martes, 23 de mayo de 2017

Gozo finish






En 1983, luego de la primera excursión colombiana al Tour, cuando la camisa de Pilas Varta era todavía lanuda y los colombianos soportaban las tres semanas con llantos y consuelos mutuos en la orilla de la carretera, Jacques Anquetil lo dijo con un temor premonitorio: “Si vuelven, serán terribles”. El quíntuple campeón del Tour hablaba de los colombianos que todavía eran vistos como una anomalía en Europa, unos principiantes toscos que buscaban venganza a su sufrimiento cuando aparecían las cuestas. “Bajaban mal y eran peligrosos en el pelotón. Eran simpáticos, pero extraños”, decía Laurent Fignon, el ganador en el Tour del debut colombiano y el más insoportable de los ciclistas después del texano aquel. Luego de la segunda semana de carrera la mitad del equipo colombiano había puesto pie en tierra. Era la época de la panela y el bocadillo. Y de la algarabía de los narradores colombianos que convirtieron la carpa del Tour en un circo de pregoneros. Más de treinta periodistas viajaron para cubrir la expedición a la gran carrera francesa.
Al año siguiente volvieron con algo menos de panela, un poco más de los sesenta millones de pesos que había dado Pilas Varta como patrocinador y algo más de ambición. Y con Lucho Herrera que era garantía de triunfo aunque llegara de un equipo llamado Leche la Gran Vía. Eran otros ciclistas así vinieran de la misma tierra de los que hoy son líderes de escuadras europeas y señores del protagonismo en las carreras de tres semanas. Lucho entregó el primer triunfo de etapa en el Tour y al otro día perdió 27 minutos. “Perdió hasta la caja de dientes”, se decía en esa época al recordar una etapa donde se le cayó la caja en plena bajada luego de tragarse una avispa. Luego vendría Café de Colombia y se pasó del folclor al respeto y al top cinco en las grandes carreras. Parra y Pacho Rodríguez mostraron que se podía estar en el podio y que las cosas eran serias. En 1987 Lucho ganó la Vuelta a España, cuatro colombianos celebraron triunfo de etapa, cuatro estuvieron entre los diez primeros de la general y Ryalcao-Postobon ganó la clasificación por equipos. Anquetil tenía razón.
Ahora, Rigoberto Urán y Carlos Betancur se gozan en italiano a sus pares y comen espagueti vongole con soltura. Han llegado otros ciclistas desde las mismas tierras. El Ramiriquí de Patro y Soler, el Urrao de Oscar de J. Vargas y Urán y Laverde. Las historias de los inicios son las mismas. Nairo y Lucho en las bicicletas prestadas y heredando las pantalonetas de sus amigos. Trayectos parecidos de la casa al colegio en bicicleta y el mismo frío en las mañanas y la misma aguaepanela. Pero la parquedad y los silencios de Lucho y de Nairo son distintos, van de la timidez al cálculo, de la humildad a la estrategia. Nairo llegó como segundo de su equipo a su primer Tour y terminó como segundo de la carrera. En la rueda de prensa antes del inicio su técnico, Eusebio Unzúe, lo puso a la altura de ‘Perico’ Delgado e Induraín. Como lo recuerda Carlos Zúmer, escritor español, autor de varios libros sobre ciclismo colombiano, el nacimiento de Nairo (1990) coincidió con el fin del equipo Café de Colombia. Veinte años más tarde apareció Colombia es Pasión, esa especie de selección juvenil que formó a Chávez, Nairo y Pantano en un mismo equipo y ganó dos años consecutivo el Tour del Avenir que ganara Alfonso Flórez treinta años atrás. Ahora ha llegado un embalador a completar el cuadro, a cruzar primero que los rockstar del pelotón, un pistero con agallas y fuerza para el pavimento. Estamos en los gloriosos y no queda más que recordar y disfrutar.




martes, 16 de mayo de 2017

Bojayá





Bojayá es un pequeño reino del dolor. Un pueblo donde el cementerio es más importante que la plaza. Una encrucijada en la selva marcada por múltiples cruces. Un símbolo inevitable para los funcionarios, los periodistas, las agencias internacionales y los activistas. Durante 15 años, luego de la masacre del 2 de mayo del 2002 que dejó 79 muertos en la iglesia, los habitantes han pasado de la sorpresa a la indiferencia y de la indiferencia a la fatiga frente a la romería que visita el pueblo. Ahora, están frente a una más de las exhumaciones de los cuerpos que lleva a cabo un equipo de la fiscalía. Primero fue la fosa común, luego el cementerio, ahora las nuevas pruebas de ADN y vendrá el descanso en las bóvedas definitivas.  
Compartir el dolor propio con otras víctimas y con los desconocidos que llegan nunca será fácil. El eterno sepelio en Bojayá se ha convertido en un escenario para las minucias políticas, las rebatiñas de subsidios, las demostraciones del “buenismo” internacional y los afanes periodísticos. La atención trae tanto los afectos de la solidaridad como las perversiones del protagonismo. Hace unos días Patricia Nieto y Natalia Botero me contaron su triste aventura en Bojayá. Las dos son investigadoras, periodistas y profesoras de la Universidad de Antioquia con amplio reconocimiento de colegas, alumnos y observadores de su trabajo.
Llegaron al pueblo el pasado domingo 7 de mayo. Era su cuarta visita y pretendían un registro del proceso que implica la segunda exhumación de los cuerpos sepultados en el cementerio municipal. Antes de su viaje habían hablado con algunas personas del Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá. Desde su llegada se encontraron con un clima de desconfianza y hostilidad. Ahora su presencia parecía incomoda, casi prohibida. El miembro del Comité con quien habían tenido contacto telefónico les dijo que no estaban dispuestos a permitir el trabajo de la prensa. De ahí en adelante todo fueron advertencias, agresiones y amenazas: “Cuando salgan de aquí no les va a pasar nada, pero en Bojayá les puede pasar cualquier cosa”, llegaron a decirles. Y un funcionario de la Fiscalía, sorprendido con ese clima denso, les sugirió ir a dormir a Vigía del Fuerte.
 El tercer día estaban en el puerto esperando la llegada de los funcionarios de la fiscalía que traían tres cuerpos desde Vigía del Fuerte, en la orilla opuesta del río. Un coro de niños y algunos adultos con flores y velas esperaban los cuerpos. Natalia comenzó a tomar fotos e inmediatamente fue rodeada por tres personas del Comité que le ordenaban guardar su cámara. Obedeció esa orden perentoria y cuando se retiraba del lugar oyó a una señora, también del Comité, que le gritaba que no tenía derecho a estar allá, que la prensa no podía entrar. Estaban en un lugar público y guardaban el respeto y la serenidad que han aprendido en 25 años de trabajo periodístico en temas de conflicto.
Intentando buscar testimonios fuera del casco urbano, llegaron a la casa de un indígena hasta donde fueron los miembros del Comité a reprochar al anfitrión que recibiera a las periodistas. El indígena tuvo que defender sus derechos frente a los inquisidores, al menos de puertas para adentro. En la iglesia, en una de las misas diarias por las víctimas, los mismos vigilantes de Comité, familiares entre sí y declarados dueños de la memoria de todo el pueblo, le impidieron a Patricia tomar notas del sermón del padre. Ya no solo la cámara estaba prohibida, también la libreta. En medio de todo estaba Miguel Ángel Sánchez, funcionario de la ONU, quien daba órdenes de no dejar grabar a “las paisas”, e incluso intento apartar al padre Antún Ramos, héroe del pueblo por su papel en la tragedia del 2 de mayo, con quien otros dos periodistas grababan un documental sobre su vida. “Nunca, ni guerrilla ni paras ni ejército me impidieron hacer mi trabajo como en esos seis días en Bojayá”, me dijo Natalia.

