martes, 18 de julio de 2017

Erradicación sin manual






Han pasado las avionetas con glifosato, los planes de sustitución, las cuadrillas de erradicadores, los capos de ocasión, las Farc, las AUC, las AGC, los cantos de victoria contra la mata que mata, la guerra, la paz… y Colombia tiene de nuevo las 146.000 hectáreas de coca que tenía hace 15 años. Y la gran mayoría sembradas en los mismos territorios que ya habían sido escrutados por los satélites, fumigados y erradicados previamente. El recién publicado Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), estudio que realiza desde el año 2000 la oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, deja claro que el 80% de los lotes identificados con coca ya habían tenido tratamiento estatal. El trabajo del Estado sirve sobre todo como abono para el terreno de siempre.
El estudio muestra que los núcleos fuertes de coca sirven como imán para nuevos cultivos en sus cercanías. La coca está cada vez más concentrada en las mismas regiones donde ha reinado en los últimos 10 años. Solo dos municipios, Tumaco y Tibú, presentes durante más de una década en el top 10 de los cocaleros, concentran el 25% de toda la coca sembrada en el país. Entre 2015 y 2016 la lista de los 10 municipios con más coca se mantuvo casi intacta, solo salió Olaya Herrera (Nariño) y entró Sardinata (Norte de Santander). Esos 10 municipios concentran el 48% de la coca sembrada en Colombia, hace un año marcaban apenas el 37% del total nacional. Ya no se trata de abrir trocha para sembrar sino de utilizar el conocimiento y la hospitalidad de los viejos cultivadores y compradores. Solo el 5% de los sembrados está en territorios que nunca habían tenido coca.
Nariño, Norte de Santander y Putumayo tienen cerca de dos terceras partes de las hectáreas sembradas, y la mitad del crecimiento de cultivos en 2016 se dio en esos dos primeros departamentos. El negocio se concentra para facilidad de compradores de hoja, cocineros, exportadores. Integración vertical, dirían los empresarios. Y las zonas de frontera se han convertido en las preferidas para la siembra, un 30% del total de cultivos está a menos de 20 kilómetros de líneas fronteriza. Ventajas logísticas, dirían los exportadores.
Mientras tanto, las casi 110.000 familias que siembran coca siguen teniendo en promedio un poco menos de una hectárea y solo el 40% hace alguna transformación a la hoja fresca. Una familia de 5 miembros gana en promedio 15 millones de pesos al año por el cultivo de una hectárea de coca. Por fuera del SIMCI algunos investigadores hablan del inicio de fincas coqueras de hasta 50 hectáreas y la conversión de las familias cocaleras en simples jornaleros para “gamonales” que siembran, cocinan y exportan.
El estudio muestra además que en las zonas de dominio histórico de las Farc (Putumayo, Caquetá, Meta, Guaviare) el crecimiento fue mucho menor que en territorios donde la presencia de actores armados es diversa o el dominio es claramente ejercido por el Clan del Golfo (Nariño, Catatumbo, Bajo Cauca). Hay una alerta clave para lo que viene. Cerca de la Zona Veredal de Caño Indio, en Tibú, la coca pasó de 2000 a 5000 hectáreas. En todo el Catatumbo las negociaciones con los campesinos, llamadas Mesas de Interlocución y Acuerdos (MIA), llevaron a que las hectáreas se cuadruplicaran en los últimos tres años. Los acuerdos pueden ser garantía de más coca, más presión ilegal y paros cocaleros. Y una tranquilidad, en las cercanías de más de la mitad de las zonas veredales no hay coca y en otras tantas el área se mantuvo estable.
El acuerdo con las Farc  entregará nuevas perspectivas, nuevas estrategias y nuevos recursos, pero la pelea seguirá siendo muy difícil con un mercado gringo creciente y un gran conocimiento acumulado.




