Profecías mundialistas

 

 

 

Es el momento de las apuestas, de los tentáculos que señalan a los ganadores y los gurús que se despeñan con sus estadísticas, de los legos que aciertan mirando los colores de las banderas y los desentendidos que condenan ese juego tonto desde el sillón. Me aventuro con vaticinios para este extraño mundial decembrino, con su gusto arenoso por la corrupción, sus recatos religiosos y sus estadios con aire de palacios comerciales.

Empecemos entonces con un triunfo apretado de Ecuador en un aburrido primer juego, la mínima diferencia para el equipo que lleva un colombiano en sus filas y a Tumaco en su corazón. Qatar pagará cara su osadía y se irá sin puntos y sin goles. Ecuador volverá pronto a casa con el aplauso de los chilenos y Senegal estará en octavos para alegría de Mané y de siete compañeros suyos que juegan en la Premier. Ese es el indicador clave para filar las selecciones, el ranking de la liga inglesa pone a todo el mundo en su sitio: Brasil tiene a 12 convocados en la Premier y todos los ingleses juegan en el fútbol propio. Esos son mis finalistas. Dejemos en ascuas al campeón.

En el grupo B estará el peor partido de la copa: Gales-irán se irán sin goles después de 90 minutos de fanatismo islámico por la pata dura. Inglaterra ganará sus tres juegos y será el equipo con más goles en la fase de grupos. El partido de la geopolítica mundial será para Estados Unidos por la mínima diferencia. Biden aún no sabe qué es el mundial de fútbol. Los gringos serán segundos del grupo con un equipo que algunos llamarán sorpresas de primera fase: tiene 7 Premier, además de hombres en los grandes de Italia. Y está Jesús Ferreira, la cuota colombiana inscrita sin las marrullas ecuatorianas.

En el grupo C apenas hay dos equipos, Argentina y México. Arabia Saudita podría estar por afuera hasta del álbum de Panini, clasificó eliminando a Yemen, Singapur, Palestina y Uzbekistán. Luego mandó a Australia, una selección que aún no se define entre el fútbol y el rugby, a un nuevo repechaje. Pobre Perú, al menos nosotros no tuvimos esa muerte lenta. Argentina será primero aunque pasará sustos en el partido con México, donde Messi terminará molido.

En el D Francia bostezará durante los tres partidos y Benzema será el mejor perfilado para ser goleador luego de la fase de paseos. Dinamarca será segundo algo desinflado luego de ser el dueño de muchas expectativas. Una selección que uno podría definir como equipo de media tabla en Italia o España. Me dirán que tiene 6 Premier, y tres juegan en el Brentford que acaba de ganarle al City, les diré que dos son consagrados suplentes.

En el grupo E, Alemania y España entregarán un bonito 2-2 y al final Alemania será primero por diferencia de gol. Costa Rica dejará de ser sorpresa y volverá sin puntos. Japón se consagrará como el mejor eliminado en fase de grupos. El F tendrá a Bélgica como el tutor del grupo donde Croacia promete pero no cumple, y Canadá y Marruecos nos darán tiempo para trabajar un poco en medio de las distracciones mundialistas.

En el G estará el gallo africano. Camerún acompañará a un Brasil que ganará sin afanes, apenas gastado lo justo, un Brasil calculador. Serbia y Suiza, que han encarnado el bien y el mal de Europa en los últimos años, ahora representarán el olvido mundialista.

El H será uno de los grupos más entretenidos. Portugal muestra que no solo es Cristiano y tiene como meter miedo, Uruguay batallará con 5 históricos algo cansados y su camada que siempre se renueva. Dos pequeños países con fútbol grande. Ghana y Corea, corren, meten, llegan, están a punto pero fallan cuando parece posible.

Dejo en la fase de grupos, porque lo que sigue son mis recetas para acumular cuentas por cobrar ¡Juego ladrones!

 

 

Relato sin conciliación

 

 

Entrar a los despachos de la Fiscalía tiene algo de tétrico y fascinante. Entrar como acusado por una opinión sobre un político tiene algo de patético y prometedor.

 En la puerta de ese abismo, una cuadra abajo del Parque Bolívar, hay una cadena y una vigilante con la pistola al cinto. Del otro lado hay joven tembloroso que busca el número de la demanda, de la fiscal, de la oficina, del día y la hora. Su hora. Un joven pálido al que la hermana o la novia, no sé, le entrega una carpeta llena de papeles como si le entregara el fiambre para una larga jornada.

