miércoles, 19 de febrero de 2020

Paro muy armado







El lenguaje de los panfletos es todavía un código elocuente en Colombia, un amplificador de mensajes que muchas veces son simple fanfarronería. Pero durante más de cincuenta años nos acostumbramos a sus posibles y cercanas consecuencias. El mimeógrafo fue una efectiva herramienta de guerra para impartir órdenes generales en pueblos y barrios. Y las banderas de las guerrillas eran suficientes para el terror y el desalojo. Cientos de municipios siguen funcionando bajo esa lógica, sometidos a los símbolos, consignas y mandatos de grupos armados ilegales. Pero lo sucedido el pasado fin de semana con el promocionado (más por ajenos que por propios) paro armado del ELN es sin duda el rezago de un miedo o la nostalgia de un enemigo político o la sombra necesaria para agrupar electores. O mejor, una combinación de los tres.
El ELN anunció el pasado 10 de febrero un paro armado de 72 horas. Vimos los titulares, los mensajes por chat, los temores ciudadanos que no aparecían hace un tiempo. La gente preguntaba si podía salir de las ciudades el fin de semana y colegios en las capitales redujeron su jornada. Mientras tanto las acciones del grupo guerrillero se concentraron en los territorios en que ha hecho presencia histórica y la intensidad no fue muy distinta a la de su accionar acostumbrado. En el municipio de Convención, en el Catatumbo, murió un soldado por el disparo de un francotirador. En la misma zona un explosivo afectó la carretera entre Ocaña y Catatumbo y una antena de celular fue derribada en Hacarí. Enfrentamientos entre ELN y Los Rastrojos dejaron dos heridos en Puerto Libertador. Y en Cúcuta y Villla del Rosario dos explosivos fueron activados por la policía de manera controlada. En Pailitas, Cesar, se reportó un civil herido por la quema dos buses y tres policías de tránsito con quemaduras de consideración por de tránsito por la explosión de una tractomula en la vía. También la carretera entre Medellín y Quibdó el ejército desactivó un explosivo.
Nadie duda que el ELN ha crecido en hombres y presencia en los últimos años. Luego de una época en la que casi desapareció de los registros de ataques y tomas a poblaciones (entre 2003 y 2013 fueron 11 de esas acciones frente a 227 de las Farc) ha mostrado de nuevo presencia en zonas que eran dominadas por las antiguas Farc. Entre 2008 y 2010 se dijo que no tenía más de 2000 hombres y presencia en apenas 85 municipios. El proceso con los paras y la desmovilización de las Farc le dieron algo de aire y espacio. Fuentes del ejército hablan de 4000 combatientes mientras las más recientes cifras de inteligencia militar mencionan un número más cercano a los 3000 guerrilleros sin contar los milicianos. Tanto la cancillería como el ejército han repetido en el último año que cerca del 45% de los combatientes del ELN están en Venezuela. Allí están también una parte de sus rentas y de sus aliados. Donde han buscado expandirse en Colombia han topado con los Gaitanistas, los Pelusos, los rastrojos y las disidencias de las Farc. En todos los territorios donde hace presencia libran dos o tres batallas al tiempo. En 2018 y 2019 tuvieron en promedio una cifra cercana a las 210 acciones armadas cada año, casi siempre simples escaramuzas, ataques a infraestructura o enfrentamientos con sus rivales ilegales. Y los militares hablan de más de 1800 capturas de sus miembros entre 2016 y 2019. Tal vez lo más preocupante sea su tímido regreso al norte, a los departamentos de Bolívar, Magdalena y La Guajira.
Pero según parece su mayor fortaleza es la capacidad de la ciudadanía, las instituciones y los medios de comunicación para atender a su intimidación y magnificar su fuerza. Para graduar a un actor armado de principal enemigo e interlocutor basta iluminarlo para crecer su sombra.



