miércoles, 28 de junio de 2017

Plomo electoral







Alguna vez dijo Manuel Marulanda que los fierros eran garantía necesaria para que el gobierno los escuchara. Eran los tiempos de las visitas multitudinarias a Casa Verde en La Uribe, una especie de Zona Veredal con inmunidad tácita que duró más de veinte años y servía como teléfono rojo para contactos gubernamentales y sociales con los jefes de las Farc. Los fierros no solo sirvieron para la atención del Estado y los intentos intermitentes de paz con al menos siete gobiernos. Fueron además un plomo desmesurado en la balanza electoral durante muchos años. Las Farc lograron con el terror y la intimidación un peso electoral que sus ideas nunca habrían alcanzado. Por oposición y repudio, por esperanza de paz y promesas, lograron ser un actor fundamental en al menos las últimas cinco elecciones presidenciales. Un pequeño grupo armado moviendo, muchas veces sin ser consiente, la aguja electoral de nuestra democracia.
Hasta el mismísimo Julio Cesar Turbay firmó al final de su gobierno una ley de amnistía por cuatro meses para los delitos de rebelión, sedición, asonada y conexos; además de nombrar una comisión de paz encabezada por Carlos Lleras Restrepo. Luego de un gobierno cercano a las juntas militares de la época, vio la necesidad de abrir una vía al diálogo. La opinión, en ese eterno vaivén entre guerra y negociación, comenzaba a pedir un poco menos de estatuto de seguridad. Belisario fue elegido en medio del revoloteo de las palomas y la negociación se convirtió en bandera. Ni siquiera luego de la toma del Palacio de Justicia dejó de intentar un acuerdo con las Farc que entregó el cruento ensayo de la Unión Patriótica. La UP elegía 14 senadores, pero los fierros seguían marcando por encima de sus hombres que daban la cara sin armas frente a las urnas.
Con Barco y Gaviria siguieron las negociaciones y se llegó a la desmovilización del M-19, el EPL, el Quintín Lame y La Corriente de Renovación Socialista. Las Farc siguieron siendo interlocutores en Tlaxcala y Caracas hasta el 9 de diciembre de 1990 cuando se votó para elegir delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente y se bombardeó la “embajada de las Farc” en Colombia. Pero las grandes influencias electorales de las Farc se inauguraron con la elección de Andrés Pastrana. Luego del triunfo de Serpa en la primera vuelta apareció la foto de Víctor G. Ricardo con Manuel Marulanda luciendo el reloj de campaña de Pastrana. La anécdota dice que el rollo con las fotos que cambiaron la campaña estuvo a punto de perderse en un río durante el regreso del asesor del candidato conservador. Alvaro Leyva fue clave en cuadrar esa cita y Serpa, que tenía la paz como bandera, sufrió el desplante de su vida. Tiempo después las Farc dirían que le cobraron tanta cháchara nunca concretada sobre un posible despeje en tiempos de Samper.
Luego de la burla en el Caguán por unas Farc que pensaban en el Monojojoy como ministro de defensa, llegó la hora de Uribe. En noviembre de 2001, un atentado durante un recorrido de campaña por Galapa, marcó el último día de encuestas con Uribe como tercero en la lista. Veinte días después del rompimiento en las negociaciones, en enero de 2002, Uribe ya era primero en las encuestas. En abril un segundo atentado contra Uribe en Barranquilla dejó tres muertos y al candidato como posible ganador en primera vuelta. Luego en mayo vendría Bojayá y Uribe fue elegido con el 54% de los votos. Enfrentar a las Farc era el mandato y se cumplió con una fuerza que opacó los muchos lunares presidenciales haciendo posible un cambio constitucional y un segundo triunfo en primera vuelta. Para ganar nos unimos hasta con el diablo, cómo decía el general Yanine Díaz a mediados de los ochentas.
Santos fue elegido bajo las banderas de Uribe y le dio a las Farc los más duros golpes militares durante sus primeros años. Luego vino la negociación y de nuevo el país elegía entre el combate cerrado o la paz en ciernes. La diferencia fue mínima en segunda vuelta. De nuevo las Farc eran el centro de la garrotera nacional.
Es tiempo de que Timochenko y su gente se prueben sin armas frente a los electores. Un momento para la condena o el desdén ciudadano, para comprobar la mención a tanto pueblo en sus banderas. Para que dejen de protagonizar nuestros debates electorales e intenten un lugar desde la minoría política que representan. Hora de probarse en las hostilidades del tarjetón.






martes, 20 de junio de 2017

Sillas parlamentarias






La democracia en la forma de un botín jugoso y transitorio será siempre una amenaza. No importa que el ofrecimiento sea una especie de condecoración, una medalla inútil y fugaz. La novedad y la escasez ambiente puede dar lugar a una rapiña desconocida por el honor que está en juego. La subasta de unas sillas parlamentarias en pueblos acostumbrados a levantar la mano durante meses para lograr una mirada, puede convertirse en una lucha con más riesgos y promesas que ventajas. Las 16 Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz fueron pensadas para dar representatividad a municipios en zonas de conflicto que nunca han tenido quién alegue por ellos. Las 16 zonas agrupan, según el proyecto gubernamental, 167 municipios en 19 departamentos, y elegirán un representante a la Cámara por cada circunscripción para los periodos 2018-2022 y 2022-2026.
Las alertas han comenzado a sonar desde la Fiscalía y la Misión de Observación Electoral (MOE). Ahora la pregunta es si sería preferible la acostumbrada carencia de representantes a obtener una especie de sobre representación que atraerá nuevos actores electorales e ilegales, y podrá exacerbar los muchos conflictos políticos y sociales existentes. Sin duda las regiones ganarán en ruido, pero no es seguro que lleguen las nueces. Un poco menos de 2’700.000 electores serán los encargados de escoger a los 16 Representantes a la Cámara en municipios que siempre hemos oído asociados a la coca (tienen el 56% del total de hectáreas en Colombia), a la minería ilegal (participan del 40% de ese mercado ilegal en el país), a la presencia del ELN (está en 59 municipios de esos municipios) y al dominio de Bandas Criminales Organizadas (actúan en 50 de ellos). Sin olvidar que son zonas donde las Farc tuvo presencia histórica y donde sin duda intentará tener influencia en la política que se inaugura. Los cabildos indígenas, los consejos afro, los grupos significativos de ciudadanos, las organizaciones sociales tendrán el riesgo de convertirse en franquicia de intereses de siempre (el partido Liberal fue el más votado en la mitad de esas circunscripciones en las elecciones a la Cámara de 2014) o en parapeto de organizaciones armadas o a medio armar.
¿Cómo se ganarán esas elecciones en el Bajo Cauca Antioqueño, en el Catatumbo, en Urabá, en el Nordeste de Antioquia, en los Montes de María, en los fortines cocaleros de Nariño, Putumayo y Guaviare? Los municipios con menos Estado y con la democracia más precaria y más influenciada por los poderes armados tendrán una de las grandes responsabilidades luego de la desmovilización de las Farc. Algunos municipios donde una tercera parte de los mayores de edad no tienen cédula y otros donde hay un puesto de votación por cada 2000 kilómetros cuadrados. Los datos más preocupantes entregados por la MOE hablan de la violencia social y política. Entre enero de 2016 y abril de 2017 se presentaron 56 homicidios, 69 amenazas, 30 atentados, 3 secuestros y 2 desapariciones relacionadas con violencia contra los liderazgos sociales y comunitarios en los 167 municipios señalados, más de una tercera parte de los hechos similares en todo el país.
Al menos esperamos que desde las ciudades y el gobierno central haya más atención sobre ese explosivo laboratorio político, y que la amenaza latente de armas y política no nos haga recordar viejas tragedias frente a nuevas esperanzas.