Ahora la ONU difunde un Protocolo según el cual no se puede grabar, fotografiar ni escribir sobre el proceso de exhumación. Además, el Comité decidirá la información pública y la reservada, y tendrá poder de censura sobre trabajos periodísticos, entregando aval a lo que considere digno de publicación. Bojayá sigue siendo un reino del dolor, pero ahora tiene un visitador y un Comité de tribunos que censuran, ordenan, manipulan y actúan más allá de la Constitución y las leyes. 

martes, 9 de mayo de 2017

Democracia extrema




La democracia directa entrega un alivio a los ciudadanos, una especie de desahogo frente a la sensación de imposiciones que dejan los voceros de la democracia representativa. “No los necesitamos, somos adultos y tomamos nuestras propias decisiones”, parece ser el grito de los ciudadanos que convocan los diversos mecanismos y de los votantes que van a las urnas ante la disyuntiva binaria de un SÍ o NO. La venganza de la gran ágora ciudadana frente a la jaula de intereses y mentiras de los congresos y demás recintos legislativos.
Pero los cubículos encarnan siempre un riesgo y el ágora convencida de su independencia puede tener su cabestro bien amarrado y elegir siguiendo el camino del populismo y la discriminación. Las mayorías tienden a la tiranía y la simpleza, en medio de la fuerza con la que arrastran sus certezas suelen pisar a las minorías como males menores y esquivar la razón como una simple sarta de pretextos. Es imposible estar en contra de que asuntos importantes de la vida pública estén en manos de los ciudadanos, pero es clave entender que esas manos pueden destrozar valores y derechos democráticos, pueden hacer nudos inconvenientes o dar manotazos para resolver una indignación de corto plazo. Colombia, por ejemplo, estuvo cerca hace unos años, por la vía del referendo, de cambiar su constitución para otorgar un tercer periodo a un líder populista con ambiciones virreinales. En ese momento las mayorías lo aclamaban por encima de los melindres constitucionales.
California es el mejor ejemplo de lo que muchos han llamado la democracia extrema. Su constitución ha sufrido más de 500 enmiendas desde su aprobación en 1879. Todo comenzó como una lucha contra una empresa de ferrocarriles que se había convertido a comienzos del siglo XX en la fuerza política más importante del Estado. Pero las cifras dicen que las consultas populares se han convertido en un vicio, una necesidad y una estrategia corporativa. Entre el año 2000 y el 2010 se hicieron en California 74 consultas a los ciudadanos. Más o menos cada 2 meses se jugó un bingo electoral.
También allá, un referendo en 2008 intentó recortar derechos de las minorías y logró una victoria con el 52% de los votos para prohibir el matrimonio entre homosexuales. La Corte Suprema tumbaría esa decisión 5 años más tarde, tiempo durante el cual se ejerció un veto legal contra las parejas del mismo sexo. Más de 80 millones de dólares gastaron los grupos de presión durante la campaña. Para muchos los graves problemas fiscales del Estado vienen desde 1978 cuando se congelaron los impuestos inmobiliarios por medio de una consulta popular. En 2014 se impusieron algunas restricciones y se logró que haya una instancia previa entre promotores y legisladores para llegar a acuerdos que hagan innecesarias las consultas. Empresas, sindicatos, grupos religiosos y sectores productivos son quienes más han acumulado poder con la democracia ciudadana.
Entre nosotros, las consultas contra la minería han generado un gran entusiasmo del que hasta ahora no conocemos las consecuencias. Pero es seguro que veremos conflictos con mineros tradicionales, secretarios de hacienda llorosos y mineros ilegales celebrando. Muy pronto las consultas servirán de extorsión frente al gobierno central y el arreglo lo harán directamente los políticos. Las revocatorias en 100 municipios muestran que los periodos de 4 años tendrán una especie de refrendación a mitad de camino cuando la elección fue muy apretada. Y los alcaldes deberán dedicarse a las urgencias clientelistas y al populismo más barato. Habrá consultas hasta para dejar constancia como la anti taurina en Bogotá, y referendos para que las mayorías creyentes impartan lecciones a quienes pretenden ir más allá de sus mandatos. Más temblores que aplausos me producen las consultas populares.


martes, 2 de mayo de 2017

Marcha venezolana





Han ido llegando por necesidad. Acompañados de rabia y desespero, atraídos por un pequeño imán que promete un contacto, un escampadero temporal, una farmacia con todas las letras. Brillan en una ciudad hospitalaria a su manera, recelosa muchas veces, ensimismada casi siempre en su acento, sus gustos, sus miedos. Llegan buscando las periferias, trepando a las laderas donde el tesoro de unos dólares encaletados rinde un poco más en las tiendas. La primera noticia de esa pequeña migración llegó por la llamada de una amiga periodista que conocí hace unos años en un viaje y ahora intentaba traer a sus padres hasta el apartamento que compró con su hermano en las lomas de Robledo. En pocos años Medellín había pasado de ser destino turístico a destino a secas.
Pero la verdadera magnitud de esa marcha la viví el sábado anterior en medio de una caminada desprevenida por la ciudad. En el parque de El Poblado estaban unos doscientos venezolanos, muchos con la camisa vinotinto de la selección y una gran bandera en el suelo del escenario improvisado. Una protesta de lejos es sobre todo una oportunidad para la solidaridad y el desahogo personal. Dos megáfonos intermitentes y un cuatro formaban todo el aparataje de la manifestación que servía sobre todo para llenar planillas y recuerdos. Para el canto a capela del cumpleaños a Leopoldo López todos los presentes se pusieron de pie y los dos o tres patos que estábamos “infiltrados” en la reunión nos paramos espantados. El canto entusiasta del cumpleaños a un político genera de por sí una pequeña incomodidad, cuando ese político está a miles de kilómetros de distancia genera incredulidad y cuando ese político está en la cárcel por la sencilla decisión de otro político ya se produce un desconsuelo definitivo. La escena resultaba lánguida amenizada por los dados del parqués de los lugareños que oían sorprendidos.
Abandonamos el parque y pasando la calle estaba La casa del pan de jamón, un local que lleva cerca de un año y se ha convertido en la vitrina para que no todo sea arepa venezolana en las referencias culinarias del vecino. La caminada siguió hasta la tienda de un barrio de mecánicos y allí apareció una conversación inesperada. Cuatro hombres que mostraban haber terminado su jornada laboral hacía poco hablaban solo en números, parecía que cada uno tuviera una calculadora para preparar su frase. Comparaban sueldos y precios antiguos, alardeaban con mercados de otro tiempo, movían las tasas de cambio, contaban sus pesos actuales y se reían condescendientes de los amigos y familiares dejados atrás. Se tomaban sus cervezas con juicio y atendían a los cuentos de quién parecía ser el jefe de la manada, el más curtido en las lides paisas. Nunca hablaron de nada distinto a números y saldos añorados, odiados, presentes.
Ya en la noche, en Carlos E. Restrepo, barrio que se mueve al ritmo de las universidades cercanas, el carrito de arepas venezolanas sirvió para acompañar las cervezas de la tarde. Tenía menos de seis meses compitiendo con los perros omnipresentes, los sánduches con humos gourmet y los chuzos de estadio de La Iguaná. Todos los encuentros del día fueron casuales, anunciados por el acento, las estrellas de la bandera, los anuncios de las delicias culinarias. En todas las caras, en el tono de la voz, en el semblante, se advierte algo de angustia y alivio, un aire de incertidumbre que se cierne sobre los recién llegados que aún no saben si se quedan o se vuelven.




