Todos los medios de lucha

 

 

El poder tiene siempre el delirio de persecución. No viene de la vulnerabilidad o el temor sino de la prepotencia, del ego, del convencimiento sobre sus intenciones benévolas y la maldad de quienes los cuestionan. Y de uno que otro secreto palaciego que es mejor no ventilar. No es un asunto de ideología sino de teología personal. Y cuando el círculo cercano de esos poderosos, quienes ostentan una banda presidencial, es sumiso y condescendiente frente al jefe las cosas se ponen peores. La resistencia a la crítica es un músculo, y si no se ejercita, se atrofia.

Desde el día uno de su mandato oímos a Nayib Bukele bramar contra la prensa. Ningún medio le sirve a su idea clara y concisa: poder total. “Panfletos”, “medios vendidos”, “plumas pagadas”. Las alertas contra la libertad de prensa que publica cada año LatAm Journalism Review, crecieron un 800% en El Salvador entre 2022 y 2023. Eso incluye amenazas, discurso estigmatizante, detención arbitraria, procesos penales y otros indicadores. De la palabra se pasó a los hechos y un medio crítico como El Faro, debió salir del país para “originar” desde Costa Rica.

Javier Milei también se aburre con los medios. Está acostumbrado a los conciertos electorales y las banderas agitadas del león. Entonces comenzó pronto a rugir contra las preguntas, las dudas, los cuestionamientos. “Los periodistas son mentirosos y calumniadores seriales”, dijo en entrevista con la BBC. Hace quince años Cristina Kirchner impulsó una ley de medios para que un órgano oficial pudiera premiar o castigar a los medios bajo el pretexto de buscar la pluralidad. Habló de combatir a los “monstruos mediáticos”.

Como presidente, Álvaro Uribe tildó a varios periodistas (Hollman Morris, Claudia Julieta Duque, Jorge Enrique Botero, Daniel Coronell, Julián Martínez, Cecilia Orozco) con epítetos variados: “cómplices del terrorismo”, “periodistas Pro Farc”, “mentirosos y miserables”, “serviles al terrorismo”. Dijo además que algunos medios de comunicación estaban “haciendo daño a la legitimidad institucional” y que la libertad periodística no podía sustituir a la justicia.

Gustavo Petro lleva un buen tiempo de arengas contra la prensa. Los insultos, los señalamientos y las amenazas de denuncias por parte su círculo cercano son recientes así que no vale la pena recordarlos. Es una estrategia que tiene varios fines: descalificar la crítica, convertir a toda la prensa en oposición política y ganar los aplausos de una parte de la sociedad que desconfía de los medios tradicionales mientras aplaude a los influencers pagados por el gobierno. Al menos ocho parlantes importantes en las redes trabajan a su servicio. Y el periódico Vida, pagado y escrito por empleados del gobierno, se regala como fuente de verdad.

El presidente, tan pendiente de los organismos internacionales, debería leer alguno de los informes de la CIDH sobre libertad de prensa. Le conviene saber que “los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad.” “Y que deben ejercer su libertad de expresión con particular discreción” y “ejercerla con una diligencia aún mayor a la debida por los particulares (…) en razón de su alta investidura y al amplio alcance y eventuales efectos que sus expresiones pueden llegar a tener en determinados sectores de la población”. Algo que podría resumirse en una obligación, para quienes ejercen un importante poder público, de mayor aguante a la crítica, cuero duro, y mayor responsabilidad al momento de defenderse, pulso manso.  Para eso es necesaria una gota de prudencia, una pastilla de serenidad, una dosis de confianza, una pomada para las cicatrices y un masaje contra la soberbia.

 

 

 

Las vueltas del sombrero

 

El guía hablaba con una convicción exaltada. Sentía que narraba un tiempo excepcional, que le había correspondido la responsabilidad de contar una especie de evangelio revolucionario. Su auditorio estaba conformado por decenas de niños de unos diez años que lucían una pañoleta roja atada al cuello. Esa pañoleta les entregaba una de graduación como pioneros, “un sentido del deber”, al terminar el tercer año de primaria. El hombre hablaba de las hazañas del Che Guevara y los niños asentían con algo de temor y emoción: “Por ejemplo, si por esta calle, en alguna ocasión, pasó El Che y se le cayó un botón… ¡Eso es histórico! Ese botón se convierte en reliquia”. La escena resultaba patética para el espectador por fuera de los fervores cubanos del día a día.

Es el riesgo que se corre con los cultos a la personalidad y la veneración de un pasado que se supone heroico. El gobierno de Gustavo Petro, ávido de símbolos ante la falta de realidades, sacó de la manga un sombrero blanco y lo puso en una urna. Lo que se pretendía solemne terminó con un aire risible. Una clase de historia contemporánea ante un sombrero es algo tan pueril como una visita conmovida al museo de cera. Pero además del gesto inútil, la exhibición del sombrero tenía un riesgo que no valía la pena correr.

