martes, 16 de octubre de 2018

Envenenar la receta






El número de hectáreas sembradas con coca se ha convertido en un expediente electoral. La cifra se espera cada año con un ansia que recuerda el remordimiento de los alumnos en la encrucijada, la expectativa de los vengadores, el silencio del público previo a la sentencia definitiva del árbitro. Quedan dos cifras en los titulares, el total sembrado y el aumento o disminución respecto al año anterior, y comienzan las retahílas, las recriminaciones, la fantasía, el terror, el ejercicio de la inteligencia que todo lo predice, el odioso se los dije. Hay más gritos y especulaciones respecto a la cifra de matas de coca que respecto al número de homicidios en el país.
Siempre vale la pena gastarle tres o cuatro horas al informe anual de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) que mira desde el satélite y en el terreno el negocio que nos atormenta. El consejo de las primeras páginas es tan claro como complejo: “superar la mirada centrada en el lote de coca”. El llamado es a dar una ojeada a los vecinos no cultivadores, al centro poblado más cercano, a las oportunidades para la economía lícita en la zona. Una tercera parte de la coca está sembrada a 10 kilómetros o más de cualquier centro poblado, y el 80% de los centros poblados más cercanos a los cultivos son apenas corregimientos, caseríos o inspecciones de policía. El Estado aún no llega pero quienes van a comprar la hoja fresca cada día tienen mayores recursos y mejores ideas. Los extranjeros han tomado un papel clave en la puerta de las fincas donde se hace el primer negocio. Préstamos para insumos y capacitación lograron que el 43% de quienes siembran hagan algún tipo de transformación de la hoja en sus fincas. Cosa que hace unos años era bien extraña. El año pasado de las fincas con cultivos salieron 734 toneladas de pasta base de coca.
Los cultivos han estado desde hace muchos años en los mismos territorios, todo se reduce a una intermitencia que depende de la acción del Estado, los incentivos por precio, el dominio territorial, los negocios ilegales que asoman y hacen palidecer la coca. Un dato que sirve como gran lección de fracaso durante décadas: el 90% de los lotes identificados el año anterior ya habían sido detectados, fumigados o erradicados entre 2001 y 2016. No se han movido ni la coca ni el Estado. Y cada día crece la concentración, los territorios afectados son menores y los 10 municipios más cocaleros tienen el 44% de los cultivos. Ese top 10 se mantuvo casi intacto entre 2016 y 2017, solo salió San Miguel en Putumayo para darle ingreso a El Charco en Nariño. El valor de la hoja de coca cosechada en un año en esos 10 municipios es de 890.000 millones de pesos, mientras sus presupuestos sumados no llegan a los 600.000 millones. Cuando hablamos de departamentos, Nariño, Putumayo y Norte de Santander tienen el 60% de los cultivos y están desde hace 6 años en los tres primeros puestos. Un dato que rompe el mito del acuerdo y las disidencias de las Farc como principal dinamizador del cultivo es el gran crecimiento, el mayor en 2017, en el Bajo Cauca antioqueño y Córdoba, en municipios que siempre fueron de dominio paramilitar y ahora son localía del Clan del Golfo.
La buena noticia es que los cultivos disminuyeron donde el Estado asomó la cabeza. Donde hubo proyectos de erradicación forzosa o sustitución la coca bajó 11% en promedio. Pasó en Tumaco (principal productor desde hace años), en Guaviare, en municipios del Norte de Antioquia, en los parques naturales donde se trabajó. Pero la intervención se dio solo en el 14% de los territorios cocaleros. En Caquetá y Putumayo solo el 1% de los cultivadores reportó pérdidas por acciones de la fuerza pública.
El actual gobierno tiene a más de 70.000 familias cocaleras inscritas en planes de sustitución. Familias que en promedio tienen ingresos de 12 millones de pesos al año por sus sembrados de coca y esperan opciones. Veremos si decide solo envenenar la receta.



