martes, 13 de noviembre de 2018

Ministerio del superior







Vamos a cumplir nueve años hablando de política y lealtad. Intentando conjugar dos antónimos, examinando gestos menores, traduciendo declaraciones, anticipando desplantes. No se trata de tramas partidistas o desencuentros ideológicos, ni siquiera de enfrentamientos entre colosos electorales. Nuestra atención se centra en el comportamiento de un elector menor y su acudiente, entre alguien que carga una deuda sobre su noble silla y todos los días duda si debe pagarla con obediencia o talante propio, si debe atender a la sombra que lo asusta o ahuyentarla con alguna chispa.
Son los problemas de elegir por interpuesta persona, de buscar un simple interprete. El testaferrato suele terminar mal para el dueño, el suplantador y la propiedad. En el 2010 la escaramuza comenzó muy pronto. Un viaje a Venezuela sin autorización, el abrazo con un indeseable que también lucía banda presidencial, el encargo ministerial a dos sospechosos. Desde el ministerio del superior comenzaban a salir advertencias y reproches. Seis meses después del encargo la molestia era pública y el señalado intentaba tapar las pestes con cordialidad: “No nos inventen peleas”. Por un lado las venias y el respeto, y por el otro las conversaciones con los enemigos a muerte de quien pretendía dictar el guion desde el palacio de oriente antioqueño. Antes de la mitad del encargo presidencial la gresca era definitiva. Lo que siguió fue recrear en la prensa todas las fábulas de traición y atizar algo de odio para que el drama fuera completo.
Ahora de nuevo jugamos con la ficha de un tahúr. Esta vez se ha cuidado un poco y ha designado a un alfil menor con deudas mayores. Durante el proceso de elección el pequeño encargado se puso la ropa de su jefe para completar la caricatura. Hablaba incluso con el acento de su guía, más para congraciarse que para confundir incautos. Estaba en el ensayo general para el papel que venía. En su primera visita a la realeza entregó las saludes de su soberano. En casa, y ya con la banda terciada, imita las funciones de fin de semana del patrón. No tiene tono de capataz pero luce el sombrero de ocasión.
Las apuestas han comenzado. Algunos dicen que ya ha tomado distancia y solo es cuestión de tiempo para la gresca de turno. Algunos sueltan esa posibilidad como elogio para el encargado y otros como escarnio. Unos partidarios dicen que no ha resultado lo que parecía, que baja la cabeza y muestra señas de condescendencia con los enemigos, que habla muy bajo y que es muy blando de cuerpo y alma. Otros dicen que todo es un juego de independencia, una puesta en escena para que el presidente luzca como tal. Están seguros de que el principal suelta los tercios duros y el segundo pule la página para mostrarse dueño de la situación. Y que el nominador le corrige la plana falsa para que se intuya que todavía hay acatamiento. Los más briosos del bando dicen que ese muchacho se está saliendo del carril. Los más cerreros le recomiendan seguir el paso del caballo más fino. Los más lambones le dicen que ese equilibrio está muy bien. El encargado mira a todos lados, pone una ficha en casi todas las casillas, un día oye a un ministro ajeno y el otro a uno propio.
El dueño del escudo mira con impaciencia, califica día a día, le hace el prólogo en las audiciones ante alcaldes y gobernadores. Suelta una pequeña reprimenda y luego le soba la cabeza. No hay duda de que sabe templar la rienda. Mientras tanto, seguimos con las apuestas en el pequeño drama palaciego.

miércoles, 7 de noviembre de 2018

Reducir la política







Las grandes decisiones electorales cada vez están más alejadas de páginas como estas, de los análisis políticos, las columnas de opinión, el trabajo de los reporteros y los hechos probados. Las gracias y las furias empujan ahora a los electores, cada día más parecidos a las máscaras de risa y llanto que enmarcan los salones teatrales de los colegios. La riada de memes, noticias ideadas, amenazas supuestas y advertencias calculadas arrastran a los medios, a los electores e incluso a los cuarteles de campaña. Todo se mezcla y se contamina, los electores crean y obedecen, los “ciudadanos ahora son groupies de la información excitante”. Por eso la “loca de la naranjas” termina haciendo publicidad de House Of Cards, varias empresas brasileras pagan por debajo cerca de tres millones de dólares para mover grupos de WhatsApp con cadenas que multiplican rumores desde cuentas cruentas, el alcalde de Medellín contrata un nido de defensores a control remoto.
La campaña por las elecciones legislativas que acaban de pasar en Estados Unidos ha dejado un ejemplo perfecto de la inercia electoral en tiempos del drama, la indignación y el meme. Tres palabras fueron suficientes para alentar la idea más fuerte del partido Republicano en el tramo final de campaña: #JobsNotMobs. La frase venía acompañada de un video con líneas de noticias sobre la mejora del empleo y algunos trabajadores en una planta ensambladora cubiertos por la palabra Jobs, combinados con turbas de manifestantes quemando consignas acompañados de la palabra mobs. Primero se hizo viral en Twitter, luego la frase comenzó a girar sola, más tarde un caricaturista, afín a Trump, la sugirió como eslogan de campaña y al final era un cuadro sencillo de dos imágenes y tres palabras. La reacción airada de los demócratas terminó por darle el impulso final. Cuando ya había sido replicada por algunos actores (“los famosos deciden qué triunfa y qué pasa desapercibido”) y por medios cercanos a los republicanos solo faltaba la iluminación definitiva: Donald Trump la trinó desde su cuenta oficial. Sin arandelas solo #JobsNotMobs. Una semana después de su aparición anónima era elemento oficial de la campaña. El creador original dice que trabaja en consultorías digitales y cobra doscientos dólares la hora por entregar claves sobre “guerra memética”.
Luego de la campaña presidencial en Estados Unidos en 2016 los medios tradicionales han seguido perdiendo terreno frente a las tómbolas que giran con impulsos partidistas o diligencia activista de las redes sociales. Los portales de los extremos ideológicos marcan las discusiones mientras los medios tradicionales intentan contrastar, entrevistar, analizar declaraciones y propuestas. Un estudio sobre la reciente campaña hecho por el Oxford Internet Institute reveló que “la proporción de fuentes de noticias basura (se intenta un término más preciso que el simple Fake News) que circula por Twitter ha crecido cinco puntos desde 2016, lo que significa un 25% de todas las URL capturadas durante el estudio. Los links compartidos de medios tradicionales sumaron solo el 19% del total.”
Hoy los extremos hacen mucho mejor las tareas electorales, los políticos se exasperan o se aquietan según las necesidad ambiente, se impone un lenguaje primario y corrosivo. El ataque a Bolsonaro en medio de una manifestación, el envío de bombas a personajes demócratas hacen que la realidad supere al meme. Se necesitan golpes, golpes fuertes, las campañas solo se ganan por pequeños y sonoros nocauts.