miércoles, 12 de febrero de 2020

Justicia a muerte





El proceso de desmovilización de los paramilitares tiene variadas extravagancias. Según Ernesto Báez hubo más de doce mil colados que pasaron por combatientes; según el Centro Nacional de Memoria Histórica entre 2003 y 2005, tiempos de cese al fuego, los paras asesinaron a más de 2500 personas apretando tuercas y ajustando cuentas del proceso; según el gobierno de Iván Duque hasta mediados del año pasado 2202 desmovilizados habían sido asesinados, eso es un poco más del 7% de todos los que se anotaron en las actas de Luis Carlos Restrepo. Pero tal vez la mayor de las anomalías del proceso de desmovilización de los paras subsiste en los juzgados y las salas de audiencia de Justicia y Paz, procesos eternos que han comenzado a enterrar a los acusados, de modo que las sentencias aún no están e firme cuando los acusados ya están en tierra.
En un principio Justicia y Paz pretendió atender a cerca de 5000 postulados que debían responder ante los jueces de una justicia interminable. Al final, por abandono del proceso y por decisiones judiciales los comparecientes fueron 2378, un poco menos del 10% de los desmovilizados. En 2005 la jurisdicción de Justicia y Paz publicó sus primeras decisiones administrativas y comenzaron los procesos. La pretensión de avanzar hecho a hecho ha logrado que en términos de tiempo y sentencias la justicia especial haya resultado muy ordinaria. Seis años después de la firma de la Ley 975 que creó la jurisdicción quedó en firme el primer fallo luego de que la Corte Suprema confirmara la condena contra ‘Diego Vecino’ y ‘Juancho Dique’ por la masacre de Mampuján.
Las sentencias proferidas en quince años apenas pasan de cincuenta y cubren escasamente a doscientos postulados. No hay duda de que Justicia y Paz ha aportado verdades sobre el paramilitarismo aunque las consecuencias para terceros y militares que apoyaron el desangre han sido menores. En las sentencias proferidas hasta ahora han sido señalados 389 policías y militares y 187 “empresarios” que deben ser investigados y juzgados por la justicia ordinaria. Esas menciones no significan procesos en trámite. Tal vez los más de 9000 cuerpos exhumados por testimonios de exparamilitares sean el mayor aporte a la verdad y a las víctimas.
Luego de la desmovilización la Ley 975 dejó claros dos plazos claves para la aplicación de justicia y la reinserción. Ocho años como pena máxima para los condenados en la jurisdicción especial y la mitad del tiempo de condena como “libertad a prueba” en el proceso de reintegración. Hoy en día muchos de los postulados cumplieron su pena, cumplieron su etapa de acompañamiento y siguen en juicio. Ramón Isaza, por ejemplo, tiene una condena en firme que ya pagó y sigue atendiendo un proceso por más del 85% de los hechos que lo vinculan a Justicia y Paz. Muy seguramente correrá la misma suerte de Ernesto Báez y no le alcanzará la vida para terminar su juicio. La paradoja de este sistema es que el proceso terminó siendo la verdadera condena, de modo que la forma, o sea el juicio, es más gravosa que el fondo, o sea la pena. Muchos de los procesados hoy en día tienen trabajos legales y han cumplido con las condiciones de reintegración, cuando reclaman algo de celeridad para poder seguir llevando una vida en la legalidad encuentran respuestas de este tipo: “Si le parece muy largo el proceso y no le gustan los aplazamientos, entonces vuelva a la cárcel, allá no tiene que pagar servicios ni transporte”.
Al parecer eran más importantes las lecciones de Justicia Y Paz que las objeciones a la Justicia Especial para la Paz.

