Una
semana más tarde las alertas Covid comenzaron a sonar y hace 8 días ya se
hablaba de un “macro brote” que dejó 1.167 adolescentes, provenientes de toda
España, con pruebas positivas. Un 25% de los jóvenes que viajaron y se hicieron
una prueba PCR. Entonces comenzaron los decretos, las órdenes policiales, los
hoteles Covid, las fugas y las decisiones judiciales. El circo excitado de los estudiantes
de fiesta fue alimentado por los domadores histéricos en las oficinas públicas
y los señalamientos de todo tipo contra esos “niñatos infectos”.
Luego
de la estampida inicial cuando se detectó el brote, el gobierno Balear decidió
encerrar a 265 estudiantes en el hotel Palma Bellver, una “jaula” de 4
estrellas y 150 habitaciones perteneciente a la cadena Melia. En España lo
llaman “hotel puente”. Entre los
confinados había 184 jóvenes con prueba PCR negativa y 81 con resultado
positivo. El gobierno decidió encerrarlos a todos por posibles contactos con
positivos. Algunos de los padres interpusieron recurso de habeas corpus para obtener
su libertad pero fueron negados. En las tardes los jóvenes se asomaban a los
balcones con pancartas que exigían la liberación. En las noches era el tiempo
de la fiesta, las inundaciones de los cuartos y las peleas con los camaretos ahora
vestidos a la usanza del personal de Unidades de Cuidados Intensivos. La escena
clásica la entregaron las sábanas amarradas desde el cuarto piso para subir las
provisiones de alcohol que les vendía una tienda cercana. En la mañana
aparecían las quejas de los inquilinos en redes por el desayuno de avión cuando
habían pagado un bufet completo en sus propios hoteles. La gobernación Balear
respondía diciendo que gastaba 300.000 euros por cada semana de ese edificio
para confinados donde además había 40 extranjeros, 7 de ellos llegados en balsa
desde África. Por fuera quedaban 3 jóvenes fugados.
La
libertad, al menos para los negativos, llegó con un fallo de una jueza
administrativa de la isla. En 22 páginas le dijo al gobierno que su medida era
desproporcionada y violaba el derecho a la libertad: “El confinamiento debe
producirse, no por potencial diagnóstico, sino por haber un diagnóstico cierto…
en un Estado de Derecho la salvaguarda de los derechos fundamentales debe ser
el estandarte que a todos nos debe guiar y las restricciones en los mismos,
proporcionadas, necesarias e idóneas y sometidas al correspondiente control
judicial”. El gobierno Balear había marcado más una culpabilidad que una
prescripción de salud pública. La gente pedía un castigo para esos adolescentes
irresponsables. El padre de uno de ellos lo resumió bien: “¿Por qué son
culpables? ¿Sí puedo ir a Santiago de Compostela y no puedo ir a Mallorca?”.
Al
final muchos de los encerrados volvieron en un “ferry burbuja” a Valencia. No
estaban contagiados pero viajaron vigilados por la policía y fueron recibidos
por un enjambre de periodista en el puerto. No fueron reseñados de milagro. En
marzo, todavía con poca vacunación, los miles de turistas alemanes que llegaron
a Mallorca fueron más que bienvenidos, solo recibieron un pequeño regaño de Angela
Merkel. Pero estos niños indolentes merecían un escarmiento, para eso están el
gobierno y las recepciones.
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