Hombres de armas dejar

 

Había pasado tres años en la guerra. Era un joven combatiente del EPL en Urabá. Llegaba con su hermano desde el corregimiento de Pueblo Nuevo, en Necoclí, para pelear contra quién sabe quién en ese nudo de grupos enfusilados y venganzas que era la región en los años noventa. Se abría una puerta para la desmovilización pero muchos de los jóvenes con menos formación política sintieron que eso no era más que una forma de perder el respeto ganado a plomo. Tampoco era que el ambiente fuera muy propicio. En ese mismo 1990, a comienzos del año, más de sesenta hombres llegados desde Valencia, Córdoba, habían secuestrado a 43 campesinos en el corregimiento de Pueblo Bello, en Turbo. Los llevaron a la hacienda Santa Mónica, los presentaron frente a Fidel Castaño y luego lo asesinaron y desaparecieron en una orilla del río Sinú. La masacre fue cometida por Los Tangueros guiados por el ejército luego del robo de unas reses. En su momento se dijo que fue un muerto por cada vaca robada.

Aparecieron entonces las disidencias de ese proceso con el EPL guiadas por Francisco Caraballo, comandante que solo veía la guerra como una opción posible y respetable. Hombre de purgas y sangre fría. Los hermanos Úsuga y sus amigos se fueron inclinando por un ejercicio más pragmático de la violencia. Menos discurso y más plata, podría ser la consigna. De modo que no duraron mucho con Caraballo. De ahí salieron cuatro de los hombres claves que las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Dairo de Jesús Úsuga, Juan de Dios Úsuga, Roberto Vargas, alias Marcos Gavilán y Francisco José Morelo, alias Negro Sarley. La matazón los llevó al resguardo de las Farc para sobrevivir. Hacían mandados y en su tiempo libre trabajaban por cuenta propia. En medio de la maraña de masacres, combates, ajustes de cuentas, alianzas y traiciones cayeron en desgracia con la gente del Quinto Frente de las Farc y les tocó buscar un nuevo refugio. Ahora la casa Castaño les abría las puertas bajo una nueva franquicia. Llegó una nueva desmovilización en 1996 y entraron en periodo de prueba en la Casa Castaño, fueron ganando confianza y estaban listos para un nuevo encargo.

A estas alturas ya tenían historias de guerra en bandos contrarios, conocían los azares de las negociaciones, habían mostrado obediencia frente a cualquier brazalete. De nuevo servían como apoyo para operaciones de las AUC en el Bajo Cauca Antioqueño y en otras zonas del departamento. Son el ejemplo perfecto para el libro Guerras Recicladas de María Teresa Ronderos publicado hace siete años. Probando finura llegaron al Bloque Centauros en los Llanos. Allá los envió Vicente Castaño para que apoyaran los esfuerzos de Daniel Rendón Herrera, Don Mario, y Henry López Londoño, Mi Sangre. Y luego volvieron a desmovilizarse con algo de desgano. Muy pronto estaban en de nuevo en armas por orden de Vicente Castaño y al mando de Don Mario. El asesinato de Vicente Castaño les dictó el nombre y se hicieron llamar Héroes de Castaño en honor al Profe Vicente. Era el año 2007 y la OEA, encargada de la vigilancia al proceso de las AUC, hablaba de una estructura que operaba de civil, con armas cortas y estaba formada sobre todo por desmovilizados de los Bloques Bananeros y Élmer Cárdenas: “Se estima que puede tener hasta 50 hombres.”, decía la OEA en ese momento cuando comenzaba a hablarse de Los Urabeños. En 2010 el ejército describía una organización de al menos 200 hombres con presencia en el Magdalena Medio, Cesar, Santander y en contacto con combos en algunas capitales. En 2012 habían multiplicado por diez sus hombres. Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia estaban en plena expansión y tenían un nuevo jefe. Daniel Rendón Herrera había caído en abril de 2009 en Turbo y el patrón era alias Otoniel.

