martes, 24 de mayo de 2016

La Corte de espaldas






Es muy difícil santiguarse en privado y cruzar las manos en público, en actitud republicana. Separar el ámbito de las creencias religiosas y las labores oficiales que pueden incluso contradecir el fuero íntimo, es un reto que muy pocos consiguen superar. Es posible cambiar el hábito pero queda el monje de corbata tras la ventanilla o el escritorio: siempre habrá sesgos, inclinaciones, promesas, temores relacionados con las creencias. Afortunadamente no son muchas las ocasiones en las que el funcionario y el creyente encuentran un choque entre los deberes de su catálogo privado (libros sagrados) y los de sus obligaciones públicas (la constitución).
Esas dificultades hacen necesario que el Estado sea estricto y elocuente cuando encuentra un caso paradigmático para mostrar cómo deben resolverse dichos conflictos. Mucho más en una situación que pone en juego un símbolo “clave” de lo que hemos llamado el “Estado Social de Derecho”. La mayoría de Corte Constitucional decidió colgarse de un clavo al rojo vivo y sostener el cristo que desde su cruz preside las sesiones de la sala plena. En este caso era una decisión relativamente sencilla, se trataba de guardar las formas del Estado laico, de reafirmar un principio por medio de una decisión que en la práctica no tenía mayores consecuencias. Casi un asunto de modales democráticos. Es justo preguntarse por el sentido de las decisiones y las discusiones cuando contradecir un precepto religioso implica consecuencias palpables sobre los derechos de millones de ciudadanos de diversas creencias. Y es aquí donde no deja de ser paradójico el proceder de la Corte: se embrolla en un sencillo quiz constitucional y aprueba difíciles exámenes como las sentencias sobre eutanasia, aborto y matrimonio igualitario, donde enfrentó con valor a la iglesia y las mayorías católicas.
Las explicaciones de la Corte resultaron tímidas y confusas. Primero se habló de la sala plena como un espacio privado. Algo que resulta increíble teniendo en cuenta que hasta ese despacho pueden llegar todos los ciudadanos con sus acciones de tutela e inconstitucionalidad. Un recinto protegido, más no privado, para las más importantes decisiones públicas. Una cosa es el cristo en una toalla en la oficina de la vice procuradora Martha Isabel Castañeda y otra el crucifijo al que parece encomendarse el alto tribunal durante sus deliberaciones. Si son discutibles las cruces en las aulas de los colegios públicos (en 2009 el tribunal de Estrasburgo prohibió la presencia de cruces en los salones de colegios públicos) es bien difícil justificar su presencia en el espacio más importante del amparo constitucional.
De otro lado la presidenta de la Corte aseguró que el cristo tenía un valor “histórico y cultural” en virtud a los 17 años que lleva colgado de una viga. Parece que los criterios históricos de la Corte son de muy corto plazo y su tradición se divide en antes y después del cristo. De verdad parece más un juicio de decoración –cuando llegamos el cristo estaba ahí y nos parece que se ve bonito– que un criterio constitucional. Aquí el tribunal ha dado la impresión de querer ganar un pulso contra el empleado que radicó el derecho de petición más que resolver una pregunta de importancia para los ciudadanos. Cuando le preguntaron por el derecho a la igualdad, la presidenta respondió que en el futuro cada magistrado puede llevar su imagen venerada. O sea que ese desbalance de igualdad se podrá arreglar con la suma de una imagen de todas las creencias. A ese paso la sala plena se verá muy pronto como un ventorrillo pluriétnico y multicultural.




