martes, 20 de junio de 2017

Sillas parlamentarias






La democracia en la forma de un botín jugoso y transitorio será siempre una amenaza. No importa que el ofrecimiento sea una especie de condecoración, una medalla inútil y fugaz. La novedad y la escasez ambiente puede dar lugar a una rapiña desconocida por el honor que está en juego. La subasta de unas sillas parlamentarias en pueblos acostumbrados a levantar la mano durante meses para lograr una mirada, puede convertirse en una lucha con más riesgos y promesas que ventajas. Las 16 Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz fueron pensadas para dar representatividad a municipios en zonas de conflicto que nunca han tenido quién alegue por ellos. Las 16 zonas agrupan, según el proyecto gubernamental, 167 municipios en 19 departamentos, y elegirán un representante a la Cámara por cada circunscripción para los periodos 2018-2022 y 2022-2026.
Las alertas han comenzado a sonar desde la Fiscalía y la Misión de Observación Electoral (MOE). Ahora la pregunta es si sería preferible la acostumbrada carencia de representantes a obtener una especie de sobre representación que atraerá nuevos actores electorales e ilegales, y podrá exacerbar los muchos conflictos políticos y sociales existentes. Sin duda las regiones ganarán en ruido, pero no es seguro que lleguen las nueces. Un poco menos de 2’700.000 electores serán los encargados de escoger a los 16 Representantes a la Cámara en municipios que siempre hemos oído asociados a la coca (tienen el 56% del total de hectáreas en Colombia), a la minería ilegal (participan del 40% de ese mercado ilegal en el país), a la presencia del ELN (está en 59 municipios de esos municipios) y al dominio de Bandas Criminales Organizadas (actúan en 50 de ellos). Sin olvidar que son zonas donde las Farc tuvo presencia histórica y donde sin duda intentará tener influencia en la política que se inaugura. Los cabildos indígenas, los consejos afro, los grupos significativos de ciudadanos, las organizaciones sociales tendrán el riesgo de convertirse en franquicia de intereses de siempre (el partido Liberal fue el más votado en la mitad de esas circunscripciones en las elecciones a la Cámara de 2014) o en parapeto de organizaciones armadas o a medio armar.
¿Cómo se ganarán esas elecciones en el Bajo Cauca Antioqueño, en el Catatumbo, en Urabá, en el Nordeste de Antioquia, en los Montes de María, en los fortines cocaleros de Nariño, Putumayo y Guaviare? Los municipios con menos Estado y con la democracia más precaria y más influenciada por los poderes armados tendrán una de las grandes responsabilidades luego de la desmovilización de las Farc. Algunos municipios donde una tercera parte de los mayores de edad no tienen cédula y otros donde hay un puesto de votación por cada 2000 kilómetros cuadrados. Los datos más preocupantes entregados por la MOE hablan de la violencia social y política. Entre enero de 2016 y abril de 2017 se presentaron 56 homicidios, 69 amenazas, 30 atentados, 3 secuestros y 2 desapariciones relacionadas con violencia contra los liderazgos sociales y comunitarios en los 167 municipios señalados, más de una tercera parte de los hechos similares en todo el país.
Al menos esperamos que desde las ciudades y el gobierno central haya más atención sobre ese explosivo laboratorio político, y que la amenaza latente de armas y política no nos haga recordar viejas tragedias frente a nuevas esperanzas.


