martes, 16 de mayo de 2017

Bojayá





Bojayá es un pequeño reino del dolor. Un pueblo donde el cementerio es más importante que la plaza. Una encrucijada en la selva marcada por múltiples cruces. Un símbolo inevitable para los funcionarios, los periodistas, las agencias internacionales y los activistas. Durante 15 años, luego de la masacre del 2 de mayo del 2002 que dejó 79 muertos en la iglesia, los habitantes han pasado de la sorpresa a la indiferencia y de la indiferencia a la fatiga frente a la romería que visita el pueblo. Ahora, están frente a una más de las exhumaciones de los cuerpos que lleva a cabo un equipo de la fiscalía. Primero fue la fosa común, luego el cementerio, ahora las nuevas pruebas de ADN y vendrá el descanso en las bóvedas definitivas.  
Compartir el dolor propio con otras víctimas y con los desconocidos que llegan nunca será fácil. El eterno sepelio en Bojayá se ha convertido en un escenario para las minucias políticas, las rebatiñas de subsidios, las demostraciones del “buenismo” internacional y los afanes periodísticos. La atención trae tanto los afectos de la solidaridad como las perversiones del protagonismo. Hace unos días Patricia Nieto y Natalia Botero me contaron su triste aventura en Bojayá. Las dos son investigadoras, periodistas y profesoras de la Universidad de Antioquia con amplio reconocimiento de colegas, alumnos y observadores de su trabajo.
Llegaron al pueblo el pasado domingo 7 de mayo. Era su cuarta visita y pretendían un registro del proceso que implica la segunda exhumación de los cuerpos sepultados en el cementerio municipal. Antes de su viaje habían hablado con algunas personas del Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá. Desde su llegada se encontraron con un clima de desconfianza y hostilidad. Ahora su presencia parecía incomoda, casi prohibida. El miembro del Comité con quien habían tenido contacto telefónico les dijo que no estaban dispuestos a permitir el trabajo de la prensa. De ahí en adelante todo fueron advertencias, agresiones y amenazas: “Cuando salgan de aquí no les va a pasar nada, pero en Bojayá les puede pasar cualquier cosa”, llegaron a decirles. Y un funcionario de la Fiscalía, sorprendido con ese clima denso, les sugirió ir a dormir a Vigía del Fuerte.
 El tercer día estaban en el puerto esperando la llegada de los funcionarios de la fiscalía que traían tres cuerpos desde Vigía del Fuerte, en la orilla opuesta del río. Un coro de niños y algunos adultos con flores y velas esperaban los cuerpos. Natalia comenzó a tomar fotos e inmediatamente fue rodeada por tres personas del Comité que le ordenaban guardar su cámara. Obedeció esa orden perentoria y cuando se retiraba del lugar oyó a una señora, también del Comité, que le gritaba que no tenía derecho a estar allá, que la prensa no podía entrar. Estaban en un lugar público y guardaban el respeto y la serenidad que han aprendido en 25 años de trabajo periodístico en temas de conflicto.
Intentando buscar testimonios fuera del casco urbano, llegaron a la casa de un indígena hasta donde fueron los miembros del Comité a reprochar al anfitrión que recibiera a las periodistas. El indígena tuvo que defender sus derechos frente a los inquisidores, al menos de puertas para adentro. En la iglesia, en una de las misas diarias por las víctimas, los mismos vigilantes de Comité, familiares entre sí y declarados dueños de la memoria de todo el pueblo, le impidieron a Patricia tomar notas del sermón del padre. Ya no solo la cámara estaba prohibida, también la libreta. En medio de todo estaba Miguel Ángel Sánchez, funcionario de la ONU, quien daba órdenes de no dejar grabar a “las paisas”, e incluso intento apartar al padre Antún Ramos, héroe del pueblo por su papel en la tragedia del 2 de mayo, con quien otros dos periodistas grababan un documental sobre su vida. “Nunca, ni guerrilla ni paras ni ejército me impidieron hacer mi trabajo como en esos seis días en Bojayá”, me dijo Natalia.

