El
gobierno Duque tiene un singular sistema de conversión. Las hectáreas de coca
son su medida principal, constituyen su sistema métrico de logros y méritos. Hace
poco el ministro de defensa, Carlos Holmes Trujillo, respondía a la pregunta
por las masacres en varios departamentos con la cifra de reducción de la coca
el año pasado. Frente al dominio territorial y a la incapacidad del Estado para
atender sus propias advertencias (decenas de Alertas Tempranas de la Defensoría
que se consuman en violencia homicida) el ministro repetía la hazaña del
gobierno consistente en la reducción del 9% de las hectáreas de coca. Además,
después de cuarenta años de guerra contra las drogas nos dicen cada día que el
poder de la mafia es el principal culpable de violencia en algunas zonas. No se
pretende que las declaraciones de Duque y Holmes sean reveladoras, pero no
puede ser que pretendan tranquilizarnos y mostrar sus empeños con semejantes
revelaciones.
Toda
esa matemática básica pretende llegar a un sencillo razonamiento: la coca
produce plata, la plata produce poder ilegal, el poder ilegal se conserva con violencia;
luego si reducimos los cultivos de coca automáticamente caerán los homicidios, y
cuál es la forma más efectiva de reducir la coca, pues según el gobierno la
fumigación con glifosato. Al despejar su ecuación las cosas quedan así: más
veneno sobre la coca igual menos asesinatos. Pero se olvidan algunas complejidades
en su indicador preferido.
Lo
primero es que a pesar de la reducción en las hectáreas sembradas el potencial
de producción de clorhidrato de cocaína creció 1.5%, el año pasado Colombia mostró
su liderazgo en el sector con la posibilidad de entregar 1.137 toneladas
métricas al mercado mundial de cocaína. Hoy una hectárea produce un 40% más de hoja
fresca de lo que producía en 2013. La agricultura tiene sus claves. La
esperanza de una solución caída del cielo es normal frente a una vieja pelea perdida.
Pero, ¿qué pasaría con las 169.000 familias que dependen en buena parte de la
producción de hoja de coca y pasta base? Esas familias crecieron un 36% del
2018 al 2019. Algunas veces es mejor contar gente que contar matas. Los
cultivadores de coca en Colombia recibieron 2.6 billones de pesos el año
pasado. Los presupuestos de los diez municipios más cocaleros del país suman
apenas una tercera parte del mercado que manejan. El gobierno traza su
Ruta Futuro pero la coca sigue siendo
el único camino presente para cientos de miles. Tal vez lo más complejo sea la
persistencia de los enclaves de coca, cada vez más productivos y con mayor
participación en la transformación de la hoja en pasta base, una historia que
se ha mantenido durante una década sin importar que se fumigara o no. El 83% de
la coca está en territorios donde se ha sembrado de manera permanente en los
últimos diez años. La concentración es una constante, el 25% de la coca está en
tres municipios, Tibú, Tumaco y El Tambo. Lo último que se le olvida al
gobierno es que el 47% de la coca está en territorios donde no se puede fumigar
por orden expresa de la Corte Constitucional.
Es
posible que la obsesión cocalera del gobierno sea parte de esa vieja imposición
desde Estados Unidos (por algo los soldados gringos están en el Catatumbo, la
zona con más cultivos), y que la estrategia tenga que ver con la mirada al
gobierno anterior y la aritmética que suma y resta hectáreas, pero las cifras
muestran que homicidios y coca no tienen relación directa. En los cuatro años
del gobierno pasado, la coca creció y los asesinatos bajaron.
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