martes, 25 de abril de 2017

Universidad de cartón




Las ínfulas son siempre el camino más corto hasta el ridículo. Y los gobernantes son los peregrinos más usuales de esa ruta trillada entre la grandilocuencia y la caricatura. Entre nosotros Luis Pérez Gutiérrez es un exponente paradigmático de la distancia entre los anuncios teatrales y lujosos y las ejecuciones lánguidas y retocadas. El lema de su gobierno, Antioquia piensa en grande, solo sirve como contraste para ver la minucia de sus logros y la mezquindad de sus actuaciones.
Hasta hace unos días poco se hablaba de los proyectos educativos de la gobernación de Antioquia. Los anuncios del primer año se habían convertido en propósitos relegados. Pero para eso está la Asamblea y sus debates estrafalarios. El diputado José Luis Noreña ventiló hace una semana los compromisos de la administración para “colocar” porteros, secretarias, administrativos y otras arandelas de la burocracia educativa como cuotas de los diputados. Eran apenas ochenta “plazas” por diputado, porque Antioquia piensa en sí misma.
Esa bonita anécdota hace que valga la pena darle una mirada a uno de los programas bandera de la administración Luis Pérez en temas de educación. La Universidad Digital se mostró desde el comienzo del 2016 como una revolución en camino. Realidades virtuales son la especialidad del gobernador. Al comienzo se habló del concurso de grandes universidades del mundo en el programa. Juan Pablo Durán, gerente de proyectos especiales de la gobernación quién estuvo al frente de la Universidad Digital en los primeros meses, alcanzó a decir: “Las iniciativas del Gobernador son de tal envergadura, que necesitan el trabajo mancomunado de toda Colombia, el concierto de grandes inversiones nacionales e internacionales, y la colaboración de las mejores universidades de Colombia y del mundo…” De MIT, Harvard y otras mencionadas el año pasado hoy no quedan rastros y no se logró pasar de una de las hoy famosas visitas de pasillo.
Se dijo también en un comienzo que la universidad tendría 100.000 estudiantes, siete registros de programas propios, una sede lista en los antiguos terrenos de Telemedellín, una inversión cercana a 163.000 millones de pesos, un costo de un dólar por curso que garantizaría gran cobertura y el apoyo del gobierno nacional, la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional. Grandes instituciones a falta de las eminencias extranjeras.
Hoy en día se sabe que la gobernación tiene un convenio marco con el Ministerio de Educación, o sea una carta general de buenas intenciones. Que ha invertido 10.000 millones de pesos en un estudio de viabilidad financiera que considera confidencial y está en manos del ministerio desde septiembre pasado. Tiene además el apoyo solitario del Tecnológico de Antioquia más por temas políticos que académicos. Y por supuesto la desconfianza de la Universidad de Antioquia que ha logrado cuatro registros en su trabajo de diez años con su programa Ude@. Por la planta física le preguntó el ministerio en octubre y no hubo respuesta. Sobre los registros propios no se conocen ni siquiera los nombres de los programas. Cuando se les preguntó cómo era eso del dólar por curso, respondieron que no correspondía a la “proyección financiera” sino a una “ejemplificación” para mostrar la “gran accesibilidad”. Espero que dicten español en la Universidad Virtual. La disculpa cantada será que los pares del ministerio no les quieren aprobar sus cursos y pronto veremos la pataleta del gobernador por los problemas de su universidad de cartón. Pero algo grande hay que mostrar. Miles de tabletas que le acaba de entregar el presidente Santos para que al menos haya con que jugar mientras tanto.