martes, 30 de octubre de 2018

Messias Bolsonaro







Jair Messias Bolsonaro es un elegido, un hombre señalado por dios, tocado por su mano poderosa. Un capitán de una unidad de artillería que estudió educación física también puede conseguir un manto divino, se trata de rodearse bien, señalar una ruta y abrirse paso por medio de conversiones, intereses, alardes y algo de la furia del antiguo testamento. Bolsonaro lo dijo invocando a dios y con una seguridad que asusta luego de su victoria del domingo: “Nuestra misión no se escoge ni se discute, se cumple”. También el lema de campaña lo dejaba muy claro: “Brasil encima de todo, Dios encima de todos”. 
Durante la campaña presidencial Bolsonaro fue atacado por un seguidor del Partido Socialismo y Libertad. El segundo nombre del agresor se suma a la fábula religiosa en que se convirtió la campaña presidencial en Brasil: Adelio Bispo de Oliveira dijo haber tenido motivos religiosos para atentar contra Bolsonaro. Un hombre llamado “Obispo” agrede a uno llamado “Mesías”. Luego de la brutal puñalada Bolsonaro se confirmó en su tarea: “Ahora más que nunca mi voluntad para ayudar a esta gente, para rescatar esta nación, ha aumentado”. Su amigo, el pastor Silas Malafaia, soltó una gracia al ver sano y salvo al candidato: “Mira lo que hizo Dios. Te apuñalaron y ahora los demás candidatos se quejan del tiempo que te han dedicado en las noticias”.
 Antes, en la habitación del hospital Albert Einstein (lo de la fábula no era charlando), otro pastor, conocido como Magno Malta, tomó mayor protagonismo que la propia familia del hombre de los estigmas al divulgar los primeros videos luego de su operación. Malta es el mismo que oró con el presidente electo tomado de la mano, con los ojos cerrados, minutos después de confirmarse el triunfo en las elecciones. Un sermón por interpuesta persona antes que el discurso de un presidente: “Señor, mi Dios, mi padre, estamos agradecidos, fueron años de lucha, hablando con el pueblo, pidiendo tu protección, hablando sobre familia, sobre país, cuidando de nuestros niños. Dios en la vida de la familia, Dios en la vida de Brasil.”
Según encuestas recientes los evangélicos (tradicionales, pentecostales, neopentecostales) suman el 27% de la población apta para votar en Brasil. En el 2010 eran apenas el 15%. Y tienen más del 15% de los diputados federales, las iglesias más grandes han fundado sus propios partidos y dominan buena parte de la radio y la televisión. Eduardo Cunha, ex presidente de la Cámara, miembro de la iglesia Asamblea de Dios, fue el principal impulsor de la destitución de Dilma Rousseff. Mientras se votaba el impeachment en el Congreso, Bolsonaro recibía su segundo bautizo, ataviado con una túnica blanca, en las aguas del río Jordán. Su mensaje por Twitter luego de la votación venía santificado: “Mar de Galilea / Israel, Bolsonaro felicita a todos los brasileños que han luchado por este momento.”
La fuerza política y económica de los evangélicos (la Teoría de la Prosperidad es uno de sus dogmas) comenzó a finales de los ochenta cuando el presidente José Sarney amplió su periodo de cuatro a cinco años en medio de una constituyente. El diputado Edir Maedo, tío del alcalde de Río, logró grandes concesiones radiales por los favores recibidos. Hoy Maedo es dueño de Record, segunda televisión de Brasil, canal en el que Bolsonaro dio una entrevista en tono patriarcal mientras el debate presidencial al que se negó asistir pasaba por TV Globo. La audiencia de Bolsonaro superó la mitad de la que marcaron los demás candidatos juntos. 
Un simple dato estadístico puede explicar el milagro. En 2017 el Latinobarómetro marcaba la confianza en las instituciones en Brasil, 69% la iglesia y 50% el ejército. Un triunfo de la biblia y el fusil. 



martes, 23 de octubre de 2018

Justicia en negativo








El Estado colombiano carga con una vergüenza mayor. La guerra contras las Farc lo llevó al triunfo ostentoso de la sangre, al simple alarde de la muerte. Era indiferente si contaban cuerpos de enemigos ciertos o inventados. Se trató de una muestra de incomparable cobardía: convertir en combatientes a simples transeúntes recién ajusticiados, un teatro macabro que disfrazaba cadáveres y celebraba la escenografía. La pantomima duró cerca de seis años y dejó 3700 víctimas según cifras de la Fiscalía y al menos 5000 según cuentas de Naciones Unidas. Participaron 180 batallones de 41 brigadas. Más de 800 soldados han sido condenados y algo menos de 6000 están sometidos a investigación, entre ellos 16 generales. Durante la matazón el gobierno de turno desestimó las advertencias de organismos internacionales, funcionarios del ministerio de defensa y periodistas. Las “bajas” eran certeza suficiente, lo demás eran mentiras, cuentos de recolectores de café.
La justicia transicional ha puesto a los militares condenados, juzgados e investigados por esas muertes frente a nuevas reglas. En contra del jefe del gobierno durante el cual se montó la estrategia de asesinatos camuflados de combates los militares han comenzado a someterse al nuevo tribunal. Son 1994 los que han firmado las actas para llegar a la Justicia Especial para la Paz. Muchos de los asesinos que el propio Estado instó y luego condenó tras más de 10 años, ahora están libres a la espera de un juicio donde se habla de reparación, perdón, verdad. Un poco menos de 1000 han logrado libertad condicional, transitoria y anticipada. Quienes ya habían sido condenados tuvieron que pagar al menos 5 años de condena para lograr su libertad. Quienes estaban detenidos durante el juicio solo necesitaron firmar un acta de compromiso. Entre los firmantes hay dos militares que fueron comandantes del ejército. Atienden el juicio de corbata y con ánimo sosegado, más parecen empresarios en desgracia que jefes de ejecuciones sistemáticas y continuadas. Uno de ellos, Mario Montoya, era un adicto a la sangre, exigía muertos como quien pide utilidades en el balance. Fue comandante del ejército entre febrero de 2006 y noviembre de 2008, durante esos tres años la Fiscalía ha documentado 2526 supuestas ejecuciones extrajudiciales. Montoya recibió algunas medallas a cambio.
Una ley aprobada este año exige la creación de tribunales propios para militares inscritos en la Justicia Especial. El plazo para crear esa nueva jurisdicción es de año y medio. De modo que los militares pueden pedir una prórroga mientras se instauran los tribunales castrenses para juzgarlos. Digamos que lograrán algo así como unas vacaciones. El partido del jefe del gobierno que cerró los ojos frente a las ejecuciones fue el que exigió esa justicia paralela. Muchos militares han llegado a la justicia de la verdad y la reparación a negar los hechos y su responsabilidad. Se trata únicamente de ir a una justicia con penas menores y jueces cercanos para exhibir una cara de yo no fui y lograr beneficios.  Y evadir los dientes de una corte internacional. La gran paradoja es que la justicia debe priorizar los procesos para su examen. Muy seguramente escogerán los casos emblemáticos de generales que al parecer se escudarán en el silencio y el desconocimiento de las actuaciones de sus subordinados. De modo que se puede llegar a la imposibilidad de condenar a los máximos responsables y de juzgar quienes dispararon contra los civiles. Se espera que la nueva justicia resulte exigente respecto a la verdad y a la reparación más que a las penas. El caso contrario asegura una nueva vergüenza para el Estado. 

