martes, 5 de diciembre de 2017

Riesgo fiscal






La Fiscalía ha comenzado a combinar todas las formas de lucha. Las investigaciones criminales, las órdenes de captura, las acusaciones ante los jueces son ahora solo una parte de su tarea. Por otro lado se dedica a las filtraciones selectivas para crear un clima de opinión que empuje sus tesis, al espectáculo de las capturas y los titulares como si fuera una agencia de prensa y a presionar a los jueces más allá de las audiencias públicas. Un populismo temerario impulsa muchas de sus actuaciones frente a funcionarios y exfuncionarios. Con una campaña que más parece el título de una canción mala,” Bolsillos de Cristal”, ha comenzado una cacería que según Néstor Humberto Martínez busca “recuperar el tejido ético de la nación”. El fiscal general dice que pasó el tiempo de las “dubitaciones” y que ante el fracaso de la sociedad civil y la prensa libre contra la corrupción ha llegado “la hora de la justicia”. Nada más peligroso que ese grito en boca de un convencido, de uno que tiene las llaves de la cárcel y no le caben dudas; sobre todo cuando es además relacionista público, consejero de contratistas, político soterrado y abogado panelista.
En los últimos meses la Fiscalía ordenó las capturas de los alcaldes y dos exalcaldes de Montería y Santa Marta, y del exalcalde de Neiva. En todos los casos los jueces de control de garantías han liberado a los acusados.  Luego de la decisión más reciente, referida a Carlos Caicedo y Rafael Martínez, el juez de control de garantías le pidió al fiscal encargado del caso rectificar sus declaraciones tras la audiencia. Ahora los fiscales salen a descalificar en los medios a los jueces que niegan sus peticiones, y que se niegan a sostener reuniones privadas para tratar temas que exigen audiencias públicas, como lo propuso en este caso el director seccional de fiscalía del Magdalena. Alegra que algunos jueces tengan claro que con la libertad de los no vencidos en juicio es mejor andar con pies de plomo que con embelecos de cristal.
Los antecedentes de Carlos Caicedo en la Universidad del Magdalena y en la alcaldía de Santa Marta demuestran que ha hecho mucho más contra la corrupción que los peligrosos alardes de la Fiscalía. Como rector la pelea contra los poderes de Trino Luna, condenado por parapolítica, le valió reconocimientos por parte del ministerio de educación y los estudiantes. Y le valió una condena a ocho años que tumbó el Tribunal Superior de Bogotá. Caicedo sabe de acusaciones falsas y fiscales falaces. Como alcalde e impulsor de acciones populares y tutelas ganó varias peleas contra Metroagua y sus pretensiones de apoderarse de las redes de acueducto de Santa Marta o exigir a cambio 60.000 millones de pesos. La empresa es controlada por la española Inassa que tiene a varios de sus directivos en la cárcel por pago de sobornos y otras aventuras. Las acusaciones actuales contra Caicedo y Martínez tienen que ver con retrasos y sobrecostos en obras contratadas en sus administraciones. La lupa del fiscal quema a quien él decida apuntar. Con ese rasero todos los funcionarios deberían ser esposados y retratados para el show de la Fiscalía. Hasta Luis Miguel ‘El Mello’ Cotes, exgobernador del Magdalena, ficha de Cambio Radical, y responsable del contrato de la vía de La Prosperidad que luego de cinco años de “trabajos” está en la inopia.
Con Marcos Daniel Pineda y Carlos Correa en Montería las cosas han sido parecidas. Retrasos y sobrecostos en la construcción del coliseo Miguel ‘Happy’ Lora. En este caso la detención preventiva se desestimó en dos instancias mientras la fiscalía sigue presumiendo de su firmeza. En Neiva el exalcalde Pedro Suárez fue liberado luego de tres meses. Los encargados de vigilar y ejecutar los contratos seguían libres y batallando por nuevos negocios mientras los funcionarios estaban cárcel. El tribunal Superior del Huila tumbó la detención pero la fiscalía se contenta con la foto de la captura, esa es su primera instancia.
Peligros de la “hora de la Justicia”. Pasa en Colombia, pasa en las capitales, pasa en la vida real.








miércoles, 29 de noviembre de 2017

Manchas fúnebres







El entierro de Inglaterra fue un evento sencillo. A ojo de buen cubero se puede decir que el 2% de la población de Carepa salió a despedir a Luis Orlando Padierna. Y eso que según dijo el alcalde muchos de quienes encabezaban el cortejo eran “foráneos”. Con un solo familiar convocado por cada uno de los 500 hombres que se dice tienen los Gaitanistas en Urabá era suficiente para hacer esa ruidosa y dolida marcha fúnebre. Además de los colados para que los duros los “tengan en la buena” y les den media de guaro.
La policía se mostró indignada por la manifestación el mismo día de la captura del mayor Héctor Fabio Murillo por sus tratos con el capo recién muerto. La nómina tiene nombres en cuarteles, parqueaderos, fincas, restaurantes y parques. El Clan del Golfo maneja su propio Sisbén en la zona. Un pequeño subsidio mensual a quienes llaman “puntos” y tienen la misión de ser incondicionales, tener muy buen oído y ser mudos. Una especie de milicia de desarrapados. Pero también tienen su modesto departamento de infraestructura y riegan sus obritas por barrios y trochas.
En un año pueden caer cerca de 40 toneladas de coca en Urabá y sus aguas cercanas. Una cifra similar logra hacer tránsito hacia el norte desde la región. Un kilo de coca que en Urabá puede valer tres millones de pesos, puesto en Panamá ya suma unos cincuenta millones. Esos son solo los ceros del primer trayecto, de ahí para arriba la tarifa sigue creciendo de manera exponencial. Ahí está una buena parte de la economía de la región. Los talleres de motos, los puestos de chance, la construcción de vivienda, las pequeñas discotecas, los prestamos gota a gota crecen según las bonanzas y las caídas de los viajes. Tanto Inglaterra como los hermanos del clan Úsuga David llevan más treinta años enfierrados en la zona. Han sumado dos y tres desmovilizaciones con diversos brazaletes. Han ejercido “justicia” y terror, han montado negocios, han jugado a ser benefactores y verdugos en una zona de múltiples colonizaciones, donde la justicia y el Estado siempre han sido la excepción, donde ha primado un orden oscuro que se transforma según el gusto de los señores de la guerra. No en vano Urabá ha sido siempre tierra de aventureros y desplazados, de familias en busca de segundas oportunidades, de comerciantes con bolsillo de doble fondo y excluidos sociales.
Hace un poco más de cinco años la muerte de Juan de Dios Úsuga paralizó a todo Urabá y a más de cien municipios en el país. Fue una resaca de comienzo de año que demostró el poder de lo que se creía era una simple banda. Hace unos meses el entierro de alias Gavilán fue acompañado por una banda de tres músicos y unas seiscientas personas en el corregimiento de San José de Mulatos en Turbo. Algo ha cambiado desde la muerte de alias Giovanni a comienzos de 2012. Pero hablar de patologías sociales en regiones donde la lealtad no es un asunto moral sino una cuestión de vida o muerte, de simple supervivencia, es mirar hasta Urabá por medio de un lente muy opaco. Planeta Turbo llamaba la comitiva de un reconocido político antioqueño a ese municipio luego de cada correría. Allá rigen otras reglas y mandan otras insignias. Desde las ciudades se suele ejercer un maniqueísmo muy simple, un moralismo muy barato del cual el mejor ejemplo es ese triste letrero: “los buenos somos más”.



