Pacto salvador

Mauricio Funes, presidente de El Salvador, comenzó su mandato anunciando una guerra frontal contra las Maras, pandillas que han derivado en tribus delincuenciales unidas por pactos de sangre. En febrero de este año los anuncios públicos y los nombramientos de dos militares retirados en el ministerio de justicia y la dirección de la policía, anticipan una guerra frontal.  El proyecto que convertía en delito el simple hecho de pertenecer a las Maras esperaba la aprobación del Congreso. Todo era crujir de dientes en un país con uno de los índices de homicidios más altos del mundo.

Un mes más tarde los jefes de la Mara Barrio 18 estaban atentos a la homilía del capellán del ejército en Cojutepeque, un antiguo cuartel adecuado como cárcel, y la prensa reseñaba los ánimos conciliadores de esas castas bárbaras que han marcado a Centro América: “Somos conscientes que hemos ocasionado un profundo daño social, pero por el bien del país, de nuestras familias y de nosotros mismos, pedimos que se nos permita contribuir en la pacificación de El Salvador, que no sólo es de ustedes, sino nuestro también", decía un aparte de la carta de tres páginas firmada por los jefes de las Maras Salvatrucha y Barrio 18, antiguos enemigos a muerte.

El gobierno negó desde el comienzo cualquier tipo de negociación. Dejó los acercamientos entre los bandos en manos de un obispo y un ex guerrillero, trasladó a 30 cabecillas a cárceles más flexibles y se sentó a esperar con un ábaco en la mesa del presidente para contar los muertos. La semana que siguió al 8 de marzo, día en que supuestamente se selló la tregua, los homicidios cayeron un 53% en todo el país. Hasta el 21 de noviembre El Salvador ha tenido 1528 homicidios menos que en el mismo periodo de 2011, una reducción cercana al 40%. Cuando un reportero le preguntó a uno de los jóvenes de las “familias en armas” por la tranquilidad ambiente, la respuesta llegó acompañada de una sonrisa: “Estamos de vacaciones”. La orden de “calmarse” llegó desde las celdas hasta los “palabreros”, jefes de cada una de las gavillas, y el miedo es suficiente para que se cumpla sin chistar.

En varios países de América Latina se ha vuelto común que los logros en seguridad se consigan más desde las cárceles que desde los ministerios. El gobierno de Funes ha quedado en medio de una encrucijada que no sabe si celebrar o deplorar: sigue asegurando que no hay pactos ni negociaciones con los delincuentes y al mismo tiempo exhibiendo el milagro pacificador. La violencia entre las Maras ha disminuido pero las extorsiones y los atracos siguen su curso. Según dicen el pacto se limitó a una reducción del 30% en los homicidios. Ahora los dos mediadores civiles valen más que los ministros que actúan como simples evaluadores. Un gabinete de analistas.

Las propuestas de las Maras y los conciliadores siguen llegando pero el pudor del gobierno no permite avances. La lección de Felipe Calderón en México, quien rechazó siempre cualquier posible contacto con los narcos sigue pesando sobre el gobierno de Funes. La paradoja es que El Salvador vive un tiempo de tranquilidad de la mano de dos civiles con acceso a las prisiones y ocho grandes jefes mareros aburridos luego de diez años de aislamiento. Hasta ahora la movida del gobierno ha sido simple: hacerse a un lado.  En México y en Brasil comienzan a mirar de reojo el experimento. Para Colombia nada es nuevo, aquí se ha negociado hasta con el diablo. La pregunta de siempre: ¿a cambio de qué?