martes, 25 de abril de 2017

Universidad de cartón




Las ínfulas son siempre el camino más corto hasta el ridículo. Y los gobernantes son los peregrinos más usuales de esa ruta trillada entre la grandilocuencia y la caricatura. Entre nosotros Luis Pérez Gutiérrez es un exponente paradigmático de la distancia entre los anuncios teatrales y lujosos y las ejecuciones lánguidas y retocadas. El lema de su gobierno, Antioquia piensa en grande, solo sirve como contraste para ver la minucia de sus logros y la mezquindad de sus actuaciones.
Hasta hace unos días poco se hablaba de los proyectos educativos de la gobernación de Antioquia. Los anuncios del primer año se habían convertido en propósitos relegados. Pero para eso está la Asamblea y sus debates estrafalarios. El diputado José Luis Noreña ventiló hace una semana los compromisos de la administración para “colocar” porteros, secretarias, administrativos y otras arandelas de la burocracia educativa como cuotas de los diputados. Eran apenas ochenta “plazas” por diputado, porque Antioquia piensa en sí misma.
Esa bonita anécdota hace que valga la pena darle una mirada a uno de los programas bandera de la administración Luis Pérez en temas de educación. La Universidad Digital se mostró desde el comienzo del 2016 como una revolución en camino. Realidades virtuales son la especialidad del gobernador. Al comienzo se habló del concurso de grandes universidades del mundo en el programa. Juan Pablo Durán, gerente de proyectos especiales de la gobernación quién estuvo al frente de la Universidad Digital en los primeros meses, alcanzó a decir: “Las iniciativas del Gobernador son de tal envergadura, que necesitan el trabajo mancomunado de toda Colombia, el concierto de grandes inversiones nacionales e internacionales, y la colaboración de las mejores universidades de Colombia y del mundo…” De MIT, Harvard y otras mencionadas el año pasado hoy no quedan rastros y no se logró pasar de una de las hoy famosas visitas de pasillo.
Se dijo también en un comienzo que la universidad tendría 100.000 estudiantes, siete registros de programas propios, una sede lista en los antiguos terrenos de Telemedellín, una inversión cercana a 163.000 millones de pesos, un costo de un dólar por curso que garantizaría gran cobertura y el apoyo del gobierno nacional, la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional. Grandes instituciones a falta de las eminencias extranjeras.
Hoy en día se sabe que la gobernación tiene un convenio marco con el Ministerio de Educación, o sea una carta general de buenas intenciones. Que ha invertido 10.000 millones de pesos en un estudio de viabilidad financiera que considera confidencial y está en manos del ministerio desde septiembre pasado. Tiene además el apoyo solitario del Tecnológico de Antioquia más por temas políticos que académicos. Y por supuesto la desconfianza de la Universidad de Antioquia que ha logrado cuatro registros en su trabajo de diez años con su programa Ude@. Por la planta física le preguntó el ministerio en octubre y no hubo respuesta. Sobre los registros propios no se conocen ni siquiera los nombres de los programas. Cuando se les preguntó cómo era eso del dólar por curso, respondieron que no correspondía a la “proyección financiera” sino a una “ejemplificación” para mostrar la “gran accesibilidad”. Espero que dicten español en la Universidad Virtual. La disculpa cantada será que los pares del ministerio no les quieren aprobar sus cursos y pronto veremos la pataleta del gobernador por los problemas de su universidad de cartón. Pero algo grande hay que mostrar. Miles de tabletas que le acaba de entregar el presidente Santos para que al menos haya con que jugar mientras tanto.


martes, 18 de abril de 2017

Adictos al miedo





A los policías no les interesa la letra del código recién aprobado, no se ponen con leguleyadas, les basta y les sobra el brillo renovado de su herramienta, el temor de los ciudadanos, las cifras de las multas y la jaula abierta de sus patrullas. El código de policía no se diferencia en nada al arma de dotación o al bolillo de rigor, una simple herramienta de intimidación. En las últimas semanas he visto repetirse la escena en la que un policía le suelta su compañero canino a un grupo de jóvenes que conversan en un parque. Es una nueva manera de elegir quienes pueden sentarse en el espacio público y quienes no. El policía suelta su perro husmeador como si se tratara de una escena de caza y lo que sigue puede ser una algarabía de ladridos, giros desesperados, brincos y chillidos acompañados de risas de amigos y curiosos.
Una de las cacerías que vi hace unos días terminó con un joven camino a la patrulla para ser requisado in extremis. No había droga alguna pero el humo de un bareto previo, según la confesión temblorosa del detenido, había hecho que el perro se engolosinara. El policía amenazaba al joven con llevarlo a la estación cercana o, si estaba de buenas, sacarlo del parque. A pesar de que tenía el tufo de tres cervezas prohibidas en el espacio público me dio por asumir el torpe papel de defensor de oficio.  Cuando le mencioné al policía la expresión “dosis personal”, se excito un poco más que su perro con el ensolve del recién detenido. “¿Quién le dijo a usted que eso existe? Si lo quiero detener, lo detengo. Y usted váyase de aquí que está tomando cerveza”, me dijo mientras amenazaba con su bolillo. Como mi defendido me rogaba que me callara y yo no pretendía estrenar el código, me fui con una simple despedida que comparaba amistosamente al agente con su compañero de caza.
Revertir la autonomía personal que consagró la Corte Constitucional en su sentencia de 1994 ha sido una de las grandes obsesiones de sucesivos gobiernos. Lo propusieron Gaviria y Samper en su momento, lo intentó Uribe en cuatro ocasiones -un verdadero adicto a cárceles y tribunales para los consumidores- vía leyes y referendo hasta lograr una victoria de papel en 2009. Una prohibición constitucional al porte y consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, sin la posibilidad de sanciones más allá de medidas administrativas de orden preventivo o profiláctico que sean aceptadas por el consumidor. Mucho menos que los tribunales médicos que proponía Uribe para imponer tratamientos muy al estilo de sus amigos soviéticos en los años cuarenta. Ahora, las medidas “preventivas y profilácticas” las toman los policías según su gusto, su genio y la docilidad de su “paciente”. No importa que la Corte Suprema haya hablado de “dosis de aprovisionamiento” para amparar el derecho de los consumidores a portar incluso una cantidad superior a la dosis mínima, entendiendo que se puede comprar para el consumo de una semana o un mes. Esas son discusiones de magistrados, para la calle está el código de arbitrariedades de todos los días.