 Siento que mi diligencia hace parte de un juego frívolo. Mientras unos apuestan la libertad yo voy por la suerte de 280 caracteres. El alcalde Quintero Calle decidió llevar los pleitos de Twitter a los despachos judiciales: debe tomarse muy en serio para esa pequeña osadía. O debe pensar que la fiscalía es un monstruo disponible para la intimidación.

 El edificio es deplorable. Una especie de motel donde las habitaciones son despachos y los pasillos vacíos lucen un amarillo enfermo. Un espacio siempre en vísperas de un desalojo. Llego al despacho de la fiscal y me encuentro a un joven abogado y su más joven acompañante. Él viste traje y lleva un bastón. La Fiscal me saluda con una amabilidad desconcertante, una calidez que no encaja con la situación. La acompaña también un bastón recostado a la pared. También cojean las gafas de la fiscal que tienen solo una pata y durante la audiencia caen dos veces debajo del escritorio. Todo lo dirige la asistente de la fiscal, la más diligente de la diligencia a la que asistimos.

 Quintero Calle y su apoderado acuden vía digital. Los abogados más jóvenes que están en el despacho acompañan la diligencia y los trámites menores. Son el público expectante y siento que son más mi defensa que mi contraparte. Sonríen, callan y quiero creer que otorgan. La Fiscal me cuenta de sus condiciones de salud para romper el hielo. Me gusta esa mujer por fuera de la solemnidad de la justicia, pienso en el espontáneo bien intencionado que quiere parar una pelea. La cámara del computador del despacho me apunta de frente y la fiscal queda por fuera de las imágenes digitales de la audiencia. “Ayy no, yo no salgo, yo también quiero ser famosa”, nos dice en medio de carcajadas. La invito a sentarse a mi lado para que compartamos estos minutos de pantalla y quedamos como estudiantes de primaria en el mismo pupitre.

 Ella comienza con un llamado a la conciliación: “este es un despacho de paz y amor. Tenemos que conciliar, no nos podemos volver Sodoma y Gomorra.” Antes me ha dicho que pertenece a tres iglesias. “Esto es solo una charla de reconciliación”, continúa, y le da la palabra a Quintero Calle para que proponga los términos de un acuerdo. El alcalde lee el trino de la discordia y dice que yo he afectado su honra, su familia y toda su administración al decir que él era corrupto, y pide que por la misma vía, con un tuit, yo deje claro que no ha cometido ningún delito y por ende no es corrupto. Habla con tranquilidad y se muestra acongojado por mi maledicencia. Dice que ha enfrentado la más dura oposición y me incluye en ese grupo, y agrega que tal vez escribí ese trino por una ligereza o por un ánimo pendenciero que no le ayuda a la ciudad. Tomo algunas notas y la fiscal me dice entre risas, “ay Pascual, no escriba tanto”. El despacho y los actores virtuales celebramos su gracia. La Fiscal podría estar en el equipo negociador de la paz total.

 De pronto, perdemos comunicación con el alcalde, su señal se queda paralizada y su conexión se cae. Quedamos solo los presenciales: ¿Qué pasó con el valle del software?, les pregunto aprovechando el bache. La fiscal nos pregunta a los presentes cómo estamos pasando, “aquí no se aburre nadie”, dice. “Solo falta que nos ofrezcan algo para tomar”, le respondo y entonces manda a la asistente a pedir prestados dos vasos desechables y nos ofrece aromática de frutos rojos. La más humilde y hacendosa de las anfitrionas. “Hasta los vasos se acabaron”, remata.

 En la mesa de la fiscal hay una mandarina. El único ser vivo en el despacho además de los cinco abogados y las seis cucarachas que saltan cuando la asistente levanta las carpetas sobre un archivador. La asistente intenta matarlas con uno de los bastones pero escapan a la pena de muerte.