martes, 13 de junio de 2017

Pugilistas








La escena podría situarse en una de esas jaulas para los combates espectáculo que tienen gran audiencia en Estados Unidos. En una esquina está Donald Trump con sus 1.88 metros y su mano alzada para un juramento que es también un alarde de seriedad, la máscara de un niño que frunce el ceño. En la otra esquina está James B. Comey con sus 2.03 metros de estatura, la mirada al frente en la actitud de quien escucha un himno de guerra, un abogado en la postura de un militar (su abuelo fue policía) y la mano derecha en alto, abierta, pero en el fondo empuñada y dispuesta a dar un manotazo sobre la mesa tendida de la política en Washington. Las bolsas bajo sus ojos muestran que la pelea ya ha tenido varios asaltos.
Uno de ellos sucedió en el salón verde de la casa Blanca, el mismo donde arreglaron el cadáver de Lincoln. El round lo contó Comey en su declaración de siete páginas que algunos describieron como una pieza literaria. Dos edecanes militares dejan sobre la mesa las provisiones de dos hombres que se miran con una concentrada desconfianza. Acuden a un duelo silencioso, incruento por ahora. Salen los edecanes y se pronuncian las palabras dignas de esos enfrentamientos teatrales: lealtad y honestidad. Cuando el campeón de los pesados soltó lo que parecía ser una amable exigencia, Comey sostuvo el reto con la compostura de un pequeño y orgulloso Sheriff: “Yo no reaccioné, no hablé ni cambié mi expresión durante el incómodo silencio que se produjo. Simplemente nos miramos en silencio”. A comienzos de enero, cuando Trump era aún un campeón sin ceremonia de investidura, se había presentado una escaramuza. Comey fue llamado para recibir un abrazo en público, bajo la mirada de todo el escenario político de Estados Unidos, un abrazo que era también un golpe bajo y que se cerró con un susurro al oído que era también una advertencia presidencial: “Estoy ansioso de trabajar con usted”. Fueron en total nueve asaltos antes del K.O. desde la Casa Blanca, tres en persona y seis telefónicos. Al final de la desigual pelea Comey confesó en su declaración ante el senado que no había tenido el valor para plantarse frente a Trump desde el comienzo y revelar las presiones.
En esos combates muchas veces el enemigo es también una especie de reflejo. Parece increíble que Trump insulte a su contraparte con palabras como “showboat” y “grandstander”, que quiera acusar a un enemigo de ser grotesco en las muestras de su orgullo, de ser un exhibicionista que solo busca el aplauso. Comey se limitó a llamar mentiroso a un presidente que se ve falso cuando ríe, cuando piensa, cuando abraza a su esposa y cuando señala a la prensa y sus noticias falsas. Luego de este combate Comey se ha convertido en el retador más importante de las últimas décadas en Estados Unidos. Se plantó frente a los Clinton desde los años noventa cuando investigó algunos de sus negocios inmobiliarios. Luego investigó a Hillary por el manejo de información clasificada en su correo personal y calificó su conducta de “descuidad y negligente”. Once días antes de las elecciones pasadas la puso en cuestión y tal vez haya decidido el resultado. Antes había retado a George W. Bush y sus dos principales asesores jurídicos al negarse a firmar una autorización para ampliar las interceptaciones sin orden judicial luego del 11-S. Una escena de película frente a la cama de una unidad de cuidados intensivos donde los hombres de Bush intentaban hacer firmar al Fiscal General incapacitado por una pancreatitis. Comey sirvió como una especie de enfermero jurídico. Aunque luego fue más laxo con los métodos usados en Guantánamo. Ni siquiera Obama salió bien librado cuando contó que el Fiscal durante su administración le había propuesto llamar “problema” y no “investigación” la causa contra la señora Clinton.
James B. Comey es uno de esos antagonistas claves para la democracia, los periodistas y las películas.








miércoles, 7 de junio de 2017

Alcaldada por omisión






La semana pasada el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se negó a asistir a un foro para tratar temas relacionados con el acuerdo de La Habana convocado entre otros por la Fundación paz y reconciliación. Gutiérrez alegó que no le habían avisado que habría miembros de las Farc y remató con una frase para el aplauso en su ciudad: “No me voy a sentar en una mesa con Pastor Alape y otros cuando no le han cumplido al país. Las Farc tienen que entregar todas las armas y todo el dinero que recibieron producto del narcotráfico, de las rentas ilegales y de todo lo que han hecho.” Afuera del hotel que servía de sede al evento unos treinta energúmenos, con sus carros parqueados a buen resguardo, gritaban consignas contra los carros de Naciones Unidas.
Sorprende la actitud del alcalde de Medellín que días antes del plebiscito le dijo al periódico El Tiempo que apoyaba el proceso de negociación y que votaría SÍ porque guardaba la esperanza de que se evitarían más muertos y víctimas. En ese momento el alcalde dijo que hablaba como ciudadano y que desde su administración no se impulsaría ninguna alternativa electoral. Pero sí hablaba como alcalde cuando firmó la carta que envió al presidente para que Medellín hiciera parte del Comité Nacional de Reintegración: “Nuestra ciudad tiene una magnifica experiencia en materia de reinserción y reintegración de excombatientes, así como en el desarrollo de estrategias para la construcción de paz que aún hoy se mantienen vigentes”.
Valdría la pena que alguien le aclarara algunas cosas al alcalde. Las Farc llevan más de 5 años en un proceso en el que están a escasos 10 días de entregar sus armas a Naciones Unidas. Esa entrega y sus plazos han sido convenidos por las partes y serán verificados. Respecto a la plata, hay que decir que es una exigencia del acuerdo y que solo en la medida que avance la JEP, y surta efecto el ímpetu y conocimiento de la Fiscalía, sabremos qué tanto han cumplido las Farc. Siempre sin mayores certezas por ser un tema de incertidumbres en guacas, cuentas y caletas.
Pero tal vez lo más importante sea plantear varias paradojas en la posición de Gutiérrez. La primera es querer hacer parte de una comisión de reintegración pero negarse siquiera a plantear diferencias sobre el proceso en un mismo escenario con miembros de las Farc. Debería aprenderle a su Secretario de Seguridad que trató con los desmovilizados de las AUC durante unos años. La segunda es que este proceso ha sido sin duda mucho más ordenado y pacífico que aquel que nos entregó una “maravillosa experiencia”. Según fuentes oficiales el 20% de los guerrilleros concentrados están en Antioquia. De ellos apenas 33 han salido de las zonas veredales: 14 se entregaron al ejército para programas de desmovilización individual, 5 fueron capturados y 14 se consideran desertores. En la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara solo 497 de los 860 combatientes entregaron un arma. Cuatro años después, 120 de ellos habían sido asesinados en el Área Metropolitana y 230 habían sido capturados. La verificación de la OEA solo llegó un año después del inicio del proceso. En el 2007 en Medellín vivían 3270 desmovilizados de las AUC y el 23% ya estaban por fuera de todo programa y contacto estatal. Más los que seguían picando aquí y allá. Don investigadores definieron muy bien el momento de Medellín hace 10 años: “la ciudad está experimentando una transición desde un modelo paramilitar que hacía usos de la criminalidad hacia una criminalidad que hará usos del aprendizaje paramilitar”.
 En ese momento nadie chiflaba los carros de la OEA y es seguro que Gutiérrez, como concejal, tuvo reuniones con jefes paras, mandos medios o reinsertados de base. No se entiende entonces por qué el recato de hoy. No todo puede ser misas campales y diálogos de acera con los tenderos.



