martes, 18 de septiembre de 2018

Días de bautizo





El gobierno apenas comienza, el presidente Duque todavía está afinando la guitarra ajena, dando los primeros compases, soltando timos y advertencias. Definiendo el tono de sus talleres Construyendo País y presentándose con un whatsaap (3125300000) donde se puede denunciar a los jíbaros. Red de informantes 2.0. Sin embargo, las primeras puntadas definen bien el talante del gobierno, sus aires infantiles y achacosos al mismo tiempo, su propaganda juvenil y su bandera conservadora, el acento agrio y torpe de algunos de sus ministros.
Lo primero que llama la atención es que Marta Lucía Ramírez parece ser el ala liberal del gobierno. Sus declaraciones respecto al necesario impulso a la implementación del acuerdo con las Farc, su negativa a la posibilidad de convocar a un referendo para reformar la JEP y la línea divisoria que trazó entre el gobierno y el Centro Democrático, la sitúan en el “mamertismo” según el termómetro ideológico del partido del presidente. Ramírez incluso desmintió el exorcismo del padre Chucho como primer acto del gobierno.
Tras ella aparece la huella de los ministros sonoros. La ministra de justicia es la que más ha dado qué hacer. Pasó de la excelencia a la triste inconveniencia. Se le abona que tiene las intenciones de una madre preocupada, pero no queda más que reprocharle su audacia un tanto ridícula en el tema de la dosis mínima. Sacó el borrador de un decreto que busca restringir un derecho constitucional y sus declaraciones sobre adictos, consumo, certificados de los padres, derechos de los policías y defensa de los niños muestran el rebujo que hay en su cabeza y en su cartera. Pero no se contentó con los derechos de los consumidores y siguió con la tutela. Ahora platea restringir el acceso al principal mecanismo de defensa de los derechos en el país. Quiere ponerle requisitos de tiempo, de jurisdicción y de procedibilidad a la acción de tutela. No ha logrado entender que todos los jueces tienen competencia para resolver sobre derechos constitucionales, que no se puede convertir una herramienta extraordinaria (en todos los sentidos), en un proceso ordinario. La ministra de justicia comenzó con ganas de lograr algunos tachones sobre la constitución y la jurisprudencia de la Corte.
Cuando la señora Borrero descansa madruga el ministro Botero. Su primera intención es regresar a las fumigaciones con glifosato. El ministro de defensa habla como agricultor poco asoleado y comerciante curtido: “Yo les voy a contar mi experiencia como agricultor, yo no he conocido un mejor herbicida que el glifosato, no existe (…) El herbicida que se usa en Colombia es glifosato, usted entra a cualquier almacén y ahí está.” Los fallos de la Corte Constitucional tampoco importan en este caso y mucho menos los estudios internacionales que señalan la “asociación positiva” entre el pesticida y el cáncer en humanos. Luego, me imagino que de nuevo como campesino, dijo que las protestas sociales tenían que regularse y remató con la acusación según la cual dichas protestas eran financiadas por ilegales. Desde sus días en Fenalco ha insistido en las pérdidas que dejan esos “desórdenes”. Un discurso que recuerda los dichos una y mil veces durante el gobierno Uribe: “La protesta está infiltrada por la guerrilla”. Tanto se repitió eso en su momento que, por ejemplo, líderes de la protesta de los corteros de caña en 2008 terminaron tres años en la cana luego de señalamientos del expresidente. Ante la repetición del discurso un caricaturista de la época decía que al parecer la guerrilla estaba infiltrada por campesinos que protestaban.
Carrasquilla también ha entregado lo suyo a la comedia, pero casi siempre a nombre propio. De modo que los ministros hablan en la mañana y el presidente maquilla y pule en las tardes. Una regla, un lápiz rojo y un bisturí para hacer la cartelera de todos los días.






martes, 11 de septiembre de 2018

Consumo al tablero






En la discusión sobre el consumo de drogas por parte de escolares los datos suelen leerse como un insumo necesario para la alarma, unos números claves para la histeria, un justificante para hacer algo, lo que sea, una medida enérgica, un tranquilizante para los padres. Leer los datos con mesura será visto como una alcahuetería. Es necesario encontrar en ellos, a como dé lugar, como lo demostró el reciente artículo de la revista Semana, motivos para el pánico.
Sin embargo, el último Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población Escolar realizado en 2016 por los ministerios de educación, salud y justicia en compañía de la OEA, en el que participaron un poco más de 80.000 estudiantes de los grados séptimo a once de colegios públicos y privados del país, deja ver algunas mejorías, algunas cifras para la preocupación y algunas posibles claves para actuar más allá del grito en el cielo y la excitación gubernamental.
Lo primero es una disminución sostenida desde 2004 en las cifras de consumo de alcohol y cigarrillo. Las sustancias legales medidas en el estudio muestran que es posible mejorar con campañas de educación y controles. El tabaco es el caso más exitoso: mientras en 2004 el 23.8% dijo haber consumido cigarrillo en el último mes, en el 2016 la cifra cayó hasta el 7.6%. Los paquetes están en los mostradores y cada vez menos en las manos de los escolares. El alcohol, aunque el 70% de los estudiantes dijo se puede conseguir fácilmente, también mostró un reducción sustancial en el consumo: en 2011 casi la mitad (46.6%) dijo haber tomado en el último mes, en 2016 un poco más de una tercera parte (36.3%) dijo haberse encontrado con el chorro. Las diferencias entre departamentos, muestra que los problemas son muy distintos y por tanto las medidas deben serlo. Por ejemplo, Antioquia, Caldas, Risaralda y Armenia casi doblan en consumo a los departamentos de la Costa Atlántica. Algo similar sucede con las sustancias ilícitas por las que se indaga en el estudio.
Vamos a las drogas ilícitas o de uso indebido. Se les pregunta a los jóvenes si alguna vez en su vida han consumido alguna de las siguientes sustancias: marihuana, cocaína, basuco, éxtasis o inhalables como Popper o Dick. El aumento entre 2011 y 2016 es del 1.4%, pasando del 12% al 13.4%, lo que no parece suficiente para decir que el consumo se ha disparado, tal y como se ha oído todos los días en las últimas semanas. Incluso cuando se les pregunta si han consumido algunas de esas sustancias en el último año se ve una pequeña reducción en los hombres (de 10.5% en 2011 a 9.7% en 2016) y un aumento moderado entre las mujeres (de 6.8% a 8.4%).
Se habla mucho del consumo de marihuana como sustancia que inicia a los jóvenes en el consumo. Pero los escolares que dijeron haber fumado moño en el último año no crecieron más de un punto porcentual entre 2011 y 2016, y cuando se mide si ese consumo implica un alto riesgo, el estudio muestra que apenas el 1.8% del total de escolares se encuentra en ese punto dado su nivel de consumo.
En cuanto al acceso a las drogas, un 70% dice no haber recibido nunca una oferta para probar o comprar. Lo que nos enseña que no se venden como golosinas en la puerta de los colegios. Un 19% dijo haber recibido una oferta semejante en el último año. Tal vez la mayor preocupación debería estar en la baja percepción de riesgo, ya que la idea de un gran riesgo por el uso frecuente de coca y marihuana, está muy cerca del riesgo que advierten por uso frecuente del cigarrillo, y no muy lejos del alcohol. Es claro que es necesario hablar más de las sustancias ilícitas, satanizarlas no es solución, hay que hacer palpables los riesgos con mejores herramientas que la lección de los policías en el baño del CAI. Tal vez la comprensión de lectura de medios, gobierno y opinión pública pueda también ayudar a mejorar los indicadores de consumo entre jóvenes.



