La paz urbana que impulsa el gobierno de Gustavo Petro es una apuesta a ciegas. Llena de buenas intenciones, de lugares comunes sobre “oportunidades a los más jóvenes”, de interrogantes sobre cómo desarmar el poder ilegal que lleva décadas definiendo la vida y la muerte en los barrios. Las conversaciones se están dando en Buenaventura, Medellín y Quibdó, en silencio, sin anuncios, sin agendas públicas, atenuando las expectativas y minimizando los riesgos. No hay un marco jurídico ni están claras las condiciones para estar sentados a la mesa del gobierno. Muchos de los voceros son una incógnita. En definitiva, la paz urbana es una charla informal, pero con candela.
Desde hace tres meses 19 exjefes de bandas, con mando durante años en el Valle de Aburrá, están sentados en la cárcel de Itagüí hablando con la gente del alto comisionado de paz. Ahí está La Oficina, están antiguos paras y pillos que fueron haciendo carrera en la calle hasta llegar a ser capos. Los “negociadores” dicen representar a cerca de 12.000 jóvenes de la ciudad vinculados a la ilegalidad. La semana pasada el portal Verdad Abierta publicó tres entregas de entrevistas con cuatro de los exjefes recluidos en Itagüí.
Las respuestas muestran por momentos una mirada ingenua sobre las posibilidades y los riegos de un acogimiento. Hay mucho de la idea del momento de la vida para ser “líderes positivos” y ver crecer a sus hijos en una mejor ciudad ¿Qué puede va pasar con quienes todavía están creciendo en el mundo del crimen, con “los muchachos” que están menos cansados y más ávidos? La respuesta resulta tierna: “Ya caímos a la cárcel y los muchachos siguen con sus estructuras, con sus cosas, pero lo escuchan a uno como un abuelo.” Pero los abuelos también hablan durito: “Sabemos que hay muchachos que se ganan hasta 5 millones de pesos semanales, y es difícil que se acostumbren a un millón mensual, pero les va a tocar.”
Según los voceros es necesario que ellos sigan “cuidando” la ciudad. Sin armas, solo con el respeto ganado en los barrios y unos radios proporcionados por el Estado. Aparace el fantasma de Don Berna y suena tanto a Convivir que ellos mismos tachan ese nombre en la respuesta siguiente. Una frase al final de la tercera entrega deja de lado el discurso de redención social y para ir a los beneficios palpables. Hablan del caos que se creó cuando varios de ellos fueron capturados hace seis años y los “muchachos” quedaron a la deriva, pero vinieron los buenos consejos desde las cárceles: “Y por arte de magia nos juntan y baja más del 40% el homicidio en la ciudad, ¿qué más tenemos que explicar?”. Los homicidios han estado estables en los últimos cuatro años y medio en la ciudad, incluyendo el último semestre de la administración de Federico Gutiérrez. Y para muchos esa caída súbita en los homicidios tuvo que ver con una vieja reunión, por allá en 2019, de algunos capos en La Picota. La paradoja es que ellos no quieren que los sigan llamando patrones, pero tienen que mostrar algún don de mando.
Otra de las dificultades será acercar la viabilidad jurídica con los pactos de “caballeros” que rigen fuera de las mesas de negociación. Cuando se habló de verdad dicen estar claros en esa necesidad, pero son categóricos en que no quieren delaciones: “A lo bien, eso no es de hombres (la delación). Uno asume la responsabilidad, pero sin llevarse al otro.”
Hasta ahora todo parece sereno entre el gobierno y los voceros, su discurso incluso se sobrepone y la buena voluntad es el punto en común. La gran pregunta es si esas mesas podrán ir más allá del simple apaciguamiento a los muchachos por parte de los capos-voceros-consejeros.
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