martes, 17 de octubre de 2017

Puerta de la eternidad








Nombres le han sobrado a esa colina de encrucijadas en el centro oriente de Medellín. La Asomadera, Camellón de Guanteros, San Lorenzo, Niquitao, Camellón de la Chicha han servido para señalar con desconfianza a los habitantes de esos barrios que Carrasquilla definió, desde abajo, desde La Villa, con algo de fango y sabor: “Lugar nefando y peligroso de los bailes de garrote, de los aquelarres inmundos y de las costumbre hórridas”. Así como era sitio de bailes, chicha, guitarras y tertulias ha sido desde siempre lugar de muertos. Allí se cavó el primer cementerio en las afueras de la ciudad en 1828 y por supuesto los nombres fúnebres no han faltado: Alto de las Calaveras, Alto de las Cruces, Alto de las Sepulturas. Bailes y muertos ocupando un mismo lugar, tanto que fue famosa una cantina cercana al cementerio, donde los deudos pasaban penas con música y anís, y bautizada por un poeta como “El puerto de la eternidad”.
El cementerio San Lorenzo fue bautizado muy pronto como cementerio de los pobres. A mediados del siglo XIX se inauguró el cementerio San Pedro con su capilla, sus cipreses y sus mausoleos y San Lorenzo, con su única tarifa de entierros, quedó como cementerio de las mayorías. Desde hace siete tiene sus tumbas y sus osarios están vacíos. Los cuarenta mil restos que todavía estaban en sus bóvedas fueron llevados al cementerio Universal y San Lorenzo ha intentado tomar aires de parque.
El sábado pasado se realizó en su patio central, rodeado del blanco de la cal y negro de las tumbas, el Festival Instinto de Vida que busca que toda muerte violenta sea un asombro, que el homicidio deje de ser natural y justificado, que las cifras dejen ver a los dolientes y la sociedad vea un fracaso colectivo en cada asesinato. Cerca de seis mil personas pasaron ese día por el antiguo cementerio. En medio del concierto de la banda Niquitown una escaramuza cerca de la tarima nos alertó a todos. Se vieron los puñales y los machetes al aire y la vieja escena de un joven herido sacado en andas por otros jóvenes. Instinto de Vida terminó con un homicidio en medio de la celebración, en el mismo patio donde las velas alumbraban las tumbas vacías. Toda la noche se habló de un ritual para honrar a las víctimas y el ritual inesperado fue el de cinco jóvenes contra un adolescente de 17 años. El homicidio tan corriente entre nosotros, tan sencillo y repetido, adquirió relevancia por la escenografía que lo rodeó. El teatro hizo visible la escena menor de la ciudad un sábado en la noche. Ni la víctima ni sus verdugos sabían de la celebración y el llamado en el cementerio. Lo que debía ser una especie de refugio para adolescentes amenazados terminó siendo la trampa definitiva para uno de ellos.
Paró la música y vinieron las palabras desconsoladas y firmes de uno de los organizadores: “Empezamos la campaña de No Copio desde la quebrada hacia el río, desde el territorio del miedo hasta el territorio institucional…Estamos en un territorio real, con problemas…” Desde el sitio de los bailes de garrote y las costumbres hórridas que se señala desde la villa. Instinto de Vida y la campaña No Copio han demostrado que muchos jóvenes en los barrios necesitan estar juntos para defenderse, para poner barreras creíbles frente a quienes quieren seducirlos o someterlos con la violencia. La solidaridad es su gran acto de rebeldía.

Para que la película fuera completa, al lado, entre los espectadores, estaba Víctor Gaviria, autor de un poema que habla de los niños que toman pastillas para olvidarse sí mismos, de sus heridas pálidas como el jazmín de noche, del viento que rellena sus chaquetas y los hace ver altos y gruesos como los globos del diciembre. Niños como Yasser Alberto Murillo. 


miércoles, 11 de octubre de 2017

Códigos policiales






En Colombia las decisiones sobre política antidrogas han sido sobretodo un asunto de apariencias frente a los electores y los “aliados” extranjeros, de reflejo frente a una realidad violenta que desbordó al Estado, de populismo protector frente al miedo generado por el fantasma de la propaganda y la desinformación. Desde el ejecutivo se han ideado campañas, se han impulsado leyes y reformas constitucionales y se han cerrado los ojos ante las evidencias de fracasos y políticas contraproducentes. Prohibir sin mirar la realidad, perseguir sin mirar los resultados, condenar sin mirar los culpables. Ha corrido mucha coca, se ha quemado mucho moño, se han desteñido los carteles, ha cambiado la lógica en Europa e incluso en Estados Unidos, y la mentalidad de buena parte de nuestras autoridades todavía se rige por el Estatuto Nacional de Estupefaciente de 1986.
Las Cortes, tanto la Constitucional en 1994, como la Suprema en 2016, han puesto límites racionales y apegados a los derechos al afán carcelero de los sucesivos gobiernos. La despenalización de la dosis mínima en 1994 fue una de las obsesiones del gobierno Uribe que llevó hasta una reforma constitucional en 2009 para prohibir el porte y consumo de estupefacientes, salvo prescripción médica. Un canto a la bandera de “la mata que mata” porque en últimas esa prohibición no implica pena ni tratamiento obligatorio como bien lo dijo la Corte Constitucional.
Ya durante el gobierno Santos, un predicador de nuevos enfoques cuando habla en foros internacionales y un conservador duro cuando habla en Colombia, se aprobó la Ley de Seguridad Ciudadana (2011) que impone penas de prisión a quien “lleve consigo” cualquier sustancia estupefaciente, psicotrópica o drogas sintéticas reseñadas en el vademécum de la ONU. El año pasado la Corte Suprema no sólo afianzó el respeto judicial a la dosis mínima sino que amplió el rango de las cantidades a lo que llamó “dosis de aprovisionamiento”, de modo que en ocasiones una cantidad que supere por poco la dosis personal no necesariamente debe implicar una pena. Se entiende que es una conducta que solo afecta a quien porta la droga para consumo propio y por tanto no implica peligro para la salud pública, el bien jurídico protegido en este caso.