miércoles, 5 de febrero de 2020

Legítimos linchamientos




Entre nosotros se ha ido borrando la línea que separa la legítima defensa de la justicia violenta y privada. De la excepción penal que exime de responsabilidad a quien rechaza de manera proporcional un ataque cierto a su integridad o a la de un tercero, pasamos a una regla social que justifica la agresión, el escarmiento, y por qué no, la muerte de quienes cometen un delito. La impotencia frente a una justicia “inofensiva”, el deseo de venganza, el odio reservado y los prejuicios sociales nos llevan del derecho individual a defender la vida al derecho colectivo a limpiar el vecindario, a dejar una lección de sangre. Para muchos, es hora del legítimo linchamiento.  
Una encuesta sobre cultura ciudadana -Los ciudadanos que somos- realizada el año pasado en Medellín registra una parte de la sociedad que empuña razones para la autodefensa. La favorabilidad frente al porte de armas ha venido creciendo desde 2009 y hoy está en el 17.3%. En dos años creció más de cinco puntos. El 30% de los consultados dicen que se le debe dar una “golpiza” al ladrón capturado en flagrancia. Un crecimiento del 9% en los últimos nueve años. Y el 10% piensa que cuando la policía captura a un ladrón debería matarlo. Hace diez años solo el 4% creía que esa “pena de muerte” era una opción válida. Mientras tanto el control ilegal se va consolidando en los barrios y los “manuales de conducta” se hacen más informales y más implacables.
En Bogotá, por su parte, un estudio dirigido y publicado en 2019 por el profesor de la Universidad Nacional Rosembert Ariza Santamaría, pasa de medir las intenciones del linchamiento a los linchamientos ciertos en la capital. Es difícil contar los casos de una conducta que no está tipificada penalmente ni se anota en las bitácoras policiales. Sin embargo, sí se registran los “arrestos ciudadanos” y según el estudio en el año 2014 se presentaron en promedio mil doscientos cada mes. En el mes de agosto de ese año la policía registró los casos en que esos arrestos terminaron en violencia contra los “detenidos”. Solo en ese mes se contaron 141 casos. El estudio concluye, al diferenciar linchamientos (violencia efectiva) y posibles linchamientos (intención de ejercer violencia), que Bogotá puede tener carca de ochocientos casos de golpizas contra delincuentes o presuntos delincuentes cada año. Ratas, escorias, plaga, desechos… son algunas de las expresiones de quienes celebran esa violencia “comunitaria”.
Lo usual es que la mirada ciudadana se concentre en un caso particular o una experiencia propia. Y ponga en la balanza la vida del inocente y la vida del agresor. La conclusión es sencilla: mejor que muera el ladrón que su víctima. El hurto se percibe como un duelo a muerte. Pero aquí no se trata de elegir una víctima mortal, se trata, creo yo, de reducir al máximo la violencia letal, no rechazar como una solución que habla de “limpieza”. El año pasado, Medellín tuvo 28 homicidios asociados a hurto según cifras oficiales. Eso es un 4.4% del total de homicidios en la ciudad. Una cifra que duele y enardece, pero al mismo tiempo deja claro que muy seguramente la violencia privada, entiéndase escarmientos, aplicación de “penas barriales”, linchamientos, limpieza social y venganzas personales, son una causa mucho mayor del asesinato, y de la muerte de inocentes.
En enero pasado fueron capturados en Medellín trescientas personas acusadas de hurto ¿Sería mejor nuestra ciudad, sería más tranquila y más pacífica, si digamos una tercera parte de esos capturados estuvieran muertos? ¿Saciar la rabia, la venganza y el odio nos haría más felices? ¿Disfrutar el dolor ajeno nos hace más humanos?


miércoles, 29 de enero de 2020

Morir joven






Nuestras ciudades viven desde hace décadas una guerra absurda y caótica entre jóvenes. Miles de pelaos con realidades paralelas terminan siendo víctimas o victimarios por razones que se confunden con azares. El barrio donde crecieron, la cercanía con la esquina donde parcha un combo, la necesidad de probar finura o el recelo entre dos duros pueden pararlos en los extremos de un duelo a muerte del que casi siempre resultan dos perdedores. Según un estudio publicado el año pasado por el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia de Medellín (SISC), en la ciudad fueron asesinados 57.385 jóvenes entre los 14 y los 28 años en las últimas tres décadas. El 56% del total de homicidios en la ciudad tienen cómo víctima a un joven en ese rango de edad. Y si tuviéramos la posibilidad de conocer a los victimarios, muy seguramente un porcentaje igual o mayor estarían en la lista.
“Nací como muchos otros no soy el único / en medio de disparos de revólver y fusil en medio de regueros de sangre. / Oh san sangre / que te acabaste de coronar de santidad en el siglo veinte / Me enseñó desde pelado la vida como es la vida”. Los versos son de Helí Ramírez, poeta del barrio Castilla que contó la calle y sus caídas como nadie lo ha hecho hasta ahora. No muchas veces se hacen esfuerzos desde las entidades del Estado para entender esa guerra no declarada, esa lucha por rentas menores, estatus y defensa del barrio que deja miles de muertos cada año. El testimonio de cincuenta menores de dieciocho años que han ejercido violencia homicida sirve como marco al estudio mencionado, una búsqueda de las motivaciones y los factores de riesgo de la violencia homicida contra jóvenes en la ciudad.
Lo primero es que rara vez se habla de reclutamiento forzado para entrar a los combos en los barrios. La lógica se da una manera más sutil. El consumo y la venta de drogas sigue siendo una de las clásicas formas de enganche. Niños que comienzan su consumo antes de los 12 años se hacen cercanos a la dinámica de las ollas y muy pronto son los “cachorros” del parche. No es difícil pasar de cliente habitual a jíbaro de oficio. La deserción escolar es otra decisión que impone nuevas lógicas, rompe con el mundo infantil e impone los retos de los adultos a una edad en la que es imposible el criterio para medir riesgos. Niños que desde los 14 años logran su independencia económica apoyados en los combos. El salón de clases es casi siempre un mundo que genera desconfianza y algo de respeto al bandidaje. Los sentimientos de rabia y venganza que genera la violencia ejercida contra la familia es otro de los impulsos claves a la escena de la ilegalidad. Las “vueltas” en el círculo familiar también entregan la posibilidad de entender muy pronto esas dinámicas, estar cerca a las armas y elegir referentes que patronean, que son los “señores” en el barrio. La tolerancia social a los grupos ilegales (hay comunas en Medellín en que el 30% de la gente dice acudir a los combos para resolver conflictos) también hace más sencilla la incorporación de los jóvenes. Los jóvenes “regentes” son vistos con simpatía y respeto, como portadores de un liderazgo social y un orden necesario. Las fronteras invisibles también hacen que los jóvenes tengan una muy limitada movilidad y conocimiento de ambientes distintos. Ese “encierro” empuja muchas veces a una defensa desproporcionada de su entorno. Además, en esa vida que muchas veces se restringe a la relación con su combo, pequeños malentendidos adquieren una dimensión de vida o muerte.
Muchas veces, más que cámaras de seguridad, se necesita una mirada atenta a los entornos juveniles.