martes, 25 de abril de 2017

Universidad de cartón




Las ínfulas son siempre el camino más corto hasta el ridículo. Y los gobernantes son los peregrinos más usuales de esa ruta trillada entre la grandilocuencia y la caricatura. Entre nosotros Luis Pérez Gutiérrez es un exponente paradigmático de la distancia entre los anuncios teatrales y lujosos y las ejecuciones lánguidas y retocadas. El lema de su gobierno, Antioquia piensa en grande, solo sirve como contraste para ver la minucia de sus logros y la mezquindad de sus actuaciones.
Hasta hace unos días poco se hablaba de los proyectos educativos de la gobernación de Antioquia. Los anuncios del primer año se habían convertido en propósitos relegados. Pero para eso está la Asamblea y sus debates estrafalarios. El diputado José Luis Noreña ventiló hace una semana los compromisos de la administración para “colocar” porteros, secretarias, administrativos y otras arandelas de la burocracia educativa como cuotas de los diputados. Eran apenas ochenta “plazas” por diputado, porque Antioquia piensa en sí misma.
Esa bonita anécdota hace que valga la pena darle una mirada a uno de los programas bandera de la administración Luis Pérez en temas de educación. La Universidad Digital se mostró desde el comienzo del 2016 como una revolución en camino. Realidades virtuales son la especialidad del gobernador. Al comienzo se habló del concurso de grandes universidades del mundo en el programa. Juan Pablo Durán, gerente de proyectos especiales de la gobernación quién estuvo al frente de la Universidad Digital en los primeros meses, alcanzó a decir: “Las iniciativas del Gobernador son de tal envergadura, que necesitan el trabajo mancomunado de toda Colombia, el concierto de grandes inversiones nacionales e internacionales, y la colaboración de las mejores universidades de Colombia y del mundo…” De MIT, Harvard y otras mencionadas el año pasado hoy no quedan rastros y no se logró pasar de una de las hoy famosas visitas de pasillo.
Se dijo también en un comienzo que la universidad tendría 100.000 estudiantes, siete registros de programas propios, una sede lista en los antiguos terrenos de Telemedellín, una inversión cercana a 163.000 millones de pesos, un costo de un dólar por curso que garantizaría gran cobertura y el apoyo del gobierno nacional, la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional. Grandes instituciones a falta de las eminencias extranjeras.
Hoy en día se sabe que la gobernación tiene un convenio marco con el Ministerio de Educación, o sea una carta general de buenas intenciones. Que ha invertido 10.000 millones de pesos en un estudio de viabilidad financiera que considera confidencial y está en manos del ministerio desde septiembre pasado. Tiene además el apoyo solitario del Tecnológico de Antioquia más por temas políticos que académicos. Y por supuesto la desconfianza de la Universidad de Antioquia que ha logrado cuatro registros en su trabajo de diez años con su programa Ude@. Por la planta física le preguntó el ministerio en octubre y no hubo respuesta. Sobre los registros propios no se conocen ni siquiera los nombres de los programas. Cuando se les preguntó cómo era eso del dólar por curso, respondieron que no correspondía a la “proyección financiera” sino a una “ejemplificación” para mostrar la “gran accesibilidad”. Espero que dicten español en la Universidad Virtual. La disculpa cantada será que los pares del ministerio no les quieren aprobar sus cursos y pronto veremos la pataleta del gobernador por los problemas de su universidad de cartón. Pero algo grande hay que mostrar. Miles de tabletas que le acaba de entregar el presidente Santos para que al menos haya con que jugar mientras tanto.


martes, 18 de abril de 2017

Adictos al miedo





A los policías no les interesa la letra del código recién aprobado, no se ponen con leguleyadas, les basta y les sobra el brillo renovado de su herramienta, el temor de los ciudadanos, las cifras de las multas y la jaula abierta de sus patrullas. El código de policía no se diferencia en nada al arma de dotación o al bolillo de rigor, una simple herramienta de intimidación. En las últimas semanas he visto repetirse la escena en la que un policía le suelta su compañero canino a un grupo de jóvenes que conversan en un parque. Es una nueva manera de elegir quienes pueden sentarse en el espacio público y quienes no. El policía suelta su perro husmeador como si se tratara de una escena de caza y lo que sigue puede ser una algarabía de ladridos, giros desesperados, brincos y chillidos acompañados de risas de amigos y curiosos.
Una de las cacerías que vi hace unos días terminó con un joven camino a la patrulla para ser requisado in extremis. No había droga alguna pero el humo de un bareto previo, según la confesión temblorosa del detenido, había hecho que el perro se engolosinara. El policía amenazaba al joven con llevarlo a la estación cercana o, si estaba de buenas, sacarlo del parque. A pesar de que tenía el tufo de tres cervezas prohibidas en el espacio público me dio por asumir el torpe papel de defensor de oficio.  Cuando le mencioné al policía la expresión “dosis personal”, se excito un poco más que su perro con el ensolve del recién detenido. “¿Quién le dijo a usted que eso existe? Si lo quiero detener, lo detengo. Y usted váyase de aquí que está tomando cerveza”, me dijo mientras amenazaba con su bolillo. Como mi defendido me rogaba que me callara y yo no pretendía estrenar el código, me fui con una simple despedida que comparaba amistosamente al agente con su compañero de caza.
Revertir la autonomía personal que consagró la Corte Constitucional en su sentencia de 1994 ha sido una de las grandes obsesiones de sucesivos gobiernos. Lo propusieron Gaviria y Samper en su momento, lo intentó Uribe en cuatro ocasiones -un verdadero adicto a cárceles y tribunales para los consumidores- vía leyes y referendo hasta lograr una victoria de papel en 2009. Una prohibición constitucional al porte y consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, sin la posibilidad de sanciones más allá de medidas administrativas de orden preventivo o profiláctico que sean aceptadas por el consumidor. Mucho menos que los tribunales médicos que proponía Uribe para imponer tratamientos muy al estilo de sus amigos soviéticos en los años cuarenta. Ahora, las medidas “preventivas y profilácticas” las toman los policías según su gusto, su genio y la docilidad de su “paciente”. No importa que la Corte Suprema haya hablado de “dosis de aprovisionamiento” para amparar el derecho de los consumidores a portar incluso una cantidad superior a la dosis mínima, entendiendo que se puede comprar para el consumo de una semana o un mes. Esas son discusiones de magistrados, para la calle está el código de arbitrariedades de todos los días.