A pesar de lo anterior, en Colombia fueron detenidos 984.106 ciudadanos entre 2001 y 2015 por el delito tipificado en el artículo 376 del código penal, que describe las conductas y las penas para el tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Los datos los entrega un reciente informe del CEDE de la Universidad de los Andes donde se analiza el costo fiscal de la guerra contra portadores y traficantes. La mayoría de esas capturas terminan en preclusión o arreglos con la justicia. Solo el 1.7 % de los capturados acaba con una sentencia condenatoria y una pena efectiva en prisión. No es una lucha contra el narcotráfico ya que la mayoría de las capturas, el 73% de las efectivas entre 2010 y 2014, se dieron por porte de cantidades menores a 200 gramos de marihuana o basuco. Si hablamos de las capturas por porte de cocaína el 70% son por cantidades menores a los 30 gramos. Se puede decir que una buena porción de los presos por el artículo 376, bien sean condenados o sindicados, más de 26.000 ciudadanos, están encerrados por conductas que solo hacían daño a ellos o que están lejos del poder violento de grupos dedicados al narcotráfico. Durante 15 años el Estado ha gastado 10 billones de pesos en esas persecuciones muchas veces injustas y casi siempre ineficaces. Todo sigue obedeciendo a la lógica de recompensas para los policías por su cacería infructuosa en las esquinas. 

martes, 3 de octubre de 2017

Mapa de violencias






Meter la lupa, el bisturí y las pinzas para tratar de hacer una cuidadosa disección de cinco décadas de violencia en Medellín no es una tarea fácil. La idea era darle un poco de orden a una guerra mutante, cruzada por actores múltiples e inestables, combatida por un Estado débil y muchas veces cómplice, atizada por el narcotráfico que no conoce de lealtades y pintada por los arrebatos ideológicos que van y vienen. La iniciativa nació, durante la alcaldía de Aníbal Gaviria, desde la Unidad de Víctimas y el Museo Casa de la Memoria en Medellín. Cientos de personas, tanto víctimas, como testigos y victimarios, contaron su versión de los hechos. El Centro Nacional de Memoria Histórica y la Corporación Región lideraron el proyecto, y las universidades de Antioquia y Eafit acompañaron el proceso. Medellín: memorias de una guerra urbana, fue el título elegido para sus más de 400 páginas que entregan un panorama serio y algunas cifras y detalles sorprendentes.
Lo primero es ubicar a Medellín como el municipio más golpeado por el conflicto en Colombia en los últimos treinta años. Las cifras refutan la idea extendida de un conflicto rural y una población apática en las ciudades frente a su solución. Se habla de 19.832 asesinatos selectivos, 484 secuestros, 2.784 desaparecidos y  784 “acciones bélicas” en Medellín. La llegada de la guerrilla fue siempre una especie de fantasma, con algunas apariciones ciertas, que avivó una reacción por parte del Estado, casi siempre en sus peores formas, los narcos y los paramilitares. En los setenta la guerrilla era una noticia en la periferia (Anorí, Nudo del Paramillo, Urabá), pero a comienzos de los ochenta el EPL tenía capacidad para hacer un acto armado diario en la ciudad. Secuestros y atracos bancarios eran las acciones mayores de la guerrilla. Según la policía en 1988 tres cuartas partes de los 200 robos a bancos en Medellín fueron realizados por grupos guerrilleros. El secuestro de Marta Nieves Ochoa en 1981 por parte del M-19 llevó a la creación del MAS (Muerte a Secuestradores), la semilla del Cartel de Medellín y la lógica paramilitar. El MAS dejó más de 400 muertos en la ciudad y una marca que duraría cerca de quince años.
Entre 1983 y 1988 el número de homicidios en Medellín se multiplicó por cuatro. Había llegado la guerra frontal del Cartel contra el Estado luego del asesinato de Lara Bonilla. Cerca de 60.000 jóvenes en la ciudad ni estudiaban ni trabajaban y proliferaban las milicias, algunas veces aliadas con los narcos, las bandas a su servicio y la delincuencia por cuenta propia. Mientras tanto, el Valle de Aburrá tenía 1.900 policías asignados y el Estado hacía parte de su “tarea” por medio de organismo de “seguridad” locales que casi siempre eran grupos de “limpieza” y purgas nocturnas. Solo Seguridad y Control de Envigado dejó 400 asesinatos entre 1987 y 1991. No es raro que en esa guerra mutante un ex guerrillero del EPL terminara de líder paraco, un ex hombre del CTI fuera el gran respaldo de Don Berna y un policía hiciera de jefe de inteligencia de paras y narcos duros.
Medellín fue también centro de las desmovilizaciones. Cerca de 900 milicianos al final del gobierno Gaviria, de esos “reinsertados” mataron al 22%, también algo menos de 900 del Bloque Cacique Nutibara en 2003, y otros tantos del Héroes de Granada en 2005. Experimentos todos con alto número de reciclaje criminal. Otra de las ideas que subraya el informe tiene que ver con la inclinación a privatizar la seguridad, no solo como experimento espontáneo de los ilegales sino como un ensayo con respaldo legal. Esa última modalidad, bajo la figura de las Convivir, hizo que a mediados de los noventa Medellín tuviera una fuerza parapolicial legalizada equivalente al 25% de la policía.
Una frase del estudio sirve como resumen revelador para los tiempos cortos de twitter: “En Medellín hicieron presencia todos los grupos protagonistas del conflicto armado nacional, con el agravante de que en esta ciudad había una base disponible de bandas, combos y guerreros retirados de todos los viejos bandos que reactivaron sus destrezas en el ejercicio de la violencia y las pusieron al servicio de las grandes organizaciones militares”. La mejoría, sin embargo, es innegable. Hoy tenemos menos del 10% de los homicidios que teníamos en los peores años a comienzos de los noventa.




martes, 26 de septiembre de 2017

Volver a la guerra






Hace exactamente once años Vicente Castaño le escribió una carta pública a Luis Carlos Restrepo, Alto Comisionado de Paz del gobierno de Álvaro Uribe. Un mes atrás se había desmovilizado el bloque Elmer Cárdenas, el último en medio del proceso con las Autodefensas Unidas de Colombia. La carta de Castaño dejaba claro su reclamo al gobierno con el que habían negociado durante cerca de cuatro años: “La mayoría de los compañeros del Estado Mayor Negociador fueron capturados mucho antes de que saliera la Ley de Justicia y Paz. No se respetaron los salvoconductos que impedían la captura. Un mes después de la captura no se han expedido los decretos reglamentarios de las leyes 782 y 975. El acogimiento a la Ley de Justicia y Paz lo hicimos en circunstancias y condiciones muy diferentes a las de hoy".
Es tiempo de la carta del Timochenko. Luego de las negociaciones es imposible que el Estado cumpla las expectativas de los jefes militares ilegales y sus combatientes, trátese de guerrilleros o paras. La voluntad del Estado es siempre múltiple, voluble, cansina, bipolar algunas veces, desganada otras. El Estado no obedece, se arrastra apenas. De modo que lo que para los ciudadanos corrientes es una lucha conocida en las ventanillas públicas, una escena repetida en el congreso o los concejos municipales, una rabia contenida frente a los funcionarios, para los ex combatientes es siempre una especie de traición. La larga carta de Timochenko, algo más lírica que la de Castaño, contiene reclamos similares: “Nuestra gente sigue privada de su libertad, muere enferma en prisión o se agrava ante la indolencia estatal. Nos movemos con la zozobra de la detención porque el señor Presidente no expide la amnistía de iure, pese a que ya se cumplieron diez veces los diez días previstos para ello, además de que el sistema aún no registra el levantamiento de las órdenes de captura.”
Mientras tanto las Zonas de Capacitación son caseríos para el letargo y las dudas que trae la vida sin fusil a los excombatientes. La convicción política comienza a decaer, las palabras de los jefes militares pierden valor y los cascos urbanos comienzan a exhibir los encantos del celular, la moto, unas primas, la cerveza y un cuñado con una tienda, en el mejor de los casos. En el “campamento” apenas hay unas piñas recién sembradas y una antena de DirecTv. La idea de las Farc de una reintegración colectiva, un ejército desarmado para la política, comienza a ser cada vez más difícil. Y no es posible saber si el camino individual para la reinserción, que han recorrido miles de excombatientes en Colombia, será adecuado en el proceso con las Farc. Los jefes están definitivamente en la política, ya más cerca del Cura Hoyos que del Cura Pérez, mientras la “guerrillerada” se aleja de los ideales para meterse en la supervivencia. Mientras el Sena ofrece sus cursos a quienes apenas aprenden a caminar sin el fusil, el Clan del Golfo sabe que hay una mano de sobra para los oficios que ellos proponen. Las paradojas del momento dicen que el gobierno extraña hoy en día a jefes como Romaña que logra mantener a sus hombres filados con el solo don de mando y la memoria de las purgas. En Tumaco Romaña hace las veces de capataz de finca. “Plate y pa’ lante”, podría ser el lema de su campamento.
En medio de todo ronda el fantasma de Otoniel y su petición de una nueva oportunidad luego de tomar las armas bajo cuatro siglas distintas y desmovilizarse tres veces. Como si las dificultades fueran pocas, las elecciones, el odio político reinante, harán que muchos excombatientes se convenzan de que la vida civil implica riesgos mayores que el combate.