miércoles, 22 de enero de 2020

Redes en furor





Hemos pasado de la indignación por los hechos a la furia frente a las opiniones. Antes se rabiaba por la ineptitud de los funcionarios, la venalidad de los contratistas, el cinismo y la falta de coherencia de los candidatos, ahora se oyen las matracas y las cantaletas de clanes fascinados más por las ideas contrarias que por las propias. Parece que hoy se tienen más claras las discordias que las afinidades, se piensa por reacción, se practica algo parecido a la filosofía de la represalia.
Esa permanente crispación frente a los decires ajenos es también una dolencia asociada a la solemnidad. Parece que tomamos demasiado en serio el parloteo insomne de las redes, las noticias y la prensa. Bien vendría darle una mirada a los bien conservados Ensayos de Montaigne, ensayos también en el sentido de ser simples intentos, ejercicios muchas veces predestinados al error. Era esa una de las virtudes del primer hombre moderno, según algunos de sus admiradores. Tener sus pensamientos por provisionales, llenar sus páginas de expresiones como “quizá”, “hasta cierto punto”, “creo”, “me parece”, palabras que “suavizan y moderan la aspereza de nuestras proposiciones”.
Tal vez la frase más inquietante de Montaigne para los lectores de estos días sea esta declaración sin principios: “Ninguna propuesta me asombra, ninguna creencia me ofende, por mucho contraste que ofrezca con las mías propias”. Hoy parece una renuncia inaceptable, un vacío de razones, un abandono simple y llano. Montaigne hablaba sobre todo de las opiniones y reflexiones filosóficas, ese era el centro de sus intereses y sus conocimientos, pero por supuesto hablaba también de inquietudes políticas e inclinaciones religiosas. Ahora nuestras pugnas son sobre todo electorales, ni siquiera fundamentalmente políticas o ideológicas, hemos permitido que el más vulgar de los escenarios cope toda la atención.
Montaigne sentía fascinación por el sentimiento de la extrañeza, visitaba los “monstruos” de la época, personas con malformaciones, para intentar encontrar un sentido humano distinto, para conocer criaturas por fuera de las categorías conocidas. Pero siempre descubría la misma humanidad y terminaba aceptando que la rareza más grande e incomprensible estaba encerrada en su cuerpo, se sorprendía de sus cambios de opinión y de la fragilidad de sus estados de ánimo: “Mi pie es tan inestable e inseguro, me encuentro tan vacilante y dispuesto a resbalar, y mi vista es tan poco fiable, que en ayunas me siento otro hombre que después de comer. Si me sonríe mi salud y la luz de un precioso día, soy un hombre estupendo; si tengo un callo que me duele en el dedo del pie, soy hosco, desagradable e inaccesible”.
Buena parte de nuestras controversias se han convertido en una competencia de descalificaciones, unos pleitos que se alimentan más de la bilis que de la burla. Batallas que buscan golpes de desprestigio. Montaigne destacaba los peligros de un concepto de la época que justificaba la brutalidad en la guerra, el “furor” de los combatientes hacía normal que no se contuvieran y que la piedad pudiera ser olvidada. Ese mismo “furor” hace olvidar hoy toda obligación de compostura y valoración de ideas en el debate de nuestras coyunturas.
El poeta irlandés Thomas Moore escribió una especie de oración al sereno escepticismo que puede servir como un pantallazo obligado antes de entrar al tinglado de las redes sociales: “Cuando pasan las olas del error / qué dulce es alcanzar al fin tu puerto tranquilo, / y suavemente balanceado por la duda ondulante / sonreír a los tenaces vientos que guerrean afuera”





