martes, 7 de agosto de 2018

Golpe de realidad




Lo primero será extrañar al gran enemigo, añorar su torpeza y las oportunidades que ofrece siempre un blanco fácil. No podrá persistir en esa batalla, no tendrá a la mano la amenaza a la que tanto se acostumbraron sus partidarios para llamar a la unidad, al patriotismo, al linchamiento. Tendrá que buscar nuevas miras, cambiar de cruzada, invocar nuevas victorias, porque luchar contra una sombra solo deja ver la paranoia y el ridículo. La mano que Uribe le ofreció a Victoria Sandino en la instalación del nuevo Congreso, es de algún modo el reconocimiento del fin de un enemigo que le prestó grandes servicios. “El enemigo es el cuerpo de nuestra propia pregunta”. Nunca es fácil cambiar de interrogantes y de respuestas.
Lo segundo será el alivio de encontrar algo más lejos el abismo que advertían sus padrinos y partidarios. Iván Duque pasó casi sin solución de continuidad de la burocracia internacional a las campañas políticas. Digamos que en su oficina en Washington estaba acostumbrado a respetar las cifras, a pensar los datos, a ver la honestidad intelectual como una virtud y no como una debilidad. Luego llegó a lidiar con los estrategas de la mentira y los compañeros que no cuidan las comunicaciones. Ahora, más cerca de los informes que de los discursos, sabrá que el infierno está más lejos de lo anunciado, y que los indicadores son siempre un arma arrojadiza.
Luego vendrá la mezquindad, casi siempre disfrazada con adulaciones y medallas en el escenario de la política. Duque está acostumbrado a una bancada ordenada según las reglas de un patrón inflexible, a un partido que es sobre todo un corrillo alrededor de un hombre vociferante. Una bancada para dejar constancias: “Para hacer ruido se elige a la gente más pequeña, los tambores”. Ahora tendrá que lidiar con partidos recién llegados a su gobierno, políticos que saben que todavía no es hora de mostrarse ávidos, pero que en la primera oportunidad le darán un pinchazo como advertencia, luego dejarán algo fétido en su atril a manera de amenaza y al final no dudarán en dar el zarpazo. La pequeña anarquía de hace unos días para nombrar comisiones y “dignidades” en el Congreso, mostró algo de lo que se viene. Ese salón será el escenario de sus principales debilidades, sobre todo porque ahí está su principal protector, su dependencia, el recuerdo de su vasallaje.
Su gabinete entrenado sobre todo en las juntas empresariales sufrirá un duro golpe contra la papelería del Estado, contra la tortuosa obligación de llenar las formas de la burocracia. Los militares no obedecen como los tenderos, los hospitales de Córdoba y Sucre no se trapean como la Fundación Santa Fe, las licencias ambientales no se tramitan con descuentos y los profesores no obedecen con la mansedumbre de los vendedores por catálogo. Vendrá la furia de los gerentes a la que la burocracia es indiferente, y la impotencia y la renuncia y el hambre de los políticos que soltarán con sorna una frase conocida: “Se los dije”.
Todo eso sucederá mientras el nuevo presidente lee el censo en la soledad de su oficina, con los retratos y los demonios de Palacio observando al joven aprendiz que toma notas y subraya sus cuadernos recién forrados. Mientras tanto, afuera, estarán los guerreros de siempre, los expertos en selvas, montes, política, gentes, muerte…, quienes han pasado de guerrilleros a paracos, de paracos a pillos a secas, de pillos a disidentes. Aprenderá, en últimas, que la banda presidencial es también una soga.



