martes, 17 de enero de 2017

Concesiones políticas










Un decreto presidencial de junio de 2003 creó el Instituto Nacional de Concesiones (Inco). El presidente Álvaro Uribe buscaba un organismo con la capacidad técnica para “planear, estructurar, contratar, ejecutar y administrar los negocios de infraestructura de transporte que se desarrollen con participación del capital privado”. Uribe llevaba un año en la Casa de Nariño a donde había llegado agitando una bandera contra la “corrupción y la politiquería”. Se hablaba de un instituto técnico y la palabra meritocracia rondaba los discursos y los documentos oficiales.
Pero la ronda de los congresistas comenzaba a hacer sus sugerencias y a presentar sus recomendados. Uribe conocía de sobra ese mundo que había negado durante su campaña. Mientras Andrés Uriel Gallego ponía los elementos químicos de bondad y la nota folclórica, el Inco comenzaba a llenar el sudoku del clientelismo y a pagar los peajes. Godos-costeños, decía en la casilla al frente del Instituto Nacional de Concesiones. Y comenzaron los líos.
El primer director en problemas fue Luis Carlos Ordosgoitia, quien dirigió el instituto entre septiembre de 2004 y noviembre de 2006. El señor comenzó su vida política como diputado en Córdoba en 1995 y fue representante a la Cámara en 1998. Su firma en el famoso Pacto de Ralito en 2001 lo sacó del Inco. Durante el gobierno Pastrana había tenido sus palomitas. Los vallenatos también merecían su cuota y por eso llegó Fabio Alberto Méndez Dangond. Una falsedad en sus papeles para posesionarse hizo que apenas durara dos meses al frente de la entidad. Apenas estaba conociendo a los contratistas. En 2013 le llegaría la condena a ocho años por falsificar un título de maestría en finanzas del Externado de Colombia para cumplir los requisitos frente a la prueba química de Andrés Uriel. Quedaba pendiente la deuda con la gente del Cesar y para eso llegó Álvaro José Soto, un ingeniero de la Universidad Católica que había trabajado como secretario privado del destituido gobernador del Cesar, Rafael Bolaño Guerrero. Algunas conversaciones en manos de la Fiscalía muestran que el hombre sí alcanzó familiaridad con los contratistas: “El Mono ya habló con Álvaro José (Soto) de eso, pero dijo que a mí no me entregaran ni mierda”, al parecer era la voz de Álvaro Arias, un asesor del ministerio de transporte. Y la conversa seguía en la voz de un representante de los consorcios en busca de una licitación: “Me han llamado mucho estos muchachos para que les dé más platica (…) El siguiente paso es consolidarnos no solamente en el consorcio, sino ante todo en el grupo de trabajo, y pues si hay que dar $100 millones (…) Que los españoles vean que no estamos solos”. Álvaro José Soto y sus cuatro asesores renunciaron y se suspendió la entrega del corredor férreo entre Chiriguaná y Villa Vieja, un contrato de 1.3 billones de pesos.
En vista de que parecía físicamente imposible llevar al Inco a alguien que no armara un negocio propio o un problema ajeno, encargaron a Gabriel García con el empujoncito de los García Zucardi de Cartagena. Y mostró que sabía aprovechar la oportunidad. Para terminar y dejar descansar a los costeños llegó Julio Cesar Arango desde Risaralda, entre otras credenciales mostraba la de ser presidente de la Fundación del Bambuco Colombiano. Salió peleado con Andrés Uriel al final del gobierno Uribe II y con su respectiva investigación en la Procuraduría por la licitación en la Ruta del Sol.
El Inco sumaba más de 10 directores en sus primeros siete años. Queda claro que Gabriel García no fue el único traicionero.