martes, 11 de julio de 2017

Cuento Viejo




El 25 de noviembre de 2003 se desmovilizó en el Palacio de Exposiciones de Medellín el Bloque Cacique Nutibara, fue el primer desarme de las estructuras de las Autodefensas Unidas de Colombia. Entre los cerca de 800 hombres y mujeres estaba Julio Cesar Perdomo González, alias ‘El Viejo’, hombre de confianza de Don Berna. Perdomo asumió muy pronto un papel protagónico como líder y gestor de los proyectos para la reintegración. En el 2004 ya tenía su oficina, la palabra es ya una acusación, en el barrio Sol de Oriente en la Comuna 8. Su sede, mirador, fuerte y casa de castigo se conocía como La Cabaña. Desde ahí comenzó a ejercer por partida doble. Formó la Cooperativa de Trabajo Asociado Omega que pretendía montar proyectos para beneficio de desmovilizados y comunidad. La Cabaña tenía marranera, galpones, huertas y campo de Paintball para no olvidar del todo los vicios del gatillo.
Pero Perdomo y Edwin Tapias, un antiguo compañero del Cacique Nutibara, decidieron diversificar. Cobraban 250.000 semanales a las tiendas, vacunaban a los buses que llegaban hasta el parqueadero que acondicionaron, distribuían la marihuana en seis barrios y tenían un modesto deshuesadero de carros robados. Igual, Perdomo seguía posando de líder comunitario e influyendo en procesos de Presupuesto Participativo, además de mediar en disputas entre los combos de la zona. También hacía de “inspector de policía”, dando escarmiento a ladrones, y de urbanizador pirata entregando lotes a desplazados. La verdad era que trabajo sí tenía. Los testimonios de habitantes del sector en la época hablan de La Cabaña como centro de torturas y ajusticiamiento.
Luego de dos años como patrón del barrio, las denuncias sobre Perdomo y sus excesos de líder comunitario y duro comenzaron a crecer. En octubre de 2006, la Unidad Permanente para los Derechos Humanos de la Personería advirtió de las extorsiones, el desplazamiento y las presiones sobre líderes antiguos de la zona. El secretario de gobierno del momento, Gustavo Villegas, negó la existencia de denuncias concretas contra los desmovilizados del sector. Tal vez ahí comenzó el cuento con ‘El Viejo’. Pero era imposible sostener esa mentira de liderazgo, resocialización y violencia. El 5 de febrero de 2010 Perdomo fue capturado junto con 20 personas de su estructura en Caicedo. Una semana después aceptó cargos por Concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado, homicidio, constreñimiento y extorsión. Pasó algo más de 4 años en la cárcel y volvió a las andadas. En 2014 estaba trabajando en recuperar su poder en las comunas 8, 9 y 10. Y desde hace año y medio era el hombre de confianza de Gustavo Villegas, secretario de seguridad, para impulsar el sometimiento del flanco mayoritario de La Oficina. Además de ser su hombre para corregir algunos torcidos: robos de carros, crecimiento de extorsión y fleteros virales en redes sociales. Perdomo era un jefe de policía del lado oscuro. Y según parece más eficiente que el del lado claro.
Hasta que vino la segunda captura el pasado 15 de marzo en Medellín. Ahora la acusación era por concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes y desplazamiento forzado. Caía el hombre que traía las razones de Pichi, Barnie, Douglas y Pesebre desde las cárceles. La policía habló de 250 hombres a su mando en el centro oriente de la ciudad. Al momento de su captura Federico Gutiérrez trinó pidiendo denuncias: “Autoridades hacen su parte. Luego de captura de Julio Perdomo es importante que ciudadanía denuncia hechos delictivos que lo relacionen”. Mientras tanto su secretario de seguridad le avisaba a Perdomo, según dice la Fiscalía, sobre operativos contra sus hombres y omitía denuncias para crear confianza. Parece que el hombre encargado del sometimiento terminó sometido. Poco a poco la familiaridad y la temeridad lo llevaron a cruzar líneas no permitidas para un funcionario. Por menos fueron condenados varios en la trama parapolítica. Hasta ahora, todo indica que el secretario prometía más de lo que podía cumplir en materia judicial, y entregaba más de lo recomendable en materia administrativa. 

