martes, 21 de febrero de 2017

Desconcierto






La invitación, algo clandestina, llegó con la vibración disimulada de los teléfonos celulares. El aviso decía “Recital de órgano a cargo de Maude Gratton, música invitada de la orquesta de los Campos Elíseos. Catedral Metropolitana, Domingo 3:00 P.M.”. Una oportunidad para visitar la frescura de la Catedral en compañía del bajo profundo y los silbidos de las más de tres mil flautas del órgano inaugurado en 1933. En su momento el armatoste llegó con su “tutor”, un alemán de apellido Binder que terminó de mecánico celestial en iglesias de Medellín y Bogotá. El órgano es por sí solo una pequeña iglesia sonora en lo alto de la Catedral.
El paseo dominguero prometía un viaje de nostalgia a las curtidas majestades del Parque Bolívar. Bajando desde la Oriental hacia el atrio se prendieron las alarmas. Una banda de guerra de la policía esperaba en las escaleras de la iglesia y había cientos de agentes en las calles aledañas, unos en actitud vigilante, fusil terciado y mirada recia, unos más con la cabeza gacha, otros pensativos con el quepis de gala en la mano. El carro mortuorio con sus fauces abiertas no dejó duda del rito fúnebre que habíamos encontrado cuando íbamos en busca de una tarde beatífica a falta del partido del domingo. En la acera un policía nos dio el primer parte del crimen en un tono que parecía más el de un amigo dolido que el de un oficial: “El viernes pasado mataron a un agente en Villatina, la comunidad los requirió y los recibieron a tiros. Muy verraco esto, ver llorando a la niña de ocho años del agente Herrera…”
Seguimos hacia La Catedral pensando en los tiempos en que los policías caían en Medellín sin dar tiempo a las misas ni a los homenajes, con apenas horas suficientes para el trámite forense y una bendición desordenada. En 1990 llegaron a morir asesinados, con uniforme o en la civil, 97 policías en apenas tres meses. En las afueras de la mole de ladrillo nos protegíamos del sol y el golpe de realidad muchos de los asistentes al concierto de órgano. Estábamos en medio de las esquinas berrinchosas sin saber si unirnos al cortejo, esperar el fin de la misa solemne o abandonar el plan dominical. Habíamos pasado de las expectativas de Johann Sebastian Bach a las realidades de alias ‘Sebastián’ o ‘Douglas’ o ‘Diego Chamizo’. El Parque había adquirido de nuevo su aire pútrido con una fuente lamosa y un olor lejano a marihuana. Los policías sacaron el cajón con su compañero y los asistentes al concierto entramos entre avergonzados y aliviados.
Un policía asesinado se ha vuelto un evento inusual en Medellín. La muerte del agente Juan Carlos Herrera Londoño de 28 años deja ver los líos de la Comuna 8 en la ciudad. Dos combos, San Antonio y La Libertad, pelean por rentas de extorsión, microtráfico y venta ilegal de lotes en un sector declarado reserva. Combos respaldados por “franquicias” de La Terraza y Diego Chamizo, bandas que se han acostumbrado a una guerra soterrada, a marcar sus territorios y los de sus vecinos y que, incluso, se imponen multas por no cumplir los pactos de no agresión. Ahora se señalan unos a otros por la muerte del policía en un tiroteo que dejó además un civil muerto y tres heridos.

No hay duda de que Medellín ha mejorado en sus cifras de violencia y su presencia institucional. Pero de vez en cuando un golpe nos dice a las claras cómo viven una buena parte de sus habitantes, y quién manda en muchas laderas bajo el manto cotidiano de la anormalidad. El concierto terminó con aplauso cerrado de toda la concurrencia de cara al coro. Apenas un policía solitario decidió quedarse a oír el concierto. 


