La paz parcial

 

Medellín completó tres años y medio con una notable caída en el número de homicidios. No se trata de un milagro de la administración Quintero ni mucho menos. Es el resultado de un pacto entre facciones del crimen organizado, La Oficina y rivales, que han mantenido guerras intermitentes durante al menos dos décadas. Ese pacto se dio en La Picota en el primer semestre de 2019 y de inmediato trajo una rebaja sustancial en la violencia homicida en la ciudad. El año siguiente al acuerdo los homicidios bajaron 65%. Los efectos se dieron durante el último año de la administración de Federico Gutiérrez y se han mantenido en la alcaldía de Daniel Quintero. Algo similar pasó con el llamado “pacto del fusil” en el año 2013, cuando bandas bajo el control de La Oficina y Los Gaitanistas llegaron a un acuerdo que logró que los homicidios cayeran de 1.255 en 2012 a 498 en 2015.

Ahora se anuncia la creación de una mesa de dialogo en la cárcel de Itagüí a donde ya llegaron Douglas, Tom y Albert, hombres de La Oficina y la banda Pachelly. Los anuncios de la paz total del gobierno Petro no tienen nada de novedoso en la ciudad y muy difícilmente traerán efectos distintos a treguas parciales e inestables. Los intentos de acuerdos con el impulso de gobierno y fiscalía se han repetido en los últimos años. En 2015 cuatro capos (incluido Douglas) de las más de doscientas bandas que se dice actúan en Medellín, hicieron un llamado a la Fiscalía para logar un principio de oportunidad a cambio de información y “gestiones” para bajar la criminalidad en las comunas. Incluso se dieron algunas entregas de armas y hombres para ambientar los contactos que se rompieron luego de decisiones del fiscal general Jorge Perdomo y de la captura de Gustavo Villegas, secretario de seguridad de Federico Gutiérrez. Un año después el gobierno de Juan Manuel Santos lo intentó con un decreto que abría la puerta de las cárceles a miembros de “grupos organizados al margen de la ley” que estuvieran participando en acuerdos humanitarios con el gobierno. No es nuevo eso de “gestores de paz”. Al final, el decreto se quedó firmado y los capos en la cárcel.

Hay preguntas claves frente al nuevo intento apaciguador de Petro y la grandilocuencia de la expresión “paz total”: ¿Qué tanto poder tienen hombres como Douglas o Tom, que llevan años en la cárcel, trece y cinco, respectivamente, para lograr una pacificación? ¿Cuál sería la motivación para dejar sus negocios de quienes están libres y han ganado poder territorial y económico? ¿Por qué habrían de poner sus vueltas en bajo para obedecer a unos gestores de paz con un chaleco oficial y una gorra prestada por el gobierno?

Desde los tiempos de Escobar, los ilegales tienen un inmenso poder territorial y social en muy buena parte de Medellín y su Área Metropolitana. Mandan sobre el transporte formal e informal, sobre el pequeño comercio y la distribución de los productos básicos, sobre la producción de licor ilegal (suplantan a la FLA en buena parte de la ciudad) y por supuesto sobre el microtráfico. Ellos no están en guerra con el gobierno, solo sostienen sus negocios con los métodos aprendidos en los noventa y algunas innovaciones. Las buenas intenciones del gobierno y el mea culpa siempre dudoso de los duros caídos en desgracia no hacen milagros. Este gobierno, no se sabe si por ingenuidad o voluntarismo, parece seguro de que el papel puede con todo, bien sea en los decretos o los acuerdos de paz prometidos. Pero aquí nadie renuncia el poder que le ha costado sangre y le genera miles de millones por tres palmaditas en la espalda.