martes, 4 de septiembre de 2018

Decretar la requisa







Desde hace 25 años los sucesivos gobiernos han pontificado, amenazado y legislado contra el fallo de la Corte  Constitucional que despenalizó la dosis personal en Colombia. Cesar Gaviria, el presidente sorprendido con la sentencia, habló de la necesidad de un referendo para volver a la prohibición. Los tiempos de Escobar apenas habían pasado y hablar de drogas sin penas era un despropósito. Fue más una postura conveniente que una intención cierta. Los políticos, como muchos fumadores vergonzantes, suelen esconder no sus humos, sino sus convicciones cuando estas no concuerdan con las mayorías. Luego, Samper mencionó la necesidad de una reforma constitucional que reafirmara el compromiso de Colombia contra las drogas. Sabemos que le hablaba sobre todo a la embajada de Estados Unidos. Samper tenía que hacer olvidar una entrevista vieja en la que habló de legalización y una campaña reciente en que se habían legalizado unos aportes.
Para sorpresa de muchos el gobierno conservador de Andrés Pastrana olvidó el tema. Las preocupaciones eran otras y fue un milagro que no se invocara a Nora y a los niños para tumbar esa alcahuetería. La llegada de Uribe marcó una verdadera obsesión con el tema, un ensañamiento, un vicio casi. En un principio pretendió un empadronamiento por parte de la policía para los simples portadores. Uribe, siempre tan organizado, quería sacar el carné del marihuanero expedido por la policía. Y pretendía, además, el tratamiento obligatorio para adictos. No es claro si eso incluía los electrochoques que impulsaba su vicepresidente. Luego de cinco intentos fallidos logró una victoria simbólica en 2009, una prohibición santanderista sin palpables consecuencias en la calle. Uribe insistió que al menos la reforma implicaba el obligatorio decomiso de la dosis por la policía. Santos se posesionó y para seguirle la corriente a quien todavía era su padrino, propuso una reforma al código penal para que el porte de la dosis dejara de ser excepción al delito de narcotráfico. Santos era un liberal de foros internacionales y un policía corriente en el Congreso.
Es el turno del joven Duque. Necesita mostrarse preocupado por la familia y los menores, requiere una pequeña pantomima. No importa la reforma constitucional que logró su apoderado, ni que el reciente código de policía traiga una prohibición expresa del consumo en espacio público y una clara sanción administrativa. La ministra de justicia dijo hace poco que la dosis mínima es una “protección a los adictos” y que quien no sea adicto está traficando. Quiere sacar el carné de adictos. La señora tiene sin duda los cables trabados.
El proyecto de Duque pretende no solo castigar el consumo en sitios públicos sino el simple porte obligando al decomiso de cualquier cantidad de droga, así sea un “cacho de marihuana”, como dice el presidente con lenguaje setentero. Las consecuencias serán muy sencillas. La requisa discrecional de los policías sobre “jóvenes sospechosos”. Un trabajo de Julieta Lemaitre y Mauricio Albarracín publicado por la Universidad de los Andes en 2013, mostró que las detenciones de la policía relacionadas con la dosis mínima recaen especialmente sobre indigentes y jóvenes de bajos ingresos. Los policías deciden cuáles consumidores son potenciales delincuentes o tienen un “alto grado de excitación” que justifica detenerlos. Los jóvenes de clase media o alta nunca terminan en los CAI para evitar problemas. Ahora los policías decidirán a quiénes requisan. Saben en qué bolsillo pueden meter la mano. Habrá requisa y decomiso para los jóvenes de bajos ingresos y una pequeña sobretasa para quienes muestren capacidad de pago. Pura economía naranja.

martes, 28 de agosto de 2018

Votación inconsulta




Hacía tiempo no se veían unas elecciones tan mansas, tan poco cargadas de odio, tal libres de adoctrinamiento y otros impulsos. Los puestos de votación no tenían el aire de desconfianza y recelo al que nos hemos acostumbrado. Fueron unas elecciones extrañas, unánimes de algún modo. Los contradictores no eran quienes estaban entre los que iban llegando a los puestos de votación o buscaban su mesa a nuestro lado en los listados, sino quienes estaban en la casa y desestimaban la democracia sin intermediarios, las decisiones sin grandes marcas ideológicas o personales. Apenas dos meses largos después de la segunda vuelta presidencial, los candidatos enfrentados con todas las letras estaban de acuerdo en un tarjetón con siete preguntas.
Solo una pequeña porción de egocéntricos y paranoicos vieron la consulta como un ataque personal. Cualquier discusión lejana a sus pugnas, donde no sean protagonistas de primer orden resulta inconveniente para ellos. Es posible además, que el líder de esa secta pensara en su experimento fallido de participación ciudadana hace quince años, y en las comparaciones que lo podían poner por debajo en capacidad de movilización. Tiempos aquellos, donde la palabra patria estaba en todos los discursos y se justificaba el gasto en papel, tinta y cubículos.
Parece increíble que una elección casi anónima tuviera un nivel de participación solo un poco más bajo, un millón y medio de votos menos, que la elección más belicosa y agresiva de los últimos tiempos: el plebiscito sobre los acuerdos con las Farc, una supuesta disyuntiva entre la entrega del país a un grupo armado que dejo miles de víctimas en cincuenta años de conflicto y la promesa de una paz “estable y duradera”. La votación del domingo demostró que casi una tercera parte de los ciudadanos salen a votar sin necesidad del fuego ideológico, sin el arrastre de una hecatombe a la vista, sin ardores ni cebos en contante y sonante.
Esa espontaneidad de los votantes, dada además frente a un cuestionario marcado por la enseña anticorrupción, hace que sea muy complejo endosar los votos a partidos o candidatos. La menor votación en la consulta coincide con los departamentos de las costas donde el Sí y Petro sacaron mejores resultados. Excepto algunas capitales como Cartagena, Barranquilla, Popayán y Pasto. Y el centro del país donde el Uribismo ha sido ganador en los últimos años, mostró apoyo fuerte en la consulta, incluso en las zonas rurales donde las votaciones fueron bastante mayores a las logradas por Petro en segunda vuelta. En un departamento marcadamente uribista como el Huila, la consulta logró el umbral con más del 34% de participación. En siete municipios del oriente Antioqueño, donde el Uribismo es legión, la consulta pasó del 33% exigido para ser vinculante. Mientras en Medellín sacó cien mil votos más que Fajardo, Petro y De La Calle sumados en primera vuelta. La participación fue más una señal de cultura democrática, de madurez política y criterio propio a la hora de votar, que un asunto de filiación partidista u obediencia al caudillo. Aunque hubo algunas coincidencias notables entre regiones donde fueron fuertes los verdes y donde se votó con ganas el cuestionario.
Quedan varias preguntas para lo que viene ¿Tienen las consultas riesgos cercanos al llamado “estado de opinión”? ¿Puede convertirse en un instrumento para que las mayorías restrinjan algunos derechos de las minorías? ¿Sirve el mecanismo para reformar la Constitución como decían algunos críticos sucedía con las preguntas 1 y 7? Sin duda hay riesgos apreciables que no deberían desconocer quienes hablan de bajar el umbral o convertir el mecanismo en un juguete para cada desacuerdo.