martes, 16 de octubre de 2018

Envenenar la receta






El número de hectáreas sembradas con coca se ha convertido en un expediente electoral. La cifra se espera cada año con un ansia que recuerda el remordimiento de los alumnos en la encrucijada, la expectativa de los vengadores, el silencio del público previo a la sentencia definitiva del árbitro. Quedan dos cifras en los titulares, el total sembrado y el aumento o disminución respecto al año anterior, y comienzan las retahílas, las recriminaciones, la fantasía, el terror, el ejercicio de la inteligencia que todo lo predice, el odioso se los dije. Hay más gritos y especulaciones respecto a la cifra de matas de coca que respecto al número de homicidios en el país.
Siempre vale la pena gastarle tres o cuatro horas al informe anual de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) que mira desde el satélite y en el terreno el negocio que nos atormenta. El consejo de las primeras páginas es tan claro como complejo: “superar la mirada centrada en el lote de coca”. El llamado es a dar una ojeada a los vecinos no cultivadores, al centro poblado más cercano, a las oportunidades para la economía lícita en la zona. Una tercera parte de la coca está sembrada a 10 kilómetros o más de cualquier centro poblado, y el 80% de los centros poblados más cercanos a los cultivos son apenas corregimientos, caseríos o inspecciones de policía. El Estado aún no llega pero quienes van a comprar la hoja fresca cada día tienen mayores recursos y mejores ideas. Los extranjeros han tomado un papel clave en la puerta de las fincas donde se hace el primer negocio. Préstamos para insumos y capacitación lograron que el 43% de quienes siembran hagan algún tipo de transformación de la hoja en sus fincas. Cosa que hace unos años era bien extraña. El año pasado de las fincas con cultivos salieron 734 toneladas de pasta base de coca.
Los cultivos han estado desde hace muchos años en los mismos territorios, todo se reduce a una intermitencia que depende de la acción del Estado, los incentivos por precio, el dominio territorial, los negocios ilegales que asoman y hacen palidecer la coca. Un dato que sirve como gran lección de fracaso durante décadas: el 90% de los lotes identificados el año anterior ya habían sido detectados, fumigados o erradicados entre 2001 y 2016. No se han movido ni la coca ni el Estado. Y cada día crece la concentración, los territorios afectados son menores y los 10 municipios más cocaleros tienen el 44% de los cultivos. Ese top 10 se mantuvo casi intacto entre 2016 y 2017, solo salió San Miguel en Putumayo para darle ingreso a El Charco en Nariño. El valor de la hoja de coca cosechada en un año en esos 10 municipios es de 890.000 millones de pesos, mientras sus presupuestos sumados no llegan a los 600.000 millones. Cuando hablamos de departamentos, Nariño, Putumayo y Norte de Santander tienen el 60% de los cultivos y están desde hace 6 años en los tres primeros puestos. Un dato que rompe el mito del acuerdo y las disidencias de las Farc como principal dinamizador del cultivo es el gran crecimiento, el mayor en 2017, en el Bajo Cauca antioqueño y Córdoba, en municipios que siempre fueron de dominio paramilitar y ahora son localía del Clan del Golfo.
La buena noticia es que los cultivos disminuyeron donde el Estado asomó la cabeza. Donde hubo proyectos de erradicación forzosa o sustitución la coca bajó 11% en promedio. Pasó en Tumaco (principal productor desde hace años), en Guaviare, en municipios del Norte de Antioquia, en los parques naturales donde se trabajó. Pero la intervención se dio solo en el 14% de los territorios cocaleros. En Caquetá y Putumayo solo el 1% de los cultivadores reportó pérdidas por acciones de la fuerza pública.
El actual gobierno tiene a más de 70.000 familias cocaleras inscritas en planes de sustitución. Familias que en promedio tienen ingresos de 12 millones de pesos al año por sus sembrados de coca y esperan opciones. Veremos si decide solo envenenar la receta.



martes, 9 de octubre de 2018

Es mejor la seguridad






Los policías saben muy bien a quién le salen. Entienden cuándo deben cubrirse para hacer sus vueltas y cuando pueden dar cara y placa. Tienen un radar bien pulido para ejercer el abuso contra los más débiles. Aplican la intimidación, el encubrimiento, la mentira sistemática en sus bitácoras y declaraciones. Cuando se intenta una denuncia o una queja aparece una inesperada faceta criminal. El proceso por el asesinato de Diego Felipe Becerra mostró lo riesgoso que puede ser enfrentar a una banda uniformada.
 Para unas ocasiones el simple cinismo y para otras el descaro a patadas y puños. Hace poco uno que usaba un embozo en un procedimiento de rutina, me dijo que tenía gripa cuando le pregunté por qué ejercía su labor con una especie de pañoleta de vaquero de película vieja. A otros los vimos hace poco golpeando a jóvenes de la Comuna 13 que cometieron el pecado de estar trabajando en la adecuación de un local a una hora que no les pareció prudente. Ya no era necesario cubrirse, actuaban con absoluta “franqueza”. Les dieron una paliza estando amarrados en el suelo. Al final, a la hora de irse, entraron al local y se llevaron 400.000 pesos como propina por el procedimiento.
Pero además del abuso está la colaboración armónica con los poderes ilegales. En algunas ciudades buena parte de los policías han terminado como una fuerza de protección de extorsionistas, narcos al menudeo y hasta ladrones de carros y motos. Los policías patrullan sus parches, gestionan sus pagos, merodean más de lo que vigilan. Una mirada sencilla a las noticias de los últimos años que mencionan capturas de policías en las principales ciudades deja una idea del problema. La intervención en el Bronx en Bogotá dejó 16 policías capturados por servicios a la gran plaza. En julio del año pasado un seguimiento a red de microtráfico en el barrio Las Cruces dejó 14 policías capturados en la capital. No acompañaban a los civiles en el tráfico, los doblaban en número y seguro ejercían algún mando. Para pasar a otros delitos vale mencionar a Los Avatar, capturados en junio de este año, dedicados al robo de fincas en Bogotá y Cundinamarca, película en la que aparecieron 5 policías como protagonistas. Hace una semana fueran detenidos 8 policías más en la capital por hacer el paseo millonario a los capturados a cambio de no llevarlos ante un juez. Su calabozo preferido eran los cajeros electrónicos.
Medellín también resulta una plaza interesante. En diciembre del año pasado detuvieron a 7 policías por sus relaciones con Eladio de Jesús Correa, llamado el “zar de la marihuana”. La alianza era con La Terraza y solo les gustaba la cripy traída desde e Cauca. En julio de este año el juicio llegó para 9 policías por sus relaciones con una banda en el barrio Caicedo. En este caso se cuidaban las ollas y se ajustaban los resultados con falsos decomisos. El mes pasado fueron 4 los capturados por sus alertas a bandas en Robledo para evitar operativos. Todas esas capturas resultaron de seguimientos de meses a estructuras que terminan por enseñar sus contactos con uniformados. Aquí no se trata de requisas al entrar a la estación ni a los CAI. Son hallazgos recientes en solo dos ciudades, pero los casos se multiplican en muchas regiones.
Los policías han terminado siendo una sombra tras los alcaldes. En muchas ciudades mandatario y comandante se miran con desconfianza y todo termina en una transacción de inversión de la ciudad en el cuerpo policial contra resultados muchas veces dudosos. Los policías capturados dicen que ellos solo seguían un patrón conocido y ejercido por las mayorías, unas mañas casi impuestas. Piensa uno que más valdría contenerlos que alentarlos.



