Se les fue la mano

Parece que las FARC nos han contagiado algunos modales dignos de sus campamentos de barbarie y han traído su estado de naturaleza hasta la puerta de nuestro estado de derecho. Las minúsculas son merecidas. Una pequeña purga guerrillera de medianoche ha puesto en evidencia que nuestro gobierno puede actuar según los métodos de un clan sórdido y amenazado. La galería ha celebrado la decisión de pagar al mercenario de turno: simple prestación de servicios, dicen las almas prácticas. Y los funcionarios se han dedicado, con imaginación y sin pudor, a inventar un régimen de excepción para el verdugo de verdugos.
El vicepresidente dijo que el pago era lícito porque generaba presión sobre las FARC y nos conducía al escenario de su posible fin. Y trajo el recuerdo de Pablo Escobar para construir una analogía infantil con dos cabezas sobre la balanza. Intentando borrar los escrúpulos con el miedo. La presidenta del congreso quiere que la plata se entregue pronto, antes de que los posibles traidores no se desanimen. Y el fiscal, siguiendo la lógica de las bondades del homicidio según sobre quién se practique, dijo que no investigará al verdugo de Iván Ríos y justificó su decisión con un razonamiento que he oído en algunas galleras, sobre todo en las más peligrosas: en vista de que para las FARC la vida no vale nada, el homicidio en sus cambuches resulta ser una conducta inocua. Un simple juego de locos. Luego se dio cuenta de que sus argumentos jurídicos estaban a la altura de un sargento e intentó corregir su caso poniendo a alias Rojas dentro de las causales de justificación. Pero es muy difícil que el miedo insuperable que alega el fiscal para su “defendido” pueda conjugarse con la sangre fría. Rojas actuó más como un hombre ambicioso que como un hombre desesperado. Y el fiscal actúa como un simple compinche del gobierno, intentando evitar una extravagancia en la que el ejecutivo impone una medalla en el bolsillo de un asesino mientras los jueces imponen una condena.
La entretenida discusión sobre el botín y los detalles macabros del trabajo de los dactiloscopistas ha relegado los verdaderos dilemas a la jerga de los abogados. Convirtiendo las obligaciones obvias de todo estado en un tema de leguleyos aguafiestas a quienes les da por mirar un código cuando se trata cantar victoria. Sin embargo es bueno recordar que esa lógica del buen muerto fue la semilla del paramilitarismo y la justicia privada. Yair Klein, quien será extraditado desde Rusia en unos días, debe estar pensando en las nuevas oportunidades de trabajo en el país. Colombia no necesita imponer la pena de muerte sino abolirla, según una vieja fórmula que ha llegado hasta el graffiti. Incluso, para que lo recuerde Pacho Santos, la Corte Suprema prohibió en su momento las propagandas que ponían precio a la cabeza de los narcos y terminaban con un sonoro vivo o muerto. Lo que hace el gobierno al pagar la recompensa es premiar a un guerrillero por actuar como paramilitar. Hasta los gringos desaprueban a los mercenarios en su nuevo viejo oeste de Afganistán. En el 2004 fueron arrestados tres caza-recompensas norteamericanos que intentaban con sus propias cuerdas, colgando de los pies a sus “prisioneros” en una casa cárcel privada, encontrar información que los llevara hasta el millonario turbante de Osama.
Mientras tanto en Colombia hemos terminado convencidos de que sólo el premio a la osadía de algunos verdugos nos traerá la salvación. No queda más que comulgar con la sentencia amarga de H. L. Mencken: “Todo hombre decente se avergüenza del gobierno que lo rige”. Advirtiendo que los aforismos de un cínico están siempre más cercanos a la burla que a la indignación.