Necohaití

 

 

Necoclí es un pequeño embudo para los miles de migrantes que viajan desde el sur del continente hasta la frontera entre México y Estados Unidos. Un cruce que se hace angosto y peligroso como lo indica la misma geografía en el tapón del Darién. Panamá se ha convertido en el filtro de un éxodo que empuja a cientos de miles de personas a un viaje de al menos tres o cuatro meses por todo el continente. Su gobierno decidió que solo seiscientos migrantes pueden cruzar diariamente desde Colombia, y Necoclí es ahora el estanque de espera para ese flujo incesante de hombres, mujeres y niños que hacen la apuesta de su vida por una promesa que apenas imaginan. Hasta el mes de septiembre de 2021 Colombia registra 81.472 “detecciones” de migrantes en tránsito por el país. Casi el 70% son haitianos que vienen desde el sur, sobre todo desde Chile y Brasil donde la política y la economía los han ido expulsando. No es exagerado decir que es la más grande “excursión” que ha cruzado Colombia en su historia de puerto y tránsito. Hace cinco años fue el último gran éxodo, principalmente de cubanos, cuando 35.000 personas cruzaron hacia el Norte.

Necoclí es hoy un mercado para atender peregrinos. Más de la mitad de su playa en el casco urbano está ocupada con carpas de haitianos que esperan conseguir un tiquete con una de las dos empresas autorizadas para hacer el cruce hasta Acandí. Botas, creolina para espantar culebras, fogones portátiles, carpas, machetes y linternas se ofrecen en mercados improvisados. Champeta, vallenato y las conversaciones y discusiones en francés y creole aturden al pueblo que celebra la bonanza y, en muchos casos, el abuso a los viajantes: alquileres a siete dólares en una pieza para 10 personas, 20% de los giros que les llegan como remesa familiar por solo prestar una cuenta bancaria.

Las empresas que los llevan hasta Acandí facturan 3.200 millones de pesos mensuales. Se factura mientras los haitianos maldicen los precios, el tiempo de espera –hasta un mes y medio– y el desamparo bajo sus cobijas cuatro tigres. El Estado colombiano no ha entregado más que el agua que llega desde Turbo y una lista de migrantes que les entregan las empresas transportadoras. Los que no aguantan la espera buscan el cruce por debajo de cuerda que puede terminar en naufragio como pasó la semana anterior cerca a Capurganá: tres mujeres muertas y seis personas desaparecidas entre ellas tres menores.

En Acandí los reciben cientos de motos y coches de caballo para llevarlos a un campamento tres horas selva adentro. Los fumigan al bajarse de la lancha y comienza la negociación para el viaje. Son los privados, con anillos resplandecientes y motos nuevas, quienes se encargan de guiar la ruta, hospedarlos, alimentarlos. El Estado solo pone a dos policías en el muelle que sirven de constancia mientras comen mango. Miembros de los Consejos Comunitarios Afro se pelean el tránsito. Unos ponen manillas a los viajeros y hablan de turismo mientras los otros aprovechan su ruta más plana y su campamento. Hablan y negocian como repúblicas independientes.

Para quienes cruzan, Necoclí es solo una carpa en la playa y una taquilla para conseguir un tiquete. El tedio y el hambre les hacen pensar que la Fiesta del Bullerengue es una nueva estrategia para explotarlos. Tendrán que bailar y beber.

Son boyas que chocan contra una frontera. Un poema de Tomas Tranströmer descrine algo de ese ruido incesante: “O como alguien que golpease la pared, alguien que pertenece al otro mundo pero que permanece aquí, golpea, quiere regresar ¡Demasiado tarde! No tuvo tiempo de llegar abajo, no tuvo tiempo de llegar arriba, no tuvo tiempo de llegar a bordo…”

 

Prolongar el dolor

 

En marzo de 2018, durante la campaña presidencial, Iván Duque respondió de manera categórica a una pregunta sobre la posibilidad de acudir a un procedimiento de muerte asistida. “¿Si tuviera una enfermedad terminal pediría la Eutanasia?” El NO fue muy rápido, era un interrogante sencillo para el entonces senador, definido por la posición de su partido, sus aliados políticos (entre ellos agrupaciones religiosas) y su convicción personal. Lo siguiente fue una explicación para cubrir las consecuencias de que el jefe del ejecutivo estuviera en contra de un derecho concedido por la Corte Constitucional. "Pienso que es Dios quien decide sobre la vida y entre otras razones porque tuve la experiencia personal con mi papá", dijo el candidato. Y contó la historia del tratamiento a su padre en una condición crítica, cuando los doctores le preguntaron si quería firmar un documento para autorizar que no se realizara una reanimación, ya se habían hecho tres, en caso de que se llegara de nuevo a esa urgencia. “Lo pensé tanto, hasta que finalmente dije No". Luego de eso su papá tuvo dos semanas de lucidez antes de morir: “Allí pudimos aprovecharlo, disfrutarlo y después ya se dio su desenlace trágico. Pero no me hubiera sentido bien como ser humano sin esas dos semanas”.