miércoles, 5 de julio de 2017

Tierra resguardada





Cajibío y Tumaco se han convertido en laboratorios de los problemas de tierras que plantean las nuevas realidades del acuerdo con las Farc. En esos dos municipios se han presentado en los últimos días enfrentamientos entre indígenas y comunidades afro con propietarios de tierras que reclaman seguridad y respeto a sus títulos legítimos. En Cajibío las historias de invasiones y crecimiento de cabildos tiene algunos años y ahora el ingrediente de unas Farc desarmadas y de algunos milicianos que persisten dejan inquietudes renovadas.
Hace unos días indígenas destruyeron cosechas de café y quemaron construcciones menores de una finca a unos 12 kilómetros de Popayán. Se habla de cerca de 800 hectáreas y 75 fincas invadidas en los últimos años. Luego de que el gobierno comprara 125 hectáreas para la creación del cabildo Cofradía en el municipio de Sotará, vinieron los intentos para ampliar ese cabildo con invasiones y reclamos sobre nuevos predios. Habitantes de la zona hablan de invasores profesionales venidos desde el norte del Cauca donde enfrentamientos por asedios a fincas han dejado policías e indígenas muertos. El papel de las Farc como partido político, como organización desarmada y respetuosa de las reglas democráticas, se medirá en su actuación frente a esta realidad en el Cauca. Es cierto que los indígenas han luchado durante años por desligarse de los métodos y el control armado de la guerrilla. Pero también es innegable que en algunos casos compartieron intereses y luchas. Los riesgos de convertir los bastones de mando y las pañoletas al cuello en herramientas para la invasión y las vías de hecho son enormes.
En Tumaco el conflicto se da con el propietario que alquiló su predio al gobierno para la zona veredal Ariel Aldana. Comunidades afro cercanas han llegado a invadir predios colindantes con la zona veredal y a impedir el ingreso del propietario. Aquí no se usan bastones de mando sino machetes y motos para defender lo invadido. Un video de La W sobre el conflicto en Tumaco entrega las impresiones de Henry Castellanos, alias Romaña, desde la zona veredal. Castellanos habla de los derechos de las comunidades campesinas y afro frente a los despojos de paramilitares y propone la construcción de proyectos de vivienda concertados con el municipio en los terrenos invadidos. Su tono es conciliador y parece indicar vías institucionales para resolver el conflicto. Pero el gobierno ha repetido desde hace años, luego de los problemas en el Cauca, que las fincas invadidas no se compran. Si las Farc tienen intenciones de ser gobierno en los municipios deberían comenzar por censurar las vías de hecho y los conflictos que tarde o temprano terminan con un “juez y parte” armado imponiendo una decisión. No puede ser que se pida la titulación como protección a los campesinos y al mismo tiempo se aliente a comunidades a desconocer las escrituras legales.

Las grandes pruebas del proceso estarán más en la voluntad y las acciones sobre el terreno que en las páginas del acuerdo. Para exigir a las Farc es necesario reconocer su papel como organización social y política en los territorios. Santrich, Alape, Márquez y Timochenko tienen que pasar pronto de los reclamos al gobierno a una actitud que busque desestimular las condiciones de violencia en los lugares donde tuvieron presencia armada. Es hora de mostrar que tienen algo que ofrecer más allá de discursos y palomas. 