martes, 19 de septiembre de 2017

Carteles y carteleras







El alcalde Federico Gutiérrez ha terminado por coincidir con Roberto Escobar Gaviria. Por caminos contrarios, con propósitos distintos y con un tono desigual, han llegado a una misma conclusión: Medellín no puede ser el escenario para recrear, en películas o series, las desgracias de la década del noventa. El alcalde quiere olvido y silencio respetuoso, pretende tapar la larga sombra de Pablo Escobar, prohibir su mención, hacerlo ciudadano mexicano, o salvadoreño o aunque sea pereirano, ahora que es un mito inevitable. Roberto Escobar, por su parte, quiere que le paguen por la franquicia y se vale de unos apellidos que meten miedo.  El moralismo populista de Gutiérrez, para quien las películas que recuerdan la época de Pablo Escobar son un insulto, ha terminado emparentado con la avaricia del capo en desgracia. Esta semana El Osito dejó claras, con una frase que parece sacada de Narcos, sus condiciones de protagonista: “No quiero que Netflix o cualquier otra compañía de producción ruede en Medellín o Colombia películas relacionadas con mi hermano Pablo sin la autorización de Escobar Inc. Es muy peligroso. Especialmente sin nuestro consentimiento. Este es mi país.”
La administración municipal sufre de una especie de complejo de culpa por nuestro pasado de narcos míticos, y por nuestro presente de narcos agazapados que siguen abasteciendo el 90% del mercado de coca en Estados Unidos. La negación es el mecanismo de defensa elegido para luchar contra esas vergüenzas. Se argumenta que se falsea nuestra realidad actual y que ahora somos otros, más sanos, renacidos. Esta semana se estrena la película American Made, donde Tom Cruise encarna a Barry Seal, piloto gringo y contacto de la CIA, que termina como gran mensajero de la mafia colombiana a comienzos de los ochenta. Parte de la película se rodó en Medellín luego de mucho rogar por el apoyo de la administración de Aníbal Gaviria. En dos semanas la producción gastó cerca de 7000 millones de pesos en la ciudad, gente del medio en Medellín trabajó con el personal más importante de la industria mundial y Tom Cruise salió a decir que Medellín era una ciudad apta para el trabajo y la diversión. Para el rodaje de Loving Pablo, protagonizada por Javier Bardem y Penélope Cruz, la alcaldía de Gutiérrez se opuso a cualquier colaboración y trancó la puerta. En el ambiente y las declaraciones de los protagonistas quedó la idea de que Medellín es todavía un fortín narco bien peligroso. Proteger la honra de la ciudad puede significar enlodar su imagen. El alcalde no parece reconocer entre realidad y ficción, entre la posibilidad de una memoria veraz, que se podría construir desde lo público y la academia, y la inevitable memoria de los mitos que se cuela por cualquier rendija, sin reparar en la indignación, la propaganda o la buena conciencia.
Pero el moralismo ramplón siempre puede ir un paso adelante. Esta semana Paola Ochoa pedía en su columna de El Tiempo la condena de Hollywood por las líneas de cocaína que aspiran los protagonistas de algunas de sus películas. Una apología al consumo dice la columnista aterrorizada. Ahora no solo se debe prohibir la cocaína sino su aparición en las pantallas. La señora tocará una campanita de censura cuando aparezca un gramo, al igual que pasaba hace años cuando asomaba un cuerpo desnudo. Ochoa recuerda a los médicos de los años cuarenta en Medellín, cuando alegaban los problemas de “higiene moral” de la gran pantalla, donde niños y adolescentes se hartan “de excitantes que queman inútilmente las energías hormonales y vitamínicas en las salas de cine, en los cafés de moda y en los contactos epidérmicos bajo la semioscuridad de la ventana celestina.”





martes, 12 de septiembre de 2017

Sermones y discursos






 

La atención desmesurada es a la vez un privilegio y un riesgo. Cuando detrás de cada palabra y cada gesto de una persona se busca una pequeña revelación, una gran lección, un señalamiento o una aprobación, todo puede terminar en una maraña de interpretaciones, en fragmentos que buscan afianzar convicciones propias, en un sermón convertido en cientos de discursos. Despedazar, acomodar, falsear son posibles acciones frente a las palabras dichas por quien tiene un aura especial. Era inevitable que la visita del papa a Colombia fuera leída en claves políticas, que sus palabras tuvieran un acomodo en nuestros pleitos electorales y que sus gestos dijeran algo sobre el encono nacional. El papa les dijo a sus obispos que ellos no eran técnicos ni políticos sino pastores, pero es imposible negar la conciencia política de Bergoglio, su ánimo frente a causas terrenas, sus certezas ante dilemas ideológicos.

Argentina ha sufrido y gozado como ningún otro país ese dudoso privilegio de tener un representante de dios (elegido según fumatas lejanas a su democracia) para tratar a sus demonios políticos. Bergoglio ha sido un cura conservador y amigo de la dictadura, acusado incluso de entregar a dos sacerdotes de la Compañía de Jesús a los torturadores la Escuela Mecánica de la Armada, durante años el peronismo lo señaló de derechista y misógino. En sus tiempos de cura en Buenos Aires sus misas no congregaban a más de doscientos fieles. Luego, siendo cardenal y luego presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Néstor Kirchner lo declaro “el jefe espiritual de la oposición crítica”. Uno años antes, como presidente, se había negado a asistir al Tedeum que conmemoraba en la catedral el primer gobierno patrio de Argentina. Las luchas siguieron con Cristina y la posición de Bergoglio frente al paro patronal de los productores agrícolas y el matrimonio de parejas del mismo sexo. La elección en el Vaticano hizo que Cristina cambiara de opinión y de los señalamientos pasara a las felicitaciones. Ahora, las reuniones entre la presidenta y el papa eran vistas como una estrategia política CFK para soportar un clima turbio. Se aseguraba que Francisco decía en privado que había que proteger a Cristina, asegurar que terminara su periodo. De nuevo medios y políticos recordaban cercanías de Bergoglio con el peronismo.