martes, 18 de abril de 2017

Adictos al miedo





A los policías no les interesa la letra del código recién aprobado, no se ponen con leguleyadas, les basta y les sobra el brillo renovado de su herramienta, el temor de los ciudadanos, las cifras de las multas y la jaula abierta de sus patrullas. El código de policía no se diferencia en nada al arma de dotación o al bolillo de rigor, una simple herramienta de intimidación. En las últimas semanas he visto repetirse la escena en la que un policía le suelta su compañero canino a un grupo de jóvenes que conversan en un parque. Es una nueva manera de elegir quienes pueden sentarse en el espacio público y quienes no. El policía suelta su perro husmeador como si se tratara de una escena de caza y lo que sigue puede ser una algarabía de ladridos, giros desesperados, brincos y chillidos acompañados de risas de amigos y curiosos.
Una de las cacerías que vi hace unos días terminó con un joven camino a la patrulla para ser requisado in extremis. No había droga alguna pero el humo de un bareto previo, según la confesión temblorosa del detenido, había hecho que el perro se engolosinara. El policía amenazaba al joven con llevarlo a la estación cercana o, si estaba de buenas, sacarlo del parque. A pesar de que tenía el tufo de tres cervezas prohibidas en el espacio público me dio por asumir el torpe papel de defensor de oficio.  Cuando le mencioné al policía la expresión “dosis personal”, se excito un poco más que su perro con el ensolve del recién detenido. “¿Quién le dijo a usted que eso existe? Si lo quiero detener, lo detengo. Y usted váyase de aquí que está tomando cerveza”, me dijo mientras amenazaba con su bolillo. Como mi defendido me rogaba que me callara y yo no pretendía estrenar el código, me fui con una simple despedida que comparaba amistosamente al agente con su compañero de caza.
Revertir la autonomía personal que consagró la Corte Constitucional en su sentencia de 1994 ha sido una de las grandes obsesiones de sucesivos gobiernos. Lo propusieron Gaviria y Samper en su momento, lo intentó Uribe en cuatro ocasiones -un verdadero adicto a cárceles y tribunales para los consumidores- vía leyes y referendo hasta lograr una victoria de papel en 2009. Una prohibición constitucional al porte y consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, sin la posibilidad de sanciones más allá de medidas administrativas de orden preventivo o profiláctico que sean aceptadas por el consumidor. Mucho menos que los tribunales médicos que proponía Uribe para imponer tratamientos muy al estilo de sus amigos soviéticos en los años cuarenta. Ahora, las medidas “preventivas y profilácticas” las toman los policías según su gusto, su genio y la docilidad de su “paciente”. No importa que la Corte Suprema haya hablado de “dosis de aprovisionamiento” para amparar el derecho de los consumidores a portar incluso una cantidad superior a la dosis mínima, entendiendo que se puede comprar para el consumo de una semana o un mes. Esas son discusiones de magistrados, para la calle está el código de arbitrariedades de todos los días.

Mientras en Estados Unidos cerca de setenta millones de personas pueden hoy consumir marihuana con fines recreativos de manera legal, mientras hace unos días su secretario de seguridad Jhon Kelly dijo que la “marihuana no es un factor clave en la guerra contra las drogas” y que la solución no llegará arrestando a los usuarios; en Colombia, que se llena la boca hablando de nuevo enfoque en el tema de drogas y firmó un decreto sobre uso medicinal de la marihuana hace unos días, se busca que el desacato a la constitución y la violación sistemática de los derechos de los consumidores se conviertan en una regla de facto, una costumbre del miedo, una ejemplarizante rutina policial. 