Mientras en Estados Unidos cerca de setenta millones de personas pueden hoy consumir marihuana con fines recreativos de manera legal, mientras hace unos días su secretario de seguridad Jhon Kelly dijo que la “marihuana no es un factor clave en la guerra contra las drogas” y que la solución no llegará arrestando a los usuarios; en Colombia, que se llena la boca hablando de nuevo enfoque en el tema de drogas y firmó un decreto sobre uso medicinal de la marihuana hace unos días, se busca que el desacato a la constitución y la violación sistemática de los derechos de los consumidores se conviertan en una regla de facto, una costumbre del miedo, una ejemplarizante rutina policial. 

martes, 11 de abril de 2017

Discurso y conciertos








Es normal que los mandatarios busquen fijar por lo bajo el nivel de la discusión pública. A ningún gobierno le sirve la mirada escéptica e informada de la opinión sobre sus números, sus intenciones y sus logros. Poner el foco sobre las palabras y la oscuridad sobre las actuaciones suele ser una de las prácticas preferidas de los gobernantes, convertidos entonces en voceros de causas leves e incuestionables, en discurseros de los sentires mayoritarios y protagonistas de los impulsos más sensibleros. Alcaldes y gobernadores se dedican entonces a un pregón cercano a la autoayuda, aunque esta vez con tintes un poco más egoístas: ayudarle a la imagen propia mientras venden un alegato paternal y condescendiente.
En Antioquia hemos tenido siempre un déficit de escrutinio público sobre nuestros dirigentes: el excesivo regionalismo, una mediana fortaleza institucional, una situación fiscal privilegiada por superávit de algunas empresas públicas, una buena calificación histórica en temas de servicios públicos, entre otras razones, han hecho que cada cuatro años nuestros alcaldes y gobernadores saquen pecho con sus resultados en distintas encuestas de opinión. Mientras los ciudadanos celebran detrás. Parece que como electores hemos superado en alguna medida esa etapa infantil según la cual un acudiente nos debe señalar hacia quién debemos dirigir nuestro voto. Se demostró con las intenciones paternas de Uribe y sus derrotas sonoras en las elecciones locales y regionales de octubre de 2015. Sin embargo, una vez hecha la elección continúa nuestra deficiencia de escrutinio y deliberación pública. A diferencia de los excesos de guerra política que sufre Bogotá, Medellín y Antioquia viven una especie de silencio ciudadano, algo parecido a la actitud del discreto invitado que no quiere avergonzar los esfuerzos de su anfitrión.
Las recientes polémicas públicas a las que estuvieron ligados el alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia muestran muy bien el nivel de nuestra discusión pública. El alcalde estuvo dedicado por cuarta o quinta vez a cuestionar los modales y los modelos de virtud de los cantantes que visitan la ciudad. En esta ocasión le correspondió el regaño al rapero Wiz Khalifa por su visita humeante a la tumba de Pablo Escobar. Federico Gutiérrez se ha empeñado en liderar el “Bloque de Búsqueda” contra la leyenda del capo mafioso. Es cierto que hay que repetir las veces que sea necesario la tragedia que vivió la ciudad luchando una guerra impuesta, que supuso enemigos desmesurados e invirtió costumbres y signos sociales, pero eso no es posible con los vetos y la cantaleta. El mito mafioso será parte de la ciudad y se debe asimilar con el orgullo de quien ha resistido una avalancha. Tal vez sea más útil mirar con mayor atención nuestro museo de la memoria, entender el orgullo de algunos barrios, canalizar algunas resistencias. Pero lo que de verdad es urgente, es pensar en la violencia homicida contra los jóvenes, un indicador que Medellín no ha sido capaz de mejorar a la altura de su jactancia de ciudad redimida.
Por parte del gobernador el último gran debate no surgió de la cantaleta contra un rapero sino de la excitación frente a un reguetonero. Lo de Luis Pérez no es un arrebato moral sino una necesidad farandulera. Pérez tiene una debilidad por los divos y las marcas de revistas para mujeres. Sabe que no tiene nada qué aportar al debate público, solo debe huirle mientras trama algún negocio privado. Se dedica entonces a apuntar contra el proceso de paz y el presidente Santos (fue su gerente de campaña en Antioquia), mostrarse firme ante una figura repudiada en su departamento es su sencillo juego. Se ha convertido en comentarista con membrete de La Alpujarra y origen en Llanogrande.
Ni siquiera como reseñistas musicales clasifican nuestros mandatarios, más dedicados a las notas leves tras los conciertos y a las entrevistas de camerino.



martes, 4 de abril de 2017

Política sombría



Todos los días vemos el repudio que generan los partidos políticos, la indignación frente al comportamiento de algunos de sus miembros, la rechifla permanente a sus comentarios, ideas y decisiones. Los partidos que hace apenas treinta años marcaban los comportamientos políticos y sociales de muchas familias, incluso definían el círculo de sus amistades y sus reglas de comportamiento, hoy son apenas pequeños clanes clientelistas. Y los nuevos partidos son sobre todo franquicias para el menudeo electoral. Pareciera que la sociedad se alejó definitivamente de las tramoyas partidistas, más cercanas hoy a los pleitos contables que a las disputas ideológicas.
Sin embargo, las noticias, los enfrentamientos ciudadanos, las discusiones familiares y los debates públicos siguen todavía el hilo de los políticos y sus rencillas. Puede que ya no valga el trapo rojo ni las peroratas conservadoras, y que las diferencias de fondo se hayan ido borrando y aparezcan señoras liberales agitando algunos dogmas cruzados, y que los partidos hagan transacciones, cambios de equipo, entre sus mandos medios como las hacen los equipos de cualquier liga futbolera, pero los políticos han sabido mantenerse por encima de sus maquinarias cada vez más ocultas y más inútiles al pensamiento.
La estrategia es casi siempre la descalificación. Una política reactiva que no busca las ideas sino los señalamientos, que no quiere adversarios sino enemigos, que se para en los extremos para generar rabia y crispación. Las fuerzas de esa política están inspiradas sobre todo en la histeria, la ignorancia, el odio y el miedo. De modo que muchos ciudadanos terminan adscritos a un partido, casi siempre al simple logo de un caudillo, mientras parecen convencidos de rechazar la política como un mal general. Los triunfos electorales se han convertido en sinónimo de venganza y los políticos han terminado por simplificar los debates, falsear las disyuntivas y poner tras de cada decisión pública una leyenda terrible acerca de sus enemigos. La política es ahora una nueva forma de la imaginación grotesca y los delirios de persecución.
Es cierto que la política nunca ha sido afecta a la verdad ni a los matices, pero la versión más reciente ha terminado por arrastrar a casi todos los actores sociales a sus terrenos, ha pretendido convertir al periodismo, a los académicos, a los empresarios y a los religiosos en unos nuevos partidarios o enemigos. La confusión generalizada es una de sus nuevas ganancias. Todas las voces se han puesto bajo el rasero de sus intereses, las ofensas cruzadas llevan cada vez más público hacia las peores orillas, hacia las mentiras que más causan indignación, hacia las teorías de la conspiración, hacia las barras bravas ideológicas y los dogmatismos más ciegos.
Por esa vía, el ámbito que más desconfianza y rechazo social genera ha logrado guiar el debate público durante los últimos años. Las declaraciones de los políticos marcan el inicio de los peores ruidos, inician las discusiones desde las premisas más alejadas de la realidad y llevan a conclusiones que solo sirven a las victorias electorales. Mientras más creemos alejarnos de la política, más nos aprietan el nudo con sus recriminaciones, sus chismes y sus sombríos pronósticos.