martes, 30 de mayo de 2017

Agua cero






Un decreto de 1959, firmado por el presidente Alberto Lleras y el ministro de Obras Públicas Virgilio Barco, destina un millón de pesos para el acueducto y alcantarillado de Buenaventura. El Instituto Nacional de Fomento Municipal es el encargado de los estudios y construcción de las obras. Uno de los primeros en un desfile de empresas públicas, privadas, regionales y nacionales que no han logrado hacer que el agua llegue, con relativo orden y constancia, desde los ríos hasta los lavamanos y las cisternas. Algunos habitantes recuerdan un paro cívico tres años después para exigir un acueducto digno. Desde esa época se han repetido los planes, las inversiones y las decepciones.
La verdad es que plata no ha faltado. Los acueducto y alcantarillados son obras que se hacen de manera progresiva, al ritmo del crecimiento de las ciudades. Buenaventura es el gran receptor de desplazados y migrantes del pacífico y siempre se ha visto desbordada, con instituciones públicas débiles, corruptas muchas veces, que representan un único botín y una única esperanza frente a demandas crecientes. Entre 1973 y 1982 el puerto duplicó su población. El acueducto seguía siendo un reclamo permanente. Durante el gobierno de Belisario Betancur se diseñó el Plan de Desarrollo para la Costa Pacífica (PLADEICOP), Buenaventura fue el municipio que más inversiones recibió y el acueducto y alcantarillado las obras prioritarias. En tiempos de Cesar Gaviria apareció el Plan Pacífico que aseguraba inversiones por más de 40.000 millones en la región, de los cuales el acueducto de Buenaventura recibió más de 10.000 millones de pesos. En ese momento, 1992, la cobertura solo llegaba al 35%. Hoy está en el 70%, aunque apenas pasa de 9 horas diarias de servicio.
Con Andrés Pastrana siguieron fluyendo recursos. A finales del 2001, en una visita al puerto, hablaba de los 13.000 millones que ya se habían desembolsado para el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado. Y su discurso dejaba caer la promesa de próximas inversiones: “…un Plan que avanza con celeridad y que significará, dentro los próximos 20 años, una inversión total de 135.500 millones de pesos, óigase bien: ¡135.500 millones de pesos!, de los cuales la Nación pondrá 35.000 millones”. Un reciente artículo de El País de Cali parece confirmar esa vieja promesa al asegurar que en los últimos 15 años se han invertido 200.000 millones de pesos en acueducto y alcantarillado. Llegaron desde el gobierno nacional, el Plan Pacífico, el Fondo Nórdico de Cooperación, las regalías y el Plan Carrasquilla. Solo este último durante el gobierno Uribe entregó 60.000 millones de pesos.
Un acueducto es también una obra que necesita construcción de comunidad. Es necesario un compromiso colectivo que ayude a cuidar las obras y a pensar que quizá el pago garantiza un servicio más duradero que la conexión ilegal. La Súper Servicios tiene un tope de 30% para pérdidas del agua tratada bien sea por fugas en red, problemas en la planta de tratamiento, conexiones fraudulentas o mediciones de consumo imprecisas. Buenaventura llega al 87.2%, lo que significa que solo se logra cobrar por un 12.5% del agua tratada. En 2001, las deudas de los pocos que pagaban eran de 8.000 millones de pesos. En los últimos 15 años todo fue un pulso entre la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado de Buenaventura, encargada de las obras, manejada por el municipio y ahora quebrada; frente a HidroPacífico, privada, encargada de la operación y con un contrato a 20 años recién liquidado. Mientras tanto los últimos cuatro alcaldes terminaron con investigaciones por posible corrupción relacionada con el tema del agua y dos alcaldes encargados fueron asesinados.

Está bien que suene la cacerola, pero falta más que protestas y rogativas. 