Carlos Pizarro dirigió un grupo armado que dejó rastros de dolor en Colombia. Su historia personal, primero en las Farc y luego en el Eme, tiene pólvora suficiente para despertar recelos y rechazos más allá de diferencias ideológicas. Ese hecho es suficiente para que el Estado se abstenga de actos de exaltación pública. El presidente no puede confundir sus “épicas personales” con la historia nacional. El discurso del sombrero fue más una oda a su historia política y un acto partidista que un gesto de memoria nacional propio de un presidente. Y fue además una provocación innecesaria. La Constitución del 91 es una realidad suficiente de esa época, los arrebatos de sombrero solo ponen en duda la importancia de ese momento de unidad nacional. No se necesitan símbolos, la urna debería ser ocupada por la constitución.

Es cierto que Carlos Pizarro, comandante del M-19, fue asesinado siendo candidato presidencial luego de un acuerdo de paz con el gobierno. Que honraba su palabra civil cuando fue baleado apenas siete semanas de dejar las armas. Y es cierto que el M-19 lideró un pacto nacional que terminó con la Constitución de 1991, y que una buena parte de la sociedad colombiana se identificó en su momento con sus ideales y eligió sus candidatos. No se puede olvidar que la lista diversa de la Alianza Democrática M-19 fue la segunda más votada en la elección de constituyentes. De modo que también es una simpleza, una caricatura que distorsiona, la comparación de Pizarro con Escobar y otros tantos maleantes. Pizarro tiene un lugar en nuestra historia política, pero también en nuestra historia de violencia y eso mancha el sombrero para merecer un homenaje nacional.

Una cosa es que la bandera del M-19 se levante en las manifestaciones partidistas de apoyo al presidente, que sea un símbolo de un partido apegado a una historia, que despierte las nostalgias revolucionarias de sus seguidores. Creo que ganaron en la vida civil el derecho a ondear su bandera y sus opositores tienen el derecho a recordar su origen y sacar sus propios colores. Pero el presidente no puede honrar, como asunto de Estado, trapos y sombreros que solo arropan su ego, su historia personal y el entusiasmo de sus seguidores.

El dinosaurio todavía está ahí

El ELN llevaba 10 años sin realizar su congreso nacional. Los plazos y las citas

de una guerrilla que acaba de cumplir 60 años siempre implican décadas. De esa

esperada deliberación interna lo más novedoso fue una foto con la reaparición de

‘Pablito’, tercero al mando en la guerrilla, quien estaba fuera del foco desde hace

un tiempo. El diminutivo es explicable para un hombre de 56 años en una

guerrilla de inspiración gerontológica.

Hace poco Pablo Betrán, jefe negociador del ELN, dijo, citando a Darío

Echandía, un dirigente liberal nacido en el siglo XIX, que es “mejor echar lengua,

que echar bala”. La frase no es nueva para el dialogador, ya la había dicho en

2017 durante la instalación de una mesa con el gobierno Santos. Llevan 60 años

echando plomo y más de 30 soltando lengua en conversaciones con al menos 6

gobiernos. Desde hace meses los diálogos están congelados: Beltrán ha dicho que

el gobierno ha sido pérfido y que ni Uribe ni Santos ni Duque los habían tratado

tan mal.

La relación entre el gobierno y el ELN es bastante paradójica. En varias

ocasiones los líderes de la guerrilla han dicho que son socios. Hace unos Meses

Beltrán dijo en tono ofendido que el gobierno los había maltratado y presionado

más allá de lo posible luego del secuestro del papá de Lucho Díaz: “Renuncien a

Satanás y a todos los pecados o no volvemos a la mesa, nos dijeron. Entre socios

eso no funciona, no construye confianza.”

Son claras las coincidencias del gobierno y el ELN en los diagnósticos sobre el

conflicto y las opciones de la paz. Desacuerdos en la mesa y “acuerdos sobre lo

fundamental”. Al ELN le gusta la idea constituyente y la posibilidad de dar

inicio al proceso o llegar en algún momento de su desarrollo. Beltrán está convencido,

al igual que el presidente, que hay una especie bloqueo de las élites a la necesidad

del cambio: “…el Pacto Histórico logró la Presidencia con Gustavo Petro, pero

las reformas propuestas han sido bloqueadas por los grupos de poder económico

y político que son hegemónicos en el régimen y el Estado”. También comparte

esa idea, algo etérea, de la necesidad de que las decisiones las tome el pueblo:

“Nos interesa que haya mucha organización social, mucha educación, mucha

democracia directa.”

Antonio García, comandante recién ratificado, decía en 2006 que en Colombia

había nuevos liderazgos, que la sociedad comenzaba a ser mayor de edad, que

había una “expresión alternativa desde lo social, desde las masas, desde la

soberanía popular”. Y agregaba que era hora de pasar de las marchas a los votos.