martes, 13 de junio de 2017

Pugilistas








La escena podría situarse en una de esas jaulas para los combates espectáculo que tienen gran audiencia en Estados Unidos. En una esquina está Donald Trump con sus 1.88 metros y su mano alzada para un juramento que es también un alarde de seriedad, la máscara de un niño que frunce el ceño. En la otra esquina está James B. Comey con sus 2.03 metros de estatura, la mirada al frente en la actitud de quien escucha un himno de guerra, un abogado en la postura de un militar (su abuelo fue policía) y la mano derecha en alto, abierta, pero en el fondo empuñada y dispuesta a dar un manotazo sobre la mesa tendida de la política en Washington. Las bolsas bajo sus ojos muestran que la pelea ya ha tenido varios asaltos.
Uno de ellos sucedió en el salón verde de la casa Blanca, el mismo donde arreglaron el cadáver de Lincoln. El round lo contó Comey en su declaración de siete páginas que algunos describieron como una pieza literaria. Dos edecanes militares dejan sobre la mesa las provisiones de dos hombres que se miran con una concentrada desconfianza. Acuden a un duelo silencioso, incruento por ahora. Salen los edecanes y se pronuncian las palabras dignas de esos enfrentamientos teatrales: lealtad y honestidad. Cuando el campeón de los pesados soltó lo que parecía ser una amable exigencia, Comey sostuvo el reto con la compostura de un pequeño y orgulloso Sheriff: “Yo no reaccioné, no hablé ni cambié mi expresión durante el incómodo silencio que se produjo. Simplemente nos miramos en silencio”. A comienzos de enero, cuando Trump era aún un campeón sin ceremonia de investidura, se había presentado una escaramuza. Comey fue llamado para recibir un abrazo en público, bajo la mirada de todo el escenario político de Estados Unidos, un abrazo que era también un golpe bajo y que se cerró con un susurro al oído que era también una advertencia presidencial: “Estoy ansioso de trabajar con usted”. Fueron en total nueve asaltos antes del K.O. desde la Casa Blanca, tres en persona y seis telefónicos. Al final de la desigual pelea Comey confesó en su declaración ante el senado que no había tenido el valor para plantarse frente a Trump desde el comienzo y revelar las presiones.
En esos combates muchas veces el enemigo es también una especie de reflejo. Parece increíble que Trump insulte a su contraparte con palabras como “showboat” y “grandstander”, que quiera acusar a un enemigo de ser grotesco en las muestras de su orgullo, de ser un exhibicionista que solo busca el aplauso. Comey se limitó a llamar mentiroso a un presidente que se ve falso cuando ríe, cuando piensa, cuando abraza a su esposa y cuando señala a la prensa y sus noticias falsas. Luego de este combate Comey se ha convertido en el retador más importante de las últimas décadas en Estados Unidos. Se plantó frente a los Clinton desde los años noventa cuando investigó algunos de sus negocios inmobiliarios. Luego investigó a Hillary por el manejo de información clasificada en su correo personal y calificó su conducta de “descuidad y negligente”. Once días antes de las elecciones pasadas la puso en cuestión y tal vez haya decidido el resultado. Antes había retado a George W. Bush y sus dos principales asesores jurídicos al negarse a firmar una autorización para ampliar las interceptaciones sin orden judicial luego del 11-S. Una escena de película frente a la cama de una unidad de cuidados intensivos donde los hombres de Bush intentaban hacer firmar al Fiscal General incapacitado por una pancreatitis. Comey sirvió como una especie de enfermero jurídico. Aunque luego fue más laxo con los métodos usados en Guantánamo. Ni siquiera Obama salió bien librado cuando contó que el Fiscal durante su administración le había propuesto llamar “problema” y no “investigación” la causa contra la señora Clinton.
James B. Comey es uno de esos antagonistas claves para la democracia, los periodistas y las películas.