martes, 2 de octubre de 2018

Aquelarres y linchamientos






El diablo está de vuelta, el peligro de los hechiceros ronda a los hogares bien iluminados, los descreídos enaltecen sus vicios sin castigo. Es necesario poner las talanqueras del Estado, es obligación impedir el grito de los blasfemos ahora que la cruz no es suficiente. No se pueden dar largas, hay que templar las cuerdas, no importa si algunos indeseables terminar ahorcados. La opinión pública es la nueva hoguera.
El ambiente medroso y puritano exige desconfianza y precaución. La histeria impide un simple concierto, señala los abusos de los degenerados que quieren ejercer sus excesos como si fueran derechos. Ser ejemplar ha vuelto a ser una obligación, al menos ser ejemplar de twitter y Facebook para afuera.
Hace sesenta años, Pedro Gómez Valderrama publicó un libro conformado por tres ensayos sobre herejes y hogueras. El libro, llamado Muestras del diablo, narra los peligrosos desenfrenos de quienes buscaban la pureza y temían a los ritos paganos, a las brujas y sus vuelos perversos, a los poderes de satán. Una sociedad que sufría una plaga de piedad, un contagio represivo. “¿Qué es, en el fondo, lo que ocurre? Que el sacrificio de la libertad personal, su restricción brutal, desencadenan una serie de fuerzas que llegan a terrenos del individuo vedados por su naturaleza a personas distintas a él mismo”. Ahora el Estado ve demonios por todas partes, quiere ser de nuevo el tutor, dice atender a un clamor general y proteger a los indefensos. La ley y la voluntad del gobernante apuntan a un momento de severidad y penitencia.
Se confunde a los ciudadanos con los fieles, con el rebaño. Los políticos tienen vocación de pastores, los medios temen el rechazo de las mayorías y muestran su cara más piadosa. La libertad es un riesgo que no vale la pena. Los nuevos aquelarres, los misteriosos Sabbat que se hacían en medio de la Selva Negra, son ahora simples conciertos espeluznantes, los hechiceros vienen pintados y han cambiado alquimias y tridentes por la guitarra y el bajo.
El último de los ensayos de Muestras del diablo se llama El engañado y habla de cómo el infierno puede ser generado por el medio social, por la opinión ambiente. No solo el corazón de los hombres puede albergar el infierno, la sociedad más pura puede dar un buen ejemplo de sus rutinas. La edad media dio lecciones importantes y en el siglo XX la asepsia nazi entregó una gran logística para el infierno moderno. “El engañado es el hombre común de cualquier época, el espectador de las hogueras, del proceso, de las cámaras de televisión, el hombre a quien se instruye en determinados temores, se dota de una serie de conceptos ad-hoc, de temores fabricados, de odios previamente planeados”.
Hoy se mira con desconfianza no solo a los adoradores del disentimiento, a quienes no aceptan  las explicaciones de las mayorías y los mandatarios. También se señala a los simples indolentes, a quienes no le temen a la insignificancia y no se exaltan con los grandes valores y los triunfos indicados. En su momento Montaigne fue juzgado por sus lectores de dos décadas después de su muerte por esa desidia. “No nos convertirá en el tipo de hombres que requiere nuestro tiempo”, decían sus detractores en el siglo XIX. El desgano frente a los grandes planes era también un pecado.
Es necesario exhibir con desvergüenza la cola y los cuernos, mostrar que “el diablo tiene mucho que ver con la libertad”, que se pueden emprender aventuras en busca de los abismos propios. O simplemente desdeñar todos los esfuerzos humanos, incluso sus deseos de bondad.

martes, 25 de septiembre de 2018

Tronaron los mariachis






Cinco mariachis, sus pistolas de utilería convertidas en fierros, sueltan sesenta disparos en menos de veinte segundos. Javier Solis mira impávido desde su estatua de bronce mientras se cubre el abdomen con su sombrero. Seis muertos en la Plaza Garibaldi el día antes de la independencia de México. Cinco sicarios disfrazados de mariachis andando en tres motos, cascos negros a cambio del sombrero imposible. Y la frase sencilla de una señora que mira tras las cintas que tendieron los policías: “Mira ahí está, sangre, sangre, sangre…” Ciudad de México comienza a ver escenas que parecían hechas para algunos pueblos polvorientos: “esto no es Sinaloa”, se ha repetido muchas veces. Pero no hacen falta carteles, no son necesarios los patrones de los túneles y los afanes con las actrices, algunos barrios pueden entregar cortes menos suntuosas, alardes menos brillantes y ruidosos, pero los mismos delirios y la misma sevicia. Hace tres meses hubo un aviso: dos cadáveres a medio picar fueron dejados en la avenida Insurgentes ¿Bandas o carteles?
Cuando leí esa noticia de rancheras duras en la capital tenía una novela del escritor mexicano Yuri Herrera a mitad de camino. Trabajos del reino tiene como personaje principal a un cantor de corridos que ha vivido entre cartones toda su vida, una vida al sol, una vida de temores y reverencias en las cantinas: “Rondar entre las mesas, ofrecer canciones, extender la mano, llenarse los bolsillos de monedas”.  Al Lobo su papá le puso un acordeón en sus manos y le dijo: “Y abrácelo bien, que este es su pan”. Un día un patrón lo defiende de un borracho en una cantina, le exige que le pague su merecido y le da su merecido al briago. Lobo logra colarse en la corte del Rey traqueto, entra en su círculo y ahora es el artista y compone para todos en ese mundo que parece protegido. Solo una pequeña advertencia al entrar: “Aquí el que la riega se chinga”. Lobo envidia la gala de los músicos en el nuevo escenario, “sus camisas estampadas de espuelas negras y blancas y con flequillos de cuero”. Por los pasillos de Trabajos del reino desfilan el periodista, el joyero, el cura, cientos de niñas, los generales, el heredero, los traidores.
Ahora parece que las cortes de los jefes en Ciudad de México son más sencillas. Roberto Moyado Esparza, alias El Betito, fue capturado hace poco en la simple compañía de su hermano. Tenía diez mil dólares encima, unas 140 dosis de “Crystal” y una pistola. Es el jefe de la Unión Tepito, que ahora dicen es simplemente La Unión, y se enfrenta a la gente de El Tortas, líder de la banda Anti Unión, al parecer a quien iban dirigidos los sesenta disparos del 15 de septiembre. Todo parece muy sencillo, bandas contra bandas, ajustes de cuentas, capos sin aura reemplazados por otros menos curtidos con la ley.
Esas pequeñas cortes se multiplican por la Ciudad de México y muchas ciudades de América Latina. Los barrios pobres entregan vasallos suficientes, Tepito, Tláhuc, son los nombres que se mencionan hoy en la capital mexicana. Los mariachis, sean el artista en la novela de Yuri Herrera o los sicarios de la Plaza Garibaldi, tardan un poco en entender lo que entendió Lobo: “…Que ellos son unos hijos de la chingada, y que tú eres un payaso”. Antes se sentían familia y cuando se rompe el pequeño pacto el plomo viene de donde sea.
Para todos queda una estrofa final dedicada al Rey: “Unos te quieren huir / otros te echan montón / será porque a todos les diste / más que dinero ambición.”

martes, 18 de septiembre de 2018

Días de bautizo





El gobierno apenas comienza, el presidente Duque todavía está afinando la guitarra ajena, dando los primeros compases, soltando timos y advertencias. Definiendo el tono de sus talleres Construyendo País y presentándose con un whatsaap (3125300000) donde se puede denunciar a los jíbaros. Red de informantes 2.0. Sin embargo, las primeras puntadas definen bien el talante del gobierno, sus aires infantiles y achacosos al mismo tiempo, su propaganda juvenil y su bandera conservadora, el acento agrio y torpe de algunos de sus ministros.
Lo primero que llama la atención es que Marta Lucía Ramírez parece ser el ala liberal del gobierno. Sus declaraciones respecto al necesario impulso a la implementación del acuerdo con las Farc, su negativa a la posibilidad de convocar a un referendo para reformar la JEP y la línea divisoria que trazó entre el gobierno y el Centro Democrático, la sitúan en el “mamertismo” según el termómetro ideológico del partido del presidente. Ramírez incluso desmintió el exorcismo del padre Chucho como primer acto del gobierno.
Tras ella aparece la huella de los ministros sonoros. La ministra de justicia es la que más ha dado qué hacer. Pasó de la excelencia a la triste inconveniencia. Se le abona que tiene las intenciones de una madre preocupada, pero no queda más que reprocharle su audacia un tanto ridícula en el tema de la dosis mínima. Sacó el borrador de un decreto que busca restringir un derecho constitucional y sus declaraciones sobre adictos, consumo, certificados de los padres, derechos de los policías y defensa de los niños muestran el rebujo que hay en su cabeza y en su cartera. Pero no se contentó con los derechos de los consumidores y siguió con la tutela. Ahora platea restringir el acceso al principal mecanismo de defensa de los derechos en el país. Quiere ponerle requisitos de tiempo, de jurisdicción y de procedibilidad a la acción de tutela. No ha logrado entender que todos los jueces tienen competencia para resolver sobre derechos constitucionales, que no se puede convertir una herramienta extraordinaria (en todos los sentidos), en un proceso ordinario. La ministra de justicia comenzó con ganas de lograr algunos tachones sobre la constitución y la jurisprudencia de la Corte.
Cuando la señora Borrero descansa madruga el ministro Botero. Su primera intención es regresar a las fumigaciones con glifosato. El ministro de defensa habla como agricultor poco asoleado y comerciante curtido: “Yo les voy a contar mi experiencia como agricultor, yo no he conocido un mejor herbicida que el glifosato, no existe (…) El herbicida que se usa en Colombia es glifosato, usted entra a cualquier almacén y ahí está.” Los fallos de la Corte Constitucional tampoco importan en este caso y mucho menos los estudios internacionales que señalan la “asociación positiva” entre el pesticida y el cáncer en humanos. Luego, me imagino que de nuevo como campesino, dijo que las protestas sociales tenían que regularse y remató con la acusación según la cual dichas protestas eran financiadas por ilegales. Desde sus días en Fenalco ha insistido en las pérdidas que dejan esos “desórdenes”. Un discurso que recuerda los dichos una y mil veces durante el gobierno Uribe: “La protesta está infiltrada por la guerrilla”. Tanto se repitió eso en su momento que, por ejemplo, líderes de la protesta de los corteros de caña en 2008 terminaron tres años en la cana luego de señalamientos del expresidente. Ante la repetición del discurso un caricaturista de la época decía que al parecer la guerrilla estaba infiltrada por campesinos que protestaban.
Carrasquilla también ha entregado lo suyo a la comedia, pero casi siempre a nombre propio. De modo que los ministros hablan en la mañana y el presidente maquilla y pule en las tardes. Una regla, un lápiz rojo y un bisturí para hacer la cartelera de todos los días.