miércoles, 8 de enero de 2020

Secretarías y dependencias






El juego es sencillo, un camuflaje sin mucho esfuerzo, un delantal blanco recién lavado para ocultar los regueros partidistas que desde hace tiempo destiñen y manchan. El delantal está marcado como Grupo Significativo de Ciudadanos y sirve para que los políticos de oficio se presenten como políticos de ocasión por medio de un arrume de planillas firmadas. Cambian entonces el logo del partido o los partidos, que pasan a ser unos avisos en la espalda, por el calificativo de independientes o alternativos.
Antioquia tuvo el mayor número de candidatos por firmas en las pasadas elecciones de octubre. Pero en Colombia los candidatos vergonzantes de sus orígenes políticos has venido creciendo. El año pasado se inscribieron 91 aspirantes por firmas para alcaldías de capitales y gobernaciones. Casi dos terceras partes de ellos terminaron en alianzas con partidos tradicionales. Y desde 2011 hasta 2019 el crecimiento de este tipo de candidaturas alcanzó el 488%.
Los ganadores en alcaldía de Medellín y gobernación de Antioquia se presentaron con firmas aunque tenían detrás sonoras coaliciones partidistas. En el caso de Aníbal Gaviria era más una estrategia para acomodar un variopinto tropel de partidos sin mostrar una preferencia marcada. Era imposible para Gaviria ser independiente luego de haber participado con bandera roja en múltiples elecciones y cargos públicos. Para Daniel Quintero, en cambio, fue un parapeto perfecto en una ciudad que abandona cada vez más el voto amarrado y en un ambiente que alentaba a votar independiente. Quintero ha hecho toda su carrera al lado de partidos y políticos variados. Fue candidato al concejo de Medellín por el partido conservador en el 2007. Luego impulsó la candidatura de su hermano a la misma corporación en 2011 por el Partido Verde apoyando a la dupla Aníbal Gaviria y Sergio Fajardo. Más tarde aspiró a la Cámara en Bogotá por el partido Liberal y terminó trabajando en el gobierno de Juan Manuel Santos. Algunos dicen que en todo el recorrido también tocó las puertas de Cambio Radical y La U.
Ahora, la designación de algunos miembros de su gabinete muestra filiaciones, coaliciones y obligaciones del candidato independiente y el alcalde de partidos. Esas relaciones no descalifican a los recién nombrados, por supuesto, pero sí dejan claro que hubo firmas de la política pura y dura más allá de las planillas. Una corta lista a mano alzada.
Empecemos por la secretaria de Infraestructura, Natalia Urrego Arias, hermana de la esposa de León Mario Bedoya, ex alcalde de Itagüí con el respaldo del senador conservador Carlos Andrés Trujillo. Ese grupo completará 12 años de reinado en el municipio y con apoyo de liberales y Cambio Radical han ganado las alcaldías con cerca del 50% de los votos.
El secretario de hacienda, Óscar de Jesús Hurtado, ha sido dos veces representante a la cámara por el partido Liberal. Lleva 16 años dedicado al juego electoral con 4 candidaturas consecutivas a la cámara por Antioquia, dos quemadas y dos periodos. Apoyó a Humberto de la Calle en la primera vuelta y a Gustavo Petro en la segunda.  
Alejandro Arias García, el secretario de gestión territorial, fue candidato quemado al Concejo en el 2012 de la mano de Gabriel Jaime Rico y fue coordinador de su equipo universitario hace unos años. Rico vuelve por interpuesta persona a La Alpujarra, su Plaza Mayor.
El candidato de Daniel Quintero al Área Metropolitana, tal vez el segundo cargo más importante en el Valle de Aburrá, es Juan David Palacio. Un joven cuya gran experiencia pública es haber sido secretario del Concejo de Medellín a los 25 años impulsado por el entonces concejal Miguel Quintero, hermano del actual alcalde. Antes había gerenciado Transportes La Estrella. Juan David es hijo del político Conservador Oscar Iván Palacio, curtido en las lides de la burocracia y los directorios donde ha trabajado con Andrés Pastrana, Álvaro Uribe. Pedro Juan Moreno, Jorge Hernández…
La secretaria de salud, Jennifer Andree Uribe, trabajó en la Unidad de Apoyo del concejal Miguel Quintero y en el ministerio de las TIC con el actual alcalde cando era viceministro. Ha sido cercana a los procesos políticos en el municipio de La Estrella. La política partidista del actual alcalde tiene buenas rachas desde los municipios del sur del Valle de Aburrá.
La directora del Inder, Diana Paola Toro, tiene el perfil para el cargo, y tiene además la recomendación de Jhony Jaramillo quién ha trabajado con los liberales, fue gerente de la campaña del Centro Democrático al Concejo de Medellín en 2015 y candidato a la Cámara quemado por el partido de la U en 2018.
Veremos pues algunos enfrentamientos de visiones e intereses en un gabinete con peso político en las posiciones con más presupuesto e influencia, y con un intento de balance independiente en secretarías con grandes expectativas en sectores alternativos. Las tensiones de siempre entre una parte de los votos y unas líneas del discurso.