miércoles, 29 de marzo de 2017

Cerrar las ventanas






El aire en Medellín significa una pesadilla para los colegiales impensable en mis tiempos de bachillerato. Hoy muchos colegios en la ciudad deben cancelar las clases de educación física y los torneos interclases por las alarmas de los institutos meteorológicos. El cambio del partido de fútbol por una hora de biblioteca bien merecería un levantamiento estudiantil. Pero la mayoría de quienes vamos en los 600.000 vehículos particulares hemos asumido que la solución es cerrar las ventanillas. Y quienes van en las 700.000 motos se contentan con cubrirse los ojos y subir el volumen a sus audífonos. No importa que el 45% de los ciudadanos, sobre todo quienes se mueven en transporte particular, diga que se demora más tiempo en sus trayectos que el año anterior.
Apenas un 22% de los habitantes de Medellín se movilizan en transporte particular, carros o motos, pero son estos los encargados de propiciar el ruido de las recriminaciones mutuas. El número de los ciudadanos que se mueven en transporte público está estancado hace 4 años. Por capacidad, Metro y Metrocable no logran mover más del 20% de pasajeros diarios; Metroplus, esa especie de caracol urbano, no llega al 5% mientras las motos han doblado sus usuarios en una década. Los buses tradicionales que perdieron usuarios a comienzos de esta década parece lograron estabilizarse y siguen siendo líderes con el 30% de los ciudadanos en sus trayectos habituales. Los más obsoletos son los líderes del mercado. Viendo las cifras no queda más que preguntarse por nuestros proyectos para las postales sobre ciudad sostenible. El tranvía de Ayacucho que costó más de 700.000 millones de pesos, incluidos los dos cables que lo llevan hasta la ladera oriental, mueve hoy 35.000 pasajeros diarios. Comparable con el torniquete de las atracciones del Parque Norte en un buen fin de semana.
Pero según parece la administración todavía les come cuento a los llantos de Fenalco. Cada año los gremios nos entregan la cifra de carros vendidos en el país como un indicador de crecimiento y salud de la economía. Cuando el número baja de 300.000 nos dicen que es hora de prender las alarmas. La ciudad les tiene temor a los parqueaderos vacíos en los centros comerciales y los supermercados. Se habla de problemas ambientales y el carrito del supermercado aparece como pieza principal en el debate.  Los indicadores de calidad del aire muestran claros riegos para la salud, menos fumadores y más pacientes por enfermedades respiratorias agudas. La tasa de niños menores de 5 años muertos por cada 100.000 a causa de estas dolencias se ha multiplicado por tres en los últimos 10 años. Pero una semana de restricciones para carros y motos es más de lo que los propietarios pueden soportar, y la administración les tiene un temor reverencial a las tendencias en las redes sociales.

Poco a poco Medellín será el territorio de quienes no pueden pagar su huida hacia las alturas del oriente, Santa Elena o San Félix. Desde arriba los nuevos habitantes de los segundos pisos mirarán con algo de conmiseración a los ciudadanos de la ciudad que reverbera en ese fondo gris. Bajarán en carro cuando el trámite de un certificado ambiental los obligue. 

miércoles, 22 de marzo de 2017

Repúblicas cocaleras






El monitoreo satelital de cultivos ilícitos nos acostumbró a la curiosidad entre las nubes que solo busca el verde encendido de la hoja de coca y cuenta hectáreas para arrojar una cifra cada año. Una cifra que es sobre todo una prueba de conducta frente a las exigencias de los Estados Unidos. El satélite, la avioneta de fumigación y el código penal son las tres aproximaciones básicas a los territorios cocaleros en Colombia. Sin embargo, durante cuarenta años la coca ha sido el insumo básico para la creación de comunidad y Estado en muchos de los territorios donde han cambiado los dueños, los intermediarios y las cifras de producción, pero no la lógica de los colonos más pobres ni la economía ilegal de subsistencia. Porque la realidad puede ser más terca que el veneno.
Un libro de María Clara Torres publicado en 2011 por el Cinep y Colciencias, entre otros, sirve para entender las dinámicas de nacimiento de municipios como Valle del Guamués, San Miguel, Puerto Caicedo y Puerto Guzmán, todos surgidos bajo el toldo de Puerto Asís como “capital” del Bajo Putumayo. Antes fue la bonanza petrolera entre 1964 y 1978 que llevó a un crecimiento de la población de casi 500%. Y luego llegó el auge cocalero que se convirtió en una costumbre con los altibajos que han traído las fumigaciones, los conflictos, las pirámides y los dueños sucesivos. Una de las tesis que sostiene el libro es que, a pesar de su economía ilegal, las comunidades no han rehuido ni rechazado al Estado y desde la década del noventa los pobladores buscaron, incluso enfrentando a las Farc, la llegada del Estado central con el intento de que sus pueblos fueran declarados municipios.
El gobierno, como siempre, lo hizo con lustre sobre el papel y con desgano sobre el terreno. Esto decía el decreto de la fundación del Valle del Guamués en 1985, cerca de un año después de la llegada de Rodríguez Gacha a la zona para levantar su gran entable llamado El Azul: “…el Gobierno Nacional desea atender las justas peticiones de una comunidad caracterizada por su laboriosidad, espíritu cívico y voluntad de progreso encuentra de alta conveniencia que La Hormiga (Valle del Guamués) centro vital y agrícola destacado del Putumayo, obtenga los beneficios de régimen administrativo municipal”.
En 1994 llegaría el turno municipal para San Miguel (La Dorada). El primer alcalde encargado llegó con los voladores, la fila de los niños estrenando, la bienvenida de la inspectora de policía y una casa arrendada por los comerciantes para su despacho. Henri Benavides, el primer alcalde electo, hijo de un pionero asesinado por las Farc que se oponían al aterrizaje del Estado, recuerda su primer día de ejercicio: “…Ya no había papelería, ni muebles, ni absolutamente nada, no había ni donde sentarse. Me senté en el piso, asustado. Yo sentía que era una responsabilidad muy dura, estaba temeroso de las leyes…”
Antes que el Estado la coca dio para las primeras plantas eléctricas, aljibes y trochas. Antes que el ejército los capos impusieron sus reglas, luego llegaron las Farc, quienes al mismo tiempo que desterraban a los intermediarios daban algo de protección a los cultivadores. Con las marchas cocaleras de 1996 llegaron los paramilitares y las Farc cambiaron la protección por el veto a las iniciativas políticas de los líderes cocaleros. Más tarde el Estado se comprometió a soltar las regalías y seguir mirando desde arriba. Los partidos, el Liberal sobre todo, llevaron a sus candidatos y el voto se convirtió en un débil salvoconducto legal. Una obligación para demostrar una voluntad de “derrotar las otras leyes”. Una mujer con certificado electoral lo dice muy claro: “Entonces uno dice ¿Pero qué es lo que les hace falta a los hijos de uno? Mis hijos tienen tarjeta de identidad, mis hijos tienen los papeles ¿entonces? Entonces uno dice, ‘no, pues el voto’. Uno tiene que votar a ver qué más le dicen después”.




