Mostrando entradas con la etiqueta El Espectador Pascual. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta El Espectador Pascual. Mostrar todas las entradas

miércoles, 2 de septiembre de 2020

Mirar desde lo alto

 





Desde la altura se mira con algo de asombro y condescendencia, con una cierta fascinación sobre mitos releídos y algo de desprecio por ese provincianismo cerrero. No es normal que la política y los medios capitalinos centren su atención durante unos minutos en los agites de otras ciudades o regiones. Casi siempre se hace solo en momentos claves para un usufructo económico o electoral. O para ofrecer un especial turístico adornado con dulces y paisajes. O para reseñar alguna matazón con asombro tardo. Así que ha sido llamativo el interés que desde Bogotá han merecido las decisiones recientes sobre EPM y sus consiguientes enfrentamientos políticos y reacciones ciudadanas y empresariales. Muy poco de lo que se ha dicho desde la capital tienen que ver con los líos jurídicos de la demanda, la situación financiera de la empresa o el mando despótico de un alcalde sobre la tercera empresa más grande del país.

El énfasis ha estado en la ficción. El gusto por el mito es uno de los ingredientes claves en esa mirada curiosa y ávida de conjuras. En este caso se ha construido una gran sombra que cubre toda la ciudad, los intereses privados y públicos, con un manto invisible que desde la alcaldía y la capital comienza a develarse: “el GEA, una organización casi críptica, intenta esconder una connivencia corrupta de años entre sus balances y los balances públicos”. No importa que los nombres y la procedencia de los miembros de junta que renunciaron no demuestren esa filiación, no importa la opinión del sindicato más grande de trabajadores de EPM, no importan los “opiniones” más interesadas de las calificadoras de riesgos ni las advertencias de muchos expertos en el sector eléctrico. Todos están cooptados por el GEA, algo así como la madre nutricia de esa sociedad corporativa y agazapada. Y por supuesto no valen de nada los números positivos en los balances ni los 5.3 billones de dividendos que esa empresa, desangrada por los privados, le ha entregado en los últimos cinco años al presupuesto público.

Me atrevo a entregar dos posibles causas para ese atento y repentino desvarío. La primera es la conexión inevitable entre los directorios (una vieja palabra para definir las maquinarias y las ideas partidistas) y los medios de comunicación, incluidas muchas de las voces nacionales con más relevancia. Daniel Quintero se crio en esos directorios y allí ganó respaldos y se forjó un nombre como trabajador obediente. Respaldos que ahora mantiene como copartidario generoso. De ahí viene buena parte de su respaldo de variados tonos en la capital. Nadie la puede negar su hábil manejo del populismo y el clientelismo, una ficha doble de dominó que le sirve para jugar por el lado de Petro y por el de Vargas Lleras al mismo tiempo.

La segunda causa tiene que ver con el simple desconocimiento. No todo es política tendenciosa desde los 2600 metros, también está la simple ignorancia que es el mejor pasante de las mentiras. La reciente algarabía mi hizo recordar una revista Semana que definía a Álvaro Uribe en 1988 como uno de los políticos claves del siglo XX: “Álvaro Uribe además de hábil político es un excelente administrador que le pone el pecho a los problemas como lo demostró cuando estuvo al frente de la aeronáutica civil y la alcaldía de Medellín”. No importó que hubiera durado cinco meses en la alcaldía en 1982 luego de que el presidente Betancur conociera algunas “noticias administrativas” en la aeronáutica. Cuando Tomás Carrasquilla pasó por Bogotá a finales del siglo XX lo dejó muy claro: “Esta es gente de partido hasta en literatura”. A esos juegos partidistas que lo definen todo en las discusiones capitalinas se ha sumado una teoría conspirativa y la cifra mágica de 9.9 billones como señuelo para abogados y afines.

 

 

 

 