miércoles, 7 de junio de 2017

Alcaldada por omisión






La semana pasada el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se negó a asistir a un foro para tratar temas relacionados con el acuerdo de La Habana convocado entre otros por la Fundación paz y reconciliación. Gutiérrez alegó que no le habían avisado que habría miembros de las Farc y remató con una frase para el aplauso en su ciudad: “No me voy a sentar en una mesa con Pastor Alape y otros cuando no le han cumplido al país. Las Farc tienen que entregar todas las armas y todo el dinero que recibieron producto del narcotráfico, de las rentas ilegales y de todo lo que han hecho.” Afuera del hotel que servía de sede al evento unos treinta energúmenos, con sus carros parqueados a buen resguardo, gritaban consignas contra los carros de Naciones Unidas.
Sorprende la actitud del alcalde de Medellín que días antes del plebiscito le dijo al periódico El Tiempo que apoyaba el proceso de negociación y que votaría SÍ porque guardaba la esperanza de que se evitarían más muertos y víctimas. En ese momento el alcalde dijo que hablaba como ciudadano y que desde su administración no se impulsaría ninguna alternativa electoral. Pero sí hablaba como alcalde cuando firmó la carta que envió al presidente para que Medellín hiciera parte del Comité Nacional de Reintegración: “Nuestra ciudad tiene una magnifica experiencia en materia de reinserción y reintegración de excombatientes, así como en el desarrollo de estrategias para la construcción de paz que aún hoy se mantienen vigentes”.
Valdría la pena que alguien le aclarara algunas cosas al alcalde. Las Farc llevan más de 5 años en un proceso en el que están a escasos 10 días de entregar sus armas a Naciones Unidas. Esa entrega y sus plazos han sido convenidos por las partes y serán verificados. Respecto a la plata, hay que decir que es una exigencia del acuerdo y que solo en la medida que avance la JEP, y surta efecto el ímpetu y conocimiento de la Fiscalía, sabremos qué tanto han cumplido las Farc. Siempre sin mayores certezas por ser un tema de incertidumbres en guacas, cuentas y caletas.
Pero tal vez lo más importante sea plantear varias paradojas en la posición de Gutiérrez. La primera es querer hacer parte de una comisión de reintegración pero negarse siquiera a plantear diferencias sobre el proceso en un mismo escenario con miembros de las Farc. Debería aprenderle a su Secretario de Seguridad que trató con los desmovilizados de las AUC durante unos años. La segunda es que este proceso ha sido sin duda mucho más ordenado y pacífico que aquel que nos entregó una “maravillosa experiencia”. Según fuentes oficiales el 20% de los guerrilleros concentrados están en Antioquia. De ellos apenas 33 han salido de las zonas veredales: 14 se entregaron al ejército para programas de desmovilización individual, 5 fueron capturados y 14 se consideran desertores. En la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara solo 497 de los 860 combatientes entregaron un arma. Cuatro años después, 120 de ellos habían sido asesinados en el Área Metropolitana y 230 habían sido capturados. La verificación de la OEA solo llegó un año después del inicio del proceso. En el 2007 en Medellín vivían 3270 desmovilizados de las AUC y el 23% ya estaban por fuera de todo programa y contacto estatal. Más los que seguían picando aquí y allá. Don investigadores definieron muy bien el momento de Medellín hace 10 años: “la ciudad está experimentando una transición desde un modelo paramilitar que hacía usos de la criminalidad hacia una criminalidad que hará usos del aprendizaje paramilitar”.
 En ese momento nadie chiflaba los carros de la OEA y es seguro que Gutiérrez, como concejal, tuvo reuniones con jefes paras, mandos medios o reinsertados de base. No se entiende entonces por qué el recato de hoy. No todo puede ser misas campales y diálogos de acera con los tenderos.



martes, 30 de mayo de 2017

Agua cero






Un decreto de 1959, firmado por el presidente Alberto Lleras y el ministro de Obras Públicas Virgilio Barco, destina un millón de pesos para el acueducto y alcantarillado de Buenaventura. El Instituto Nacional de Fomento Municipal es el encargado de los estudios y construcción de las obras. Uno de los primeros en un desfile de empresas públicas, privadas, regionales y nacionales que no han logrado hacer que el agua llegue, con relativo orden y constancia, desde los ríos hasta los lavamanos y las cisternas. Algunos habitantes recuerdan un paro cívico tres años después para exigir un acueducto digno. Desde esa época se han repetido los planes, las inversiones y las decepciones.
La verdad es que plata no ha faltado. Los acueducto y alcantarillados son obras que se hacen de manera progresiva, al ritmo del crecimiento de las ciudades. Buenaventura es el gran receptor de desplazados y migrantes del pacífico y siempre se ha visto desbordada, con instituciones públicas débiles, corruptas muchas veces, que representan un único botín y una única esperanza frente a demandas crecientes. Entre 1973 y 1982 el puerto duplicó su población. El acueducto seguía siendo un reclamo permanente. Durante el gobierno de Belisario Betancur se diseñó el Plan de Desarrollo para la Costa Pacífica (PLADEICOP), Buenaventura fue el municipio que más inversiones recibió y el acueducto y alcantarillado las obras prioritarias. En tiempos de Cesar Gaviria apareció el Plan Pacífico que aseguraba inversiones por más de 40.000 millones en la región, de los cuales el acueducto de Buenaventura recibió más de 10.000 millones de pesos. En ese momento, 1992, la cobertura solo llegaba al 35%. Hoy está en el 70%, aunque apenas pasa de 9 horas diarias de servicio.
Con Andrés Pastrana siguieron fluyendo recursos. A finales del 2001, en una visita al puerto, hablaba de los 13.000 millones que ya se habían desembolsado para el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado. Y su discurso dejaba caer la promesa de próximas inversiones: “…un Plan que avanza con celeridad y que significará, dentro los próximos 20 años, una inversión total de 135.500 millones de pesos, óigase bien: ¡135.500 millones de pesos!, de los cuales la Nación pondrá 35.000 millones”. Un reciente artículo de El País de Cali parece confirmar esa vieja promesa al asegurar que en los últimos 15 años se han invertido 200.000 millones de pesos en acueducto y alcantarillado. Llegaron desde el gobierno nacional, el Plan Pacífico, el Fondo Nórdico de Cooperación, las regalías y el Plan Carrasquilla. Solo este último durante el gobierno Uribe entregó 60.000 millones de pesos.
Un acueducto es también una obra que necesita construcción de comunidad. Es necesario un compromiso colectivo que ayude a cuidar las obras y a pensar que quizá el pago garantiza un servicio más duradero que la conexión ilegal. La Súper Servicios tiene un tope de 30% para pérdidas del agua tratada bien sea por fugas en red, problemas en la planta de tratamiento, conexiones fraudulentas o mediciones de consumo imprecisas. Buenaventura llega al 87.2%, lo que significa que solo se logra cobrar por un 12.5% del agua tratada. En 2001, las deudas de los pocos que pagaban eran de 8.000 millones de pesos. En los últimos 15 años todo fue un pulso entre la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado de Buenaventura, encargada de las obras, manejada por el municipio y ahora quebrada; frente a HidroPacífico, privada, encargada de la operación y con un contrato a 20 años recién liquidado. Mientras tanto los últimos cuatro alcaldes terminaron con investigaciones por posible corrupción relacionada con el tema del agua y dos alcaldes encargados fueron asesinados.