martes, 17 de mayo de 2016

La mata que aguanta







Dicen los expertos en las cuentas oscuras que el mercado de la cocaína mueve 80 billones de dólares al año. En Colombia se cultivaron 305.000 toneladas de hoja fresca de coca en el 2014, cantidad suficiente para producir cerca del 70% de la demanda de clorhidrato de cocaína en Estados Unidos y un poco más del 30% en el mercado europeo. Sin contar con las cerca de 180 toneladas de cocaína que quedan cada año en manos de la armada, el ejército y la policía. El cultivo anual de hoja de coca en Colombia vale más o menos 250 millones de dólares, una bicoca. La mata, sea Tingo María, Caucana, Pajarito, Pinguana, Chiparra o Guayaba, es dura de matar y agradecida con sus cultivadores. Entrega en promedio 3.8 cosechas cada año y mueve el mundo de las trochas y los ríos en una Colombia que solo conocemos desde los satélites y las avionetas de fumigación.
En los últimos 20 años cerca de 400.000 familias rurales en Colombia han tenido relación directa o indirecta con la economía de la coca: cultivadores, raspachines, cocineros menores, cocineras de finca, acarreadores de insumos y hoja, vigilantes, mayordomos. Los últimos datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito dicen que cerca de 65.000 familias se dedican actualmente al cultivo de coca en Colombia. Son los chichipatos del negocio, quienes se rayan los dedos con el arbusto, se envenenan con los agroquímicos, se someten a la voluntad de los patrones y a las penas del Estado que los presenta como narcos. Ayer no más apareció un titular según el cual Estados Unidos podría pedir en extradición a cultivadores de coca ¿Será que reciben las 65.000 familias que ellos mismos ayudaron a contar?
Cada vez nuestros cocaleros se dedican menos a la cocina. El 68% vende directamente la hoja, sin transformación alguna, a cambio de un poco más de 1 dólar por cada kilo. Hace 10 años el 65% de los cultivadores participaba en algún punto del proceso de transformación. En promedio una hectárea entrega 4.700 kilos de hoja fresca al año y deja ingresos brutos por 5.500 dólares. El promedio de los lotes cocaleros en el país es de 0.66 hectáreas. Lo que demuestra por qué muchos cocaleros mezclan la coca con cultivos legales de subsistencia.
Pero el código penal no se pone con minucias en las cuentas ni se dedica a los detalles. Lo suyo es un rasero burdo y una pena pronta. En Colombia hay cerca de 23.000 presos por delitos relacionados con drogas. Es la principal causa de captura de mujeres y la cuarta para la captura de hombres. Tal vez los más inocentes sean los cultivadores de coca. Siempre capturados en flagrancia, siempre aconsejados por soldados, fiscal, defensor de oficio y hasta jueces a reconocer su culpa bajo amenaza de penas mayores. Seis años es la pena mínima para los cultivadores luego de una reforma realizada con el ceño fruncido del país entero en 2014. En los últimos 5 años se han presentado cerca de 2.500 capturas por cultivo, conservación y financiamiento de plantaciones de coca. Nariño, Antioquia, Caquetá y Meta son los líderes y si pensamos que algo menos del 30% del cultivo está en resguardos y territorios comunitarios afros es fácil deducir quiénes están en las cárceles. En la cárcel de San Isidro, en Popayán, por ejemplo, hay 600 presos por delitos relacionados con drogas de un total de 3000 internos.
Se viene el postconflicto en tierras de la coca. Llegan las buenas intenciones y los mecanismos de siempre. Aparecerá la presión de las Farc jugando a la legalidad contra los nuevos actores de la coca. Esperemos que el Estado deje de creer que dará pelea con un tanque de veneno a la espalda y el código penal en la mano derecha.






martes, 10 de mayo de 2016

Crisis guerrera





Hace 20 años se dio el primer secuestro de militares por parte de las Farc con el fin de presionar un “intercambio humanitario”. En agosto de 1996 cerca de 70 soldados cayeron en poder de la guerrilla luego de ataques en la base Las Delicias, en Putumayo, y en las selvas del Chocó. Luego vendrían los secuestros de políticos que sirvieron de epílogo a los diálogos del Caguán y el país se dedicó a recorrer una geografía de dolor a través de mensajes, cartas, libros y llantos por radio y televisión. Las liberaciones unilaterales, las fugas, los rescates exitosos y fallidos, los asesinatos a sangre fría coparon los espacios de los medios pasando de las simples noticias a los documentales. Las intenciones políticas de las Farc, la complicidad de gobiernos de izquierda y los operativos del ejército colombiano más allá de las fronteras convirtieron el conflicto nacional en un escenario para el pulso ideológico en la región. Los helicópteros de Brasil, los “buenos oficios” de Venezuela, el ceño fruncido del presidente ecuatoriano sirvieron de compañía al drama de los secuestrados. Por momentos el país parecía adicto al ciclo de tragedias y júbilos que dejaban los secuestros y las liberaciones.
Pero poco a poco la guerra fue marcando una diferencia de fuerzas y las Farc comenzaron a entender que habían perdido los refugios donde su arrogancia, sus humillaciones y su crueldad eran la única ley. El año 2008 marcó un quiebre indiscutible para la insolencia y el descaro de la guerrilla. El año comenzó con la liberación de Clara Rojas y Consuelo González. Las palabras del Ministro del Interior Venezolano, Ramón Rodríguez, a los guerrilleros durante la liberación eran suficientes para la indignación: “Estamos muy pendientes de su lucha, mantengan ese esfuerzo y cuenten con nosotros”. El tinglado con los vecinos estaba listo en todo momento. Luego vendría la gran marcha contra las Farc del 4 de febrero, tal vez la más grande y espontánea manifestación pública que ha visto el país y que tuvo presencia en 193 poblaciones. Al final de febrero las Farc liberaron a Luis Eladio Pérez, Gloria Polanco, Eduardo Beltrán y Jorge Eduardo Gechem, la marcha mostró que la evidencia del repudio había llegado hasta los cambuches. Antes de terminar febrero llegó la captura de Martín Sombra en Boyacá y el 1 de marzo cayó Raúl Reyes en Ecuador. No había acabado ese mes cuando se conoció la muerte de Manuel Marulanda. En mitad de año vino el golpe maestro de la Operación Jaque y la fuga de Oscar Tulio Lizcano en compañía de un desertor. El año terminó con una nueva marcha en noviembre bajo la consigna “Libérenlos ya”, y con 45 guerrilleros muertos tras un bombardeo en el Caquetá.