martes, 21 de agosto de 2018

Noticias del caserío







La música truena en un kiosco a orillas del Río Sucio en el departamento del Chocó. A horcajadas sobre las barandas que rodean el amplio kiosco hay tres mesas plásticas acomodadas según un orden sugerente: una amarilla, otra azul y una última roja. No parece haber sido una cuestión del azar ni de los tragos. En dos billares ubicados afuera del kiosco, seis hombres juegan sus suertes entre medias de guaro. Dos policías sirven de espectadores, comentan una jugada, sonríen con su fusil al hombro, señalan una posible tacada. El resto del caserío duerme entre las chicharras silenciadas por el vallenato.
Cerca de ciento veinte personas viven en el caserío que la jerga oficial ha llamado Zona Veredal Transitoria de Normalización y Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación. Nombres intrincados para realidades complejas. Han pasado dos años desde la llegada de los combatientes a un platanal a quince kilómetros de Belén de Bajirá. Un tiempo largo, una espera quieta. Ninguno de ellos imaginaba que la paz era el tedio, que le reconciliación era algo parecido a pararse frente a la ventanilla siempre morosa del Estado. Más de la mitad de los combatientes se fueron a buscar vida cerca a sus familiares, a intentar aventuras colectivas en otras tierras, a ensayar una azarosa libertad fuera de la escuadra. Han llegado familiares de los que persisten en esa colección de casas de cartón acompañadas de baños comunes, una tienda, dos billares, una cancha de fútbol, un teatro, un sitio de internet y algunas aulas. Las plataneras, matas de maíz y yuca, algunas flores y los corrales dejan ver esos dos años de vida improvisada. La suma de los gatos, los perros y las gallinas superan a los habitantes humanos.
Hasta ahora ha sido imposible armar una cooperativa para buscar un proyecto colectivo. Solo hacer coincidir las firmas con el nombre registrado en las cédulas ha sido un problema insalvable. Encajar en la sociedad, convencer al Estado, lograr que los niños no sean llamados guerrilleros en el colegio no ha sido fácil. Tal vez la relación más fluida hasta ahora ha sido con sus antiguos enemigos a muerte. Los policías que cuidan la zona han terminado con una vida muy similar a los desmovilizados. Ahora se tratan con respeto, hasta con cariño, “ya somos familia”, dicen, y hasta los abismos ideológicos se han ido cerrando.
El reclamo recurrente es tan viejo como el conflicto que terminó. “¿Para qué vamos a gestionar un proyecto si no tenemos tierra, dónde lo vamos a desarrollar, en la cabeza?” Saben que viven en arriendo y que en enero se acaba el contrato entre el gobierno y la “dueña” del caserío. La tierra donde están tiene, para que nadie se extrañe, un proceso de restitución. Los tiempos se hacen eternos mientras el megáfono comunal anuncia la llegada de las pipetas de gas. Las discusiones de la comunidad se parecen mucho a las de las familias recién llegadas a vivir a edificios con apartamentos de interés social en las ciudades: fiaos en la tienda, problemas por el ruido, reclamos por el uso de espacios o proyectos comunes. Asuntos más del Código de Policía que del Estatuto antiterrorista.
En medio de la vida civil los más jóvenes parecen disfrutar de una libertad desconocida, como si hubieran llegado súbitamente a la mayoría de edad. Ahora pueden moverse “en la medida de su pobreza”, según las palabras repetidas por un joven de Curvaradó con unas cervezas encima. Quienes sumaron más años en la guerra viven con cierta resignación, con una esperanza algo más menguada, tirando al aire el ficho que el Estado les entregó para esperar el turno de una nueva vida.


martes, 7 de agosto de 2018

Golpe de realidad




Lo primero será extrañar al gran enemigo, añorar su torpeza y las oportunidades que ofrece siempre un blanco fácil. No podrá persistir en esa batalla, no tendrá a la mano la amenaza a la que tanto se acostumbraron sus partidarios para llamar a la unidad, al patriotismo, al linchamiento. Tendrá que buscar nuevas miras, cambiar de cruzada, invocar nuevas victorias, porque luchar contra una sombra solo deja ver la paranoia y el ridículo. La mano que Uribe le ofreció a Victoria Sandino en la instalación del nuevo Congreso, es de algún modo el reconocimiento del fin de un enemigo que le prestó grandes servicios. “El enemigo es el cuerpo de nuestra propia pregunta”. Nunca es fácil cambiar de interrogantes y de respuestas.
Lo segundo será el alivio de encontrar algo más lejos el abismo que advertían sus padrinos y partidarios. Iván Duque pasó casi sin solución de continuidad de la burocracia internacional a las campañas políticas. Digamos que en su oficina en Washington estaba acostumbrado a respetar las cifras, a pensar los datos, a ver la honestidad intelectual como una virtud y no como una debilidad. Luego llegó a lidiar con los estrategas de la mentira y los compañeros que no cuidan las comunicaciones. Ahora, más cerca de los informes que de los discursos, sabrá que el infierno está más lejos de lo anunciado, y que los indicadores son siempre un arma arrojadiza.
Luego vendrá la mezquindad, casi siempre disfrazada con adulaciones y medallas en el escenario de la política. Duque está acostumbrado a una bancada ordenada según las reglas de un patrón inflexible, a un partido que es sobre todo un corrillo alrededor de un hombre vociferante. Una bancada para dejar constancias: “Para hacer ruido se elige a la gente más pequeña, los tambores”. Ahora tendrá que lidiar con partidos recién llegados a su gobierno, políticos que saben que todavía no es hora de mostrarse ávidos, pero que en la primera oportunidad le darán un pinchazo como advertencia, luego dejarán algo fétido en su atril a manera de amenaza y al final no dudarán en dar el zarpazo. La pequeña anarquía de hace unos días para nombrar comisiones y “dignidades” en el Congreso, mostró algo de lo que se viene. Ese salón será el escenario de sus principales debilidades, sobre todo porque ahí está su principal protector, su dependencia, el recuerdo de su vasallaje.
Su gabinete entrenado sobre todo en las juntas empresariales sufrirá un duro golpe contra la papelería del Estado, contra la tortuosa obligación de llenar las formas de la burocracia. Los militares no obedecen como los tenderos, los hospitales de Córdoba y Sucre no se trapean como la Fundación Santa Fe, las licencias ambientales no se tramitan con descuentos y los profesores no obedecen con la mansedumbre de los vendedores por catálogo. Vendrá la furia de los gerentes a la que la burocracia es indiferente, y la impotencia y la renuncia y el hambre de los políticos que soltarán con sorna una frase conocida: “Se los dije”.
Todo eso sucederá mientras el nuevo presidente lee el censo en la soledad de su oficina, con los retratos y los demonios de Palacio observando al joven aprendiz que toma notas y subraya sus cuadernos recién forrados. Mientras tanto, afuera, estarán los guerreros de siempre, los expertos en selvas, montes, política, gentes, muerte…, quienes han pasado de guerrilleros a paracos, de paracos a pillos a secas, de pillos a disidentes. Aprenderá, en últimas, que la banda presidencial es también una soga.