 El alcalde regresa, termina su discurso dolorido y es mi turno. La Fiscal asintió durante buena parte de la intervención de Quintero Calle, mientras me miraba con cara de “no peleen por esa bobada”. Las razones para no conciliar son sencillas. No tienen que ver con radicalismos ni con odio personal. Lo primero es que yo no soy opositor político del alcalde, nunca he militado en un partido ni he aspirado ni aspiro a un cargo de elección ni he sido siquiera funcionario. Me parece increíble, además, que mencione mi ánimo belicoso, que lo diga un alcalde que ha dedicado tres años a cazar peleas con los más variados sectores, que ha tratado de mafiosos a contradictores y tiene el insulto como herramienta de trabajo. Se lo digo sin ánimo de camorra porque la fiscal nos obliga todos al mejor tono, a la cordialidad de la discordia. Le digo también que mi trino es solo una opinión sobre su gestión y que al llamarlo corrupto no lo culpo de un delito, sino de una serie de comportamientos que me llevan a concluir que esa palabra define buena parte de actuaciones como mandatario. Por sus simples mentiras, por no honrar su cargo para el bien público sino para la ambición personal, por decisiones que pueden no ser un delito pero sí un desfalco ético y un atentado administrativo. Por hacer que Medellín haya perdido la confianza en las seis o siete cosas que tenían prestigio ciudadano y entregaban réditos comunes.

 Posando de abogado leo un párrafo del último fallo de la Corte Constitucional sobre libertad de expresión –a propósito de una tutela interpuesta por el expresidente Álvaro Uribe a Daniel Mendoza el director de Matarife– que sería suficiente para saldar con dos líneas todo este turismo judicial al que convocó Quintero Calle: “Las opiniones equivocadas o parcializadas gozan de la misma protección constitucional que las acertadas o ecuánimes”. Y se lo deje claro al alcalde y a su apoderado, es posible que mi opinión sea equivocada y que tenga un sesgo que me lleve a ser injusto con su figura. Si así fuera, en el peor de los casos para mi credibilidad como periodista y para mi ejercicio ciudadano, mi libertad de expresión tendría en todo caso un amparo constitucional. No es un juez quien debe decidir si mi opinión me debe llevar a la cárcel, es el debate transparente, los argumentos, el encuentro entre poder y periodismo el que debe marcar tenencias ciudadanas.

 Para el final queda la razón más contundente: jamás dejaría un precedente según el cual un funcionario, uno que además fue elegido y debe olvidar el consenso, puede decirle a los ciudadanos cómo deben redactar sus críticas, sus opiniones, sus diatribas, sus caricaturas sobre el ejercicio del poder. La democracia consiste en la posibilidad de burlarnos, de ofender incluso, a quienes detentan el poder. Y así lo ha dicho también la Corte Constitucional: los funcionarios públicos tienen una obligación que es contrapartida de sus atribuciones, tienen el deber de soportar una mayor carga de críticas, señalamientos, arremetidas públicas. Deben construir un blindaje frente a la opinión y dar respuestas adecuadas. Quien tiene la oportunidad de ejercer un poder muchas veces desmesurado, tiene la obligación de aceptar el eco de sus desprestigios.

 La fiscal también asintió durante buena parte de mi parlamento en esta delicada comedia. Antes nos había contado que en ese mismo despacho coincidieron hace unos años Luis Pérez y Héctor Rincón en una diligencia por una denuncia similar. “Salieron felices”, me dice empujando una solución. La asistente suelta otro de los tiros de la tarde: “Nosotras somos generadoras de contenido”.

 El abogado de Quintero Calle intenta una nueva fórmula para un acuerdo. Me dice que no vale la pena entrar en un juego de palabras, en una competencia de lenguaje, y aprovecha para soltar un elogio sobre mis ejercicios de mecanografía. Policía bueno y policía malo. De verdad, admiro el ejercicio profesional del abogado de Quintero Calle y casi me hace olvidar que somos contraparte. Pero no puedo aceptar su oferta: “Nosotros estaríamos satisfechos si usted simplemente dice que usó el término corrupción de una manera genérica, pero que esa palabra no implica que el alcalde haya cometido un delito contra los ciudadanos o la administración pública”. Pero eso sería explicar lo obvio. Los trinos tienen apenas 280 caracteres como para exigirles una nota al pie. Le reitero mis argumentos, creo que tiene claro que mi decir sobre Quintero Calle no tiene entidad suficiente para avanzar como un juicio penal. Insisto en la diferencia entre información y opinión y en la amplia protección constitucional frente a la delicadeza de quienes ostentan el poder. La pésima percepción de los ciudadanos sobre un mandatario no es un delito, lo contrario haría que tuviéramos que esconder lo que pensamos sobre quienes manejan los presupuestos públicos. Los susurros sobre el poder no se usan en una democracia.

