miércoles, 22 de marzo de 2017

Repúblicas cocaleras






El monitoreo satelital de cultivos ilícitos nos acostumbró a la curiosidad entre las nubes que solo busca el verde encendido de la hoja de coca y cuenta hectáreas para arrojar una cifra cada año. Una cifra que es sobre todo una prueba de conducta frente a las exigencias de los Estados Unidos. El satélite, la avioneta de fumigación y el código penal son las tres aproximaciones básicas a los territorios cocaleros en Colombia. Sin embargo, durante cuarenta años la coca ha sido el insumo básico para la creación de comunidad y Estado en muchos de los territorios donde han cambiado los dueños, los intermediarios y las cifras de producción, pero no la lógica de los colonos más pobres ni la economía ilegal de subsistencia. Porque la realidad puede ser más terca que el veneno.
Un libro de María Clara Torres publicado en 2011 por el Cinep y Colciencias, entre otros, sirve para entender las dinámicas de nacimiento de municipios como Valle del Guamués, San Miguel, Puerto Caicedo y Puerto Guzmán, todos surgidos bajo el toldo de Puerto Asís como “capital” del Bajo Putumayo. Antes fue la bonanza petrolera entre 1964 y 1978 que llevó a un crecimiento de la población de casi 500%. Y luego llegó el auge cocalero que se convirtió en una costumbre con los altibajos que han traído las fumigaciones, los conflictos, las pirámides y los dueños sucesivos. Una de las tesis que sostiene el libro es que, a pesar de su economía ilegal, las comunidades no han rehuido ni rechazado al Estado y desde la década del noventa los pobladores buscaron, incluso enfrentando a las Farc, la llegada del Estado central con el intento de que sus pueblos fueran declarados municipios.
El gobierno, como siempre, lo hizo con lustre sobre el papel y con desgano sobre el terreno. Esto decía el decreto de la fundación del Valle del Guamués en 1985, cerca de un año después de la llegada de Rodríguez Gacha a la zona para levantar su gran entable llamado El Azul: “…el Gobierno Nacional desea atender las justas peticiones de una comunidad caracterizada por su laboriosidad, espíritu cívico y voluntad de progreso encuentra de alta conveniencia que La Hormiga (Valle del Guamués) centro vital y agrícola destacado del Putumayo, obtenga los beneficios de régimen administrativo municipal”.
En 1994 llegaría el turno municipal para San Miguel (La Dorada). El primer alcalde encargado llegó con los voladores, la fila de los niños estrenando, la bienvenida de la inspectora de policía y una casa arrendada por los comerciantes para su despacho. Henri Benavides, el primer alcalde electo, hijo de un pionero asesinado por las Farc que se oponían al aterrizaje del Estado, recuerda su primer día de ejercicio: “…Ya no había papelería, ni muebles, ni absolutamente nada, no había ni donde sentarse. Me senté en el piso, asustado. Yo sentía que era una responsabilidad muy dura, estaba temeroso de las leyes…”
Antes que el Estado la coca dio para las primeras plantas eléctricas, aljibes y trochas. Antes que el ejército los capos impusieron sus reglas, luego llegaron las Farc, quienes al mismo tiempo que desterraban a los intermediarios daban algo de protección a los cultivadores. Con las marchas cocaleras de 1996 llegaron los paramilitares y las Farc cambiaron la protección por el veto a las iniciativas políticas de los líderes cocaleros. Más tarde el Estado se comprometió a soltar las regalías y seguir mirando desde arriba. Los partidos, el Liberal sobre todo, llevaron a sus candidatos y el voto se convirtió en un débil salvoconducto legal. Una obligación para demostrar una voluntad de “derrotar las otras leyes”. Una mujer con certificado electoral lo dice muy claro: “Entonces uno dice ¿Pero qué es lo que les hace falta a los hijos de uno? Mis hijos tienen tarjeta de identidad, mis hijos tienen los papeles ¿entonces? Entonces uno dice, ‘no, pues el voto’. Uno tiene que votar a ver qué más le dicen después”.




