miércoles, 11 de octubre de 2017

Códigos policiales






En Colombia las decisiones sobre política antidrogas han sido sobretodo un asunto de apariencias frente a los electores y los “aliados” extranjeros, de reflejo frente a una realidad violenta que desbordó al Estado, de populismo protector frente al miedo generado por el fantasma de la propaganda y la desinformación. Desde el ejecutivo se han ideado campañas, se han impulsado leyes y reformas constitucionales y se han cerrado los ojos ante las evidencias de fracasos y políticas contraproducentes. Prohibir sin mirar la realidad, perseguir sin mirar los resultados, condenar sin mirar los culpables. Ha corrido mucha coca, se ha quemado mucho moño, se han desteñido los carteles, ha cambiado la lógica en Europa e incluso en Estados Unidos, y la mentalidad de buena parte de nuestras autoridades todavía se rige por el Estatuto Nacional de Estupefaciente de 1986.
Las Cortes, tanto la Constitucional en 1994, como la Suprema en 2016, han puesto límites racionales y apegados a los derechos al afán carcelero de los sucesivos gobiernos. La despenalización de la dosis mínima en 1994 fue una de las obsesiones del gobierno Uribe que llevó hasta una reforma constitucional en 2009 para prohibir el porte y consumo de estupefacientes, salvo prescripción médica. Un canto a la bandera de “la mata que mata” porque en últimas esa prohibición no implica pena ni tratamiento obligatorio como bien lo dijo la Corte Constitucional.
Ya durante el gobierno Santos, un predicador de nuevos enfoques cuando habla en foros internacionales y un conservador duro cuando habla en Colombia, se aprobó la Ley de Seguridad Ciudadana (2011) que impone penas de prisión a quien “lleve consigo” cualquier sustancia estupefaciente, psicotrópica o drogas sintéticas reseñadas en el vademécum de la ONU. El año pasado la Corte Suprema no sólo afianzó el respeto judicial a la dosis mínima sino que amplió el rango de las cantidades a lo que llamó “dosis de aprovisionamiento”, de modo que en ocasiones una cantidad que supere por poco la dosis personal no necesariamente debe implicar una pena. Se entiende que es una conducta que solo afecta a quien porta la droga para consumo propio y por tanto no implica peligro para la salud pública, el bien jurídico protegido en este caso.

A pesar de lo anterior, en Colombia fueron detenidos 984.106 ciudadanos entre 2001 y 2015 por el delito tipificado en el artículo 376 del código penal, que describe las conductas y las penas para el tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Los datos los entrega un reciente informe del CEDE de la Universidad de los Andes donde se analiza el costo fiscal de la guerra contra portadores y traficantes. La mayoría de esas capturas terminan en preclusión o arreglos con la justicia. Solo el 1.7 % de los capturados acaba con una sentencia condenatoria y una pena efectiva en prisión. No es una lucha contra el narcotráfico ya que la mayoría de las capturas, el 73% de las efectivas entre 2010 y 2014, se dieron por porte de cantidades menores a 200 gramos de marihuana o basuco. Si hablamos de las capturas por porte de cocaína el 70% son por cantidades menores a los 30 gramos. Se puede decir que una buena porción de los presos por el artículo 376, bien sean condenados o sindicados, más de 26.000 ciudadanos, están encerrados por conductas que solo hacían daño a ellos o que están lejos del poder violento de grupos dedicados al narcotráfico. Durante 15 años el Estado ha gastado 10 billones de pesos en esas persecuciones muchas veces injustas y casi siempre ineficaces. Todo sigue obedeciendo a la lógica de recompensas para los policías por su cacería infructuosa en las esquinas. 