martes, 9 de octubre de 2018

Es mejor la seguridad






Los policías saben muy bien a quién le salen. Entienden cuándo deben cubrirse para hacer sus vueltas y cuando pueden dar cara y placa. Tienen un radar bien pulido para ejercer el abuso contra los más débiles. Aplican la intimidación, el encubrimiento, la mentira sistemática en sus bitácoras y declaraciones. Cuando se intenta una denuncia o una queja aparece una inesperada faceta criminal. El proceso por el asesinato de Diego Felipe Becerra mostró lo riesgoso que puede ser enfrentar a una banda uniformada.
 Para unas ocasiones el simple cinismo y para otras el descaro a patadas y puños. Hace poco uno que usaba un embozo en un procedimiento de rutina, me dijo que tenía gripa cuando le pregunté por qué ejercía su labor con una especie de pañoleta de vaquero de película vieja. A otros los vimos hace poco golpeando a jóvenes de la Comuna 13 que cometieron el pecado de estar trabajando en la adecuación de un local a una hora que no les pareció prudente. Ya no era necesario cubrirse, actuaban con absoluta “franqueza”. Les dieron una paliza estando amarrados en el suelo. Al final, a la hora de irse, entraron al local y se llevaron 400.000 pesos como propina por el procedimiento.
Pero además del abuso está la colaboración armónica con los poderes ilegales. En algunas ciudades buena parte de los policías han terminado como una fuerza de protección de extorsionistas, narcos al menudeo y hasta ladrones de carros y motos. Los policías patrullan sus parches, gestionan sus pagos, merodean más de lo que vigilan. Una mirada sencilla a las noticias de los últimos años que mencionan capturas de policías en las principales ciudades deja una idea del problema. La intervención en el Bronx en Bogotá dejó 16 policías capturados por servicios a la gran plaza. En julio del año pasado un seguimiento a red de microtráfico en el barrio Las Cruces dejó 14 policías capturados en la capital. No acompañaban a los civiles en el tráfico, los doblaban en número y seguro ejercían algún mando. Para pasar a otros delitos vale mencionar a Los Avatar, capturados en junio de este año, dedicados al robo de fincas en Bogotá y Cundinamarca, película en la que aparecieron 5 policías como protagonistas. Hace una semana fueran detenidos 8 policías más en la capital por hacer el paseo millonario a los capturados a cambio de no llevarlos ante un juez. Su calabozo preferido eran los cajeros electrónicos.
Medellín también resulta una plaza interesante. En diciembre del año pasado detuvieron a 7 policías por sus relaciones con Eladio de Jesús Correa, llamado el “zar de la marihuana”. La alianza era con La Terraza y solo les gustaba la cripy traída desde e Cauca. En julio de este año el juicio llegó para 9 policías por sus relaciones con una banda en el barrio Caicedo. En este caso se cuidaban las ollas y se ajustaban los resultados con falsos decomisos. El mes pasado fueron 4 los capturados por sus alertas a bandas en Robledo para evitar operativos. Todas esas capturas resultaron de seguimientos de meses a estructuras que terminan por enseñar sus contactos con uniformados. Aquí no se trata de requisas al entrar a la estación ni a los CAI. Son hallazgos recientes en solo dos ciudades, pero los casos se multiplican en muchas regiones.
Los policías han terminado siendo una sombra tras los alcaldes. En muchas ciudades mandatario y comandante se miran con desconfianza y todo termina en una transacción de inversión de la ciudad en el cuerpo policial contra resultados muchas veces dudosos. Los policías capturados dicen que ellos solo seguían un patrón conocido y ejercido por las mayorías, unas mañas casi impuestas. Piensa uno que más valdría contenerlos que alentarlos.