martes, 14 de febrero de 2017

Guerra política






La guerra de los políticos ha resultado más férrea y duradera que la guerra de los fusiles. Mientras guerrilleros y militares se dan la mano en las zonas de concentración y encuentran afinidades en sus caras, en sus gustos y sus tragedias luego de años de odio y plomo, algunos políticos intentan que sus diferencias, señalamientos y discursos sigan marcados por el conflicto armado. Temen perder la posibilidad de señalar a los rivales como enemigos, quieren incendiar un poco y que la gente siga verraca. Entre nosotros la política es la perpetuación de la guerra por otros medios. Tal vez sea un signo de nuestra historia de partidismo a muerte.
Hace poco decía Malcom Deas, hablando de nuestra violencia liberal-conservadora, que en “ningún otro lugar la movilización política fue tan prolongada ni involucró de manera tan comprometida a tan gran parte de la población…” Es posible que esa herencia nos lleve a la necesidad de elegir un bando político que muestra opciones sencillas, que simplifica y define al mundo con frases fáciles como “los buenos somos más”. Seguir acudiendo al adversario político más burdo, al que más rechazo y miedo genera, al más torpe y dogmático es solo un intento de supervivencia, una nostalgia frente a la política más elemental y un terror a enfrentar adversarios y problemas más complejos.
Luego de cinco años de ocupar por completo la discusión nacional, el proceso con las Farc ha dejado de ser un tema de interés para los medios y los ciudadanos. Al parecer, solo la crispación política hacía del proceso de negociación un hecho central en Colombia. También el cubrimiento de la guerra fue durante años el tema principal de la prensa que convirtió algunas expresiones macabras en lugares comunes. Al menos un lustro el tema principal de organizaciones civiles en las ciudades y de los titulares de prensa fueron los acuerdos humanitarios y movilizaciones frente a delitos como el secuestro. El conflicto y los pulsos políticos en torno a sus posibles soluciones fueron durante años el centro de todos los debates: bombardeos y elecciones, secuestros y reelecciones, ataques a estaciones de policía y estados de sitio, negociaciones y curules… Ahora que la concentración de las Farc es un hecho el proceso de paz ha perdido visibilidad e interés. Los acuerdos que supuestamente iban a generar la irrupción de un enemigo a muerte en las ciudades e iban a dejar la política en manos de criminales, ahora suceden demasiado lejos, son historias campesinas sin mucha capacidad para inspirar o indignar a los citadinos. En vísperas de los retos más importantes el proceso ha pasado a ser una maraña jurídica y una expectativa de tercer orden.

Y los pocos debates que aún sucita no están dedicados a pensar en el futuro que puede traer la desmovilización de las Farc en las regiones, en las amenazas que supone el final del control armado de la guerrilla y la posibilidad del ya conocido reciclaje criminal, en la manera como se pueden integrar un poco las ciudades intermedias y los municipios que vivieron el conflicto durante años, en la obligación de lograr por primera vez proyectos viables de sustitución de cultivos; al contrario, los políticos parecen empeñados en hacer retroceder el debate y la realidad, en volver sobre los temas resueltos, en empeñarse en el odio invocando la justicia, en convertir un proceso que involucra a miles de personas en un pulso entre los poderes electorales de unos cuentos. En caso de que ese sea el único escenario para que los medios y la ciudadanía vuelvan a mirar el cierre del conflicto, es preferible la silenciosa indiferencia. 