martes, 14 de marzo de 2017

Política de campamento







La escena inaceptable para muchos de los críticos y enemigos del proceso con las Farc es la de Timochenko o Santrich exhibiendo sus dogmas, mezcla de comunicados desde las montañas y grafitis viejos, en el escenario azaroso del Congreso. No se puede negar que la retórica del secretariado es impotable y que veremos más justificaciones que gestos de contrición. Pero esa participación en política es más una especie de simbolismo que un ejercicio cierto de poder e influencia sobre las decisiones públicas. Las Farc serán marginales en el Congreso y la máquina de tedio, intrigas y desprestigio los irá moliendo poco a poco. En últimas, para los guerrilleros recién llegados será un difícil proceso de reinserción, no exento de algo de castigo por la animadversión y los señalamientos que encontrarán a cada paso.
La política de riesgos verdaderos ejercida por parte de una guerrilla recién desmovilizada y con un catálogo de condiciones bajo el brazo para el gobierno, estará en los alrededores de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN). Lo primero es que las Farc pretenden convertir los campamentos de ocasión en vivienda permanente y circunscripción política. Lo segundo es que las veredas donde están hoy son puntos altamente inflamables, con cultivos de coca y minería ilegal en los alrededores, con el merodeo permanente de grupos ilegales, con una muy precaria presencia del Estado y una desconfianza histórica de los pobladores en autoridades locales y nacionales. Así como los jefes de las Farc serán mosco en leche ante los grifos del capitolio, los funcionarios seguirán siendo intrusos con intensiones dobles en los territorios históricos del conflicto.
El riesgo es que las Farc se conviertan en una especie de intermediario privilegiado de muchos de los conflictos sociales en las zonas más pobres y complejas del campo colombiano. Un tramitador que servirá como escudo y punta de lanza, que organizará los paros y redactará las peticiones, que meterá presión con los bloqueos y las capuchas en las carreteras y agendará las citas con las corbatas en la Casa de Nariño. Es la política que de verdad saben hacer y podrá traer algo más que desórdenes.
Lo que ha pasado en algunas ZVTN muestra que hacia allá van las cosas. Hace unos días los mineros de Segovia y Remedios bloquearon la entrada a la zona de Carrizal en Antioquia. Más de diez mil mineros trabajan en condiciones de informalidad o ilegalidad en los dos municipios y han encontrado en las Farc un aliado estratégico para negociar sus peticiones y su proceso de formalización. Dicen los mineros que desde agosto de 2016 el gobierno se comprometió a “no torpedear la actividad económica y social de las comunidades que estaban ubicadas cerca a las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN)” ¿Crece el componente de los acuerdos? Los mineros piden además que se implemente el Desarrollo Rural con Enfoque Territorial. Incluso señalan que la mención de participación del ELN en el bloqueo por parte de algunos funcionarios estaría violando las reglas del Cese al Fuego Bilateral y definitivo.  Mientras tanto el ELN se frota las manos. Algo similar pasó en el Catatumbo con la llegada a Caño Indio donde Ascamcat, asociación cercana a las Farc, al parecer quiere el monopolio de la atención y los recursos del Estado.
Las Farc hablaron toda la vida de igualdad, pero no dudarán en ejercer sus privilegios luego de la negociación, en convertir sus oficinas en las ZVTN en despachos con prácticas clientelistas, en alborotar avisperos y cobrar cabildeos. Muchos riesgos detrás de esos cambuches como despachos.