Ahora el entorno de Macri lo ve como un cura de izquierda, rojo casi, amigo íntimo de un troskista como Gustavo Vera, y principal opositor del gobierno que busca ajustes económicos. La primera audiencia entre Francisco y Macri, de apenas 22 minutos y con el papa mostrando la más amarga de sus caras, fue interpretada como un gran revés político del presidente. “El papa no mueve 10 votos”, dijeron algunos cercanos a Macri. Pero el presidente no quería emprender cruzadas. El “pastor con olor a oveja”, así lo define su íntimo Vera, le dio una segunda oportunidad al presidente a finales del año pasado. La visita mejoró en gestos y tiempos y los sindicatos que anunciaban huelga general esperaron posibles arreglos. Los opositores dicen que desde el Vaticano se ha ayudado a medidas más graduales y concertadas. Si Macri cede, el papa sonríe. Dicen que Bergoglio evita los mensajes directos en la política Argentina, pero es sin duda un simbolista consumado, un experto en el lenguaje de señas. La patria del papa corre los más grandes riesgos que implica romper el dique entre religión y política.

El reto, luego de su visita a Colombia, es encontrar una traducción un poco más profunda que nuestro habitual debate político, menos maniquea, más personal si se quiere, menos trivial y oportunista. No será fácil.








miércoles, 6 de septiembre de 2017

El sector púdico


 

 

En 1996 trabajé durante un semestre en la Corte Constitucional. Era el modesto trabajo de un auxiliar judicial ad honorem, nombre algo pomposo para un supernumerario que hacía su práctica universitaria a cambio de un carné que era a la vez una pequeña dignidad. Mi trabajo consistía en seleccionar tutelas que podrían ser relevantes para una posible revisión del máximo tribunal constitucional. Tutelas que buscaran la protección urgente de un derecho fundamental o que plantearan un dilema legal digno del seso de los magistrados. Las carpetas naranjas de las miles de tutelas iluminaban las tardes silenciosas en los despachos de la Corte. Allí todo tenía un aire reverencial. A toda hora parecía que se estaba trabajando en la redacción de tesis complejas, que se intentaba iluminar las preguntas más difíciles sobre los individuos y la sociedad. La Corte era una especie de facultad de filosofía con la facultad de influir sobre el poder del Estado y algunas encrucijadas humanas. Yo intentaba respirar un poco de ese aire solemne y trascendental pero me ahogaba, algunos de mis compañeros ad honorem lograron “proyectar” fallos menores mientras yo buscaba salida hacia la casa que guardaba la tragedia de J. A. Silva, un poco más arriba de la Plaza Bolívar.

Estaba asignado al despacho de Alejandro Martínez Caballero. Lo vi dos o tres veces, caminando sin aspavientos, dejando caer dos palabras, como un profesor ensimismado. Lo miraba con el temor que impone el respeto desmesurado. Hoy parece increíble pensar que a la Corte llegaron personajes que empujaban la revisión de tutelas a cambio  beneficios económicos. La intriga política y los negocios particulares comenzaron a rondar los pasillos de las Cortes. El cinismo sustituyó el debate, algo de los pulsos del Congreso contagió a las salas plenas, los embates del ejecutivo llevaron a las Cortes a los aprietos partidistas. Lo demás lo hizo el apetito de algunos magistrados, la lógica clientelista bajo la majestad de la toga. Al menos los congresistas sonríen en sus vallas para que uno sepa a qué atenerse, pero los magistrados torcidos se esconden bajo el gesto severo y el discurso abstruso de los fallos. Solo queda repetir que el tiempo pasado fue sin duda mejor.

Dos años antes de ese trabajo en la Corte me fui a hacer un experimento de estudiante entusiasta en un programa llamado Opción Colombia. Se trataba de llevar a universitarios hasta municipios apartados donde su conocimiento crudo se pudiera estrenar en tareas útiles. Trabajé en el Plan Nacional de Rehabilitación en el Huila, en más de 15 municipios. Mi tarea consistía en impulsar mecanismos de conciliación en algunas comunidades. Sobra decir que aprendí más de lo que aporté. Conocí funcionarios con una mística que recordaba a los mejores misioneros posibles. Apoyaban el liderazgo comunitario, vigilaban las obras, hacían el quite a los grupos armados y peleaban contra la más primaria de las manzanillas electorales. Para eso les bastaba un jeep destartalado, algunas planillas, una aversión a las oficinas y una voluntad suficiente para jalar a esa mula resabiada que encarna al Estado casi siempre. Había partidismo, sí, pero era más un telón de fondo que un protagonista de sañas e intrigas.

Esas han sido mis únicas dos experiencias en las oficinas públicas. Una silenciosa y pensante, parecida a la academia; otra con los ruidos electorales, mística y plaza pública. Tal vez tuve demasiada suerte en mis rondas de practicante; tal vez las salas de las altas cortes y muchos despachos municipales pasan por una racha inmunda.  

 

 

martes, 29 de agosto de 2017

Sin remedios

 
 
La rebatiña lleva siglos en esas montañas. Oro y pólvora han marcado la rutina en el norte de Antioquia desde hace más de 400 años. Segovia y Remedios son viejos “campamentos” donde han cambiado los dueños y los vasallos, las herramientas y los mitos, pero no las maneras de pelear y defender las vetas y los socavones. Una epidemia de viruela obligó a trastear el entable de Nuestra Señora de los Remedios hasta el sitio del actual municipio en 1594. Detrás llegaron más de 2000 esclavos traídos desde Cartagena para calmar una de las grandes fiebres de oro durante la colonia. Las primitivas reglas de minería en la zona las dictó Gaspar de Rodas, según dicen. La primera, “Los derechos y las riquezas del subsuelo pertenecen al soberano”, no se cumple hoy cuando la Gran Colombian Gold es dueña del subsuelo, sin límite alguno y a perpetuidad, en un terreno de cerca de 3000 hectáreas. Esa “soberanía” de los canadienses no ha terminado con la batalla por más de 400 kilómetros de pasadizos bajo una montaña de oro.
Luego de unos años de decadencia el oro de la región también entregó sus frutos para la campaña libertadora. Lo escribió Santander en una de sus cartas a Bolívar: “… es la Provincia desde donde todavía no he recibido un solo reclamo por los empréstitos, reclutas y ordenes fuertes, y le llevamos sacado cerca de cuatrocientos mil pesos en barras de oro..”. Las cuentas a mano alzada convierten esos pesos en cerca de una tonelada métrica de oro. Todo estaba listo para el desembarco de los ingleses. En 1830 Antioquia producía el 50% del oro del país y los ingleses ya habían traído la geología, la hidráulica, los reactivos químicos y los taladros. A mediados del siglo XIX se inscribe el nombre de la Frontino Gold Mines y suenan las minas que todavía hoy dan guerra y oro en Segovia: El Silencio, Manzanillo, Marmajito, Córdoba, Cogote. Esta última es la misma que hoy explota la Gran Colombia Gold bajo un régimen que hace más de veinte años hizo escribir a Michael Hill Davey, un inglés nacido en el campamento de Marmajito, una sentencia de buena ley: “En realidad la suerte de los barequeros y trabajadores rasos poco ha cambiado, solamente han cambiado de patrones explotadores”.
Davey era un minero extraño, más enamorado de las selvas que del oro, amigo del gran botánico Richard Evans Schultes y geógrafo de profesión. Como escritor aficionado dejó un libro sobre las gestas y las estridencias de los mineros en la zona, lo llamó Oro y selva, Relatos del nordeste. Las historias se mueven entre la caricatura y el mural que busca exaltar la vida de ingleses y lugareños. Cuando relata un bochinche a mediados del siglo XX luego del hallazgo de un apogeo, “un cogollo muy rico en oro encima de un filón”, parece que describiera el tropel que hemos visto por televisión durante el último mes. Las palabras del primero que llega son muy dicientes, “respeten hijueputas que este pedazo aquí es mío. Y llegaron sus compañeros machuqueros a ayudarle a defender la parcela, llegaron las mujeres y los familiares de todos y el boleo ya fue horrible a punta de barras, picas y palas”. Al llegar el gerente de la Frontino, el alcalde y el comandante de la base militar, “encontraron 3000 personas en el sitio el cual hervía de gente como si fuera un hormiguero perturbado, ranchos de plástico y pilas de madera por todas partes…” Los socavones de los machuqueros amenazan con alcanzar la gran mina Cogote, y el gerente entrega su diagnóstico: “No veo cómo vamos a desplazar esa gente de aquí, haciéndolos desocupar, sin crear un grave estado de orden público. Esta gente no se va de aquí, se hace matar primero”. La Gran Colombia repite la historia con avaricia renovada y la gente está hasta el cogote.
 