martes, 11 de septiembre de 2018

Consumo al tablero






En la discusión sobre el consumo de drogas por parte de escolares los datos suelen leerse como un insumo necesario para la alarma, unos números claves para la histeria, un justificante para hacer algo, lo que sea, una medida enérgica, un tranquilizante para los padres. Leer los datos con mesura será visto como una alcahuetería. Es necesario encontrar en ellos, a como dé lugar, como lo demostró el reciente artículo de la revista Semana, motivos para el pánico.
Sin embargo, el último Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población Escolar realizado en 2016 por los ministerios de educación, salud y justicia en compañía de la OEA, en el que participaron un poco más de 80.000 estudiantes de los grados séptimo a once de colegios públicos y privados del país, deja ver algunas mejorías, algunas cifras para la preocupación y algunas posibles claves para actuar más allá del grito en el cielo y la excitación gubernamental.
Lo primero es una disminución sostenida desde 2004 en las cifras de consumo de alcohol y cigarrillo. Las sustancias legales medidas en el estudio muestran que es posible mejorar con campañas de educación y controles. El tabaco es el caso más exitoso: mientras en 2004 el 23.8% dijo haber consumido cigarrillo en el último mes, en el 2016 la cifra cayó hasta el 7.6%. Los paquetes están en los mostradores y cada vez menos en las manos de los escolares. El alcohol, aunque el 70% de los estudiantes dijo se puede conseguir fácilmente, también mostró un reducción sustancial en el consumo: en 2011 casi la mitad (46.6%) dijo haber tomado en el último mes, en 2016 un poco más de una tercera parte (36.3%) dijo haberse encontrado con el chorro. Las diferencias entre departamentos, muestra que los problemas son muy distintos y por tanto las medidas deben serlo. Por ejemplo, Antioquia, Caldas, Risaralda y Armenia casi doblan en consumo a los departamentos de la Costa Atlántica. Algo similar sucede con las sustancias ilícitas por las que se indaga en el estudio.
Vamos a las drogas ilícitas o de uso indebido. Se les pregunta a los jóvenes si alguna vez en su vida han consumido alguna de las siguientes sustancias: marihuana, cocaína, basuco, éxtasis o inhalables como Popper o Dick. El aumento entre 2011 y 2016 es del 1.4%, pasando del 12% al 13.4%, lo que no parece suficiente para decir que el consumo se ha disparado, tal y como se ha oído todos los días en las últimas semanas. Incluso cuando se les pregunta si han consumido algunas de esas sustancias en el último año se ve una pequeña reducción en los hombres (de 10.5% en 2011 a 9.7% en 2016) y un aumento moderado entre las mujeres (de 6.8% a 8.4%).
Se habla mucho del consumo de marihuana como sustancia que inicia a los jóvenes en el consumo. Pero los escolares que dijeron haber fumado moño en el último año no crecieron más de un punto porcentual entre 2011 y 2016, y cuando se mide si ese consumo implica un alto riesgo, el estudio muestra que apenas el 1.8% del total de escolares se encuentra en ese punto dado su nivel de consumo.
En cuanto al acceso a las drogas, un 70% dice no haber recibido nunca una oferta para probar o comprar. Lo que nos enseña que no se venden como golosinas en la puerta de los colegios. Un 19% dijo haber recibido una oferta semejante en el último año. Tal vez la mayor preocupación debería estar en la baja percepción de riesgo, ya que la idea de un gran riesgo por el uso frecuente de coca y marihuana, está muy cerca del riesgo que advierten por uso frecuente del cigarrillo, y no muy lejos del alcohol. Es claro que es necesario hablar más de las sustancias ilícitas, satanizarlas no es solución, hay que hacer palpables los riesgos con mejores herramientas que la lección de los policías en el baño del CAI. Tal vez la comprensión de lectura de medios, gobierno y opinión pública pueda también ayudar a mejorar los indicadores de consumo entre jóvenes.



martes, 4 de septiembre de 2018

Decretar la requisa







Desde hace 25 años los sucesivos gobiernos han pontificado, amenazado y legislado contra el fallo de la Corte  Constitucional que despenalizó la dosis personal en Colombia. Cesar Gaviria, el presidente sorprendido con la sentencia, habló de la necesidad de un referendo para volver a la prohibición. Los tiempos de Escobar apenas habían pasado y hablar de drogas sin penas era un despropósito. Fue más una postura conveniente que una intención cierta. Los políticos, como muchos fumadores vergonzantes, suelen esconder no sus humos, sino sus convicciones cuando estas no concuerdan con las mayorías. Luego, Samper mencionó la necesidad de una reforma constitucional que reafirmara el compromiso de Colombia contra las drogas. Sabemos que le hablaba sobre todo a la embajada de Estados Unidos. Samper tenía que hacer olvidar una entrevista vieja en la que habló de legalización y una campaña reciente en que se habían legalizado unos aportes.
Para sorpresa de muchos el gobierno conservador de Andrés Pastrana olvidó el tema. Las preocupaciones eran otras y fue un milagro que no se invocara a Nora y a los niños para tumbar esa alcahuetería. La llegada de Uribe marcó una verdadera obsesión con el tema, un ensañamiento, un vicio casi. En un principio pretendió un empadronamiento por parte de la policía para los simples portadores. Uribe, siempre tan organizado, quería sacar el carné del marihuanero expedido por la policía. Y pretendía, además, el tratamiento obligatorio para adictos. No es claro si eso incluía los electrochoques que impulsaba su vicepresidente. Luego de cinco intentos fallidos logró una victoria simbólica en 2009, una prohibición santanderista sin palpables consecuencias en la calle. Uribe insistió que al menos la reforma implicaba el obligatorio decomiso de la dosis por la policía. Santos se posesionó y para seguirle la corriente a quien todavía era su padrino, propuso una reforma al código penal para que el porte de la dosis dejara de ser excepción al delito de narcotráfico. Santos era un liberal de foros internacionales y un policía corriente en el Congreso.
Es el turno del joven Duque. Necesita mostrarse preocupado por la familia y los menores, requiere una pequeña pantomima. No importa la reforma constitucional que logró su apoderado, ni que el reciente código de policía traiga una prohibición expresa del consumo en espacio público y una clara sanción administrativa. La ministra de justicia dijo hace poco que la dosis mínima es una “protección a los adictos” y que quien no sea adicto está traficando. Quiere sacar el carné de adictos. La señora tiene sin duda los cables trabados.
El proyecto de Duque pretende no solo castigar el consumo en sitios públicos sino el simple porte obligando al decomiso de cualquier cantidad de droga, así sea un “cacho de marihuana”, como dice el presidente con lenguaje setentero. Las consecuencias serán muy sencillas. La requisa discrecional de los policías sobre “jóvenes sospechosos”. Un trabajo de Julieta Lemaitre y Mauricio Albarracín publicado por la Universidad de los Andes en 2013, mostró que las detenciones de la policía relacionadas con la dosis mínima recaen especialmente sobre indigentes y jóvenes de bajos ingresos. Los policías deciden cuáles consumidores son potenciales delincuentes o tienen un “alto grado de excitación” que justifica detenerlos. Los jóvenes de clase media o alta nunca terminan en los CAI para evitar problemas. Ahora los policías decidirán a quiénes requisan. Saben en qué bolsillo pueden meter la mano. Habrá requisa y decomiso para los jóvenes de bajos ingresos y una pequeña sobretasa para quienes muestren capacidad de pago. Pura economía naranja.