martes, 11 de abril de 2017

Discurso y conciertos








Es normal que los mandatarios busquen fijar por lo bajo el nivel de la discusión pública. A ningún gobierno le sirve la mirada escéptica e informada de la opinión sobre sus números, sus intenciones y sus logros. Poner el foco sobre las palabras y la oscuridad sobre las actuaciones suele ser una de las prácticas preferidas de los gobernantes, convertidos entonces en voceros de causas leves e incuestionables, en discurseros de los sentires mayoritarios y protagonistas de los impulsos más sensibleros. Alcaldes y gobernadores se dedican entonces a un pregón cercano a la autoayuda, aunque esta vez con tintes un poco más egoístas: ayudarle a la imagen propia mientras venden un alegato paternal y condescendiente.
En Antioquia hemos tenido siempre un déficit de escrutinio público sobre nuestros dirigentes: el excesivo regionalismo, una mediana fortaleza institucional, una situación fiscal privilegiada por superávit de algunas empresas públicas, una buena calificación histórica en temas de servicios públicos, entre otras razones, han hecho que cada cuatro años nuestros alcaldes y gobernadores saquen pecho con sus resultados en distintas encuestas de opinión. Mientras los ciudadanos celebran detrás. Parece que como electores hemos superado en alguna medida esa etapa infantil según la cual un acudiente nos debe señalar hacia quién debemos dirigir nuestro voto. Se demostró con las intenciones paternas de Uribe y sus derrotas sonoras en las elecciones locales y regionales de octubre de 2015. Sin embargo, una vez hecha la elección continúa nuestra deficiencia de escrutinio y deliberación pública. A diferencia de los excesos de guerra política que sufre Bogotá, Medellín y Antioquia viven una especie de silencio ciudadano, algo parecido a la actitud del discreto invitado que no quiere avergonzar los esfuerzos de su anfitrión.
Las recientes polémicas públicas a las que estuvieron ligados el alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia muestran muy bien el nivel de nuestra discusión pública. El alcalde estuvo dedicado por cuarta o quinta vez a cuestionar los modales y los modelos de virtud de los cantantes que visitan la ciudad. En esta ocasión le correspondió el regaño al rapero Wiz Khalifa por su visita humeante a la tumba de Pablo Escobar. Federico Gutiérrez se ha empeñado en liderar el “Bloque de Búsqueda” contra la leyenda del capo mafioso. Es cierto que hay que repetir las veces que sea necesario la tragedia que vivió la ciudad luchando una guerra impuesta, que supuso enemigos desmesurados e invirtió costumbres y signos sociales, pero eso no es posible con los vetos y la cantaleta. El mito mafioso será parte de la ciudad y se debe asimilar con el orgullo de quien ha resistido una avalancha. Tal vez sea más útil mirar con mayor atención nuestro museo de la memoria, entender el orgullo de algunos barrios, canalizar algunas resistencias. Pero lo que de verdad es urgente, es pensar en la violencia homicida contra los jóvenes, un indicador que Medellín no ha sido capaz de mejorar a la altura de su jactancia de ciudad redimida.
Por parte del gobernador el último gran debate no surgió de la cantaleta contra un rapero sino de la excitación frente a un reguetonero. Lo de Luis Pérez no es un arrebato moral sino una necesidad farandulera. Pérez tiene una debilidad por los divos y las marcas de revistas para mujeres. Sabe que no tiene nada qué aportar al debate público, solo debe huirle mientras trama algún negocio privado. Se dedica entonces a apuntar contra el proceso de paz y el presidente Santos (fue su gerente de campaña en Antioquia), mostrarse firme ante una figura repudiada en su departamento es su sencillo juego. Se ha convertido en comentarista con membrete de La Alpujarra y origen en Llanogrande.
Ni siquiera como reseñistas musicales clasifican nuestros mandatarios, más dedicados a las notas leves tras los conciertos y a las entrevistas de camerino.



