martes, 16 de mayo de 2017

Bojayá





Bojayá es un pequeño reino del dolor. Un pueblo donde el cementerio es más importante que la plaza. Una encrucijada en la selva marcada por múltiples cruces. Un símbolo inevitable para los funcionarios, los periodistas, las agencias internacionales y los activistas. Durante 15 años, luego de la masacre del 2 de mayo del 2002 que dejó 79 muertos en la iglesia, los habitantes han pasado de la sorpresa a la indiferencia y de la indiferencia a la fatiga frente a la romería que visita el pueblo. Ahora, están frente a una más de las exhumaciones de los cuerpos que lleva a cabo un equipo de la fiscalía. Primero fue la fosa común, luego el cementerio, ahora las nuevas pruebas de ADN y vendrá el descanso en las bóvedas definitivas.  
Compartir el dolor propio con otras víctimas y con los desconocidos que llegan nunca será fácil. El eterno sepelio en Bojayá se ha convertido en un escenario para las minucias políticas, las rebatiñas de subsidios, las demostraciones del “buenismo” internacional y los afanes periodísticos. La atención trae tanto los afectos de la solidaridad como las perversiones del protagonismo. Hace unos días Patricia Nieto y Natalia Botero me contaron su triste aventura en Bojayá. Las dos son investigadoras, periodistas y profesoras de la Universidad de Antioquia con amplio reconocimiento de colegas, alumnos y observadores de su trabajo.
Llegaron al pueblo el pasado domingo 7 de mayo. Era su cuarta visita y pretendían un registro del proceso que implica la segunda exhumación de los cuerpos sepultados en el cementerio municipal. Antes de su viaje habían hablado con algunas personas del Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá. Desde su llegada se encontraron con un clima de desconfianza y hostilidad. Ahora su presencia parecía incomoda, casi prohibida. El miembro del Comité con quien habían tenido contacto telefónico les dijo que no estaban dispuestos a permitir el trabajo de la prensa. De ahí en adelante todo fueron advertencias, agresiones y amenazas: “Cuando salgan de aquí no les va a pasar nada, pero en Bojayá les puede pasar cualquier cosa”, llegaron a decirles. Y un funcionario de la Fiscalía, sorprendido con ese clima denso, les sugirió ir a dormir a Vigía del Fuerte.
 El tercer día estaban en el puerto esperando la llegada de los funcionarios de la fiscalía que traían tres cuerpos desde Vigía del Fuerte, en la orilla opuesta del río. Un coro de niños y algunos adultos con flores y velas esperaban los cuerpos. Natalia comenzó a tomar fotos e inmediatamente fue rodeada por tres personas del Comité que le ordenaban guardar su cámara. Obedeció esa orden perentoria y cuando se retiraba del lugar oyó a una señora, también del Comité, que le gritaba que no tenía derecho a estar allá, que la prensa no podía entrar. Estaban en un lugar público y guardaban el respeto y la serenidad que han aprendido en 25 años de trabajo periodístico en temas de conflicto.
Intentando buscar testimonios fuera del casco urbano, llegaron a la casa de un indígena hasta donde fueron los miembros del Comité a reprochar al anfitrión que recibiera a las periodistas. El indígena tuvo que defender sus derechos frente a los inquisidores, al menos de puertas para adentro. En la iglesia, en una de las misas diarias por las víctimas, los mismos vigilantes de Comité, familiares entre sí y declarados dueños de la memoria de todo el pueblo, le impidieron a Patricia tomar notas del sermón del padre. Ya no solo la cámara estaba prohibida, también la libreta. En medio de todo estaba Miguel Ángel Sánchez, funcionario de la ONU, quien daba órdenes de no dejar grabar a “las paisas”, e incluso intento apartar al padre Antún Ramos, héroe del pueblo por su papel en la tragedia del 2 de mayo, con quien otros dos periodistas grababan un documental sobre su vida. “Nunca, ni guerrilla ni paras ni ejército me impidieron hacer mi trabajo como en esos seis días en Bojayá”, me dijo Natalia.