Ahora la ONU difunde un Protocolo según el cual no se puede grabar, fotografiar ni escribir sobre el proceso de exhumación. Además, el Comité decidirá la información pública y la reservada, y tendrá poder de censura sobre trabajos periodísticos, entregando aval a lo que considere digno de publicación. Bojayá sigue siendo un reino del dolor, pero ahora tiene un visitador y un Comité de tribunos que censuran, ordenan, manipulan y actúan más allá de la Constitución y las leyes. 

martes, 9 de mayo de 2017

Democracia extrema




La democracia directa entrega un alivio a los ciudadanos, una especie de desahogo frente a la sensación de imposiciones que dejan los voceros de la democracia representativa. “No los necesitamos, somos adultos y tomamos nuestras propias decisiones”, parece ser el grito de los ciudadanos que convocan los diversos mecanismos y de los votantes que van a las urnas ante la disyuntiva binaria de un SÍ o NO. La venganza de la gran ágora ciudadana frente a la jaula de intereses y mentiras de los congresos y demás recintos legislativos.
Pero los cubículos encarnan siempre un riesgo y el ágora convencida de su independencia puede tener su cabestro bien amarrado y elegir siguiendo el camino del populismo y la discriminación. Las mayorías tienden a la tiranía y la simpleza, en medio de la fuerza con la que arrastran sus certezas suelen pisar a las minorías como males menores y esquivar la razón como una simple sarta de pretextos. Es imposible estar en contra de que asuntos importantes de la vida pública estén en manos de los ciudadanos, pero es clave entender que esas manos pueden destrozar valores y derechos democráticos, pueden hacer nudos inconvenientes o dar manotazos para resolver una indignación de corto plazo. Colombia, por ejemplo, estuvo cerca hace unos años, por la vía del referendo, de cambiar su constitución para otorgar un tercer periodo a un líder populista con ambiciones virreinales. En ese momento las mayorías lo aclamaban por encima de los melindres constitucionales.
California es el mejor ejemplo de lo que muchos han llamado la democracia extrema. Su constitución ha sufrido más de 500 enmiendas desde su aprobación en 1879. Todo comenzó como una lucha contra una empresa de ferrocarriles que se había convertido a comienzos del siglo XX en la fuerza política más importante del Estado. Pero las cifras dicen que las consultas populares se han convertido en un vicio, una necesidad y una estrategia corporativa. Entre el año 2000 y el 2010 se hicieron en California 74 consultas a los ciudadanos. Más o menos cada 2 meses se jugó un bingo electoral.
También allá, un referendo en 2008 intentó recortar derechos de las minorías y logró una victoria con el 52% de los votos para prohibir el matrimonio entre homosexuales. La Corte Suprema tumbaría esa decisión 5 años más tarde, tiempo durante el cual se ejerció un veto legal contra las parejas del mismo sexo. Más de 80 millones de dólares gastaron los grupos de presión durante la campaña. Para muchos los graves problemas fiscales del Estado vienen desde 1978 cuando se congelaron los impuestos inmobiliarios por medio de una consulta popular. En 2014 se impusieron algunas restricciones y se logró que haya una instancia previa entre promotores y legisladores para llegar a acuerdos que hagan innecesarias las consultas. Empresas, sindicatos, grupos religiosos y sectores productivos son quienes más han acumulado poder con la democracia ciudadana.
Entre nosotros, las consultas contra la minería han generado un gran entusiasmo del que hasta ahora no conocemos las consecuencias. Pero es seguro que veremos conflictos con mineros tradicionales, secretarios de hacienda llorosos y mineros ilegales celebrando. Muy pronto las consultas servirán de extorsión frente al gobierno central y el arreglo lo harán directamente los políticos. Las revocatorias en 100 municipios muestran que los periodos de 4 años tendrán una especie de refrendación a mitad de camino cuando la elección fue muy apretada. Y los alcaldes deberán dedicarse a las urgencias clientelistas y al populismo más barato. Habrá consultas hasta para dejar constancia como la anti taurina en Bogotá, y referendos para que las mayorías creyentes impartan lecciones a quienes pretenden ir más allá de sus mandatos. Más temblores que aplausos me producen las consultas populares.


