El uribismo ha convertido en vicio su
intención reiterada de acabar con la figura de la dosis personal reconocida
desde 1994. La obsesión tiene algo de tara moral y mucho de oportunismo
electoral. Esa promesa es una golosina irresistible para los votantes que consideran
una solemne alcahuetería que no haya cárcel para los consumidores de “semejantes
porquerías”. La idea, un tanto arrevesada, se resume en que el Estado debe
proteger a los ciudadanos de los estragos de la droga con una dosis apropiada
de cárcel. En el referendo fallido de 2003, Uribe incluyó el tema como una de
las preguntas claves para incluir razones sencillas y vendedoras entre su galimatías
de caprichos administrativos, penales y presupuestales. Para la campaña
reeleccionista en 2006 reiteró la propuesta con la vehemencia de quien lucha
contra una epidemia. Uribe y muchos de sus seguidores no pueden entender que
haya límites a la actuación punitiva del Estado frente a conductas que solo
causan un daño a quien las practica. Piensan igual a quienes lideraron la
hegemonía conservadora hace 100 años en Colombia: “El mal no tiene derechos”.
La frase que es ya una especie de
promoción de campaña se oyó en boca de su pupilo durante el primer semestre del
año: “Vamos a acabar con la dosis personal para el consumo de drogas para
proteger a nuestros jóvenes”. Dicha prohibición es casi un imposible
constitucional. Tiene múltiples respaldos jurisprudenciales de las altas cortes
y por supuesto sustento en diversos artículos de nuestra carta de derechos. En
2009, tal vez uno de los momentos de mayor respaldo del Congreso al gobierno
Uribe, se aprobó un acto legislativo que incluyó en el artículo 49 de la
constitución la prohibición del “porte y consumo de estupefacientes y sustancias
psicotrópicas”. El Congreso se negó a aprobar los textos más duros y punitivos
que proponía el presidente. Pasaron cinco proyectos de reforma y muchos cambios
en el legislativo hasta encontrar una fórmula que prohíbe el consumo y dispone “medidas
administrativas de orden pedagógico, profiláctico, terapéutico con el consentimiento
informado del adicto…” Se impuso pues una prohibición de la que no se sigue un
castigo.
Para las Cortes es claro que los
portadores y consumidores de una dosis personal (20 gramos de marihuana, 1 de
cocaína y 2 de metacualona) conservan su protección constitucional y “es
posible tener por impunes las conductas de los individuos dirigidas al consumo
de estupefacientes en las dosis mínimas. Lo anterior, en razón al respeto al
derecho al libre desarrollo de la personalidad, y a la ausencia de lesividad de
conductas de porte de estupefacientes encaminadas al consumo del adicto dentro
de los límites de la dosis personal, pues éstas no trascienden a la afectación,
siquiera abstracta, del bien jurídico de la salud pública…” De modo que los
cambios requeridos para llevar a la cárcel a los consumidores a la cárcel
podrían constituir una sustitución de la constitución. El uribismo, experto en
el tema, lo sabe muy bien.
La prueba reina de que la cantaleta
del Centro Democrático es sobre todo una argucia en busca de votos, es un
proyecto de ley presentado en 2016 por la bancada de ese partido en la Cámara y
respaldado por Iván Duque como autor en el senado. El proyecto entregaba
protección a la dosis personal y definía la dosis de aprovisionamiento, además
proponía la creación de centros de consumo controlado con suministro de drogas
a los adictos por parte del Estado. Se aprobó en plenaria de la Cámara y estaba
listo para ir a comisión séptima del senado. Pero no casaba con el discurso de
campaña y decidieron retirarlo en silencio, con razones entre mentirosas y
risibles.
Detrás de la mano dura, hay sobre
todo una postura frívola y manipuladora, una utilización del castigo como
carnada electoral y un desprecio por los derechos de los consumidores y las evidencias
de los investigadores contra las estrategias del castigo.
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