La fiscal parece compungida y convencida. Bueno, al menos eso quiero pensar en medio de los sudores del despacho.

 Quintero Calle olvida su tristeza y pasa al ataque. Yo no se refiere a a mí como pascual sino como el señor Pascual Gaviria, ahora frunce el ceño y habla más recio. Dice que yo lo odio por las referencias, denuncias públicas, que ha hecho sobre la gerencia de mi papá en EPM. La fiscal abre los ojos sorprendida, me pregunta que cómo así, que si yo soy famoso… De nuevo, entran risas. El alcalde dice que durante el periodo 2004–2007 se tomaron decisiones que llevaron a la empresa a perder miles de millones de pesos. “Todo está documentado”, concluye. La Fiscal siente que se calentó el parche y quiere cerrar la audiencia y aceptar que perdió su invicto de conciliaciones. Pero insisto en una respuesta a lo que acaba de decir Quintero Calle. “Señor alcalde lo primero es que yo no lo odio, esto no es un asunto personal, ahí es donde usted se equivoca. Y lo que usted dice sobre mi papá es absolutamente falso, es injusto y mendaz, si yo cayera en su juego podría entonces denunciarlo penalmente por esa acusación. Pero mejor lo invito al debate público, a sustentar sus señalamientos. Ahí es donde yo creo que se deben dar estas discusiones no ante la señora fiscal y en el curso de un proceso que amenaza la libertad de un ciudadano. Pero usted fue el que escogió este escenario, así que daré la discusión en todos los frentes, como acusado, como ciudadano y como periodista”.

 Ahora sí la audiencia ha terminado. La fiscal me ha tratado de “mi querido lindo” y “Pascualito”, ha elogiado mis intervenciones y ha dicho que tenía razón el abogado del alcalde que me trató de “artesano de la palabra”. Me preocupa tanta zalamería en medio de una acusación. Nos despedimos del alcalde y su defensor. Hemos pasado una hora y media entre risas, tensiones y sudores. Ya está cerca el fin de la jornada laboral de la fiscal y su asistente. En un pequeño cuarto en el despacho están guardadas las colchonetas que extienden en el suelo para la siesta después de almuerzo. Es justo dejarlas descansar, casi me duelo de no conciliar para restar una carpeta a las 2.200 que acumula el despacho de la fiscal. En el acta quedan apenas dos líneas. La pretensión de Quintero Calle de corregir esa palabra corrupción y mi negativa a un acuerdo. Eso lo resume todo.

 Al final, cuando ya estamos por fuera de los procedimientos judiciales, la fiscal me pregunta cuantos años tengo, le respondo bajo la gravedad de juramento y ella remata para las últimas carcajadas: “Vea, y no está ni mal”. Salgo confiado en esta audiencia que cojea y nos deja claro que Kafka también puede reír.

 

 

 

 

 

 

Corrupción en flagrancia

 

La semana pasada llegó a mi correo electrónico una citación, por parte de la fiscal 112 local de Medellín, a una audiencia de conciliación en el marco de una denuncia penal por los delitos de injuria y calumnia. El denunciante es el alcalde Daniel Quintero Calle, quién cree que merezco una pena de prisión entre 16 y 72 meses, por un trino que publiqué en julio pasado y que dice, palabras más palabras menos, que el alcalde de Medellín es el farsante más grande que ha pasado por la ciudad y además de eso, corrupto. 

Una página es muy poco para ilustrar su farsa como funcionario y político y reseñar la deshonestidad de muchas de sus actuaciones. Pero espero sirva como un primer alegato frente a su denuncia.

Para saber que Quintero Calle es un farsante basta mirar la chapa del movimiento por el que fue elegido: Independientes. Quintero se ha vendido como un político soberano frente a los partidos tradicionales, muy a pesar de haber sido adolescente conservador, entusiasta impulsor de su hermano en el Partido Verde, joven liberal, donde le cargaba la maleta a David Luna, burócrata del gobierno del partido de La U y supuesta promesa nacional del Pacto Histórico. Pensemos bien y digamos que la política es dinámica y Quintero Calle logró hacerse independiente al volver a Medellín luego de ser ahijado del bipartidismo y otras especies. 