miércoles, 1 de agosto de 2018

De la silla al banquillo






En América Latina los presidentes casi siempre tienen trabajo asegurado al dejar su silla. Las afugias de un juicio penal se han convertido en rutina para los exmandatarios, y sus acompañantes pasan muy pronto de guardaespaldas a guardas a secas ¿Qué hace que en países acostumbrados a altos niveles de impunidad la figura política más poderosa termine con tanta frecuencia en el banquillo de los acusados? ¿Son tan grandes y visibles los actos de corrupción, los abusos de poder, las persecuciones a los opositores? ¿O son inevitables las venganzas políticas, las traiciones de los herederos electorales, los montajes de los enemigos gratuitos o merecidos? Las preguntas son difíciles de responder. Lo cierto es que al parecer, entre nosotros, los escenarios políticos no son suficientes para resolver las tensiones democráticas. La política termina necesariamente ante la instancia definitiva de los jueces y magistrados, los debates acaban en interrogatorios y las rendiciones de cuentas en juicios.
Perú, por ejemplo, tiene una historia ejemplar de procesados presidenciales. Alan García vivió ocho años de exilio entre Colombia y Francia luego de que en 1991 fuera acusado de usar 500.000 dólares del presupuesto público para construir tres casas en Lima. Fue el primer presidente peruano en enfrentar un juicio, aunque fuera huyendo. El Congreso levantó su inmunidad y quedó en manos de un fiscal de apellido Jurado. Siempre dijo que le tenían temor a su regreso a la presidencia y luego de la prescripción del delito en 2001, en efecto volvió a ser candidato y perdió con cerca de cinco millones de votos. Fujimori pasó de inofensivo agrónomo a monstruo de tres periodos presidenciales y convirtió los organismos de inteligencia en agencias contra la oposición y a sus asesores en verdugos. Viajó a Japón como un abuelo meditabundo en el año 2000 y volvió extraditado para enfrentar condenas por delitos de lesa humanidad, peculado y espionaje telefónico. El año pasado el debate sobre el cumplimiento efectivo de su pena todavía sirvió para resolver las elecciones en su país. Ollanta Humala está bajo prisión preventiva desde hace un año por un proceso por lavado de activos relacionado con Odebrecht. Para bien o para mal en el canazo lo acompaña su esposa. Y Alejandro Toledo dijo hace unos meses que si se levanta su detención preventiva volverá desde Estados Unidos a enfrentar el juicio por supuestamente haber recibido veinte millones de dólares de la dadivosa Odebrecht.
En Ecuador los procesados van desde el payaso de Bucaram pasando por Lucio Gutiérrez, quién fue su edecán y luego llegó a la presidencia, hasta llegar al ceñudo Rafael Correa en guerra política con su antiguo escudero Lenín Moreno. Bucaram, acusado de peculado, está asilado en la Panamá del expresidente Martinelli, quien se encuentra en detención preventiva por el supuesto espionaje a 150 opositores. Por su parte Lucio Gutiérrez se asiló en Brasil y Colombia, pero la nostalgia lo hizo volver a su país a enfrentar juicios por atentar contra la seguridad del Estado y otras gracias. Lula de Silva, favorito indiscutido en las encuestas en Brasil, está en la cárcel luego de un cerrado 6-5 en la Corte Suprema. Corrupción leve y lavado de activos marcan sus doce años de prisión. Y Cristina Kirchner no está en la celda preventiva por encubrimiento gracias a la inmunidad que le presta su posición de congresista. Dejemos quieto a Menem para no ir tan lejos y a Gonzalo Sánchez de Lozada para no subir hasta La Paz.
Las disyuntivas que plantean los procesos repetidos no son nada halagüeñas para estas precarias democracias. O los presidentes están siempre bordeando el código penal, o las Cortes y otros encargados de los juicios están siempre conjurados.




martes, 24 de julio de 2018

Vicios electorales






El uribismo ha convertido en vicio su intención reiterada de acabar con la figura de la dosis personal reconocida desde 1994. La obsesión tiene algo de tara moral y mucho de oportunismo electoral. Esa promesa es una golosina irresistible para los votantes que consideran una solemne alcahuetería que no haya cárcel para los consumidores de “semejantes porquerías”. La idea, un tanto arrevesada, se resume en que el Estado debe proteger a los ciudadanos de los estragos de la droga con una dosis apropiada de cárcel. En el referendo fallido de 2003, Uribe incluyó el tema como una de las preguntas claves para incluir razones sencillas y vendedoras entre su galimatías de caprichos administrativos, penales y presupuestales. Para la campaña reeleccionista en 2006 reiteró la propuesta con la vehemencia de quien lucha contra una epidemia. Uribe y muchos de sus seguidores no pueden entender que haya límites a la actuación punitiva del Estado frente a conductas que solo causan un daño a quien las practica. Piensan igual a quienes lideraron la hegemonía conservadora hace 100 años en Colombia: “El mal no tiene derechos”.
La frase que es ya una especie de promoción de campaña se oyó en boca de su pupilo durante el primer semestre del año: “Vamos a acabar con la dosis personal para el consumo de drogas para proteger a nuestros jóvenes”. Dicha prohibición es casi un imposible constitucional. Tiene múltiples respaldos jurisprudenciales de las altas cortes y por supuesto sustento en diversos artículos de nuestra carta de derechos. En 2009, tal vez uno de los momentos de mayor respaldo del Congreso al gobierno Uribe, se aprobó un acto legislativo que incluyó en el artículo 49 de la constitución la prohibición del “porte y consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas”. El Congreso se negó a aprobar los textos más duros y punitivos que proponía el presidente. Pasaron cinco proyectos de reforma y muchos cambios en el legislativo hasta encontrar una fórmula que prohíbe el consumo y dispone “medidas administrativas de orden pedagógico, profiláctico, terapéutico con el consentimiento informado del adicto…” Se impuso pues una prohibición de la que no se sigue un castigo.
Para las Cortes es claro que los portadores y consumidores de una dosis personal (20 gramos de marihuana, 1 de cocaína y 2 de metacualona) conservan su protección constitucional y “es posible tener por impunes las conductas de los individuos dirigidas al consumo de estupefacientes en las dosis mínimas. Lo anterior, en razón al respeto al derecho al libre desarrollo de la personalidad, y a la ausencia de lesividad de conductas de porte de estupefacientes encaminadas al consumo del adicto dentro de los límites de la dosis personal, pues éstas no trascienden a la afectación, siquiera abstracta, del bien jurídico de la salud pública…” De modo que los cambios requeridos para llevar a la cárcel a los consumidores a la cárcel podrían constituir una sustitución de la constitución. El uribismo, experto en el tema, lo sabe muy bien.
La prueba reina de que la cantaleta del Centro Democrático es sobre todo una argucia en busca de votos, es un proyecto de ley presentado en 2016 por la bancada de ese partido en la Cámara y respaldado por Iván Duque como autor en el senado. El proyecto entregaba protección a la dosis personal y definía la dosis de aprovisionamiento, además proponía la creación de centros de consumo controlado con suministro de drogas a los adictos por parte del Estado. Se aprobó en plenaria de la Cámara y estaba listo para ir a comisión séptima del senado. Pero no casaba con el discurso de campaña y decidieron retirarlo en silencio, con razones entre mentirosas y risibles.
Detrás de la mano dura, hay sobre todo una postura frívola y manipuladora, una utilización del castigo como carnada electoral y un desprecio por los derechos de los consumidores y las evidencias de los investigadores contra las estrategias del castigo.

martes, 17 de julio de 2018

Portadas de ahogado





Hace quince años comenzaron los primeros contactos en San José de Ralito, corregimiento de Tierralta en Córdoba, para la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). El proceso duró cerca de tres años y en 2006 se presentaron ante el gobierno y la sociedad 31.671 combatientes que entregaron algo más de 18.000 armas y decían estar dispuestos a dejar la guerra. Hoy se dan versiones variadas sobre la magnitud y el significado de la herencia criminal que dejó el proceso; incluso se discute la manera como deben nombrarse quienes volvieron a las armas y la ilegalidad, para algunos una nueva generación paramilitar, para una versión más oficial y aceptada Bandas Criminales.
No cabe duda que el paramilitarismo como organización contrainsurgente, ligada a amplios sectores del ejército y la policía, con gran incidencia en la política regional y nacional, dejó de existir para convertirse en un nuevo engendro. Se había firmado el fin de la gran organización criminal con mandos claros en las regiones, un manual ideológico, líderes nacionales con vocería en los medios y capacidad de presionar e influir en el gobierno nacional. En 2011, cinco años después de la desmovilización, las cifras oficiales hablaban de 1.229 reincidentes capturados, centenares dados de baja y otros tantos activos. Hace un poco más de dos años la Agencia Nacional de Reintegración entregó una cifra de 24% de reincidencia por parte de quienes se presentaron a las listas de Justicia y Paz. La gran mayoría de los mandos medios armaron estructuras acordes a su capacidad y fueron creciendo nombres como ‘Los Paisas’, ‘Los Urabeños’, ‘Los Rastrojos’. En Urabá se consolidó un liderazgo nacional y el Clan del Golfo se convirtió en una especie de franquicia que agrupó a variadas e independientes bandas con modales y ropaje paraco, pero con muy distinto alcance, discurso y relación frente al Estado, que se convirtió en un enemigo más cierto como lo demuestra el final de Giovany, El Indio, Gavilán, Inglaterra y decenas de cabecillas más, y frente a las con las guerrillas que en algunos casos comenzaron a ser aliadas en empresas criminales de narcotráfico y minería ilegal. Sin duda conservan control territorial en algunas zonas e intimidan liderazgos incómodos en otras, pero su discurso cambió y su interés principal son las rentas criminales. Incluso muchos de ellos han terminado como segundos de los narcos mexicanos que vienen por su surtido.
Todo este recuento para intentar un paralelo con lo que son hoy las disidencias de las Farc y la posible “refundación” de esa guerrilla de la que habló la revista Semana. Al igual que las AUC las Farc dejaron de existir, así algunos de sus mandos medios quieran conservar sus viejos discursos y negocios, y así quieran posar de comandantes. El gobierno habla de una reincidencia cercana al 10% mientras los más pesimistas señalan un porcentaje que estaría muy cerca del 24% aceptado en el caso de los Paras. Las “Farcrim” no serán nada muy distinto de lo que es el Clan del Golfo que hoy estrena ley para buscar un sometimiento. Una federación de grupos independientes con un degrado discurso ideológico que es simple fachada, con el centro de sus rentas y aliados en las fronteras y con una base social reducida a la mano de obra de gatiilleros, narcos y campaneros. Ni siquiera los cultivadores de coca serán cercanos a sus estructuras. Rehuirán al ejército en vez de enfrentarlo y no harán conferencias nacionales sino “juntas directivas” locales. No tendrán ni argamasa ideológica ni coherencia histórica. Las Farc han desaparecido, lo demás son portadas de ahogado.






