martes, 13 de febrero de 2018

Crimen uniforme






Medellín es una plaza interesante para ejercer. Con algunos límites borrosos, con oportunidades y silencios en cada esquina, con rondas conjuntas entre uniformados y civiles, y buenas costumbres para convivir. Algunos policías pagan por venir a trabajar a la ciudad. Las rentas criminales son amplias y siempre es posible conseguir un ajuste al salario por trabajos esporádicos como independiente. Por algo las patrullas voltean por donde toca, vigilan por donde no duele y tranzan por donde conviene. Raspar la olla y cuidar la plaza son parte de las funciones de cada día en la ciudad. Y los grandes golpes muchas veces se dan luego de un cambio de compinche. Desde el aire el helicóptero policial apunta su luz contra las calles con algo de cinismo, levantando polvo y soltando advertencias.
Pero no son solo los policías. El ejemplo viene desde arriba. Todavía no se olvidan las hazañas de Guillermo León Valencia Cossio al frente de la dirección de fiscalías de Medellín. Era un trabajo sencillo, solo necesitaba un borrador y una amplia gaveta. Tapó las vueltas de El Indio y guardó las carpetas de Chupeta. Simples descuidos entre tanto papeleo que le dejaron condenas en la Corte Suprema.
Ahora aparece la condena contra Gustavo Villegas. El año pasado al momento de la captura la Fiscalía habló de “acuerdos siniestros” con un sector de La Oficina. En ocasiones el helicóptero no logra los resultados esperados y las patrullas se ocupan de vueltas menores y toca llamar a los que son. Eso hacía Villegas. Le marcaba a Julio Perdomo, hombre de confianza de Don Berna, desmovilizado del Cacique Nutibara en 2003 y convertido en líder cívico de la Comuna 8 como por arte de mafia. Siete años después de su desmovilización ya estaba pagando cárcel por concierto para delinquir, desplazamiento forzado, extorsión y constreñimiento ilegal. Salió pronto y se convirtió en el “policía malo” del exsecretario de seguridad. Tal vez la falta de confianza en la policía lo obligaba a recurrir a Perdomo, un viejo conocido con el alias de El Viejo. Perdomo le ayudaba a Villegas a resolver pronto los afanes del alcalde por capturar fleteros, encontrar carros, tranquilizar cuadras. Era una vía expedita.
A finales de noviembre del año pasado fue capturado en Medellín el Mayor Héctor Fabio Murillo, jefe del Modelo Nacional de Cuadrantes de la policía. Según la fiscalía el Mayor era una especie de guardaespaldas de alias Inglaterra, uno de los duros del Clan del Golfo abatido hace tres meses en Chinácota. Murillo, en su tiempo libre, le abrió el camino en su último desplazamiento hasta Norte de Santander. Levantando retenes y abriendo trocha. Era además quien le conseguía las armas y aleccionaba a los policías que se ponían estrictos con sus cruces.
La más reciente historia es la de Lindolfo. Quien era capo y miembro de la Red de Aliados para la Prosperidad de la Policía Nacional. Un ciudadano preocupado y a la vez con cobrador de La Oficina. Su papel en la farándula lo hacía adicto a las cámaras de todo tipo. Tenía radio para contacto directo con la policía y acceso a sus cámaras de seguridad. Ordenaba un asesinato y luego revisaba los videos de la policía para comprobar que no hubiera mucho mugre.
Por aquí se habla de fronteras invisibles en los barrios, de territorios copados por bandas que no pueden cruzar los ciudadanos sin autorización. Cada día se trazan y crecen otras fronteras invisibles, puntos de contacto imperceptibles, barreras porosas entre los pillos y los encargados de purgas sus vueltas.