martes, 7 de marzo de 2017

Conjuro literario




Es difícil saber si en 2004, cuando publicó su novela La conjura contra América, Philip Roth pensaba como agorero o como historiador. Si simplemente quería rescatar un capitulo norteamericano previo a la Segunda Guerra Mundial cuando los simpatizantes nazis gritaban “America first” y señalaban a los judíos belicistas que querían llevar al país a una guerra europea; o si como un prestidigitador frente al techado trazó las líneas entre los vuelos heroicos de Charles A. Lindbergh, vocero del comité Estados Unidos Primero, y los recorridos de campaña de Donald J. Trump.
En la novela, un triunfo inesperado de Lindbergh sobre F. D. Roosevelt en las elecciones de 1940 hace que comience a rodar un nacionalismo agresivo y un rumor ronco de odio contra judíos y otras minorías.  Sea lo que sea la novela ha resultado un pálpito asombroso, un anticipo profundo e íntimo de las noticias que se publican a diario trece años más tarde de la aparición del libro. El retrato de una familia judía de clase a medias a la que un apellido se le convierte en una especie de hechizo maligno, una palabra como un conjuro suficiente para que el papá pierda la cabeza, la mamá pierda la seguridad, el hermano mayor pierda la devoción por sus padres y el hermano menor pierda sus ídolos y sus escazas certezas de infancia: “¡Aquel nombre de nuevo…! Habría preferido oír la explosión de una bomba que tener que oír una vez más el nombre que nos atormentaba a todos nosotros”. La frase la dice el menor de la familia, un niño de siete años acostumbrado a oír los discursos de Lindbergh, desde los radios de todas las casas del barrio judío, como si fueran el primer asalto de una emboscada.
El temor de las familias inmigrantes ante el discurso de Trump, las cien amenazas falsas de bombas contra escuelas y centros judíos en lo corrido del año en Estados Unidos, los ataques contra dos cementerios judíos, las arbitrariedades oficiales contra residentes legales de siete países árabes, el discurso del odio y la desconfianza que se propaga con facilidad en un país que decía enarbolar una llama para alumbrar en la oscuridad, y ahora la usa para incendiar y prender las mechas disponibles de la discriminación.
El libro de Roth tiene una escena dolorosa de la familia visitando los grandes monumentos y edificios oficiales en la capital, rindiendo homenaje a Lincoln y haciendo reverencias ante Washington. Luego de esas visitas conmovedoras la familia regresa al hotel y descubre que han sacado sus maletas al lobby alegando que la habitación donde los habían acomodado tenía una reserva previa. Todo con una amabilidad áspera que no pretende disimular del todo la discriminación. El padre evocó ante el hombre del mostrador una frase de un discurso de Lincoln que acaba de ver labrada sobre mármol: “Todos los hombres han sido creados iguales”, y los “espectadores” del pequeño incidente soltaron una risita burlona. La familia terminó en otro hotel empujada por la policía mientras la madre solo pudo decir que ya no vivían en un país normal, que nunca volverían a vivir en una casa normal.
Para Lindbergh, el verdadero y el de la novela, el gran peligro para su país era la influencia de la industria cinematográfica, la prensa, la radio y el gobierno de Washington. Sus sobrevuelos eran inspiradores, un sobrevuelo conmemorativo para los americanos de sangre europea y un bombardeo contra la “disolución de las razas extranjeras”. Sus palabras podrían ser un trino del siglo XXI: “Una fuerza demasiado grande para que las potencias extranjeras la desafíen, una muralla occidental de raza y armas que pueda frenar tanto a Genghis Khan como a una infiltración de sangre inferior…”