Los políticos suelen pensar que lo que es aceptable para ellos debe ser obligatorio para los demás. En julio de este año el Ministerio de Salud expidió una resolución donde dejó claras las condiciones para adelantar un procedimiento de eutanasia en el país: presencia de una enfermedad terminal, sufrimiento asociado a esa enfermedad, consentimiento informado, capacidad mental del paciente, inexistencia de alternativas razonables de tratamiento. Que un comité certifique la existencia de esas condiciones (con los elementos subjetivos que pueden surgir en el análisis) no es nada fácil. Por eso no se han hecho más de 160 procedimientos desde 1997 cuando se dio el primer fallo de la Corte Constitucional sobre el tema.

Un reciente fallo de la Corte amplió el derecho para acceder a una muerte digna. El tribunal constitucional consideró que existían barreras “irrazonables y desproporcionadas” por la falta de una regulación legal sobre el derecho. Se decidió entonces retirar la condición de existencia de una “enfermedad en fase terminal” para acceder a la eutanasia, esa exigencia “termina por agravar, de facto, las citadas barreras”, dijo la Corte.

Basado en esa decisión un comité técnico aprobó el procedimiento de eutanasia a Martha Liria Sepúlveda que debía realizarse el pasado 10 de octubre. En su concepto se cumplían las nuevas condiciones descritas por la Corte en el comunicado que anunció el sentido del fallo. La IPS Incodol, que ha realizado casi una tercera parte de los procedimientos de eutanasia en el país, tenía todo dispuesto para la mañana del 10 de octubre. Llevan 10 años en procesos de cuidados paliativos y muerte digna.

Pero apareció el ministerio y sus recatos políticos. Al parecer no les gustó el reportaje donde Martha decía públicamente que había tomado una decisión y que no estaba dispuesta a continuar una vida con el sufrimiento que causa la Esclerosis Lateral Amiotrófica. Al ministerio le pareció que la señora estaba muy sonriente para tener un intenso sufrimiento psíquico y que gozaba de su comida favorita más de la cuenta. Con el poder de sanción sobre las IPS presionaron de manera directa a Incodol y exigieron un nuevo comité que con la guillotina del castigo cambió el concepto inicial. La política se impuso sobre el fallo de la Corte Constitucional y los conceptos médicos que avalaron la eutanasia. El chantaje contra derechos.  

Mayo del 45

 

La primera línea la conformaron las alumnas de la Escuela Normal para Señoritas de Tunja. Corría el año 1945 y el gobierno de López Pumarejo estaba tambaleante frente a la cruda oposición conservadora, la división liberal y la violencia rural que despegaba. Había ánimos de protestas y levantamientos en calles, cuarteles y patios de recreo. La destitución de la directora de la Normal por parte del gobernador del departamento de Boyacá fue vista como una afrenta “contra el sentimiento religioso y la moral de las educandas”. Según la versión de las Señoritas y los conservadores el gobernador había sacado a la directora por su piadoso propósito de construir un oratorio donde debería haber una enfermería. Para el gobernador liberal se trataba de pecados en el manejo del plantel.

Las adolescentes se declararon en huelga y organizaron desfiles para que se reversara la decisión. La protesta pacífica terminó en cargas contra el palacio departamental y las oficinas de La Verdad, el diario liberal de Tunja. Por supuesto se habló de infiltrados en una protesta casta y pura. Muy pronto se sumaron los compañeros de otros colegíos católicos, los rectores abrieron las puertas por tratarse de un asunto “estudiantil y religioso y no político”. Los liberales culpaban a la iglesia, particularmente al padre Arturo Montoya, autoridad académica y eclesial, de atizar el fuego antidemocrático. Las cosas terminaron en piedra contra la gobernación y la casa del gobernador. Los boyscout del Colegio Ortiz sabían prender candela.

Entonces llegaron el ejército y la policía para impedir que los alumnos revoltosos salieran de los colegios. Ahora hasta estudiantes de colegios laicos y liberales estaban rezando y pecando. Cuarteles y estaciones de policía reportaron uniformados heridos en medio de pedreas. La prensa liberal habló de una huelga sin pretensiones distintas a la discordia política. Y sindicatos en Tunja tildaron el movimiento como “antidemocrático y francamente subversivo”.