martes, 21 de noviembre de 2017

Consulta impopular





Hace un poco menos de treinta años Luis Carlos Galán obtenía uno de sus más importantes triunfos políticos. No fue solo una victoria personal, no se trató de una mayoría en las urnas sino del logro de una transformación democrática al interior del partido mayoritario en Colombia. La lucha le tomó cerca de cinco años y concluyó con el acuerdo unánime, durante la convención liberal del 23 de julio de 1989 en Bogotá, para elegir candidato del partido por medio de una consulta popular abierta. En el camino había renunciado al Partido Liberal y creado el Nuevo Liberalismo como una necesidad ante los mecanismos arcaicos y clientelistas de elección que impedían la renovación y el protagonismo sin la venia de los “caciques”. Menos de un mes después de esa victoria fue asesinado en Soacha en medio de la competencia por la candidatura oficial del partido, que virtualmente elegía al presidente de la república.
Durante un año y medio el expresidente Turbay dirigió la puja entre los seis precandidatos y los congresistas por concretar y afinar el mecanismo. Se criticaban los costos de campaña y la división del partido, se anunciaban rebeliones de los caciques liberales y al mismo tiempo se desestimaba el carácter democrático de la consulta subrayando el clientelismo por venir, se señalaban los riesgos de la participación de votantes ajenos al liberalismo. Al final Turbay zanjó la discusión con una frase sencilla: “Quizá la consulta sea insoportable, pero su ausencia sería aún peor”. Con la campaña empezando, de nuevo en el “viejo liberalismo” pero con nuevas reglas, Galán celebraba su triunfo: “Nos reintegramos al partido liberal en virtud de un acuerdo de igual a igual, un acuerdo en torno de compromisos y criterios a través de los cuales, con los demás liberales de Colombia, le vamos a dar una salida feliz a nuestra patria después de estos años de crisis y tragedia. Compañeros: el viaje continúa, con la misma brújula, el mismo destino y en una nave más grande”. Se confirmaba el debilitamiento o al menos la posibilidad de vencer a los barones electorales, intermediarios obligados frente a los votantes. Ahora Bernardo Guerra Serna, José Name Terán, Víctor Renán Barco, Julio Cesar Guerra, César Pérez García no podrían imponer su candidato por “aclamación” y Hernando Durán Dussán no sería presidente por el simple dedazo.

El fin de semana pasado se celebró el repudio a la consulta liberal por parte de los partidos, los medios y los ciudadanos en general. Fue imposible hablar de democracia, de participación, mencionar una o dos ideas, recordar a Galán, repudiar los acuerdos a oscuras por parte de los políticos. Se habló de política con el burdo cuaderno del contador en la mano. La gran inteligencia consistió en dividir el costo de la consulta entre el número de votantes para señalar el precio exorbitante. Lo hicieron desde herederos de Galán como Juan Lozano hasta presentadores de variedades como Jota Mario Valencia. La consigna, casi unánime, reunió una mezcla de apatía y prejuicios: decidan ustedes los políticos que nosotros ya tendremos ocasión de quejarnos. Tal vez una más optimista: escojan ustedes, pero escojan bien. La descalificación automática del mecanismo tendrá consecuencias sobre las designaciones en el futuro. Cada vez queremos menos influencia de los políticos y al mismo tiempo buscamos delegar las decisiones importantes a sus pulsos y rencillas. Los partidos dignos de elogio, que se inscribieron para hacer consulta y al final no concurrieron, resultaron ser el Centro Democrático que elige siguiendo la lógica de un capo y unos temerosos precandidatos, lógica ya fallida una vez; y el Partido Conservador que está a la espera de ofrecimientos por su bandera y definirá con el carisellazo de sus congresistas. No queremos ni partidos ni consultas. Solo patrones. 

martes, 14 de noviembre de 2017

Peligros de la disciplina





Las recientes recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) son una alerta razonable más allá de los efectos particulares respecto a Gustavo Petro. La Procuraduría colombiana, con la oruga de hierro en su plazoleta, se ha ido convirtiendo en una pulcra amenaza, un peligroso órgano de descontrol. La CIDH pide con razón que funcionarios elegidos popularmente no puedan ser destituidos e inhabilitados por instancias administrativas. Instancias que además tienen un alto grado de contaminación política y electoral. Hace unos años, el exalcalde de Bogotá Paul Blomberg dejaba claros los riesgos institucionales de esa extraña figura colombiana, a medias entre directiva de ONG, fiscal, juez y advertidor general de la nación: “Un alto funcionario como el procurador, cuyo nombramiento resulta de pactos oscuros en cuerpos colegiados de elección popular poco aprestigiados, tiene las facultades de instruir y la de sancionar al mismo tiempo.” Además de ese doble papel, para muchos casos no existe una segunda instancia luego de la sanción disciplinaria, y a los ejecutados no les queda más que recorrer un largo camino ante el Consejo de Estado.
El caso del exalcalde Petro deja muy claro la perversidad que pueden entrañar los poderes desmesurados y carentes de una mínima responsabilidad que ejerce el procurador en Colombia. Alejandro Ordóñez, actual candidato presidencial, pudo sacar de carrera a uno de sus competidores para las elecciones de 2018. Hoy su fallo puede verse como una simple zancadilla de un candidato a un rival indeseado. Es muy posible que la sanción impuesta hace casi cuatro años se caiga en el Consejo de Estado, pero eso no dejará ninguna consecuencia para el exprocurador: “Al menos lo intenté”, pensará con algo de desvergüenza. Los errores, las omisiones, las audacias administrativas de alcaldes y gobernadores pueden pagarse caro ante la Procuraduría, pero los abusos probados del órgano de descontrol nunca tendrán consecuencias.
La Procuraduría es cada vez más –no solo en manos de Ordóñez, el actual procurador Carrillo ha demostrado ser un actor del espectáculo anticorrupción– una especie de administración a posteriori, inteligentísima una vez se presentan los hechos, con la potestad no solo de señalar y castigar errores sino de imponer políticas públicas. Hace seis años la Procuraduría de Ordóñez suspendió al alcalde Samuel Moreno por una “presunta y posible omisión en el deber de asegurar las obras en debida forma”. Se refería a tres obras de infraestructura en particular y a los incumplimientos de los contratistas. A esas alturas Samuel Moreno no tenía quién lo defendiera y terminó por fuera del Palacio Liévano por temas muy distintos a la corrupción probada años después. Si los problemas con contratistas justifican destituciones, los alcaldes y gobernadores quedarían en las manos de empresarios privados y sería imposible que acabaran su periodo. Bastaría un contratista ineficiente y vengativo y un Procurador acucioso por protagonismo o animadversión política.
El Consejo de Estado ha tumbado en los últimos años sanciones contra Alonso Salazar, Piedad Córdoba, dos a falta de una, Sabas Pretelt y muy seguramente viene un fallo en ese mismo sentido en el caso Petro. En todos ha resaltado falta de pruebas y violación de derechos políticos. Sin  eso pasa con alcaldes en las principales ciudades, ministros y congresistas qué podrán esperar los alcaldes de pequeños municipios ante ese monstruo político con pelaje de moralidad. Es hora de pensar en una fórmula para llevar a la Procuraduría y a la corrupción a sus justas proporciones.



