Néstor
Humberto Martínez se ha convertido en el más importante funcionario del
gobierno de Iván Duque. La inseguridad de un presidente que se debatía entre la
desobediencia y la sumisión, la vacilación de un gobierno sin rumbo ni
credibilidad, lo convirtieron en un norte inesperado, un bastón poderoso y
amenazante. Pero el Fiscal cobra su cuota por el apoyo prestado, se escampa en
la Casa de Nariño luego de su exhibir la desvergüenza para estar en las sillas
públicas y privadas de los grandes escándalos nacionales. A cualquier político
como Martínez le preocupa que su imagen desfavorable crezca 26% de octubre
pasado a febrero de este año. De modo que un presidente temeroso y un fiscal desprestigiado
decidieron formar una dupla cercana a la de los borrachos que se tambalean y se
sujetan mutuamente.
La
ministra del interior, Nancy Patricia Gutiérrez, no ha logrado un mínimo
liderazgo en el Congreso y para la opinión pública sigue en su rol de
excongresista. La ministra de justicia, Gloria María Borrero, todavía no se
aprende el nombre del presidente y desistió de la reforma a su sector en medio
de una dosis mínima de atención nacional. De modo que Néstor Humberto es ahora
el ministro del interior y justicia. Se convirtió de nuevo en súper ministro
como en tiempos en que manejaba el “computador de palacio” en el gobierno
Santos. Solo que ahora maneja la agenda no con ofrecimientos burocráticos sino
con señalamientos penales.
Las
objeciones a la Justicia Especial para la Paz consolidaron su liderazgo. Duque
y su partido todavía se miraban con algo de recelo, y el expresidente Uribe,
con una opinión desfavorable del 55%, tenía miedo de ahuyentar al pupilo con su
zurriago. Entonces apareció Martínez. El 18 febrero Duque dijo muy claramente
que no objetaría la ley estatutaria de la JEP: “Yo
no voy a entrar a controversias con la Corte Constitucional, tengo una
preocupación, pero desafortunadamente esa preocupación no es objetable porque
salió del texto…Es preferible tener ley estatutaria que no tenerla
porque se necesitan normas claras y no la incertidumbre normativa”. Ese mismo
día Néstor Humberto envió una carta pública al presidente con cuatro reparos a
la ley estatutaria. Esos reparos ya habían sido respondidos negativamente por
la Corte Constitucional pero se trataba
de un acto político más que de una pretensión jurídica. El mismo día en la
tarde Uribe recogió la pita del Fiscal y lanzó siete trinos para descalificar
la JEP. Incluso mostró su verdadero propósito: “Bueno que objeten la JEP, mejor
eliminarla”.
Ahora
parecen increíbles las declaraciones de Martínez en noviembre de 2017 luego del
fallo de la Corte que declaró constitucional el Acto Legislativo que creo la
JEP: “Sentencia histórica sobre la JEP reafirma fundamentos del Estado de
derecho y siembra bases de una paz estable y duradera para todos", escribió
en la cuenta de Twitter de la Fiscalía. Pero un año después, con los audios de
Pizano a sus espaldas, ya afilaba imputaciones contra funcionarios de la JEP
por lo que llamó “acciones inenarrables, falsedades y fraudes procesales” para
permitir salida de líderes de las Farc de los Espacios Territoriales. Y el
pasado 1 de marzo lanzó un envión definitivo con la captura del fiscal Carlos Bermeo.
La sincronía con Uribe fue perfecta. Cuatro días después el senador decía en la
Comisión VII: “Lo que hasta hace pocos días no
tenía condiciones para ser derogado, uno no sabe hasta donde estos hechos
bochornosos de la JEP –previsibles por su origen– lleguen a decirle a los
políticos y a la opinión pública, hay que derogar la JEP”. Ahora el fiscal
asegura que no tiene pruebas que conecten actuaciones de Bermeo con el caso
Santrich. Pero el hecho político está consumado. Funéstor Humberto Martínez es hoy
fundador de Cambio Radical y hombre fuerte del Centro Democrático. Y Duque
tiene ahora un jefe y un acudiente.
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