martes, 28 de agosto de 2018

Votación inconsulta




Hacía tiempo no se veían unas elecciones tan mansas, tan poco cargadas de odio, tal libres de adoctrinamiento y otros impulsos. Los puestos de votación no tenían el aire de desconfianza y recelo al que nos hemos acostumbrado. Fueron unas elecciones extrañas, unánimes de algún modo. Los contradictores no eran quienes estaban entre los que iban llegando a los puestos de votación o buscaban su mesa a nuestro lado en los listados, sino quienes estaban en la casa y desestimaban la democracia sin intermediarios, las decisiones sin grandes marcas ideológicas o personales. Apenas dos meses largos después de la segunda vuelta presidencial, los candidatos enfrentados con todas las letras estaban de acuerdo en un tarjetón con siete preguntas.
Solo una pequeña porción de egocéntricos y paranoicos vieron la consulta como un ataque personal. Cualquier discusión lejana a sus pugnas, donde no sean protagonistas de primer orden resulta inconveniente para ellos. Es posible además, que el líder de esa secta pensara en su experimento fallido de participación ciudadana hace quince años, y en las comparaciones que lo podían poner por debajo en capacidad de movilización. Tiempos aquellos, donde la palabra patria estaba en todos los discursos y se justificaba el gasto en papel, tinta y cubículos.
Parece increíble que una elección casi anónima tuviera un nivel de participación solo un poco más bajo, un millón y medio de votos menos, que la elección más belicosa y agresiva de los últimos tiempos: el plebiscito sobre los acuerdos con las Farc, una supuesta disyuntiva entre la entrega del país a un grupo armado que dejo miles de víctimas en cincuenta años de conflicto y la promesa de una paz “estable y duradera”. La votación del domingo demostró que casi una tercera parte de los ciudadanos salen a votar sin necesidad del fuego ideológico, sin el arrastre de una hecatombe a la vista, sin ardores ni cebos en contante y sonante.
Esa espontaneidad de los votantes, dada además frente a un cuestionario marcado por la enseña anticorrupción, hace que sea muy complejo endosar los votos a partidos o candidatos. La menor votación en la consulta coincide con los departamentos de las costas donde el Sí y Petro sacaron mejores resultados. Excepto algunas capitales como Cartagena, Barranquilla, Popayán y Pasto. Y el centro del país donde el Uribismo ha sido ganador en los últimos años, mostró apoyo fuerte en la consulta, incluso en las zonas rurales donde las votaciones fueron bastante mayores a las logradas por Petro en segunda vuelta. En un departamento marcadamente uribista como el Huila, la consulta logró el umbral con más del 34% de participación. En siete municipios del oriente Antioqueño, donde el Uribismo es legión, la consulta pasó del 33% exigido para ser vinculante. Mientras en Medellín sacó cien mil votos más que Fajardo, Petro y De La Calle sumados en primera vuelta. La participación fue más una señal de cultura democrática, de madurez política y criterio propio a la hora de votar, que un asunto de filiación partidista u obediencia al caudillo. Aunque hubo algunas coincidencias notables entre regiones donde fueron fuertes los verdes y donde se votó con ganas el cuestionario.
Quedan varias preguntas para lo que viene ¿Tienen las consultas riesgos cercanos al llamado “estado de opinión”? ¿Puede convertirse en un instrumento para que las mayorías restrinjan algunos derechos de las minorías? ¿Sirve el mecanismo para reformar la Constitución como decían algunos críticos sucedía con las preguntas 1 y 7? Sin duda hay riesgos apreciables que no deberían desconocer quienes hablan de bajar el umbral o convertir el mecanismo en un juguete para cada desacuerdo.

martes, 21 de agosto de 2018

Noticias del caserío







La música truena en un kiosco a orillas del Río Sucio en el departamento del Chocó. A horcajadas sobre las barandas que rodean el amplio kiosco hay tres mesas plásticas acomodadas según un orden sugerente: una amarilla, otra azul y una última roja. No parece haber sido una cuestión del azar ni de los tragos. En dos billares ubicados afuera del kiosco, seis hombres juegan sus suertes entre medias de guaro. Dos policías sirven de espectadores, comentan una jugada, sonríen con su fusil al hombro, señalan una posible tacada. El resto del caserío duerme entre las chicharras silenciadas por el vallenato.
Cerca de ciento veinte personas viven en el caserío que la jerga oficial ha llamado Zona Veredal Transitoria de Normalización y Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación. Nombres intrincados para realidades complejas. Han pasado dos años desde la llegada de los combatientes a un platanal a quince kilómetros de Belén de Bajirá. Un tiempo largo, una espera quieta. Ninguno de ellos imaginaba que la paz era el tedio, que le reconciliación era algo parecido a pararse frente a la ventanilla siempre morosa del Estado. Más de la mitad de los combatientes se fueron a buscar vida cerca a sus familiares, a intentar aventuras colectivas en otras tierras, a ensayar una azarosa libertad fuera de la escuadra. Han llegado familiares de los que persisten en esa colección de casas de cartón acompañadas de baños comunes, una tienda, dos billares, una cancha de fútbol, un teatro, un sitio de internet y algunas aulas. Las plataneras, matas de maíz y yuca, algunas flores y los corrales dejan ver esos dos años de vida improvisada. La suma de los gatos, los perros y las gallinas superan a los habitantes humanos.
Hasta ahora ha sido imposible armar una cooperativa para buscar un proyecto colectivo. Solo hacer coincidir las firmas con el nombre registrado en las cédulas ha sido un problema insalvable. Encajar en la sociedad, convencer al Estado, lograr que los niños no sean llamados guerrilleros en el colegio no ha sido fácil. Tal vez la relación más fluida hasta ahora ha sido con sus antiguos enemigos a muerte. Los policías que cuidan la zona han terminado con una vida muy similar a los desmovilizados. Ahora se tratan con respeto, hasta con cariño, “ya somos familia”, dicen, y hasta los abismos ideológicos se han ido cerrando.
El reclamo recurrente es tan viejo como el conflicto que terminó. “¿Para qué vamos a gestionar un proyecto si no tenemos tierra, dónde lo vamos a desarrollar, en la cabeza?” Saben que viven en arriendo y que en enero se acaba el contrato entre el gobierno y la “dueña” del caserío. La tierra donde están tiene, para que nadie se extrañe, un proceso de restitución. Los tiempos se hacen eternos mientras el megáfono comunal anuncia la llegada de las pipetas de gas. Las discusiones de la comunidad se parecen mucho a las de las familias recién llegadas a vivir a edificios con apartamentos de interés social en las ciudades: fiaos en la tienda, problemas por el ruido, reclamos por el uso de espacios o proyectos comunes. Asuntos más del Código de Policía que del Estatuto antiterrorista.
En medio de la vida civil los más jóvenes parecen disfrutar de una libertad desconocida, como si hubieran llegado súbitamente a la mayoría de edad. Ahora pueden moverse “en la medida de su pobreza”, según las palabras repetidas por un joven de Curvaradó con unas cervezas encima. Quienes sumaron más años en la guerra viven con cierta resignación, con una esperanza algo más menguada, tirando al aire el ficho que el Estado les entregó para esperar el turno de una nueva vida.