miércoles, 1 de agosto de 2018

De la silla al banquillo






En América Latina los presidentes casi siempre tienen trabajo asegurado al dejar su silla. Las afugias de un juicio penal se han convertido en rutina para los exmandatarios, y sus acompañantes pasan muy pronto de guardaespaldas a guardas a secas ¿Qué hace que en países acostumbrados a altos niveles de impunidad la figura política más poderosa termine con tanta frecuencia en el banquillo de los acusados? ¿Son tan grandes y visibles los actos de corrupción, los abusos de poder, las persecuciones a los opositores? ¿O son inevitables las venganzas políticas, las traiciones de los herederos electorales, los montajes de los enemigos gratuitos o merecidos? Las preguntas son difíciles de responder. Lo cierto es que al parecer, entre nosotros, los escenarios políticos no son suficientes para resolver las tensiones democráticas. La política termina necesariamente ante la instancia definitiva de los jueces y magistrados, los debates acaban en interrogatorios y las rendiciones de cuentas en juicios.
Perú, por ejemplo, tiene una historia ejemplar de procesados presidenciales. Alan García vivió ocho años de exilio entre Colombia y Francia luego de que en 1991 fuera acusado de usar 500.000 dólares del presupuesto público para construir tres casas en Lima. Fue el primer presidente peruano en enfrentar un juicio, aunque fuera huyendo. El Congreso levantó su inmunidad y quedó en manos de un fiscal de apellido Jurado. Siempre dijo que le tenían temor a su regreso a la presidencia y luego de la prescripción del delito en 2001, en efecto volvió a ser candidato y perdió con cerca de cinco millones de votos. Fujimori pasó de inofensivo agrónomo a monstruo de tres periodos presidenciales y convirtió los organismos de inteligencia en agencias contra la oposición y a sus asesores en verdugos. Viajó a Japón como un abuelo meditabundo en el año 2000 y volvió extraditado para enfrentar condenas por delitos de lesa humanidad, peculado y espionaje telefónico. El año pasado el debate sobre el cumplimiento efectivo de su pena todavía sirvió para resolver las elecciones en su país. Ollanta Humala está bajo prisión preventiva desde hace un año por un proceso por lavado de activos relacionado con Odebrecht. Para bien o para mal en el canazo lo acompaña su esposa. Y Alejandro Toledo dijo hace unos meses que si se levanta su detención preventiva volverá desde Estados Unidos a enfrentar el juicio por supuestamente haber recibido veinte millones de dólares de la dadivosa Odebrecht.
En Ecuador los procesados van desde el payaso de Bucaram pasando por Lucio Gutiérrez, quién fue su edecán y luego llegó a la presidencia, hasta llegar al ceñudo Rafael Correa en guerra política con su antiguo escudero Lenín Moreno. Bucaram, acusado de peculado, está asilado en la Panamá del expresidente Martinelli, quien se encuentra en detención preventiva por el supuesto espionaje a 150 opositores. Por su parte Lucio Gutiérrez se asiló en Brasil y Colombia, pero la nostalgia lo hizo volver a su país a enfrentar juicios por atentar contra la seguridad del Estado y otras gracias. Lula de Silva, favorito indiscutido en las encuestas en Brasil, está en la cárcel luego de un cerrado 6-5 en la Corte Suprema. Corrupción leve y lavado de activos marcan sus doce años de prisión. Y Cristina Kirchner no está en la celda preventiva por encubrimiento gracias a la inmunidad que le presta su posición de congresista. Dejemos quieto a Menem para no ir tan lejos y a Gonzalo Sánchez de Lozada para no subir hasta La Paz.
Las disyuntivas que plantean los procesos repetidos no son nada halagüeñas para estas precarias democracias. O los presidentes están siempre bordeando el código penal, o las Cortes y otros encargados de los juicios están siempre conjurados.