Y llegó la hora del muerto a manos oficiales. El 23 de mayo el ejército fue llamado a reprimir a los estudiantes del Colegio Ortiz que quemaban la edición de El Tiempo en la plaza de Bolívar de Tunja y un disparo terminó con la vida del joven Eduardo González. El Siglo publicó la dolorosa noticia al día siguiente: “Los fusiles oficiales, manchados ayer con sangre estudiantil, son el único argumento que ha encontrado el gobierno para convencer a las niñas que exigen que se respeten sus sentimientos religiosos”. Vino entonces la carga contra la estación de policía y la muerte de un artesano en medio del calor en Tunja. Bolillo y bombas lacrimógenas llegaron con los policías enviados desde Bogotá.

El contagio llevó las protestas a Medellín y la capital. La muerte del Eduardo González no sería en vano y los universitarios de el Rosario, la Javeriana, el Externado y la Libre en Bogotá, al igual que alumnos de la Universidad Católica Bolivariana y el colegio San Ignacio en Medellín, salieron a la calles. Ahora la consigna era también contra la “infección” comunista representada en la figura de Gerardo Molina, rector de la Universidad Nacional. Se decretó la censura de prensa y el Estado de Sitio en la capital. El gobierno denunció un plan orquestado para desestabilizar la nación. Estaba en marcha una conspiración conservadora. El 7 de agosto renunció el presidente López Pumarejo.

La realidad entrega su propia parodia cada tanto. Como en cualquier teatro hace que los actores truequen sus papeles, sus discursos y su vestuario.

*Esta columna se basa en el artículo Anticomunismo y defensa del catolicismo en las protestas estudiantiles en Colombia escrito por José Abelardo Díaz.

Caldono

 

El Cerro de Belén en Caldono, en el Cauca, fue durante años una trinchera y un punto de mira clave para tomarse el municipio. El ejército y las Farc lo pelearon como una garita obligatoria para ataques y defensas sucesivas. A los pies estaban los habitantes del pueblo rogando frente al azar de los tatucos y los peligros de las ráfagas indiscriminadas. El cerro estaba prohibido para sus habitantes, cercado por minas, advertencias, prohibiciones. Luego de cinco años de la firma del acuerdo entre el gobierno y las Farc es difícil entender las dimensiones de la guerra en esos pueblos. Identificar los personajes como combatientes, imaginarlos con el fusil al hombro, encontrar la crueldad cuando ejercen sus nuevos oficios.

Hace una semana estuve dos días en Caldono y Silvia visitando uno de los ETCR y varios proyectos productivos de los excombatientes. Subiendo al Cerro del Belén en compañía de víctimas y del párroco del pueblo, nos encontramos con dos mujeres que caminaban hacia la cima. Farid, uno de nuestros acompañantes, nos dijo que eran dos de las exguerrilleras con mando en esa zona: “Comandantes duras”. Sentadas en un kiosco, en lo alto del cerro, nos recibieron con sonrisas algo tímidas. Parecía increíble que en la figura y la historia de esas dos mujeres estuvieran la estrategia de las tomas, las órdenes de los disparos, las heridas, la crudeza del combate. La realidad después de la guerra parece tan inofensiva, tan pequeña frente a la dimensión de los daños.

Las dos mujeres hablaban con las víctimas y con el párroco en el tono de quienes reconstruyen una historia común. “Este era el primero que nos quería dar cachetadas cuando llegamos a la civil”, dice una de las excombatientes señalando a Farid. Y él recordaba que llevó a una de ellas a una escuela para hablar de culpas y daños: “Fue el primer perdón que se pidió en el pueblo, en medio de la charla ella ofreció disculpas, de manera espontánea, sin que eso estuviera pensado”. De algún modo han terminado en el mismo bando. Fueron 57 tomas al casco urbano en algo más de treinta años.

Cuando bajábamos encontré un casquillo de una bala de fusil. Llegué a pensar en una trampa para el visitante, un souvenir para ponerle color a su historia. Pero ese cerro no tiene como mentir. Nos despedimos y las excomandantes bajaron para buscar su moto y volver a sus rutinas en el activismo social o las tareas para el avance de los proyectos. ¿Esas dos mujeres hicieron parte del grupo que puso en jaque al Estado y marcó nuestras decisiones políticas por más de dos décadas? Esa imposibilidad para ubicarlas en el escenario de la guerra tiene que significar algo, tiene que marcar alguna conquista del acuerdo luego de cinco años.

