Uribismo y Santanderismo

Luego de la ponencia que según parece cierra puerta a las pretensiones del presidente Uribe de mantener la rienda durante cuatro años más han aparecido los voceros de la voluntad popular, los defensores del fondo sobre la forma, los detractores del odioso puntillismo legal, los hombres prácticos, los pensadores que no reparan en detalles, los industriosos que buscan defender el todo sin mirar las partes.
Algunos de esos ilustrados saben que la democracia está hecha de formalidades, que en últimas las leyes son un conjunto de procedimientos de tiempo y lugar, que el fin debe adaptarse a los medios para no terminar tratando la Constitución como una “bicha” engorrosa. Otros de verdad no logran entender que el Presidente de la República debe estar sujeto a unas reglas elementales y estrictas sin importar lo piadoso, laborioso y valeroso que sea. Como una garantía para dominar sus ímpetus y no vernos sometidos a sus admirables y peligrosas cualidades. He intentado convencer a muchos de esos imperturbables reeleccionistas y he fracasado en cada intento: en las conversaciones con ánimos anisados, en las charlas de tinto y empanada, en la mesa con mantel y galletas, en el monólogo desde la banca del taxi.
Sin embargo, mis ímpetus pedagógicos continúan y en vísperas del bicentenario he decidido recurrir a algunos alegatos entre Bolívar y Santander para ilustrar nuestra actual disyuntiva. De antemano me disculpo con los historiadores y aclaro que lo mío es la simple cartilla educativa. En el principio era la pugna entre las necesidades que imponía la guerra contra los españoles y los dictados de las leyes de hacienda. Bolívar daba la pelea en el sur pensando solo en la victoria y Santander intentaba desde Palacio hacer cumplir los acuerdos constitucionales. Según sus ideas los gobiernos de la naciente república debían enseñar a los ciudadanos a respetar las normas básicas. El héroe contra el leguleyo.
Luego vendrían los pleitos en torno a la constitución de 1821. Bolívar y Santander compartían su desconfianza respecto a las reuniones populares y el posible advenimiento de los demagogos. Pero proponían soluciones distintas. El Libertador quería afrontar los peligros con una constitución copiada de la de Bolivia: un presidente que nombraba a su sucesor, un senado hereditario y un centralismo fuerte. El hombre de las leyes confiaba en que la constitución existente era una herramienta válida para encarar los desafíos y se pegaba a los llamados formalismos: la constitución de 1821 establecía la prohibición explícita de ser reformada antes de 10 años. En contra de su recelo inicial Bolívar terminó aceptando la voluntad de las juntas populares por encima de la ley y convocó una convención para cambiar la constitución. Cuando no logró el apoyo suficiente a sus ideas decidió asumir todo el control por la fuerza de su brazo. El estado de opinión es un cuento viejo.
En ocasiones, ante la realidad de la derrota política Santander cedió en su apego a la ley y decidió decorar su resignación con algunos laberintos jurídicos para que las decisiones de hecho tuvieran un barniz constitucional. Esa especie de disfraz hizo que el término “Santanderismo” acabara por definir los actos de quienes incumplen la ley mientras tiran un manto leguleyo sobre sus trampas y sus descuidos. La paradoja es que hoy en día los verdaderos “Santanderistas” no son quienes invocan las formas legales sino quienes quieren cubrir sus afanes políticos con la doctrina de José Obdulio, las razones de Juan Lozano y la bendición del Procurador.