La ley y el desorden

Nadie podrá decir que Colombia no ha buscado instrumentos jurídicos para intentar sacar del monte, o de los huecos blindados en fincas y ciudades, a guerrilleros, paracos y mafiosos a secas. Desde los decretos de sometimiento a la justicia que se dictaron en el gobierno Gaviria para la entrega de Pablo Escobar y su gente, en una negociación de tu a tu con el Estado, las reglas para acomodar el derecho penal a las expectativas de paz y las realidades de guerra se han repetido sin descanso.
Para no aburrir demasiado mencionaré las de la última década. La ley 782 de 2002 se encargaba de prorrogar un intento firmado en una ley de 1997 al que era necesario darle tiempo. Vale la pena señalar su objeto que se repetirá como un salmo de esperanza en todas las leyes de su estilo: “facilitar el diálogo y la suscripción de acuerdos con grupos armados organizados al margen de la ley para su desmovilización, reconciliación entre los colombianos y la convivencia pacífica.” Algún ocioso debería recuperar las sesiones en el congreso para ver repetidas las discusiones cada cinco años: renovada la vehemencia y las corbatas.
Luego, ya con los paramilitares conversados, vendría la Ley de Justicia y Paz en el año 2005. Se discutió largo y tendido para lograr un mecanismo más presentable que el machetero -perdón la expresión- proyecto de Alternatividad Penal que había propuesto el gobierno Uribe. Se trajeron expertos internacionales, habló la ONU, la OEA y con seguridad algo dijo Baltazar Garzón. Se logró acuerdo político en Colombia y se pasaron raspando los listones internacionales. La Corte Suprema y la Corte Constitucional terminaron de hacer los ajustes y la Ley recibió una bendición condicionada. Una bonita expresión adornaba los manuales de aplicación y los discursos: “justicia restaurativa”.
Pero los fallos de las Cortes dejaron por fuera de la “justicia restaurativa” a 19.000 combatientes rasos de las AUC. Y los muchachos amenazaban con volver por sus fierros. Se mandó un mensaje de urgencia al Congreso que muy diligente aprobó la Ley 1424 de 2010. El gobierno le montó los decretos respectivos y parecía que luego de 5 años la Ley de Justicia y Paz estaba completa. Pero no, ahora resulta que ya no sirve. Quedó mal hecha. O le pasó su cuarto de hora.
La Fiscal General presentará un proyecto para modificarla. Parece que solo busca agilizar las audiencias ya que apenas se han logrado 5 condenas en 6 años. Se investigan más de 46.000 delitos. Simón Gaviria tiene debajo del brazo un proyecto distinto para empujar la Ley. Roy Barreras tiene una reforma constitucional en su maletín para que el presidente pueda iniciar procesos de desmovilización con la guerrilla. Una comisión de reconciliación no se le niega a nadie. El gobierno recibe los proyectos con sonrisas y venias, quizá no sirvan para resolver los problemas pero si para levantar esperanzas e intentar una audacia.
Nos aburrimos muy pronto aplicando las leyes y nos dedicamos a firmar unas nuevas. Es más fácil intentar correcciones al marco legal que impedir que haya 15.000 inscritos en Justicia y Paz que llegaron desde el subempleo solo a cobrar un sueldo. O que más de 2000 hayan sido asesinados en las ciudades y 5300 estén de nuevo las cárceles. No creo que eso se corrija con filigrana legal y comisiones varias. Se necesita sobre todo algo de realismo, mucha fiscalía, plata y un Estado concentrado en los enormes líos de las viejas leyes y no en el brillo de las nuevas. Los congresistas, por su parte, deberían legislar más para el país y menos para el gobierno.