martes, 10 de julio de 2018

Receta venenosa









Cuarenta años se cumplen en Colombia de la receta de venenos como solución caída del cielo contra los cultivos ilícitos. En 1978 el Inderena advertía sobre las intenciones, planteadas por Estados Unidos, de fumigar cerca de 19.000 hectáreas de marihuana en la Serranía de Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta. Era un bonito bautizo a la Ciudad Perdida descubierta dos años antes. El Inderena hablaba de posibles perjuicios contra la salud humana y los “recursos básicos de toda actividad económica como son el aire, el agua, los suelos y la fauna”. Pero se imponían las recomendaciones desde el norte. Durante cerca de seis años se probaron diferentes agrotóxicos, entre ellos el “agente naranja”, arma de guerra en Vietnam que obligó al ejército gringo a pagar indemnizaciones a más de dos millones de soldados que lo regaron a conciencia sobre los vietnamitas, y el paraquat, garantía contra los moños de cannabis que se usó en Estados Unidos hasta 1983. Incluso un presidente obediente como Turbay tuvo algunos reparos a la fumigación indiscriminada con paraquat según informes norteamericanos: “El Presidente Turbay (1978-1982) se mostró renuente a desarrollar una campaña de erradicación por aspersión debido a la controversia internacional alrededor del tema del paraquat y a otras hasta ahora indefinidas problemáticas ambientales”.
En 1984, el ministro de salud de la época, Jaime Arias Ramírez, reconocía la enorme presión desde los Estados Unidos para el uso del paraquat: “(…) debemos ser los colombianos los que tomemos la decisión y no la tomen desde otros países.”. No valieron los conceptos adversos de expertos en Colombia y muy pronto Enrique Parejo González, ministro de justicia, decidió a puerta cerrada la estrategia de fumigación. Entre 1984 y 1987 se fumigaron más de 30.000 hectáreas de marihuana con el milagroso glifosato. Los resultados fueron muy buenos…para los cultivadores: “por desplazamiento, el cultivo neto de marihuana aumentó en más de 150% entre 1985 y 1987.” Los noventa fue el tiempo para las fumigaciones sobre la coca. De nuevo aparecieron las advertencias desde el ministerio de salud, en su momento Camilo González Pozo: “Tampoco se debe desconocer que estos productos no son inocuos para la salud humana, puesto que han sido diseñados con fines letales sobre organismos vivos (Insectos, malezas etc.) Su uso inadecuado e indiscriminado, representa un riesgo real y permanente para la población y para el medio ambiente”. Gaviria regañó al ministro y siguió adelante. Samper fumigó con ganas para congraciarse con Frechette e incluso aceptó la participación mayoritaria de pilotos gringos que llegó a su pico en el segundo gobierno Uribe. En 2009 llegaron a trabajar en Colombia 335 empleados de la DynCorp, empresa contratista del gobierno americano para manejar las aspersiones aéreas.
Desde los años de Samper hasta 2015 se han fumigado en Colombia cerca de dos millones de hectáreas. Más que los resultados han valido las advertencias y las evaluaciones de “buena voluntad” frente a los nortemericanos, quienes suspendieron fumigaciones en su territorio desde hace veinte años tras rociar por última vez en Hawaii. Durante los años de fumigaciones crecientes, entre 2003 y 2007, las hectáreas de coca se mantuvieron estables entre 85.000 y 90.000 hectáreas. Años más tarde, en el Putumayo el promedio de fumigación se mantuvo durante cuatro años y las hectáreas de coca se triplicaron. En Antioquia, la fumigación se triplicó entre 2013 y 2014, y las hectáreas de coca se duplicaron. En Meta y Guaviare el Roundup oficial disminuyó 30% en 2014 y ese año la coca sembrada cayó el 3%.
Ahora Iván Duque pretende volver a la vieja receta, no importan las 8.000 quejas en la Defensoría por efectos de las fumigaciones, ni las condenas del Consejo de Estado contra la policía por sus regalos de veneno, ni la nueva clasificación del Glifosato que hace el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC) al relacionarlo con la generación del linfoma no-Hodking, ni la claridad de la sentencia de la Corte Constitucional en febrero de 2017: “En concreto, la aplicación del principio de precaución en el presente caso tendrá como objetivo prohibir que, en adelante -no obstante la actual suspensión voluntaria de aspersiones aéreas con glifosato- se use o se retome el uso del herbicida glifosato en el programa de erradicación de cultivos ilícitos en forma de aspersión aérea”. Arrodillarse puede ser popular, pero no útil.













martes, 5 de junio de 2018

Vaivén político









La política suele dejar a los países fatigados y en un mismo punto respecto a algunos de sus grandes debates y problemas. El oportunismo, la debilidad ideológica y la desvergüenza logran un vaivén entre posiciones antagónicas que solo causa mareo y agotamiento. No hablo de los normales giros ideológicos que dan las sociedades y que marcan énfasis de políticas públicas cada cierto tiempo. Me refiero a las volteretas que dan partidos y movimientos según pequeñas ofertas y que suceden de un día para otro, señalo la patética carrera de quienes van de un extremo a otro para salvar dos puntos en la nómina y tres rayas en el presupuesto.
Iván Duque reiteró el domingo pasado en entrevista en El Tiempo que les hará reformas a los acuerdos de La Habana para lograr penas proporcionales y sacar de sus curules a los líderes de las Farc. Esos son los puntos claves detrás de la retórica de mejorar el acuerdo para las víctimas y cumplir los estándares internacionales de justicia. Para ese propósito habla de “un gran acuerdo nacional”. Juan Manuel Santos utilizó el mismo término al menos durante cuatro años para impulsar los acuerdos de paz. El plebiscito nos demostró muy claramente que ese gran acuerdo era imposible, y que ni siquiera existía una clara mayoría de apoyo o rechazo al proceso. Se habían conformado dos bandos equivalentes de la mano de una gresca política y personal, ideológica y regional, y nada valía para romper ese crispado equilibrio. Los odios partidistas y la desconfianza electoral terminaron siendo más fuertes y persistentes que el largo conflicto.
Con el acuerdo firmado y una victoria del NO por estrecho margen se acudió a la “Unidad Nacional” en el Congreso donde las mayorías eran claras. El Centro Democrático, principal representante del NO, tenía apenas el 14% del Congreso y no más de 60 alcaldes de 1121 en todo el país. En esa Unidad Nacional participaban con entusiasmo el partido Conservador, el Partido Liberal, el Partido de la U (bautizado así en alusión a Uribe para amargura de uno y otros) y Cambio Radical. Ese pacto político permitió que se hicieran ajustes menores a lo acordado en La Habana y se aprobaran los cambios constitucionales y legales que luego tuvieron el aval de la Corte.
Ahora tenemos al candidato del Centro Democrático con buenas posibilidades de llegar a la Casa de Nariño, y los partidos que hace dos meses apoyaban los acuerdos ya se inclinan en reverencia ante quien consideran el futuro presidente. Juntos conforman una gran mayoría en el Congreso y de ganar Iván Duque le pondrán otro nombre a esa “unidad nacional”, tal vez unanimidad nacional, y se ocuparán en la tarea de modificar los acuerdos que ahora les parecen imperfectos y precarios. Los mismos políticos que resolvieron esa especie de empate técnico de la opinión pública sobre el proceso de paz con el apoyo al gobierno y su esfuerzo en La Habana, ahora resolverán el persistente empate con un apoyo a la modificación que de seguro es también una barrera a la implementación, un empuje a la reincidencia y una renovación del conflicto. Duque gastaría entonces dos años de gobierno, buena parte de su poder de negociación (que ya sabemos de dónde sale) y una gran porción de la energía de su posible gobierno en regresarnos a un lugar ya conocido e indeseable, en retroceder para lograr un punto de honor para sus electores. Los políticos trabajan siempre en el mismo punto, no se mueven de su puesto, así empujen a un presidente y jalen a su sucesor.