martes, 2 de octubre de 2018

Aquelarres y linchamientos






El diablo está de vuelta, el peligro de los hechiceros ronda a los hogares bien iluminados, los descreídos enaltecen sus vicios sin castigo. Es necesario poner las talanqueras del Estado, es obligación impedir el grito de los blasfemos ahora que la cruz no es suficiente. No se pueden dar largas, hay que templar las cuerdas, no importa si algunos indeseables terminar ahorcados. La opinión pública es la nueva hoguera.
El ambiente medroso y puritano exige desconfianza y precaución. La histeria impide un simple concierto, señala los abusos de los degenerados que quieren ejercer sus excesos como si fueran derechos. Ser ejemplar ha vuelto a ser una obligación, al menos ser ejemplar de twitter y Facebook para afuera.
Hace sesenta años, Pedro Gómez Valderrama publicó un libro conformado por tres ensayos sobre herejes y hogueras. El libro, llamado Muestras del diablo, narra los peligrosos desenfrenos de quienes buscaban la pureza y temían a los ritos paganos, a las brujas y sus vuelos perversos, a los poderes de satán. Una sociedad que sufría una plaga de piedad, un contagio represivo. “¿Qué es, en el fondo, lo que ocurre? Que el sacrificio de la libertad personal, su restricción brutal, desencadenan una serie de fuerzas que llegan a terrenos del individuo vedados por su naturaleza a personas distintas a él mismo”. Ahora el Estado ve demonios por todas partes, quiere ser de nuevo el tutor, dice atender a un clamor general y proteger a los indefensos. La ley y la voluntad del gobernante apuntan a un momento de severidad y penitencia.
Se confunde a los ciudadanos con los fieles, con el rebaño. Los políticos tienen vocación de pastores, los medios temen el rechazo de las mayorías y muestran su cara más piadosa. La libertad es un riesgo que no vale la pena. Los nuevos aquelarres, los misteriosos Sabbat que se hacían en medio de la Selva Negra, son ahora simples conciertos espeluznantes, los hechiceros vienen pintados y han cambiado alquimias y tridentes por la guitarra y el bajo.
El último de los ensayos de Muestras del diablo se llama El engañado y habla de cómo el infierno puede ser generado por el medio social, por la opinión ambiente. No solo el corazón de los hombres puede albergar el infierno, la sociedad más pura puede dar un buen ejemplo de sus rutinas. La edad media dio lecciones importantes y en el siglo XX la asepsia nazi entregó una gran logística para el infierno moderno. “El engañado es el hombre común de cualquier época, el espectador de las hogueras, del proceso, de las cámaras de televisión, el hombre a quien se instruye en determinados temores, se dota de una serie de conceptos ad-hoc, de temores fabricados, de odios previamente planeados”.
Hoy se mira con desconfianza no solo a los adoradores del disentimiento, a quienes no aceptan  las explicaciones de las mayorías y los mandatarios. También se señala a los simples indolentes, a quienes no le temen a la insignificancia y no se exaltan con los grandes valores y los triunfos indicados. En su momento Montaigne fue juzgado por sus lectores de dos décadas después de su muerte por esa desidia. “No nos convertirá en el tipo de hombres que requiere nuestro tiempo”, decían sus detractores en el siglo XIX. El desgano frente a los grandes planes era también un pecado.
Es necesario exhibir con desvergüenza la cola y los cuernos, mostrar que “el diablo tiene mucho que ver con la libertad”, que se pueden emprender aventuras en busca de los abismos propios. O simplemente desdeñar todos los esfuerzos humanos, incluso sus deseos de bondad.

martes, 25 de septiembre de 2018

Tronaron los mariachis






Cinco mariachis, sus pistolas de utilería convertidas en fierros, sueltan sesenta disparos en menos de veinte segundos. Javier Solis mira impávido desde su estatua de bronce mientras se cubre el abdomen con su sombrero. Seis muertos en la Plaza Garibaldi el día antes de la independencia de México. Cinco sicarios disfrazados de mariachis andando en tres motos, cascos negros a cambio del sombrero imposible. Y la frase sencilla de una señora que mira tras las cintas que tendieron los policías: “Mira ahí está, sangre, sangre, sangre…” Ciudad de México comienza a ver escenas que parecían hechas para algunos pueblos polvorientos: “esto no es Sinaloa”, se ha repetido muchas veces. Pero no hacen falta carteles, no son necesarios los patrones de los túneles y los afanes con las actrices, algunos barrios pueden entregar cortes menos suntuosas, alardes menos brillantes y ruidosos, pero los mismos delirios y la misma sevicia. Hace tres meses hubo un aviso: dos cadáveres a medio picar fueron dejados en la avenida Insurgentes ¿Bandas o carteles?
Cuando leí esa noticia de rancheras duras en la capital tenía una novela del escritor mexicano Yuri Herrera a mitad de camino. Trabajos del reino tiene como personaje principal a un cantor de corridos que ha vivido entre cartones toda su vida, una vida al sol, una vida de temores y reverencias en las cantinas: “Rondar entre las mesas, ofrecer canciones, extender la mano, llenarse los bolsillos de monedas”.  Al Lobo su papá le puso un acordeón en sus manos y le dijo: “Y abrácelo bien, que este es su pan”. Un día un patrón lo defiende de un borracho en una cantina, le exige que le pague su merecido y le da su merecido al briago. Lobo logra colarse en la corte del Rey traqueto, entra en su círculo y ahora es el artista y compone para todos en ese mundo que parece protegido. Solo una pequeña advertencia al entrar: “Aquí el que la riega se chinga”. Lobo envidia la gala de los músicos en el nuevo escenario, “sus camisas estampadas de espuelas negras y blancas y con flequillos de cuero”. Por los pasillos de Trabajos del reino desfilan el periodista, el joyero, el cura, cientos de niñas, los generales, el heredero, los traidores.
Ahora parece que las cortes de los jefes en Ciudad de México son más sencillas. Roberto Moyado Esparza, alias El Betito, fue capturado hace poco en la simple compañía de su hermano. Tenía diez mil dólares encima, unas 140 dosis de “Crystal” y una pistola. Es el jefe de la Unión Tepito, que ahora dicen es simplemente La Unión, y se enfrenta a la gente de El Tortas, líder de la banda Anti Unión, al parecer a quien iban dirigidos los sesenta disparos del 15 de septiembre. Todo parece muy sencillo, bandas contra bandas, ajustes de cuentas, capos sin aura reemplazados por otros menos curtidos con la ley.
Esas pequeñas cortes se multiplican por la Ciudad de México y muchas ciudades de América Latina. Los barrios pobres entregan vasallos suficientes, Tepito, Tláhuc, son los nombres que se mencionan hoy en la capital mexicana. Los mariachis, sean el artista en la novela de Yuri Herrera o los sicarios de la Plaza Garibaldi, tardan un poco en entender lo que entendió Lobo: “…Que ellos son unos hijos de la chingada, y que tú eres un payaso”. Antes se sentían familia y cuando se rompe el pequeño pacto el plomo viene de donde sea.
Para todos queda una estrofa final dedicada al Rey: “Unos te quieren huir / otros te echan montón / será porque a todos les diste / más que dinero ambición.”