martes, 7 de febrero de 2017

Un sorbo de aire






Es una línea insignificante, casi inadvertida en medio de los 243 artículos de cantaleta, sanciones y atribuciones del nuevo código de policía que tiene como apellido la palabra convivencia, añadida como una forma de cinismo involuntario. El artículo 33 habla de los “comportamientos que afectan la tranquilidad y las relaciones respetuosas de las personas”, y desliza en el numeral segundo dichos comportamientos en el “espacio público, lugares abiertos al público, o que siendo privados trasciendan a lo público”. Y entre ellos está consumo de “sustancias alcohólicas, psicoactivas o prohibidas, no autorizadas para su consumo”. La vergonzosa redacción hace que parezca un chiste olvidado el recuerdo de ese honor que se le hizo a uno de nuestros próceres al llamarlo “El hombre de las leyes”. ¿Sustancia alcohólica? Así como hay unos químicamente buenos, hay otros químicamente brutos. Pero no vale la pena distraerse en la letra de los legisladores, dejemos eso para las demandas y los alegatos contra los policías en los parques.
Tal vez lo fundamental sea reseñar una medida que llama a la convivencia mientras la prohíbe. Que convierte en ley la tara moral que aún supone que es una ofensa tomar alcohol en público y pretende arrinconar a la gente, imponer un veto sobre los espacios comunes que ha ganado la ciudadanía por sí sola, por costumbre, por perseverancia, por el vicio de mirar al cielo y compartir al aire libre en un país donde cada año hay 100.000 denuncias por maltrato intrafamiliar, un país acostumbrado a la violencia de puertas para dentro. Veremos quién se cansa primero en los muros y las aceras.
Para los congresistas sentarse a tomar una cerveza en un parque es un atentado contra la tranquilidad y el respeto, no importa que unos artículos más adelante se permita ese mismo comportamiento, en espacio público, cuando se trata de “lugares habilitados para aglomeraciones”. Entiéndase eventos con un organizador y un patrocinador que necesitan cuadrar las cuentas y tienen permiso para vender alcohol. No importa que siempre implique más riesgo juntar a 5.000 o 10.000 personas bebiendo que soportar a los 100 o 200 espontáneos que llegan a tomarse unos tragos sin necesidad de un afiche y una boleta. En últimas, todo se reduce a que es posible beber en parques o vías públicas cuando hay taquilla y patrocinador, pero está prohibido para los bebedores por cuenta propia.
Se trata también de una forma sutil de discriminación. En España una ley parecida, aprobada hace año y medio para combatir lo que allá llaman el botellón, ha demostrado ser un mecanismo eficaz para la arbitrariedad. El periodista Julio Llamazares describió hace poco cómo se aplica por parte de los policías: “En España las leyes son como los perros, solo ladran a los pobres”. Y cuenta como los policías se encargan de multar a bolivianos o africanos mientras los españoles siguen sus rituales de botella y se ríen de unas multas imposibles de cobrar. Aquí habrá parques de parques y parches de parches.
En España nadie entiende que algunos pueden tomarse sus tragos al aire libre en terrazas de bares y restaurantes mientras a unos metros, en bancas y aceras, están prohibidas las mismas libaciones. Igual pasará en Colombia, los tenderos perderán su porción frente a los negocios de la copa y el mantel. También hay un desplazamiento económico detrás de esa ley para el respeto y la tranquilidad. Y lo más triste, los parques serán territorios de la sospecha. Solo sentarse será mal visto por los agentes. Florecerán los sótanos y las esquinas informales, se repetirá el estúpido juego entre contertulios y policías en los quicios de las plazas, y mientras tanto, los jíbaros, muchas veces socios de los hombres del orden, no perderán un centímetro. Ellos pagan la multa por adelantado.





martes, 31 de enero de 2017

Recién llegados




Abdulfatá Jandali llegó hace sesenta y cinco años a Estados Unidos desde la ciudad siria de Homs. Tenía la intención de estudiar ciencia política y convertirse en diplomático. Su padre era un rico agricultor dedicado a los cultivos de trigo y algodón en un país todavía bajo el signo de la servidumbre. Tenía 26 años cuando se graduó en la universidad de Wisconsin con una tesis que buscaba fórmulas para que los países de Oriente Próximo abandonaran el colonialismo. Además de su título universitario, su estadía en Madison dejó un hijo nacido en 1955 en San Francisco, California. Al parecer los prejuicios religiosos del padre de su novia, una joven católica llamada Joanne Schieble, hicieron que la pareja se distanciara y la madre decidiera dar su hijo en adopción.
En el 2005, luego de una vida silenciosa y nublada, Jandali se enteró de que ese hijo perdido en los años universitarios era uno de los hombres más brillantes y más ricos de los Estados Unidos: Steve Jobs. Ese padre escurridizo solo se atrevió a enviar unos correos tímidos con pequeñas líneas que son a la vez una disculpa y un gesto de admiración: “Espero que estés mejor de salud”, "Feliz cumpleaños". Luego de la muerte del padre reacio, Jandali y Joanne Schieble se casaron y tuvieron una hija. Pero al parecer Jandali tenía una inevitable vocación para la huida y muy pronto marcó su ruta hacia la universidad de Nevada donde fue profesor durante poco tiempo. Su hija, ya con un apellido ajeno a ese fantasma y convertida en la novelista Mona Simpson, hizo su correspondiente ajuste de cuentas en forma de libro: The lost father.
En los años setenta Jandali comienza a recorrer una especie de ruta inversa para un inmigrante que había tenido formación académica y vínculos laborales con algunas universidades. Se casó por segunda vez y abrió un pequeño restaurante en Reno como corresponde a la fábula común de miles de inmigrantes en Estados Unidos. Imposible no recordar que el abuelo de Donald Trump, quien llegó a Estados Unidos con dieciséis años desde un pueblito Bávaro llamado Kallstadt, se inauguró como empresario colgando un aviso que decía Arctic Restaurant & Hotel en las nieves de Yukon en Canadá. La fiebre del oro lo arrastró desde su primer oficio como peluquero en Nueva York hasta un local en Seattle y luego al extremo norte para ofrecer provocativas “habitaciones privadas” en su hotel que presumía de todo tipo de lujos para los mineros recién forrados.
Pero volvamos a Jandali y sus restaurantes de carretera en Nevada. Su segunda opción fue comprar un restaurante francés quebrado para venderlo luego de la restauración y ganar unos dólares. Había olvidado los sueños académicos y políticos sobre del Medio Oriente y ahora se dedicaba a satisfacer a sus clientes tras la puerta de su parador. Las paradojas quisieron que terminara como director del casino Boomtown a las afueras de Reno. Desde 1999 se convirtió en el jefe de alimentos y bebidas del casino. Ese hombre venido de siria con una conciencia política y religiosa terminó manejando una rueda de la fortuna de 400.000 dólares cada semana en las carreteras de Nevada. Su gran idea fue ofrecer un bufé ilimitado de langosta los fines de semana. Con eso logró frenar la estampida de clientes que iban hacia casinos indios más cercanos a sus casas. Las tenazas de Jandali terminaron marcando la gastronomía y la contabilidad de los casinos en Nevada. El mismo estado donde Trump peleaba hace dos años para que los trabajadores de sus casinos no conformaran un sindicato. Los inmigrantes marcan los surcos imprevistos de la genialidad, la competencia, la insignificancia, la soberbia. Basta dejarlos llegar.
 