martes, 28 de febrero de 2017

Revolución de mercado





Hace cerca de diez años un hombre cambió la manera de cobrar, prestar y pagar en el sur del país con sus simples iniciales en avisos luminosos. DMG apareció en el sur como una noticia de la normalidad económica y el progreso. No más cadenas de oro empeñadas, llegaba el fin de vender el sueldo a los usureros mientras el patrón Estado o privado pagaba, se cambiaban los modales toscos de los prestamistas enfierrados por la sonrisa de una taquillera vestida como auxiliar de Flota Magdalena. Todo terminó con el fugaz magnate en una celda en Estados Unidos y el estallido de una pequeña burbuja en la tierra de las caletas y la plata en rama.
Luego del acuerdo con las Farc los departamentos de Putumayo, Caquetá, Guaviare, el pacífico nariñense y otras “lejanías” vivirán sin duda una mudanza económica. El efectivo de la ilegalidad buscará cauces seguros, llegarán inversionistas antes agazapados, vendrán nuevas oportunidades y nuevos ricos. Hace unos meses el presidente Santos habló de 13.000 folios en la Fiscalía donde se mencionan empresas con relaciones con las Farc. Camilo Chaparro y Eccehomo Cetina dicen en su libro El Dorado de las Farc que los hijos de los comandantes históricos, con formación y ambiciones distintas a la revolución, serán claves en el manejo de los “ahorros” propios y colectivos. El gobierno habla de la llegada de Estado y mercado a los municipios donde por décadas se desarrolló el conflicto, y es muy factible que tanto el Estado como el mercado lleguen ligados a la estructura de la guerrilla convertida en partido político y organización social. La revolución en esa Colombia tantos años invisible por la desidia y el veto de la violencia, llegará más de la mano del capitalismo a la vista que de la utopía armada y las monsergas del PC3. En últimas, la moto y el celular eran el gran anzuelo de los comunistas para los jóvenes en el Cauca o el Caquetá.
Esta semana leí una respuesta de Ibsen Martínez, escritor y comentarista venezolano que vive desde hace unos años en Bogotá, a la pregunta de los posibles cambios en Colombia una vez se consolidé el proceso de paz. Martínez describe una pequeña escena que en Colombia no ha pasado por muchas imaginaciones muy mientras discutimos la Justicia Especial para la Paz y el estado de los cambuches en las zonas veredales: “…El hemisferio cínico de mi cerebro me dice que buena parte del secretariado y de la cúpula política de esa guerrilla no está tan interesada en hacer política electoral, parlamentaria, como en vincularse a la vida económica de la Colombia que viene. (…) Estoy entre los que piensan que asistiremos muy pronto a una revolución en Colombia cuando veamos algo que nunca antes se había visto, un oligarca sentado al lado de un ex comandante guerrillero en la directiva de una central hidroeléctrica en el Putumayo. Y, curiosamente, a ese ex guerrillero no lo veremos lanzarse como candidato a senador. Las FARC, después de los acuerdos, tienen un papel muy importante que jugar en ese mundo feudal que hoy coexiste con una Colombia moderna y sofisticada.”
Más allá de las consideraciones morales, los castigos penales y las obligaciones transicionales, la integración social y económica de las Farc y sus bases serán una de las claves del éxito de los acuerdos en cerca de 200 municipios colombianos. No será una transición fácil, ojalá no sea un cruento cruce de cuentas, y ojalá, como remata Ibsen Martínez, sea un factor de modernización para esa Colombia aturdida y lejana.




martes, 21 de febrero de 2017

Desconcierto






La invitación, algo clandestina, llegó con la vibración disimulada de los teléfonos celulares. El aviso decía “Recital de órgano a cargo de Maude Gratton, música invitada de la orquesta de los Campos Elíseos. Catedral Metropolitana, Domingo 3:00 P.M.”. Una oportunidad para visitar la frescura de la Catedral en compañía del bajo profundo y los silbidos de las más de tres mil flautas del órgano inaugurado en 1933. En su momento el armatoste llegó con su “tutor”, un alemán de apellido Binder que terminó de mecánico celestial en iglesias de Medellín y Bogotá. El órgano es por sí solo una pequeña iglesia sonora en lo alto de la Catedral.
El paseo dominguero prometía un viaje de nostalgia a las curtidas majestades del Parque Bolívar. Bajando desde la Oriental hacia el atrio se prendieron las alarmas. Una banda de guerra de la policía esperaba en las escaleras de la iglesia y había cientos de agentes en las calles aledañas, unos en actitud vigilante, fusil terciado y mirada recia, unos más con la cabeza gacha, otros pensativos con el quepis de gala en la mano. El carro mortuorio con sus fauces abiertas no dejó duda del rito fúnebre que habíamos encontrado cuando íbamos en busca de una tarde beatífica a falta del partido del domingo. En la acera un policía nos dio el primer parte del crimen en un tono que parecía más el de un amigo dolido que el de un oficial: “El viernes pasado mataron a un agente en Villatina, la comunidad los requirió y los recibieron a tiros. Muy verraco esto, ver llorando a la niña de ocho años del agente Herrera…”
Seguimos hacia La Catedral pensando en los tiempos en que los policías caían en Medellín sin dar tiempo a las misas ni a los homenajes, con apenas horas suficientes para el trámite forense y una bendición desordenada. En 1990 llegaron a morir asesinados, con uniforme o en la civil, 97 policías en apenas tres meses. En las afueras de la mole de ladrillo nos protegíamos del sol y el golpe de realidad muchos de los asistentes al concierto de órgano. Estábamos en medio de las esquinas berrinchosas sin saber si unirnos al cortejo, esperar el fin de la misa solemne o abandonar el plan dominical. Habíamos pasado de las expectativas de Johann Sebastian Bach a las realidades de alias ‘Sebastián’ o ‘Douglas’ o ‘Diego Chamizo’. El Parque había adquirido de nuevo su aire pútrido con una fuente lamosa y un olor lejano a marihuana. Los policías sacaron el cajón con su compañero y los asistentes al concierto entramos entre avergonzados y aliviados.
Un policía asesinado se ha vuelto un evento inusual en Medellín. La muerte del agente Juan Carlos Herrera Londoño de 28 años deja ver los líos de la Comuna 8 en la ciudad. Dos combos, San Antonio y La Libertad, pelean por rentas de extorsión, microtráfico y venta ilegal de lotes en un sector declarado reserva. Combos respaldados por “franquicias” de La Terraza y Diego Chamizo, bandas que se han acostumbrado a una guerra soterrada, a marcar sus territorios y los de sus vecinos y que, incluso, se imponen multas por no cumplir los pactos de no agresión. Ahora se señalan unos a otros por la muerte del policía en un tiroteo que dejó además un civil muerto y tres heridos.