Cerca del 80% de los votantes del plebiscito del 2 de octubre de 2016 en Caldono le dijeron SÍ al acuerdo entre el gobierno y las Farc. En el proceso de entrega de armas muchos se enteraron de que familiares y vecinos hacían parte de milicias o columnas guerrilleras. Sin saberlo compartían la cotidianidad desde los extremos de una guerra a muerte.

Pero los homicidios han crecido en el departamento luego de la desmovilización. La guerra dejó negocios, experiencias, resentimientos que no se olvidan fácilmente. En una pared en una esquina de la plaza de Caldono encuentro una oferta de empleo: “Capacítese y obtenga empleo, hágase profesional en seguridad privada. Para hombres y mujeres.” Una joven apuntando con un revólver acompaña el pequeño pasquín. Y los resguardos pelean a los jóvenes que disidencias y mafias intentan reclutar. Han pasado cinco años. Hay nuevas oportunidades y nuevas amenazas, no se avanza fácil por esas trochas, pero se ha salido de lo que parecía un atasco imposible.

Política con drogas

Durante la pasada campaña presidencial Iván Duque y su partido repitieron dos fórmulas, infalibles según ellos, para golpear las grandes y pequeñas mafias, y proteger a la juventud siempre desvalida que los conservadores arropan en su discurso y desprecian en la vida real. Para el combate contra los traquetos duros invocaban la fumigación como idea renovadora, sin importar que hubiéramos acumulado cuarenta años de sobrevuelos y venenos, desde el Paraquat hasta el Glifosato. Para impedir el menudeo y dar amparo a “sus adolescentes” acabarían con la alcahuetería de la dosis mínima.

Al gobierno Duque le queda menos de un año y no ha logrado fumigar una sola hectárea de cultivos de coca. Se ha estrellado contra las exigencias constitucionales para proteger a la población, casi cien mil familias, que vive de esos cultivos. El gobierno intenta mostrar que fumiga a los mafiosos pero en realidad pretende rociar veneno sobre familias que en promedio tienen cultivos que no superan una hectárea y media de coca. También se ha varado frente a los costos desproporcionados de una estrategia dudosa hasta para los Estados Unidos. Los pilotos, las avionetas, el veneno, la gasolina valen demasiado para la simple pantomima. Los cultivos cayeron en un momento de gran fumigación pero aumentó la productividad, y el salto de la coca de departamento en departamento hizo que la estrategia se desgastara. Una muestra de los datos de 2016 según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI): En Antioquia la fumigación se duplicó en 2014 y 2015 y la coca se triplico. En el Putumayo el promedio de fumigación se mantuvo durante cuatro años (93, 94, 95 y 96) mientras en el mismo lapso los cultivos se triplicaron. Y por último se ha asustado frente a un nuevo levantamiento en el sur del país que vendría a sumarse a los incendios que debió soportar en las ciudades. Es imposible desconocer que buena parte del Putumayo se pobló en los años ochenta de la mano de la bonanza cocalera. Esa historia no se acaba con Glifosato.

Para su segundo objetivo sacó un decreto en octubre de 2018 en el que autorizaba a la policía a decomisar y destruir la dosis mínima por el consumo o el porte el espacio público. Con la firma del presidente pretendía borrar el fallo de la Corte Constitucional de 1994. La ridiculez era la principal característica del decreto. Los policías escogerían a ojo a los posibles consumidores según sus prejuicios y si encontraban un bareto, por decir algo, podían elegir el correctivo según su genio y su ingenio. Para evitar sanciones los padres del infractor tenían que declarar que sufría problemas de drogadicción. Quienes portaran más de veinte gramos de marihuana irían a un proceso penal para enfrentar una pena mínima de seis años. Desconocía también el fallo de la Corte Suprema sobre dosis de aprovisionamiento. Pero llegaron dos nuevas decisiones de las altas cortes a poner orden. Primero, la Corte Constitucional tumbó la prohibición del consumo de alcohol y drogas en espacio público por considerarla desproporcionada y luego el Consejo de Estado dijo que los policías solo podían hacer uso del proceso verbal inmediato cuando tuvieran serios indicios de que el porte era para la venta. Todo quedó en 166.000 comparendos para enmarcar y discriminación contra miles de jóvenes por su simple aspecto o la zona donde estaban parchados.