Ahora la ONU difunde un Protocolo según el cual no se puede grabar, fotografiar ni escribir sobre el proceso de exhumación. Además, el Comité decidirá la información pública y la reservada, y tendrá poder de censura sobre trabajos periodísticos, entregando aval a lo que considere digno de publicación. Bojayá sigue siendo un reino del dolor, pero ahora tiene un visitador y un Comité de tribunos que censuran, ordenan, manipulan y actúan más allá de la Constitución y las leyes. 

martes, 9 de mayo de 2017

Democracia extrema




La democracia directa entrega un alivio a los ciudadanos, una especie de desahogo frente a la sensación de imposiciones que dejan los voceros de la democracia representativa. “No los necesitamos, somos adultos y tomamos nuestras propias decisiones”, parece ser el grito de los ciudadanos que convocan los diversos mecanismos y de los votantes que van a las urnas ante la disyuntiva binaria de un SÍ o NO. La venganza de la gran ágora ciudadana frente a la jaula de intereses y mentiras de los congresos y demás recintos legislativos.
Pero los cubículos encarnan siempre un riesgo y el ágora convencida de su independencia puede tener su cabestro bien amarrado y elegir siguiendo el camino del populismo y la discriminación. Las mayorías tienden a la tiranía y la simpleza, en medio de la fuerza con la que arrastran sus certezas suelen pisar a las minorías como males menores y esquivar la razón como una simple sarta de pretextos. Es imposible estar en contra de que asuntos importantes de la vida pública estén en manos de los ciudadanos, pero es clave entender que esas manos pueden destrozar valores y derechos democráticos, pueden hacer nudos inconvenientes o dar manotazos para resolver una indignación de corto plazo. Colombia, por ejemplo, estuvo cerca hace unos años, por la vía del referendo, de cambiar su constitución para otorgar un tercer periodo a un líder populista con ambiciones virreinales. En ese momento las mayorías lo aclamaban por encima de los melindres constitucionales.
California es el mejor ejemplo de lo que muchos han llamado la democracia extrema. Su constitución ha sufrido más de 500 enmiendas desde su aprobación en 1879. Todo comenzó como una lucha contra una empresa de ferrocarriles que se había convertido a comienzos del siglo XX en la fuerza política más importante del Estado. Pero las cifras dicen que las consultas populares se han convertido en un vicio, una necesidad y una estrategia corporativa. Entre el año 2000 y el 2010 se hicieron en California 74 consultas a los ciudadanos. Más o menos cada 2 meses se jugó un bingo electoral.
También allá, un referendo en 2008 intentó recortar derechos de las minorías y logró una victoria con el 52% de los votos para prohibir el matrimonio entre homosexuales. La Corte Suprema tumbaría esa decisión 5 años más tarde, tiempo durante el cual se ejerció un veto legal contra las parejas del mismo sexo. Más de 80 millones de dólares gastaron los grupos de presión durante la campaña. Para muchos los graves problemas fiscales del Estado vienen desde 1978 cuando se congelaron los impuestos inmobiliarios por medio de una consulta popular. En 2014 se impusieron algunas restricciones y se logró que haya una instancia previa entre promotores y legisladores para llegar a acuerdos que hagan innecesarias las consultas. Empresas, sindicatos, grupos religiosos y sectores productivos son quienes más han acumulado poder con la democracia ciudadana.
Entre nosotros, las consultas contra la minería han generado un gran entusiasmo del que hasta ahora no conocemos las consecuencias. Pero es seguro que veremos conflictos con mineros tradicionales, secretarios de hacienda llorosos y mineros ilegales celebrando. Muy pronto las consultas servirán de extorsión frente al gobierno central y el arreglo lo harán directamente los políticos. Las revocatorias en 100 municipios muestran que los periodos de 4 años tendrán una especie de refrendación a mitad de camino cuando la elección fue muy apretada. Y los alcaldes deberán dedicarse a las urgencias clientelistas y al populismo más barato. Habrá consultas hasta para dejar constancia como la anti taurina en Bogotá, y referendos para que las mayorías creyentes impartan lecciones a quienes pretenden ir más allá de sus mandatos. Más temblores que aplausos me producen las consultas populares.