Está bien que suene la cacerola, pero falta más que protestas y rogativas. 


martes, 23 de mayo de 2017

Gozo finish






En 1983, luego de la primera excursión colombiana al Tour, cuando la camisa de Pilas Varta era todavía lanuda y los colombianos soportaban las tres semanas con llantos y consuelos mutuos en la orilla de la carretera, Jacques Anquetil lo dijo con un temor premonitorio: “Si vuelven, serán terribles”. El quíntuple campeón del Tour hablaba de los colombianos que todavía eran vistos como una anomalía en Europa, unos principiantes toscos que buscaban venganza a su sufrimiento cuando aparecían las cuestas. “Bajaban mal y eran peligrosos en el pelotón. Eran simpáticos, pero extraños”, decía Laurent Fignon, el ganador en el Tour del debut colombiano y el más insoportable de los ciclistas después del texano aquel. Luego de la segunda semana de carrera la mitad del equipo colombiano había puesto pie en tierra. Era la época de la panela y el bocadillo. Y de la algarabía de los narradores colombianos que convirtieron la carpa del Tour en un circo de pregoneros. Más de treinta periodistas viajaron para cubrir la expedición a la gran carrera francesa.
Al año siguiente volvieron con algo menos de panela, un poco más de los sesenta millones de pesos que había dado Pilas Varta como patrocinador y algo más de ambición. Y con Lucho Herrera que era garantía de triunfo aunque llegara de un equipo llamado Leche la Gran Vía. Eran otros ciclistas así vinieran de la misma tierra de los que hoy son líderes de escuadras europeas y señores del protagonismo en las carreras de tres semanas. Lucho entregó el primer triunfo de etapa en el Tour y al otro día perdió 27 minutos. “Perdió hasta la caja de dientes”, se decía en esa época al recordar una etapa donde se le cayó la caja en plena bajada luego de tragarse una avispa. Luego vendría Café de Colombia y se pasó del folclor al respeto y al top cinco en las grandes carreras. Parra y Pacho Rodríguez mostraron que se podía estar en el podio y que las cosas eran serias. En 1987 Lucho ganó la Vuelta a España, cuatro colombianos celebraron triunfo de etapa, cuatro estuvieron entre los diez primeros de la general y Ryalcao-Postobon ganó la clasificación por equipos. Anquetil tenía razón.
Ahora, Rigoberto Urán y Carlos Betancur se gozan en italiano a sus pares y comen espagueti vongole con soltura. Han llegado otros ciclistas desde las mismas tierras. El Ramiriquí de Patro y Soler, el Urrao de Oscar de J. Vargas y Urán y Laverde. Las historias de los inicios son las mismas. Nairo y Lucho en las bicicletas prestadas y heredando las pantalonetas de sus amigos. Trayectos parecidos de la casa al colegio en bicicleta y el mismo frío en las mañanas y la misma aguaepanela. Pero la parquedad y los silencios de Lucho y de Nairo son distintos, van de la timidez al cálculo, de la humildad a la estrategia. Nairo llegó como segundo de su equipo a su primer Tour y terminó como segundo de la carrera. En la rueda de prensa antes del inicio su técnico, Eusebio Unzúe, lo puso a la altura de ‘Perico’ Delgado e Induraín. Como lo recuerda Carlos Zúmer, escritor español, autor de varios libros sobre ciclismo colombiano, el nacimiento de Nairo (1990) coincidió con el fin del equipo Café de Colombia. Veinte años más tarde apareció Colombia es Pasión, esa especie de selección juvenil que formó a Chávez, Nairo y Pantano en un mismo equipo y ganó dos años consecutivo el Tour del Avenir que ganara Alfonso Flórez treinta años atrás. Ahora ha llegado un embalador a completar el cuadro, a cruzar primero que los rockstar del pelotón, un pistero con agallas y fuerza para el pavimento. Estamos en los gloriosos y no queda más que recordar y disfrutar.