miércoles, 10 de junio de 2020

El Sinaí



El barrio creció peleando contra el río hace cerca de cuarenta años, robando un poco de orilla con escombros, juntando historias de violencia y desplazamiento desde el oriente de Antioquia, desde Chocó y Córdoba. Un barrio plano entre las laderas, un asentamiento de alto riesgo con algunas cualidades envidiables. Un pueblito de callejones como lo describen los vecinos en la comuna 2 de Medellín. Un barrio con gallera y con unos indicadores de pobreza altos en una comuna con carencias por encima del promedio en la ciudad. Un barrio cercado por un río, dos quebradas y una calle principal. Ni siquiera un barrio, según los mapas oficiales, apenas un sector dentro de un barrio: El Sinaí.
Hace cerca de dos semanas la alcaldía de Medellín detectó un brote de coronavirus en El Sinaí. Se habla de 42 casos activos y 140 pruebas en espera de resultados. El pasado domingo 31 de mayo comenzó a rondar el rumor de que “los iban a encerrar”, más tarde, ya en la noche, rondaba era el helicóptero de la policía. En unas horas las siete cuadras del Sinaí sobre la carrera 52 estaban cercadas por unas vallas blancas y un cordón de policías y soldados con fusiles. Dos carpas, a manera de puertas de ingreso al “pueblito”, eran regentadas por funcionarios de civil con trajes anti fluidos y órdenes perentorias. Unos jóvenes acostumbrados a la música en la calle y el saludo de todos, comenzaron a soltar sus quejas por la “estigmatización”, por la “encarcelamiento”, por la medida inesperada y para ellos arbitraria: “Nos están tratando como delincuentes en nuestras propias casas”. Un parlante, un micrófono y cuatro veinteañeros fueron suficientes para que se triplicara la fuerza pública y llegara el ESMAD. Soldados, carabineros, policías de a pie y antidisturbios contra el Coronavirus y contra 3.000 habitantes de un barrio “desobediente”.
Al comienzo la idea era contener el virus creando un gueto dentro de la ciudad. Los habitantes de El Sinaí no podrían salir en 15 días y como parte de pago por el encierro les dejaron algunos mercados con lentejas, garbanzos, arroz, aceite y papa. El pico y cédula no aplicaba y solo los exceptuados e inscritos en la plataforma Medellín Me Cuida tendrían la puerta abierta. Vendedores ambulantes de la orilla del río se estrellan contra el Valle del Software. El control solo se ejerce en la periferia, ahí se dan las fumigaciones y la vigilancia: “La valla vale más que la vida”, dijo un señor del barrio en el desparche de la tarde. Los chiveros están encerrados, las verdulerías cerco adentro con sus productos podridos, las basuras en las esquinas de los callejones y los posibles clientes de la venta ambulante ahora los miran con todo el recelo. “Covidosos”, les gritan desde la frontera. Las protestas lograron que se autorizara la salida con pico y cédula. La prensa no puede entrar: “Los estamos protegiendo”, dice el tono maternal de la funcionaria encargada de las puertas.
Las medidas parecen más un ejercicio de castigo contra una comunidad vulnerable, contra un barrio señalado y geográficamente fácil de cercar. Un barrio donde la gente vive afuera, donde las casas son para dormir y las calles son el espacio natural para el juego, la conversación, la fiesta y el comercio. La calle es el único patio. Y también parece un ejercicio aleccionador, para entregar una advertencia a barrios vecinos y mostrar una actitud enérgica.
La administración recién llegada, que al enrejar se dio cuenta que no había 400 sino 600 familias, cree que la desconfianza de la gente tiene que ver con las críticas a algunas de sus medidas. Creen que el mundo comenzó el 1 de enero de 2020, llevan la ignorancia y el engreimiento de los “descubridores”.


miércoles, 3 de junio de 2020

Ajustar las cuentas




En Medellín la violencia tiene lógicas que responden muy poco a los esfuerzos institucionales. Las altas y las bajas en el número de homicidios se suceden sin reparo en el color político o la estrategia de seguridad de las diferentes alcaldías. Se podría decir que “las oficinas” deciden y las administraciones intentan descifrar, encauzar, aprovechar los inestables equilibrios que aparecen de vez en cuando.
El domingo se cumplió exactamente un año del pacto entre dos facciones criminales que han mantenido enfrentamientos intermitentes en el Área Metropolitana desde hace al menos quince años. Ese pacto, luego de un encuentro propiciado en la cárcel La Picota, hizo que los homicidios en la ciudad cayeran de una manera sustancial a partir del primero de junio del año pasado. El corte en las cifras parece hecho con regla y bisturí. Luego de un abril y mayo con setenta y cinco homicidios mensuales se pasó a un promedio de cuarenta asesinatos por mes hasta diciembre. Con ese acuerdo la administración de Federico Gutiérrez logró frenar el crecimiento continuado de homicidios en su cuatrienio. El resultado del pacto se ve muy claro en las cifras del año completo. Entre junio de 2018 y mayo de 2019 se presentaron en la ciudad 678 homicidios; mientras entre junio del año anterior y el pasado 31 de mayo a la cifra fue de 439. Son 239 homicidios menos que significan una reducción cercana al 35%. En el 2020 la reducción ha sido más considerable, marzo con 24 y abril con 21 han sido los meses con menos homicidios en décadas, y en los primeros cinco meses del año ya tenemos 153 asesinatos menos que en mismo periodo de 2019. No ha sido solo cuestión de cuarentena, marzo con penas una semana de confinamiento tuvo la mitad de homicidios que mayo con encierro de 31 días decretado. Las lógicas de los capos y los sicarios no responden al virus y la cuarentena.
En Medellín, durante cada administración, se habla de acuerdos institucionales con delincuentes. Hemos oído de la Donbernabilidad durante la alcaldía de Fajardo, del montaje para vincular a Salazar con Memín, un bandido que decía haber apoyado su campaña, del Cebollero y sus dichos sobre supuestos aportes a la campaña de Gaviria y de los acercamientos de Gustavo Villegas, secretario de seguridad de Gutiérrez, con alias El Viejo para lograr tranquilidad en algunas zonas. La alcaldía de Quintero también tuvo una primera seña de esos supuestos contactos. Un documento oficial de abril para organizar entrega de ayudas a las familias en los barrios hablaba de “contactos con grupos ilegales que controlan el territorio para articular la atención territorial”.
Parece imposible que las administraciones no se topen con el poder ilegal. Ellos manejan parte del Presupuesto Participativo, la “protección violenta”, entiéndase extorsión, que se ejerce en el 70% de la ciudad, una parte del comercio legal, la aplicación de la cuarentena y meten la mano en las elecciones de las Juntas de Acción Comunal y en la contratación de los trabajadores de las obras públicas. Es inevitable la paradoja del combate y el contacto. Los pactos pueden darse por acercamientos y posibles negociaciones de sometimiento o por presión policial sobre capos y sectores. El Estado en este caso se convierte en actor secundario sea por ejercer la fuerza o propiciar aplomo.
Los protagonistas siguen siendo los mismos, herederos de Sebastián y Valenciano, gente de Tom y Douglas que intentan acordar límites y negocios: por un lado, la alianza conducida por la gente del Norte, Chatas, Pachelly y demás; por el otro, los “hijos de la oficina”, gente de La Terraza y bandas de Sabaneta e Itagüí. El número de homicidios todavía dependen de las mismas letras.