martes, 2 de mayo de 2017

Marcha venezolana





Han ido llegando por necesidad. Acompañados de rabia y desespero, atraídos por un pequeño imán que promete un contacto, un escampadero temporal, una farmacia con todas las letras. Brillan en una ciudad hospitalaria a su manera, recelosa muchas veces, ensimismada casi siempre en su acento, sus gustos, sus miedos. Llegan buscando las periferias, trepando a las laderas donde el tesoro de unos dólares encaletados rinde un poco más en las tiendas. La primera noticia de esa pequeña migración llegó por la llamada de una amiga periodista que conocí hace unos años en un viaje y ahora intentaba traer a sus padres hasta el apartamento que compró con su hermano en las lomas de Robledo. En pocos años Medellín había pasado de ser destino turístico a destino a secas.
Pero la verdadera magnitud de esa marcha la viví el sábado anterior en medio de una caminada desprevenida por la ciudad. En el parque de El Poblado estaban unos doscientos venezolanos, muchos con la camisa vinotinto de la selección y una gran bandera en el suelo del escenario improvisado. Una protesta de lejos es sobre todo una oportunidad para la solidaridad y el desahogo personal. Dos megáfonos intermitentes y un cuatro formaban todo el aparataje de la manifestación que servía sobre todo para llenar planillas y recuerdos. Para el canto a capela del cumpleaños a Leopoldo López todos los presentes se pusieron de pie y los dos o tres patos que estábamos “infiltrados” en la reunión nos paramos espantados. El canto entusiasta del cumpleaños a un político genera de por sí una pequeña incomodidad, cuando ese político está a miles de kilómetros de distancia genera incredulidad y cuando ese político está en la cárcel por la sencilla decisión de otro político ya se produce un desconsuelo definitivo. La escena resultaba lánguida amenizada por los dados del parqués de los lugareños que oían sorprendidos.
Abandonamos el parque y pasando la calle estaba La casa del pan de jamón, un local que lleva cerca de un año y se ha convertido en la vitrina para que no todo sea arepa venezolana en las referencias culinarias del vecino. La caminada siguió hasta la tienda de un barrio de mecánicos y allí apareció una conversación inesperada. Cuatro hombres que mostraban haber terminado su jornada laboral hacía poco hablaban solo en números, parecía que cada uno tuviera una calculadora para preparar su frase. Comparaban sueldos y precios antiguos, alardeaban con mercados de otro tiempo, movían las tasas de cambio, contaban sus pesos actuales y se reían condescendientes de los amigos y familiares dejados atrás. Se tomaban sus cervezas con juicio y atendían a los cuentos de quién parecía ser el jefe de la manada, el más curtido en las lides paisas. Nunca hablaron de nada distinto a números y saldos añorados, odiados, presentes.
Ya en la noche, en Carlos E. Restrepo, barrio que se mueve al ritmo de las universidades cercanas, el carrito de arepas venezolanas sirvió para acompañar las cervezas de la tarde. Tenía menos de seis meses compitiendo con los perros omnipresentes, los sánduches con humos gourmet y los chuzos de estadio de La Iguaná. Todos los encuentros del día fueron casuales, anunciados por el acento, las estrellas de la bandera, los anuncios de las delicias culinarias. En todas las caras, en el tono de la voz, en el semblante, se advierte algo de angustia y alivio, un aire de incertidumbre que se cierne sobre los recién llegados que aún no saben si se quedan o se vuelven.