martes, 14 de marzo de 2017

Política de campamento







La escena inaceptable para muchos de los críticos y enemigos del proceso con las Farc es la de Timochenko o Santrich exhibiendo sus dogmas, mezcla de comunicados desde las montañas y grafitis viejos, en el escenario azaroso del Congreso. No se puede negar que la retórica del secretariado es impotable y que veremos más justificaciones que gestos de contrición. Pero esa participación en política es más una especie de simbolismo que un ejercicio cierto de poder e influencia sobre las decisiones públicas. Las Farc serán marginales en el Congreso y la máquina de tedio, intrigas y desprestigio los irá moliendo poco a poco. En últimas, para los guerrilleros recién llegados será un difícil proceso de reinserción, no exento de algo de castigo por la animadversión y los señalamientos que encontrarán a cada paso.
La política de riesgos verdaderos ejercida por parte de una guerrilla recién desmovilizada y con un catálogo de condiciones bajo el brazo para el gobierno, estará en los alrededores de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN). Lo primero es que las Farc pretenden convertir los campamentos de ocasión en vivienda permanente y circunscripción política. Lo segundo es que las veredas donde están hoy son puntos altamente inflamables, con cultivos de coca y minería ilegal en los alrededores, con el merodeo permanente de grupos ilegales, con una muy precaria presencia del Estado y una desconfianza histórica de los pobladores en autoridades locales y nacionales. Así como los jefes de las Farc serán mosco en leche ante los grifos del capitolio, los funcionarios seguirán siendo intrusos con intensiones dobles en los territorios históricos del conflicto.
El riesgo es que las Farc se conviertan en una especie de intermediario privilegiado de muchos de los conflictos sociales en las zonas más pobres y complejas del campo colombiano. Un tramitador que servirá como escudo y punta de lanza, que organizará los paros y redactará las peticiones, que meterá presión con los bloqueos y las capuchas en las carreteras y agendará las citas con las corbatas en la Casa de Nariño. Es la política que de verdad saben hacer y podrá traer algo más que desórdenes.
Lo que ha pasado en algunas ZVTN muestra que hacia allá van las cosas. Hace unos días los mineros de Segovia y Remedios bloquearon la entrada a la zona de Carrizal en Antioquia. Más de diez mil mineros trabajan en condiciones de informalidad o ilegalidad en los dos municipios y han encontrado en las Farc un aliado estratégico para negociar sus peticiones y su proceso de formalización. Dicen los mineros que desde agosto de 2016 el gobierno se comprometió a “no torpedear la actividad económica y social de las comunidades que estaban ubicadas cerca a las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN)” ¿Crece el componente de los acuerdos? Los mineros piden además que se implemente el Desarrollo Rural con Enfoque Territorial. Incluso señalan que la mención de participación del ELN en el bloqueo por parte de algunos funcionarios estaría violando las reglas del Cese al Fuego Bilateral y definitivo.  Mientras tanto el ELN se frota las manos. Algo similar pasó en el Catatumbo con la llegada a Caño Indio donde Ascamcat, asociación cercana a las Farc, al parecer quiere el monopolio de la atención y los recursos del Estado.
Las Farc hablaron toda la vida de igualdad, pero no dudarán en ejercer sus privilegios luego de la negociación, en convertir sus oficinas en las ZVTN en despachos con prácticas clientelistas, en alborotar avisperos y cobrar cabildeos. Muchos riesgos detrás de esos cambuches como despachos.




martes, 7 de marzo de 2017

Conjuro literario




Es difícil saber si en 2004, cuando publicó su novela La conjura contra América, Philip Roth pensaba como agorero o como historiador. Si simplemente quería rescatar un capitulo norteamericano previo a la Segunda Guerra Mundial cuando los simpatizantes nazis gritaban “America first” y señalaban a los judíos belicistas que querían llevar al país a una guerra europea; o si como un prestidigitador frente al techado trazó las líneas entre los vuelos heroicos de Charles A. Lindbergh, vocero del comité Estados Unidos Primero, y los recorridos de campaña de Donald J. Trump.
En la novela, un triunfo inesperado de Lindbergh sobre F. D. Roosevelt en las elecciones de 1940 hace que comience a rodar un nacionalismo agresivo y un rumor ronco de odio contra judíos y otras minorías.  Sea lo que sea la novela ha resultado un pálpito asombroso, un anticipo profundo e íntimo de las noticias que se publican a diario trece años más tarde de la aparición del libro. El retrato de una familia judía de clase a medias a la que un apellido se le convierte en una especie de hechizo maligno, una palabra como un conjuro suficiente para que el papá pierda la cabeza, la mamá pierda la seguridad, el hermano mayor pierda la devoción por sus padres y el hermano menor pierda sus ídolos y sus escazas certezas de infancia: “¡Aquel nombre de nuevo…! Habría preferido oír la explosión de una bomba que tener que oír una vez más el nombre que nos atormentaba a todos nosotros”. La frase la dice el menor de la familia, un niño de siete años acostumbrado a oír los discursos de Lindbergh, desde los radios de todas las casas del barrio judío, como si fueran el primer asalto de una emboscada.
El temor de las familias inmigrantes ante el discurso de Trump, las cien amenazas falsas de bombas contra escuelas y centros judíos en lo corrido del año en Estados Unidos, los ataques contra dos cementerios judíos, las arbitrariedades oficiales contra residentes legales de siete países árabes, el discurso del odio y la desconfianza que se propaga con facilidad en un país que decía enarbolar una llama para alumbrar en la oscuridad, y ahora la usa para incendiar y prender las mechas disponibles de la discriminación.
El libro de Roth tiene una escena dolorosa de la familia visitando los grandes monumentos y edificios oficiales en la capital, rindiendo homenaje a Lincoln y haciendo reverencias ante Washington. Luego de esas visitas conmovedoras la familia regresa al hotel y descubre que han sacado sus maletas al lobby alegando que la habitación donde los habían acomodado tenía una reserva previa. Todo con una amabilidad áspera que no pretende disimular del todo la discriminación. El padre evocó ante el hombre del mostrador una frase de un discurso de Lincoln que acaba de ver labrada sobre mármol: “Todos los hombres han sido creados iguales”, y los “espectadores” del pequeño incidente soltaron una risita burlona. La familia terminó en otro hotel empujada por la policía mientras la madre solo pudo decir que ya no vivían en un país normal, que nunca volverían a vivir en una casa normal.
Para Lindbergh, el verdadero y el de la novela, el gran peligro para su país era la influencia de la industria cinematográfica, la prensa, la radio y el gobierno de Washington. Sus sobrevuelos eran inspiradores, un sobrevuelo conmemorativo para los americanos de sangre europea y un bombardeo contra la “disolución de las razas extranjeras”. Sus palabras podrían ser un trino del siglo XXI: “Una fuerza demasiado grande para que las potencias extranjeras la desafíen, una muralla occidental de raza y armas que pueda frenar tanto a Genghis Khan como a una infiltración de sangre inferior…”