martes, 2 de mayo de 2017

Marcha venezolana





Han ido llegando por necesidad. Acompañados de rabia y desespero, atraídos por un pequeño imán que promete un contacto, un escampadero temporal, una farmacia con todas las letras. Brillan en una ciudad hospitalaria a su manera, recelosa muchas veces, ensimismada casi siempre en su acento, sus gustos, sus miedos. Llegan buscando las periferias, trepando a las laderas donde el tesoro de unos dólares encaletados rinde un poco más en las tiendas. La primera noticia de esa pequeña migración llegó por la llamada de una amiga periodista que conocí hace unos años en un viaje y ahora intentaba traer a sus padres hasta el apartamento que compró con su hermano en las lomas de Robledo. En pocos años Medellín había pasado de ser destino turístico a destino a secas.
Pero la verdadera magnitud de esa marcha la viví el sábado anterior en medio de una caminada desprevenida por la ciudad. En el parque de El Poblado estaban unos doscientos venezolanos, muchos con la camisa vinotinto de la selección y una gran bandera en el suelo del escenario improvisado. Una protesta de lejos es sobre todo una oportunidad para la solidaridad y el desahogo personal. Dos megáfonos intermitentes y un cuatro formaban todo el aparataje de la manifestación que servía sobre todo para llenar planillas y recuerdos. Para el canto a capela del cumpleaños a Leopoldo López todos los presentes se pusieron de pie y los dos o tres patos que estábamos “infiltrados” en la reunión nos paramos espantados. El canto entusiasta del cumpleaños a un político genera de por sí una pequeña incomodidad, cuando ese político está a miles de kilómetros de distancia genera incredulidad y cuando ese político está en la cárcel por la sencilla decisión de otro político ya se produce un desconsuelo definitivo. La escena resultaba lánguida amenizada por los dados del parqués de los lugareños que oían sorprendidos.
Abandonamos el parque y pasando la calle estaba La casa del pan de jamón, un local que lleva cerca de un año y se ha convertido en la vitrina para que no todo sea arepa venezolana en las referencias culinarias del vecino. La caminada siguió hasta la tienda de un barrio de mecánicos y allí apareció una conversación inesperada. Cuatro hombres que mostraban haber terminado su jornada laboral hacía poco hablaban solo en números, parecía que cada uno tuviera una calculadora para preparar su frase. Comparaban sueldos y precios antiguos, alardeaban con mercados de otro tiempo, movían las tasas de cambio, contaban sus pesos actuales y se reían condescendientes de los amigos y familiares dejados atrás. Se tomaban sus cervezas con juicio y atendían a los cuentos de quién parecía ser el jefe de la manada, el más curtido en las lides paisas. Nunca hablaron de nada distinto a números y saldos añorados, odiados, presentes.
Ya en la noche, en Carlos E. Restrepo, barrio que se mueve al ritmo de las universidades cercanas, el carrito de arepas venezolanas sirvió para acompañar las cervezas de la tarde. Tenía menos de seis meses compitiendo con los perros omnipresentes, los sánduches con humos gourmet y los chuzos de estadio de La Iguaná. Todos los encuentros del día fueron casuales, anunciados por el acento, las estrellas de la bandera, los anuncios de las delicias culinarias. En todas las caras, en el tono de la voz, en el semblante, se advierte algo de angustia y alivio, un aire de incertidumbre que se cierne sobre los recién llegados que aún no saben si se quedan o se vuelven.