martes, 4 de abril de 2017

Política sombría



Todos los días vemos el repudio que generan los partidos políticos, la indignación frente al comportamiento de algunos de sus miembros, la rechifla permanente a sus comentarios, ideas y decisiones. Los partidos que hace apenas treinta años marcaban los comportamientos políticos y sociales de muchas familias, incluso definían el círculo de sus amistades y sus reglas de comportamiento, hoy son apenas pequeños clanes clientelistas. Y los nuevos partidos son sobre todo franquicias para el menudeo electoral. Pareciera que la sociedad se alejó definitivamente de las tramoyas partidistas, más cercanas hoy a los pleitos contables que a las disputas ideológicas.
Sin embargo, las noticias, los enfrentamientos ciudadanos, las discusiones familiares y los debates públicos siguen todavía el hilo de los políticos y sus rencillas. Puede que ya no valga el trapo rojo ni las peroratas conservadoras, y que las diferencias de fondo se hayan ido borrando y aparezcan señoras liberales agitando algunos dogmas cruzados, y que los partidos hagan transacciones, cambios de equipo, entre sus mandos medios como las hacen los equipos de cualquier liga futbolera, pero los políticos han sabido mantenerse por encima de sus maquinarias cada vez más ocultas y más inútiles al pensamiento.
La estrategia es casi siempre la descalificación. Una política reactiva que no busca las ideas sino los señalamientos, que no quiere adversarios sino enemigos, que se para en los extremos para generar rabia y crispación. Las fuerzas de esa política están inspiradas sobre todo en la histeria, la ignorancia, el odio y el miedo. De modo que muchos ciudadanos terminan adscritos a un partido, casi siempre al simple logo de un caudillo, mientras parecen convencidos de rechazar la política como un mal general. Los triunfos electorales se han convertido en sinónimo de venganza y los políticos han terminado por simplificar los debates, falsear las disyuntivas y poner tras de cada decisión pública una leyenda terrible acerca de sus enemigos. La política es ahora una nueva forma de la imaginación grotesca y los delirios de persecución.
Es cierto que la política nunca ha sido afecta a la verdad ni a los matices, pero la versión más reciente ha terminado por arrastrar a casi todos los actores sociales a sus terrenos, ha pretendido convertir al periodismo, a los académicos, a los empresarios y a los religiosos en unos nuevos partidarios o enemigos. La confusión generalizada es una de sus nuevas ganancias. Todas las voces se han puesto bajo el rasero de sus intereses, las ofensas cruzadas llevan cada vez más público hacia las peores orillas, hacia las mentiras que más causan indignación, hacia las teorías de la conspiración, hacia las barras bravas ideológicas y los dogmatismos más ciegos.
Por esa vía, el ámbito que más desconfianza y rechazo social genera ha logrado guiar el debate público durante los últimos años. Las declaraciones de los políticos marcan el inicio de los peores ruidos, inician las discusiones desde las premisas más alejadas de la realidad y llevan a conclusiones que solo sirven a las victorias electorales. Mientras más creemos alejarnos de la política, más nos aprietan el nudo con sus recriminaciones, sus chismes y sus sombríos pronósticos.


miércoles, 29 de marzo de 2017

Cerrar las ventanas






El aire en Medellín significa una pesadilla para los colegiales impensable en mis tiempos de bachillerato. Hoy muchos colegios en la ciudad deben cancelar las clases de educación física y los torneos interclases por las alarmas de los institutos meteorológicos. El cambio del partido de fútbol por una hora de biblioteca bien merecería un levantamiento estudiantil. Pero la mayoría de quienes vamos en los 600.000 vehículos particulares hemos asumido que la solución es cerrar las ventanillas. Y quienes van en las 700.000 motos se contentan con cubrirse los ojos y subir el volumen a sus audífonos. No importa que el 45% de los ciudadanos, sobre todo quienes se mueven en transporte particular, diga que se demora más tiempo en sus trayectos que el año anterior.
Apenas un 22% de los habitantes de Medellín se movilizan en transporte particular, carros o motos, pero son estos los encargados de propiciar el ruido de las recriminaciones mutuas. El número de los ciudadanos que se mueven en transporte público está estancado hace 4 años. Por capacidad, Metro y Metrocable no logran mover más del 20% de pasajeros diarios; Metroplus, esa especie de caracol urbano, no llega al 5% mientras las motos han doblado sus usuarios en una década. Los buses tradicionales que perdieron usuarios a comienzos de esta década parece lograron estabilizarse y siguen siendo líderes con el 30% de los ciudadanos en sus trayectos habituales. Los más obsoletos son los líderes del mercado. Viendo las cifras no queda más que preguntarse por nuestros proyectos para las postales sobre ciudad sostenible. El tranvía de Ayacucho que costó más de 700.000 millones de pesos, incluidos los dos cables que lo llevan hasta la ladera oriental, mueve hoy 35.000 pasajeros diarios. Comparable con el torniquete de las atracciones del Parque Norte en un buen fin de semana.
Pero según parece la administración todavía les come cuento a los llantos de Fenalco. Cada año los gremios nos entregan la cifra de carros vendidos en el país como un indicador de crecimiento y salud de la economía. Cuando el número baja de 300.000 nos dicen que es hora de prender las alarmas. La ciudad les tiene temor a los parqueaderos vacíos en los centros comerciales y los supermercados. Se habla de problemas ambientales y el carrito del supermercado aparece como pieza principal en el debate.  Los indicadores de calidad del aire muestran claros riegos para la salud, menos fumadores y más pacientes por enfermedades respiratorias agudas. La tasa de niños menores de 5 años muertos por cada 100.000 a causa de estas dolencias se ha multiplicado por tres en los últimos 10 años. Pero una semana de restricciones para carros y motos es más de lo que los propietarios pueden soportar, y la administración les tiene un temor reverencial a las tendencias en las redes sociales.