Ese repentino optimismo se acompañaba de un vaticinio: “También podemos

colocar a un dirigente social. Lo mejor es que llevemos a un dirigente social que

nos permita tomar decisiones junto con él.” Han pasado casi 20 años de esa

entrevista, se logró el objetivo de democratización, según sus propias palabras,

pero la guerra sigue siendo su propósito principal.

Ahora les parece que el presidente ha hecho demasiadas concesiones y que no

ha logrado suficientes rupturas. Son socios muy exigentes. Se exasperan y se

acusan de delitos de honor. Se celan. Podría ser que se utilizan en medio de

traiciones o que simplemente los arrastra la paranoia, otro rasgo compartido.

También podría ser que están en una pequeña pantomima camino a la

constituyente. Y fingen ultrajes. O tal vez su anacronismo y su “obligación

cristiana”, su vocación de mártires armados, los hagan persistir en el crimen

organizado. Hacer la guerra y morir de viejos es su gran honor. Por eso el Cura

Pérez hablaba de los guerrilleros, que como Moisés, “persisten, resignados a que

ellos nunca pueden ver la tierra prometida”.

Último llamado

 

 

Hace seis años Nicolás Maduro tenía una desfavorabilidad del 75% según las encuestas en Venezuela. Un triunfo parecía imposible, pero para el PSUV, partido de gobierno, urnas y burlas son una misma palabra. Los principales candidatos opositores, Capriles, López, Machado y Rodríguez, estaban inhabilitados o en la cárcel. El presidente decidía quienes serían sus rivales. Y en qué momento sería el juego: cambió a su antojo, aplazando la fecha establecida legalmente, la fecha de las elecciones. Al final la MUD, principal plataforma opositora, decidió no participar en lo que consideraba un remedo electoral. Maduro ganó con el 67% de los votos y una abstención del 54% según el gobierno y del 75% según cálculos de la oposición. Ni siquiera la cifra de participación resultó confiable. La elección fue desconocida por la Unión Europea, Estados Unidos, la OEA, el Grupo de Lima. Las felicitaciones al ganador llegaron desde China, Rusia, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Irán y Corea del Norte.

Este año la carrera para Nicolás Maduro pinta aún peor que en el 2018. Según muchos analistas venezolanos (Luis Vicente León, Jesús Seguías, Félix Seijas) el Chavismo tiene la mayor amenaza para salir del poder desde su llegada en 2002. Al igual que en el 2018 la principal opositora está inhabilitada, pero en esta ocasión la MUD logró un acuerdo sobre un candidato único e irá sí o sí a las elecciones del 28 de julio. Hace menos de dos meses la mitad de los venezolanos no conocía a Edmundo González Urrutia, el repuesto de María Corina Machado en la tarjeta electoral. Sin embargo, las últimas encuestas lo dan ganador con más del 50% de los votos mientras Maduro no logra superar el 25% en ninguna de ellas. Pero Diosdado Cabello dice que se viene “una victoria esplendorosa”. Y Maduro ha crecido entre 7 y 10 puntos en los últimos dos meses.

La gran ventaja puede ser peligrosa para la oposición. A pesar del desbalance en la competencia contra un gobierno que manda sobre lo organismos electorales, los militares, la fiscalía, las cortes y la asamblea Nacional, una alta posibilidad de derrota podría empujar al gobierno a inhabilitar a González Urrutia o aplazar las elecciones. Una ventaja más cerrada hace posible que el gobierno corra el riesgo y busque resolver luego del 28 por la vía del fraude o la negociación. Hay seis meses entre en día de la elección y la posesión del nuevo presidente. Un plazo tentador para un plan B del gobierno. Pero que Maduro se mida en las condiciones actuales ya sería un avance

Las dos cartas del gobierno para competir son la abstención y la dispersión del voto entre 12 candidatos minoritarios y supuestamente opositores. De los 21 millones de votantes ya hay 4 millones por fuera del país y de la posibilidad de marcar la tarjeta. No pudieron inscribirse. Si vota el 60% de los potenciales 17 millones, la abstención ya sería del 48% y los votos efectivos serían 11 millones. Maduro ganó en 2018 con unos supuestos 6 millones de votos. Podrían sostener esa misma caña y ganar. El temor a represalias por marcar un opositor, las ofertas directas a quienes señalen a Maduro en la tarjeta y una maquinaria electoral con visos militares hacen que el gobierno pueda pelear. Además, desde Miraflores espera que los doce enanitos le resten al menos un millón y medio al exdiplomático González Urrutia.

Falta un mes largo para las elecciones pero todo está por verse. Es claro que las ganas de un cambio son mayoritarias, pero Venezuela es impredecible aunque se conozcan las cartas marcadas de su gobierno. No habrá elecciones libres, equilibradas ni transparentes, pero hay una buena posibilidad de derrota para el PSUV. Seis años más de Maduro harían cada vez más irreversible la dictadura roja, rojita.