martes, 25 de abril de 2017

Universidad de cartón




Las ínfulas son siempre el camino más corto hasta el ridículo. Y los gobernantes son los peregrinos más usuales de esa ruta trillada entre la grandilocuencia y la caricatura. Entre nosotros Luis Pérez Gutiérrez es un exponente paradigmático de la distancia entre los anuncios teatrales y lujosos y las ejecuciones lánguidas y retocadas. El lema de su gobierno, Antioquia piensa en grande, solo sirve como contraste para ver la minucia de sus logros y la mezquindad de sus actuaciones.
Hasta hace unos días poco se hablaba de los proyectos educativos de la gobernación de Antioquia. Los anuncios del primer año se habían convertido en propósitos relegados. Pero para eso está la Asamblea y sus debates estrafalarios. El diputado José Luis Noreña ventiló hace una semana los compromisos de la administración para “colocar” porteros, secretarias, administrativos y otras arandelas de la burocracia educativa como cuotas de los diputados. Eran apenas ochenta “plazas” por diputado, porque Antioquia piensa en sí misma.
Esa bonita anécdota hace que valga la pena darle una mirada a uno de los programas bandera de la administración Luis Pérez en temas de educación. La Universidad Digital se mostró desde el comienzo del 2016 como una revolución en camino. Realidades virtuales son la especialidad del gobernador. Al comienzo se habló del concurso de grandes universidades del mundo en el programa. Juan Pablo Durán, gerente de proyectos especiales de la gobernación quién estuvo al frente de la Universidad Digital en los primeros meses, alcanzó a decir: “Las iniciativas del Gobernador son de tal envergadura, que necesitan el trabajo mancomunado de toda Colombia, el concierto de grandes inversiones nacionales e internacionales, y la colaboración de las mejores universidades de Colombia y del mundo…” De MIT, Harvard y otras mencionadas el año pasado hoy no quedan rastros y no se logró pasar de una de las hoy famosas visitas de pasillo.
Se dijo también en un comienzo que la universidad tendría 100.000 estudiantes, siete registros de programas propios, una sede lista en los antiguos terrenos de Telemedellín, una inversión cercana a 163.000 millones de pesos, un costo de un dólar por curso que garantizaría gran cobertura y el apoyo del gobierno nacional, la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional. Grandes instituciones a falta de las eminencias extranjeras.
Hoy en día se sabe que la gobernación tiene un convenio marco con el Ministerio de Educación, o sea una carta general de buenas intenciones. Que ha invertido 10.000 millones de pesos en un estudio de viabilidad financiera que considera confidencial y está en manos del ministerio desde septiembre pasado. Tiene además el apoyo solitario del Tecnológico de Antioquia más por temas políticos que académicos. Y por supuesto la desconfianza de la Universidad de Antioquia que ha logrado cuatro registros en su trabajo de diez años con su programa Ude@. Por la planta física le preguntó el ministerio en octubre y no hubo respuesta. Sobre los registros propios no se conocen ni siquiera los nombres de los programas. Cuando se les preguntó cómo era eso del dólar por curso, respondieron que no correspondía a la “proyección financiera” sino a una “ejemplificación” para mostrar la “gran accesibilidad”. Espero que dicten español en la Universidad Virtual. La disculpa cantada será que los pares del ministerio no les quieren aprobar sus cursos y pronto veremos la pataleta del gobernador por los problemas de su universidad de cartón. Pero algo grande hay que mostrar. Miles de tabletas que le acaba de entregar el presidente Santos para que al menos haya con que jugar mientras tanto.


martes, 18 de abril de 2017

Adictos al miedo





A los policías no les interesa la letra del código recién aprobado, no se ponen con leguleyadas, les basta y les sobra el brillo renovado de su herramienta, el temor de los ciudadanos, las cifras de las multas y la jaula abierta de sus patrullas. El código de policía no se diferencia en nada al arma de dotación o al bolillo de rigor, una simple herramienta de intimidación. En las últimas semanas he visto repetirse la escena en la que un policía le suelta su compañero canino a un grupo de jóvenes que conversan en un parque. Es una nueva manera de elegir quienes pueden sentarse en el espacio público y quienes no. El policía suelta su perro husmeador como si se tratara de una escena de caza y lo que sigue puede ser una algarabía de ladridos, giros desesperados, brincos y chillidos acompañados de risas de amigos y curiosos.
Una de las cacerías que vi hace unos días terminó con un joven camino a la patrulla para ser requisado in extremis. No había droga alguna pero el humo de un bareto previo, según la confesión temblorosa del detenido, había hecho que el perro se engolosinara. El policía amenazaba al joven con llevarlo a la estación cercana o, si estaba de buenas, sacarlo del parque. A pesar de que tenía el tufo de tres cervezas prohibidas en el espacio público me dio por asumir el torpe papel de defensor de oficio.  Cuando le mencioné al policía la expresión “dosis personal”, se excito un poco más que su perro con el ensolve del recién detenido. “¿Quién le dijo a usted que eso existe? Si lo quiero detener, lo detengo. Y usted váyase de aquí que está tomando cerveza”, me dijo mientras amenazaba con su bolillo. Como mi defendido me rogaba que me callara y yo no pretendía estrenar el código, me fui con una simple despedida que comparaba amistosamente al agente con su compañero de caza.
Revertir la autonomía personal que consagró la Corte Constitucional en su sentencia de 1994 ha sido una de las grandes obsesiones de sucesivos gobiernos. Lo propusieron Gaviria y Samper en su momento, lo intentó Uribe en cuatro ocasiones -un verdadero adicto a cárceles y tribunales para los consumidores- vía leyes y referendo hasta lograr una victoria de papel en 2009. Una prohibición constitucional al porte y consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, sin la posibilidad de sanciones más allá de medidas administrativas de orden preventivo o profiláctico que sean aceptadas por el consumidor. Mucho menos que los tribunales médicos que proponía Uribe para imponer tratamientos muy al estilo de sus amigos soviéticos en los años cuarenta. Ahora, las medidas “preventivas y profilácticas” las toman los policías según su gusto, su genio y la docilidad de su “paciente”. No importa que la Corte Suprema haya hablado de “dosis de aprovisionamiento” para amparar el derecho de los consumidores a portar incluso una cantidad superior a la dosis mínima, entendiendo que se puede comprar para el consumo de una semana o un mes. Esas son discusiones de magistrados, para la calle está el código de arbitrariedades de todos los días.