martes, 23 de mayo de 2017

Gozo finish






En 1983, luego de la primera excursión colombiana al Tour, cuando la camisa de Pilas Varta era todavía lanuda y los colombianos soportaban las tres semanas con llantos y consuelos mutuos en la orilla de la carretera, Jacques Anquetil lo dijo con un temor premonitorio: “Si vuelven, serán terribles”. El quíntuple campeón del Tour hablaba de los colombianos que todavía eran vistos como una anomalía en Europa, unos principiantes toscos que buscaban venganza a su sufrimiento cuando aparecían las cuestas. “Bajaban mal y eran peligrosos en el pelotón. Eran simpáticos, pero extraños”, decía Laurent Fignon, el ganador en el Tour del debut colombiano y el más insoportable de los ciclistas después del texano aquel. Luego de la segunda semana de carrera la mitad del equipo colombiano había puesto pie en tierra. Era la época de la panela y el bocadillo. Y de la algarabía de los narradores colombianos que convirtieron la carpa del Tour en un circo de pregoneros. Más de treinta periodistas viajaron para cubrir la expedición a la gran carrera francesa.
Al año siguiente volvieron con algo menos de panela, un poco más de los sesenta millones de pesos que había dado Pilas Varta como patrocinador y algo más de ambición. Y con Lucho Herrera que era garantía de triunfo aunque llegara de un equipo llamado Leche la Gran Vía. Eran otros ciclistas así vinieran de la misma tierra de los que hoy son líderes de escuadras europeas y señores del protagonismo en las carreras de tres semanas. Lucho entregó el primer triunfo de etapa en el Tour y al otro día perdió 27 minutos. “Perdió hasta la caja de dientes”, se decía en esa época al recordar una etapa donde se le cayó la caja en plena bajada luego de tragarse una avispa. Luego vendría Café de Colombia y se pasó del folclor al respeto y al top cinco en las grandes carreras. Parra y Pacho Rodríguez mostraron que se podía estar en el podio y que las cosas eran serias. En 1987 Lucho ganó la Vuelta a España, cuatro colombianos celebraron triunfo de etapa, cuatro estuvieron entre los diez primeros de la general y Ryalcao-Postobon ganó la clasificación por equipos. Anquetil tenía razón.
Ahora, Rigoberto Urán y Carlos Betancur se gozan en italiano a sus pares y comen espagueti vongole con soltura. Han llegado otros ciclistas desde las mismas tierras. El Ramiriquí de Patro y Soler, el Urrao de Oscar de J. Vargas y Urán y Laverde. Las historias de los inicios son las mismas. Nairo y Lucho en las bicicletas prestadas y heredando las pantalonetas de sus amigos. Trayectos parecidos de la casa al colegio en bicicleta y el mismo frío en las mañanas y la misma aguaepanela. Pero la parquedad y los silencios de Lucho y de Nairo son distintos, van de la timidez al cálculo, de la humildad a la estrategia. Nairo llegó como segundo de su equipo a su primer Tour y terminó como segundo de la carrera. En la rueda de prensa antes del inicio su técnico, Eusebio Unzúe, lo puso a la altura de ‘Perico’ Delgado e Induraín. Como lo recuerda Carlos Zúmer, escritor español, autor de varios libros sobre ciclismo colombiano, el nacimiento de Nairo (1990) coincidió con el fin del equipo Café de Colombia. Veinte años más tarde apareció Colombia es Pasión, esa especie de selección juvenil que formó a Chávez, Nairo y Pantano en un mismo equipo y ganó dos años consecutivo el Tour del Avenir que ganara Alfonso Flórez treinta años atrás. Ahora ha llegado un embalador a completar el cuadro, a cruzar primero que los rockstar del pelotón, un pistero con agallas y fuerza para el pavimento. Estamos en los gloriosos y no queda más que recordar y disfrutar.




martes, 16 de mayo de 2017

Bojayá





Bojayá es un pequeño reino del dolor. Un pueblo donde el cementerio es más importante que la plaza. Una encrucijada en la selva marcada por múltiples cruces. Un símbolo inevitable para los funcionarios, los periodistas, las agencias internacionales y los activistas. Durante 15 años, luego de la masacre del 2 de mayo del 2002 que dejó 79 muertos en la iglesia, los habitantes han pasado de la sorpresa a la indiferencia y de la indiferencia a la fatiga frente a la romería que visita el pueblo. Ahora, están frente a una más de las exhumaciones de los cuerpos que lleva a cabo un equipo de la fiscalía. Primero fue la fosa común, luego el cementerio, ahora las nuevas pruebas de ADN y vendrá el descanso en las bóvedas definitivas.  
Compartir el dolor propio con otras víctimas y con los desconocidos que llegan nunca será fácil. El eterno sepelio en Bojayá se ha convertido en un escenario para las minucias políticas, las rebatiñas de subsidios, las demostraciones del “buenismo” internacional y los afanes periodísticos. La atención trae tanto los afectos de la solidaridad como las perversiones del protagonismo. Hace unos días Patricia Nieto y Natalia Botero me contaron su triste aventura en Bojayá. Las dos son investigadoras, periodistas y profesoras de la Universidad de Antioquia con amplio reconocimiento de colegas, alumnos y observadores de su trabajo.
Llegaron al pueblo el pasado domingo 7 de mayo. Era su cuarta visita y pretendían un registro del proceso que implica la segunda exhumación de los cuerpos sepultados en el cementerio municipal. Antes de su viaje habían hablado con algunas personas del Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá. Desde su llegada se encontraron con un clima de desconfianza y hostilidad. Ahora su presencia parecía incomoda, casi prohibida. El miembro del Comité con quien habían tenido contacto telefónico les dijo que no estaban dispuestos a permitir el trabajo de la prensa. De ahí en adelante todo fueron advertencias, agresiones y amenazas: “Cuando salgan de aquí no les va a pasar nada, pero en Bojayá les puede pasar cualquier cosa”, llegaron a decirles. Y un funcionario de la Fiscalía, sorprendido con ese clima denso, les sugirió ir a dormir a Vigía del Fuerte.
 El tercer día estaban en el puerto esperando la llegada de los funcionarios de la fiscalía que traían tres cuerpos desde Vigía del Fuerte, en la orilla opuesta del río. Un coro de niños y algunos adultos con flores y velas esperaban los cuerpos. Natalia comenzó a tomar fotos e inmediatamente fue rodeada por tres personas del Comité que le ordenaban guardar su cámara. Obedeció esa orden perentoria y cuando se retiraba del lugar oyó a una señora, también del Comité, que le gritaba que no tenía derecho a estar allá, que la prensa no podía entrar. Estaban en un lugar público y guardaban el respeto y la serenidad que han aprendido en 25 años de trabajo periodístico en temas de conflicto.
Intentando buscar testimonios fuera del casco urbano, llegaron a la casa de un indígena hasta donde fueron los miembros del Comité a reprochar al anfitrión que recibiera a las periodistas. El indígena tuvo que defender sus derechos frente a los inquisidores, al menos de puertas para adentro. En la iglesia, en una de las misas diarias por las víctimas, los mismos vigilantes de Comité, familiares entre sí y declarados dueños de la memoria de todo el pueblo, le impidieron a Patricia tomar notas del sermón del padre. Ya no solo la cámara estaba prohibida, también la libreta. En medio de todo estaba Miguel Ángel Sánchez, funcionario de la ONU, quien daba órdenes de no dejar grabar a “las paisas”, e incluso intento apartar al padre Antún Ramos, héroe del pueblo por su papel en la tragedia del 2 de mayo, con quien otros dos periodistas grababan un documental sobre su vida. “Nunca, ni guerrilla ni paras ni ejército me impidieron hacer mi trabajo como en esos seis días en Bojayá”, me dijo Natalia.