Mientras en Estados Unidos cerca de setenta millones de personas pueden hoy consumir marihuana con fines recreativos de manera legal, mientras hace unos días su secretario de seguridad Jhon Kelly dijo que la “marihuana no es un factor clave en la guerra contra las drogas” y que la solución no llegará arrestando a los usuarios; en Colombia, que se llena la boca hablando de nuevo enfoque en el tema de drogas y firmó un decreto sobre uso medicinal de la marihuana hace unos días, se busca que el desacato a la constitución y la violación sistemática de los derechos de los consumidores se conviertan en una regla de facto, una costumbre del miedo, una ejemplarizante rutina policial. 

martes, 11 de abril de 2017

Discurso y conciertos








Es normal que los mandatarios busquen fijar por lo bajo el nivel de la discusión pública. A ningún gobierno le sirve la mirada escéptica e informada de la opinión sobre sus números, sus intenciones y sus logros. Poner el foco sobre las palabras y la oscuridad sobre las actuaciones suele ser una de las prácticas preferidas de los gobernantes, convertidos entonces en voceros de causas leves e incuestionables, en discurseros de los sentires mayoritarios y protagonistas de los impulsos más sensibleros. Alcaldes y gobernadores se dedican entonces a un pregón cercano a la autoayuda, aunque esta vez con tintes un poco más egoístas: ayudarle a la imagen propia mientras venden un alegato paternal y condescendiente.
En Antioquia hemos tenido siempre un déficit de escrutinio público sobre nuestros dirigentes: el excesivo regionalismo, una mediana fortaleza institucional, una situación fiscal privilegiada por superávit de algunas empresas públicas, una buena calificación histórica en temas de servicios públicos, entre otras razones, han hecho que cada cuatro años nuestros alcaldes y gobernadores saquen pecho con sus resultados en distintas encuestas de opinión. Mientras los ciudadanos celebran detrás. Parece que como electores hemos superado en alguna medida esa etapa infantil según la cual un acudiente nos debe señalar hacia quién debemos dirigir nuestro voto. Se demostró con las intenciones paternas de Uribe y sus derrotas sonoras en las elecciones locales y regionales de octubre de 2015. Sin embargo, una vez hecha la elección continúa nuestra deficiencia de escrutinio y deliberación pública. A diferencia de los excesos de guerra política que sufre Bogotá, Medellín y Antioquia viven una especie de silencio ciudadano, algo parecido a la actitud del discreto invitado que no quiere avergonzar los esfuerzos de su anfitrión.
Las recientes polémicas públicas a las que estuvieron ligados el alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia muestran muy bien el nivel de nuestra discusión pública. El alcalde estuvo dedicado por cuarta o quinta vez a cuestionar los modales y los modelos de virtud de los cantantes que visitan la ciudad. En esta ocasión le correspondió el regaño al rapero Wiz Khalifa por su visita humeante a la tumba de Pablo Escobar. Federico Gutiérrez se ha empeñado en liderar el “Bloque de Búsqueda” contra la leyenda del capo mafioso. Es cierto que hay que repetir las veces que sea necesario la tragedia que vivió la ciudad luchando una guerra impuesta, que supuso enemigos desmesurados e invirtió costumbres y signos sociales, pero eso no es posible con los vetos y la cantaleta. El mito mafioso será parte de la ciudad y se debe asimilar con el orgullo de quien ha resistido una avalancha. Tal vez sea más útil mirar con mayor atención nuestro museo de la memoria, entender el orgullo de algunos barrios, canalizar algunas resistencias. Pero lo que de verdad es urgente, es pensar en la violencia homicida contra los jóvenes, un indicador que Medellín no ha sido capaz de mejorar a la altura de su jactancia de ciudad redimida.
Por parte del gobernador el último gran debate no surgió de la cantaleta contra un rapero sino de la excitación frente a un reguetonero. Lo de Luis Pérez no es un arrebato moral sino una necesidad farandulera. Pérez tiene una debilidad por los divos y las marcas de revistas para mujeres. Sabe que no tiene nada qué aportar al debate público, solo debe huirle mientras trama algún negocio privado. Se dedica entonces a apuntar contra el proceso de paz y el presidente Santos (fue su gerente de campaña en Antioquia), mostrarse firme ante una figura repudiada en su departamento es su sencillo juego. Se ha convertido en comentarista con membrete de La Alpujarra y origen en Llanogrande.
Ni siquiera como reseñistas musicales clasifican nuestros mandatarios, más dedicados a las notas leves tras los conciertos y a las entrevistas de camerino.



martes, 4 de abril de 2017

Política sombría



Todos los días vemos el repudio que generan los partidos políticos, la indignación frente al comportamiento de algunos de sus miembros, la rechifla permanente a sus comentarios, ideas y decisiones. Los partidos que hace apenas treinta años marcaban los comportamientos políticos y sociales de muchas familias, incluso definían el círculo de sus amistades y sus reglas de comportamiento, hoy son apenas pequeños clanes clientelistas. Y los nuevos partidos son sobre todo franquicias para el menudeo electoral. Pareciera que la sociedad se alejó definitivamente de las tramoyas partidistas, más cercanas hoy a los pleitos contables que a las disputas ideológicas.
Sin embargo, las noticias, los enfrentamientos ciudadanos, las discusiones familiares y los debates públicos siguen todavía el hilo de los políticos y sus rencillas. Puede que ya no valga el trapo rojo ni las peroratas conservadoras, y que las diferencias de fondo se hayan ido borrando y aparezcan señoras liberales agitando algunos dogmas cruzados, y que los partidos hagan transacciones, cambios de equipo, entre sus mandos medios como las hacen los equipos de cualquier liga futbolera, pero los políticos han sabido mantenerse por encima de sus maquinarias cada vez más ocultas y más inútiles al pensamiento.
La estrategia es casi siempre la descalificación. Una política reactiva que no busca las ideas sino los señalamientos, que no quiere adversarios sino enemigos, que se para en los extremos para generar rabia y crispación. Las fuerzas de esa política están inspiradas sobre todo en la histeria, la ignorancia, el odio y el miedo. De modo que muchos ciudadanos terminan adscritos a un partido, casi siempre al simple logo de un caudillo, mientras parecen convencidos de rechazar la política como un mal general. Los triunfos electorales se han convertido en sinónimo de venganza y los políticos han terminado por simplificar los debates, falsear las disyuntivas y poner tras de cada decisión pública una leyenda terrible acerca de sus enemigos. La política es ahora una nueva forma de la imaginación grotesca y los delirios de persecución.
Es cierto que la política nunca ha sido afecta a la verdad ni a los matices, pero la versión más reciente ha terminado por arrastrar a casi todos los actores sociales a sus terrenos, ha pretendido convertir al periodismo, a los académicos, a los empresarios y a los religiosos en unos nuevos partidarios o enemigos. La confusión generalizada es una de sus nuevas ganancias. Todas las voces se han puesto bajo el rasero de sus intereses, las ofensas cruzadas llevan cada vez más público hacia las peores orillas, hacia las mentiras que más causan indignación, hacia las teorías de la conspiración, hacia las barras bravas ideológicas y los dogmatismos más ciegos.
Por esa vía, el ámbito que más desconfianza y rechazo social genera ha logrado guiar el debate público durante los últimos años. Las declaraciones de los políticos marcan el inicio de los peores ruidos, inician las discusiones desde las premisas más alejadas de la realidad y llevan a conclusiones que solo sirven a las victorias electorales. Mientras más creemos alejarnos de la política, más nos aprietan el nudo con sus recriminaciones, sus chismes y sus sombríos pronósticos.