martes, 24 de julio de 2018

Vicios electorales






El uribismo ha convertido en vicio su intención reiterada de acabar con la figura de la dosis personal reconocida desde 1994. La obsesión tiene algo de tara moral y mucho de oportunismo electoral. Esa promesa es una golosina irresistible para los votantes que consideran una solemne alcahuetería que no haya cárcel para los consumidores de “semejantes porquerías”. La idea, un tanto arrevesada, se resume en que el Estado debe proteger a los ciudadanos de los estragos de la droga con una dosis apropiada de cárcel. En el referendo fallido de 2003, Uribe incluyó el tema como una de las preguntas claves para incluir razones sencillas y vendedoras entre su galimatías de caprichos administrativos, penales y presupuestales. Para la campaña reeleccionista en 2006 reiteró la propuesta con la vehemencia de quien lucha contra una epidemia. Uribe y muchos de sus seguidores no pueden entender que haya límites a la actuación punitiva del Estado frente a conductas que solo causan un daño a quien las practica. Piensan igual a quienes lideraron la hegemonía conservadora hace 100 años en Colombia: “El mal no tiene derechos”.
La frase que es ya una especie de promoción de campaña se oyó en boca de su pupilo durante el primer semestre del año: “Vamos a acabar con la dosis personal para el consumo de drogas para proteger a nuestros jóvenes”. Dicha prohibición es casi un imposible constitucional. Tiene múltiples respaldos jurisprudenciales de las altas cortes y por supuesto sustento en diversos artículos de nuestra carta de derechos. En 2009, tal vez uno de los momentos de mayor respaldo del Congreso al gobierno Uribe, se aprobó un acto legislativo que incluyó en el artículo 49 de la constitución la prohibición del “porte y consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas”. El Congreso se negó a aprobar los textos más duros y punitivos que proponía el presidente. Pasaron cinco proyectos de reforma y muchos cambios en el legislativo hasta encontrar una fórmula que prohíbe el consumo y dispone “medidas administrativas de orden pedagógico, profiláctico, terapéutico con el consentimiento informado del adicto…” Se impuso pues una prohibición de la que no se sigue un castigo.
Para las Cortes es claro que los portadores y consumidores de una dosis personal (20 gramos de marihuana, 1 de cocaína y 2 de metacualona) conservan su protección constitucional y “es posible tener por impunes las conductas de los individuos dirigidas al consumo de estupefacientes en las dosis mínimas. Lo anterior, en razón al respeto al derecho al libre desarrollo de la personalidad, y a la ausencia de lesividad de conductas de porte de estupefacientes encaminadas al consumo del adicto dentro de los límites de la dosis personal, pues éstas no trascienden a la afectación, siquiera abstracta, del bien jurídico de la salud pública…” De modo que los cambios requeridos para llevar a la cárcel a los consumidores a la cárcel podrían constituir una sustitución de la constitución. El uribismo, experto en el tema, lo sabe muy bien.
La prueba reina de que la cantaleta del Centro Democrático es sobre todo una argucia en busca de votos, es un proyecto de ley presentado en 2016 por la bancada de ese partido en la Cámara y respaldado por Iván Duque como autor en el senado. El proyecto entregaba protección a la dosis personal y definía la dosis de aprovisionamiento, además proponía la creación de centros de consumo controlado con suministro de drogas a los adictos por parte del Estado. Se aprobó en plenaria de la Cámara y estaba listo para ir a comisión séptima del senado. Pero no casaba con el discurso de campaña y decidieron retirarlo en silencio, con razones entre mentirosas y risibles.
Detrás de la mano dura, hay sobre todo una postura frívola y manipuladora, una utilización del castigo como carnada electoral y un desprecio por los derechos de los consumidores y las evidencias de los investigadores contra las estrategias del castigo.

martes, 17 de julio de 2018

Portadas de ahogado





Hace quince años comenzaron los primeros contactos en San José de Ralito, corregimiento de Tierralta en Córdoba, para la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). El proceso duró cerca de tres años y en 2006 se presentaron ante el gobierno y la sociedad 31.671 combatientes que entregaron algo más de 18.000 armas y decían estar dispuestos a dejar la guerra. Hoy se dan versiones variadas sobre la magnitud y el significado de la herencia criminal que dejó el proceso; incluso se discute la manera como deben nombrarse quienes volvieron a las armas y la ilegalidad, para algunos una nueva generación paramilitar, para una versión más oficial y aceptada Bandas Criminales.
No cabe duda que el paramilitarismo como organización contrainsurgente, ligada a amplios sectores del ejército y la policía, con gran incidencia en la política regional y nacional, dejó de existir para convertirse en un nuevo engendro. Se había firmado el fin de la gran organización criminal con mandos claros en las regiones, un manual ideológico, líderes nacionales con vocería en los medios y capacidad de presionar e influir en el gobierno nacional. En 2011, cinco años después de la desmovilización, las cifras oficiales hablaban de 1.229 reincidentes capturados, centenares dados de baja y otros tantos activos. Hace un poco más de dos años la Agencia Nacional de Reintegración entregó una cifra de 24% de reincidencia por parte de quienes se presentaron a las listas de Justicia y Paz. La gran mayoría de los mandos medios armaron estructuras acordes a su capacidad y fueron creciendo nombres como ‘Los Paisas’, ‘Los Urabeños’, ‘Los Rastrojos’. En Urabá se consolidó un liderazgo nacional y el Clan del Golfo se convirtió en una especie de franquicia que agrupó a variadas e independientes bandas con modales y ropaje paraco, pero con muy distinto alcance, discurso y relación frente al Estado, que se convirtió en un enemigo más cierto como lo demuestra el final de Giovany, El Indio, Gavilán, Inglaterra y decenas de cabecillas más, y frente a las con las guerrillas que en algunos casos comenzaron a ser aliadas en empresas criminales de narcotráfico y minería ilegal. Sin duda conservan control territorial en algunas zonas e intimidan liderazgos incómodos en otras, pero su discurso cambió y su interés principal son las rentas criminales. Incluso muchos de ellos han terminado como segundos de los narcos mexicanos que vienen por su surtido.
Todo este recuento para intentar un paralelo con lo que son hoy las disidencias de las Farc y la posible “refundación” de esa guerrilla de la que habló la revista Semana. Al igual que las AUC las Farc dejaron de existir, así algunos de sus mandos medios quieran conservar sus viejos discursos y negocios, y así quieran posar de comandantes. El gobierno habla de una reincidencia cercana al 10% mientras los más pesimistas señalan un porcentaje que estaría muy cerca del 24% aceptado en el caso de los Paras. Las “Farcrim” no serán nada muy distinto de lo que es el Clan del Golfo que hoy estrena ley para buscar un sometimiento. Una federación de grupos independientes con un degrado discurso ideológico que es simple fachada, con el centro de sus rentas y aliados en las fronteras y con una base social reducida a la mano de obra de gatiilleros, narcos y campaneros. Ni siquiera los cultivadores de coca serán cercanos a sus estructuras. Rehuirán al ejército en vez de enfrentarlo y no harán conferencias nacionales sino “juntas directivas” locales. No tendrán ni argamasa ideológica ni coherencia histórica. Las Farc han desaparecido, lo demás son portadas de ahogado.