 
 
 


martes, 22 de agosto de 2017

Virtud y buena letra








El anuncio de las urgentes reformas constitucionales y legales proviene casi siempre de un arrebato de impotencia. El consuelo de la letra frente a la realidad. Sumar algunos años a los castigos del código penal es el consuelo de los ciudadanos asustados, reformar el código de policía es un aliciente para los vecinos maldormidos y bien educados, sumar inhabilidades para los políticos corruptos es la mejor bandera para apaciguar a los indignados.
Luego del escándalo por el asomo de corrupción en la Corte Suprema se oye el clamor por nuevos y severos jueces, altísimos tribunales para juzgar a los altos tribunales, se clama por “reformas de fondo”, por una nueva estructura del Estado, por un código de honor ahora que “tocamos fondo”. Lo piden los periódicos, los radios a mañana y tarde, las amas de casa, el ex procurador, los candidatos y los comentaristas deportivos. La letra de las leyes vista como un himno virtuoso para ordenar el caos que dejó letra alabada como solución hace apenas unos años y ahora gastada por la malicia criolla. La gente se aburre de cantar las mismas canciones y confiar en las mismas reglas.
Ahora los más exaltados piden una constituyente para remediar nuestros males. Piensan que la corrupción va demasiado rápido y cada 25 años hay que cambiar las cercas para contenerla y sancionarla. Por momentos se ven algo ridículos persiguiendo la maldad con una red para cazar mariposas, eso sí, recién anudada. El último de esos pregoneros de las nuevas reglas fue hasta hace poco uno de los mayores propagandistas de la “anciana” Constitución del 91. Juan Lozano pide ahora, como lo pidió a finales del año pasado por motivos distintos, una constituyente que nos libre de este régimen “pestilente y dañino”. Solo pide un pequeño detalle para que todo resulte según sus cálculos: que sea una “buena constituyente”. Me recordó una corta sentencia del escritor alemán G.H Lichtenberg: “Hay gente capaz de creer en todo lo que quiere: ¡son criaturas felices!” No sé si Lozano sea feliz pero la verdad le cabría un buen pinchazo de escepticismo. Su columna dice que lograremos una constituyente virtuosa, lejos de los vicios de la política, si ponemos las reglas adecuadas: no al voto preferente y al aval de los partidos control ciudadano, prohibición de dinero en efectivo en campañas, no a la intervención de funcionarios públicos y construcción desde los medios de una debate sereno, constructivo y exhaustivo. Incluso pide algunos cupos estamentarios al mejor estilo de la constituyente en Venezuela.
Si ese llamado a remediar el mundo no fuera peligroso sería tierno. A Lozano se le perdonan sus furores por la utopía en 1991, pero ya está lo suficientemente curtido para seguir por el mismo camino. Ni la política ni la justicia ni el Estado comienzan de cero luego de una reforma, tampoco es posible construir un filtro eficaz  para que solo quienes consideramos íntegros y justos puedan participar en la construcción de las nuevas reglas. Ese empeño si acaso llevará al sectarismo o a tonterías del tipo “los buenos somos más”. No se puede calificar el Congreso de pestilente y al mismo tiempo imaginar una Asamblea Constituyente ejemplar. Los dos escenarios serían hechos con materiales muy parecidos, Macías y el Ñoño Elías, Cabal y Char, Corzo y Name…
Siempre es bueno desconfiar de los gariteros que revuelven y cambian el naipe una y otra vez para que el juego sea más justo. Pecan por interesados en su propia mano o por delitos de lesa ingenuidad.



martes, 15 de agosto de 2017

Tiempos de acarreo




 

Entró por una vía alterna cercana a la pista del aeropuerto Olaya Herrera. Era un camión corriente de cabina amarilla, acostumbrado a cargar cebollas desde Ocaña o papa desde Samacá. Tenía encima un contenedor blanco con pequeño golpe en una de sus esquinas superiores. Solo dos letras negras le concedían al camión y su carga un aire de importancia, un valor más allá de esa apariencia de acarreo corriente: UN. Me quedé mirando el camión con asombro, nadie entre los pasajeros que caminaban a tomar sus vuelos reparó en el contenedor blanco y las dos letras escuetas. La avalancha de noticias, muertos, negociaciones fallidas, experiencias personales, cháchara política, elecciones, secuestros, ajusticiamientos y discursos que me suscitó la imagen, impidió que sacara el teléfono a tiempo para tomar la foto de ese momento insignificante de un hecho significativo. Una parte de las armas de las Farc pasaban a mi lado camino a la fundición definitiva. Hasta hace poco esa caravana de camiones era una ficción, un anhelo viejo y esquivo. Es seguro que ese mismo camión estuvo parado en un retén guerrillero en Valdivia, San Francisco o Yarumal hace unos años.