martes, 7 de noviembre de 2017

Retratos hablados







No existe lo que se llama la versión definitiva, decía Octavio Paz hablando de los poemas que se escriben, los que se piensan y los que se atoran. Algo parecido podría decirse de la historia en mayúscula, de la pequeña historia a borbotones que sueltan los periódicos, de las biografías de los hombres y mujeres reseñados bien sea por sus virtudes o sus horrores. Esa sencilla línea de la historia que muestran las cronologías en realidad da rodeos, retrocede, da saltos de olvido o se atranca con un martilleo sobre un mismo escollo de humanos e ideas. Y así cambian las perspectivas, los juicios y las certezas. La política es una gran herramienta en eso de reteñir, borrar o corregir hechos y personajes importantes. Marca los énfasis según conveniencias, mayorías, discursos y temores futuros. Trabaja todo el día en lo que podría llamarse estrategias de verdad.
Hace unos días la polémica semanal giró alrededor de la figura de alias Alfonso Cano, y de la ofensa que suponía para muchos que algunas personas decidieran hacer un homenaje a un hombre que dirigió a las Farc y, por tanto, debe cargar sobre su historia un buen número de páginas de sangre. La pregunta es si el fin de las Farc como grupo armado hará posible tener una visión distinta sobre Cano. No una que disculpe sus crímenes, no una que busque enaltecerlo por su “lucha” como hacen sus camaradas, pero sí una que permita verlo como un hombre más complejo que el condenado por los jueces penales y muerto por las balas militares. Una en la que el odio ceda espacio a la curiosidad frente a los contradictores, a las preguntas frente a los radicales.
La muerte reciente de Martin McGuinness, miembro del IRA, segundo del Sinn Féin, su brazo político, artífice del acuerdo del Viernes Santo en 1998 y vice primer ministro de Irlanda durante casi una década, deja algunas lecciones sobre la versión siempre imperfecta y cambiante de personajes que estuvieron en la guerra. McGuinness terminó siendo compañero de pesca y amigo de Ian Paisley, su principal contradictor político y quien debía encargarse del contrapeso Unionista en el gobierno compartido con los republicanos: “Jamás habíamos hablado de nada y ahora trabajamos juntos, sin palabras de reproches entre nosotros. Eso demuestra que estamos preparados para un nuevo rumbo”, dijo McGuinness recién posesionado como vice primer ministro. Tony Blair, quien firmó los acuerdos que había comenzado su antecesor, dijo en su momento que luego de considerarlo un terrorista había terminado viendo en McGuinness una “inspiración” al momento de buscar la paz: “Muestra que la política funciona”, remató con algo de alegría y resignación. Blair fue más allá y habló de las distintas visiones posibles y comprensibles: “Habrá algunos que no puedan olvidar el amargo legado de la guerra. Y en el caso de aquellos que perdieron a sus seres queridos en ella, es completamente comprensible. Pero aquellos que fuimos capaces de traer finalmente el acuerdo de paz a Irlanda del Norte, sabemos que no podríamos haberlo hecho sin su coraje y su silenciosa insistencia en que el pasado no debe definir el futuro.” También la reina Isabel, quien perdió a su primo Lord Mountbatten en un atentado, terminó apretando la mano de McGuinness y enviando una carta personal a su esposa para darle las condolencias luego de su muerte. Y se oyeron voces que condenaron su memoria. Norman Tebbit, ex ministro conservador que vio gravemente herida a su esposa luego de un atentado del IRA, lo despidió con un suspiro de alivio: “Simplemente me complace que el mundo sea un lugar más dulce y limpio ahora. Él no era solo un múltiple asesino; él era un cobarde”.
Abrir la posibilidad a nuevas versiones, ser capaces de examinar conductas con menos odio, de construir personajes y causas menos simples será un buen indicador de qué tan posible es la reconciliación. Siempre habrá espacio para rencores y retrocesos, Irlanda lo sabe, pero el grito de la política tiene que dejar oír lenguajes más serenos.








martes, 31 de octubre de 2017

Perder el juicio








Nuestra justicia más que ordinaria solo logra identificar un presunto culpable y comenzar un juicio en el 24% de los homicidios registrados por Medicina Legal. Hace unos días el “aterrado” Fiscal general soltaba la cifra con orgullo inquisidor. El porcentaje de condenas es aún menor y el de injusticias es imposible de rastrear. Nuestra extraña fisonomía moral nos ha llevado a ser un país acostumbrado a la impunidad y a los repentinos arrebatos justicieros. Esa paradoja, acompañada del populismo feroz, sirve para explicar las declaraciones absurdas del fiscal general en un mismo día. Por un lado se mostró satisfecho con que uno de cada cuatro asesinatos no tuvieran siquiera un señalado a quien perseguir, y por el otro, se declaró indignado frente a una ley que impedirá llevar a la cárcel a los integrantes de 110.000 familias cocaleras que viven en las orillas del mapa y el punto ciego del Estado.
En las capitales la Fiscalía no logra construir un caso con elementos suficientes para condenar a los delincuentes que medran y mandan sobre grandes sectores. Las capturas de jíbaros y consumidores de coca y marihuana se cuentan por millones mientras los duros se aburren en los avisos de los más buscados. En Medellín, por ejemplo, es corriente que quienes dominan las comunas sean “capturados”, sería mejor decir recibidos, por la Fiscalía luego de la certeza de una justa condena por concierto para delinquir. Hace unos días Carlos Pesebre, un hombre con más de 20 años de vida criminal y una desmovilización a cuestas, fue absuelto en segunda instancia de una condena impuesta por homicidio. De nuevo todo quedó en manos del concierto para delinquir. La Fiscalía salió a pegar con babas una acusación de supuestos delitos cometidos por Pesebre desde la cárcel.
 Los casos de corrupción pasan por cedazos muy parecidos. Sin el oído de la DEA seguirían pasando Bustos por inocentes. Y si no fuera por la bulla de Otto muy poco se sabría sobre los maletines de Odebrecht. La fiscalía parece en realidad una oficina dedicada a transcribir testimonios. Ese es su gran, casi su único, medio de prueba. Y para recibirlos ofrece lo que podríamos llamar una “justicia especial por incapaz”. Dado que no logra condenas por cuenta propia se dedica a los principios de oportunidad, a negociar, a ofrecer años a cambio de plata y pistas. Y a buscar titulares de prensa, afán en el que solo se ve superada por la procuraduría. Lo más grave de todo es que también se ha acostumbrado a usar la ganzúa de un proceso injusto para buscar confesiones y delaciones imposibles. Las detenciones preventivas han demostrado que entre nosotros la pena puede ser el proceso.