martes, 3 de octubre de 2017

Mapa de violencias






Meter la lupa, el bisturí y las pinzas para tratar de hacer una cuidadosa disección de cinco décadas de violencia en Medellín no es una tarea fácil. La idea era darle un poco de orden a una guerra mutante, cruzada por actores múltiples e inestables, combatida por un Estado débil y muchas veces cómplice, atizada por el narcotráfico que no conoce de lealtades y pintada por los arrebatos ideológicos que van y vienen. La iniciativa nació, durante la alcaldía de Aníbal Gaviria, desde la Unidad de Víctimas y el Museo Casa de la Memoria en Medellín. Cientos de personas, tanto víctimas, como testigos y victimarios, contaron su versión de los hechos. El Centro Nacional de Memoria Histórica y la Corporación Región lideraron el proyecto, y las universidades de Antioquia y Eafit acompañaron el proceso. Medellín: memorias de una guerra urbana, fue el título elegido para sus más de 400 páginas que entregan un panorama serio y algunas cifras y detalles sorprendentes.
Lo primero es ubicar a Medellín como el municipio más golpeado por el conflicto en Colombia en los últimos treinta años. Las cifras refutan la idea extendida de un conflicto rural y una población apática en las ciudades frente a su solución. Se habla de 19.832 asesinatos selectivos, 484 secuestros, 2.784 desaparecidos y  784 “acciones bélicas” en Medellín. La llegada de la guerrilla fue siempre una especie de fantasma, con algunas apariciones ciertas, que avivó una reacción por parte del Estado, casi siempre en sus peores formas, los narcos y los paramilitares. En los setenta la guerrilla era una noticia en la periferia (Anorí, Nudo del Paramillo, Urabá), pero a comienzos de los ochenta el EPL tenía capacidad para hacer un acto armado diario en la ciudad. Secuestros y atracos bancarios eran las acciones mayores de la guerrilla. Según la policía en 1988 tres cuartas partes de los 200 robos a bancos en Medellín fueron realizados por grupos guerrilleros. El secuestro de Marta Nieves Ochoa en 1981 por parte del M-19 llevó a la creación del MAS (Muerte a Secuestradores), la semilla del Cartel de Medellín y la lógica paramilitar. El MAS dejó más de 400 muertos en la ciudad y una marca que duraría cerca de quince años.
Entre 1983 y 1988 el número de homicidios en Medellín se multiplicó por cuatro. Había llegado la guerra frontal del Cartel contra el Estado luego del asesinato de Lara Bonilla. Cerca de 60.000 jóvenes en la ciudad ni estudiaban ni trabajaban y proliferaban las milicias, algunas veces aliadas con los narcos, las bandas a su servicio y la delincuencia por cuenta propia. Mientras tanto, el Valle de Aburrá tenía 1.900 policías asignados y el Estado hacía parte de su “tarea” por medio de organismo de “seguridad” locales que casi siempre eran grupos de “limpieza” y purgas nocturnas. Solo Seguridad y Control de Envigado dejó 400 asesinatos entre 1987 y 1991. No es raro que en esa guerra mutante un ex guerrillero del EPL terminara de líder paraco, un ex hombre del CTI fuera el gran respaldo de Don Berna y un policía hiciera de jefe de inteligencia de paras y narcos duros.
Medellín fue también centro de las desmovilizaciones. Cerca de 900 milicianos al final del gobierno Gaviria, de esos “reinsertados” mataron al 22%, también algo menos de 900 del Bloque Cacique Nutibara en 2003, y otros tantos del Héroes de Granada en 2005. Experimentos todos con alto número de reciclaje criminal. Otra de las ideas que subraya el informe tiene que ver con la inclinación a privatizar la seguridad, no solo como experimento espontáneo de los ilegales sino como un ensayo con respaldo legal. Esa última modalidad, bajo la figura de las Convivir, hizo que a mediados de los noventa Medellín tuviera una fuerza parapolicial legalizada equivalente al 25% de la policía.
Una frase del estudio sirve como resumen revelador para los tiempos cortos de twitter: “En Medellín hicieron presencia todos los grupos protagonistas del conflicto armado nacional, con el agravante de que en esta ciudad había una base disponible de bandas, combos y guerreros retirados de todos los viejos bandos que reactivaron sus destrezas en el ejercicio de la violencia y las pusieron al servicio de las grandes organizaciones militares”. La mejoría, sin embargo, es innegable. Hoy tenemos menos del 10% de los homicidios que teníamos en los peores años a comienzos de los noventa.