miércoles, 28 de junio de 2017

Plomo electoral







Alguna vez dijo Manuel Marulanda que los fierros eran garantía necesaria para que el gobierno los escuchara. Eran los tiempos de las visitas multitudinarias a Casa Verde en La Uribe, una especie de Zona Veredal con inmunidad tácita que duró más de veinte años y servía como teléfono rojo para contactos gubernamentales y sociales con los jefes de las Farc. Los fierros no solo sirvieron para la atención del Estado y los intentos intermitentes de paz con al menos siete gobiernos. Fueron además un plomo desmesurado en la balanza electoral durante muchos años. Las Farc lograron con el terror y la intimidación un peso electoral que sus ideas nunca habrían alcanzado. Por oposición y repudio, por esperanza de paz y promesas, lograron ser un actor fundamental en al menos las últimas cinco elecciones presidenciales. Un pequeño grupo armado moviendo, muchas veces sin ser consiente, la aguja electoral de nuestra democracia.
Hasta el mismísimo Julio Cesar Turbay firmó al final de su gobierno una ley de amnistía por cuatro meses para los delitos de rebelión, sedición, asonada y conexos; además de nombrar una comisión de paz encabezada por Carlos Lleras Restrepo. Luego de un gobierno cercano a las juntas militares de la época, vio la necesidad de abrir una vía al diálogo. La opinión, en ese eterno vaivén entre guerra y negociación, comenzaba a pedir un poco menos de estatuto de seguridad. Belisario fue elegido en medio del revoloteo de las palomas y la negociación se convirtió en bandera. Ni siquiera luego de la toma del Palacio de Justicia dejó de intentar un acuerdo con las Farc que entregó el cruento ensayo de la Unión Patriótica. La UP elegía 14 senadores, pero los fierros seguían marcando por encima de sus hombres que daban la cara sin armas frente a las urnas.
Con Barco y Gaviria siguieron las negociaciones y se llegó a la desmovilización del M-19, el EPL, el Quintín Lame y La Corriente de Renovación Socialista. Las Farc siguieron siendo interlocutores en Tlaxcala y Caracas hasta el 9 de diciembre de 1990 cuando se votó para elegir delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente y se bombardeó la “embajada de las Farc” en Colombia. Pero las grandes influencias electorales de las Farc se inauguraron con la elección de Andrés Pastrana. Luego del triunfo de Serpa en la primera vuelta apareció la foto de Víctor G. Ricardo con Manuel Marulanda luciendo el reloj de campaña de Pastrana. La anécdota dice que el rollo con las fotos que cambiaron la campaña estuvo a punto de perderse en un río durante el regreso del asesor del candidato conservador. Alvaro Leyva fue clave en cuadrar esa cita y Serpa, que tenía la paz como bandera, sufrió el desplante de su vida. Tiempo después las Farc dirían que le cobraron tanta cháchara nunca concretada sobre un posible despeje en tiempos de Samper.
Luego de la burla en el Caguán por unas Farc que pensaban en el Monojojoy como ministro de defensa, llegó la hora de Uribe. En noviembre de 2001, un atentado durante un recorrido de campaña por Galapa, marcó el último día de encuestas con Uribe como tercero en la lista. Veinte días después del rompimiento en las negociaciones, en enero de 2002, Uribe ya era primero en las encuestas. En abril un segundo atentado contra Uribe en Barranquilla dejó tres muertos y al candidato como posible ganador en primera vuelta. Luego en mayo vendría Bojayá y Uribe fue elegido con el 54% de los votos. Enfrentar a las Farc era el mandato y se cumplió con una fuerza que opacó los muchos lunares presidenciales haciendo posible un cambio constitucional y un segundo triunfo en primera vuelta. Para ganar nos unimos hasta con el diablo, cómo decía el general Yanine Díaz a mediados de los ochentas.
Santos fue elegido bajo las banderas de Uribe y le dio a las Farc los más duros golpes militares durante sus primeros años. Luego vino la negociación y de nuevo el país elegía entre el combate cerrado o la paz en ciernes. La diferencia fue mínima en segunda vuelta. De nuevo las Farc eran el centro de la garrotera nacional.
Es tiempo de que Timochenko y su gente se prueben sin armas frente a los electores. Un momento para la condena o el desdén ciudadano, para comprobar la mención a tanto pueblo en sus banderas. Para que dejen de protagonizar nuestros debates electorales e intenten un lugar desde la minoría política que representan. Hora de probarse en las hostilidades del tarjetón.






martes, 20 de junio de 2017

Sillas parlamentarias






La democracia en la forma de un botín jugoso y transitorio será siempre una amenaza. No importa que el ofrecimiento sea una especie de condecoración, una medalla inútil y fugaz. La novedad y la escasez ambiente puede dar lugar a una rapiña desconocida por el honor que está en juego. La subasta de unas sillas parlamentarias en pueblos acostumbrados a levantar la mano durante meses para lograr una mirada, puede convertirse en una lucha con más riesgos y promesas que ventajas. Las 16 Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz fueron pensadas para dar representatividad a municipios en zonas de conflicto que nunca han tenido quién alegue por ellos. Las 16 zonas agrupan, según el proyecto gubernamental, 167 municipios en 19 departamentos, y elegirán un representante a la Cámara por cada circunscripción para los periodos 2018-2022 y 2022-2026.
Las alertas han comenzado a sonar desde la Fiscalía y la Misión de Observación Electoral (MOE). Ahora la pregunta es si sería preferible la acostumbrada carencia de representantes a obtener una especie de sobre representación que atraerá nuevos actores electorales e ilegales, y podrá exacerbar los muchos conflictos políticos y sociales existentes. Sin duda las regiones ganarán en ruido, pero no es seguro que lleguen las nueces. Un poco menos de 2’700.000 electores serán los encargados de escoger a los 16 Representantes a la Cámara en municipios que siempre hemos oído asociados a la coca (tienen el 56% del total de hectáreas en Colombia), a la minería ilegal (participan del 40% de ese mercado ilegal en el país), a la presencia del ELN (está en 59 municipios de esos municipios) y al dominio de Bandas Criminales Organizadas (actúan en 50 de ellos). Sin olvidar que son zonas donde las Farc tuvo presencia histórica y donde sin duda intentará tener influencia en la política que se inaugura. Los cabildos indígenas, los consejos afro, los grupos significativos de ciudadanos, las organizaciones sociales tendrán el riesgo de convertirse en franquicia de intereses de siempre (el partido Liberal fue el más votado en la mitad de esas circunscripciones en las elecciones a la Cámara de 2014) o en parapeto de organizaciones armadas o a medio armar.
¿Cómo se ganarán esas elecciones en el Bajo Cauca Antioqueño, en el Catatumbo, en Urabá, en el Nordeste de Antioquia, en los Montes de María, en los fortines cocaleros de Nariño, Putumayo y Guaviare? Los municipios con menos Estado y con la democracia más precaria y más influenciada por los poderes armados tendrán una de las grandes responsabilidades luego de la desmovilización de las Farc. Algunos municipios donde una tercera parte de los mayores de edad no tienen cédula y otros donde hay un puesto de votación por cada 2000 kilómetros cuadrados. Los datos más preocupantes entregados por la MOE hablan de la violencia social y política. Entre enero de 2016 y abril de 2017 se presentaron 56 homicidios, 69 amenazas, 30 atentados, 3 secuestros y 2 desapariciones relacionadas con violencia contra los liderazgos sociales y comunitarios en los 167 municipios señalados, más de una tercera parte de los hechos similares en todo el país.
Al menos esperamos que desde las ciudades y el gobierno central haya más atención sobre ese explosivo laboratorio político, y que la amenaza latente de armas y política no nos haga recordar viejas tragedias frente a nuevas esperanzas.