Poco a poco Medellín será el territorio de quienes no pueden pagar su huida hacia las alturas del oriente, Santa Elena o San Félix. Desde arriba los nuevos habitantes de los segundos pisos mirarán con algo de conmiseración a los ciudadanos de la ciudad que reverbera en ese fondo gris. Bajarán en carro cuando el trámite de un certificado ambiental los obligue. 

miércoles, 22 de marzo de 2017

Repúblicas cocaleras






El monitoreo satelital de cultivos ilícitos nos acostumbró a la curiosidad entre las nubes que solo busca el verde encendido de la hoja de coca y cuenta hectáreas para arrojar una cifra cada año. Una cifra que es sobre todo una prueba de conducta frente a las exigencias de los Estados Unidos. El satélite, la avioneta de fumigación y el código penal son las tres aproximaciones básicas a los territorios cocaleros en Colombia. Sin embargo, durante cuarenta años la coca ha sido el insumo básico para la creación de comunidad y Estado en muchos de los territorios donde han cambiado los dueños, los intermediarios y las cifras de producción, pero no la lógica de los colonos más pobres ni la economía ilegal de subsistencia. Porque la realidad puede ser más terca que el veneno.
Un libro de María Clara Torres publicado en 2011 por el Cinep y Colciencias, entre otros, sirve para entender las dinámicas de nacimiento de municipios como Valle del Guamués, San Miguel, Puerto Caicedo y Puerto Guzmán, todos surgidos bajo el toldo de Puerto Asís como “capital” del Bajo Putumayo. Antes fue la bonanza petrolera entre 1964 y 1978 que llevó a un crecimiento de la población de casi 500%. Y luego llegó el auge cocalero que se convirtió en una costumbre con los altibajos que han traído las fumigaciones, los conflictos, las pirámides y los dueños sucesivos. Una de las tesis que sostiene el libro es que, a pesar de su economía ilegal, las comunidades no han rehuido ni rechazado al Estado y desde la década del noventa los pobladores buscaron, incluso enfrentando a las Farc, la llegada del Estado central con el intento de que sus pueblos fueran declarados municipios.
El gobierno, como siempre, lo hizo con lustre sobre el papel y con desgano sobre el terreno. Esto decía el decreto de la fundación del Valle del Guamués en 1985, cerca de un año después de la llegada de Rodríguez Gacha a la zona para levantar su gran entable llamado El Azul: “…el Gobierno Nacional desea atender las justas peticiones de una comunidad caracterizada por su laboriosidad, espíritu cívico y voluntad de progreso encuentra de alta conveniencia que La Hormiga (Valle del Guamués) centro vital y agrícola destacado del Putumayo, obtenga los beneficios de régimen administrativo municipal”.
En 1994 llegaría el turno municipal para San Miguel (La Dorada). El primer alcalde encargado llegó con los voladores, la fila de los niños estrenando, la bienvenida de la inspectora de policía y una casa arrendada por los comerciantes para su despacho. Henri Benavides, el primer alcalde electo, hijo de un pionero asesinado por las Farc que se oponían al aterrizaje del Estado, recuerda su primer día de ejercicio: “…Ya no había papelería, ni muebles, ni absolutamente nada, no había ni donde sentarse. Me senté en el piso, asustado. Yo sentía que era una responsabilidad muy dura, estaba temeroso de las leyes…”
Antes que el Estado la coca dio para las primeras plantas eléctricas, aljibes y trochas. Antes que el ejército los capos impusieron sus reglas, luego llegaron las Farc, quienes al mismo tiempo que desterraban a los intermediarios daban algo de protección a los cultivadores. Con las marchas cocaleras de 1996 llegaron los paramilitares y las Farc cambiaron la protección por el veto a las iniciativas políticas de los líderes cocaleros. Más tarde el Estado se comprometió a soltar las regalías y seguir mirando desde arriba. Los partidos, el Liberal sobre todo, llevaron a sus candidatos y el voto se convirtió en un débil salvoconducto legal. Una obligación para demostrar una voluntad de “derrotar las otras leyes”. Una mujer con certificado electoral lo dice muy claro: “Entonces uno dice ¿Pero qué es lo que les hace falta a los hijos de uno? Mis hijos tienen tarjeta de identidad, mis hijos tienen los papeles ¿entonces? Entonces uno dice, ‘no, pues el voto’. Uno tiene que votar a ver qué más le dicen después”.