martes, 18 de septiembre de 2018

Días de bautizo





El gobierno apenas comienza, el presidente Duque todavía está afinando la guitarra ajena, dando los primeros compases, soltando timos y advertencias. Definiendo el tono de sus talleres Construyendo País y presentándose con un whatsaap (3125300000) donde se puede denunciar a los jíbaros. Red de informantes 2.0. Sin embargo, las primeras puntadas definen bien el talante del gobierno, sus aires infantiles y achacosos al mismo tiempo, su propaganda juvenil y su bandera conservadora, el acento agrio y torpe de algunos de sus ministros.
Lo primero que llama la atención es que Marta Lucía Ramírez parece ser el ala liberal del gobierno. Sus declaraciones respecto al necesario impulso a la implementación del acuerdo con las Farc, su negativa a la posibilidad de convocar a un referendo para reformar la JEP y la línea divisoria que trazó entre el gobierno y el Centro Democrático, la sitúan en el “mamertismo” según el termómetro ideológico del partido del presidente. Ramírez incluso desmintió el exorcismo del padre Chucho como primer acto del gobierno.
Tras ella aparece la huella de los ministros sonoros. La ministra de justicia es la que más ha dado qué hacer. Pasó de la excelencia a la triste inconveniencia. Se le abona que tiene las intenciones de una madre preocupada, pero no queda más que reprocharle su audacia un tanto ridícula en el tema de la dosis mínima. Sacó el borrador de un decreto que busca restringir un derecho constitucional y sus declaraciones sobre adictos, consumo, certificados de los padres, derechos de los policías y defensa de los niños muestran el rebujo que hay en su cabeza y en su cartera. Pero no se contentó con los derechos de los consumidores y siguió con la tutela. Ahora platea restringir el acceso al principal mecanismo de defensa de los derechos en el país. Quiere ponerle requisitos de tiempo, de jurisdicción y de procedibilidad a la acción de tutela. No ha logrado entender que todos los jueces tienen competencia para resolver sobre derechos constitucionales, que no se puede convertir una herramienta extraordinaria (en todos los sentidos), en un proceso ordinario. La ministra de justicia comenzó con ganas de lograr algunos tachones sobre la constitución y la jurisprudencia de la Corte.
Cuando la señora Borrero descansa madruga el ministro Botero. Su primera intención es regresar a las fumigaciones con glifosato. El ministro de defensa habla como agricultor poco asoleado y comerciante curtido: “Yo les voy a contar mi experiencia como agricultor, yo no he conocido un mejor herbicida que el glifosato, no existe (…) El herbicida que se usa en Colombia es glifosato, usted entra a cualquier almacén y ahí está.” Los fallos de la Corte Constitucional tampoco importan en este caso y mucho menos los estudios internacionales que señalan la “asociación positiva” entre el pesticida y el cáncer en humanos. Luego, me imagino que de nuevo como campesino, dijo que las protestas sociales tenían que regularse y remató con la acusación según la cual dichas protestas eran financiadas por ilegales. Desde sus días en Fenalco ha insistido en las pérdidas que dejan esos “desórdenes”. Un discurso que recuerda los dichos una y mil veces durante el gobierno Uribe: “La protesta está infiltrada por la guerrilla”. Tanto se repitió eso en su momento que, por ejemplo, líderes de la protesta de los corteros de caña en 2008 terminaron tres años en la cana luego de señalamientos del expresidente. Ante la repetición del discurso un caricaturista de la época decía que al parecer la guerrilla estaba infiltrada por campesinos que protestaban.
Carrasquilla también ha entregado lo suyo a la comedia, pero casi siempre a nombre propio. De modo que los ministros hablan en la mañana y el presidente maquilla y pule en las tardes. Una regla, un lápiz rojo y un bisturí para hacer la cartelera de todos los días.