miércoles, 29 de marzo de 2017

Cerrar las ventanas






El aire en Medellín significa una pesadilla para los colegiales impensable en mis tiempos de bachillerato. Hoy muchos colegios en la ciudad deben cancelar las clases de educación física y los torneos interclases por las alarmas de los institutos meteorológicos. El cambio del partido de fútbol por una hora de biblioteca bien merecería un levantamiento estudiantil. Pero la mayoría de quienes vamos en los 600.000 vehículos particulares hemos asumido que la solución es cerrar las ventanillas. Y quienes van en las 700.000 motos se contentan con cubrirse los ojos y subir el volumen a sus audífonos. No importa que el 45% de los ciudadanos, sobre todo quienes se mueven en transporte particular, diga que se demora más tiempo en sus trayectos que el año anterior.
Apenas un 22% de los habitantes de Medellín se movilizan en transporte particular, carros o motos, pero son estos los encargados de propiciar el ruido de las recriminaciones mutuas. El número de los ciudadanos que se mueven en transporte público está estancado hace 4 años. Por capacidad, Metro y Metrocable no logran mover más del 20% de pasajeros diarios; Metroplus, esa especie de caracol urbano, no llega al 5% mientras las motos han doblado sus usuarios en una década. Los buses tradicionales que perdieron usuarios a comienzos de esta década parece lograron estabilizarse y siguen siendo líderes con el 30% de los ciudadanos en sus trayectos habituales. Los más obsoletos son los líderes del mercado. Viendo las cifras no queda más que preguntarse por nuestros proyectos para las postales sobre ciudad sostenible. El tranvía de Ayacucho que costó más de 700.000 millones de pesos, incluidos los dos cables que lo llevan hasta la ladera oriental, mueve hoy 35.000 pasajeros diarios. Comparable con el torniquete de las atracciones del Parque Norte en un buen fin de semana.
Pero según parece la administración todavía les come cuento a los llantos de Fenalco. Cada año los gremios nos entregan la cifra de carros vendidos en el país como un indicador de crecimiento y salud de la economía. Cuando el número baja de 300.000 nos dicen que es hora de prender las alarmas. La ciudad les tiene temor a los parqueaderos vacíos en los centros comerciales y los supermercados. Se habla de problemas ambientales y el carrito del supermercado aparece como pieza principal en el debate.  Los indicadores de calidad del aire muestran claros riegos para la salud, menos fumadores y más pacientes por enfermedades respiratorias agudas. La tasa de niños menores de 5 años muertos por cada 100.000 a causa de estas dolencias se ha multiplicado por tres en los últimos 10 años. Pero una semana de restricciones para carros y motos es más de lo que los propietarios pueden soportar, y la administración les tiene un temor reverencial a las tendencias en las redes sociales.

Poco a poco Medellín será el territorio de quienes no pueden pagar su huida hacia las alturas del oriente, Santa Elena o San Félix. Desde arriba los nuevos habitantes de los segundos pisos mirarán con algo de conmiseración a los ciudadanos de la ciudad que reverbera en ese fondo gris. Bajarán en carro cuando el trámite de un certificado ambiental los obligue. 

miércoles, 22 de marzo de 2017

Repúblicas cocaleras






El monitoreo satelital de cultivos ilícitos nos acostumbró a la curiosidad entre las nubes que solo busca el verde encendido de la hoja de coca y cuenta hectáreas para arrojar una cifra cada año. Una cifra que es sobre todo una prueba de conducta frente a las exigencias de los Estados Unidos. El satélite, la avioneta de fumigación y el código penal son las tres aproximaciones básicas a los territorios cocaleros en Colombia. Sin embargo, durante cuarenta años la coca ha sido el insumo básico para la creación de comunidad y Estado en muchos de los territorios donde han cambiado los dueños, los intermediarios y las cifras de producción, pero no la lógica de los colonos más pobres ni la economía ilegal de subsistencia. Porque la realidad puede ser más terca que el veneno.
Un libro de María Clara Torres publicado en 2011 por el Cinep y Colciencias, entre otros, sirve para entender las dinámicas de nacimiento de municipios como Valle del Guamués, San Miguel, Puerto Caicedo y Puerto Guzmán, todos surgidos bajo el toldo de Puerto Asís como “capital” del Bajo Putumayo. Antes fue la bonanza petrolera entre 1964 y 1978 que llevó a un crecimiento de la población de casi 500%. Y luego llegó el auge cocalero que se convirtió en una costumbre con los altibajos que han traído las fumigaciones, los conflictos, las pirámides y los dueños sucesivos. Una de las tesis que sostiene el libro es que, a pesar de su economía ilegal, las comunidades no han rehuido ni rechazado al Estado y desde la década del noventa los pobladores buscaron, incluso enfrentando a las Farc, la llegada del Estado central con el intento de que sus pueblos fueran declarados municipios.
El gobierno, como siempre, lo hizo con lustre sobre el papel y con desgano sobre el terreno. Esto decía el decreto de la fundación del Valle del Guamués en 1985, cerca de un año después de la llegada de Rodríguez Gacha a la zona para levantar su gran entable llamado El Azul: “…el Gobierno Nacional desea atender las justas peticiones de una comunidad caracterizada por su laboriosidad, espíritu cívico y voluntad de progreso encuentra de alta conveniencia que La Hormiga (Valle del Guamués) centro vital y agrícola destacado del Putumayo, obtenga los beneficios de régimen administrativo municipal”.
En 1994 llegaría el turno municipal para San Miguel (La Dorada). El primer alcalde encargado llegó con los voladores, la fila de los niños estrenando, la bienvenida de la inspectora de policía y una casa arrendada por los comerciantes para su despacho. Henri Benavides, el primer alcalde electo, hijo de un pionero asesinado por las Farc que se oponían al aterrizaje del Estado, recuerda su primer día de ejercicio: “…Ya no había papelería, ni muebles, ni absolutamente nada, no había ni donde sentarse. Me senté en el piso, asustado. Yo sentía que era una responsabilidad muy dura, estaba temeroso de las leyes…”
Antes que el Estado la coca dio para las primeras plantas eléctricas, aljibes y trochas. Antes que el ejército los capos impusieron sus reglas, luego llegaron las Farc, quienes al mismo tiempo que desterraban a los intermediarios daban algo de protección a los cultivadores. Con las marchas cocaleras de 1996 llegaron los paramilitares y las Farc cambiaron la protección por el veto a las iniciativas políticas de los líderes cocaleros. Más tarde el Estado se comprometió a soltar las regalías y seguir mirando desde arriba. Los partidos, el Liberal sobre todo, llevaron a sus candidatos y el voto se convirtió en un débil salvoconducto legal. Una obligación para demostrar una voluntad de “derrotar las otras leyes”. Una mujer con certificado electoral lo dice muy claro: “Entonces uno dice ¿Pero qué es lo que les hace falta a los hijos de uno? Mis hijos tienen tarjeta de identidad, mis hijos tienen los papeles ¿entonces? Entonces uno dice, ‘no, pues el voto’. Uno tiene que votar a ver qué más le dicen después”.