martes, 13 de junio de 2017

Pugilistas








La escena podría situarse en una de esas jaulas para los combates espectáculo que tienen gran audiencia en Estados Unidos. En una esquina está Donald Trump con sus 1.88 metros y su mano alzada para un juramento que es también un alarde de seriedad, la máscara de un niño que frunce el ceño. En la otra esquina está James B. Comey con sus 2.03 metros de estatura, la mirada al frente en la actitud de quien escucha un himno de guerra, un abogado en la postura de un militar (su abuelo fue policía) y la mano derecha en alto, abierta, pero en el fondo empuñada y dispuesta a dar un manotazo sobre la mesa tendida de la política en Washington. Las bolsas bajo sus ojos muestran que la pelea ya ha tenido varios asaltos.
Uno de ellos sucedió en el salón verde de la casa Blanca, el mismo donde arreglaron el cadáver de Lincoln. El round lo contó Comey en su declaración de siete páginas que algunos describieron como una pieza literaria. Dos edecanes militares dejan sobre la mesa las provisiones de dos hombres que se miran con una concentrada desconfianza. Acuden a un duelo silencioso, incruento por ahora. Salen los edecanes y se pronuncian las palabras dignas de esos enfrentamientos teatrales: lealtad y honestidad. Cuando el campeón de los pesados soltó lo que parecía ser una amable exigencia, Comey sostuvo el reto con la compostura de un pequeño y orgulloso Sheriff: “Yo no reaccioné, no hablé ni cambié mi expresión durante el incómodo silencio que se produjo. Simplemente nos miramos en silencio”. A comienzos de enero, cuando Trump era aún un campeón sin ceremonia de investidura, se había presentado una escaramuza. Comey fue llamado para recibir un abrazo en público, bajo la mirada de todo el escenario político de Estados Unidos, un abrazo que era también un golpe bajo y que se cerró con un susurro al oído que era también una advertencia presidencial: “Estoy ansioso de trabajar con usted”. Fueron en total nueve asaltos antes del K.O. desde la Casa Blanca, tres en persona y seis telefónicos. Al final de la desigual pelea Comey confesó en su declaración ante el senado que no había tenido el valor para plantarse frente a Trump desde el comienzo y revelar las presiones.
En esos combates muchas veces el enemigo es también una especie de reflejo. Parece increíble que Trump insulte a su contraparte con palabras como “showboat” y “grandstander”, que quiera acusar a un enemigo de ser grotesco en las muestras de su orgullo, de ser un exhibicionista que solo busca el aplauso. Comey se limitó a llamar mentiroso a un presidente que se ve falso cuando ríe, cuando piensa, cuando abraza a su esposa y cuando señala a la prensa y sus noticias falsas. Luego de este combate Comey se ha convertido en el retador más importante de las últimas décadas en Estados Unidos. Se plantó frente a los Clinton desde los años noventa cuando investigó algunos de sus negocios inmobiliarios. Luego investigó a Hillary por el manejo de información clasificada en su correo personal y calificó su conducta de “descuidad y negligente”. Once días antes de las elecciones pasadas la puso en cuestión y tal vez haya decidido el resultado. Antes había retado a George W. Bush y sus dos principales asesores jurídicos al negarse a firmar una autorización para ampliar las interceptaciones sin orden judicial luego del 11-S. Una escena de película frente a la cama de una unidad de cuidados intensivos donde los hombres de Bush intentaban hacer firmar al Fiscal General incapacitado por una pancreatitis. Comey sirvió como una especie de enfermero jurídico. Aunque luego fue más laxo con los métodos usados en Guantánamo. Ni siquiera Obama salió bien librado cuando contó que el Fiscal durante su administración le había propuesto llamar “problema” y no “investigación” la causa contra la señora Clinton.
James B. Comey es uno de esos antagonistas claves para la democracia, los periodistas y las películas.