El gobierno Duque no ha tenido una política de drogas, solo ha hecho política con los temas relacionados con cultivo y consumo. Y no solo se ha equivocado en sus prácticas para la simple exhibición, también ha violado derechos constitucionales -dosis mínima- o ha pretendido violarlos -intenciones de fumigación-. Malas decisiones y malas intenciones.

 

Cadáver exquisito

 

Abimael Guzmán Reinoso dejó testimonio en su celda de un último acto para poner en vilo al gobierno del Perú. Su cuerpo en la Base Naval del Callao es a la vez trofeo y ultraje para las fuerzas políticas más importantes del país. Parece que el ‘Presidente Gonzalo’ y la pulmonía que se lo llevó tenían muy buen sentido de la oportunidad. Falló por un día para morir en el aniversario 29 de su captura y revolvió a un gobierno recién llegado y a una oposición encabezada por el apellido de su principal verdugo. Y eligió un 11 de septiembre. Abimael siempre tuvo formas extremas, emparentadas con la muerte, para dejar sus mensajes y alentar sus delirios.

En la navidad de 1980, Sendero Luminoso comenzó a colgar perros muertos de los cables de la luz en el centro de Lima. Algunos estaban acompañados con carteles con el nombre de Deng Xiaoping a quien repudiaban por desconocer el legado de Mao. Otros venían con amenazas de bombas. Una demencia más para aterrorizar a la población. Los temores de hoy son mucho más sutiles y están inspirados por el fantasma de Guzmán Reinoso y los recuerdos que de las actuaciones, las biografías y las declaraciones de algunos de los funcionarios del presidente Pedro Castillo.

Muchos de los funcionarios de Castillo fueron en su momento simpatizantes de Sendero Luminoso. Se habla de al menos cinco ministros con vinculación directa al grupo guerrillero. Los casos más sonados son los del ministro de trabajo, ïber Maraví Olarte, y el primer ministro, Guido Bellido. Según testimonios de uno de sus camaradas, rendidos en 1981, Maraví era el responsable de una célula en Huamanga, al norte de Ayacucho donde nació el Senderismo. Esos primeros actos dan cuenta de un taque con bombas molotov a una empresa de servicios públicos y tres atentados contra la policía. Maraví ha dicho que repudia todos los actos de terror cometidos en el país. Igual ha puesto a disposición de Castillo su cargo. También tiene un proceso de 2014 por instigación al terrorismo por protestas en medio de una huelga. La muerte de Abimael desentierra de nuevo su vida como guerrillero y sus declaraciones públicas como líder del magisterio.

Por su parte, el primer ministro Bellido tiene desde 2017 una causa penal por el mismo delito. En su momento celebró un aniversario de la muerte de Edith Lagos, militante senderista dada de baja en 1.981. Bellido escribió: “Nuestro mejor homenaje a ti Edith Lagos”. Desde entonces ha defendido su declaración: “Yo estoy en la libertad de poder expresar lo que pienso… ¿No debo reconocer en las personas algunas características? O sea, ¿Dejamos de ser peruanos?

El problema es que luego de la muerte de Abimael Guzmán el gobierno ha salido a condenar ese pasado violento, el terror de dos décadas que dejaron setenta mil muertos. El destino del cadáver del líder de Sendero es ahora un asunto de Estado, y el ministro de justicia, Aníbal Torres, sacó la declaración más contundente: “Hay que hacer presente a la población que haga movilizaciones en memoria de Abimael, es apología al delito y pueden ser procesados por esa razón”. Un delito con quince años de cárcel según el código penal peruano. Deben ser interesantes esos consejos de ministros. Mientras tanto, Keiko Fujimori habla de un gobierno infiltrado por una “ideología sangrienta”. Y por supuesto han salido las respuestas sobre los métodos del terror del gobierno de su padre.

Un cadáver muestra que el conflicto peruano de hace veinte años sigue siendo protagonista. Y Vladimiro Montesinos vela desde su celda en la misma Base Naval del Callao. Tiene diez años menos que Guzmán Reinoso l morir, todavía no es tiempo para su última aparición.