martes, 7 de agosto de 2018

Golpe de realidad




Lo primero será extrañar al gran enemigo, añorar su torpeza y las oportunidades que ofrece siempre un blanco fácil. No podrá persistir en esa batalla, no tendrá a la mano la amenaza a la que tanto se acostumbraron sus partidarios para llamar a la unidad, al patriotismo, al linchamiento. Tendrá que buscar nuevas miras, cambiar de cruzada, invocar nuevas victorias, porque luchar contra una sombra solo deja ver la paranoia y el ridículo. La mano que Uribe le ofreció a Victoria Sandino en la instalación del nuevo Congreso, es de algún modo el reconocimiento del fin de un enemigo que le prestó grandes servicios. “El enemigo es el cuerpo de nuestra propia pregunta”. Nunca es fácil cambiar de interrogantes y de respuestas.
Lo segundo será el alivio de encontrar algo más lejos el abismo que advertían sus padrinos y partidarios. Iván Duque pasó casi sin solución de continuidad de la burocracia internacional a las campañas políticas. Digamos que en su oficina en Washington estaba acostumbrado a respetar las cifras, a pensar los datos, a ver la honestidad intelectual como una virtud y no como una debilidad. Luego llegó a lidiar con los estrategas de la mentira y los compañeros que no cuidan las comunicaciones. Ahora, más cerca de los informes que de los discursos, sabrá que el infierno está más lejos de lo anunciado, y que los indicadores son siempre un arma arrojadiza.
Luego vendrá la mezquindad, casi siempre disfrazada con adulaciones y medallas en el escenario de la política. Duque está acostumbrado a una bancada ordenada según las reglas de un patrón inflexible, a un partido que es sobre todo un corrillo alrededor de un hombre vociferante. Una bancada para dejar constancias: “Para hacer ruido se elige a la gente más pequeña, los tambores”. Ahora tendrá que lidiar con partidos recién llegados a su gobierno, políticos que saben que todavía no es hora de mostrarse ávidos, pero que en la primera oportunidad le darán un pinchazo como advertencia, luego dejarán algo fétido en su atril a manera de amenaza y al final no dudarán en dar el zarpazo. La pequeña anarquía de hace unos días para nombrar comisiones y “dignidades” en el Congreso, mostró algo de lo que se viene. Ese salón será el escenario de sus principales debilidades, sobre todo porque ahí está su principal protector, su dependencia, el recuerdo de su vasallaje.
Su gabinete entrenado sobre todo en las juntas empresariales sufrirá un duro golpe contra la papelería del Estado, contra la tortuosa obligación de llenar las formas de la burocracia. Los militares no obedecen como los tenderos, los hospitales de Córdoba y Sucre no se trapean como la Fundación Santa Fe, las licencias ambientales no se tramitan con descuentos y los profesores no obedecen con la mansedumbre de los vendedores por catálogo. Vendrá la furia de los gerentes a la que la burocracia es indiferente, y la impotencia y la renuncia y el hambre de los políticos que soltarán con sorna una frase conocida: “Se los dije”.
Todo eso sucederá mientras el nuevo presidente lee el censo en la soledad de su oficina, con los retratos y los demonios de Palacio observando al joven aprendiz que toma notas y subraya sus cuadernos recién forrados. Mientras tanto, afuera, estarán los guerreros de siempre, los expertos en selvas, montes, política, gentes, muerte…, quienes han pasado de guerrilleros a paracos, de paracos a pillos a secas, de pillos a disidentes. Aprenderá, en últimas, que la banda presidencial es también una soga.



miércoles, 1 de agosto de 2018

De la silla al banquillo






En América Latina los presidentes casi siempre tienen trabajo asegurado al dejar su silla. Las afugias de un juicio penal se han convertido en rutina para los exmandatarios, y sus acompañantes pasan muy pronto de guardaespaldas a guardas a secas ¿Qué hace que en países acostumbrados a altos niveles de impunidad la figura política más poderosa termine con tanta frecuencia en el banquillo de los acusados? ¿Son tan grandes y visibles los actos de corrupción, los abusos de poder, las persecuciones a los opositores? ¿O son inevitables las venganzas políticas, las traiciones de los herederos electorales, los montajes de los enemigos gratuitos o merecidos? Las preguntas son difíciles de responder. Lo cierto es que al parecer, entre nosotros, los escenarios políticos no son suficientes para resolver las tensiones democráticas. La política termina necesariamente ante la instancia definitiva de los jueces y magistrados, los debates acaban en interrogatorios y las rendiciones de cuentas en juicios.
Perú, por ejemplo, tiene una historia ejemplar de procesados presidenciales. Alan García vivió ocho años de exilio entre Colombia y Francia luego de que en 1991 fuera acusado de usar 500.000 dólares del presupuesto público para construir tres casas en Lima. Fue el primer presidente peruano en enfrentar un juicio, aunque fuera huyendo. El Congreso levantó su inmunidad y quedó en manos de un fiscal de apellido Jurado. Siempre dijo que le tenían temor a su regreso a la presidencia y luego de la prescripción del delito en 2001, en efecto volvió a ser candidato y perdió con cerca de cinco millones de votos. Fujimori pasó de inofensivo agrónomo a monstruo de tres periodos presidenciales y convirtió los organismos de inteligencia en agencias contra la oposición y a sus asesores en verdugos. Viajó a Japón como un abuelo meditabundo en el año 2000 y volvió extraditado para enfrentar condenas por delitos de lesa humanidad, peculado y espionaje telefónico. El año pasado el debate sobre el cumplimiento efectivo de su pena todavía sirvió para resolver las elecciones en su país. Ollanta Humala está bajo prisión preventiva desde hace un año por un proceso por lavado de activos relacionado con Odebrecht. Para bien o para mal en el canazo lo acompaña su esposa. Y Alejandro Toledo dijo hace unos meses que si se levanta su detención preventiva volverá desde Estados Unidos a enfrentar el juicio por supuestamente haber recibido veinte millones de dólares de la dadivosa Odebrecht.
En Ecuador los procesados van desde el payaso de Bucaram pasando por Lucio Gutiérrez, quién fue su edecán y luego llegó a la presidencia, hasta llegar al ceñudo Rafael Correa en guerra política con su antiguo escudero Lenín Moreno. Bucaram, acusado de peculado, está asilado en la Panamá del expresidente Martinelli, quien se encuentra en detención preventiva por el supuesto espionaje a 150 opositores. Por su parte Lucio Gutiérrez se asiló en Brasil y Colombia, pero la nostalgia lo hizo volver a su país a enfrentar juicios por atentar contra la seguridad del Estado y otras gracias. Lula de Silva, favorito indiscutido en las encuestas en Brasil, está en la cárcel luego de un cerrado 6-5 en la Corte Suprema. Corrupción leve y lavado de activos marcan sus doce años de prisión. Y Cristina Kirchner no está en la celda preventiva por encubrimiento gracias a la inmunidad que le presta su posición de congresista. Dejemos quieto a Menem para no ir tan lejos y a Gonzalo Sánchez de Lozada para no subir hasta La Paz.
Las disyuntivas que plantean los procesos repetidos no son nada halagüeñas para estas precarias democracias. O los presidentes están siempre bordeando el código penal, o las Cortes y otros encargados de los juicios están siempre conjurados.