miércoles, 18 de diciembre de 2019

Cementerios de pueblo






Hace unos años elegí el cementerio de Necoclí, en Urabá, para los atardeceres de una semana de vacaciones. Eran las tierras de ‘El Alemán’ y las noticias sobre el dominio paramilitar le daban un aire macabro al ángel blanco del portón adornado por las flores de un curazao. Recuerdo al sepulturero volcado sobre una de las tumbas, desordenando los huesos. Metía la mitad de su cuerpo en la oscuridad del agujero en el muro, usando sus manos para sacar los restos. Los ataúdes que daban contra el mar comenzaban a ser visitados por las mareas altas. Las olas habían socavado el barranco que elevaba el cementerio sobre la playa y los cráneos ya se asomaban sobre la madera dura de los ataúdes.  
Estaba a la vista “el corral de muertos, entre pobres tapias” que describe Unamuno. Pero era solo la primera vista. Ya sabemos lo que esconden nuestros cementerios de pueblo. Lo que saben los sepultureros. La noticia sobre los cuerpos en Dabeiba solo sirve para recordar que durante años muchas muertes solo quedaron en los registros de permisos y felicitaciones de los militares. El Estado no lograba ni siquiera las huellas dactilares de quienes eran asesinados en un supuesto combate. Cadáveres anónimos trocados por medallas. Se llevaba un mejor registro de los repuestos de los camiones militares que de las bajas.
Una investigación hecha hace cinco años por el Centro Nacional de Memoria Histórica deja una cifra impresionante e infame sobre los cementerios de los pueblos. En 2010 la Fiscalía realizó un censo sobre los cadáveres sin identificar en los cementerios del país. Solo 454 se atrevieron a verificar cruces y nombres. Sumaron 20.525 personas sin nombre enterradas. Historias muy difíciles de reconstruir en medio de violencias que mutan y mudan de década en década. Eso sin contar las víctimas escondidas bajo de las tumbas oficiales, las que tienen aunque sea una fecha trazada con el palustre sobre el cemento fresco.
Dabeiba sufrió entre 2002 y 2005 cinco operaciones militares que pretendían diezmar los cinco frentes de las Farc que operaban en el Cañón de la Llorona: Monasterio, Aniquilador, Jeremías, Emblema y Fénix. Crecieron los bombardeos, los combates y la presencia de los Paras. El mismo ‘Alemán’ que fue protagonista en Necoclí, llegó a dirigir la llegada del Bloque Elmer Cárdenas. Las alertas de la Defensoría en 2004 dejaban muy claro lo que pasaba en ese municipio con cuatro batallones activos y un cementerio: “…la población de la zona empezó a ser objeto de homicidios selectivos, desapariciones, señalamientos, bloqueo económico, saqueos y masacres”.
Pero además de ser el centro de los combates y los señalamientos contra civiles, los municipios más acorralados del país se convirtieron en escenario perfecto para ejecuciones de jóvenes de las ciudades. Cuando los combates no dejaban bajas suficientes y los civiles de las veredas ya había sido muy “visitados”, los militares usaban los pueblos bravos como polígono y fosa seguras para marginales que caminaban las calles de las capitales.
La JEP comienza a entregar coordenadas y procedimientos cruentos de los militares que mataban, disfrazaban, reseñaban, enterraban y se felicitaban. No sobra decir, para que lo sepan los justicieros de gobierno y el Centro Democrático, que el 95% de los militares que estaban en las cárceles están en libertad condicionada, transitoria y anticipada luego de acogerse a la Justicia Especial. Habrá versiones de más de dos mil militares y se removerá la tierra de los cementerios de pueblo.