martes, 14 de marzo de 2017

Política de campamento







La escena inaceptable para muchos de los críticos y enemigos del proceso con las Farc es la de Timochenko o Santrich exhibiendo sus dogmas, mezcla de comunicados desde las montañas y grafitis viejos, en el escenario azaroso del Congreso. No se puede negar que la retórica del secretariado es impotable y que veremos más justificaciones que gestos de contrición. Pero esa participación en política es más una especie de simbolismo que un ejercicio cierto de poder e influencia sobre las decisiones públicas. Las Farc serán marginales en el Congreso y la máquina de tedio, intrigas y desprestigio los irá moliendo poco a poco. En últimas, para los guerrilleros recién llegados será un difícil proceso de reinserción, no exento de algo de castigo por la animadversión y los señalamientos que encontrarán a cada paso.
La política de riesgos verdaderos ejercida por parte de una guerrilla recién desmovilizada y con un catálogo de condiciones bajo el brazo para el gobierno, estará en los alrededores de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN). Lo primero es que las Farc pretenden convertir los campamentos de ocasión en vivienda permanente y circunscripción política. Lo segundo es que las veredas donde están hoy son puntos altamente inflamables, con cultivos de coca y minería ilegal en los alrededores, con el merodeo permanente de grupos ilegales, con una muy precaria presencia del Estado y una desconfianza histórica de los pobladores en autoridades locales y nacionales. Así como los jefes de las Farc serán mosco en leche ante los grifos del capitolio, los funcionarios seguirán siendo intrusos con intensiones dobles en los territorios históricos del conflicto.
El riesgo es que las Farc se conviertan en una especie de intermediario privilegiado de muchos de los conflictos sociales en las zonas más pobres y complejas del campo colombiano. Un tramitador que servirá como escudo y punta de lanza, que organizará los paros y redactará las peticiones, que meterá presión con los bloqueos y las capuchas en las carreteras y agendará las citas con las corbatas en la Casa de Nariño. Es la política que de verdad saben hacer y podrá traer algo más que desórdenes.
Lo que ha pasado en algunas ZVTN muestra que hacia allá van las cosas. Hace unos días los mineros de Segovia y Remedios bloquearon la entrada a la zona de Carrizal en Antioquia. Más de diez mil mineros trabajan en condiciones de informalidad o ilegalidad en los dos municipios y han encontrado en las Farc un aliado estratégico para negociar sus peticiones y su proceso de formalización. Dicen los mineros que desde agosto de 2016 el gobierno se comprometió a “no torpedear la actividad económica y social de las comunidades que estaban ubicadas cerca a las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN)” ¿Crece el componente de los acuerdos? Los mineros piden además que se implemente el Desarrollo Rural con Enfoque Territorial. Incluso señalan que la mención de participación del ELN en el bloqueo por parte de algunos funcionarios estaría violando las reglas del Cese al Fuego Bilateral y definitivo.  Mientras tanto el ELN se frota las manos. Algo similar pasó en el Catatumbo con la llegada a Caño Indio donde Ascamcat, asociación cercana a las Farc, al parecer quiere el monopolio de la atención y los recursos del Estado.
Las Farc hablaron toda la vida de igualdad, pero no dudarán en ejercer sus privilegios luego de la negociación, en convertir sus oficinas en las ZVTN en despachos con prácticas clientelistas, en alborotar avisperos y cobrar cabildeos. Muchos riesgos detrás de esos cambuches como despachos.