martes, 24 de julio de 2018

Vicios electorales






El uribismo ha convertido en vicio su intención reiterada de acabar con la figura de la dosis personal reconocida desde 1994. La obsesión tiene algo de tara moral y mucho de oportunismo electoral. Esa promesa es una golosina irresistible para los votantes que consideran una solemne alcahuetería que no haya cárcel para los consumidores de “semejantes porquerías”. La idea, un tanto arrevesada, se resume en que el Estado debe proteger a los ciudadanos de los estragos de la droga con una dosis apropiada de cárcel. En el referendo fallido de 2003, Uribe incluyó el tema como una de las preguntas claves para incluir razones sencillas y vendedoras entre su galimatías de caprichos administrativos, penales y presupuestales. Para la campaña reeleccionista en 2006 reiteró la propuesta con la vehemencia de quien lucha contra una epidemia. Uribe y muchos de sus seguidores no pueden entender que haya límites a la actuación punitiva del Estado frente a conductas que solo causan un daño a quien las practica. Piensan igual a quienes lideraron la hegemonía conservadora hace 100 años en Colombia: “El mal no tiene derechos”.
La frase que es ya una especie de promoción de campaña se oyó en boca de su pupilo durante el primer semestre del año: “Vamos a acabar con la dosis personal para el consumo de drogas para proteger a nuestros jóvenes”. Dicha prohibición es casi un imposible constitucional. Tiene múltiples respaldos jurisprudenciales de las altas cortes y por supuesto sustento en diversos artículos de nuestra carta de derechos. En 2009, tal vez uno de los momentos de mayor respaldo del Congreso al gobierno Uribe, se aprobó un acto legislativo que incluyó en el artículo 49 de la constitución la prohibición del “porte y consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas”. El Congreso se negó a aprobar los textos más duros y punitivos que proponía el presidente. Pasaron cinco proyectos de reforma y muchos cambios en el legislativo hasta encontrar una fórmula que prohíbe el consumo y dispone “medidas administrativas de orden pedagógico, profiláctico, terapéutico con el consentimiento informado del adicto…” Se impuso pues una prohibición de la que no se sigue un castigo.
Para las Cortes es claro que los portadores y consumidores de una dosis personal (20 gramos de marihuana, 1 de cocaína y 2 de metacualona) conservan su protección constitucional y “es posible tener por impunes las conductas de los individuos dirigidas al consumo de estupefacientes en las dosis mínimas. Lo anterior, en razón al respeto al derecho al libre desarrollo de la personalidad, y a la ausencia de lesividad de conductas de porte de estupefacientes encaminadas al consumo del adicto dentro de los límites de la dosis personal, pues éstas no trascienden a la afectación, siquiera abstracta, del bien jurídico de la salud pública…” De modo que los cambios requeridos para llevar a la cárcel a los consumidores a la cárcel podrían constituir una sustitución de la constitución. El uribismo, experto en el tema, lo sabe muy bien.
La prueba reina de que la cantaleta del Centro Democrático es sobre todo una argucia en busca de votos, es un proyecto de ley presentado en 2016 por la bancada de ese partido en la Cámara y respaldado por Iván Duque como autor en el senado. El proyecto entregaba protección a la dosis personal y definía la dosis de aprovisionamiento, además proponía la creación de centros de consumo controlado con suministro de drogas a los adictos por parte del Estado. Se aprobó en plenaria de la Cámara y estaba listo para ir a comisión séptima del senado. Pero no casaba con el discurso de campaña y decidieron retirarlo en silencio, con razones entre mentirosas y risibles.
Detrás de la mano dura, hay sobre todo una postura frívola y manipuladora, una utilización del castigo como carnada electoral y un desprecio por los derechos de los consumidores y las evidencias de los investigadores contra las estrategias del castigo.

martes, 17 de julio de 2018

Portadas de ahogado





Hace quince años comenzaron los primeros contactos en San José de Ralito, corregimiento de Tierralta en Córdoba, para la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). El proceso duró cerca de tres años y en 2006 se presentaron ante el gobierno y la sociedad 31.671 combatientes que entregaron algo más de 18.000 armas y decían estar dispuestos a dejar la guerra. Hoy se dan versiones variadas sobre la magnitud y el significado de la herencia criminal que dejó el proceso; incluso se discute la manera como deben nombrarse quienes volvieron a las armas y la ilegalidad, para algunos una nueva generación paramilitar, para una versión más oficial y aceptada Bandas Criminales.
No cabe duda que el paramilitarismo como organización contrainsurgente, ligada a amplios sectores del ejército y la policía, con gran incidencia en la política regional y nacional, dejó de existir para convertirse en un nuevo engendro. Se había firmado el fin de la gran organización criminal con mandos claros en las regiones, un manual ideológico, líderes nacionales con vocería en los medios y capacidad de presionar e influir en el gobierno nacional. En 2011, cinco años después de la desmovilización, las cifras oficiales hablaban de 1.229 reincidentes capturados, centenares dados de baja y otros tantos activos. Hace un poco más de dos años la Agencia Nacional de Reintegración entregó una cifra de 24% de reincidencia por parte de quienes se presentaron a las listas de Justicia y Paz. La gran mayoría de los mandos medios armaron estructuras acordes a su capacidad y fueron creciendo nombres como ‘Los Paisas’, ‘Los Urabeños’, ‘Los Rastrojos’. En Urabá se consolidó un liderazgo nacional y el Clan del Golfo se convirtió en una especie de franquicia que agrupó a variadas e independientes bandas con modales y ropaje paraco, pero con muy distinto alcance, discurso y relación frente al Estado, que se convirtió en un enemigo más cierto como lo demuestra el final de Giovany, El Indio, Gavilán, Inglaterra y decenas de cabecillas más, y frente a las con las guerrillas que en algunos casos comenzaron a ser aliadas en empresas criminales de narcotráfico y minería ilegal. Sin duda conservan control territorial en algunas zonas e intimidan liderazgos incómodos en otras, pero su discurso cambió y su interés principal son las rentas criminales. Incluso muchos de ellos han terminado como segundos de los narcos mexicanos que vienen por su surtido.
Todo este recuento para intentar un paralelo con lo que son hoy las disidencias de las Farc y la posible “refundación” de esa guerrilla de la que habló la revista Semana. Al igual que las AUC las Farc dejaron de existir, así algunos de sus mandos medios quieran conservar sus viejos discursos y negocios, y así quieran posar de comandantes. El gobierno habla de una reincidencia cercana al 10% mientras los más pesimistas señalan un porcentaje que estaría muy cerca del 24% aceptado en el caso de los Paras. Las “Farcrim” no serán nada muy distinto de lo que es el Clan del Golfo que hoy estrena ley para buscar un sometimiento. Una federación de grupos independientes con un degrado discurso ideológico que es simple fachada, con el centro de sus rentas y aliados en las fronteras y con una base social reducida a la mano de obra de gatiilleros, narcos y campaneros. Ni siquiera los cultivadores de coca serán cercanos a sus estructuras. Rehuirán al ejército en vez de enfrentarlo y no harán conferencias nacionales sino “juntas directivas” locales. No tendrán ni argamasa ideológica ni coherencia histórica. Las Farc han desaparecido, lo demás son portadas de ahogado.