Es muy difícil no ver un momento distinto para el país y su relación con las Farc luego de estos 8 años. Y no concebir posibilidades distintas al exterminio que plantean unos sin pensar en las víctimas futuras.  Además, en el camino llegaron las muertes en combates del Mono Jojoy y Alfonso Cano, los acercamientos entre Cuba y Estados Unidos, la debacle económica y social en Venezuela que ha desprestigiado la supuesta amenaza del socialismo del Siglo XXI. Las Farc anunciaron en abril de 2012 el fin del secuestro como arma política y la tregua unilateral que está cerca de cumplir un año ha traído las cifras más bajas en la intensidad del conflicto en cuatro décadas. Pero para algunos políticos y habitantes de las ciudades nada ha pasado, hace falta el fervor que provoca la rabia y el magnetismo que crea la venganza. Se olvidan que hace poco, en otra guerra negociada, dijeron que la mejor justicia era la paz definitiva. Se resisten a perder las ventajas que les entrega su enemigo histórico, a cambiar el miedo y la encrucijada de vida o muerte, por el sencillo desaire a las ideas de un contradictor. 

miércoles, 4 de mayo de 2016

Promesas mineras







Desde las ciudades la minería es vista como un único demonio. Sea que la hagan ilegales en el río Sambingo, en el Cauca, o en las laderas de Buriticá, en Antioquia; sea que la muevan barcazas en Santa Marta o el largo tren carbonero en La Guajira. No importa que las siglas de quienes explotan las vetas sean de una multinacional o de una Bacrim, desde el hollín de las ciudades se percibe la misma destrucción y la misma riqueza en manos de unos pocos, así estén encapuchados o encriptados tras unos contratos casi siempre opacos. No extraña entonces que la delimitación de Santurbán sea una victoria para los universitarios en Bogotá y una derrota para los habitantes de Vetas y California en Santander. O que en Ibagué buena parte de la ciudadanía apoye una consulta, impulsada por el alcalde y una mayoría del concejo, para evitar proyectos mineros en las tierras del municipio.
 Pero es imposible negar que no pocos departamentos y municipios se han acostumbrado a economías mineras. Casanare, Meta, Guajira y Cesar reúnen más del 20% de su Producto Interno Bruto en la extracción de recursos no renovables. Su dependencia de las transferencias de la nación y los recursos del Sistema General de Regalías ha ido creciendo hasta hacerlos inviables sin el trabajo de los taladros, el estruendo de la dinamita y el trajín de los carrotanques y las volquetas. La Guajira, por ejemplo, solo logra el 12% de sus recursos con ingresos tributarios propios, la mayoría por impuesto al consumo de cerveza y estampillas. En 2014 los ingresos corrientes del departamento fueron de 65.593 millones de pesos frente a los 565.374 millones que ingresaron por regalías en los años 2013 y 2014. Si se mira el índice de dependencia de las transferencias y las regalías que ha construido Planeación Nacional, Casanare, Cesar y el Meta tienen incluso mayores necesidades de los ingresos mineros que la propia Guajira.
La pregunta más importante es qué tanto aportan los ingresos extraordinarios a las condiciones básicas de los habitantes en las zonas mineras. Una respuesta provisional acaba de intentar Fedesarrollo con un estudio sobre los 5 municipios guajiros (Albania, Barrancas, Uribia, Maicao y Hatonuevo) con influencia directa de El Cerrejón. Sobre los ingresos recibidos no hay duda. Solo en impuesto de renta El Cerrejón pagó en 2014 algo más de 200.000 millones de pesos y en regalías la cifra alcanzó 461.000 millones. La Guajira ha mejorado sus números gruesos en sus últimos 4 años, su índice de pobreza cayó desde el 69.8% en 2010 hasta 53% en 2014. Aunque sigue estando muy lejos de la meta de 28.5% planteada para 2015, y sus cifras solo son mejores que las de Chocó y Cauca. En ese mismo lapso de tiempo los 5 municipios bajo influencia de El Cerrejón mejoraron en cerca de 19% el Índice de Desarrollo Integral que mide Planeación Nacional basado en cumplimientos del Plan de Desarrollo, eficiencia en provisión de servicios de educación, salud y agua potable, y gestión y desempeño fiscal. Los municipios cercanos a El Cerrejón mejoraron más que otros municipios carboneros y petroleros con ingresos per cápita similares. Maicao fue el caso más destacado, logrando pasar de desempeño “bajo” en 2010 a “sobresaliente” en 2014.