martes, 14 de marzo de 2017

Política de campamento







La escena inaceptable para muchos de los críticos y enemigos del proceso con las Farc es la de Timochenko o Santrich exhibiendo sus dogmas, mezcla de comunicados desde las montañas y grafitis viejos, en el escenario azaroso del Congreso. No se puede negar que la retórica del secretariado es impotable y que veremos más justificaciones que gestos de contrición. Pero esa participación en política es más una especie de simbolismo que un ejercicio cierto de poder e influencia sobre las decisiones públicas. Las Farc serán marginales en el Congreso y la máquina de tedio, intrigas y desprestigio los irá moliendo poco a poco. En últimas, para los guerrilleros recién llegados será un difícil proceso de reinserción, no exento de algo de castigo por la animadversión y los señalamientos que encontrarán a cada paso.
La política de riesgos verdaderos ejercida por parte de una guerrilla recién desmovilizada y con un catálogo de condiciones bajo el brazo para el gobierno, estará en los alrededores de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN). Lo primero es que las Farc pretenden convertir los campamentos de ocasión en vivienda permanente y circunscripción política. Lo segundo es que las veredas donde están hoy son puntos altamente inflamables, con cultivos de coca y minería ilegal en los alrededores, con el merodeo permanente de grupos ilegales, con una muy precaria presencia del Estado y una desconfianza histórica de los pobladores en autoridades locales y nacionales. Así como los jefes de las Farc serán mosco en leche ante los grifos del capitolio, los funcionarios seguirán siendo intrusos con intensiones dobles en los territorios históricos del conflicto.
El riesgo es que las Farc se conviertan en una especie de intermediario privilegiado de muchos de los conflictos sociales en las zonas más pobres y complejas del campo colombiano. Un tramitador que servirá como escudo y punta de lanza, que organizará los paros y redactará las peticiones, que meterá presión con los bloqueos y las capuchas en las carreteras y agendará las citas con las corbatas en la Casa de Nariño. Es la política que de verdad saben hacer y podrá traer algo más que desórdenes.
Lo que ha pasado en algunas ZVTN muestra que hacia allá van las cosas. Hace unos días los mineros de Segovia y Remedios bloquearon la entrada a la zona de Carrizal en Antioquia. Más de diez mil mineros trabajan en condiciones de informalidad o ilegalidad en los dos municipios y han encontrado en las Farc un aliado estratégico para negociar sus peticiones y su proceso de formalización. Dicen los mineros que desde agosto de 2016 el gobierno se comprometió a “no torpedear la actividad económica y social de las comunidades que estaban ubicadas cerca a las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN)” ¿Crece el componente de los acuerdos? Los mineros piden además que se implemente el Desarrollo Rural con Enfoque Territorial. Incluso señalan que la mención de participación del ELN en el bloqueo por parte de algunos funcionarios estaría violando las reglas del Cese al Fuego Bilateral y definitivo.  Mientras tanto el ELN se frota las manos. Algo similar pasó en el Catatumbo con la llegada a Caño Indio donde Ascamcat, asociación cercana a las Farc, al parecer quiere el monopolio de la atención y los recursos del Estado.
Las Farc hablaron toda la vida de igualdad, pero no dudarán en ejercer sus privilegios luego de la negociación, en convertir sus oficinas en las ZVTN en despachos con prácticas clientelistas, en alborotar avisperos y cobrar cabildeos. Muchos riesgos detrás de esos cambuches como despachos.




martes, 7 de marzo de 2017

Conjuro literario




Es difícil saber si en 2004, cuando publicó su novela La conjura contra América, Philip Roth pensaba como agorero o como historiador. Si simplemente quería rescatar un capitulo norteamericano previo a la Segunda Guerra Mundial cuando los simpatizantes nazis gritaban “America first” y señalaban a los judíos belicistas que querían llevar al país a una guerra europea; o si como un prestidigitador frente al techado trazó las líneas entre los vuelos heroicos de Charles A. Lindbergh, vocero del comité Estados Unidos Primero, y los recorridos de campaña de Donald J. Trump.
En la novela, un triunfo inesperado de Lindbergh sobre F. D. Roosevelt en las elecciones de 1940 hace que comience a rodar un nacionalismo agresivo y un rumor ronco de odio contra judíos y otras minorías.  Sea lo que sea la novela ha resultado un pálpito asombroso, un anticipo profundo e íntimo de las noticias que se publican a diario trece años más tarde de la aparición del libro. El retrato de una familia judía de clase a medias a la que un apellido se le convierte en una especie de hechizo maligno, una palabra como un conjuro suficiente para que el papá pierda la cabeza, la mamá pierda la seguridad, el hermano mayor pierda la devoción por sus padres y el hermano menor pierda sus ídolos y sus escazas certezas de infancia: “¡Aquel nombre de nuevo…! Habría preferido oír la explosión de una bomba que tener que oír una vez más el nombre que nos atormentaba a todos nosotros”. La frase la dice el menor de la familia, un niño de siete años acostumbrado a oír los discursos de Lindbergh, desde los radios de todas las casas del barrio judío, como si fueran el primer asalto de una emboscada.
El temor de las familias inmigrantes ante el discurso de Trump, las cien amenazas falsas de bombas contra escuelas y centros judíos en lo corrido del año en Estados Unidos, los ataques contra dos cementerios judíos, las arbitrariedades oficiales contra residentes legales de siete países árabes, el discurso del odio y la desconfianza que se propaga con facilidad en un país que decía enarbolar una llama para alumbrar en la oscuridad, y ahora la usa para incendiar y prender las mechas disponibles de la discriminación.
El libro de Roth tiene una escena dolorosa de la familia visitando los grandes monumentos y edificios oficiales en la capital, rindiendo homenaje a Lincoln y haciendo reverencias ante Washington. Luego de esas visitas conmovedoras la familia regresa al hotel y descubre que han sacado sus maletas al lobby alegando que la habitación donde los habían acomodado tenía una reserva previa. Todo con una amabilidad áspera que no pretende disimular del todo la discriminación. El padre evocó ante el hombre del mostrador una frase de un discurso de Lincoln que acaba de ver labrada sobre mármol: “Todos los hombres han sido creados iguales”, y los “espectadores” del pequeño incidente soltaron una risita burlona. La familia terminó en otro hotel empujada por la policía mientras la madre solo pudo decir que ya no vivían en un país normal, que nunca volverían a vivir en una casa normal.
Para Lindbergh, el verdadero y el de la novela, el gran peligro para su país era la influencia de la industria cinematográfica, la prensa, la radio y el gobierno de Washington. Sus sobrevuelos eran inspiradores, un sobrevuelo conmemorativo para los americanos de sangre europea y un bombardeo contra la “disolución de las razas extranjeras”. Sus palabras podrían ser un trino del siglo XXI: “Una fuerza demasiado grande para que las potencias extranjeras la desafíen, una muralla occidental de raza y armas que pueda frenar tanto a Genghis Khan como a una infiltración de sangre inferior…”