Ahora la ONU difunde un Protocolo según el cual no se puede grabar, fotografiar ni escribir sobre el proceso de exhumación. Además, el Comité decidirá la información pública y la reservada, y tendrá poder de censura sobre trabajos periodísticos, entregando aval a lo que considere digno de publicación. Bojayá sigue siendo un reino del dolor, pero ahora tiene un visitador y un Comité de tribunos que censuran, ordenan, manipulan y actúan más allá de la Constitución y las leyes. 

martes, 9 de mayo de 2017

Democracia extrema




La democracia directa entrega un alivio a los ciudadanos, una especie de desahogo frente a la sensación de imposiciones que dejan los voceros de la democracia representativa. “No los necesitamos, somos adultos y tomamos nuestras propias decisiones”, parece ser el grito de los ciudadanos que convocan los diversos mecanismos y de los votantes que van a las urnas ante la disyuntiva binaria de un SÍ o NO. La venganza de la gran ágora ciudadana frente a la jaula de intereses y mentiras de los congresos y demás recintos legislativos.
Pero los cubículos encarnan siempre un riesgo y el ágora convencida de su independencia puede tener su cabestro bien amarrado y elegir siguiendo el camino del populismo y la discriminación. Las mayorías tienden a la tiranía y la simpleza, en medio de la fuerza con la que arrastran sus certezas suelen pisar a las minorías como males menores y esquivar la razón como una simple sarta de pretextos. Es imposible estar en contra de que asuntos importantes de la vida pública estén en manos de los ciudadanos, pero es clave entender que esas manos pueden destrozar valores y derechos democráticos, pueden hacer nudos inconvenientes o dar manotazos para resolver una indignación de corto plazo. Colombia, por ejemplo, estuvo cerca hace unos años, por la vía del referendo, de cambiar su constitución para otorgar un tercer periodo a un líder populista con ambiciones virreinales. En ese momento las mayorías lo aclamaban por encima de los melindres constitucionales.
California es el mejor ejemplo de lo que muchos han llamado la democracia extrema. Su constitución ha sufrido más de 500 enmiendas desde su aprobación en 1879. Todo comenzó como una lucha contra una empresa de ferrocarriles que se había convertido a comienzos del siglo XX en la fuerza política más importante del Estado. Pero las cifras dicen que las consultas populares se han convertido en un vicio, una necesidad y una estrategia corporativa. Entre el año 2000 y el 2010 se hicieron en California 74 consultas a los ciudadanos. Más o menos cada 2 meses se jugó un bingo electoral.
También allá, un referendo en 2008 intentó recortar derechos de las minorías y logró una victoria con el 52% de los votos para prohibir el matrimonio entre homosexuales. La Corte Suprema tumbaría esa decisión 5 años más tarde, tiempo durante el cual se ejerció un veto legal contra las parejas del mismo sexo. Más de 80 millones de dólares gastaron los grupos de presión durante la campaña. Para muchos los graves problemas fiscales del Estado vienen desde 1978 cuando se congelaron los impuestos inmobiliarios por medio de una consulta popular. En 2014 se impusieron algunas restricciones y se logró que haya una instancia previa entre promotores y legisladores para llegar a acuerdos que hagan innecesarias las consultas. Empresas, sindicatos, grupos religiosos y sectores productivos son quienes más han acumulado poder con la democracia ciudadana.
Entre nosotros, las consultas contra la minería han generado un gran entusiasmo del que hasta ahora no conocemos las consecuencias. Pero es seguro que veremos conflictos con mineros tradicionales, secretarios de hacienda llorosos y mineros ilegales celebrando. Muy pronto las consultas servirán de extorsión frente al gobierno central y el arreglo lo harán directamente los políticos. Las revocatorias en 100 municipios muestran que los periodos de 4 años tendrán una especie de refrendación a mitad de camino cuando la elección fue muy apretada. Y los alcaldes deberán dedicarse a las urgencias clientelistas y al populismo más barato. Habrá consultas hasta para dejar constancia como la anti taurina en Bogotá, y referendos para que las mayorías creyentes impartan lecciones a quienes pretenden ir más allá de sus mandatos. Más temblores que aplausos me producen las consultas populares.


martes, 2 de mayo de 2017

Marcha venezolana





Han ido llegando por necesidad. Acompañados de rabia y desespero, atraídos por un pequeño imán que promete un contacto, un escampadero temporal, una farmacia con todas las letras. Brillan en una ciudad hospitalaria a su manera, recelosa muchas veces, ensimismada casi siempre en su acento, sus gustos, sus miedos. Llegan buscando las periferias, trepando a las laderas donde el tesoro de unos dólares encaletados rinde un poco más en las tiendas. La primera noticia de esa pequeña migración llegó por la llamada de una amiga periodista que conocí hace unos años en un viaje y ahora intentaba traer a sus padres hasta el apartamento que compró con su hermano en las lomas de Robledo. En pocos años Medellín había pasado de ser destino turístico a destino a secas.
Pero la verdadera magnitud de esa marcha la viví el sábado anterior en medio de una caminada desprevenida por la ciudad. En el parque de El Poblado estaban unos doscientos venezolanos, muchos con la camisa vinotinto de la selección y una gran bandera en el suelo del escenario improvisado. Una protesta de lejos es sobre todo una oportunidad para la solidaridad y el desahogo personal. Dos megáfonos intermitentes y un cuatro formaban todo el aparataje de la manifestación que servía sobre todo para llenar planillas y recuerdos. Para el canto a capela del cumpleaños a Leopoldo López todos los presentes se pusieron de pie y los dos o tres patos que estábamos “infiltrados” en la reunión nos paramos espantados. El canto entusiasta del cumpleaños a un político genera de por sí una pequeña incomodidad, cuando ese político está a miles de kilómetros de distancia genera incredulidad y cuando ese político está en la cárcel por la sencilla decisión de otro político ya se produce un desconsuelo definitivo. La escena resultaba lánguida amenizada por los dados del parqués de los lugareños que oían sorprendidos.
Abandonamos el parque y pasando la calle estaba La casa del pan de jamón, un local que lleva cerca de un año y se ha convertido en la vitrina para que no todo sea arepa venezolana en las referencias culinarias del vecino. La caminada siguió hasta la tienda de un barrio de mecánicos y allí apareció una conversación inesperada. Cuatro hombres que mostraban haber terminado su jornada laboral hacía poco hablaban solo en números, parecía que cada uno tuviera una calculadora para preparar su frase. Comparaban sueldos y precios antiguos, alardeaban con mercados de otro tiempo, movían las tasas de cambio, contaban sus pesos actuales y se reían condescendientes de los amigos y familiares dejados atrás. Se tomaban sus cervezas con juicio y atendían a los cuentos de quién parecía ser el jefe de la manada, el más curtido en las lides paisas. Nunca hablaron de nada distinto a números y saldos añorados, odiados, presentes.
Ya en la noche, en Carlos E. Restrepo, barrio que se mueve al ritmo de las universidades cercanas, el carrito de arepas venezolanas sirvió para acompañar las cervezas de la tarde. Tenía menos de seis meses compitiendo con los perros omnipresentes, los sánduches con humos gourmet y los chuzos de estadio de La Iguaná. Todos los encuentros del día fueron casuales, anunciados por el acento, las estrellas de la bandera, los anuncios de las delicias culinarias. En todas las caras, en el tono de la voz, en el semblante, se advierte algo de angustia y alivio, un aire de incertidumbre que se cierne sobre los recién llegados que aún no saben si se quedan o se vuelven.