Pensé en la paloma de la paz de las épocas de Belisario, pintada en una calle del barrio Santa Fe en Medellín, que sobrevive desde el 26 de agosto de 1984. En la masacre de Segovia en 1988 de la que salvó la alcaldesa de la época Rita Tobón y que dejó 43 muertos. En los tiempos ya lejanos en los que José Obdulio Gaviria era un dirigente de izquierda con el movimiento Firmes. Recordé, por supuesto, las cruentas tomas de las Farc en los noventa -Miraflores, La Uribe, Puerto Príncipe, Patascoy y Mitú- que dejaron cientos de uniformados muertos y una lista de 245 soldados y policías secuestrados, quienes sufrieron durante años el tire y afloje de acuerdos humanitarios, canjes, liberaciones unilaterales y actos de buena voluntad. Eran los tiempos en los que Fabio Valencia Cossio, como presidente del Congreso, proponía una ley de canje y el presidente Pastrana decía estar listo para apoyar la iniciativa. Años antes, en 1997 durante el gobierno Samper, ya se había dado un canje luego del despeje de más de 13.000 kilómetros por parte del ejército en Caquetá. En ese momento las palabras negociación y conciliación tenían un valor especial.

El camión se parqueó al lado de dos grandes helicópteros que de inmediato recordaban la Operación Jaque y el gran momento de la Seguridad Democrática en los gobiernos sucesivos de Álvaro Uribe. Fue la efervescencia ciudadana frente a los abusos de las Farc y muy seguramente el impulso para que el presidente y sus cercanos pensaran que sin ellos todo era hecatombe. Los triunfos sobre las Farc implicaban también riesgos para el Estado. Fue imposible no recordar los 27 muertos de El Cartucho el 7 de agosto del 2002, durante la posesión de Uribe, cuando las Farc-Ep mataron a algunos de los integrantes del pueblo más débil de la capital. Cilindros iban y venían. No hablamos de caletas en manos de la ONU sino de nuevas formas del terror: tatucos contra las cornisas de la Casa de Nariño. Eran los tiempos en los que Uribe, con un mes largo en el gobierno, decía frente a la Asamblea General de Naciones Unidas: “El compromiso de mi gobierno en materia de seguridad no se opone al diálogo. Al contrario, lo desea. Por eso hemos pedido la gestión de buenos oficios de Naciones Unidas…” Ay, otra vez esas dos letras sencillas: UN.

Me quedé mirando al camión por la ventanilla del avión que ya carreteaba. Mucho trabajo y sufrimiento detrás de ese feliz trasteo.

 

 

martes, 8 de agosto de 2017

Manicomio blanco








Reconocer un loco a simple vista no es tarea fácil. Pueden agazaparse en el silencio o la risa, pueden cubrir de misterio sus delirios o simplemente parecer tontos corrientes, sin muecas extraordinarias ni desvaríos sobresalientes. Si el alienado viste bien, tiene poder y lo acompaña una hermosa mujer, pálida y silente, será más difícil aún el diagnóstico a ojo de buen loquero. Es difícil trazar la línea entre un exitoso extravagante y un narciso compulsivo, víctima de ataques de paranoia seguidos por estallidos de ira. En últimas, el furor es mancorna del éxito.
En Estados Unidos han comenzado a hablar de la salud mental del presidente Donald Trump. Para cualquier mortal es difícil pasar por cuerdo si las multitudes se dedican a mirar día a día sus mínimos movimientos, sus temblores de mañana y sus sueños a medio día, sus declaraciones antes del almuerzo y sus tropeles de tarde, sus escapadas de noche y sus terrores de insomne. La observación minuciosa hará que inevitablemente salga a flote la insania. Y la verdad a Trump no hay que mirarlo con mucho detenimiento. Los psicólogos llevan buen tiempo hablando de su megalomanía, sus paranoias, su necesidad de venganza y su incapacidad para aceptar las más mínima derrota. Los caricaturistas han hecho los suyo con ese niño grande y furibundo. Un psicólogo neoyorquino, uno más de los centenares que han hablado sobre la cabeza del presidente, desestima los daños que han señalado algunos psiquiatras que lo declaran incapaz para ejercer su cargo: “Tiene un desmesurado interés en su popularidad y le molesta la idea de que alguien pueda ser más grande que él. Pero para saber eso no se necesitan las averiguaciones de un psicólogo”.
La semana pasada, la Asociación Americana de Psicoanalistas les notificó a sus 3.500 miembros que estaban en libertad de referirse a los laberintos de la cabeza presidencial, esa jaula habitada por un único pájaro, tan feroz como parlanchín. Quedaban exentos de lo que los gringos han llamado la “Regla Goldwater”. Una prohibición surgida en 1964 a raíz de una publicación en la revista Fact de un artículo titulado: “El inconsciente conservador: un tema especial en la mente de Barry Goldwater”. El artículo entregaba el resultado de una encuesta donde un buen número de psiquiatras decían que Goldwater, candidato republicano a la presidencia, no era apto mentalmente para sentarse en la Oficina Oval. La Asociación Americana de Psiquiatría dijo en su momento que no era ético ni científicamente responsable dar dictámenes públicos sin al menos haber tenido una cita cara a cara con el paciente y haberle realizado un examen estándar.
De modo que en Estados Unidos los psicólogos hablan sin miedo sobre las tragedias mentales de un presidente que gastó su primera semana peleando por el número de asistentes a su posesión. Ellos nunca han visto con buenos ojos la regla Goldwater. Los psicoanalistas acaban de levantar públicamente sus vetos en desafío a los jefes de prensa de la Casa Blanca y los psiquiatras. Y estos últimos tienen grandes divisiones sobre las bondades de diagnosticar para la prensa al hombre que dice, entre risas, que es el más calificado para ser presidente de Estados Unidos desde Lincoln. En octubre saldrá un libro firmado por 27 psiquiatras con un título sugestivo: El peligroso caso de Donald Trump.
También las agencias de inteligencia gringas han comenzado a dudar y a guardar algunas cartas claves. El niño podría hacerse daño. Otros hablan de su edad, los 71 años lo han hecho más débil, más rabioso y menos locuaz. Para los más suspicaces es solo un excelente actor. Ese mismo papel lo llevó a la presidencia. Y tienen un diagnóstico claro: “Está loco como un zorro”.
 

 
 
 
 
 

 

martes, 1 de agosto de 2017

Un oso 'Chucho'