martes, 28 de febrero de 2017

Revolución de mercado





Hace cerca de diez años un hombre cambió la manera de cobrar, prestar y pagar en el sur del país con sus simples iniciales en avisos luminosos. DMG apareció en el sur como una noticia de la normalidad económica y el progreso. No más cadenas de oro empeñadas, llegaba el fin de vender el sueldo a los usureros mientras el patrón Estado o privado pagaba, se cambiaban los modales toscos de los prestamistas enfierrados por la sonrisa de una taquillera vestida como auxiliar de Flota Magdalena. Todo terminó con el fugaz magnate en una celda en Estados Unidos y el estallido de una pequeña burbuja en la tierra de las caletas y la plata en rama.
Luego del acuerdo con las Farc los departamentos de Putumayo, Caquetá, Guaviare, el pacífico nariñense y otras “lejanías” vivirán sin duda una mudanza económica. El efectivo de la ilegalidad buscará cauces seguros, llegarán inversionistas antes agazapados, vendrán nuevas oportunidades y nuevos ricos. Hace unos meses el presidente Santos habló de 13.000 folios en la Fiscalía donde se mencionan empresas con relaciones con las Farc. Camilo Chaparro y Eccehomo Cetina dicen en su libro El Dorado de las Farc que los hijos de los comandantes históricos, con formación y ambiciones distintas a la revolución, serán claves en el manejo de los “ahorros” propios y colectivos. El gobierno habla de la llegada de Estado y mercado a los municipios donde por décadas se desarrolló el conflicto, y es muy factible que tanto el Estado como el mercado lleguen ligados a la estructura de la guerrilla convertida en partido político y organización social. La revolución en esa Colombia tantos años invisible por la desidia y el veto de la violencia, llegará más de la mano del capitalismo a la vista que de la utopía armada y las monsergas del PC3. En últimas, la moto y el celular eran el gran anzuelo de los comunistas para los jóvenes en el Cauca o el Caquetá.
Esta semana leí una respuesta de Ibsen Martínez, escritor y comentarista venezolano que vive desde hace unos años en Bogotá, a la pregunta de los posibles cambios en Colombia una vez se consolidé el proceso de paz. Martínez describe una pequeña escena que en Colombia no ha pasado por muchas imaginaciones muy mientras discutimos la Justicia Especial para la Paz y el estado de los cambuches en las zonas veredales: “…El hemisferio cínico de mi cerebro me dice que buena parte del secretariado y de la cúpula política de esa guerrilla no está tan interesada en hacer política electoral, parlamentaria, como en vincularse a la vida económica de la Colombia que viene. (…) Estoy entre los que piensan que asistiremos muy pronto a una revolución en Colombia cuando veamos algo que nunca antes se había visto, un oligarca sentado al lado de un ex comandante guerrillero en la directiva de una central hidroeléctrica en el Putumayo. Y, curiosamente, a ese ex guerrillero no lo veremos lanzarse como candidato a senador. Las FARC, después de los acuerdos, tienen un papel muy importante que jugar en ese mundo feudal que hoy coexiste con una Colombia moderna y sofisticada.”
Más allá de las consideraciones morales, los castigos penales y las obligaciones transicionales, la integración social y económica de las Farc y sus bases serán una de las claves del éxito de los acuerdos en cerca de 200 municipios colombianos. No será una transición fácil, ojalá no sea un cruento cruce de cuentas, y ojalá, como remata Ibsen Martínez, sea un factor de modernización para esa Colombia aturdida y lejana.




martes, 21 de febrero de 2017

Desconcierto






La invitación, algo clandestina, llegó con la vibración disimulada de los teléfonos celulares. El aviso decía “Recital de órgano a cargo de Maude Gratton, música invitada de la orquesta de los Campos Elíseos. Catedral Metropolitana, Domingo 3:00 P.M.”. Una oportunidad para visitar la frescura de la Catedral en compañía del bajo profundo y los silbidos de las más de tres mil flautas del órgano inaugurado en 1933. En su momento el armatoste llegó con su “tutor”, un alemán de apellido Binder que terminó de mecánico celestial en iglesias de Medellín y Bogotá. El órgano es por sí solo una pequeña iglesia sonora en lo alto de la Catedral.
El paseo dominguero prometía un viaje de nostalgia a las curtidas majestades del Parque Bolívar. Bajando desde la Oriental hacia el atrio se prendieron las alarmas. Una banda de guerra de la policía esperaba en las escaleras de la iglesia y había cientos de agentes en las calles aledañas, unos en actitud vigilante, fusil terciado y mirada recia, unos más con la cabeza gacha, otros pensativos con el quepis de gala en la mano. El carro mortuorio con sus fauces abiertas no dejó duda del rito fúnebre que habíamos encontrado cuando íbamos en busca de una tarde beatífica a falta del partido del domingo. En la acera un policía nos dio el primer parte del crimen en un tono que parecía más el de un amigo dolido que el de un oficial: “El viernes pasado mataron a un agente en Villatina, la comunidad los requirió y los recibieron a tiros. Muy verraco esto, ver llorando a la niña de ocho años del agente Herrera…”
Seguimos hacia La Catedral pensando en los tiempos en que los policías caían en Medellín sin dar tiempo a las misas ni a los homenajes, con apenas horas suficientes para el trámite forense y una bendición desordenada. En 1990 llegaron a morir asesinados, con uniforme o en la civil, 97 policías en apenas tres meses. En las afueras de la mole de ladrillo nos protegíamos del sol y el golpe de realidad muchos de los asistentes al concierto de órgano. Estábamos en medio de las esquinas berrinchosas sin saber si unirnos al cortejo, esperar el fin de la misa solemne o abandonar el plan dominical. Habíamos pasado de las expectativas de Johann Sebastian Bach a las realidades de alias ‘Sebastián’ o ‘Douglas’ o ‘Diego Chamizo’. El Parque había adquirido de nuevo su aire pútrido con una fuente lamosa y un olor lejano a marihuana. Los policías sacaron el cajón con su compañero y los asistentes al concierto entramos entre avergonzados y aliviados.
Un policía asesinado se ha vuelto un evento inusual en Medellín. La muerte del agente Juan Carlos Herrera Londoño de 28 años deja ver los líos de la Comuna 8 en la ciudad. Dos combos, San Antonio y La Libertad, pelean por rentas de extorsión, microtráfico y venta ilegal de lotes en un sector declarado reserva. Combos respaldados por “franquicias” de La Terraza y Diego Chamizo, bandas que se han acostumbrado a una guerra soterrada, a marcar sus territorios y los de sus vecinos y que, incluso, se imponen multas por no cumplir los pactos de no agresión. Ahora se señalan unos a otros por la muerte del policía en un tiroteo que dejó además un civil muerto y tres heridos.