martes, 25 de abril de 2017

Universidad de cartón




Las ínfulas son siempre el camino más corto hasta el ridículo. Y los gobernantes son los peregrinos más usuales de esa ruta trillada entre la grandilocuencia y la caricatura. Entre nosotros Luis Pérez Gutiérrez es un exponente paradigmático de la distancia entre los anuncios teatrales y lujosos y las ejecuciones lánguidas y retocadas. El lema de su gobierno, Antioquia piensa en grande, solo sirve como contraste para ver la minucia de sus logros y la mezquindad de sus actuaciones.
Hasta hace unos días poco se hablaba de los proyectos educativos de la gobernación de Antioquia. Los anuncios del primer año se habían convertido en propósitos relegados. Pero para eso está la Asamblea y sus debates estrafalarios. El diputado José Luis Noreña ventiló hace una semana los compromisos de la administración para “colocar” porteros, secretarias, administrativos y otras arandelas de la burocracia educativa como cuotas de los diputados. Eran apenas ochenta “plazas” por diputado, porque Antioquia piensa en sí misma.
Esa bonita anécdota hace que valga la pena darle una mirada a uno de los programas bandera de la administración Luis Pérez en temas de educación. La Universidad Digital se mostró desde el comienzo del 2016 como una revolución en camino. Realidades virtuales son la especialidad del gobernador. Al comienzo se habló del concurso de grandes universidades del mundo en el programa. Juan Pablo Durán, gerente de proyectos especiales de la gobernación quién estuvo al frente de la Universidad Digital en los primeros meses, alcanzó a decir: “Las iniciativas del Gobernador son de tal envergadura, que necesitan el trabajo mancomunado de toda Colombia, el concierto de grandes inversiones nacionales e internacionales, y la colaboración de las mejores universidades de Colombia y del mundo…” De MIT, Harvard y otras mencionadas el año pasado hoy no quedan rastros y no se logró pasar de una de las hoy famosas visitas de pasillo.
Se dijo también en un comienzo que la universidad tendría 100.000 estudiantes, siete registros de programas propios, una sede lista en los antiguos terrenos de Telemedellín, una inversión cercana a 163.000 millones de pesos, un costo de un dólar por curso que garantizaría gran cobertura y el apoyo del gobierno nacional, la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional. Grandes instituciones a falta de las eminencias extranjeras.
Hoy en día se sabe que la gobernación tiene un convenio marco con el Ministerio de Educación, o sea una carta general de buenas intenciones. Que ha invertido 10.000 millones de pesos en un estudio de viabilidad financiera que considera confidencial y está en manos del ministerio desde septiembre pasado. Tiene además el apoyo solitario del Tecnológico de Antioquia más por temas políticos que académicos. Y por supuesto la desconfianza de la Universidad de Antioquia que ha logrado cuatro registros en su trabajo de diez años con su programa Ude@. Por la planta física le preguntó el ministerio en octubre y no hubo respuesta. Sobre los registros propios no se conocen ni siquiera los nombres de los programas. Cuando se les preguntó cómo era eso del dólar por curso, respondieron que no correspondía a la “proyección financiera” sino a una “ejemplificación” para mostrar la “gran accesibilidad”. Espero que dicten español en la Universidad Virtual. La disculpa cantada será que los pares del ministerio no les quieren aprobar sus cursos y pronto veremos la pataleta del gobernador por los problemas de su universidad de cartón. Pero algo grande hay que mostrar. Miles de tabletas que le acaba de entregar el presidente Santos para que al menos haya con que jugar mientras tanto.


martes, 18 de abril de 2017

Adictos al miedo





A los policías no les interesa la letra del código recién aprobado, no se ponen con leguleyadas, les basta y les sobra el brillo renovado de su herramienta, el temor de los ciudadanos, las cifras de las multas y la jaula abierta de sus patrullas. El código de policía no se diferencia en nada al arma de dotación o al bolillo de rigor, una simple herramienta de intimidación. En las últimas semanas he visto repetirse la escena en la que un policía le suelta su compañero canino a un grupo de jóvenes que conversan en un parque. Es una nueva manera de elegir quienes pueden sentarse en el espacio público y quienes no. El policía suelta su perro husmeador como si se tratara de una escena de caza y lo que sigue puede ser una algarabía de ladridos, giros desesperados, brincos y chillidos acompañados de risas de amigos y curiosos.
Una de las cacerías que vi hace unos días terminó con un joven camino a la patrulla para ser requisado in extremis. No había droga alguna pero el humo de un bareto previo, según la confesión temblorosa del detenido, había hecho que el perro se engolosinara. El policía amenazaba al joven con llevarlo a la estación cercana o, si estaba de buenas, sacarlo del parque. A pesar de que tenía el tufo de tres cervezas prohibidas en el espacio público me dio por asumir el torpe papel de defensor de oficio.  Cuando le mencioné al policía la expresión “dosis personal”, se excito un poco más que su perro con el ensolve del recién detenido. “¿Quién le dijo a usted que eso existe? Si lo quiero detener, lo detengo. Y usted váyase de aquí que está tomando cerveza”, me dijo mientras amenazaba con su bolillo. Como mi defendido me rogaba que me callara y yo no pretendía estrenar el código, me fui con una simple despedida que comparaba amistosamente al agente con su compañero de caza.
Revertir la autonomía personal que consagró la Corte Constitucional en su sentencia de 1994 ha sido una de las grandes obsesiones de sucesivos gobiernos. Lo propusieron Gaviria y Samper en su momento, lo intentó Uribe en cuatro ocasiones -un verdadero adicto a cárceles y tribunales para los consumidores- vía leyes y referendo hasta lograr una victoria de papel en 2009. Una prohibición constitucional al porte y consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, sin la posibilidad de sanciones más allá de medidas administrativas de orden preventivo o profiláctico que sean aceptadas por el consumidor. Mucho menos que los tribunales médicos que proponía Uribe para imponer tratamientos muy al estilo de sus amigos soviéticos en los años cuarenta. Ahora, las medidas “preventivas y profilácticas” las toman los policías según su gusto, su genio y la docilidad de su “paciente”. No importa que la Corte Suprema haya hablado de “dosis de aprovisionamiento” para amparar el derecho de los consumidores a portar incluso una cantidad superior a la dosis mínima, entendiendo que se puede comprar para el consumo de una semana o un mes. Esas son discusiones de magistrados, para la calle está el código de arbitrariedades de todos los días.