martes, 24 de enero de 2017

Press-ti-tutes, press-ti-tutes





El 20 de enero de 2017 era su gran día, el momento de su desquite, de convertir en realidad las apoteosis de utilería a las que se acostumbró en los casinos y en la televisión. Era hora de mirar desde lo alto, de marcar el atril y repetir sus insolencias como gran jefe. Entonces, era necesaria una seña en el calendario: “Por eso, yo, Donald J. Trump, Presidente de los Estados Unidos de América, por la autoridad que me ha sido concedida por la Constitución y las leyes de los Estados Unidos, proclamo el 20 de enero, 2017, como día Nacional de Devoción Patriótica…”
Pero no faltan los aguafiestas. Y en el día supremo comenzaron a decir que su rebaño era menor al de otros ídolos y que su gala no era la de un predilecto sino la de un maldiciente, un blasfemo con suerte y dinero. Trump no resistió el agravio y envió a su jefe de prensa como avanzada contra el atrevimiento de los medios: “Frente a esa obsesión por deslegitimar a este presidente, no vamos a sentarnos y dejarlo pasar. Este gobierno va a luchar con dientes y uñas, todos los días, contra este intento de deslegitimar las elecciones ". Hablaba un nervioso Sean Spicer que tenía órdenes de mostrar los dientes. Defendió el aforo de su jefe como si se tratara del empresario de un cantante y dejó caer unas cuantas mentiras en medio del encargo: los usuarios del metro ese día en Washington, los datos de audiencia en televisión según Nielsen, las supuestas diferencias en el operativo de seguridad para la posesión... El presidente no quedó contento con la defensa y fue necesario el refuerzo de su asesora Kellyanne Conway, quien dejó todo muy claro con una expresión: “hechos alternativos”. El gobierno no miente, solo tiene un ojo distinto, de buen cubero, y unos hechos distintos y unos números disparejos. El vicepresidente Mike Pence lo advirtió durante la campaña: cuando Trump distorsiona la realidad "es porque él siente que lo que dice es verdad". Nos es su culpa, es solo que en su reino las cosas suceden de una manera mágica y diversa. El presidente está dispuesto a pelear y a mentir por los motivos más frívolos, por un record escolar. Muestra una fobia rabiosa frente a quienes lo contradicen. La revista The Atlantic señaló los peligros: “Si estás dispuesto a mentir sobre algo así de minúsculo, ¿por qué alguien debería creer lo que digas sobre algo grande e importante?”.
Al día siguiente, cuando Trump se plantó frente al CIA Memorial Wall, el muro que rinde homenaje a los norteamericanos muertos en tareas de inteligencia, a quienes el presidente había ofendido durante los últimos meses, en medio del ruego de los asesores para que pasara la página de la ceremonia de posesión y se concentrara en reparar las relaciones con la “inteligencia”, los complejos y la soberbia decidieron otra cosa: “Los atrapamos en una belleza y creo que van a pagar un gran precio (…) Tengo una guerra con los medios. (Los periodistas) Están entre los seres humanos más deshonestos en la tierra…”
Paradójicamente, el sorpresivo ídolo de la derecha europea ha terminado por recordar la obsesión y la inquina de los populistas de izquierda contra los medios en América Latina. No extraña que un ex secretario de comercio de Cristina K. haya dicho que Trump era peronista. Allá cambiaron la ley para combatir al Grupo Clarín. Y Correa, que puso un comisario propio a revisar los periódicos, podría aconsejar al hombre fuerte de Estados Unidos. Daniel Ortega, Evo Morales y Nicolás Maduro al fin tienen una coincidencia con el imperio. Estados Unidos es un pueblo al norte de Latinoamérica.