No hay duda de que Medellín ha mejorado en sus cifras de violencia y su presencia institucional. Pero de vez en cuando un golpe nos dice a las claras cómo viven una buena parte de sus habitantes, y quién manda en muchas laderas bajo el manto cotidiano de la anormalidad. El concierto terminó con aplauso cerrado de toda la concurrencia de cara al coro. Apenas un policía solitario decidió quedarse a oír el concierto. 


martes, 14 de febrero de 2017

Guerra política






La guerra de los políticos ha resultado más férrea y duradera que la guerra de los fusiles. Mientras guerrilleros y militares se dan la mano en las zonas de concentración y encuentran afinidades en sus caras, en sus gustos y sus tragedias luego de años de odio y plomo, algunos políticos intentan que sus diferencias, señalamientos y discursos sigan marcados por el conflicto armado. Temen perder la posibilidad de señalar a los rivales como enemigos, quieren incendiar un poco y que la gente siga verraca. Entre nosotros la política es la perpetuación de la guerra por otros medios. Tal vez sea un signo de nuestra historia de partidismo a muerte.
Hace poco decía Malcom Deas, hablando de nuestra violencia liberal-conservadora, que en “ningún otro lugar la movilización política fue tan prolongada ni involucró de manera tan comprometida a tan gran parte de la población…” Es posible que esa herencia nos lleve a la necesidad de elegir un bando político que muestra opciones sencillas, que simplifica y define al mundo con frases fáciles como “los buenos somos más”. Seguir acudiendo al adversario político más burdo, al que más rechazo y miedo genera, al más torpe y dogmático es solo un intento de supervivencia, una nostalgia frente a la política más elemental y un terror a enfrentar adversarios y problemas más complejos.
Luego de cinco años de ocupar por completo la discusión nacional, el proceso con las Farc ha dejado de ser un tema de interés para los medios y los ciudadanos. Al parecer, solo la crispación política hacía del proceso de negociación un hecho central en Colombia. También el cubrimiento de la guerra fue durante años el tema principal de la prensa que convirtió algunas expresiones macabras en lugares comunes. Al menos un lustro el tema principal de organizaciones civiles en las ciudades y de los titulares de prensa fueron los acuerdos humanitarios y movilizaciones frente a delitos como el secuestro. El conflicto y los pulsos políticos en torno a sus posibles soluciones fueron durante años el centro de todos los debates: bombardeos y elecciones, secuestros y reelecciones, ataques a estaciones de policía y estados de sitio, negociaciones y curules… Ahora que la concentración de las Farc es un hecho el proceso de paz ha perdido visibilidad e interés. Los acuerdos que supuestamente iban a generar la irrupción de un enemigo a muerte en las ciudades e iban a dejar la política en manos de criminales, ahora suceden demasiado lejos, son historias campesinas sin mucha capacidad para inspirar o indignar a los citadinos. En vísperas de los retos más importantes el proceso ha pasado a ser una maraña jurídica y una expectativa de tercer orden.

Y los pocos debates que aún sucita no están dedicados a pensar en el futuro que puede traer la desmovilización de las Farc en las regiones, en las amenazas que supone el final del control armado de la guerrilla y la posibilidad del ya conocido reciclaje criminal, en la manera como se pueden integrar un poco las ciudades intermedias y los municipios que vivieron el conflicto durante años, en la obligación de lograr por primera vez proyectos viables de sustitución de cultivos; al contrario, los políticos parecen empeñados en hacer retroceder el debate y la realidad, en volver sobre los temas resueltos, en empeñarse en el odio invocando la justicia, en convertir un proceso que involucra a miles de personas en un pulso entre los poderes electorales de unos cuentos. En caso de que ese sea el único escenario para que los medios y la ciudadanía vuelvan a mirar el cierre del conflicto, es preferible la silenciosa indiferencia. 


