Objeción preconcebida

Las decisiones de los tribunales y los legisladores sobre el aborto como un crimen, un derecho, un mal menor o una profanación imperdonable, constituyen el aguijón más poderoso para que los ciudadanos apáticos cumplan el sueño recóndito de militancia y apostolado. La contienda sobre el aborto tiene todos los ingredientes para convocar las más tumultuosas y fervientes iglesias ciudadanas. Se confunden las marchas con la liturgia. Hace unos días España vivía su cisma de manifestaciones con motivo de la propuesta gubernamental de una ley que autorice el aborto en cualquier caso teniendo en cuenta algunos plazos durante el periodo de gestación. Los aires de batalla se completaron con los veleros holandeses que atracaron en Valencia para llevar a un grupo de gestantes hasta alta mar y devolverlas luego un poco más livianas.
En Estados Unidos Barack Obama acaba de recibir su primera rechifla luego de pararse en el pulpito de la principal universidad católica del país. Hacía unos meses había autorizado la donación de fondos públicos para organizaciones que practican abortos en el extranjero. Luego de 36 años de una sentencia de la Corte Suprema que autorizó el aborto sin mayores restricciones, Estados Unidos encarna el paradigma de la contienda ciudadana, legal, religiosa y política con más rating en las democracias occidentales. Se han esgrimido todos los argumentos, se han debatido miles de casos particulares, se ha movido el péndulo a lado y lado dependiendo del color político predominante. Pero es difícil decir que se ha impedido el acceso de las mujeres al derecho reconocido por la Corte Suprema en 1973. Desde hace tres décadas se practican cada año más de un millón de abortos legales en Estados Unidos. La sentencia original ha sido rodeada de nuevos pronunciamientos, leyes estatales que buscan restringirla, trabas administrativas, estrategias de los grupos militantes, discusiones tributarias, sermones recriminatorios y ataques terroristas; pero su esencia se sigue cumpliendo.
En Colombia apenas han transcurrido tres años desde que la Corte Constitucional despenalizó el aborto en algunos casos específicos. Luego de un primer ruido de campanas el asunto se ha silenciado. Como es normal entre nosotros la lucha contra la decisión se ha dado más por la vía soterrada de la desinformación y la manguala que por medio del debate o la reglamentación. El sabotaje es más eficaz que la discusión pública, parece ser la consigna. La objeción de conciencia de algunos médicos se amplía hasta los hospitales y llega hasta los jueces que se niegan a fallar las tutelas. El Ministerio de Protección Social expide un decreto reglamentario y reza en silencio para que sea sepultado por los prejuicios. La Procuraduría cierra la puerta para que sus funcionarios no se enteren de las obligaciones de los médicos objetores. Los 200 abortos legales que se logran hacer en un año requieren de los esfuerzos de un colectivo de abogados además del ginecobstetra de rigor. En Cúcuta, una menor de 13 años violada recorrió siete clínicas, un juzgado municipal y un tribunal superior hasta encontrar la protección de la Corte Constitucional. La sentencia la encontró en su papel de madre por obligación.
Se confirma nuestra realidad esquizofrénica. En Estados Unidos se ha legislado para proteger al objetor de conciencia e incluso para que los hospitales públicos puedan negarse a practicar abortos. Sin embargo las trabas no han llegado a desvirtuar el fallo de la Corte Suprema. En Colombia se reiteran las obligaciones de los médicos, se dictan los decretos para garantizar el derecho de las mujeres. Y se sigue incumpliendo el fallo por la vía del ocultamiento y la repugnancia moral.