La imagen de un león, un oso o un mono en una jaula se ha convertido en una seña de injusticia que revuelve las emociones humanas. La exhibición de animales ha pasado de ser un acto instructivo a una muestra de crueldad. En el Medellín de los años setenta se celebraban las gracias a Agripina, una chimpancé que había traído la Sociedad de Mejoras Públicas desde Estados Unidos, era la estrella del zoológico y lo que se entendía como un espectáculo hoy solo tiene la certeza del abuso. Por eso en Colombia se aprobó el año pasado una reforma al Código Civil que trataba a los animales como simples cosas e, igualmente, una ley de protección animal (1774 de 2016) que declara a los animales como “sujetos sintientes” y entrega herramientas para protegerlos del sufrimiento y dolor que les puedan infligir los humanos.   
 Lo que en realidad resultó algo extravagante, original por decir lo menos, fue el fallo de la semana anterior a cargo de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de justicia. Ante una petición de hábeas corpus para liberar del calor de Barranquilla a ‘Chucho’, un oso de anteojos, viudo de ‘Clarita’, quien llevaba cerca de dos meses en La Arenosa, la sala decidió conceder el amparo constitucional y ordenar a la fundación que regenta el zoológico el traslado a la Reserva Natural Río Blanco en las goteras de Manizales. El oso cambiará de clima y no tanto de condiciones de reclusión ya que creció en cautiverio y no tiene posibilidades de sobrevivir en su hábitat natural.
El fallo es reiterativo en reconocer el estatus de derechos que han ido logrando los animales, en su argumentación pasa por Saramago, Hume, Schopenhauer, Rawls y otros, y al mismo tiempo en hacer una diferencia entre la protección animal y la protección de los derechos fundamentales. Pero en medio de la jeringonza que a roza los cantos a la Pacha Mama, encuentra una justificación para igualar los mecanismos de protección: en vista de que los seres sintientes son parte de la naturaleza y ayudan a la conservación humana al hacer parte del equilibrio ecológico (los osos de anteojos esparcen semillas en el Páramo de Chingaza), es posible obligar a su cambio de “celda” por medio del hábeas corpus. Parece increíble pero el vocabulario de juzgado y la retórica ambientalista más reciclada caben en 35 páginas del fallo. Por momentos parece que cantara Manu Chau. Lo mejor del fallo está cuando llegan las diatribas contra los humanos, una especie de canto que remueve los cimientos sociales y gramaticales. Se trata de una “textura filosófico jurídica diferente y creadora…en contra de quienes día a día destruyen sin consideración para saciar sus apetitos atesoradores y tecnocráticos, contra quienes diariamente envenenan y desecan los ríos, lagos, pantanos, humedales, arrasan páramos y aves, ecosistemas e insectos, contra quienes hunden sus herramientas, armas, maquinarias, retroexcavadoras…”
No importó la jurisprudencia de la Corte Constitucional que reconoció derechos de los animales y aboga por las medidas administrativas e incluso los castigos penales para protegerlos. No importó que el Ministerio de Ambiente pudiera remediar la situación mediante actos administrativos (hay un Programa Nacional de Conservación del oso de anteojos), o que se pudiera acudir a una acción de cumplimiento para las Corporaciones Autónomas. Lo importante, parece, era ser primeros en el país en dar el paso, soltar un discurso y abrir la puerta a las tutelas, hábeas corpus y otras acciones para protección de derechos humanos a los animales. Cuatro veces los tribunales norteamericanos negaron acciones similares para proteger primates. Con argumentos serios y llamados a las autoridades administrativas o a los legisladores. Pero entre nosotros, en las sentencias, parece que importa más la melodía que la letra.




miércoles, 26 de julio de 2017

Humor amargo








Los pleitos de las últimas semanas me han hecho recordar al personaje de un amigo pinta monos, un infante que frunce el ceño aunque no esté en edad de hacerlo. El caricaturista lo bautizó con un puchero por medio de su lápiz y con una especie de epígrafe en el título de su historieta: “El niño que no sabía reír”. Galopa furioso en su caballo de palo, presta el helicóptero que le regalaron a su amigo maldadoso, no logra entregar el regalo en las piñatas… El niño sufre de las incontinencias de su ira, quiere someter a todo el salón a sus rabietas y ve un insulto detrás de cada cuchicheo y cada sonrisa cubierta.
Alguna vez dijo Daniel Samper Pizano que Klim “hacía todo lo que escandaliza a los partidarios de que nadie ofenda a nadie”. Es curioso que entre nosotros esté creciendo esa audiencia que lee el humor, o los intentos de humor, así sean vanos, con el ojo atormentado de quien intuye venganzas y añora ofensas para desatar su bilis. Parece que el niño gruñón del que les hablo hubiera contagiado con su rubiola a buena parte de sus amigos y seguidores temerosos. Se entiende que el poder mire con recelo el humor y sea vulnerable al ridículo que siempre roza con sus gestos y sus figuras pulidas con la lima de la ambición. Pero parece increíble que la sociedad entera se infecte con ese humor amargo.
Tal vez para dejar mejor sabor en la boca sea necesario recordar a un grande del humor a comienzos del siglo XX en Colombia, uno que decía mirar el espectáculo de la vida por lentes cóncavos o convexos, que “desfiguran un poco el mundo, y al desfigurarlo lo colman de atractivos”. Lo decía Ricardo Rendón en un reportaje en la revista Cromos de 1930 y remataba con una puya deliciosa: “Los buenos epígrafes tienen el aguijón forrado en miel.”  A pesar de la miel sus críticas a los gringos, a los curas y a los godos le valieron amenazas de excomunión, demandas por calumnia y visitas a inspecciones de policía. Una de sus caricaturas, “Prometeo encadenado”, muestra a unos chulos de bonete picoteando a una Colombia agónica y sangrante.
-¿Está usted calumniando a la iglesia con esa caricatura, señor Rendón?, le preguntó el inspector.
-No -respondió él-. Son unos chulos comiendo de un muerto. Una escena muy común en el campo colombiano.
-¿Y por qué le puso bonete a los chulos
-¡Es que se ven tan bonitos!
Es lo que les pasa a los poderosos cuando se enfrentan al humor con las amenazas de los jueces y las cárceles. Muestran su temor y se ven un poco más grotescos que en el ejercicio normal de sus afanes. A un senador antioqueño de la época al que Rendón molestó con su látigo, un colega, prendado del espíritu burlón, le dijo para tranquilizarlo: “No te calientes, Chato, que de la caricatura a la estatua no hay sino un paso”. Una frase que también podría tranquilizar a senadores antioqueños de nuestros tiempos.
También Klim y Osuna vivieron sus escenas de la rabia contra la risa. Klim fue retado a duelo por Jorge Mario Eastman por el remoquete de Stayfree que le chantó. Le puso ese nombre de toalla higiénica por estar muy cerca de lo mejor pero no ser lo mejor, según se dijo en la época. Y su vicio de cargar contra López Michelsen y los negocios de tierras muy rentables de su hijo (que francamente recuerdan nuestros tiempos) hicieron que el presidente amenazara con renunciar si continuaba lo que hoy llamamos bullying. Osuna por su parte mereció los insultos por interpuesta persona de Guillermo León Valencia, los sudores de Samper y los despeluques de Barco por señalar a su esposa de gringa en tiempos de Frechette.