martes, 11 de septiembre de 2018

Consumo al tablero






En la discusión sobre el consumo de drogas por parte de escolares los datos suelen leerse como un insumo necesario para la alarma, unos números claves para la histeria, un justificante para hacer algo, lo que sea, una medida enérgica, un tranquilizante para los padres. Leer los datos con mesura será visto como una alcahuetería. Es necesario encontrar en ellos, a como dé lugar, como lo demostró el reciente artículo de la revista Semana, motivos para el pánico.
Sin embargo, el último Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población Escolar realizado en 2016 por los ministerios de educación, salud y justicia en compañía de la OEA, en el que participaron un poco más de 80.000 estudiantes de los grados séptimo a once de colegios públicos y privados del país, deja ver algunas mejorías, algunas cifras para la preocupación y algunas posibles claves para actuar más allá del grito en el cielo y la excitación gubernamental.
Lo primero es una disminución sostenida desde 2004 en las cifras de consumo de alcohol y cigarrillo. Las sustancias legales medidas en el estudio muestran que es posible mejorar con campañas de educación y controles. El tabaco es el caso más exitoso: mientras en 2004 el 23.8% dijo haber consumido cigarrillo en el último mes, en el 2016 la cifra cayó hasta el 7.6%. Los paquetes están en los mostradores y cada vez menos en las manos de los escolares. El alcohol, aunque el 70% de los estudiantes dijo se puede conseguir fácilmente, también mostró un reducción sustancial en el consumo: en 2011 casi la mitad (46.6%) dijo haber tomado en el último mes, en 2016 un poco más de una tercera parte (36.3%) dijo haberse encontrado con el chorro. Las diferencias entre departamentos, muestra que los problemas son muy distintos y por tanto las medidas deben serlo. Por ejemplo, Antioquia, Caldas, Risaralda y Armenia casi doblan en consumo a los departamentos de la Costa Atlántica. Algo similar sucede con las sustancias ilícitas por las que se indaga en el estudio.
Vamos a las drogas ilícitas o de uso indebido. Se les pregunta a los jóvenes si alguna vez en su vida han consumido alguna de las siguientes sustancias: marihuana, cocaína, basuco, éxtasis o inhalables como Popper o Dick. El aumento entre 2011 y 2016 es del 1.4%, pasando del 12% al 13.4%, lo que no parece suficiente para decir que el consumo se ha disparado, tal y como se ha oído todos los días en las últimas semanas. Incluso cuando se les pregunta si han consumido algunas de esas sustancias en el último año se ve una pequeña reducción en los hombres (de 10.5% en 2011 a 9.7% en 2016) y un aumento moderado entre las mujeres (de 6.8% a 8.4%).
Se habla mucho del consumo de marihuana como sustancia que inicia a los jóvenes en el consumo. Pero los escolares que dijeron haber fumado moño en el último año no crecieron más de un punto porcentual entre 2011 y 2016, y cuando se mide si ese consumo implica un alto riesgo, el estudio muestra que apenas el 1.8% del total de escolares se encuentra en ese punto dado su nivel de consumo.
En cuanto al acceso a las drogas, un 70% dice no haber recibido nunca una oferta para probar o comprar. Lo que nos enseña que no se venden como golosinas en la puerta de los colegios. Un 19% dijo haber recibido una oferta semejante en el último año. Tal vez la mayor preocupación debería estar en la baja percepción de riesgo, ya que la idea de un gran riesgo por el uso frecuente de coca y marihuana, está muy cerca del riesgo que advierten por uso frecuente del cigarrillo, y no muy lejos del alcohol. Es claro que es necesario hablar más de las sustancias ilícitas, satanizarlas no es solución, hay que hacer palpables los riesgos con mejores herramientas que la lección de los policías en el baño del CAI. Tal vez la comprensión de lectura de medios, gobierno y opinión pública pueda también ayudar a mejorar los indicadores de consumo entre jóvenes.