En medio de ese panorama estamos dedicados a las minucias de la Justicia Especial para la Paz (JEP). La justicia transicional que sin un solo expediente ya ha armado un alboroto político que al parecer durará más que los 10 años del propio tribunal. El mejor retrato que he leído sobre esa justicia lo publicó hace poco Jorge Giraldo, el decano de la escuela de humanidad de la Universidad Eafit. Son 80 páginas de historia, pragmatismo y pesimismo llamadas Responsabilidad y reconciliación ante la justicia transicional colombiana. Se señalan los riesgos de los jueces impulsados por un ánimo de heroicidad, de las sentencias y absoluciones como armas en la política por venir, de las presiones punitivas desde los organismos internacionales, de la mentira que supone la verdad recitada bajo recompensas judiciales. Todo eso acompañado del escepticismo frente a un tribunal encargado de penetrar y despejar “la niebla de la guerra”. Al final queda una pregunta de George Steiner: “Cuáles son las raíces profundas de ese rechazo de toda reconciliación, de ese rechazo de todo olvido?”. 

martes, 24 de octubre de 2017

Vicios extremos




Tal vez todo tenga que ver con la herencia furiosa del bipartidismo. Con la política que se hacía en Colombia hace años con dos sencillos ingredientes: el color inspirador del partido propio y el color hiriente de la divisa del adversario. Tiempos de la política más vibrante, donde no era necesario pensar sino inscribirse en una lista, elegir un bando para adquirir temores y defensas suficientes. Fernando González lo retrataba muy bien hace ochenta años en uno de los números de la Revista Antioquia: “…Nuestros becerros son familias liberal y conservadora; no el nacionalismo; no el odio al país vecino sino el odio a los hermanos; nuestro fin es destruirnos mutuamente, dentro de las fronteras. A esas dos monstruosidades sin ideal, sin programas, nombres vanos, jóvenes, ancianos y mujeres sacrifican su honor, sus hogares y sus conciencias”. Y hablaba de los “oficios de insultar y sembrar odios” desde la prensa. Oficio que ahora se ejerce más directamente desde las redes sociales.
Van cambiando los nombres de los antagonismos. Se han desteñido los colores de los partidos históricos pero se encuentran nuevos enconos para hacer una política más primaria, lograr unos electores más obedientes y señalar unos políticos más imprescindibles. Las Farc se han convertido en el mejor argumento para llevar la política hacia los extremos. Las guerrillas en armas lograron ser el principal ingrediente de al menos seis elecciones presidenciales en los últimos cuarenta años. Bien fuera por las promesas de aniquilación o negociación. Un grupo insignificante políticamente logró ser protagonista por medio de la amenaza armada. Ahora, luego de su desmovilización, han encontrado un nuevo protagonismo como centro de discordias irremediables. Las Farc han terminado por contagiar de extremismo el ánimo de la opinión pública. Para algunos, son un ingrediente indispensable del debate, un punto de referencia que los hace visibles y diferentes, al tiempo que les ayuda a situar a sus rivales en los territorios del peligro. La desmovilización de las Farc ha demostrado que la guerra política puede ser más larga que la lucha armada.
Un texto reciente del salvadoreño Joaquín Villalobos deja claros los riesgos de esa política que alienta el desprecio por el adversario. El Salvador vivió un momento parecido al que vive Colombia y solo encontró lecciones dolorosas. Un acuerdo de paz logró que la guerrilla dejara las armas, que cesara la violencia política y los fraudes electorales, y que presidentes y parlamentarios fueran electos sin el sobresalto de los golpes militares. Villalobos define lo que siguió: “La polarización no solo impidió plantearse una política de Estado, sino que también evitó un encadenamiento positivo de las políticas de seguridad de seis gobiernos. Estos aplicaron la lógica de deshacer lo que el otro hacía o de actuar en sentido opuesto, de esa forma la seguridad ha ido de mal a peor y de peor a desastre. Al final, un problema social terminó convertido en una nueva guerra.”
El resultado. Las Maras, que bien podrían ser un equivalente de nuestras bandas criminales, llámense Bacrim o Farcrim, tomaron buena parte del control en las ciudades y el campo. La convulsión electoral fue un ingrediente pasivo, ensimismado de la violencia por venir. El Salvador tuvo más homicidios en sus 25 años de paz que durante los largos años del conflicto. En medio de la crispación los extremos adquieren una relevancia que no merecen mientras los criminales juegan al pragmatismo. La política logrará el control de los electores y el crimen el control de los territorios.


martes, 17 de octubre de 2017

Puerta de la eternidad








Nombres le han sobrado a esa colina de encrucijadas en el centro oriente de Medellín. La Asomadera, Camellón de Guanteros, San Lorenzo, Niquitao, Camellón de la Chicha han servido para señalar con desconfianza a los habitantes de esos barrios que Carrasquilla definió, desde abajo, desde La Villa, con algo de fango y sabor: “Lugar nefando y peligroso de los bailes de garrote, de los aquelarres inmundos y de las costumbre hórridas”. Así como era sitio de bailes, chicha, guitarras y tertulias ha sido desde siempre lugar de muertos. Allí se cavó el primer cementerio en las afueras de la ciudad en 1828 y por supuesto los nombres fúnebres no han faltado: Alto de las Calaveras, Alto de las Cruces, Alto de las Sepulturas. Bailes y muertos ocupando un mismo lugar, tanto que fue famosa una cantina cercana al cementerio, donde los deudos pasaban penas con música y anís, y bautizada por un poeta como “El puerto de la eternidad”.
El cementerio San Lorenzo fue bautizado muy pronto como cementerio de los pobres. A mediados del siglo XIX se inauguró el cementerio San Pedro con su capilla, sus cipreses y sus mausoleos y San Lorenzo, con su única tarifa de entierros, quedó como cementerio de las mayorías. Desde hace siete tiene sus tumbas y sus osarios están vacíos. Los cuarenta mil restos que todavía estaban en sus bóvedas fueron llevados al cementerio Universal y San Lorenzo ha intentado tomar aires de parque.
El sábado pasado se realizó en su patio central, rodeado del blanco de la cal y negro de las tumbas, el Festival Instinto de Vida que busca que toda muerte violenta sea un asombro, que el homicidio deje de ser natural y justificado, que las cifras dejen ver a los dolientes y la sociedad vea un fracaso colectivo en cada asesinato. Cerca de seis mil personas pasaron ese día por el antiguo cementerio. En medio del concierto de la banda Niquitown una escaramuza cerca de la tarima nos alertó a todos. Se vieron los puñales y los machetes al aire y la vieja escena de un joven herido sacado en andas por otros jóvenes. Instinto de Vida terminó con un homicidio en medio de la celebración, en el mismo patio donde las velas alumbraban las tumbas vacías. Toda la noche se habló de un ritual para honrar a las víctimas y el ritual inesperado fue el de cinco jóvenes contra un adolescente de 17 años. El homicidio tan corriente entre nosotros, tan sencillo y repetido, adquirió relevancia por la escenografía que lo rodeó. El teatro hizo visible la escena menor de la ciudad un sábado en la noche. Ni la víctima ni sus verdugos sabían de la celebración y el llamado en el cementerio. Lo que debía ser una especie de refugio para adolescentes amenazados terminó siendo la trampa definitiva para uno de ellos.
Paró la música y vinieron las palabras desconsoladas y firmes de uno de los organizadores: “Empezamos la campaña de No Copio desde la quebrada hacia el río, desde el territorio del miedo hasta el territorio institucional…Estamos en un territorio real, con problemas…” Desde el sitio de los bailes de garrote y las costumbres hórridas que se señala desde la villa. Instinto de Vida y la campaña No Copio han demostrado que muchos jóvenes en los barrios necesitan estar juntos para defenderse, para poner barreras creíbles frente a quienes quieren seducirlos o someterlos con la violencia. La solidaridad es su gran acto de rebeldía.

