Han pasado las avionetas con glifosato, los planes de sustitución, las
cuadrillas de erradicadores, los capos de ocasión, las Farc, las AUC, las AGC,
los cantos de victoria contra la mata que mata, la guerra, la paz… y Colombia
tiene de nuevo las 146.000 hectáreas de coca que tenía hace 15 años. Y la gran mayoría
sembradas en los mismos territorios que ya habían sido escrutados por los
satélites, fumigados y erradicados previamente. El recién publicado Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), estudio que realiza desde el año 2000 la oficina
de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, deja claro que el 80% de los lotes
identificados con coca ya habían tenido tratamiento estatal. El trabajo del
Estado sirve sobre todo como abono para el terreno de siempre.
El estudio muestra que los núcleos fuertes de coca sirven como imán para
nuevos cultivos en sus cercanías. La coca está cada vez más concentrada en las
mismas regiones donde ha reinado en los últimos 10 años. Solo dos municipios,
Tumaco y Tibú, presentes durante más de una década en el top 10 de los cocaleros,
concentran el 25% de toda la coca sembrada en el país. Entre 2015 y 2016 la
lista de los 10 municipios con más coca se mantuvo casi intacta, solo salió
Olaya Herrera (Nariño) y entró Sardinata (Norte de Santander). Esos 10
municipios concentran el 48% de la coca sembrada en Colombia, hace un año marcaban
apenas el 37% del total nacional. Ya no se trata de abrir trocha para sembrar
sino de utilizar el conocimiento y la hospitalidad de los viejos cultivadores y
compradores. Solo el 5% de los sembrados está en territorios que nunca habían
tenido coca.
Nariño, Norte de Santander y Putumayo tienen cerca de dos terceras partes
de las hectáreas sembradas, y la mitad del crecimiento de cultivos en 2016 se
dio en esos dos primeros departamentos. El negocio se concentra para facilidad
de compradores de hoja, cocineros, exportadores. Integración vertical, dirían
los empresarios. Y las zonas de frontera se han convertido en las preferidas
para la siembra, un 30% del total de cultivos está a menos de 20 kilómetros de
líneas fronteriza. Ventajas logísticas, dirían los exportadores.
Mientras tanto, las casi 110.000 familias que siembran coca siguen
teniendo en promedio un poco menos de una hectárea y solo el 40% hace alguna
transformación a la hoja fresca. Una familia de 5 miembros gana en promedio 15
millones de pesos al año por el cultivo de una hectárea de coca. Por fuera del
SIMCI algunos investigadores hablan del inicio de fincas coqueras de hasta 50
hectáreas y la conversión de las familias cocaleras en simples jornaleros para “gamonales”
que siembran, cocinan y exportan.
El estudio muestra además que en las zonas de dominio histórico de las Farc
(Putumayo, Caquetá, Meta, Guaviare) el crecimiento fue mucho menor que en
territorios donde la presencia de actores armados es diversa o el dominio es
claramente ejercido por el Clan del Golfo (Nariño, Catatumbo, Bajo Cauca). Hay
una alerta clave para lo que viene. Cerca de la Zona Veredal de Caño Indio, en
Tibú, la coca pasó de 2000 a 5000 hectáreas. En todo el Catatumbo las
negociaciones con los campesinos, llamadas Mesas de Interlocución y Acuerdos
(MIA), llevaron a que las hectáreas se cuadruplicaran en los últimos tres años.
Los acuerdos pueden ser garantía de más coca, más presión ilegal y paros
cocaleros. Y una tranquilidad, en las cercanías de más de la mitad de las zonas
veredales no hay coca y en otras tantas el área se mantuvo estable.
El acuerdo con las Farc entregará
nuevas perspectivas, nuevas estrategias y nuevos recursos, pero la pelea
seguirá siendo muy difícil con un mercado gringo creciente y un gran
conocimiento acumulado.
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