Las mediciones también demuestran que los municipios no logran garantizar continuidad y calidad en sus servicios. Al momento de medir eficiencia todos tienen resultados decrecientes sin importar que los recursos sigan llegando. Derroche, debilidad institucional y corrupción son una constante difícil de cambiar. Los recursos mineros sirven para perpetuar malas costumbres administrativas y tumbar a muy bajo ritmo las condenas de la pobreza.  

martes, 26 de abril de 2016

Barras Vs Bandas






Entre narradores, comentaristas deportivos y algunos aficionados al fútbol por televisión se ha expandido una idea que pretende igualar a las barras con los combos delincuenciales. La generalización busca convertir el barrismo en un delito y aislar de cualquier contacto con la sociedad a los jóvenes que agitan sus trapos y ponen a cantar a los estadios. Según el prejuicio ambiente las barras se deberían separar de los “hinchas decentes”, de los clubes y de las entidades públicas con una malla electrificada que corone una filosa serpentina de acero: “Confinar a los vándalos”, es la consigna que se oye todos los fines de semana luego de que los noticieros repiten alguna escena de violencia entre hinchas 
Según el reciente Plan Decenal de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol 2014-2024, realizado por el gobierno con apoyo de la Dimayor, autoridades regionales y policía, en Colombia hay unos 50.000 jóvenes, la mayoría menores de edad, pertenecientes a 25 barras de equipos de la A y la B. Esos jóvenes son vistos muchas veces como una preciada mano de obra para los líderes del crimen organizado en las ciudades. Convertir una barra en una mafia, al estilo argentino, donde manejan parqueaderos en los alrededores del estadio, microtráfico, clientela para políticos oportunistas, jóvenes dispuestos para las vueltas más bravas, chantaje a jugadores y directivos es un asunto sencillo para quienes manejan combos en las ciudades. Tienen plata, fierros y un prestigio rudo que convence a muchos pelaos de los barrios. El peor de los errores que pueden cometer el Estado, los equipos, los aficionados y los medios es entregar ese rebaño áspero al dominio de los ilegales, aislarlos para que otros los acojan. Muchas administraciones municipales lo han entendido y han hecho trabajo social que para algunos resulta impresentable, logrando legitimidad para el Estado y la exigencia de una responsabilidad colectiva para las barras 
Hace poco se oyó el estribillo descalificador de buena parte de la prensa luego de un artículo, mentiroso y malintencionado, que hablaba las boletas que Atlético Nacional le entrega a la barra Los del Sur. Desde junio de 2011, cuando desaparecieron en Colombia las mallas que separan a los hinchas de la cancha, los directivos de Nacional se reunieron con los líderes de la barra para planear una estrategia. Cerca de 150 jóvenes de Los del Sur se pusieron una camisa naranja y asumieron el compromiso de defender la cancha, de hacer autocontrol, de servir como anticuerpos a esa masa de 9000 hinchas en la tribuna sur del Atanasio. Palomino marcó el 3-1 frente al Tolima en los últimos minutos y se fue a celebrar frente a Sur, la avalancha parecía inevitable, pero la cadena de los jóvenes de naranja logró parar esa marea para muchos incontrolable. Ese día los llamaron alcalde, presidente del club y comandante de policía a felicitarlos. Entonces nació una empresa de logística que se encarga de hacer un trabajo de regulación al interior. No se trata de asumir funciones de la policía, solo de evitar que la policía tenga que intervenir. Ahora algunos de los jóvenes antes más belicosos cobran 30.000 pesos por partido, sienten un compromiso distinto al del tropel y entran anotados en una lista del club. La empresa ha trabajado en logística de eventos de diferentes al fútbol. Eso es lo que a muchos les parece un descaro. Según ellos sería mejor queMemín’ u otro bandido fuera el contacto para el “trabajo social” de las barras.  
Los jóvenes son los principales protagonistas del fútbol en los estadios. Una brecha entre comentaristas más cercanos al El Dorado que al abismo de las tribunas de hoy pretende acabar con las barras negándoles su importancia para los problemas y las soluciones. Mientras la policía de Bogotá reporta 53 riñas cada hora en las calles, se pretende condenar a las barras como un fenómeno de violencia intrínseca. En ocasiones jugar rana en la tienda puede ser más peligroso que ver fútbol en la tribuna. 