Pero resulta que aquí ha gobernado de la mano de clanes que representan la política más vieja y percudida. Desde su primer gabinete estuvo la gente de los conservadores Carlos Andrés Trujillo y Óscar Iván Palacio, y llegaron los puestos de Gabriel Jaime Rico y las cuotas de Héctor Londoño Restrepo, exalcalde liberal de Envigado. Pero esa era apenas la pruebita, Quintero ha hecho más de noventa cambios en su gabinete en solo tres años y ahí han llegado “recomendados” de Iván Darío Agudelo y los guiños para algunos necesitados del Centro Democrático, como Hernán Gómez Giraldo. Esto deja claro que Quintero Calle es una farsa como independiente y alternativo, un tapao que llaman.

Respecto al señalamiento de corrupto hay decenas de comportamientos y decisiones que confirman a Quintero Calle como un funcionario ajeno a la búsqueda del provecho público. Así define la RAE, en una de sus acepciones, la palabra corrupción: “En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores.”

Dejo entonces un pequeño listado de “travesuras” que encajan muy bien en esa definición: los contratos dudosos de los familiares de funcionarios de su administración, la entrega de dinero a medios de papel para que laven su imagen, los 20.000 millones pagados para montar una clínica donde, a pesar de las promesas, nunca funcionó una sola UCI, la manera cínica de violar la prohibición de participar en política, la forma como escondió información relevante a la junta de EPM que renunció en pleno, el abuso de autoridad con el que encerró con militares al barrio El Sinaí durante la pandemia, la entrega a políticos afines de contratos para la jardinería de la ciudad, el chanchullo que querían montar con la chatarrización, el uso incierto de los datos ciudadanos obtenidos en pandemia, el nombramiento de un gerente de EPM con falsedades en su hoja de vida, el intento de que el municipio comprara un lote de 48.000 millones para hacerle un favor a Luis Pérez, el descalabro en el Hospital General donde comen los contratistas y no los pacientes…

La corrupción, cuando es flagrante, cuando se exhibe con cinismo y soberbia, se nota a simple vista, y para señalarla no es necesaria una condena penal. De modo que para mí Quintero Calle conserva sus otros dos apellidos, farsante y corrupto. 

Arrepentimientos democráticos

 

Perú marcó el paso aunque con algo más de empeño y furia. Sin darse cuenta se ha convertido en una guía para América Latina cuando se habla de decisiones electorales, del rumbo de la ruleta presidencial. En los últimos siete años ha tenido cinco presidentes que han gobernado desde ideologías diversas, opuestas muchas veces. No se trata del péndulo de la democracia sino de un sismógrafo enloquecido por la frustración ciudadana. Los presidentes se queman más rápido que los técnicos del Alianza Lima. Pero no solo deben salir del poder sino que deben pasar del palacio al cadalso. Así ha sucedido con Fujimori, Toledo, García, Humala y Kuczynski. Todos han terminado acusados y detenidos por cargos varios. En Perú se trata de alternancia democrática, y de un poco de justicia penal y otro de venganza política.

Luego del triunfo de Lula el domingo pasado, comenzó a circular un dato inquietante. En las últimas dieciséis elecciones presidenciales, en América Latina, el partido en el poder ha sido derrotado en su intención de seguir gobernando, bien fuera por medio del presidente en ejercicio o de su heredero. Elecciones que van desde la que dejó a Duque como presidente de Colombia en 2018, hasta la que acaba de poner a Lula en su tercer periodo presidencial. Cuatro años seguidos de derrotas del oficialismo en países tan variados como El Salvador y Costa Rica, México y Chile, Argentina y Guatemala, Ecuador y Uruguay.

El ejercicio del poder, con su gracia de regalos burocráticos y presupuestales, con su capacidad de señalar y remover, se ha convertido en un lastre inevitable. Ahora todos los favores estatales son insuficientes y todos los programas son descalificados muy pronto, los candidatos generan grandes expectativas y en apenas meses se convierten en ineptos en el mejor de los casos y traidores en el peor. Boric lo ha sentido como ninguno, en tres meses de gobierno pasó del joven renovador al principiante desconcertado. En la última encuesta su aprobación llegó al 26% luego de comenzar con una imagen positiva por encima del 60%. También para Petro sonaron las alarmas hace quince días. Con dos meses en la Casa de Nariño, entiéndase en las tarimas como presidente, su desaprobación creció 20%. Una cosa es lucir la espada del Libertador y otra manejar el presupuesto y la carreta de los anuncios.