Para que la película fuera completa, al lado, entre los espectadores, estaba Víctor Gaviria, autor de un poema que habla de los niños que toman pastillas para olvidarse sí mismos, de sus heridas pálidas como el jazmín de noche, del viento que rellena sus chaquetas y los hace ver altos y gruesos como los globos del diciembre. Niños como Yasser Alberto Murillo. 


miércoles, 11 de octubre de 2017

Códigos policiales






En Colombia las decisiones sobre política antidrogas han sido sobretodo un asunto de apariencias frente a los electores y los “aliados” extranjeros, de reflejo frente a una realidad violenta que desbordó al Estado, de populismo protector frente al miedo generado por el fantasma de la propaganda y la desinformación. Desde el ejecutivo se han ideado campañas, se han impulsado leyes y reformas constitucionales y se han cerrado los ojos ante las evidencias de fracasos y políticas contraproducentes. Prohibir sin mirar la realidad, perseguir sin mirar los resultados, condenar sin mirar los culpables. Ha corrido mucha coca, se ha quemado mucho moño, se han desteñido los carteles, ha cambiado la lógica en Europa e incluso en Estados Unidos, y la mentalidad de buena parte de nuestras autoridades todavía se rige por el Estatuto Nacional de Estupefaciente de 1986.
Las Cortes, tanto la Constitucional en 1994, como la Suprema en 2016, han puesto límites racionales y apegados a los derechos al afán carcelero de los sucesivos gobiernos. La despenalización de la dosis mínima en 1994 fue una de las obsesiones del gobierno Uribe que llevó hasta una reforma constitucional en 2009 para prohibir el porte y consumo de estupefacientes, salvo prescripción médica. Un canto a la bandera de “la mata que mata” porque en últimas esa prohibición no implica pena ni tratamiento obligatorio como bien lo dijo la Corte Constitucional.
Ya durante el gobierno Santos, un predicador de nuevos enfoques cuando habla en foros internacionales y un conservador duro cuando habla en Colombia, se aprobó la Ley de Seguridad Ciudadana (2011) que impone penas de prisión a quien “lleve consigo” cualquier sustancia estupefaciente, psicotrópica o drogas sintéticas reseñadas en el vademécum de la ONU. El año pasado la Corte Suprema no sólo afianzó el respeto judicial a la dosis mínima sino que amplió el rango de las cantidades a lo que llamó “dosis de aprovisionamiento”, de modo que en ocasiones una cantidad que supere por poco la dosis personal no necesariamente debe implicar una pena. Se entiende que es una conducta que solo afecta a quien porta la droga para consumo propio y por tanto no implica peligro para la salud pública, el bien jurídico protegido en este caso.

A pesar de lo anterior, en Colombia fueron detenidos 984.106 ciudadanos entre 2001 y 2015 por el delito tipificado en el artículo 376 del código penal, que describe las conductas y las penas para el tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Los datos los entrega un reciente informe del CEDE de la Universidad de los Andes donde se analiza el costo fiscal de la guerra contra portadores y traficantes. La mayoría de esas capturas terminan en preclusión o arreglos con la justicia. Solo el 1.7 % de los capturados acaba con una sentencia condenatoria y una pena efectiva en prisión. No es una lucha contra el narcotráfico ya que la mayoría de las capturas, el 73% de las efectivas entre 2010 y 2014, se dieron por porte de cantidades menores a 200 gramos de marihuana o basuco. Si hablamos de las capturas por porte de cocaína el 70% son por cantidades menores a los 30 gramos. Se puede decir que una buena porción de los presos por el artículo 376, bien sean condenados o sindicados, más de 26.000 ciudadanos, están encerrados por conductas que solo hacían daño a ellos o que están lejos del poder violento de grupos dedicados al narcotráfico. Durante 15 años el Estado ha gastado 10 billones de pesos en esas persecuciones muchas veces injustas y casi siempre ineficaces. Todo sigue obedeciendo a la lógica de recompensas para los policías por su cacería infructuosa en las esquinas. 