martes, 10 de julio de 2018

Receta venenosa









Cuarenta años se cumplen en Colombia de la receta de venenos como solución caída del cielo contra los cultivos ilícitos. En 1978 el Inderena advertía sobre las intenciones, planteadas por Estados Unidos, de fumigar cerca de 19.000 hectáreas de marihuana en la Serranía de Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta. Era un bonito bautizo a la Ciudad Perdida descubierta dos años antes. El Inderena hablaba de posibles perjuicios contra la salud humana y los “recursos básicos de toda actividad económica como son el aire, el agua, los suelos y la fauna”. Pero se imponían las recomendaciones desde el norte. Durante cerca de seis años se probaron diferentes agrotóxicos, entre ellos el “agente naranja”, arma de guerra en Vietnam que obligó al ejército gringo a pagar indemnizaciones a más de dos millones de soldados que lo regaron a conciencia sobre los vietnamitas, y el paraquat, garantía contra los moños de cannabis que se usó en Estados Unidos hasta 1983. Incluso un presidente obediente como Turbay tuvo algunos reparos a la fumigación indiscriminada con paraquat según informes norteamericanos: “El Presidente Turbay (1978-1982) se mostró renuente a desarrollar una campaña de erradicación por aspersión debido a la controversia internacional alrededor del tema del paraquat y a otras hasta ahora indefinidas problemáticas ambientales”.
En 1984, el ministro de salud de la época, Jaime Arias Ramírez, reconocía la enorme presión desde los Estados Unidos para el uso del paraquat: “(…) debemos ser los colombianos los que tomemos la decisión y no la tomen desde otros países.”. No valieron los conceptos adversos de expertos en Colombia y muy pronto Enrique Parejo González, ministro de justicia, decidió a puerta cerrada la estrategia de fumigación. Entre 1984 y 1987 se fumigaron más de 30.000 hectáreas de marihuana con el milagroso glifosato. Los resultados fueron muy buenos…para los cultivadores: “por desplazamiento, el cultivo neto de marihuana aumentó en más de 150% entre 1985 y 1987.” Los noventa fue el tiempo para las fumigaciones sobre la coca. De nuevo aparecieron las advertencias desde el ministerio de salud, en su momento Camilo González Pozo: “Tampoco se debe desconocer que estos productos no son inocuos para la salud humana, puesto que han sido diseñados con fines letales sobre organismos vivos (Insectos, malezas etc.) Su uso inadecuado e indiscriminado, representa un riesgo real y permanente para la población y para el medio ambiente”. Gaviria regañó al ministro y siguió adelante. Samper fumigó con ganas para congraciarse con Frechette e incluso aceptó la participación mayoritaria de pilotos gringos que llegó a su pico en el segundo gobierno Uribe. En 2009 llegaron a trabajar en Colombia 335 empleados de la DynCorp, empresa contratista del gobierno americano para manejar las aspersiones aéreas.
Desde los años de Samper hasta 2015 se han fumigado en Colombia cerca de dos millones de hectáreas. Más que los resultados han valido las advertencias y las evaluaciones de “buena voluntad” frente a los nortemericanos, quienes suspendieron fumigaciones en su territorio desde hace veinte años tras rociar por última vez en Hawaii. Durante los años de fumigaciones crecientes, entre 2003 y 2007, las hectáreas de coca se mantuvieron estables entre 85.000 y 90.000 hectáreas. Años más tarde, en el Putumayo el promedio de fumigación se mantuvo durante cuatro años y las hectáreas de coca se triplicaron. En Antioquia, la fumigación se triplicó entre 2013 y 2014, y las hectáreas de coca se duplicaron. En Meta y Guaviare el Roundup oficial disminuyó 30% en 2014 y ese año la coca sembrada cayó el 3%.
Ahora Iván Duque pretende volver a la vieja receta, no importan las 8.000 quejas en la Defensoría por efectos de las fumigaciones, ni las condenas del Consejo de Estado contra la policía por sus regalos de veneno, ni la nueva clasificación del Glifosato que hace el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC) al relacionarlo con la generación del linfoma no-Hodking, ni la claridad de la sentencia de la Corte Constitucional en febrero de 2017: “En concreto, la aplicación del principio de precaución en el presente caso tendrá como objetivo prohibir que, en adelante -no obstante la actual suspensión voluntaria de aspersiones aéreas con glifosato- se use o se retome el uso del herbicida glifosato en el programa de erradicación de cultivos ilícitos en forma de aspersión aérea”. Arrodillarse puede ser popular, pero no útil.