martes, 6 de febrero de 2018

Reseña de tribuna





El camino hasta las tribunas es tortuoso, marcado por los absurdos y los recovecos. Son tres anillos de seguridad casi imposibles de franquear. El primero impuesto por una ley de 2009 que se encargó, sobre todo, de crear unas comisiones de “seguridad, comodidad y convivencia en el fútbol”. Algo así como filar diversas entidades para que se encarguen de filar a los aficionados alrededor de los estadios. Las palabras comodidad y convivencia hacen parte, por supuesto, de un simple tic parlamentario, todas las leyes deben incluirlas en algún renglón. La ley la firman Uribe como presidente, Santos como ministro de defensa y Hernán Andrade como presidente del Congreso. Una terna arbitral que no da garantías. Entre los tres no completan 90 minutos de fútbol colombiano en la tribuna, y jamás han pasado una requisa. Pero la ley no se podía quedar solo en una lista de comisiones, de modo que suelta dos únicas disposiciones de fondo para erradicar la violencia en los estadios: control de alcoholemia y uso de estupefacientes en los alrededores y orientación en valores y principios para los integrantes de las barras. Buena combinación: firmes y tiernos.
De la ley pasamos al segundo anillo. Un decreto de mediados de 2010 firmado por Fabio Valencia Cossio como cuarto árbitro. Y uno comienza a intuir que el partido terminará mal. El decreto convierte poco a poco a los estadios en cárceles, a la Dimayor en el Inpec y al partido del domingo en una sufrida visita conyugal. Es un decreto corto, con apenas cinco artículos, pero tiene como anexo un tercer anillo de seguridad que es la mejor muestra de la histeria regulatoria, el desconocimiento del fútbol local como espectáculo y la arrogancia del portero recién colocado. Protocolo llama el decreto al largo anexo de 120 páginas de reglas para organizar de la mejor manera un disturbio. Es normal que los decretos malinterpreten una ley que malinterpretó la realidad, pero aquí de verdad se lucieron. Por ejemplo, se dice que las tribunas populares deben tener una malla de 25 metros de altura que las separe de la cancha. En algún momento se debió caer la propuesta de ‘Pacho’ Santos para que la malla fuera electrificada. Bueno contarles que en Medellín, por ejemplo, desde 2011 no hay mallas que separen las tribunas entre sí ni las tribunas de la cancha. Y se logró trabajando con las barras, con control interno de hinchas, integrando y no encerrando. Dice además que menores de 14 años no pueden entrar a tribunas populares. Lo que condenaría a muchos niños a conocer el estadio pasado octavo o noveno grado. Una estupidez que habría acabado con buena parte de la infancia de millones de colombianos. Les cuento que mi hija fue a la tribuna popular por primera vez a los seis años y no la mordió el lobo. Pide también enlace con base de datos de la policía en las entradas y circuito cerrado de vigilancia en los estadios, y reseña la obligatoriedad de entregar número de cédula, teléfono y dirección al comprar la boleta. Todo tiene plazo de implementación a Julio de 2012. Y todo, infinitas gracias a la decidia ambiente, se quedó en protocolo y discurso frente a madres asustadas.

Solo una mínima porción de lo escrito se está comenzando a cumplir. No las obligaciones adquiridas por el Estado. Solo una obligación delegada a Dimayor, y aquí el decreto y su protocolo ya no se malinterpretan sino que se tuercen. Llega el negocio. Un artículo dice que la Dimayor, por su conocimiento y control, deberá promover un sistema de registro de los miembros de las barras. La Dimayor no piensa en los abonos como medio idóneo donde está la información de la gran mayoría de los barristas sino que amplía el registro a todo el que quiera ir a fútbol y le entrega el trabajo a Tu Boleta. Además de eso lo llama enrolamiento, por no llamarlo carné de libertad vigilada. Son 12.000 pesitos por documento y ahora entraremos al estadio con cédula, abono y papel de Tu Boleta. “Tranquilo, -me dice el dependiente- después le entregamos el carné, por ahora puede entrar con la contraseña, lo importante es que pagó”. Pasados ocho años están empeñados en cobrar la ley, el decreto y el protocolo. Y lo lograrán, y lograrán además convertir las tribunas populares en guetos más cerrados a los que pretendían combatir.