martes, 17 de enero de 2017

Concesiones políticas










Un decreto presidencial de junio de 2003 creó el Instituto Nacional de Concesiones (Inco). El presidente Álvaro Uribe buscaba un organismo con la capacidad técnica para “planear, estructurar, contratar, ejecutar y administrar los negocios de infraestructura de transporte que se desarrollen con participación del capital privado”. Uribe llevaba un año en la Casa de Nariño a donde había llegado agitando una bandera contra la “corrupción y la politiquería”. Se hablaba de un instituto técnico y la palabra meritocracia rondaba los discursos y los documentos oficiales.
Pero la ronda de los congresistas comenzaba a hacer sus sugerencias y a presentar sus recomendados. Uribe conocía de sobra ese mundo que había negado durante su campaña. Mientras Andrés Uriel Gallego ponía los elementos químicos de bondad y la nota folclórica, el Inco comenzaba a llenar el sudoku del clientelismo y a pagar los peajes. Godos-costeños, decía en la casilla al frente del Instituto Nacional de Concesiones. Y comenzaron los líos.
El primer director en problemas fue Luis Carlos Ordosgoitia, quien dirigió el instituto entre septiembre de 2004 y noviembre de 2006. El señor comenzó su vida política como diputado en Córdoba en 1995 y fue representante a la Cámara en 1998. Su firma en el famoso Pacto de Ralito en 2001 lo sacó del Inco. Durante el gobierno Pastrana había tenido sus palomitas. Los vallenatos también merecían su cuota y por eso llegó Fabio Alberto Méndez Dangond. Una falsedad en sus papeles para posesionarse hizo que apenas durara dos meses al frente de la entidad. Apenas estaba conociendo a los contratistas. En 2013 le llegaría la condena a ocho años por falsificar un título de maestría en finanzas del Externado de Colombia para cumplir los requisitos frente a la prueba química de Andrés Uriel. Quedaba pendiente la deuda con la gente del Cesar y para eso llegó Álvaro José Soto, un ingeniero de la Universidad Católica que había trabajado como secretario privado del destituido gobernador del Cesar, Rafael Bolaño Guerrero. Algunas conversaciones en manos de la Fiscalía muestran que el hombre sí alcanzó familiaridad con los contratistas: “El Mono ya habló con Álvaro José (Soto) de eso, pero dijo que a mí no me entregaran ni mierda”, al parecer era la voz de Álvaro Arias, un asesor del ministerio de transporte. Y la conversa seguía en la voz de un representante de los consorcios en busca de una licitación: “Me han llamado mucho estos muchachos para que les dé más platica (…) El siguiente paso es consolidarnos no solamente en el consorcio, sino ante todo en el grupo de trabajo, y pues si hay que dar $100 millones (…) Que los españoles vean que no estamos solos”. Álvaro José Soto y sus cuatro asesores renunciaron y se suspendió la entrega del corredor férreo entre Chiriguaná y Villa Vieja, un contrato de 1.3 billones de pesos.
En vista de que parecía físicamente imposible llevar al Inco a alguien que no armara un negocio propio o un problema ajeno, encargaron a Gabriel García con el empujoncito de los García Zucardi de Cartagena. Y mostró que sabía aprovechar la oportunidad. Para terminar y dejar descansar a los costeños llegó Julio Cesar Arango desde Risaralda, entre otras credenciales mostraba la de ser presidente de la Fundación del Bambuco Colombiano. Salió peleado con Andrés Uriel al final del gobierno Uribe II y con su respectiva investigación en la Procuraduría por la licitación en la Ruta del Sol.
El Inco sumaba más de 10 directores en sus primeros siete años. Queda claro que Gabriel García no fue el único traicionero.