martes, 5 de junio de 2018

Vaivén político









La política suele dejar a los países fatigados y en un mismo punto respecto a algunos de sus grandes debates y problemas. El oportunismo, la debilidad ideológica y la desvergüenza logran un vaivén entre posiciones antagónicas que solo causa mareo y agotamiento. No hablo de los normales giros ideológicos que dan las sociedades y que marcan énfasis de políticas públicas cada cierto tiempo. Me refiero a las volteretas que dan partidos y movimientos según pequeñas ofertas y que suceden de un día para otro, señalo la patética carrera de quienes van de un extremo a otro para salvar dos puntos en la nómina y tres rayas en el presupuesto.
Iván Duque reiteró el domingo pasado en entrevista en El Tiempo que les hará reformas a los acuerdos de La Habana para lograr penas proporcionales y sacar de sus curules a los líderes de las Farc. Esos son los puntos claves detrás de la retórica de mejorar el acuerdo para las víctimas y cumplir los estándares internacionales de justicia. Para ese propósito habla de “un gran acuerdo nacional”. Juan Manuel Santos utilizó el mismo término al menos durante cuatro años para impulsar los acuerdos de paz. El plebiscito nos demostró muy claramente que ese gran acuerdo era imposible, y que ni siquiera existía una clara mayoría de apoyo o rechazo al proceso. Se habían conformado dos bandos equivalentes de la mano de una gresca política y personal, ideológica y regional, y nada valía para romper ese crispado equilibrio. Los odios partidistas y la desconfianza electoral terminaron siendo más fuertes y persistentes que el largo conflicto.
Con el acuerdo firmado y una victoria del NO por estrecho margen se acudió a la “Unidad Nacional” en el Congreso donde las mayorías eran claras. El Centro Democrático, principal representante del NO, tenía apenas el 14% del Congreso y no más de 60 alcaldes de 1121 en todo el país. En esa Unidad Nacional participaban con entusiasmo el partido Conservador, el Partido Liberal, el Partido de la U (bautizado así en alusión a Uribe para amargura de uno y otros) y Cambio Radical. Ese pacto político permitió que se hicieran ajustes menores a lo acordado en La Habana y se aprobaran los cambios constitucionales y legales que luego tuvieron el aval de la Corte.
Ahora tenemos al candidato del Centro Democrático con buenas posibilidades de llegar a la Casa de Nariño, y los partidos que hace dos meses apoyaban los acuerdos ya se inclinan en reverencia ante quien consideran el futuro presidente. Juntos conforman una gran mayoría en el Congreso y de ganar Iván Duque le pondrán otro nombre a esa “unidad nacional”, tal vez unanimidad nacional, y se ocuparán en la tarea de modificar los acuerdos que ahora les parecen imperfectos y precarios. Los mismos políticos que resolvieron esa especie de empate técnico de la opinión pública sobre el proceso de paz con el apoyo al gobierno y su esfuerzo en La Habana, ahora resolverán el persistente empate con un apoyo a la modificación que de seguro es también una barrera a la implementación, un empuje a la reincidencia y una renovación del conflicto. Duque gastaría entonces dos años de gobierno, buena parte de su poder de negociación (que ya sabemos de dónde sale) y una gran porción de la energía de su posible gobierno en regresarnos a un lugar ya conocido e indeseable, en retroceder para lograr un punto de honor para sus electores. Los políticos trabajan siempre en el mismo punto, no se mueven de su puesto, así empujen a un presidente y jalen a su sucesor.