martes, 10 de enero de 2017

Nota necrológica







A finales de diciembre el ministro de defensa Luis Carlos Villegas dijo que el país cerraba el año con una tasa de 24.4 homicidios por cada 100.000 habitantes, la más baja desde 1974. Se trató de una declaración a mano alzada, con los datos todavía por verse y con una cifra aproximada que para el caso de los asesinatos no suena del todo bien: “estará alrededor de 12000, será la más baja de los últimos 32 años, desde 1984". Valdría la pena que el ministro le diera una mirada por encima al informe Forensis 2015 Datos para la vida que publicó Medicina Legal en julio pasado. Allí se dice que la cifra de homicidios en 2015 fue de 11585 y la tasa por cada 100.000 habitantes llegó a 24.03. De modo que si uno compara los datos sueltos del ministro y los datos duros de Medicina Legal el país tuvo un pequeño retroceso en el tema de muertes violentas el año anterior. Noticia que sería desalentadora luego de seis años consecutivos de disminución de homicidios, de 17717 en el 2009 a la cifra ya reseñada en el 2015, una rebaja considerable de más de 6000 casos.
Viendo las cifras preliminares que han entregado las principales ciudades y la consolidación de la tregua con las Farc, resultaría extraño que 2016 marcara un brinco en el descenso de homicidios en los últimos años. Parece que el ministro soltó sus números sin pensarlo muy bien y logró titulares para fin de año y preguntas para el comienzo del 2017. Hay que tener en cuenta que Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena agrupan cerca del 35% del total de homicidios que se cometen en el país. Entre ellas, Medellín fue la única que registró (según cifras de alcaldes y comandantes de policía) un incremento en las muertes violentas el año anterior. En Bogotá se habla de una reducción del 6%, 81 casos menos; en Cali las cifras son muy parecidas, la reducción sería del 7% con 89 casos menos. Bogotá y Cali tienen una cifra de homicidios muy cercana (1263 la capital Vs 1289 la Sultana) y, por supuesto, una diferencia dramática en la tasa, donde Cali (53 homicidios/100.000 habitantes) triplica a Bogotá (15.8/100.000). Barranquilla registró en prensa una reducción del 6% con 29 casos menos, y Cartagena mostró orgullosa su merma de 50 homicidios y el mejor comportamiento entre las cinco ciudades con una reducción del 24% entre 2015 y 2016. Lo curioso es que la mitad de esa reducción se dio en los meses de noviembre y diciembre, según el alcalde por medidas restrictivas a la venta de alcohol en algunos barrios. Medellín fue el lunar con 37 homicidios más en 2016, un aumento del 7.5%, donde tres comunas, Castilla, Robledo y San Javier, pusieron casi la totalidad de las muertes de más. Contrario a lo que pasó en Cartagena, la mitad del incremento se dio en los meses de noviembre y diciembre, lo que deja preocupaciones para el año que inicia.
Parece claro es que cada vez será más complejo marcar grandes avances. Entre 2014 y 2015 se presentaron 1041 homicidios menos y volver a mejorías de ese tamaño necesitará más que nuevas motos para los policías en las capitales. La disminución propia del acuerdo con las Farc ya marcó su diferencia en 2015, y se estima que solo entre el 10 y el 12% de los homicidios en Colombia tenían que ver con ese conflicto. Además, es seguro que habrá algunos brotes en zonas de antiguo dominio de las Farc. Las ciudades se han estancado y cada año luchan por mantener sus cifras que muchas veces dependen más de pactos ilegales que de acciones policiales y de políticas sociales. Colombia llegó a una tasa que lo sitúa por debajo del promedio en América Latina y el Caribe. Ahora no somos ni la catástrofe ni el milagro. Llegó la hora de luchar contra la normalidad.


Día del inocente







Fueron tres tropeles en la madrugada del 28 de julio de 2014. La carretera entre Medellín y La Pintada acumuló un reguero de vidrios, sangre y humo. Los partidos no importaban. Medellín había logrado un lánguido 0 - 0 en Pasto y Nacional un empate 2 – 2 frente al Cali en el Atanasio. Como siempre la gresca tuvo avisos previos. La Policía habló de la negativa de los hinchas del Cali para tomar una vía alterna y no toparse con los buses del Medellín que volvían desde el sur. Los partes de la época reseñan un muerto, diez heridos y un bus quemado en cercanías del municipio de Santa Bárbara. Una bomba incendiaria contra un bus que iba de regreso a Cali, con hinchas vallunos del verde paisa, fue la hoguera que cerró las horas de bochinche y alboroto. Hubo algunos quemados graves y la hinchada del rojo señalada como culpable. En su momento el comunicado de la Rexixtenxia Norte habló de una emboscada de la gente de Frente Radical como inicio del combate. Como se ve, el lenguaje habla de ataques y defensas ajenas a los noventa minutos.
Fue el último de los grandes enfrentamientos entre hinchadas y dejó, como es lógico, una larga mecha de rencillas y confusiones. El 28 de agosto de 2015 la Fiscalía anunció la captura de cuatro jóvenes, hinchas del Medellín, acusados de tentativa de homicidio, incendio y perturbación en el servicio de transporte público, colectivo y oficial. Uno de ellos es Juan Fernando Cuadros Galeano, quien para la época estudiaba mercadeo en la Institución Universitaria Salazar y Herrera. Desde el comienzo la captura de Juan Fernando despertó sorpresa y repudio. Aquí no se trataba tan solo de que su índole no cuadraba con la escena de un joven que lanza una bomba contra un bus con pasajeros adentro, cosa que repiten sus amigos, su familia, sus conocidos. Ni es suficiente decir que Juan Fernando es un pelao ajeno a los tropeles, más dado a los favores y a la fiesta que a las celadas y los filos de las cuadrillas. Un barra brava manso, como quien dice. Igual, eso se repite en casi todas las salas de audiencia del país.
Lo verdaderamente particular de su caso es que Juan Fernando no viajó a Pasto ese fin de semana a acompañar al Poderoso ni estuvo de ronda por Santa Bárbara y La Pintada durante la madrugada de la pelotera y los crímenes. Lo dicen los amigos con los que vio el partido del Medellín por televisión, la novia con la que durmió el sábado y hasta los rastros de su línea celular Tigo que la Fiscalía trianguló durante el proceso. Pero dos víctimas lo señalaron de haberlos agredido en el bus, de haber cargado contra la ventanilla y liderado el ataque. El expediente lo muestra haciendo tantas cosas al mismo tiempo contra el vehículo de transporte público que la escena hace pensar en un comando de película de acción. Tal vez el retuit a una brabada de barrista luego de la pelea lo tenga en la cárcel desde hace dieciséis meses. Eso lo ubicó en la mira de las víctimas y la Fiscalía. La acusación habla de una supuesta coartada consistente en dejar el celular en Medellín para salir a hacer las trastadas en la carretera. La Fiscalía debe indagar y acusar, pero parece que aquí también se dedica a imaginar. Algunos de los verdaderos culpables simplemente pasan de agache, se mencionan entre susurros, pero no dan lora en redes. Se defienden con el silencio y la estampa.
A comienzos de próximo año habrá una nueva audiencia en el caso de Juan Fernando. Esperemos sea el tiempo de los inocentes.