martes, 7 de febrero de 2017

Un sorbo de aire






Es una línea insignificante, casi inadvertida en medio de los 243 artículos de cantaleta, sanciones y atribuciones del nuevo código de policía que tiene como apellido la palabra convivencia, añadida como una forma de cinismo involuntario. El artículo 33 habla de los “comportamientos que afectan la tranquilidad y las relaciones respetuosas de las personas”, y desliza en el numeral segundo dichos comportamientos en el “espacio público, lugares abiertos al público, o que siendo privados trasciendan a lo público”. Y entre ellos está consumo de “sustancias alcohólicas, psicoactivas o prohibidas, no autorizadas para su consumo”. La vergonzosa redacción hace que parezca un chiste olvidado el recuerdo de ese honor que se le hizo a uno de nuestros próceres al llamarlo “El hombre de las leyes”. ¿Sustancia alcohólica? Así como hay unos químicamente buenos, hay otros químicamente brutos. Pero no vale la pena distraerse en la letra de los legisladores, dejemos eso para las demandas y los alegatos contra los policías en los parques.
Tal vez lo fundamental sea reseñar una medida que llama a la convivencia mientras la prohíbe. Que convierte en ley la tara moral que aún supone que es una ofensa tomar alcohol en público y pretende arrinconar a la gente, imponer un veto sobre los espacios comunes que ha ganado la ciudadanía por sí sola, por costumbre, por perseverancia, por el vicio de mirar al cielo y compartir al aire libre en un país donde cada año hay 100.000 denuncias por maltrato intrafamiliar, un país acostumbrado a la violencia de puertas para dentro. Veremos quién se cansa primero en los muros y las aceras.
Para los congresistas sentarse a tomar una cerveza en un parque es un atentado contra la tranquilidad y el respeto, no importa que unos artículos más adelante se permita ese mismo comportamiento, en espacio público, cuando se trata de “lugares habilitados para aglomeraciones”. Entiéndase eventos con un organizador y un patrocinador que necesitan cuadrar las cuentas y tienen permiso para vender alcohol. No importa que siempre implique más riesgo juntar a 5.000 o 10.000 personas bebiendo que soportar a los 100 o 200 espontáneos que llegan a tomarse unos tragos sin necesidad de un afiche y una boleta. En últimas, todo se reduce a que es posible beber en parques o vías públicas cuando hay taquilla y patrocinador, pero está prohibido para los bebedores por cuenta propia.
Se trata también de una forma sutil de discriminación. En España una ley parecida, aprobada hace año y medio para combatir lo que allá llaman el botellón, ha demostrado ser un mecanismo eficaz para la arbitrariedad. El periodista Julio Llamazares describió hace poco cómo se aplica por parte de los policías: “En España las leyes son como los perros, solo ladran a los pobres”. Y cuenta como los policías se encargan de multar a bolivianos o africanos mientras los españoles siguen sus rituales de botella y se ríen de unas multas imposibles de cobrar. Aquí habrá parques de parques y parches de parches.
En España nadie entiende que algunos pueden tomarse sus tragos al aire libre en terrazas de bares y restaurantes mientras a unos metros, en bancas y aceras, están prohibidas las mismas libaciones. Igual pasará en Colombia, los tenderos perderán su porción frente a los negocios de la copa y el mantel. También hay un desplazamiento económico detrás de esa ley para el respeto y la tranquilidad. Y lo más triste, los parques serán territorios de la sospecha. Solo sentarse será mal visto por los agentes. Florecerán los sótanos y las esquinas informales, se repetirá el estúpido juego entre contertulios y policías en los quicios de las plazas, y mientras tanto, los jíbaros, muchas veces socios de los hombres del orden, no perderán un centímetro. Ellos pagan la multa por adelantado.





martes, 31 de enero de 2017

Recién llegados




Abdulfatá Jandali llegó hace sesenta y cinco años a Estados Unidos desde la ciudad siria de Homs. Tenía la intención de estudiar ciencia política y convertirse en diplomático. Su padre era un rico agricultor dedicado a los cultivos de trigo y algodón en un país todavía bajo el signo de la servidumbre. Tenía 26 años cuando se graduó en la universidad de Wisconsin con una tesis que buscaba fórmulas para que los países de Oriente Próximo abandonaran el colonialismo. Además de su título universitario, su estadía en Madison dejó un hijo nacido en 1955 en San Francisco, California. Al parecer los prejuicios religiosos del padre de su novia, una joven católica llamada Joanne Schieble, hicieron que la pareja se distanciara y la madre decidiera dar su hijo en adopción.
En el 2005, luego de una vida silenciosa y nublada, Jandali se enteró de que ese hijo perdido en los años universitarios era uno de los hombres más brillantes y más ricos de los Estados Unidos: Steve Jobs. Ese padre escurridizo solo se atrevió a enviar unos correos tímidos con pequeñas líneas que son a la vez una disculpa y un gesto de admiración: “Espero que estés mejor de salud”, "Feliz cumpleaños". Luego de la muerte del padre reacio, Jandali y Joanne Schieble se casaron y tuvieron una hija. Pero al parecer Jandali tenía una inevitable vocación para la huida y muy pronto marcó su ruta hacia la universidad de Nevada donde fue profesor durante poco tiempo. Su hija, ya con un apellido ajeno a ese fantasma y convertida en la novelista Mona Simpson, hizo su correspondiente ajuste de cuentas en forma de libro: The lost father.
En los años setenta Jandali comienza a recorrer una especie de ruta inversa para un inmigrante que había tenido formación académica y vínculos laborales con algunas universidades. Se casó por segunda vez y abrió un pequeño restaurante en Reno como corresponde a la fábula común de miles de inmigrantes en Estados Unidos. Imposible no recordar que el abuelo de Donald Trump, quien llegó a Estados Unidos con dieciséis años desde un pueblito Bávaro llamado Kallstadt, se inauguró como empresario colgando un aviso que decía Arctic Restaurant & Hotel en las nieves de Yukon en Canadá. La fiebre del oro lo arrastró desde su primer oficio como peluquero en Nueva York hasta un local en Seattle y luego al extremo norte para ofrecer provocativas “habitaciones privadas” en su hotel que presumía de todo tipo de lujos para los mineros recién forrados.
Pero volvamos a Jandali y sus restaurantes de carretera en Nevada. Su segunda opción fue comprar un restaurante francés quebrado para venderlo luego de la restauración y ganar unos dólares. Había olvidado los sueños académicos y políticos sobre del Medio Oriente y ahora se dedicaba a satisfacer a sus clientes tras la puerta de su parador. Las paradojas quisieron que terminara como director del casino Boomtown a las afueras de Reno. Desde 1999 se convirtió en el jefe de alimentos y bebidas del casino. Ese hombre venido de siria con una conciencia política y religiosa terminó manejando una rueda de la fortuna de 400.000 dólares cada semana en las carreteras de Nevada. Su gran idea fue ofrecer un bufé ilimitado de langosta los fines de semana. Con eso logró frenar la estampida de clientes que iban hacia casinos indios más cercanos a sus casas. Las tenazas de Jandali terminaron marcando la gastronomía y la contabilidad de los casinos en Nevada. El mismo estado donde Trump peleaba hace dos años para que los trabajadores de sus casinos no conformaran un sindicato. Los inmigrantes marcan los surcos imprevistos de la genialidad, la competencia, la insignificancia, la soberbia. Basta dejarlos llegar.
 