Mientras en Estados Unidos cerca de setenta millones de personas pueden hoy consumir marihuana con fines recreativos de manera legal, mientras hace unos días su secretario de seguridad Jhon Kelly dijo que la “marihuana no es un factor clave en la guerra contra las drogas” y que la solución no llegará arrestando a los usuarios; en Colombia, que se llena la boca hablando de nuevo enfoque en el tema de drogas y firmó un decreto sobre uso medicinal de la marihuana hace unos días, se busca que el desacato a la constitución y la violación sistemática de los derechos de los consumidores se conviertan en una regla de facto, una costumbre del miedo, una ejemplarizante rutina policial. 

martes, 11 de abril de 2017

Discurso y conciertos








Es normal que los mandatarios busquen fijar por lo bajo el nivel de la discusión pública. A ningún gobierno le sirve la mirada escéptica e informada de la opinión sobre sus números, sus intenciones y sus logros. Poner el foco sobre las palabras y la oscuridad sobre las actuaciones suele ser una de las prácticas preferidas de los gobernantes, convertidos entonces en voceros de causas leves e incuestionables, en discurseros de los sentires mayoritarios y protagonistas de los impulsos más sensibleros. Alcaldes y gobernadores se dedican entonces a un pregón cercano a la autoayuda, aunque esta vez con tintes un poco más egoístas: ayudarle a la imagen propia mientras venden un alegato paternal y condescendiente.
En Antioquia hemos tenido siempre un déficit de escrutinio público sobre nuestros dirigentes: el excesivo regionalismo, una mediana fortaleza institucional, una situación fiscal privilegiada por superávit de algunas empresas públicas, una buena calificación histórica en temas de servicios públicos, entre otras razones, han hecho que cada cuatro años nuestros alcaldes y gobernadores saquen pecho con sus resultados en distintas encuestas de opinión. Mientras los ciudadanos celebran detrás. Parece que como electores hemos superado en alguna medida esa etapa infantil según la cual un acudiente nos debe señalar hacia quién debemos dirigir nuestro voto. Se demostró con las intenciones paternas de Uribe y sus derrotas sonoras en las elecciones locales y regionales de octubre de 2015. Sin embargo, una vez hecha la elección continúa nuestra deficiencia de escrutinio y deliberación pública. A diferencia de los excesos de guerra política que sufre Bogotá, Medellín y Antioquia viven una especie de silencio ciudadano, algo parecido a la actitud del discreto invitado que no quiere avergonzar los esfuerzos de su anfitrión.
Las recientes polémicas públicas a las que estuvieron ligados el alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia muestran muy bien el nivel de nuestra discusión pública. El alcalde estuvo dedicado por cuarta o quinta vez a cuestionar los modales y los modelos de virtud de los cantantes que visitan la ciudad. En esta ocasión le correspondió el regaño al rapero Wiz Khalifa por su visita humeante a la tumba de Pablo Escobar. Federico Gutiérrez se ha empeñado en liderar el “Bloque de Búsqueda” contra la leyenda del capo mafioso. Es cierto que hay que repetir las veces que sea necesario la tragedia que vivió la ciudad luchando una guerra impuesta, que supuso enemigos desmesurados e invirtió costumbres y signos sociales, pero eso no es posible con los vetos y la cantaleta. El mito mafioso será parte de la ciudad y se debe asimilar con el orgullo de quien ha resistido una avalancha. Tal vez sea más útil mirar con mayor atención nuestro museo de la memoria, entender el orgullo de algunos barrios, canalizar algunas resistencias. Pero lo que de verdad es urgente, es pensar en la violencia homicida contra los jóvenes, un indicador que Medellín no ha sido capaz de mejorar a la altura de su jactancia de ciudad redimida.
Por parte del gobernador el último gran debate no surgió de la cantaleta contra un rapero sino de la excitación frente a un reguetonero. Lo de Luis Pérez no es un arrebato moral sino una necesidad farandulera. Pérez tiene una debilidad por los divos y las marcas de revistas para mujeres. Sabe que no tiene nada qué aportar al debate público, solo debe huirle mientras trama algún negocio privado. Se dedica entonces a apuntar contra el proceso de paz y el presidente Santos (fue su gerente de campaña en Antioquia), mostrarse firme ante una figura repudiada en su departamento es su sencillo juego. Se ha convertido en comentarista con membrete de La Alpujarra y origen en Llanogrande.
Ni siquiera como reseñistas musicales clasifican nuestros mandatarios, más dedicados a las notas leves tras los conciertos y a las entrevistas de camerino.