martes, 3 de octubre de 2017

Mapa de violencias






Meter la lupa, el bisturí y las pinzas para tratar de hacer una cuidadosa disección de cinco décadas de violencia en Medellín no es una tarea fácil. La idea era darle un poco de orden a una guerra mutante, cruzada por actores múltiples e inestables, combatida por un Estado débil y muchas veces cómplice, atizada por el narcotráfico que no conoce de lealtades y pintada por los arrebatos ideológicos que van y vienen. La iniciativa nació, durante la alcaldía de Aníbal Gaviria, desde la Unidad de Víctimas y el Museo Casa de la Memoria en Medellín. Cientos de personas, tanto víctimas, como testigos y victimarios, contaron su versión de los hechos. El Centro Nacional de Memoria Histórica y la Corporación Región lideraron el proyecto, y las universidades de Antioquia y Eafit acompañaron el proceso. Medellín: memorias de una guerra urbana, fue el título elegido para sus más de 400 páginas que entregan un panorama serio y algunas cifras y detalles sorprendentes.
Lo primero es ubicar a Medellín como el municipio más golpeado por el conflicto en Colombia en los últimos treinta años. Las cifras refutan la idea extendida de un conflicto rural y una población apática en las ciudades frente a su solución. Se habla de 19.832 asesinatos selectivos, 484 secuestros, 2.784 desaparecidos y  784 “acciones bélicas” en Medellín. La llegada de la guerrilla fue siempre una especie de fantasma, con algunas apariciones ciertas, que avivó una reacción por parte del Estado, casi siempre en sus peores formas, los narcos y los paramilitares. En los setenta la guerrilla era una noticia en la periferia (Anorí, Nudo del Paramillo, Urabá), pero a comienzos de los ochenta el EPL tenía capacidad para hacer un acto armado diario en la ciudad. Secuestros y atracos bancarios eran las acciones mayores de la guerrilla. Según la policía en 1988 tres cuartas partes de los 200 robos a bancos en Medellín fueron realizados por grupos guerrilleros. El secuestro de Marta Nieves Ochoa en 1981 por parte del M-19 llevó a la creación del MAS (Muerte a Secuestradores), la semilla del Cartel de Medellín y la lógica paramilitar. El MAS dejó más de 400 muertos en la ciudad y una marca que duraría cerca de quince años.
Entre 1983 y 1988 el número de homicidios en Medellín se multiplicó por cuatro. Había llegado la guerra frontal del Cartel contra el Estado luego del asesinato de Lara Bonilla. Cerca de 60.000 jóvenes en la ciudad ni estudiaban ni trabajaban y proliferaban las milicias, algunas veces aliadas con los narcos, las bandas a su servicio y la delincuencia por cuenta propia. Mientras tanto, el Valle de Aburrá tenía 1.900 policías asignados y el Estado hacía parte de su “tarea” por medio de organismo de “seguridad” locales que casi siempre eran grupos de “limpieza” y purgas nocturnas. Solo Seguridad y Control de Envigado dejó 400 asesinatos entre 1987 y 1991. No es raro que en esa guerra mutante un ex guerrillero del EPL terminara de líder paraco, un ex hombre del CTI fuera el gran respaldo de Don Berna y un policía hiciera de jefe de inteligencia de paras y narcos duros.
Medellín fue también centro de las desmovilizaciones. Cerca de 900 milicianos al final del gobierno Gaviria, de esos “reinsertados” mataron al 22%, también algo menos de 900 del Bloque Cacique Nutibara en 2003, y otros tantos del Héroes de Granada en 2005. Experimentos todos con alto número de reciclaje criminal. Otra de las ideas que subraya el informe tiene que ver con la inclinación a privatizar la seguridad, no solo como experimento espontáneo de los ilegales sino como un ensayo con respaldo legal. Esa última modalidad, bajo la figura de las Convivir, hizo que a mediados de los noventa Medellín tuviera una fuerza parapolicial legalizada equivalente al 25% de la policía.
Una frase del estudio sirve como resumen revelador para los tiempos cortos de twitter: “En Medellín hicieron presencia todos los grupos protagonistas del conflicto armado nacional, con el agravante de que en esta ciudad había una base disponible de bandas, combos y guerreros retirados de todos los viejos bandos que reactivaron sus destrezas en el ejercicio de la violencia y las pusieron al servicio de las grandes organizaciones militares”. La mejoría, sin embargo, es innegable. Hoy tenemos menos del 10% de los homicidios que teníamos en los peores años a comienzos de los noventa.




martes, 26 de septiembre de 2017

Volver a la guerra






Hace exactamente once años Vicente Castaño le escribió una carta pública a Luis Carlos Restrepo, Alto Comisionado de Paz del gobierno de Álvaro Uribe. Un mes atrás se había desmovilizado el bloque Elmer Cárdenas, el último en medio del proceso con las Autodefensas Unidas de Colombia. La carta de Castaño dejaba claro su reclamo al gobierno con el que habían negociado durante cerca de cuatro años: “La mayoría de los compañeros del Estado Mayor Negociador fueron capturados mucho antes de que saliera la Ley de Justicia y Paz. No se respetaron los salvoconductos que impedían la captura. Un mes después de la captura no se han expedido los decretos reglamentarios de las leyes 782 y 975. El acogimiento a la Ley de Justicia y Paz lo hicimos en circunstancias y condiciones muy diferentes a las de hoy".
Es tiempo de la carta del Timochenko. Luego de las negociaciones es imposible que el Estado cumpla las expectativas de los jefes militares ilegales y sus combatientes, trátese de guerrilleros o paras. La voluntad del Estado es siempre múltiple, voluble, cansina, bipolar algunas veces, desganada otras. El Estado no obedece, se arrastra apenas. De modo que lo que para los ciudadanos corrientes es una lucha conocida en las ventanillas públicas, una escena repetida en el congreso o los concejos municipales, una rabia contenida frente a los funcionarios, para los ex combatientes es siempre una especie de traición. La larga carta de Timochenko, algo más lírica que la de Castaño, contiene reclamos similares: “Nuestra gente sigue privada de su libertad, muere enferma en prisión o se agrava ante la indolencia estatal. Nos movemos con la zozobra de la detención porque el señor Presidente no expide la amnistía de iure, pese a que ya se cumplieron diez veces los diez días previstos para ello, además de que el sistema aún no registra el levantamiento de las órdenes de captura.”
Mientras tanto las Zonas de Capacitación son caseríos para el letargo y las dudas que trae la vida sin fusil a los excombatientes. La convicción política comienza a decaer, las palabras de los jefes militares pierden valor y los cascos urbanos comienzan a exhibir los encantos del celular, la moto, unas primas, la cerveza y un cuñado con una tienda, en el mejor de los casos. En el “campamento” apenas hay unas piñas recién sembradas y una antena de DirecTv. La idea de las Farc de una reintegración colectiva, un ejército desarmado para la política, comienza a ser cada vez más difícil. Y no es posible saber si el camino individual para la reinserción, que han recorrido miles de excombatientes en Colombia, será adecuado en el proceso con las Farc. Los jefes están definitivamente en la política, ya más cerca del Cura Hoyos que del Cura Pérez, mientras la “guerrillerada” se aleja de los ideales para meterse en la supervivencia. Mientras el Sena ofrece sus cursos a quienes apenas aprenden a caminar sin el fusil, el Clan del Golfo sabe que hay una mano de sobra para los oficios que ellos proponen. Las paradojas del momento dicen que el gobierno extraña hoy en día a jefes como Romaña que logra mantener a sus hombres filados con el solo don de mando y la memoria de las purgas. En Tumaco Romaña hace las veces de capataz de finca. “Plate y pa’ lante”, podría ser el lema de su campamento.
En medio de todo ronda el fantasma de Otoniel y su petición de una nueva oportunidad luego de tomar las armas bajo cuatro siglas distintas y desmovilizarse tres veces. Como si las dificultades fueran pocas, las elecciones, el odio político reinante, harán que muchos excombatientes se convenzan de que la vida civil implica riesgos mayores que el combate.