La alternancia democrática ha sido vista desde hace años como una virtud. Más en América Latina donde las dictaduras de facto o disfrazadas fueron plaga y siguen siendo amenaza. Una muestra de garantías para la oposición donde hemos salido relativamente bien librados. De las 150 elecciones celebradas desde 1978 en América Latina, elecciones donde el gobierno saliente tenía juego para revalidarse en el poder, la oposición ha ganado 87, un 58% que muestra que desde se puede llegar a ser partido de gobierno “jugando como visitante”. Pero ahora estamos en otro punto, en el momento donde los recién posicionados empiezan perdiendo y juegan con temor ante su afición, dónde las mayorías son una amenaza y el tiempo siempre un enemigo. Y si se quiere ir un poco más al norte, hay que decir que Trump lo sabe, y que las guerras de odio y mentiras que se viven en casi todas las democracias de hoy, sirven a esa especie de retractación ciudadana.

El diagnóstico lo hizo H. L. Mencken, periodista gringo de sátiras y verdades, hace más de ochenta años. “La democracia prueba una sucesión interminable de recursos misteriosos tal como una actriz de cina prueba una serie interminable de maridos, esperando contra toda esperanza encontrar uno que sea sobrio, acomodado, fiel y no demasiado vigilante”.

Lecciones del narco

 

El 11 de diciembre de 2006, el presidente de México, Felipe Calderón, declaró la guerra frontal contra el narcotráfico. El ejército fue enviado a las calles y el gobierno prometió proteger a los ciudadanos de la violencia criminal. Durante los primeros cuatro años de Calderón en el poder fueron detenidas más de 120.000 personas vinculadas con los diferentes carteles. Al frente de la estrategia contra la mafia estaba Genaro García Luna, quien fue el Secretario de Seguridad Pública durante el sexenio presidencial y era conocido como el “súper policía”. García Luna creó la Policía Federal y sus cifras le permitían, cada tanto, a Calderón decir que la guerra se estaba ganando. Pero la guerra se perdió en todos los frentes. Durante los seis años de gobierno fueron asesinadas más de 115.000 personas en crímenes relacionados con el narco. Uno de los principales cuerpos antimafia, el “incorruptible” Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (Gafes), se convirtió en un centro de entrenamiento para los ‘Zetas’, el principal grupo sicarial de los carteles. La lucha entre capos llegó a las más horrorosa ostentación de violencia y los temores ciudadanos se multiplicaron. Por último, Genaro García Luna fue detenido en Estados Unidos en 2019 acusado de recibir sobornos del Cartel de Sinaloa y colaborar con sus tareas.

El nueve de enero del próximo año comenzará el juicio contra García Luna ante una corte de distrito este de Nueva York. Se dice que recibió millones de dólares de la mano de Ismael ‘El Mayo’ Zambada y Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. La revista Forbes incluyó hace unos años a García Luna en la lista de los diez hombres más corruptos de México. Un honor que cuesta. Hasta hace unos días, la colaboración del exsecretario de Seguridad Pública al cartel de Sinaloa no era del todo clara a pesar de las 14.000 páginas de material probatorio que comenzarán a revelarse en 2023.

Esta semana la revista Proceso entregó un adelanto de la manera de trabajar del “súper policía”. La entrevista a un hombre de unos cuarenta años, único sobreviviente de un grupo llamado Unidad Especializada contra el Crimen Organizado, deja claro el papel del gobierno como aliado de uno de los carteles emergentes. La guerra contra el narco, como se le llamó en México, era en realidad la guerra contra un narco en particular, contra el cartel de los Arellano Félix. Lo novedoso de la historia es que demuestra que los narcos no solo pactan y buscan colaboración de poderes estatales y policías locales, como se ha dicho tantas veces en México, sino que lograron poner sus fichas en la dirección de la guerra en su contra.

Ese grupo policial encubierto, conformado por al menos treinta policías que actuaban de civil, trabajaba en silencio, torturando y asesinando narcos, para lograr una tarea específica: atacar y diezmar al grupo de los Arellano Félix en Tijuana para que el Cartel de Sinaloa se apoderara de la región. Una casa en Sinaloa les servía como cuartel de torturas, allí “interrogaron” a más de cien miembros de los Arellano Félix. Según su testimonio, dado desde Las Vegas, Nevada, los miembros de la agrupación policial eran amonestados y sancionados cuando capturaban a hombres de ‘El Chapo” o ‘El Mayo’. Los hombres recibían órdenes del Secretario de Seguridad Pública.

