Cambios excepcionales

La Guajira, “la tierra de la belleza” según palabras del Presidente Petro, acaba de convertirse en un laboratorio político clave para el gobierno a punto de cumplir su primer año. La declaratoria de emergencia en ese departamento traerá riesgos ante la Corte Constitucional, retos de credibilidad en una zona donde sacó el 65% de los votos en segunda vuelta y preguntas sobre una posible parcelación, en territorios del verdadero pueblo, para aplicar las reformas atrancadas en el menudeo del Congreso.

El presidente ha hablado de estados de excepción desde la campaña presidencial. Es normal en un gobierno ansioso por mostrar cambios rápidos y en un gobernante seguro de que el país ha vivido en una larga tragedia con remedios a la mano. Un gobierno excepcional merece medidas excepcionales, podría ser la premisa del presidente. En campaña, Petro habló de “una catástrofe social del hambre” que podría dar pie a una declaratoria de emergencia económica. Ya como presidente los vientos entregaron otras opciones. En septiembre del año pasado, en medio de la ola invernal, se preguntó en voz alta: “¿no es el momento acaso de una emergencia?”. Escampó pero seguía la urgencia presidencial y en abril pasado Petro quitó los signos de interrogación: “Yo pienso que el Gobierno debe declararse ya en emergencia.” Y habló de la necesidad de entregar tierras a los campesinos y bajar los precios de los alimentos. No hizo alusión directa a la declaratoria de un estado de excepción, pero el contexto dejó de nuevo la idea en el aire.

Apareció el verano y llegó la hora de concretar los amagues repetidos. El decreto que declara el estado de emergencia social, económica y ecológica en La Guajira se basa en “análisis climatológicos” que pueden agravar la “crisis humanitaria” en el departamento. “La catástrofe social y ambiental” ya existe, deja entender el decreto, pero se ha visto “agravada de forma inusitada e irresistible”. No hay pistas claras de los hechos que han llevado a ese incremento de la “tragedia”. El fenómeno del niño es apenas una insinuación. Y aquí comienzan los problemas. 

La Corte Constitucional ha sido celosa sobre las motivaciones de dichas declaratorias. Tal vez la prueba más difícil para las intenciones del cambio por la vía de la firma presidencial sea la motivación de la declaratoria. Sobre el tema ha dicho la Corte: “los acontecimientos, no solo deben tener una entidad propia de alcances e intensidad traumáticas, que logren conmocionar o trastrocar el orden económico, social o ecológico, lo cual caracteriza su gravedad, sino que, además, deben constituir una ocurrencia imprevista, y por ello diferentes a los que se producen regular y cotidianamente, esto es, sobrevinientes a las situaciones que normalmente se presentan en el discurrir de la actividad de la sociedad…” No será fácil sostener esas condiciones imprevistas en La Guajira. Parece que el clima nublado en el Congreso es el hecho sobreviniente para que el gobierno intente un programa piloto de reformas. “Haremos una reforma a la salud con decretos de emergencia para La Guajira”, dijo el presidente, y sus palabras son casi una confesión de que las decisiones están encaminadas más a una audacia política que a atender una crisis inusitada. Las carencias estructurales, y La Guajira tiene muchísimas, no se pueden tratar con mecanismos excepcionales. Eso haría permanentes los poderes especiales. Las urgencias políticas no llevan directamente a las facultades extraordinarias. 

Ahora la pregunta es por la reacción del gobierno si la declaratoria no pasa el filtro de la Corte ¿Vendrá un grave enfrentamiento? ¿Ahora serán culpados el Congreso, los medios y las Cortes de acorralar al gobierno del cambio? Es más fácil intuir la batalla que la resignación.