No hay duda de que Medellín ha mejorado en sus cifras de violencia y su presencia institucional. Pero de vez en cuando un golpe nos dice a las claras cómo viven una buena parte de sus habitantes, y quién manda en muchas laderas bajo el manto cotidiano de la anormalidad. El concierto terminó con aplauso cerrado de toda la concurrencia de cara al coro. Apenas un policía solitario decidió quedarse a oír el concierto. 


martes, 14 de febrero de 2017

Guerra política






La guerra de los políticos ha resultado más férrea y duradera que la guerra de los fusiles. Mientras guerrilleros y militares se dan la mano en las zonas de concentración y encuentran afinidades en sus caras, en sus gustos y sus tragedias luego de años de odio y plomo, algunos políticos intentan que sus diferencias, señalamientos y discursos sigan marcados por el conflicto armado. Temen perder la posibilidad de señalar a los rivales como enemigos, quieren incendiar un poco y que la gente siga verraca. Entre nosotros la política es la perpetuación de la guerra por otros medios. Tal vez sea un signo de nuestra historia de partidismo a muerte.
Hace poco decía Malcom Deas, hablando de nuestra violencia liberal-conservadora, que en “ningún otro lugar la movilización política fue tan prolongada ni involucró de manera tan comprometida a tan gran parte de la población…” Es posible que esa herencia nos lleve a la necesidad de elegir un bando político que muestra opciones sencillas, que simplifica y define al mundo con frases fáciles como “los buenos somos más”. Seguir acudiendo al adversario político más burdo, al que más rechazo y miedo genera, al más torpe y dogmático es solo un intento de supervivencia, una nostalgia frente a la política más elemental y un terror a enfrentar adversarios y problemas más complejos.
Luego de cinco años de ocupar por completo la discusión nacional, el proceso con las Farc ha dejado de ser un tema de interés para los medios y los ciudadanos. Al parecer, solo la crispación política hacía del proceso de negociación un hecho central en Colombia. También el cubrimiento de la guerra fue durante años el tema principal de la prensa que convirtió algunas expresiones macabras en lugares comunes. Al menos un lustro el tema principal de organizaciones civiles en las ciudades y de los titulares de prensa fueron los acuerdos humanitarios y movilizaciones frente a delitos como el secuestro. El conflicto y los pulsos políticos en torno a sus posibles soluciones fueron durante años el centro de todos los debates: bombardeos y elecciones, secuestros y reelecciones, ataques a estaciones de policía y estados de sitio, negociaciones y curules… Ahora que la concentración de las Farc es un hecho el proceso de paz ha perdido visibilidad e interés. Los acuerdos que supuestamente iban a generar la irrupción de un enemigo a muerte en las ciudades e iban a dejar la política en manos de criminales, ahora suceden demasiado lejos, son historias campesinas sin mucha capacidad para inspirar o indignar a los citadinos. En vísperas de los retos más importantes el proceso ha pasado a ser una maraña jurídica y una expectativa de tercer orden.