Está claro, y Colombia también es ejemplo evidente, de cómo el Estado es incapaz de convertir a los narcos o someter a los carteles, y cómo en cambio, los grandes capos logran que el Estado les sirva como aliado en sus disputas internas. Los gobiernos pretenden ser jueces implacables, y se convierten en simples calanchines.

Consternación de Orión

En el año 2001 llegaron a Medellín más de 40.000 desplazados por el conflicto armado. Venían de municipios de Antioquia y Chocó, de la Costa Atlántica y el eje cafetero. La ciudad recibía una buena parte de la presión de la guerra. Pero no solo llegaban las víctimas, también la munición nacional se ensayaba en sus comunas y los mapas estratégicos se trazaban entre los barrios y los jóvenes. Y había una buena experiencia acumulada por los guerreros de los peores tiempos, dispuestos a tomar nuevos riesgos y ejercer el terror, las herencias de Escobar, bandas y combos que no habían olvidado sus poderes y sus destrezas y ofrecían franquicias al mejor postor.  

Luis Pérez, alcalde de esos tiempos, acababa de desmantelar la Oficina de Paz y Convivencia de la ciudad. Según dijo en su momento, no cumplía su papel y se prestaba para fines ilícitos. Pero su trabajo durante algo más de cinco años deja claro el tamaño y la dispersión de los conflictos en la ciudad, y la necesidad de un actor que acompañara los pactos barriales y el trabajo de las organizaciones por la paz. Según el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, Medellín: memorias de una guerra urbana, se habían hecho pactos y procesos de mediación entre 160 bandas que reunían a 3.000 personas en 86 sectores de Medellín. Eran los intentos de una paz parcial.

Pero tanto la alcaldía como la gobernación de la época querían más pie de fuerza. Veían en el recién llegado gobierno de Álvaro Uribe una oportunidad para tener más poder de fuego y más posibilidad de juego político. Medellín era un laboratorio nacional de guerra y la Comuna 13 el escenario para “probar finura”, un territorio en disputa luego de la hegemonía de Don Berna en casi todos los barrios duros de la ciudad. Entre 1980 y 2014 se desarrollaron 99 acciones bélicas en la Comuna 13, la segunda fue El Popular con 65 y la tercera Manrique con 53. La 13 era el borde más caliente de la ciudad.

El Bloque Cacique Nutibara, un invento de ‘Don Berna’ para acabar con las milicias y ganar su guerra frente a ‘Doblecero’, logró el apoyo de varios jefes de las AUC e incorporó a cientos de bandas de la mano de Daniel Alberto Mejía, ‘Danielito’, y Carlos Mario Aguilar, ‘Rogelio’. Se habla de una reunión de 300 líderes de bandas en una finca en Envigado para “filar la vuelta”. En Medellín, como ha dicho Gustavo Duncán, el paramilitarismo no necesitó la llegada de hombres del campo a la ciudad, aquí había suficiente mano negra, La Oficina era la encargada de unir a los proveedores.

Pero desde el campo si llegaron los refuerzos de la guerrilla para mantener su posición en una creciente guerra urbana. En febrero de 2002 se habían terminado los diálogos del Caguán y El Mono Jojoy había dicho que era necesaria una nueva fase en la ofensiva. Las Farc trajeron hombres de sus frentes 9, 18 y 34 para sostener su impulso en el occidente de Medellín, donde ya estaban las milicias del ELN y los CAP (Comandos Armados del Pueblo). Todo estaba dispuesto para la guerra en la comuna 13. Y el Estado había decidido “trabajar” al lado de los paramilitares. El general Mauricio Santoyo, comandante del Cuerpo Élite Antiterrorista, más tarde reconoció su cercanía con La Oficina y las AUC. Guillermo León Valencia, jefe de fiscalía en Medellín, fue condenado años después por su apoyo a ‘Rogelio’ y otras ayudas. Más de 20 políticos antioqueños fueron condenados por relaciones con paramilitares. La IV Brigada y la policía fueron llevados de la mano por los paras en la “pacificación” de La 13. Luego de las ráfagas de hace 20 años, de las capturas injustificadas y las muertes a menores de edad, llegaron las desapariciones. Señalaban, tocaban las puertas, sacaban la gente. Todos los años Medellín juega con candela, su historia lo sabe.