miércoles, 20 de abril de 2016

Contragolpes








Son truculentas las batallas entre congreso y ejecutivo. Se pasa muy rápidamente del apretón de manos en los pasillos a la acusación encendida desde el atril. El sismógrafo de las bancas parlamentarias es sensible a cualquier inclinación del gobierno. Los congresistas son hombres nerviosos, asustadizos. En últimas es más fácil empujar una avalancha que sostenerla. Dilma Roousseff tenía el apoyo de 294 diputados de la Cámara cuando se posesionó para su segundo periodo hace apenas 15 meses. El domingo pasado solo logró que 137 le dijeran NO al juicio que seguirá ahora en el Senado. Aquí no se trataba de juzgar la conducta de la presidenta sino de la intuición y el sentido de oportunidad ¿Quién podrá cumplirme con más facilidad y más certeza lo prometido, Dilma o Michel? La negociación implicó a 28 partidos y movimientos con representación en la cámara baja. Un esquema voto a voto que les entrega un poder insospechado a políticos de salón social. Y no puedo dejar de pensar en Yidis y Teodolindo. Y en Heyne.
La muy posible destitución de Dilma Rousseff en Brasil deja una pregunta sobre las bondades de ese mecanismo más o menos blando para sacar a un presidente que ha perdido apoyo popular ¿Debe estar el ejecutivo en manos de lo que aquí se llamó el “estado de opinión”? Las encuestas dicen que 3 de cada 5 brasileños están de acuerdo con la salida de la presidenta. Algo lógico luego de 13 años del Partido de los Trabajadores en el poder y de la crisis económica en el país. En el otro extremo de Brasil se podría poner a Venezuela, un país que ha soportado golpes y contragolpes, referendo revocatorio, decenas de elecciones, marchas y enfrentamientos ciudadanos constantes, una crisis que ya pasó de económica a humanitaria y sigue sosteniendo a un régimen que según las encuestas rechazan 8 de cada 10 ciudadanos. Se aproxima, según parece, otro intento de revocatoria con la larga pelea de planillas, firmas y chantajes gubernamentales. Difícil elegir entre esos dos males: una especie de bloqueo institucional por la toma de los poderes ejecutivo y judicial de un partido convertido en régimen, o una vía expedita para la revancha parlamentaria de quienes han perdido las elecciones en los últimos 15 años.
No han sido pocos los casos en Suramérica de un congreso sacando al presidente en medio de invocaciones a dios y a la historia. Pero sin duda han sido distintos al caso de Rousseff, juzgada más por conductas ajenas y por fatiga de materiales. Color de Mello salió en 1992 con el empujón que le dio su hermano Pedro. Se habló de 6 millones de dólares movidos a sus cuentas personales, aunque 2 años después el tribunal supremo lo absolvió. Llegó sin apoyo parlamentario y así se fue. Ahora votará contra Dilma como senador. Carlos Andrés Pérez necesitó el Caracazo, dos intentos de golpe de Estado y una acusación de gastar 17 millones de dólares en apoyar políticos extranjeros para irse por invitación del congreso. Ecuador sacó a Abadalá Bucaram luego de seis meses de sainete. “Incapacidad mental” alegó el Congreso y así dio gusto e insultó a quienes lo había elegido. También salió Lucio Gutierrez por “abandono del cargo” cuando todavía estaba en el palacio presidencial. Se había enfrentado a la Corte Suprema y a los militares. No le queda más que su silla en una avioneta. El congreso paraguayo sacó a Raúl Cubas, con asesinato del vicepresidente y hermano traidor de por medio. Tampoco completó un año de gobierno. El último en salir por esa vía fue Fernando Lugo, acosado por divisiones de la izquierda y gritando como todos que era víctima de un golpe.
Es fácil chiflar al presidente, pero es muy difícil aplaudir al congreso.