martes, 29 de mayo de 2018

Bienvenidos al pasado






Iván Duque gastó una buena parte de su oratoria resaltando su juventud coincidente con la juventud colombiana. Mostrar la cédula como un lema de campaña. Una especie de llamado a la república de los jóvenes. Al gobierno del futuro, similar al que llamaba Cesar Gaviria en los 90 y que hoy es pasado remoto y enterrado. Duque quiere ser renovación aunque cargue y se apoye en una colección de políticos curtidos en todo sentido, un yunque de conservadurismo religioso e ideológico, un retrato de grupo que es necesario esconder en el último bolsillo de la billetera para invocar protección sin mostrar las arrugas amargas y ceñudas. Poco a poco, con sus canas ciertas o inducidas, confirmó que era un joven demasiado viejo, un hijo liberal con grandes obligaciones conservadoras, un niño con los juramentos de quien recién fue “investido” para la primera comunión.
Pero los jóvenes parece tienen muy bien afilado su detector de “muchachos” contemporáneos de Marta Lucía y Ordóñez. Basta con hacer una breve búsqueda por los formularios E14 de algunas mesas para entender un poco cómo se vota, al menos en las ciudades, dependiendo de la fecha de nacimiento. Miré mesas de puestos de votación diversos en Medellín y Bogotá. Las últimas mesas tienen a los votantes más jóvenes e indiferentes y las primeras a los más vividos y cumplidores. Las primeras mesas tienen casi siempre entre un 30 y un 40% más de participación que las últimas. Los millennials todavía votan más en Facebook y en Twitter que en el cubículo.  En Medellín, en las mesas de votantes más jóvenes, Fajardo le ganó a Duque en diferentes estratos. Cuando se pasa del 20 o 25% del total de las mesas en un puesto de votación, pasando de las mesas más jóvenes a las de mediana edad, Duque comienza a marcar diferencias, a ser mayoría cuando asoman las canas; y en las primeras mesas, las del votante cansino, las mesas del 11% de los colombianos que pasan de 60 años, el candidato de Álvaro Uribe ya cuadruplica al segundo, Sergio Fajardo en este caso.
En Bogotá pasan cosas parecidas. La ubicación de los barrios marcó el liderato alternado de Fajardo y Petro en la mitad y algo más de las mesas más jóvenes. En Bogotá el conservadurismo, el temor al cambio, la religión de lo establecido, parece llegar un poco más tarde. Duque perdió no solo en el 25% de las mesas más jóvenes, como en buena parte de los sitios de votación en Medellín, sino en cerca de la mitad de las mesas más inclinadas a los 18 años. El candidato del Uribato tiene entonces poco más que la juventud impostada y la experiencia prestada. Y tiene además la más rancia maquinaria aunque se esconda en la tarima detrás del telón del Centro Democrático que adorna el perfil de Uribe. La política más vieja también puede vestirse con chaleco abullonado y manillas en las muñecas.
La demostración de que un creciente interés de los más jóvenes y una mayor votación hace que llegue la derrota de lo más arisco a una visión liberal, a los valores sin discriminación de la Constitución del 91, está en el resultado en las cinco capitales de departamento en las que más se votó en Colombia, donde la participación pasó del 63%. En Bogotá, Medellín, Manizales, Bucaramanga y Tunja, Sergio Fajardo obtuvo el 37.2% de los votos contra el 33.8% de Duque. Sólo el interés de los más jóvenes puede salvarnos de la visión polvorienta y embalsamada de quienes acompañan y mueven los hilos la vejez prematura de Iván Duque.





martes, 22 de mayo de 2018

Sufragio regional







Los sobresaltos electorales del 2018 en América Latina comenzaron en la apacible Costa Rica. Un cantante de evangelios logró que la religión fuera la gran protagonista de la campaña. Todos los atriles tuvieron que convertirse en púlpitos. El matrimonio de parejas homosexuales y una cátedra de sexualidad para adolescentes fueron los grandes temas de campaña. “Nos oponemos al Estado laico, porque quienes lo promueven en realidad buscan un Estado ateo”, repetía el candidato Fabricio Alvarado desde su ministerio cristiano llamado Metamorfosis y su movimiento político llamado Restauración Nacional. Desamparados se llama el barrio popular donde creció al sur de San José. Los nombres de su barrio, su iglesia y su partido sirvieron como parábola del candidato que en noviembre del 2017 marcaba el 3% en las encuestas y en febrero de este año ganó la primera vuelta con el 25%. Para quienes la política se ha vuelto un zumbido insignificante y los políticos moscardones insoportables, la iglesia es un refugio para todas sus preocupaciones. Cada vez más el diezmo y el voto van a la misma ranura. En segunda vuelta Fabricio Alvarado perdió ante el temor de los jóvenes y la clase media urbana de un regreso al mundo de sus abuelos.
Venezuela acaba de marcar la segunda elección de latinoamericana con una farsa que ha dejado atrás las encendidas batallas electorales que caracterizaron el Chavismo durante quince años. Lo más importante para los electores que se animaron a salir fue la posibilidad de asegurar una bolsa CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), un cinismo involuntario hace que miles de bolsas entregadas por el gobierno según sus siglas de hambre suenen como una lluvia de aplausos. El voto puede asegurar un tesoro: cuatro paquetes de harina de maíz, uno de harina de trigo, dos de arroz, dos de granos, una botella de aceite, kilo y medio de pasta, dos bolsas de leche en polvo, una salsa de tomate y otra de mayonesa. La participación cayó 25% puntos si le creemos a las cuentas oficiales y fue reelegido un presidente con una desaprobación del 72%. El hambre, la coacción oficial y el miedo a los “puntos rojos” que vigilaban los puestos de votación marcaron el proceso que desde afuera solo aprobó José Luis Rodríguez Zapatero.
Brasil tiene en octubre una cita con el gran favorito como ausente. Lula en la cárcel condenado a doce años por corrupción. Un reo que no dejará de hacer política y logrará que la campaña gire en torno a los jueces y los militares.  “Yo no voy a parar porque ya no soy un ser humano. Yo soy una idea. Una idea mezclada con las ideas de ustedes”, dijo al momento de entregarse y evocar las detenciones de los años ochenta a manos de los militares. El jefe de las fuerzas armadas, Eduardo Villas Boas, respondió apelando a la coincidencia de los militares y los “buenos ciudadanos contra la impunidad”, y a favor de la paz social y la democracia. La sombra de la dictadura volvió a asomar encarnada en Jair Bolsonaro, un ex policía sin reatos, orgulloso de su racismo, su homofobia y su misoginia. Dedicó su voto contra Dilma Rousseff a un militar golpista y no tuvo problema en soltarle a una ministra una frase de presidiario en pleno congreso: “No mereces ni que te viole”. Bolsonaro, según las encuestas, tiene buenas opciones de segunda ronda.
En México en el último debate los candidatos se llamaron “cínico”, “farsante”, “hipócrita”, “demagogo” y ladrón. También se habla de extremos y se mete miedo con la opción de López Obrador quien asegura la tercera será vencida. Entre nosotros los primeros lugares los disputan un heredero y un elegido. Qué tal que el gran cambio en la región se haya dado en Cuba, con el señalamiento del heredero de los Castro.