martes, 16 de mayo de 2017

Bojayá





Bojayá es un pequeño reino del dolor. Un pueblo donde el cementerio es más importante que la plaza. Una encrucijada en la selva marcada por múltiples cruces. Un símbolo inevitable para los funcionarios, los periodistas, las agencias internacionales y los activistas. Durante 15 años, luego de la masacre del 2 de mayo del 2002 que dejó 79 muertos en la iglesia, los habitantes han pasado de la sorpresa a la indiferencia y de la indiferencia a la fatiga frente a la romería que visita el pueblo. Ahora, están frente a una más de las exhumaciones de los cuerpos que lleva a cabo un equipo de la fiscalía. Primero fue la fosa común, luego el cementerio, ahora las nuevas pruebas de ADN y vendrá el descanso en las bóvedas definitivas.  
Compartir el dolor propio con otras víctimas y con los desconocidos que llegan nunca será fácil. El eterno sepelio en Bojayá se ha convertido en un escenario para las minucias políticas, las rebatiñas de subsidios, las demostraciones del “buenismo” internacional y los afanes periodísticos. La atención trae tanto los afectos de la solidaridad como las perversiones del protagonismo. Hace unos días Patricia Nieto y Natalia Botero me contaron su triste aventura en Bojayá. Las dos son investigadoras, periodistas y profesoras de la Universidad de Antioquia con amplio reconocimiento de colegas, alumnos y observadores de su trabajo.
Llegaron al pueblo el pasado domingo 7 de mayo. Era su cuarta visita y pretendían un registro del proceso que implica la segunda exhumación de los cuerpos sepultados en el cementerio municipal. Antes de su viaje habían hablado con algunas personas del Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá. Desde su llegada se encontraron con un clima de desconfianza y hostilidad. Ahora su presencia parecía incomoda, casi prohibida. El miembro del Comité con quien habían tenido contacto telefónico les dijo que no estaban dispuestos a permitir el trabajo de la prensa. De ahí en adelante todo fueron advertencias, agresiones y amenazas: “Cuando salgan de aquí no les va a pasar nada, pero en Bojayá les puede pasar cualquier cosa”, llegaron a decirles. Y un funcionario de la Fiscalía, sorprendido con ese clima denso, les sugirió ir a dormir a Vigía del Fuerte.
 El tercer día estaban en el puerto esperando la llegada de los funcionarios de la fiscalía que traían tres cuerpos desde Vigía del Fuerte, en la orilla opuesta del río. Un coro de niños y algunos adultos con flores y velas esperaban los cuerpos. Natalia comenzó a tomar fotos e inmediatamente fue rodeada por tres personas del Comité que le ordenaban guardar su cámara. Obedeció esa orden perentoria y cuando se retiraba del lugar oyó a una señora, también del Comité, que le gritaba que no tenía derecho a estar allá, que la prensa no podía entrar. Estaban en un lugar público y guardaban el respeto y la serenidad que han aprendido en 25 años de trabajo periodístico en temas de conflicto.
Intentando buscar testimonios fuera del casco urbano, llegaron a la casa de un indígena hasta donde fueron los miembros del Comité a reprochar al anfitrión que recibiera a las periodistas. El indígena tuvo que defender sus derechos frente a los inquisidores, al menos de puertas para adentro. En la iglesia, en una de las misas diarias por las víctimas, los mismos vigilantes de Comité, familiares entre sí y declarados dueños de la memoria de todo el pueblo, le impidieron a Patricia tomar notas del sermón del padre. Ya no solo la cámara estaba prohibida, también la libreta. En medio de todo estaba Miguel Ángel Sánchez, funcionario de la ONU, quien daba órdenes de no dejar grabar a “las paisas”, e incluso intento apartar al padre Antún Ramos, héroe del pueblo por su papel en la tragedia del 2 de mayo, con quien otros dos periodistas grababan un documental sobre su vida. “Nunca, ni guerrilla ni paras ni ejército me impidieron hacer mi trabajo como en esos seis días en Bojayá”, me dijo Natalia.