No queda más que añorar a Belisario quien alguna vez, recordando a Osuna, dijo con su tono sacerdotal: “Gracias por sus urticantes aunque sonrientes lecciones”. 


martes, 18 de julio de 2017

Erradicación sin manual






Han pasado las avionetas con glifosato, los planes de sustitución, las cuadrillas de erradicadores, los capos de ocasión, las Farc, las AUC, las AGC, los cantos de victoria contra la mata que mata, la guerra, la paz… y Colombia tiene de nuevo las 146.000 hectáreas de coca que tenía hace 15 años. Y la gran mayoría sembradas en los mismos territorios que ya habían sido escrutados por los satélites, fumigados y erradicados previamente. El recién publicado Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), estudio que realiza desde el año 2000 la oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, deja claro que el 80% de los lotes identificados con coca ya habían tenido tratamiento estatal. El trabajo del Estado sirve sobre todo como abono para el terreno de siempre.
El estudio muestra que los núcleos fuertes de coca sirven como imán para nuevos cultivos en sus cercanías. La coca está cada vez más concentrada en las mismas regiones donde ha reinado en los últimos 10 años. Solo dos municipios, Tumaco y Tibú, presentes durante más de una década en el top 10 de los cocaleros, concentran el 25% de toda la coca sembrada en el país. Entre 2015 y 2016 la lista de los 10 municipios con más coca se mantuvo casi intacta, solo salió Olaya Herrera (Nariño) y entró Sardinata (Norte de Santander). Esos 10 municipios concentran el 48% de la coca sembrada en Colombia, hace un año marcaban apenas el 37% del total nacional. Ya no se trata de abrir trocha para sembrar sino de utilizar el conocimiento y la hospitalidad de los viejos cultivadores y compradores. Solo el 5% de los sembrados está en territorios que nunca habían tenido coca.
Nariño, Norte de Santander y Putumayo tienen cerca de dos terceras partes de las hectáreas sembradas, y la mitad del crecimiento de cultivos en 2016 se dio en esos dos primeros departamentos. El negocio se concentra para facilidad de compradores de hoja, cocineros, exportadores. Integración vertical, dirían los empresarios. Y las zonas de frontera se han convertido en las preferidas para la siembra, un 30% del total de cultivos está a menos de 20 kilómetros de líneas fronteriza. Ventajas logísticas, dirían los exportadores.
Mientras tanto, las casi 110.000 familias que siembran coca siguen teniendo en promedio un poco menos de una hectárea y solo el 40% hace alguna transformación a la hoja fresca. Una familia de 5 miembros gana en promedio 15 millones de pesos al año por el cultivo de una hectárea de coca. Por fuera del SIMCI algunos investigadores hablan del inicio de fincas coqueras de hasta 50 hectáreas y la conversión de las familias cocaleras en simples jornaleros para “gamonales” que siembran, cocinan y exportan.
El estudio muestra además que en las zonas de dominio histórico de las Farc (Putumayo, Caquetá, Meta, Guaviare) el crecimiento fue mucho menor que en territorios donde la presencia de actores armados es diversa o el dominio es claramente ejercido por el Clan del Golfo (Nariño, Catatumbo, Bajo Cauca). Hay una alerta clave para lo que viene. Cerca de la Zona Veredal de Caño Indio, en Tibú, la coca pasó de 2000 a 5000 hectáreas. En todo el Catatumbo las negociaciones con los campesinos, llamadas Mesas de Interlocución y Acuerdos (MIA), llevaron a que las hectáreas se cuadruplicaran en los últimos tres años. Los acuerdos pueden ser garantía de más coca, más presión ilegal y paros cocaleros. Y una tranquilidad, en las cercanías de más de la mitad de las zonas veredales no hay coca y en otras tantas el área se mantuvo estable.
El acuerdo con las Farc  entregará nuevas perspectivas, nuevas estrategias y nuevos recursos, pero la pelea seguirá siendo muy difícil con un mercado gringo creciente y un gran conocimiento acumulado.




martes, 11 de julio de 2017

Cuento Viejo




El 25 de noviembre de 2003 se desmovilizó en el Palacio de Exposiciones de Medellín el Bloque Cacique Nutibara, fue el primer desarme de las estructuras de las Autodefensas Unidas de Colombia. Entre los cerca de 800 hombres y mujeres estaba Julio Cesar Perdomo González, alias ‘El Viejo’, hombre de confianza de Don Berna. Perdomo asumió muy pronto un papel protagónico como líder y gestor de los proyectos para la reintegración. En el 2004 ya tenía su oficina, la palabra es ya una acusación, en el barrio Sol de Oriente en la Comuna 8. Su sede, mirador, fuerte y casa de castigo se conocía como La Cabaña. Desde ahí comenzó a ejercer por partida doble. Formó la Cooperativa de Trabajo Asociado Omega que pretendía montar proyectos para beneficio de desmovilizados y comunidad. La Cabaña tenía marranera, galpones, huertas y campo de Paintball para no olvidar del todo los vicios del gatillo.
Pero Perdomo y Edwin Tapias, un antiguo compañero del Cacique Nutibara, decidieron diversificar. Cobraban 250.000 semanales a las tiendas, vacunaban a los buses que llegaban hasta el parqueadero que acondicionaron, distribuían la marihuana en seis barrios y tenían un modesto deshuesadero de carros robados. Igual, Perdomo seguía posando de líder comunitario e influyendo en procesos de Presupuesto Participativo, además de mediar en disputas entre los combos de la zona. También hacía de “inspector de policía”, dando escarmiento a ladrones, y de urbanizador pirata entregando lotes a desplazados. La verdad era que trabajo sí tenía. Los testimonios de habitantes del sector en la época hablan de La Cabaña como centro de torturas y ajusticiamiento.
Luego de dos años como patrón del barrio, las denuncias sobre Perdomo y sus excesos de líder comunitario y duro comenzaron a crecer. En octubre de 2006, la Unidad Permanente para los Derechos Humanos de la Personería advirtió de las extorsiones, el desplazamiento y las presiones sobre líderes antiguos de la zona. El secretario de gobierno del momento, Gustavo Villegas, negó la existencia de denuncias concretas contra los desmovilizados del sector. Tal vez ahí comenzó el cuento con ‘El Viejo’. Pero era imposible sostener esa mentira de liderazgo, resocialización y violencia. El 5 de febrero de 2010 Perdomo fue capturado junto con 20 personas de su estructura en Caicedo. Una semana después aceptó cargos por Concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado, homicidio, constreñimiento y extorsión. Pasó algo más de 4 años en la cárcel y volvió a las andadas. En 2014 estaba trabajando en recuperar su poder en las comunas 8, 9 y 10. Y desde hace año y medio era el hombre de confianza de Gustavo Villegas, secretario de seguridad, para impulsar el sometimiento del flanco mayoritario de La Oficina. Además de ser su hombre para corregir algunos torcidos: robos de carros, crecimiento de extorsión y fleteros virales en redes sociales. Perdomo era un jefe de policía del lado oscuro. Y según parece más eficiente que el del lado claro.
Hasta que vino la segunda captura el pasado 15 de marzo en Medellín. Ahora la acusación era por concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes y desplazamiento forzado. Caía el hombre que traía las razones de Pichi, Barnie, Douglas y Pesebre desde las cárceles. La policía habló de 250 hombres a su mando en el centro oriente de la ciudad. Al momento de su captura Federico Gutiérrez trinó pidiendo denuncias: “Autoridades hacen su parte. Luego de captura de Julio Perdomo es importante que ciudadanía denuncia hechos delictivos que lo relacionen”. Mientras tanto su secretario de seguridad le avisaba a Perdomo, según dice la Fiscalía, sobre operativos contra sus hombres y omitía denuncias para crear confianza. Parece que el hombre encargado del sometimiento terminó sometido. Poco a poco la familiaridad y la temeridad lo llevaron a cruzar líneas no permitidas para un funcionario. Por menos fueron condenados varios en la trama parapolítica. Hasta ahora, todo indica que el secretario prometía más de lo que podía cumplir en materia judicial, y entregaba más de lo recomendable en materia administrativa.