Mientras en Estados Unidos cerca de setenta millones de personas pueden hoy consumir marihuana con fines recreativos de manera legal, mientras hace unos días su secretario de seguridad Jhon Kelly dijo que la “marihuana no es un factor clave en la guerra contra las drogas” y que la solución no llegará arrestando a los usuarios; en Colombia, que se llena la boca hablando de nuevo enfoque en el tema de drogas y firmó un decreto sobre uso medicinal de la marihuana hace unos días, se busca que el desacato a la constitución y la violación sistemática de los derechos de los consumidores se conviertan en una regla de facto, una costumbre del miedo, una ejemplarizante rutina policial. 

martes, 11 de abril de 2017

Discurso y conciertos








Es normal que los mandatarios busquen fijar por lo bajo el nivel de la discusión pública. A ningún gobierno le sirve la mirada escéptica e informada de la opinión sobre sus números, sus intenciones y sus logros. Poner el foco sobre las palabras y la oscuridad sobre las actuaciones suele ser una de las prácticas preferidas de los gobernantes, convertidos entonces en voceros de causas leves e incuestionables, en discurseros de los sentires mayoritarios y protagonistas de los impulsos más sensibleros. Alcaldes y gobernadores se dedican entonces a un pregón cercano a la autoayuda, aunque esta vez con tintes un poco más egoístas: ayudarle a la imagen propia mientras venden un alegato paternal y condescendiente.
En Antioquia hemos tenido siempre un déficit de escrutinio público sobre nuestros dirigentes: el excesivo regionalismo, una mediana fortaleza institucional, una situación fiscal privilegiada por superávit de algunas empresas públicas, una buena calificación histórica en temas de servicios públicos, entre otras razones, han hecho que cada cuatro años nuestros alcaldes y gobernadores saquen pecho con sus resultados en distintas encuestas de opinión. Mientras los ciudadanos celebran detrás. Parece que como electores hemos superado en alguna medida esa etapa infantil según la cual un acudiente nos debe señalar hacia quién debemos dirigir nuestro voto. Se demostró con las intenciones paternas de Uribe y sus derrotas sonoras en las elecciones locales y regionales de octubre de 2015. Sin embargo, una vez hecha la elección continúa nuestra deficiencia de escrutinio y deliberación pública. A diferencia de los excesos de guerra política que sufre Bogotá, Medellín y Antioquia viven una especie de silencio ciudadano, algo parecido a la actitud del discreto invitado que no quiere avergonzar los esfuerzos de su anfitrión.
Las recientes polémicas públicas a las que estuvieron ligados el alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia muestran muy bien el nivel de nuestra discusión pública. El alcalde estuvo dedicado por cuarta o quinta vez a cuestionar los modales y los modelos de virtud de los cantantes que visitan la ciudad. En esta ocasión le correspondió el regaño al rapero Wiz Khalifa por su visita humeante a la tumba de Pablo Escobar. Federico Gutiérrez se ha empeñado en liderar el “Bloque de Búsqueda” contra la leyenda del capo mafioso. Es cierto que hay que repetir las veces que sea necesario la tragedia que vivió la ciudad luchando una guerra impuesta, que supuso enemigos desmesurados e invirtió costumbres y signos sociales, pero eso no es posible con los vetos y la cantaleta. El mito mafioso será parte de la ciudad y se debe asimilar con el orgullo de quien ha resistido una avalancha. Tal vez sea más útil mirar con mayor atención nuestro museo de la memoria, entender el orgullo de algunos barrios, canalizar algunas resistencias. Pero lo que de verdad es urgente, es pensar en la violencia homicida contra los jóvenes, un indicador que Medellín no ha sido capaz de mejorar a la altura de su jactancia de ciudad redimida.
Por parte del gobernador el último gran debate no surgió de la cantaleta contra un rapero sino de la excitación frente a un reguetonero. Lo de Luis Pérez no es un arrebato moral sino una necesidad farandulera. Pérez tiene una debilidad por los divos y las marcas de revistas para mujeres. Sabe que no tiene nada qué aportar al debate público, solo debe huirle mientras trama algún negocio privado. Se dedica entonces a apuntar contra el proceso de paz y el presidente Santos (fue su gerente de campaña en Antioquia), mostrarse firme ante una figura repudiada en su departamento es su sencillo juego. Se ha convertido en comentarista con membrete de La Alpujarra y origen en Llanogrande.
Ni siquiera como reseñistas musicales clasifican nuestros mandatarios, más dedicados a las notas leves tras los conciertos y a las entrevistas de camerino.



martes, 4 de abril de 2017

Política sombría



Todos los días vemos el repudio que generan los partidos políticos, la indignación frente al comportamiento de algunos de sus miembros, la rechifla permanente a sus comentarios, ideas y decisiones. Los partidos que hace apenas treinta años marcaban los comportamientos políticos y sociales de muchas familias, incluso definían el círculo de sus amistades y sus reglas de comportamiento, hoy son apenas pequeños clanes clientelistas. Y los nuevos partidos son sobre todo franquicias para el menudeo electoral. Pareciera que la sociedad se alejó definitivamente de las tramoyas partidistas, más cercanas hoy a los pleitos contables que a las disputas ideológicas.
Sin embargo, las noticias, los enfrentamientos ciudadanos, las discusiones familiares y los debates públicos siguen todavía el hilo de los políticos y sus rencillas. Puede que ya no valga el trapo rojo ni las peroratas conservadoras, y que las diferencias de fondo se hayan ido borrando y aparezcan señoras liberales agitando algunos dogmas cruzados, y que los partidos hagan transacciones, cambios de equipo, entre sus mandos medios como las hacen los equipos de cualquier liga futbolera, pero los políticos han sabido mantenerse por encima de sus maquinarias cada vez más ocultas y más inútiles al pensamiento.
La estrategia es casi siempre la descalificación. Una política reactiva que no busca las ideas sino los señalamientos, que no quiere adversarios sino enemigos, que se para en los extremos para generar rabia y crispación. Las fuerzas de esa política están inspiradas sobre todo en la histeria, la ignorancia, el odio y el miedo. De modo que muchos ciudadanos terminan adscritos a un partido, casi siempre al simple logo de un caudillo, mientras parecen convencidos de rechazar la política como un mal general. Los triunfos electorales se han convertido en sinónimo de venganza y los políticos han terminado por simplificar los debates, falsear las disyuntivas y poner tras de cada decisión pública una leyenda terrible acerca de sus enemigos. La política es ahora una nueva forma de la imaginación grotesca y los delirios de persecución.
Es cierto que la política nunca ha sido afecta a la verdad ni a los matices, pero la versión más reciente ha terminado por arrastrar a casi todos los actores sociales a sus terrenos, ha pretendido convertir al periodismo, a los académicos, a los empresarios y a los religiosos en unos nuevos partidarios o enemigos. La confusión generalizada es una de sus nuevas ganancias. Todas las voces se han puesto bajo el rasero de sus intereses, las ofensas cruzadas llevan cada vez más público hacia las peores orillas, hacia las mentiras que más causan indignación, hacia las teorías de la conspiración, hacia las barras bravas ideológicas y los dogmatismos más ciegos.
Por esa vía, el ámbito que más desconfianza y rechazo social genera ha logrado guiar el debate público durante los últimos años. Las declaraciones de los políticos marcan el inicio de los peores ruidos, inician las discusiones desde las premisas más alejadas de la realidad y llevan a conclusiones que solo sirven a las victorias electorales. Mientras más creemos alejarnos de la política, más nos aprietan el nudo con sus recriminaciones, sus chismes y sus sombríos pronósticos.