martes, 28 de febrero de 2017

Revolución de mercado





Hace cerca de diez años un hombre cambió la manera de cobrar, prestar y pagar en el sur del país con sus simples iniciales en avisos luminosos. DMG apareció en el sur como una noticia de la normalidad económica y el progreso. No más cadenas de oro empeñadas, llegaba el fin de vender el sueldo a los usureros mientras el patrón Estado o privado pagaba, se cambiaban los modales toscos de los prestamistas enfierrados por la sonrisa de una taquillera vestida como auxiliar de Flota Magdalena. Todo terminó con el fugaz magnate en una celda en Estados Unidos y el estallido de una pequeña burbuja en la tierra de las caletas y la plata en rama.
Luego del acuerdo con las Farc los departamentos de Putumayo, Caquetá, Guaviare, el pacífico nariñense y otras “lejanías” vivirán sin duda una mudanza económica. El efectivo de la ilegalidad buscará cauces seguros, llegarán inversionistas antes agazapados, vendrán nuevas oportunidades y nuevos ricos. Hace unos meses el presidente Santos habló de 13.000 folios en la Fiscalía donde se mencionan empresas con relaciones con las Farc. Camilo Chaparro y Eccehomo Cetina dicen en su libro El Dorado de las Farc que los hijos de los comandantes históricos, con formación y ambiciones distintas a la revolución, serán claves en el manejo de los “ahorros” propios y colectivos. El gobierno habla de la llegada de Estado y mercado a los municipios donde por décadas se desarrolló el conflicto, y es muy factible que tanto el Estado como el mercado lleguen ligados a la estructura de la guerrilla convertida en partido político y organización social. La revolución en esa Colombia tantos años invisible por la desidia y el veto de la violencia, llegará más de la mano del capitalismo a la vista que de la utopía armada y las monsergas del PC3. En últimas, la moto y el celular eran el gran anzuelo de los comunistas para los jóvenes en el Cauca o el Caquetá.
Esta semana leí una respuesta de Ibsen Martínez, escritor y comentarista venezolano que vive desde hace unos años en Bogotá, a la pregunta de los posibles cambios en Colombia una vez se consolidé el proceso de paz. Martínez describe una pequeña escena que en Colombia no ha pasado por muchas imaginaciones muy mientras discutimos la Justicia Especial para la Paz y el estado de los cambuches en las zonas veredales: “…El hemisferio cínico de mi cerebro me dice que buena parte del secretariado y de la cúpula política de esa guerrilla no está tan interesada en hacer política electoral, parlamentaria, como en vincularse a la vida económica de la Colombia que viene. (…) Estoy entre los que piensan que asistiremos muy pronto a una revolución en Colombia cuando veamos algo que nunca antes se había visto, un oligarca sentado al lado de un ex comandante guerrillero en la directiva de una central hidroeléctrica en el Putumayo. Y, curiosamente, a ese ex guerrillero no lo veremos lanzarse como candidato a senador. Las FARC, después de los acuerdos, tienen un papel muy importante que jugar en ese mundo feudal que hoy coexiste con una Colombia moderna y sofisticada.”
Más allá de las consideraciones morales, los castigos penales y las obligaciones transicionales, la integración social y económica de las Farc y sus bases serán una de las claves del éxito de los acuerdos en cerca de 200 municipios colombianos. No será una transición fácil, ojalá no sea un cruento cruce de cuentas, y ojalá, como remata Ibsen Martínez, sea un factor de modernización para esa Colombia aturdida y lejana.




martes, 21 de febrero de 2017

Desconcierto






La invitación, algo clandestina, llegó con la vibración disimulada de los teléfonos celulares. El aviso decía “Recital de órgano a cargo de Maude Gratton, música invitada de la orquesta de los Campos Elíseos. Catedral Metropolitana, Domingo 3:00 P.M.”. Una oportunidad para visitar la frescura de la Catedral en compañía del bajo profundo y los silbidos de las más de tres mil flautas del órgano inaugurado en 1933. En su momento el armatoste llegó con su “tutor”, un alemán de apellido Binder que terminó de mecánico celestial en iglesias de Medellín y Bogotá. El órgano es por sí solo una pequeña iglesia sonora en lo alto de la Catedral.
El paseo dominguero prometía un viaje de nostalgia a las curtidas majestades del Parque Bolívar. Bajando desde la Oriental hacia el atrio se prendieron las alarmas. Una banda de guerra de la policía esperaba en las escaleras de la iglesia y había cientos de agentes en las calles aledañas, unos en actitud vigilante, fusil terciado y mirada recia, unos más con la cabeza gacha, otros pensativos con el quepis de gala en la mano. El carro mortuorio con sus fauces abiertas no dejó duda del rito fúnebre que habíamos encontrado cuando íbamos en busca de una tarde beatífica a falta del partido del domingo. En la acera un policía nos dio el primer parte del crimen en un tono que parecía más el de un amigo dolido que el de un oficial: “El viernes pasado mataron a un agente en Villatina, la comunidad los requirió y los recibieron a tiros. Muy verraco esto, ver llorando a la niña de ocho años del agente Herrera…”
Seguimos hacia La Catedral pensando en los tiempos en que los policías caían en Medellín sin dar tiempo a las misas ni a los homenajes, con apenas horas suficientes para el trámite forense y una bendición desordenada. En 1990 llegaron a morir asesinados, con uniforme o en la civil, 97 policías en apenas tres meses. En las afueras de la mole de ladrillo nos protegíamos del sol y el golpe de realidad muchos de los asistentes al concierto de órgano. Estábamos en medio de las esquinas berrinchosas sin saber si unirnos al cortejo, esperar el fin de la misa solemne o abandonar el plan dominical. Habíamos pasado de las expectativas de Johann Sebastian Bach a las realidades de alias ‘Sebastián’ o ‘Douglas’ o ‘Diego Chamizo’. El Parque había adquirido de nuevo su aire pútrido con una fuente lamosa y un olor lejano a marihuana. Los policías sacaron el cajón con su compañero y los asistentes al concierto entramos entre avergonzados y aliviados.
Un policía asesinado se ha vuelto un evento inusual en Medellín. La muerte del agente Juan Carlos Herrera Londoño de 28 años deja ver los líos de la Comuna 8 en la ciudad. Dos combos, San Antonio y La Libertad, pelean por rentas de extorsión, microtráfico y venta ilegal de lotes en un sector declarado reserva. Combos respaldados por “franquicias” de La Terraza y Diego Chamizo, bandas que se han acostumbrado a una guerra soterrada, a marcar sus territorios y los de sus vecinos y que, incluso, se imponen multas por no cumplir los pactos de no agresión. Ahora se señalan unos a otros por la muerte del policía en un tiroteo que dejó además un civil muerto y tres heridos.