martes, 4 de septiembre de 2018

Decretar la requisa







Desde hace 25 años los sucesivos gobiernos han pontificado, amenazado y legislado contra el fallo de la Corte  Constitucional que despenalizó la dosis personal en Colombia. Cesar Gaviria, el presidente sorprendido con la sentencia, habló de la necesidad de un referendo para volver a la prohibición. Los tiempos de Escobar apenas habían pasado y hablar de drogas sin penas era un despropósito. Fue más una postura conveniente que una intención cierta. Los políticos, como muchos fumadores vergonzantes, suelen esconder no sus humos, sino sus convicciones cuando estas no concuerdan con las mayorías. Luego, Samper mencionó la necesidad de una reforma constitucional que reafirmara el compromiso de Colombia contra las drogas. Sabemos que le hablaba sobre todo a la embajada de Estados Unidos. Samper tenía que hacer olvidar una entrevista vieja en la que habló de legalización y una campaña reciente en que se habían legalizado unos aportes.
Para sorpresa de muchos el gobierno conservador de Andrés Pastrana olvidó el tema. Las preocupaciones eran otras y fue un milagro que no se invocara a Nora y a los niños para tumbar esa alcahuetería. La llegada de Uribe marcó una verdadera obsesión con el tema, un ensañamiento, un vicio casi. En un principio pretendió un empadronamiento por parte de la policía para los simples portadores. Uribe, siempre tan organizado, quería sacar el carné del marihuanero expedido por la policía. Y pretendía, además, el tratamiento obligatorio para adictos. No es claro si eso incluía los electrochoques que impulsaba su vicepresidente. Luego de cinco intentos fallidos logró una victoria simbólica en 2009, una prohibición santanderista sin palpables consecuencias en la calle. Uribe insistió que al menos la reforma implicaba el obligatorio decomiso de la dosis por la policía. Santos se posesionó y para seguirle la corriente a quien todavía era su padrino, propuso una reforma al código penal para que el porte de la dosis dejara de ser excepción al delito de narcotráfico. Santos era un liberal de foros internacionales y un policía corriente en el Congreso.
Es el turno del joven Duque. Necesita mostrarse preocupado por la familia y los menores, requiere una pequeña pantomima. No importa la reforma constitucional que logró su apoderado, ni que el reciente código de policía traiga una prohibición expresa del consumo en espacio público y una clara sanción administrativa. La ministra de justicia dijo hace poco que la dosis mínima es una “protección a los adictos” y que quien no sea adicto está traficando. Quiere sacar el carné de adictos. La señora tiene sin duda los cables trabados.
El proyecto de Duque pretende no solo castigar el consumo en sitios públicos sino el simple porte obligando al decomiso de cualquier cantidad de droga, así sea un “cacho de marihuana”, como dice el presidente con lenguaje setentero. Las consecuencias serán muy sencillas. La requisa discrecional de los policías sobre “jóvenes sospechosos”. Un trabajo de Julieta Lemaitre y Mauricio Albarracín publicado por la Universidad de los Andes en 2013, mostró que las detenciones de la policía relacionadas con la dosis mínima recaen especialmente sobre indigentes y jóvenes de bajos ingresos. Los policías deciden cuáles consumidores son potenciales delincuentes o tienen un “alto grado de excitación” que justifica detenerlos. Los jóvenes de clase media o alta nunca terminan en los CAI para evitar problemas. Ahora los policías decidirán a quiénes requisan. Saben en qué bolsillo pueden meter la mano. Habrá requisa y decomiso para los jóvenes de bajos ingresos y una pequeña sobretasa para quienes muestren capacidad de pago. Pura economía naranja.