Y los pocos debates que aún sucita no están dedicados a pensar en el futuro que puede traer la desmovilización de las Farc en las regiones, en las amenazas que supone el final del control armado de la guerrilla y la posibilidad del ya conocido reciclaje criminal, en la manera como se pueden integrar un poco las ciudades intermedias y los municipios que vivieron el conflicto durante años, en la obligación de lograr por primera vez proyectos viables de sustitución de cultivos; al contrario, los políticos parecen empeñados en hacer retroceder el debate y la realidad, en volver sobre los temas resueltos, en empeñarse en el odio invocando la justicia, en convertir un proceso que involucra a miles de personas en un pulso entre los poderes electorales de unos cuentos. En caso de que ese sea el único escenario para que los medios y la ciudadanía vuelvan a mirar el cierre del conflicto, es preferible la silenciosa indiferencia. 


martes, 7 de febrero de 2017

Un sorbo de aire






Es una línea insignificante, casi inadvertida en medio de los 243 artículos de cantaleta, sanciones y atribuciones del nuevo código de policía que tiene como apellido la palabra convivencia, añadida como una forma de cinismo involuntario. El artículo 33 habla de los “comportamientos que afectan la tranquilidad y las relaciones respetuosas de las personas”, y desliza en el numeral segundo dichos comportamientos en el “espacio público, lugares abiertos al público, o que siendo privados trasciendan a lo público”. Y entre ellos está consumo de “sustancias alcohólicas, psicoactivas o prohibidas, no autorizadas para su consumo”. La vergonzosa redacción hace que parezca un chiste olvidado el recuerdo de ese honor que se le hizo a uno de nuestros próceres al llamarlo “El hombre de las leyes”. ¿Sustancia alcohólica? Así como hay unos químicamente buenos, hay otros químicamente brutos. Pero no vale la pena distraerse en la letra de los legisladores, dejemos eso para las demandas y los alegatos contra los policías en los parques.
Tal vez lo fundamental sea reseñar una medida que llama a la convivencia mientras la prohíbe. Que convierte en ley la tara moral que aún supone que es una ofensa tomar alcohol en público y pretende arrinconar a la gente, imponer un veto sobre los espacios comunes que ha ganado la ciudadanía por sí sola, por costumbre, por perseverancia, por el vicio de mirar al cielo y compartir al aire libre en un país donde cada año hay 100.000 denuncias por maltrato intrafamiliar, un país acostumbrado a la violencia de puertas para dentro. Veremos quién se cansa primero en los muros y las aceras.
Para los congresistas sentarse a tomar una cerveza en un parque es un atentado contra la tranquilidad y el respeto, no importa que unos artículos más adelante se permita ese mismo comportamiento, en espacio público, cuando se trata de “lugares habilitados para aglomeraciones”. Entiéndase eventos con un organizador y un patrocinador que necesitan cuadrar las cuentas y tienen permiso para vender alcohol. No importa que siempre implique más riesgo juntar a 5.000 o 10.000 personas bebiendo que soportar a los 100 o 200 espontáneos que llegan a tomarse unos tragos sin necesidad de un afiche y una boleta. En últimas, todo se reduce a que es posible beber en parques o vías públicas cuando hay taquilla y patrocinador, pero está prohibido para los bebedores por cuenta propia.
Se trata también de una forma sutil de discriminación. En España una ley parecida, aprobada hace año y medio para combatir lo que allá llaman el botellón, ha demostrado ser un mecanismo eficaz para la arbitrariedad. El periodista Julio Llamazares describió hace poco cómo se aplica por parte de los policías: “En España las leyes son como los perros, solo ladran a los pobres”. Y cuenta como los policías se encargan de multar a bolivianos o africanos mientras los españoles siguen sus rituales de botella y se ríen de unas multas imposibles de cobrar. Aquí habrá parques de parques y parches de parches.
En España nadie entiende que algunos pueden tomarse sus tragos al aire libre en terrazas de bares y restaurantes mientras a unos metros, en bancas y aceras, están prohibidas las mismas libaciones. Igual pasará en Colombia, los tenderos perderán su porción frente a los negocios de la copa y el mantel. También hay un desplazamiento económico detrás de esa ley para el respeto y la tranquilidad. Y lo más triste, los parques serán territorios de la sospecha. Solo sentarse será mal visto por los agentes. Florecerán los sótanos y las esquinas informales, se repetirá el estúpido juego entre contertulios y policías en los quicios de las plazas, y mientras tanto, los jíbaros, muchas veces socios de los hombres del orden, no perderán un centímetro. Ellos pagan la multa por adelantado.