Según los censos
en las regiones cocaleras y los satélites que husmean todo el año por entre las
nubes, Colombia tiene cerca de 960 millones de matas de coca agrupadas en
pequeños cultivos que en su gran mayoría no superan las 5 hectáreas. Desde
finales de 2013 se ha presentado un aumento en los cultivos de coca y al mismo
tiempo una concentración en el área de siembra: más coca en menos tierra. A
pesar de que 2015 terminó con el mayor número de hectáreas sembradas en los
últimos 8 años, los kilómetros cuadrados con problemas cocaleros sumaron una de
las menores cifras desde el 2000. En últimas, crecieron un poco los lotes en
los mismos sitios donde había coca en 2014. Los 10 municipios más cocaleros del
país sumaban el 42% del total sembrado en 2014, en 2015 llegaron al 47%; y
Tumaco, líder indiscutido, ya tiene el 17% de los cultivos nacionales.
Las cuentas de
la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODOC) dicen que
74.500 familias recibieron ingresos por la siembra de la hoja que ha marcado
los territorios de la guerra durante cerca de 40 años. La mayoría de los
cocaleros (65%) venden la hoja fresca a quienes se encargan de transformarla en
pasta base y luego en cocaína. El porcentaje de quienes solo venden la hoja
llega a 92% en la región del Pacífico donde se agrupa algo menos de la mitad
del total de cultivos en Colombia. A pesar de que el kilo de hoja subió 39%, los
ingresos de una familia cocalera no son muy distintos de los que logra una
familia campesina sembrando yuca, cacao, plátano o café. Si se suma lo que
recibe una familia por las 4 cosechas de una hectárea de coca en un año y algo
de trabajo como “cocineros” o raspachines en lotes más grandes, los 5
integrantes promedio pueden alcanzar ingresos por 18 millones de pesos. Aun
así, queda claro que nunca será fácil para el gobierno, con o sin colaboración eficaz
de las Farc, reemplazar un mercado agropecuario que les entrega cerca de 480
millones de dólares a 372.000 personas, un número que excede por mucho a la base
de las Farc y muestra que el grupo guerrillero controla si acaso un 40% del
mercado ilegal.
Para quienes
creen que todas las soluciones llueven del cielo y extrañan el glifosato hay
algunos datos desalentadores. En Caquetá, por ejemplo, las hectáreas fumigadas
han sido estables desde 2012 y en ese lapso el área cultivada se duplicó. En
Antioquia, la fumigación se triplicó en los últimos 2 años y las hectáreas de
coca se duplicaron. En Meta y Guaviare el Roundup oficial disminuyó 30% en el último
año y la coca sembrada cayó el 3%. En el Putumayo el promedio de fumigación se mantuvo durante 4 años y las hectáreas de coca se triplicaron. La lógica
de bombardear con veneno y mostrarle a los campesinos solo la cara del Estado
en la barriga de las avionetas no es mágica ni mucho menos.
La zona de
frontera con Ecuador, los parques nacionales, los resguardos indígenas y los
territorios de los afros siguen siendo los puntos críticos para la lucha contra
la mata de coca. Ahí está sembrada cerca del 45% y el Estado no tiene mucha
posibilidad de entrar, ni por las buenas ni por las malas. El Catatumbo es la zona
de la gran derrota para el gobierno, sus pactos no han disminuido la violencia
y en cambio han cedido el control territorial y logrado que la coca se
multiplique por 5 en los últimos 5 años. Las buenas noticias están en la Sierra
Nevada, la Amazonía y la Orinoquía donde la coca casi ha desaparecido en 10
años.
La pelea es
dispareja y distinta en cada territorio. El Estado siempre será un verdugo o un
protector torpe en un medio que conoce mejor desde el satélite que bajo el
sombrero del funcionario.
Inevitable: la coca
seguirá siendo una dura vía de escape para muchos.
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