miércoles, 7 de junio de 2017

Alcaldada por omisión






La semana pasada el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se negó a asistir a un foro para tratar temas relacionados con el acuerdo de La Habana convocado entre otros por la Fundación paz y reconciliación. Gutiérrez alegó que no le habían avisado que habría miembros de las Farc y remató con una frase para el aplauso en su ciudad: “No me voy a sentar en una mesa con Pastor Alape y otros cuando no le han cumplido al país. Las Farc tienen que entregar todas las armas y todo el dinero que recibieron producto del narcotráfico, de las rentas ilegales y de todo lo que han hecho.” Afuera del hotel que servía de sede al evento unos treinta energúmenos, con sus carros parqueados a buen resguardo, gritaban consignas contra los carros de Naciones Unidas.
Sorprende la actitud del alcalde de Medellín que días antes del plebiscito le dijo al periódico El Tiempo que apoyaba el proceso de negociación y que votaría SÍ porque guardaba la esperanza de que se evitarían más muertos y víctimas. En ese momento el alcalde dijo que hablaba como ciudadano y que desde su administración no se impulsaría ninguna alternativa electoral. Pero sí hablaba como alcalde cuando firmó la carta que envió al presidente para que Medellín hiciera parte del Comité Nacional de Reintegración: “Nuestra ciudad tiene una magnifica experiencia en materia de reinserción y reintegración de excombatientes, así como en el desarrollo de estrategias para la construcción de paz que aún hoy se mantienen vigentes”.
Valdría la pena que alguien le aclarara algunas cosas al alcalde. Las Farc llevan más de 5 años en un proceso en el que están a escasos 10 días de entregar sus armas a Naciones Unidas. Esa entrega y sus plazos han sido convenidos por las partes y serán verificados. Respecto a la plata, hay que decir que es una exigencia del acuerdo y que solo en la medida que avance la JEP, y surta efecto el ímpetu y conocimiento de la Fiscalía, sabremos qué tanto han cumplido las Farc. Siempre sin mayores certezas por ser un tema de incertidumbres en guacas, cuentas y caletas.
Pero tal vez lo más importante sea plantear varias paradojas en la posición de Gutiérrez. La primera es querer hacer parte de una comisión de reintegración pero negarse siquiera a plantear diferencias sobre el proceso en un mismo escenario con miembros de las Farc. Debería aprenderle a su Secretario de Seguridad que trató con los desmovilizados de las AUC durante unos años. La segunda es que este proceso ha sido sin duda mucho más ordenado y pacífico que aquel que nos entregó una “maravillosa experiencia”. Según fuentes oficiales el 20% de los guerrilleros concentrados están en Antioquia. De ellos apenas 33 han salido de las zonas veredales: 14 se entregaron al ejército para programas de desmovilización individual, 5 fueron capturados y 14 se consideran desertores. En la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara solo 497 de los 860 combatientes entregaron un arma. Cuatro años después, 120 de ellos habían sido asesinados en el Área Metropolitana y 230 habían sido capturados. La verificación de la OEA solo llegó un año después del inicio del proceso. En el 2007 en Medellín vivían 3270 desmovilizados de las AUC y el 23% ya estaban por fuera de todo programa y contacto estatal. Más los que seguían picando aquí y allá. Don investigadores definieron muy bien el momento de Medellín hace 10 años: “la ciudad está experimentando una transición desde un modelo paramilitar que hacía usos de la criminalidad hacia una criminalidad que hará usos del aprendizaje paramilitar”.
 En ese momento nadie chiflaba los carros de la OEA y es seguro que Gutiérrez, como concejal, tuvo reuniones con jefes paras, mandos medios o reinsertados de base. No se entiende entonces por qué el recato de hoy. No todo puede ser misas campales y diálogos de acera con los tenderos.