miércoles, 29 de marzo de 2017

Cerrar las ventanas






El aire en Medellín significa una pesadilla para los colegiales impensable en mis tiempos de bachillerato. Hoy muchos colegios en la ciudad deben cancelar las clases de educación física y los torneos interclases por las alarmas de los institutos meteorológicos. El cambio del partido de fútbol por una hora de biblioteca bien merecería un levantamiento estudiantil. Pero la mayoría de quienes vamos en los 600.000 vehículos particulares hemos asumido que la solución es cerrar las ventanillas. Y quienes van en las 700.000 motos se contentan con cubrirse los ojos y subir el volumen a sus audífonos. No importa que el 45% de los ciudadanos, sobre todo quienes se mueven en transporte particular, diga que se demora más tiempo en sus trayectos que el año anterior.
Apenas un 22% de los habitantes de Medellín se movilizan en transporte particular, carros o motos, pero son estos los encargados de propiciar el ruido de las recriminaciones mutuas. El número de los ciudadanos que se mueven en transporte público está estancado hace 4 años. Por capacidad, Metro y Metrocable no logran mover más del 20% de pasajeros diarios; Metroplus, esa especie de caracol urbano, no llega al 5% mientras las motos han doblado sus usuarios en una década. Los buses tradicionales que perdieron usuarios a comienzos de esta década parece lograron estabilizarse y siguen siendo líderes con el 30% de los ciudadanos en sus trayectos habituales. Los más obsoletos son los líderes del mercado. Viendo las cifras no queda más que preguntarse por nuestros proyectos para las postales sobre ciudad sostenible. El tranvía de Ayacucho que costó más de 700.000 millones de pesos, incluidos los dos cables que lo llevan hasta la ladera oriental, mueve hoy 35.000 pasajeros diarios. Comparable con el torniquete de las atracciones del Parque Norte en un buen fin de semana.
Pero según parece la administración todavía les come cuento a los llantos de Fenalco. Cada año los gremios nos entregan la cifra de carros vendidos en el país como un indicador de crecimiento y salud de la economía. Cuando el número baja de 300.000 nos dicen que es hora de prender las alarmas. La ciudad les tiene temor a los parqueaderos vacíos en los centros comerciales y los supermercados. Se habla de problemas ambientales y el carrito del supermercado aparece como pieza principal en el debate.  Los indicadores de calidad del aire muestran claros riegos para la salud, menos fumadores y más pacientes por enfermedades respiratorias agudas. La tasa de niños menores de 5 años muertos por cada 100.000 a causa de estas dolencias se ha multiplicado por tres en los últimos 10 años. Pero una semana de restricciones para carros y motos es más de lo que los propietarios pueden soportar, y la administración les tiene un temor reverencial a las tendencias en las redes sociales.

Poco a poco Medellín será el territorio de quienes no pueden pagar su huida hacia las alturas del oriente, Santa Elena o San Félix. Desde arriba los nuevos habitantes de los segundos pisos mirarán con algo de conmiseración a los ciudadanos de la ciudad que reverbera en ese fondo gris. Bajarán en carro cuando el trámite de un certificado ambiental los obligue. 

miércoles, 22 de marzo de 2017

Repúblicas cocaleras






El monitoreo satelital de cultivos ilícitos nos acostumbró a la curiosidad entre las nubes que solo busca el verde encendido de la hoja de coca y cuenta hectáreas para arrojar una cifra cada año. Una cifra que es sobre todo una prueba de conducta frente a las exigencias de los Estados Unidos. El satélite, la avioneta de fumigación y el código penal son las tres aproximaciones básicas a los territorios cocaleros en Colombia. Sin embargo, durante cuarenta años la coca ha sido el insumo básico para la creación de comunidad y Estado en muchos de los territorios donde han cambiado los dueños, los intermediarios y las cifras de producción, pero no la lógica de los colonos más pobres ni la economía ilegal de subsistencia. Porque la realidad puede ser más terca que el veneno.
Un libro de María Clara Torres publicado en 2011 por el Cinep y Colciencias, entre otros, sirve para entender las dinámicas de nacimiento de municipios como Valle del Guamués, San Miguel, Puerto Caicedo y Puerto Guzmán, todos surgidos bajo el toldo de Puerto Asís como “capital” del Bajo Putumayo. Antes fue la bonanza petrolera entre 1964 y 1978 que llevó a un crecimiento de la población de casi 500%. Y luego llegó el auge cocalero que se convirtió en una costumbre con los altibajos que han traído las fumigaciones, los conflictos, las pirámides y los dueños sucesivos. Una de las tesis que sostiene el libro es que, a pesar de su economía ilegal, las comunidades no han rehuido ni rechazado al Estado y desde la década del noventa los pobladores buscaron, incluso enfrentando a las Farc, la llegada del Estado central con el intento de que sus pueblos fueran declarados municipios.
El gobierno, como siempre, lo hizo con lustre sobre el papel y con desgano sobre el terreno. Esto decía el decreto de la fundación del Valle del Guamués en 1985, cerca de un año después de la llegada de Rodríguez Gacha a la zona para levantar su gran entable llamado El Azul: “…el Gobierno Nacional desea atender las justas peticiones de una comunidad caracterizada por su laboriosidad, espíritu cívico y voluntad de progreso encuentra de alta conveniencia que La Hormiga (Valle del Guamués) centro vital y agrícola destacado del Putumayo, obtenga los beneficios de régimen administrativo municipal”.
En 1994 llegaría el turno municipal para San Miguel (La Dorada). El primer alcalde encargado llegó con los voladores, la fila de los niños estrenando, la bienvenida de la inspectora de policía y una casa arrendada por los comerciantes para su despacho. Henri Benavides, el primer alcalde electo, hijo de un pionero asesinado por las Farc que se oponían al aterrizaje del Estado, recuerda su primer día de ejercicio: “…Ya no había papelería, ni muebles, ni absolutamente nada, no había ni donde sentarse. Me senté en el piso, asustado. Yo sentía que era una responsabilidad muy dura, estaba temeroso de las leyes…”
Antes que el Estado la coca dio para las primeras plantas eléctricas, aljibes y trochas. Antes que el ejército los capos impusieron sus reglas, luego llegaron las Farc, quienes al mismo tiempo que desterraban a los intermediarios daban algo de protección a los cultivadores. Con las marchas cocaleras de 1996 llegaron los paramilitares y las Farc cambiaron la protección por el veto a las iniciativas políticas de los líderes cocaleros. Más tarde el Estado se comprometió a soltar las regalías y seguir mirando desde arriba. Los partidos, el Liberal sobre todo, llevaron a sus candidatos y el voto se convirtió en un débil salvoconducto legal. Una obligación para demostrar una voluntad de “derrotar las otras leyes”. Una mujer con certificado electoral lo dice muy claro: “Entonces uno dice ¿Pero qué es lo que les hace falta a los hijos de uno? Mis hijos tienen tarjeta de identidad, mis hijos tienen los papeles ¿entonces? Entonces uno dice, ‘no, pues el voto’. Uno tiene que votar a ver qué más le dicen después”.