Ahora la ONU difunde un Protocolo según el cual no se puede grabar, fotografiar ni escribir sobre el proceso de exhumación. Además, el Comité decidirá la información pública y la reservada, y tendrá poder de censura sobre trabajos periodísticos, entregando aval a lo que considere digno de publicación. Bojayá sigue siendo un reino del dolor, pero ahora tiene un visitador y un Comité de tribunos que censuran, ordenan, manipulan y actúan más allá de la Constitución y las leyes. 

martes, 9 de mayo de 2017

Democracia extrema




La democracia directa entrega un alivio a los ciudadanos, una especie de desahogo frente a la sensación de imposiciones que dejan los voceros de la democracia representativa. “No los necesitamos, somos adultos y tomamos nuestras propias decisiones”, parece ser el grito de los ciudadanos que convocan los diversos mecanismos y de los votantes que van a las urnas ante la disyuntiva binaria de un SÍ o NO. La venganza de la gran ágora ciudadana frente a la jaula de intereses y mentiras de los congresos y demás recintos legislativos.
Pero los cubículos encarnan siempre un riesgo y el ágora convencida de su independencia puede tener su cabestro bien amarrado y elegir siguiendo el camino del populismo y la discriminación. Las mayorías tienden a la tiranía y la simpleza, en medio de la fuerza con la que arrastran sus certezas suelen pisar a las minorías como males menores y esquivar la razón como una simple sarta de pretextos. Es imposible estar en contra de que asuntos importantes de la vida pública estén en manos de los ciudadanos, pero es clave entender que esas manos pueden destrozar valores y derechos democráticos, pueden hacer nudos inconvenientes o dar manotazos para resolver una indignación de corto plazo. Colombia, por ejemplo, estuvo cerca hace unos años, por la vía del referendo, de cambiar su constitución para otorgar un tercer periodo a un líder populista con ambiciones virreinales. En ese momento las mayorías lo aclamaban por encima de los melindres constitucionales.
California es el mejor ejemplo de lo que muchos han llamado la democracia extrema. Su constitución ha sufrido más de 500 enmiendas desde su aprobación en 1879. Todo comenzó como una lucha contra una empresa de ferrocarriles que se había convertido a comienzos del siglo XX en la fuerza política más importante del Estado. Pero las cifras dicen que las consultas populares se han convertido en un vicio, una necesidad y una estrategia corporativa. Entre el año 2000 y el 2010 se hicieron en California 74 consultas a los ciudadanos. Más o menos cada 2 meses se jugó un bingo electoral.
También allá, un referendo en 2008 intentó recortar derechos de las minorías y logró una victoria con el 52% de los votos para prohibir el matrimonio entre homosexuales. La Corte Suprema tumbaría esa decisión 5 años más tarde, tiempo durante el cual se ejerció un veto legal contra las parejas del mismo sexo. Más de 80 millones de dólares gastaron los grupos de presión durante la campaña. Para muchos los graves problemas fiscales del Estado vienen desde 1978 cuando se congelaron los impuestos inmobiliarios por medio de una consulta popular. En 2014 se impusieron algunas restricciones y se logró que haya una instancia previa entre promotores y legisladores para llegar a acuerdos que hagan innecesarias las consultas. Empresas, sindicatos, grupos religiosos y sectores productivos son quienes más han acumulado poder con la democracia ciudadana.
Entre nosotros, las consultas contra la minería han generado un gran entusiasmo del que hasta ahora no conocemos las consecuencias. Pero es seguro que veremos conflictos con mineros tradicionales, secretarios de hacienda llorosos y mineros ilegales celebrando. Muy pronto las consultas servirán de extorsión frente al gobierno central y el arreglo lo harán directamente los políticos. Las revocatorias en 100 municipios muestran que los periodos de 4 años tendrán una especie de refrendación a mitad de camino cuando la elección fue muy apretada. Y los alcaldes deberán dedicarse a las urgencias clientelistas y al populismo más barato. Habrá consultas hasta para dejar constancia como la anti taurina en Bogotá, y referendos para que las mayorías creyentes impartan lecciones a quienes pretenden ir más allá de sus mandatos. Más temblores que aplausos me producen las consultas populares.