martes, 19 de septiembre de 2017

Carteles y carteleras







El alcalde Federico Gutiérrez ha terminado por coincidir con Roberto Escobar Gaviria. Por caminos contrarios, con propósitos distintos y con un tono desigual, han llegado a una misma conclusión: Medellín no puede ser el escenario para recrear, en películas o series, las desgracias de la década del noventa. El alcalde quiere olvido y silencio respetuoso, pretende tapar la larga sombra de Pablo Escobar, prohibir su mención, hacerlo ciudadano mexicano, o salvadoreño o aunque sea pereirano, ahora que es un mito inevitable. Roberto Escobar, por su parte, quiere que le paguen por la franquicia y se vale de unos apellidos que meten miedo.  El moralismo populista de Gutiérrez, para quien las películas que recuerdan la época de Pablo Escobar son un insulto, ha terminado emparentado con la avaricia del capo en desgracia. Esta semana El Osito dejó claras, con una frase que parece sacada de Narcos, sus condiciones de protagonista: “No quiero que Netflix o cualquier otra compañía de producción ruede en Medellín o Colombia películas relacionadas con mi hermano Pablo sin la autorización de Escobar Inc. Es muy peligroso. Especialmente sin nuestro consentimiento. Este es mi país.”
La administración municipal sufre de una especie de complejo de culpa por nuestro pasado de narcos míticos, y por nuestro presente de narcos agazapados que siguen abasteciendo el 90% del mercado de coca en Estados Unidos. La negación es el mecanismo de defensa elegido para luchar contra esas vergüenzas. Se argumenta que se falsea nuestra realidad actual y que ahora somos otros, más sanos, renacidos. Esta semana se estrena la película American Made, donde Tom Cruise encarna a Barry Seal, piloto gringo y contacto de la CIA, que termina como gran mensajero de la mafia colombiana a comienzos de los ochenta. Parte de la película se rodó en Medellín luego de mucho rogar por el apoyo de la administración de Aníbal Gaviria. En dos semanas la producción gastó cerca de 7000 millones de pesos en la ciudad, gente del medio en Medellín trabajó con el personal más importante de la industria mundial y Tom Cruise salió a decir que Medellín era una ciudad apta para el trabajo y la diversión. Para el rodaje de Loving Pablo, protagonizada por Javier Bardem y Penélope Cruz, la alcaldía de Gutiérrez se opuso a cualquier colaboración y trancó la puerta. En el ambiente y las declaraciones de los protagonistas quedó la idea de que Medellín es todavía un fortín narco bien peligroso. Proteger la honra de la ciudad puede significar enlodar su imagen. El alcalde no parece reconocer entre realidad y ficción, entre la posibilidad de una memoria veraz, que se podría construir desde lo público y la academia, y la inevitable memoria de los mitos que se cuela por cualquier rendija, sin reparar en la indignación, la propaganda o la buena conciencia.
Pero el moralismo ramplón siempre puede ir un paso adelante. Esta semana Paola Ochoa pedía en su columna de El Tiempo la condena de Hollywood por las líneas de cocaína que aspiran los protagonistas de algunas de sus películas. Una apología al consumo dice la columnista aterrorizada. Ahora no solo se debe prohibir la cocaína sino su aparición en las pantallas. La señora tocará una campanita de censura cuando aparezca un gramo, al igual que pasaba hace años cuando asomaba un cuerpo desnudo. Ochoa recuerda a los médicos de los años cuarenta en Medellín, cuando alegaban los problemas de “higiene moral” de la gran pantalla, donde niños y adolescentes se hartan “de excitantes que queman inútilmente las energías hormonales y vitamínicas en las salas de cine, en los cafés de moda y en los contactos epidérmicos bajo la semioscuridad de la ventana celestina.”





martes, 12 de septiembre de 2017

Sermones y discursos






 

La atención desmesurada es a la vez un privilegio y un riesgo. Cuando detrás de cada palabra y cada gesto de una persona se busca una pequeña revelación, una gran lección, un señalamiento o una aprobación, todo puede terminar en una maraña de interpretaciones, en fragmentos que buscan afianzar convicciones propias, en un sermón convertido en cientos de discursos. Despedazar, acomodar, falsear son posibles acciones frente a las palabras dichas por quien tiene un aura especial. Era inevitable que la visita del papa a Colombia fuera leída en claves políticas, que sus palabras tuvieran un acomodo en nuestros pleitos electorales y que sus gestos dijeran algo sobre el encono nacional. El papa les dijo a sus obispos que ellos no eran técnicos ni políticos sino pastores, pero es imposible negar la conciencia política de Bergoglio, su ánimo frente a causas terrenas, sus certezas ante dilemas ideológicos.

Argentina ha sufrido y gozado como ningún otro país ese dudoso privilegio de tener un representante de dios (elegido según fumatas lejanas a su democracia) para tratar a sus demonios políticos. Bergoglio ha sido un cura conservador y amigo de la dictadura, acusado incluso de entregar a dos sacerdotes de la Compañía de Jesús a los torturadores la Escuela Mecánica de la Armada, durante años el peronismo lo señaló de derechista y misógino. En sus tiempos de cura en Buenos Aires sus misas no congregaban a más de doscientos fieles. Luego, siendo cardenal y luego presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Néstor Kirchner lo declaro “el jefe espiritual de la oposición crítica”. Uno años antes, como presidente, se había negado a asistir al Tedeum que conmemoraba en la catedral el primer gobierno patrio de Argentina. Las luchas siguieron con Cristina y la posición de Bergoglio frente al paro patronal de los productores agrícolas y el matrimonio de parejas del mismo sexo. La elección en el Vaticano hizo que Cristina cambiara de opinión y de los señalamientos pasara a las felicitaciones. Ahora, las reuniones entre la presidenta y el papa eran vistas como una estrategia política CFK para soportar un clima turbio. Se aseguraba que Francisco decía en privado que había que proteger a Cristina, asegurar que terminara su periodo. De nuevo medios y políticos recordaban cercanías de Bergoglio con el peronismo.

Ahora el entorno de Macri lo ve como un cura de izquierda, rojo casi, amigo íntimo de un troskista como Gustavo Vera, y principal opositor del gobierno que busca ajustes económicos. La primera audiencia entre Francisco y Macri, de apenas 22 minutos y con el papa mostrando la más amarga de sus caras, fue interpretada como un gran revés político del presidente. “El papa no mueve 10 votos”, dijeron algunos cercanos a Macri. Pero el presidente no quería emprender cruzadas. El “pastor con olor a oveja”, así lo define su íntimo Vera, le dio una segunda oportunidad al presidente a finales del año pasado. La visita mejoró en gestos y tiempos y los sindicatos que anunciaban huelga general esperaron posibles arreglos. Los opositores dicen que desde el Vaticano se ha ayudado a medidas más graduales y concertadas. Si Macri cede, el papa sonríe. Dicen que Bergoglio evita los mensajes directos en la política Argentina, pero es sin duda un simbolista consumado, un experto en el lenguaje de señas. La patria del papa corre los más grandes riesgos que implica romper el dique entre religión y política.