martes, 12 de abril de 2016

Bicicleta estática







En 1993 el ciclismo colombiano cerraba un ciclo internacional que lo llevó a tener hasta tres equipos corriendo de forma simultánea en Europa. Se cumplía una década larga desde la primera participación de una escuadra nacional en el Tour y la generación del “desembarco” europeo agotaba sus fuerzas. Herrera y Parra estaban en retirada y nuestra bandera en las grandes vueltas quedaba en manos de lo que pudieran hacer Oliverio Rincón (ese año ganó en Lagos de Covadonga) y Álvaro Mejía (quien alcanzó a ser el líder de Motorola). Café de Colombia había desaparecido en 1991 y Postobón cerraba su ciclo internacional luego de un último intento con cuatro lituanos encargados de remolcar a los escaladores en las largas etapas planas. Era el momento de volver a mirar a nuestras cumbres.
Antioquia aprovechó el regreso de Oscar de J. Vargas y Carlos Mario Jaramillo para armar un equipo propio, Orgullo Paisa, que recordaba las grandes rivalidades ciclísticas de los años sesenta. La gobernación fue la encargada del primer impulso y el patrocinio. Han pasado 23 años y el equipo se convirtió en el gran semillero del ciclismo antioqueño. También han pasado políticos de todos los colores y el Orgullo ha logrado sobrevivir en ese mundo turbio y competido de los lagartos disfrazados de dirigentes deportivos. Pero con la llegada de Luis Pérez a la gobernación aparece la etapa más difícil. Luego de tres meses de anuncios, amagues y tramas el equipo no despega.
En los últimos 5 años el Orgullo Paisa había logrado un equilibrio con Santiago Botero como gerente y Gabriel Jaime Vélez como director general. Indeportes Antioquia, Benedan, La FLA y el IDEA compartían el patrocinio para tener un equipo con 12 corredores élite, 6 sub-23 y 10 juveniles. El presupuesto anual era cercano a 2.400 millones de pesos, lo que vale un jugador del montón de uno de nuestros equipos del fútbol. Aportes públicos a un club de ciclismo privado que es representante departamental y primera vitrina profesional para los ciclistas antioqueños. Santiago Botero convirtió el equipo en ejemplo nacional de organización, con orden y la historia de una camisa arcoíris lograba gestionar cerca de 400 millones de pesos cada año para el club. Gabriel Jaime Vélez lleva 25 años persiguiendo ciclistas por las lomas de Antioquia, sacó a Carlos ‘El Bananito’ Betancur de un cafetal en Ciudad Bolívar y se llevó a Rigoberto Urán de Urrao a Jardín en el peor momento para el joven corredor. Además, ha entrenado a Mauricio Ardila, Leonardo Duque, Sergio Luis Henao, Julián Arredondo, Luis Felipe Laverde y Fernando Gaviria. Es un hombre que hace ciclismo de cantera y de carretera, que forma y dirige.
Pero se juntaron el regionalismo barato y la politiquería y a 60 días del inicio de la Vuelta a Colombia los corredores entrenan por su cuenta, no cobran desde el pasado 15 de diciembre y correrán la Vuelta al Tolima con una camisa de Autolarte que intenta darles una mano. La gobernación se empeñó en colocar a “mis hétores”, Héctor Manuel Castaño y Héctor Iván Palacio, ex corredores que terminaron pedaleando votos al mejor postor. “Mis hétores” los bautizó Luis Alfredo Ramos para quien peregrinaban y ahora son escaladores de tarima de Luis Pérez. Pretenden imponerlos como directores con mentiras sobre sus logros y un falso regionalismo según el cual el equipo se llenó de “extranjeros”, cuando toda su base es antioqueña y solo dos ciclistas del cuadro élite son de afuera del departamento. Nuestro ciclismo está de nuevo en los podios de Europa, pero los equipos locales tienen la condena de los señores de la intriga y la uña larga. El sector público tiene la gran facilidad de destruir una historia larga en apenas 4 meses.