martes, 29 de mayo de 2018

Bienvenidos al pasado






Iván Duque gastó una buena parte de su oratoria resaltando su juventud coincidente con la juventud colombiana. Mostrar la cédula como un lema de campaña. Una especie de llamado a la república de los jóvenes. Al gobierno del futuro, similar al que llamaba Cesar Gaviria en los 90 y que hoy es pasado remoto y enterrado. Duque quiere ser renovación aunque cargue y se apoye en una colección de políticos curtidos en todo sentido, un yunque de conservadurismo religioso e ideológico, un retrato de grupo que es necesario esconder en el último bolsillo de la billetera para invocar protección sin mostrar las arrugas amargas y ceñudas. Poco a poco, con sus canas ciertas o inducidas, confirmó que era un joven demasiado viejo, un hijo liberal con grandes obligaciones conservadoras, un niño con los juramentos de quien recién fue “investido” para la primera comunión.
Pero los jóvenes parece tienen muy bien afilado su detector de “muchachos” contemporáneos de Marta Lucía y Ordóñez. Basta con hacer una breve búsqueda por los formularios E14 de algunas mesas para entender un poco cómo se vota, al menos en las ciudades, dependiendo de la fecha de nacimiento. Miré mesas de puestos de votación diversos en Medellín y Bogotá. Las últimas mesas tienen a los votantes más jóvenes e indiferentes y las primeras a los más vividos y cumplidores. Las primeras mesas tienen casi siempre entre un 30 y un 40% más de participación que las últimas. Los millennials todavía votan más en Facebook y en Twitter que en el cubículo.  En Medellín, en las mesas de votantes más jóvenes, Fajardo le ganó a Duque en diferentes estratos. Cuando se pasa del 20 o 25% del total de las mesas en un puesto de votación, pasando de las mesas más jóvenes a las de mediana edad, Duque comienza a marcar diferencias, a ser mayoría cuando asoman las canas; y en las primeras mesas, las del votante cansino, las mesas del 11% de los colombianos que pasan de 60 años, el candidato de Álvaro Uribe ya cuadruplica al segundo, Sergio Fajardo en este caso.
En Bogotá pasan cosas parecidas. La ubicación de los barrios marcó el liderato alternado de Fajardo y Petro en la mitad y algo más de las mesas más jóvenes. En Bogotá el conservadurismo, el temor al cambio, la religión de lo establecido, parece llegar un poco más tarde. Duque perdió no solo en el 25% de las mesas más jóvenes, como en buena parte de los sitios de votación en Medellín, sino en cerca de la mitad de las mesas más inclinadas a los 18 años. El candidato del Uribato tiene entonces poco más que la juventud impostada y la experiencia prestada. Y tiene además la más rancia maquinaria aunque se esconda en la tarima detrás del telón del Centro Democrático que adorna el perfil de Uribe. La política más vieja también puede vestirse con chaleco abullonado y manillas en las muñecas.
La demostración de que un creciente interés de los más jóvenes y una mayor votación hace que llegue la derrota de lo más arisco a una visión liberal, a los valores sin discriminación de la Constitución del 91, está en el resultado en las cinco capitales de departamento en las que más se votó en Colombia, donde la participación pasó del 63%. En Bogotá, Medellín, Manizales, Bucaramanga y Tunja, Sergio Fajardo obtuvo el 37.2% de los votos contra el 33.8% de Duque. Sólo el interés de los más jóvenes puede salvarnos de la visión polvorienta y embalsamada de quienes acompañan y mueven los hilos la vejez prematura de Iván Duque.