Perder años

La paradoja entraña tragedias en cada uno de sus extremos. Por un lado el inventario de violencia contra los menores que entregan las noticias de todos los días. Queda la indignación, el ánimo para el linchamiento y las apelaciones al código penal. Por el otro un régimen soterrado de monarquía adolescente que se ha ido tomando los colegios. Queda el salón como una urna que hace cada día más tontos y más intocables a los alumnos, y queda el profesor como un sencillo vigilante con un silbato. Eso sí, no puede soplar muy fuerte porque maltrata el tímpano de sus “discípulos”.
Hace algo más de 15 años la comisión de sabios convocada por el presidente Cesar Gaviria entregó un documento que prometía una revolución educativa en Colombia. El diagnóstico hablaba de las altas tasas de deserción y repitencia, de la necesidad de creación de colegios hasta noveno grado sin interrupciones ni requisitos de conocimientos específicos para la aprobación de los cursos, de la insatisfacción de los jóvenes con la educación secundaria y su percepción de la autoridad escolar como agresiva e injusta. Vinieron entonces los manuales de convivencia, las clases de cívica que convirtieron a padres e hijos en rábulas eficientes, la participación de los estudiantes en el gobierno escolar y la promoción automática como estocada definitiva.
En el año 2002 un decreto firmado por el ex-ministro Germán Bula estableció que solo el 5% de los estudiantes tenían derecho a perder el año. Desde quinto elemental los alumnos fueron aprendiendo una lógica elemental: para graduarse como bachiller solo es necesario amarrarse los cordones y ponerse el uniforme. Los alumnos perversos no necesitan aprender absolutamente nada, los alumnos regulares rápidamente se enteran de que el esfuerzo no entrega recompensas adicionales y los alumnos buenos bajan el tono para no desafinar.
Supuestamente este año terminaba el círculo vicioso de la promoción automática. Pero parece que no es fácil pelear contra la inercia de esa rueda afinada por los números de cobertura y desbocada por la realidad en los salones. En Medellín, la más educada, la secretaría le ha pedido a los rectores seguir con la política del 5% y de nuevo los profesores se devanan los sesos eligiendo a los pésimos entre la larga lista de los malos. Los profesores de primaria, donde pierden menos alumnos, le regalan cupos a los de bachillerato para ampliar su 5% y lograr que sea posible reprobar al menos a los que no saben ni su número en la lista. Mientras los alumnos han logrado que rehusar a los exámenes sea un derecho fundamental, los profesores son sepultados por formularios, evaluaciones y proyectos de oenegeros, convertidos en cátedras extra currículo, sobre ecología, participación, educación sexual, convivencia democrática y otras artes.
Eso en lo que tiene que ver con lo académico. Lo disciplinario es un pequeño simulacro del trabajo en el CTI. La ley de infancia y adolescencia y el amparo de la tutela convirtieron las sanciones escolares en una imposibilidad. Un ejemplo corriente. Un profesor recibe una amenaza de parte de un alumno envalentonado. Va donde el rector, comunica el problema y recibe una advertencia: “Acuérdese que todo eso necesita pruebas, cuidado con las acusaciones temerarias, es la palabra suya contra la del muchacho”. Los profesores tienen un único consuelo. En todo caso ganará su año y será verdugo de un colega en enero próximo. Es lógico que sean los maestros quienes tienen el más alto índice de consultas psiquiátricas. Y no es raro que pasen sus vacaciones en el mental.