No hay duda de que Medellín ha mejorado en sus cifras de violencia y su presencia institucional. Pero de vez en cuando un golpe nos dice a las claras cómo viven una buena parte de sus habitantes, y quién manda en muchas laderas bajo el manto cotidiano de la anormalidad. El concierto terminó con aplauso cerrado de toda la concurrencia de cara al coro. Apenas un policía solitario decidió quedarse a oír el concierto. 


martes, 14 de febrero de 2017

Guerra política






La guerra de los políticos ha resultado más férrea y duradera que la guerra de los fusiles. Mientras guerrilleros y militares se dan la mano en las zonas de concentración y encuentran afinidades en sus caras, en sus gustos y sus tragedias luego de años de odio y plomo, algunos políticos intentan que sus diferencias, señalamientos y discursos sigan marcados por el conflicto armado. Temen perder la posibilidad de señalar a los rivales como enemigos, quieren incendiar un poco y que la gente siga verraca. Entre nosotros la política es la perpetuación de la guerra por otros medios. Tal vez sea un signo de nuestra historia de partidismo a muerte.
Hace poco decía Malcom Deas, hablando de nuestra violencia liberal-conservadora, que en “ningún otro lugar la movilización política fue tan prolongada ni involucró de manera tan comprometida a tan gran parte de la población…” Es posible que esa herencia nos lleve a la necesidad de elegir un bando político que muestra opciones sencillas, que simplifica y define al mundo con frases fáciles como “los buenos somos más”. Seguir acudiendo al adversario político más burdo, al que más rechazo y miedo genera, al más torpe y dogmático es solo un intento de supervivencia, una nostalgia frente a la política más elemental y un terror a enfrentar adversarios y problemas más complejos.
Luego de cinco años de ocupar por completo la discusión nacional, el proceso con las Farc ha dejado de ser un tema de interés para los medios y los ciudadanos. Al parecer, solo la crispación política hacía del proceso de negociación un hecho central en Colombia. También el cubrimiento de la guerra fue durante años el tema principal de la prensa que convirtió algunas expresiones macabras en lugares comunes. Al menos un lustro el tema principal de organizaciones civiles en las ciudades y de los titulares de prensa fueron los acuerdos humanitarios y movilizaciones frente a delitos como el secuestro. El conflicto y los pulsos políticos en torno a sus posibles soluciones fueron durante años el centro de todos los debates: bombardeos y elecciones, secuestros y reelecciones, ataques a estaciones de policía y estados de sitio, negociaciones y curules… Ahora que la concentración de las Farc es un hecho el proceso de paz ha perdido visibilidad e interés. Los acuerdos que supuestamente iban a generar la irrupción de un enemigo a muerte en las ciudades e iban a dejar la política en manos de criminales, ahora suceden demasiado lejos, son historias campesinas sin mucha capacidad para inspirar o indignar a los citadinos. En vísperas de los retos más importantes el proceso ha pasado a ser una maraña jurídica y una expectativa de tercer orden.

Y los pocos debates que aún sucita no están dedicados a pensar en el futuro que puede traer la desmovilización de las Farc en las regiones, en las amenazas que supone el final del control armado de la guerrilla y la posibilidad del ya conocido reciclaje criminal, en la manera como se pueden integrar un poco las ciudades intermedias y los municipios que vivieron el conflicto durante años, en la obligación de lograr por primera vez proyectos viables de sustitución de cultivos; al contrario, los políticos parecen empeñados en hacer retroceder el debate y la realidad, en volver sobre los temas resueltos, en empeñarse en el odio invocando la justicia, en convertir un proceso que involucra a miles de personas en un pulso entre los poderes electorales de unos cuentos. En caso de que ese sea el único escenario para que los medios y la ciudadanía vuelvan a mirar el cierre del conflicto, es preferible la silenciosa indiferencia. 


martes, 7 de febrero de 2017

Un sorbo de aire






Es una línea insignificante, casi inadvertida en medio de los 243 artículos de cantaleta, sanciones y atribuciones del nuevo código de policía que tiene como apellido la palabra convivencia, añadida como una forma de cinismo involuntario. El artículo 33 habla de los “comportamientos que afectan la tranquilidad y las relaciones respetuosas de las personas”, y desliza en el numeral segundo dichos comportamientos en el “espacio público, lugares abiertos al público, o que siendo privados trasciendan a lo público”. Y entre ellos está consumo de “sustancias alcohólicas, psicoactivas o prohibidas, no autorizadas para su consumo”. La vergonzosa redacción hace que parezca un chiste olvidado el recuerdo de ese honor que se le hizo a uno de nuestros próceres al llamarlo “El hombre de las leyes”. ¿Sustancia alcohólica? Así como hay unos químicamente buenos, hay otros químicamente brutos. Pero no vale la pena distraerse en la letra de los legisladores, dejemos eso para las demandas y los alegatos contra los policías en los parques.
Tal vez lo fundamental sea reseñar una medida que llama a la convivencia mientras la prohíbe. Que convierte en ley la tara moral que aún supone que es una ofensa tomar alcohol en público y pretende arrinconar a la gente, imponer un veto sobre los espacios comunes que ha ganado la ciudadanía por sí sola, por costumbre, por perseverancia, por el vicio de mirar al cielo y compartir al aire libre en un país donde cada año hay 100.000 denuncias por maltrato intrafamiliar, un país acostumbrado a la violencia de puertas para dentro. Veremos quién se cansa primero en los muros y las aceras.
Para los congresistas sentarse a tomar una cerveza en un parque es un atentado contra la tranquilidad y el respeto, no importa que unos artículos más adelante se permita ese mismo comportamiento, en espacio público, cuando se trata de “lugares habilitados para aglomeraciones”. Entiéndase eventos con un organizador y un patrocinador que necesitan cuadrar las cuentas y tienen permiso para vender alcohol. No importa que siempre implique más riesgo juntar a 5.000 o 10.000 personas bebiendo que soportar a los 100 o 200 espontáneos que llegan a tomarse unos tragos sin necesidad de un afiche y una boleta. En últimas, todo se reduce a que es posible beber en parques o vías públicas cuando hay taquilla y patrocinador, pero está prohibido para los bebedores por cuenta propia.
Se trata también de una forma sutil de discriminación. En España una ley parecida, aprobada hace año y medio para combatir lo que allá llaman el botellón, ha demostrado ser un mecanismo eficaz para la arbitrariedad. El periodista Julio Llamazares describió hace poco cómo se aplica por parte de los policías: “En España las leyes son como los perros, solo ladran a los pobres”. Y cuenta como los policías se encargan de multar a bolivianos o africanos mientras los españoles siguen sus rituales de botella y se ríen de unas multas imposibles de cobrar. Aquí habrá parques de parques y parches de parches.
En España nadie entiende que algunos pueden tomarse sus tragos al aire libre en terrazas de bares y restaurantes mientras a unos metros, en bancas y aceras, están prohibidas las mismas libaciones. Igual pasará en Colombia, los tenderos perderán su porción frente a los negocios de la copa y el mantel. También hay un desplazamiento económico detrás de esa ley para el respeto y la tranquilidad. Y lo más triste, los parques serán territorios de la sospecha. Solo sentarse será mal visto por los agentes. Florecerán los sótanos y las esquinas informales, se repetirá el estúpido juego entre contertulios y policías en los quicios de las plazas, y mientras tanto, los jíbaros, muchas veces socios de los hombres del orden, no perderán un centímetro. Ellos pagan la multa por adelantado.