Abogar por el diablo

“S.O.S por la salud en cuidados intensivos”, “Se cerrará el Lorencita”, “La salud, barril sin fondo”, “Denuncian muertes por mala atención en hospitales públicos”. Los titulares transcritos podrían corresponder a las noticias del último año, pero están en las páginas de periódicos ya desteñidos, impresos entre 1993 y 1994, cuando el régimen de Salud colombiano cambiaba su rumbo luego de la maldecida ley 100. La crisis ha regresado y los titulares se repiten. Pero la indignación y la presión de los medios no pueden hacernos olvidar que estamos en otros tiempos, mejores sin duda, y que es tarde para la nostalgia por las viejas enfermedades.

Los alardes anticorrupción del gobierno, con cifras desmesuradas y puestas en escena estrambóticas, la retórica contra todo lo que huela a empresa privada por parte de algunos políticos e ideólogos con estetoscopio, la corrupción real de algunas EPS, la ineptitud de Diego Palacio en sus tareas por fuera del referendo reeleccionista y los casos de cada semana en las afueras de las salas de urgencia, han terminado por descalificar a todo un sistema. Sobra decir que las palabras, incluidos por supuesto los lugares comunes, han sido más atendidas que las cifras. Una herida abierta vale más que mil curvas y porcentajes.

Intentaré entonces soltar una colección de números que puedan servir en este debate hecho casi siempre con palabras. En 1993 entre el Instituto de Seguro Social y los privados se atendía al 34% de los colombianos. Los demás debían debatirse entre los hospitales de caridad y los paños de agua tibia. En ese mismo año el 91% de los colombianos más pobres decía haber pagado con su propio bolsillo la última hospitalización requerida. Hoy en día el 85% de los recursos con los que funciona el sistema de salud son públicos. El promedio de aportes del Estado a la salud en América Latina es del 54%. Y es por eso que, aunque para algunos pueda resultar gracioso, el sistema de salud colombiano ha sido reconocido como uno de los más solidarios del mundo. Solo el 6.4% de los gastos totales de salud sale directamente del bolsillo de los pacientes. Casos en los que la gente prefiere, por urgencia o comodidad, comprar los medicamentos, buscar la cita o pagar la intervención sin acudir a los formularios de rigor.

Hasta el año 2006 el sistema colombiano funcionó más o menos bien con aportes que rondaban, igual que hoy en día, el 7.5% del PIB. La debacle vino de una combinación de ineficiencia administrativa del Estado y oportuna corrupción de unas cuentas fichas. La parálisis del Ministerio de Protección movió las intenciones negras de algunos intermediarios privados, funcionarios públicos y directivos de EPS. La no actualización del Plan Obligatorio de Salud (POS) durante casi 13 años creo una zona gris que perjudicó a pacientes, EPS serias y hospitales públicos. Solo dejó oportunidad para algunos hombres de escritorios y planillas y maletines en todas las instancias. Ahí están los famosos recobros y los enredos del Fosyga. Ahí también llegaron los jueces como administradores de salud ante la falta de claridad sobre los cubrimientos obligatorios. La tecnología en salud se mueve tan rápido como en comunicaciones y el sistema funcionaba con las panelas de 1993 mientras se recetaban tratamientos con ipad.

No vale la pena llorar por la muerte del I.S.S. ni porque marcaron la bata del viejo médico de consultorio privado. Es imposible superponer paraísos y clínicas. No se logra. Y mucho menos mirando hacia atrás.