martes, 4 de abril de 2017

Política sombría



Todos los días vemos el repudio que generan los partidos políticos, la indignación frente al comportamiento de algunos de sus miembros, la rechifla permanente a sus comentarios, ideas y decisiones. Los partidos que hace apenas treinta años marcaban los comportamientos políticos y sociales de muchas familias, incluso definían el círculo de sus amistades y sus reglas de comportamiento, hoy son apenas pequeños clanes clientelistas. Y los nuevos partidos son sobre todo franquicias para el menudeo electoral. Pareciera que la sociedad se alejó definitivamente de las tramoyas partidistas, más cercanas hoy a los pleitos contables que a las disputas ideológicas.
Sin embargo, las noticias, los enfrentamientos ciudadanos, las discusiones familiares y los debates públicos siguen todavía el hilo de los políticos y sus rencillas. Puede que ya no valga el trapo rojo ni las peroratas conservadoras, y que las diferencias de fondo se hayan ido borrando y aparezcan señoras liberales agitando algunos dogmas cruzados, y que los partidos hagan transacciones, cambios de equipo, entre sus mandos medios como las hacen los equipos de cualquier liga futbolera, pero los políticos han sabido mantenerse por encima de sus maquinarias cada vez más ocultas y más inútiles al pensamiento.
La estrategia es casi siempre la descalificación. Una política reactiva que no busca las ideas sino los señalamientos, que no quiere adversarios sino enemigos, que se para en los extremos para generar rabia y crispación. Las fuerzas de esa política están inspiradas sobre todo en la histeria, la ignorancia, el odio y el miedo. De modo que muchos ciudadanos terminan adscritos a un partido, casi siempre al simple logo de un caudillo, mientras parecen convencidos de rechazar la política como un mal general. Los triunfos electorales se han convertido en sinónimo de venganza y los políticos han terminado por simplificar los debates, falsear las disyuntivas y poner tras de cada decisión pública una leyenda terrible acerca de sus enemigos. La política es ahora una nueva forma de la imaginación grotesca y los delirios de persecución.
Es cierto que la política nunca ha sido afecta a la verdad ni a los matices, pero la versión más reciente ha terminado por arrastrar a casi todos los actores sociales a sus terrenos, ha pretendido convertir al periodismo, a los académicos, a los empresarios y a los religiosos en unos nuevos partidarios o enemigos. La confusión generalizada es una de sus nuevas ganancias. Todas las voces se han puesto bajo el rasero de sus intereses, las ofensas cruzadas llevan cada vez más público hacia las peores orillas, hacia las mentiras que más causan indignación, hacia las teorías de la conspiración, hacia las barras bravas ideológicas y los dogmatismos más ciegos.
Por esa vía, el ámbito que más desconfianza y rechazo social genera ha logrado guiar el debate público durante los últimos años. Las declaraciones de los políticos marcan el inicio de los peores ruidos, inician las discusiones desde las premisas más alejadas de la realidad y llevan a conclusiones que solo sirven a las victorias electorales. Mientras más creemos alejarnos de la política, más nos aprietan el nudo con sus recriminaciones, sus chismes y sus sombríos pronósticos.