, pensiones y jornada laboral. Se bajaron algunos subsidios y el Frente Nacional era visto por muchos como un anacronismo insoportable. El gobierno decidió enconcharse y señalar la huelga de subversiva. Las tachuelas y las piedras eran presentadas en la prensa como armas de gran peligro. Un mes antes del paro se expidió un decreto que castigaba con arresto a organizadores de manifestaciones. Igual que hoy, los señalamientos, la propagación del temor, la recriminación a la protesta y las medidas de fuerza pública hicieron crecer la presión y el entusiasmo respecto al paro. El miedo puede inflar la bomba.

Disidencias y coincidencias

En la madrugada del jueves 28 de agosto se conoció el video de Iván Márquez, Santrich y El Paisa anunciando una nueva etapa guerrillera. Fueron 32 minutos de la misma grandilocuencia en el discurso y una pose teatral que los hizo más patéticos que amenazantes. Dijeron que anunciaban al mundo su voluntad de lucha. Y el mundo respondió con algo de indiferencia. Pidieron cambuche al lado del ELN para encontrar alianzas. Y el ELN los mira con recelo luego de años de traiciones y enfrentamientos. La frontera con Venezuela les dio algo de refugio entre el caos delincuencial, pero los duros de la zona, con años de ventaja en el negocio, seguro los tratarán como un “estado menor” que debe respetar antigüedad.

El 29 de agosto a las 11:03 de la noche aviones de la Fuerza Aérea bombardearon una zona selvática en el municipio de San Vicente del Caguán en el Caquetá. Un día después el presidente anunció el éxito de una operación “estratégica, meticulosa e impecable” contra quienes “hacen parte de estructuras criminales que pretenden ahora desafiar a Colombia”. El bombardeo al parecer era más una operación política para demostrar, frente a la opinión pública, fuerza y contundencia contra Márquez y compañía. Ese cuento de la Nueva Marquetalia le daba al gobierno en apuros la oportunidad de revivir ese enemigo armado y dar un golpe de opinión.

Gildardo Cucho, el cabecilla que murió en el operativo, no era en realidad más que un mando medio de la banda de Gentil Duarte en el sur del país. Se podría comparar con un “capo” de bandas en una ciudad como Medellín. Se habla de 40 “hombres” a su cargo, hoy sabemos que buena parte de esa fuerza eran niños, niñas y adolescentes con menos de tres meses en las lides del fusil y la rancha. El gobierno no entregaba propiamente el parte de la muerte de Reyes o el Mono Jojoy. Las autoridades apenas se ponen de acuerdo en el nombre de Gerardo Cucho, y ese parte de guerra aplaudido en directo por el gabinete de Duque se olvidó muy pronto, como el gobierno ha olvidado que las “hazañas” de la seguridad democrática son cosa del pasado.

Hace un poco más de ocho años, en el inicio del gobierno Santos, se dio un anuncio similar al del 29 de agosto pasado. En ese momento el presidente celebró la muerte, en un bombardeo, de quince terroristas en Tacueyó, en el Cauca. Menos de una semana después el país se enteró de la muerte de cuatro menores de edad en el ataque. “A estos niños sin experiencia nos toca echarles tierra encima”, dijo uno de los hombres de la vereda El Triunfo en Toribío. Cerca de 250 menores salían de la guerra cada año antes del acuerdo con las Farc según cifras del ICBF.

En pleno conflicto con las Farc se hacía difícil esconder los detalles y las víctimas de un bombardeo del ejército. Los partes de guerra eran los anuncios más importantes del gobierno. Ahora, cuando fracasos legislativos y jurídicos, afugias fiscales, derrotas electorales y líos laborales ocupan buena parte del debate nacional, fue más fácil para el gobierno esconder la muerte de los menores. Pero llegó el sobre de manila y todo se supo. Es claro que los objetivos del ministerio de defensa encarnan amenazas distintas y deben buscar métodos distintos, que un anuncio de la Fuerza Aérea tiene menos alcances en la opinión, que los órganos de control y prensa miran con menos diligencia hacia los militares, y que el gobierno Duque corre todos los riesgos de quedarse con lo peor de esas ofensivas desmedidas y sin los triunfos mediáticos contra un enemigo ahora menor.

Amenazas ausentes

Las Farc fueron casi invisibles en las elecciones regionales del domingo pasado. Sonó la anécdota de una canción en Turbaco y no mucho más. La posibilidad de participar en política fue sobre todo un acto simbólico de apertura a la democracia de quienes recién dejaban las armas. Nunca significaron una amenaza electoral en ninguna parte. Esa irrelevancia de las Farc en política, como grupo armado y como partido, fue una de las causas de las varias derrotas del Centro Democrático. No estuvo la sombra que acompañó y amplificó su discurso desde su creación. Hace cuatro años las elecciones estuvieron marcadas por la negociación en La Habana y el conflicto activo en Colombia. Seis meses antes del 25 de octubre de 2015 once soldados murieron en un ataque de las Farc en Buenos Aires, Cauca. Fue uno de los peores momentos del proceso de paz. Los ceses al fuego marcaban todavía el clima electoral en muchas regiones.

Han pasado casi tres años desde la firma del acuerdo de paz y las discusiones sobre sus reglas y su mecánica legal se han hecho viejas. Las disidencias se consolidaron como amenazas menores. Otro actor de reparto de la economía cocalera. Después de más de tres años del plebiscito la gente vota verraca por razones muy distintas. El gobierno y su partido se quedaron atados a un tema que a estas alturas resulta procedimental. El principal propósito del gobierno Duque este año en el Congreso, las objeciones presidenciales a la JEP, resultó ajeno a las preocupaciones de la gran mayoría de los colombianos. Hasta en San Vicente del Caguán el Centro Democrático perdió la alcaldía que en 2015 ganó con claridad frente al Polo.

Venezuela también dejó de ser una amenaza creíble. Con el presidente Duque en el poder la ecuación cambió. Ahora no era que nos íbamos a caer en el caos venezolano sino que el gobierno iba a lograr que los vecinos volvieran a la senda democrática. En Medellín las vallas del CD todavía decían: “Somos la barrera contra Venezuela”. Parecía que hubieran estado ahí por años. Resultó que no ya no había riesgo de sumarnos a Maduro, pero tampoco se logró que su gobierno cayera en cuestión de horas. En el plano internacional desapareció otra sombra.

Además, el Centro Democrático se agazapó tras un gobierno lejano a todos los partidos. Se convirtió en trinchera contra los demás políticos. Un gran pecado electoral en tiempos de coaliciones obligadas. Y el último ungido por el expresidente Uribe ha resultado sobre todo un veto de confianza. De modo que el partido de gobierno solo logró ser la mayor votación para las Asambleas departamentales en el departamento de Antioquia. Los liberales y Cambio Radical ganaron en ocho departamentos, los conservadores en seis y La U en cinco. Para los Concejos solo logró mayores votaciones en los departamentos de Antioquia y San Andrés. No logra crecer en maquinaria mientras su logotipo pierde fuerza frente al voto más independiente. Y en Antoquia, su gran bastión, perdió en alcaldía y gobernación. Logro poner alcalde en 17 municipios de 125. Y en el Área Metropolitana, donde vive el 66% de la población del departamento, solo logró una alcaldía de las diez en juego. Y el elegido tiene un grillete para que no camine más de la cuenta.

En Colombia se ha demostrado que no solo las grandes marchas marcan movimientos y cambios políticos. Las filas de los domingos electorales pueden ser un ruido suficiente.