martes, 10 de enero de 2017

Nota necrológica







A finales de diciembre el ministro de defensa Luis Carlos Villegas dijo que el país cerraba el año con una tasa de 24.4 homicidios por cada 100.000 habitantes, la más baja desde 1974. Se trató de una declaración a mano alzada, con los datos todavía por verse y con una cifra aproximada que para el caso de los asesinatos no suena del todo bien: “estará alrededor de 12000, será la más baja de los últimos 32 años, desde 1984". Valdría la pena que el ministro le diera una mirada por encima al informe Forensis 2015 Datos para la vida que publicó Medicina Legal en julio pasado. Allí se dice que la cifra de homicidios en 2015 fue de 11585 y la tasa por cada 100.000 habitantes llegó a 24.03. De modo que si uno compara los datos sueltos del ministro y los datos duros de Medicina Legal el país tuvo un pequeño retroceso en el tema de muertes violentas el año anterior. Noticia que sería desalentadora luego de seis años consecutivos de disminución de homicidios, de 17717 en el 2009 a la cifra ya reseñada en el 2015, una rebaja considerable de más de 6000 casos.
Viendo las cifras preliminares que han entregado las principales ciudades y la consolidación de la tregua con las Farc, resultaría extraño que 2016 marcara un brinco en el descenso de homicidios en los últimos años. Parece que el ministro soltó sus números sin pensarlo muy bien y logró titulares para fin de año y preguntas para el comienzo del 2017. Hay que tener en cuenta que Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena agrupan cerca del 35% del total de homicidios que se cometen en el país. Entre ellas, Medellín fue la única que registró (según cifras de alcaldes y comandantes de policía) un incremento en las muertes violentas el año anterior. En Bogotá se habla de una reducción del 6%, 81 casos menos; en Cali las cifras son muy parecidas, la reducción sería del 7% con 89 casos menos. Bogotá y Cali tienen una cifra de homicidios muy cercana (1263 la capital Vs 1289 la Sultana) y, por supuesto, una diferencia dramática en la tasa, donde Cali (53 homicidios/100.000 habitantes) triplica a Bogotá (15.8/100.000). Barranquilla registró en prensa una reducción del 6% con 29 casos menos, y Cartagena mostró orgullosa su merma de 50 homicidios y el mejor comportamiento entre las cinco ciudades con una reducción del 24% entre 2015 y 2016. Lo curioso es que la mitad de esa reducción se dio en los meses de noviembre y diciembre, según el alcalde por medidas restrictivas a la venta de alcohol en algunos barrios. Medellín fue el lunar con 37 homicidios más en 2016, un aumento del 7.5%, donde tres comunas, Castilla, Robledo y San Javier, pusieron casi la totalidad de las muertes de más. Contrario a lo que pasó en Cartagena, la mitad del incremento se dio en los meses de noviembre y diciembre, lo que deja preocupaciones para el año que inicia.
Parece claro es que cada vez será más complejo marcar grandes avances. Entre 2014 y 2015 se presentaron 1041 homicidios menos y volver a mejorías de ese tamaño necesitará más que nuevas motos para los policías en las capitales. La disminución propia del acuerdo con las Farc ya marcó su diferencia en 2015, y se estima que solo entre el 10 y el 12% de los homicidios en Colombia tenían que ver con ese conflicto. Además, es seguro que habrá algunos brotes en zonas de antiguo dominio de las Farc. Las ciudades se han estancado y cada año luchan por mantener sus cifras que muchas veces dependen más de pactos ilegales que de acciones policiales y de políticas sociales. Colombia llegó a una tasa que lo sitúa por debajo del promedio en América Latina y el Caribe. Ahora no somos ni la catástrofe ni el milagro. Llegó la hora de luchar contra la normalidad.