El reto, luego de su visita a Colombia, es encontrar una traducción un poco más profunda que nuestro habitual debate político, menos maniquea, más personal si se quiere, menos trivial y oportunista. No será fácil.








miércoles, 6 de septiembre de 2017

El sector púdico


 

 

En 1996 trabajé durante un semestre en la Corte Constitucional. Era el modesto trabajo de un auxiliar judicial ad honorem, nombre algo pomposo para un supernumerario que hacía su práctica universitaria a cambio de un carné que era a la vez una pequeña dignidad. Mi trabajo consistía en seleccionar tutelas que podrían ser relevantes para una posible revisión del máximo tribunal constitucional. Tutelas que buscaran la protección urgente de un derecho fundamental o que plantearan un dilema legal digno del seso de los magistrados. Las carpetas naranjas de las miles de tutelas iluminaban las tardes silenciosas en los despachos de la Corte. Allí todo tenía un aire reverencial. A toda hora parecía que se estaba trabajando en la redacción de tesis complejas, que se intentaba iluminar las preguntas más difíciles sobre los individuos y la sociedad. La Corte era una especie de facultad de filosofía con la facultad de influir sobre el poder del Estado y algunas encrucijadas humanas. Yo intentaba respirar un poco de ese aire solemne y trascendental pero me ahogaba, algunos de mis compañeros ad honorem lograron “proyectar” fallos menores mientras yo buscaba salida hacia la casa que guardaba la tragedia de J. A. Silva, un poco más arriba de la Plaza Bolívar.

Estaba asignado al despacho de Alejandro Martínez Caballero. Lo vi dos o tres veces, caminando sin aspavientos, dejando caer dos palabras, como un profesor ensimismado. Lo miraba con el temor que impone el respeto desmesurado. Hoy parece increíble pensar que a la Corte llegaron personajes que empujaban la revisión de tutelas a cambio  beneficios económicos. La intriga política y los negocios particulares comenzaron a rondar los pasillos de las Cortes. El cinismo sustituyó el debate, algo de los pulsos del Congreso contagió a las salas plenas, los embates del ejecutivo llevaron a las Cortes a los aprietos partidistas. Lo demás lo hizo el apetito de algunos magistrados, la lógica clientelista bajo la majestad de la toga. Al menos los congresistas sonríen en sus vallas para que uno sepa a qué atenerse, pero los magistrados torcidos se esconden bajo el gesto severo y el discurso abstruso de los fallos. Solo queda repetir que el tiempo pasado fue sin duda mejor.

Dos años antes de ese trabajo en la Corte me fui a hacer un experimento de estudiante entusiasta en un programa llamado Opción Colombia. Se trataba de llevar a universitarios hasta municipios apartados donde su conocimiento crudo se pudiera estrenar en tareas útiles. Trabajé en el Plan Nacional de Rehabilitación en el Huila, en más de 15 municipios. Mi tarea consistía en impulsar mecanismos de conciliación en algunas comunidades. Sobra decir que aprendí más de lo que aporté. Conocí funcionarios con una mística que recordaba a los mejores misioneros posibles. Apoyaban el liderazgo comunitario, vigilaban las obras, hacían el quite a los grupos armados y peleaban contra la más primaria de las manzanillas electorales. Para eso les bastaba un jeep destartalado, algunas planillas, una aversión a las oficinas y una voluntad suficiente para jalar a esa mula resabiada que encarna al Estado casi siempre. Había partidismo, sí, pero era más un telón de fondo que un protagonista de sañas e intrigas.

Esas han sido mis únicas dos experiencias en las oficinas públicas. Una silenciosa y pensante, parecida a la academia; otra con los ruidos electorales, mística y plaza pública. Tal vez tuve demasiada suerte en mis rondas de practicante; tal vez las salas de las altas cortes y muchos despachos municipales pasan por una racha inmunda.  

 

 

martes, 29 de agosto de 2017

Sin remedios

 
 
La rebatiña lleva siglos en esas montañas. Oro y pólvora han marcado la rutina en el norte de Antioquia desde hace más de 400 años. Segovia y Remedios son viejos “campamentos” donde han cambiado los dueños y los vasallos, las herramientas y los mitos, pero no las maneras de pelear y defender las vetas y los socavones. Una epidemia de viruela obligó a trastear el entable de Nuestra Señora de los Remedios hasta el sitio del actual municipio en 1594. Detrás llegaron más de 2000 esclavos traídos desde Cartagena para calmar una de las grandes fiebres de oro durante la colonia. Las primitivas reglas de minería en la zona las dictó Gaspar de Rodas, según dicen. La primera, “Los derechos y las riquezas del subsuelo pertenecen al soberano”, no se cumple hoy cuando la Gran Colombian Gold es dueña del subsuelo, sin límite alguno y a perpetuidad, en un terreno de cerca de 3000 hectáreas. Esa “soberanía” de los canadienses no ha terminado con la batalla por más de 400 kilómetros de pasadizos bajo una montaña de oro.
Luego de unos años de decadencia el oro de la región también entregó sus frutos para la campaña libertadora. Lo escribió Santander en una de sus cartas a Bolívar: “… es la Provincia desde donde todavía no he recibido un solo reclamo por los empréstitos, reclutas y ordenes fuertes, y le llevamos sacado cerca de cuatrocientos mil pesos en barras de oro..”. Las cuentas a mano alzada convierten esos pesos en cerca de una tonelada métrica de oro. Todo estaba listo para el desembarco de los ingleses. En 1830 Antioquia producía el 50% del oro del país y los ingleses ya habían traído la geología, la hidráulica, los reactivos químicos y los taladros. A mediados del siglo XIX se inscribe el nombre de la Frontino Gold Mines y suenan las minas que todavía hoy dan guerra y oro en Segovia: El Silencio, Manzanillo, Marmajito, Córdoba, Cogote. Esta última es la misma que hoy explota la Gran Colombia Gold bajo un régimen que hace más de veinte años hizo escribir a Michael Hill Davey, un inglés nacido en el campamento de Marmajito, una sentencia de buena ley: “En realidad la suerte de los barequeros y trabajadores rasos poco ha cambiado, solamente han cambiado de patrones explotadores”.
Davey era un minero extraño, más enamorado de las selvas que del oro, amigo del gran botánico Richard Evans Schultes y geógrafo de profesión. Como escritor aficionado dejó un libro sobre las gestas y las estridencias de los mineros en la zona, lo llamó Oro y selva, Relatos del nordeste. Las historias se mueven entre la caricatura y el mural que busca exaltar la vida de ingleses y lugareños. Cuando relata un bochinche a mediados del siglo XX luego del hallazgo de un apogeo, “un cogollo muy rico en oro encima de un filón”, parece que describiera el tropel que hemos visto por televisión durante el último mes. Las palabras del primero que llega son muy dicientes, “respeten hijueputas que este pedazo aquí es mío. Y llegaron sus compañeros machuqueros a ayudarle a defender la parcela, llegaron las mujeres y los familiares de todos y el boleo ya fue horrible a punta de barras, picas y palas”. Al llegar el gerente de la Frontino, el alcalde y el comandante de la base militar, “encontraron 3000 personas en el sitio el cual hervía de gente como si fuera un hormiguero perturbado, ranchos de plástico y pilas de madera por todas partes…” Los socavones de los machuqueros amenazan con alcanzar la gran mina Cogote, y el gerente entrega su diagnóstico: “No veo cómo vamos a desplazar esa gente de aquí, haciéndolos desocupar, sin crear un grave estado de orden público. Esta gente no se va de aquí, se hace matar primero”. La Gran Colombia repite la historia con avaricia renovada y la gente está hasta el cogote.