martes, 15 de mayo de 2018

Celebrar los males





Durante un tiempo se estancan un poco las ansias de señalamiento, la adrenalina que generan los desastres ajenos, la necesidad de dar algunas lecciones y mostrar inteligencia y sensibilidad. Pero cuando se rompe la presa viene el furor: algo de rabia, mucha energía en la destrucción, todo el oportunismo y la felicidad de nadar sobre la espuma de los acontecimientos. Los recientes problemas en HidroItuango y la creciente del sábado pasado que afectó a las comunidades de Puerto Valdivia, han demostrado una sorprendente fascinación frente a los infortunios de una obra pública. Aguas abajo han corrido las peores ignorancias, las teorías de la conspiración, el regionalismo más ruin y el ambientalismo más frívolo y con menos luces. La rechifla contra las instituciones y las empresas del Estado se ha convertido en un sinónimo de inteligencia y rebeldía. No se trata tanto de argumentar como de soltar una frase lapidaria que se repite en las conversaciones en los taxis, en los muros, en la complacencia crítica de todos los días en las redes sociales.
Algunos, desde sus computadores o sus teléfonos recién cargados, hablan de la inutilidad de un proyecto de esa magnitud. En la mente quieren volver a la austeridad de nuestros ancestros y al fogón de leña, pero en la casa corren al microondas y rabian al sufrir dos minutos sin DirecTv. Para muchos este país debería hacer una especie de corte de cuentas: que haya energía para los cincuenta millones que somos hoy y que quienes vienen se resuelvan como sea. El 85% de nuestra demanda actual de energía puede cubrirse con energía hidroeléctrica. Tenemos la geografía y el conocimiento acumulado para acudir a esa forma de generación. Sin la energía que producirá HidroItuango, Colombia podría tener problemas para atender sus picos más altos de demanda en el año 2023.  No se trata del capricho de uno o dos gobernantes ni de la ambición que señalan algunos. Hoy en día las exportaciones de energía a Ecuador y Venezuela son insignificantes respecto al total de generación.
En Colombia se reclama todos los días la existencia de empresas públicas fuertes, que cumplan sus objetivos y entreguen utilidades para ser invertidas en los ciudadanos. EPM le entrega cada año un poco más de un billón de pesos al municipio de Medellín y ha aportado una buena parte del conocimiento al sector eléctrico en Colombia. Pero aquí las empresas públicas exitosas pueden ser tan odiadas como las fracasadas. El logo y el origen oficial es suficiente para que sea necesario echarles tierra.
Vale la pena mirar una de las críticas claves al proyecto HidroItuango: el supuesto propósito de tapar el rastro de masacres en la zona. Parece que increíble lo visionarios que pueden ser nuestros gobernantes. Desde la década del sesenta se planeó hacer una represa para cubrir los rastros de los asesinatos que se iban a cometer en la década del noventa. El crimen perfecto. Colombia tiene cerca de 35.000 denuncias de desaparición forzada en los últimos treinta años. Una tarea inmensa por hacer en cientos de municipios. En los doce que abarca el proyecto HidroItuango se identificaron 659 casos según la cifra de Medicina legal. Durante el proyecto se firmaron contratos para realizar la investigación y las exhumaciones y se logró avanzar más que en casi todas las zonas con iguales problemas en el país. Se exhumaron 159 cuerpos y se identificaron más de la mitad de los mismos. Esa es solo una de las preocupaciones de las comunidades que recogió el proyecto.
Pero ahora resulta que una sola organización, minoritaria en muchos temas y sectores, representa a los más de 150.000 pobladores de los doce municipios. Y pide que se oiga a las montañas y al agua de los ríos, que se escuche su voz cavernosa. Pero a las montañas les queda difícil acudir al trámite de las licencias ambientales y a las consultas previas.




martes, 8 de mayo de 2018

Viaje a la revolución





Hace un poco menos de cien años, en mayo de 1920, Bertrand Russell fue invitado a Rusia a conocer de cerca los “milagros” de una revolución que daba sus primeros pasos y extrañaba sus primeros pesos. Russell iba en compañía de una delegación del laborismo inglés y llegaba con una saludable mezcla de simpatías y recelos frente a los bolcheviques. Estuvo más de un mes y pasó por Moscú, Petrogrado y distintas zonas rurales. Siempre en trenes de lujo, recibido por pompas militares, hospedado en hoteles de primera con chinches como compañeros de cuarto. Aunque siempre con libertad para hacer sus propios recorridos y hablar con gente muy diversa. El viaje dejó un pequeño tratado, un diario y una serie de cartas que se agrupan en un libro llamado Viaje a la revolución.
Russell intentó una especie de disección a ese experimento marxista que sorprendía al mundo cien años después del nacimiento de su inspirador. Lo primero que advertía el viajero inglés era el carácter heroico de la revolución, el ejemplo que dejaba su tentativa para nuevas aventuras socialistas. Pero los métodos de esos precursores eran “toscos y peligrosos”. Muy pronto Russell comenzó con las advertencias. Entre las tres posibilidades que contemplaba para lo que llamó el bolchevismo se resumen buena parte de los acontecimientos políticos del siglo XX: la victoria de los bolcheviques puede llevar a un imperialismo napoleónico que olvide los ideales que lo inspiraron, una prolongada guerra entre capitalismo y comunismo que haga que la civilización se venga abajo (al menos la versión de esa guerra fue fría) y la derrota definitiva del comunismo por las fuerzas del capitalismo. No se puede decir que Bertrand Russell fuera un turista perdido.
Uno de los grandes peros al nuevo sistema que imponían 600.000 comunistas a un país de 120 millones de habitantes, era el carácter religioso de la revolución, sus doctrinas y sus profetas alejados de cualquier asomo de escepticismo y por tanto tan inclinados a la crueldad. Un sistema económico más justo que obligue al hombre a recluirse de “nuevo en la prisión intelectual de la Edad Media”, implicaría el pago de un precio demasiado alto. Lenin imponía un puritanismo por vía militar, una austeridad con algo de saña, un nivel de esfuerzo que el grueso de la población no consideraba tolerable. Al final Russell dejaba claro las sencillas causas que podían derrocar a los bolcheviques: “llega el momento en que los hombres entienden que la comodidad y el recreo valen más que todos demás bienes juntos”. Una pequeña reivindicación de los placeres inofensivos.
De algún modo Russell intentaba disculpar al sistema que enfrentaba un país recién salido de la guerra y bloqueado comercialmente desde occidente. Pero las condiciones no dejaban lugar a la benevolencia. Todo el mundo trabajaba más de ocho horas: primero las obligaciones colectivas que imponía el Estado so pena de trabajos forzados o campos de concentración, luego las penurias individuales que exigían a rebuscar algo extra para la comida. Ese trajín en medio de la vigilancia y la arbitrariedad policial en busca de posible especulación. Moscú le sirvió para describir el escenario del drama: “La imagen de los trabajadores yendo de acá para allá, con ropas raídas, con el inevitable paquete en una mano y el tarro de hojalata en la otra, por las calles libres de tráfico, produce el efecto de la vida en una vasta aldea y no en una capital”. El odio fue su última conclusión. Ese sentimiento conducía a un dogmatismo que busca cambiar la naturaleza humana por la fuerza y se concentra más en el “deseo de destruir males antiguos que en el de edificar nuevos bienes”.
Algo queda de esa vasta religión y de los modales de la checa soviética.