martes, 24 de enero de 2017

Press-ti-tutes, press-ti-tutes





El 20 de enero de 2017 era su gran día, el momento de su desquite, de convertir en realidad las apoteosis de utilería a las que se acostumbró en los casinos y en la televisión. Era hora de mirar desde lo alto, de marcar el atril y repetir sus insolencias como gran jefe. Entonces, era necesaria una seña en el calendario: “Por eso, yo, Donald J. Trump, Presidente de los Estados Unidos de América, por la autoridad que me ha sido concedida por la Constitución y las leyes de los Estados Unidos, proclamo el 20 de enero, 2017, como día Nacional de Devoción Patriótica…”
Pero no faltan los aguafiestas. Y en el día supremo comenzaron a decir que su rebaño era menor al de otros ídolos y que su gala no era la de un predilecto sino la de un maldiciente, un blasfemo con suerte y dinero. Trump no resistió el agravio y envió a su jefe de prensa como avanzada contra el atrevimiento de los medios: “Frente a esa obsesión por deslegitimar a este presidente, no vamos a sentarnos y dejarlo pasar. Este gobierno va a luchar con dientes y uñas, todos los días, contra este intento de deslegitimar las elecciones ". Hablaba un nervioso Sean Spicer que tenía órdenes de mostrar los dientes. Defendió el aforo de su jefe como si se tratara del empresario de un cantante y dejó caer unas cuantas mentiras en medio del encargo: los usuarios del metro ese día en Washington, los datos de audiencia en televisión según Nielsen, las supuestas diferencias en el operativo de seguridad para la posesión... El presidente no quedó contento con la defensa y fue necesario el refuerzo de su asesora Kellyanne Conway, quien dejó todo muy claro con una expresión: “hechos alternativos”. El gobierno no miente, solo tiene un ojo distinto, de buen cubero, y unos hechos distintos y unos números disparejos. El vicepresidente Mike Pence lo advirtió durante la campaña: cuando Trump distorsiona la realidad "es porque él siente que lo que dice es verdad". Nos es su culpa, es solo que en su reino las cosas suceden de una manera mágica y diversa. El presidente está dispuesto a pelear y a mentir por los motivos más frívolos, por un record escolar. Muestra una fobia rabiosa frente a quienes lo contradicen. La revista The Atlantic señaló los peligros: “Si estás dispuesto a mentir sobre algo así de minúsculo, ¿por qué alguien debería creer lo que digas sobre algo grande e importante?”.
Al día siguiente, cuando Trump se plantó frente al CIA Memorial Wall, el muro que rinde homenaje a los norteamericanos muertos en tareas de inteligencia, a quienes el presidente había ofendido durante los últimos meses, en medio del ruego de los asesores para que pasara la página de la ceremonia de posesión y se concentrara en reparar las relaciones con la “inteligencia”, los complejos y la soberbia decidieron otra cosa: “Los atrapamos en una belleza y creo que van a pagar un gran precio (…) Tengo una guerra con los medios. (Los periodistas) Están entre los seres humanos más deshonestos en la tierra…”
Paradójicamente, el sorpresivo ídolo de la derecha europea ha terminado por recordar la obsesión y la inquina de los populistas de izquierda contra los medios en América Latina. No extraña que un ex secretario de comercio de Cristina K. haya dicho que Trump era peronista. Allá cambiaron la ley para combatir al Grupo Clarín. Y Correa, que puso un comisario propio a revisar los periódicos, podría aconsejar al hombre fuerte de Estados Unidos. Daniel Ortega, Evo Morales y Nicolás Maduro al fin tienen una coincidencia con el imperio. Estados Unidos es un pueblo al norte de Latinoamérica.












martes, 17 de enero de 2017

Concesiones políticas










Un decreto presidencial de junio de 2003 creó el Instituto Nacional de Concesiones (Inco). El presidente Álvaro Uribe buscaba un organismo con la capacidad técnica para “planear, estructurar, contratar, ejecutar y administrar los negocios de infraestructura de transporte que se desarrollen con participación del capital privado”. Uribe llevaba un año en la Casa de Nariño a donde había llegado agitando una bandera contra la “corrupción y la politiquería”. Se hablaba de un instituto técnico y la palabra meritocracia rondaba los discursos y los documentos oficiales.
Pero la ronda de los congresistas comenzaba a hacer sus sugerencias y a presentar sus recomendados. Uribe conocía de sobra ese mundo que había negado durante su campaña. Mientras Andrés Uriel Gallego ponía los elementos químicos de bondad y la nota folclórica, el Inco comenzaba a llenar el sudoku del clientelismo y a pagar los peajes. Godos-costeños, decía en la casilla al frente del Instituto Nacional de Concesiones. Y comenzaron los líos.
El primer director en problemas fue Luis Carlos Ordosgoitia, quien dirigió el instituto entre septiembre de 2004 y noviembre de 2006. El señor comenzó su vida política como diputado en Córdoba en 1995 y fue representante a la Cámara en 1998. Su firma en el famoso Pacto de Ralito en 2001 lo sacó del Inco. Durante el gobierno Pastrana había tenido sus palomitas. Los vallenatos también merecían su cuota y por eso llegó Fabio Alberto Méndez Dangond. Una falsedad en sus papeles para posesionarse hizo que apenas durara dos meses al frente de la entidad. Apenas estaba conociendo a los contratistas. En 2013 le llegaría la condena a ocho años por falsificar un título de maestría en finanzas del Externado de Colombia para cumplir los requisitos frente a la prueba química de Andrés Uriel. Quedaba pendiente la deuda con la gente del Cesar y para eso llegó Álvaro José Soto, un ingeniero de la Universidad Católica que había trabajado como secretario privado del destituido gobernador del Cesar, Rafael Bolaño Guerrero. Algunas conversaciones en manos de la Fiscalía muestran que el hombre sí alcanzó familiaridad con los contratistas: “El Mono ya habló con Álvaro José (Soto) de eso, pero dijo que a mí no me entregaran ni mierda”, al parecer era la voz de Álvaro Arias, un asesor del ministerio de transporte. Y la conversa seguía en la voz de un representante de los consorcios en busca de una licitación: “Me han llamado mucho estos muchachos para que les dé más platica (…) El siguiente paso es consolidarnos no solamente en el consorcio, sino ante todo en el grupo de trabajo, y pues si hay que dar $100 millones (…) Que los españoles vean que no estamos solos”. Álvaro José Soto y sus cuatro asesores renunciaron y se suspendió la entrega del corredor férreo entre Chiriguaná y Villa Vieja, un contrato de 1.3 billones de pesos.
En vista de que parecía físicamente imposible llevar al Inco a alguien que no armara un negocio propio o un problema ajeno, encargaron a Gabriel García con el empujoncito de los García Zucardi de Cartagena. Y mostró que sabía aprovechar la oportunidad. Para terminar y dejar descansar a los costeños llegó Julio Cesar Arango desde Risaralda, entre otras credenciales mostraba la de ser presidente de la Fundación del Bambuco Colombiano. Salió peleado con Andrés Uriel al final del gobierno Uribe II y con su respectiva investigación en la Procuraduría por la licitación en la Ruta del Sol.
El Inco sumaba más de 10 directores en sus primeros siete años. Queda claro que Gabriel García no fue el único traicionero.