martes, 1 de mayo de 2018

Calenturas






Al paso que vamos Medellín completara tres años consecutivos con alza en los homicidios. La ciudad enfrenta siempre un equilibrismo contra la violencia, una incertidumbre sobre las urgencias, los correctivos y los propósitos de quienes ejercen el poder armado. Un poder difuso, siempre en cuestión, amenazado y amenazante. Desde hace décadas es claro que las autoridades no controlan los ciclos de violencia, solo registran las cifras con algo de alarma, intentan explicar el fenómeno de la manera menos afrentosa a sus esfuerzos y reaccionan con algo de presencia institucional, casi siempre uniformada, en las zonas calientes. Tanto que los picos violentos más recientes los identificamos por el nombre de los capos desmovilizados, enfrentados o capturados: Don Berna y Doble Cero en 2001-2002, Sebastián y Valenciano en 2009-2010, Capturas de Tom, Carlos Pesebre, Sombra entre 2017-2018. Gobiernos de signo político contrario y con estrategias distintas frente a la colección de más de 300 combos han sufrido reveses similares.
La semana pasada, luego de un día con seis homicidios en la ciudad, algunas voces críticas amanecieron diciendo que habíamos vuelto al terror de los años noventa. Es sin duda un adelanto que la sociedad sea menos tolerante frente al homicidio y que las alarmas ciudadanas sean cada vez más sensibles a la violencia. Pero vale la pena recordar que las diferencias entre los tiempos que corren y la sangre que corrió. En 1991, el año más violento en la historia de la ciudad, hubo 19 homicidios diarios en promedio. La tasa de homicidios fue de 433 por cada 100.000 habitantes. En la década del noventa murieron asesinadas más de 5000 personas en promedio cada año en la ciudad de Medellín. Este año, si las cifras se mantienen más o menos estables, la tasa de homicidios no pasará de 25 por cada 100.000 habitantes. Aunque siempre habrá que hacer la salvedad de que los jóvenes entre 14 y 28 años, habitantes de los barrios más altos, tienen todavía un riesgo de morir asesinados 3 o 4 veces superior al del resto de la población.
La ciudad y las administraciones sucesivas han aceptado una falsa premisa en la estrategia contra la violencia. Las opciones que se han debatido en los últimos 15 años varían entre la negociación o la lucha declarada contra quienes tienen el monopolio de las rentas ilegales y el mando sobre milicias, paras o combos. Por eso se ha criticado el supuesto apaciguamiento, conocido como Don Bernabilidad, durante la administración de Sergio Fajardo, y por eso se critica hoy la postura desafiante del alcalde Federico Gutiérrez frente a los cabecillas en los barrios. Los pactos estables, bien sean auspiciados por las instituciones o acordados por los pillos, son un sueño imposible. Al mismo tiempo el triunfo por medio de capturas de los más buscados es una ilusión que se estrella contra la persistencia de los sucesores y las estructuras que van más allá del jefe de turno.
La pelea más compleja y más importante sigue siendo por las expectativas y las decisiones de los adolescentes. Cada año cerca de 10.000 jóvenes entre 15 y 16 años huyen de los colegios por desmotivación, deslumbramientos frente a oportunidades dudosas o simple obligación. Para los profesores cada día es más difícil pelear con quienes ofrecen un celular, una moto, el estatus de un fierro. Hay cerca de 600.000 jóvenes entre 14 y 28 años en la ciudad, ahí están los grandes retos más allá de los patrones de barrio.




miércoles, 25 de abril de 2018

Política y fiscal






El afán político suele ser un aliciente para variadas torpezas. Alienta por igual los lugares comunes o la retórica más extravagante, intenta sorprender con sonoras fantasías o complace reafirmando simplezas y prejuicios. Huye de la verdad y sabe que más valen las frases hechas que los hechos. Alarmar es una de las principales consignas de quienes buscan atención mediática con fines políticos. El fiscal Néstor Humberto Martínez se ha convertido en uno de esos afanados políticos. Cada semana suelta dos o tres frases en busca de un titular de prensa. Una semana pretende ser gracioso y deja caer un chiste sobre la jurisprudencia de la Corte Suprema. La semana siguiente frunce el ceño y señala las grandes amenazas para ilustración del ministro de defensa. Para la próxima tiene preparada alguna máxima dicha en la postura del pensador. Todo lo hace desde un atril donde se lee en letras doradas su dignidad: Fiscal General de la Nacional. Las declaraciones y la dignidad del cargo sufren efectos contrarios. La cháchara del fiscal toma un halo de importancia y gravedad por venir de quien viene, y el encargo constitucional pierde lustre por la charlatanería de quien lo ocupa.
La semana pasada el fiscal se pasó. Dijo con tono preocupado una frase que recogieron todos los periódicos: “Ha revivido un nuevo enemigo en Colombia: el narcotráfico, y es necesario que en esta transición de poder podamos suscribir los colombianos un nuevo acuerdo que nos permita refundar la política antidrogas en Colombia o vamos a perder nuestra estabilidad institucional con las amenazas que tuvimos hace dos y tres décadas”. Colombia es el principal exportador de cocaína del mundo hace cuarenta años. Las fluctuaciones en las hectáreas de coca se han repetido por décadas y van atadas a las fluctuaciones en las incautaciones de cocaína. El año pasado tuvimos la cifra más alta de cultivos coca en los últimos quince años e igualmente tuvimos el record histórico de incautaciones de cocaína con algo más de 410 toneladas. Que el fiscal general diga que ha revivido el narcotráfico en Colombia demuestra que no solo no tiene contexto real alguno sino que ha pasado inmune a las series de narcos que inundan las pantallas. O demuestra que en Colombia los funcionarios se hacen los bobos para posar de profetas.
El fiscal parece hacer una asociación inmediata entre hectáreas de coca sembradas y crecimiento del poder mafioso. Se le olvida que la coca ha crecido en los mismos sitios desde hace años y que el Estado por allá ha sido siempre un fantasma que fumiga o promete. Según la medición de Naciones Unidas de 2017 el 80% del territorio sembrado de coca alguna vez fue fumigado, erradicado o al menos censado. Pero no se quedó ahí. Dijo además que el Cartel de Sinaloa está en Colombia y que Guacho es su brazo armado. Los narcos mexicanos rondan por aquí hace más de diez años y si se quiere le han quitado poder y plata a nuestros “exportadores”. El fiscal nos acaba de revelar que hay conexiones entre quienes producen el 90% de la cocaína que llega a Estados Unidos y quienes se encargan de pasarla a través de la frontera norte. Del funcionario encargado de dirigir las investigaciones sobre crimen organizado se esperan algunas revelaciones para entender nuestras empresas criminales, pero solo se obtienen obviedades y reducciones con ánimos políticos.  
En 1998 el exfiscal Alfonso Valdivieso se lanzó a la presidencia y la revista Semana reseñó ese acontecimiento en principio exitoso: “El consenso generalizado fue que el salto a la arena presidencial resultó todo un éxito. Los focus groups inmediatamente posteriores así lo confirmaron. La transición de Fiscal a candidato se hizo sin tropiezos, que era precisamente lo que se buscaba”. De esa candidatura, absorbida por el pastranismo, nació el partido Cambio Radical. La historia política reciente entrega reveladoras coincidencias.