Cambio de receta

El cinismo, el temor intuitivo y el oportunismo político han impedido durante años una discusión franca e informada sobre las drogas y el consumo. Solo los ex presidentes se atreven a reconocer los fracasos probados y el círculo vicioso de una guerra contra los gustos sombríos de un porcentaje ínfimo de la población mundial. Los consumidores de coca, un mercado que mueve buena parte de las finanzas de la violencia en América, llegan escasamente al 0.5% de los habitantes del planeta entre 15 y 65 años. En los países donde más se huele los consumidores habituales alcanzan si acaso el 2.5% de los ciudadanos en ese rango de edad.

Pero los políticos, los policías y los burócratas internacionales siempre están hablando de una epidemia que se expande. Y la prensa cubre los crímenes de la mafia como si fueran una consecuencia inevitable del apetito de los consumidores, y no la manera como compiten y se protegen del Estado los encargados de un negocio que, solo en la coca, deja 80.000 millones de dólares cada año.

Con cierta timidez culpable algunos países americanos han comenzado a pedir una estrategia distinta a la guerra, que se piense en el consumo como un hecho inevitable y en la regulación como una alternativa más realista y menos cruenta. La OEA suelta una de esas declaraciones neutras y abre un nuevo plazo para la hora de la verdad. Pero no todo fue inocuo en la reciente reunión en Antigua, en Guatemala. Algo del discurso de Insulza no fue huero: “La idea es que los países asuman sus propias decisiones y en un momento dado acudan a la OEA cuando se pueda fijar una posición conjunta en el tema de las drogas”.

El consenso será imposible. De modo que las posturas de Guatemala y Uruguay pueden marcar un paso cierto, un ejemplo para que los amigos de la retórica del cambio y la certeza de la inmovilidad -como el presidente Santos- se decidan de una vez por todas. Uruguay sigue adelante en su proceso de legalizar la marihuana y Otto Pérez Molina, presidente de Guatemala, recibió 170.000 firmas electrónicas de habitantes de todo el continente que le piden un viraje en su política sobre el tema. Pérez Molina lleva un tiempo hablando de una estrategia fallida que ha persistido durante 50 años. También la canciller del Perú señaló que se ha llegado “a un punto de quiebre. La hora de tomar decisiones”.  Y la canciller de Honduras dejó caer su frase de fatiga: “El precio que estamos pagando los países de tránsito es injusto y e intolerable (...) Nuestros gobiernos están desbordados”. Tal vez sean los países más pequeños y azotados por la violencia los que logren liderar la rebelión.

La distancia entre las declaraciones ambiguas y la decisión real de impulsar cambios, el temor electoral de los políticos para enfrentar un imaginario construido durante años, el cinismo y la cobardía de muchos ciudadanos para asumir sus hábitos y sus posiciones en ambientes públicos, me hicieron recordar unas páginas Porfirio Barba Jacob escritas hace casi 100 años en un diario de México. El mismo que según Vallejo “pasaba y arrasaba. Y una estelita de humo nos dejaba al irse como cuando pasa un tren, pero de marihuana…”; escribía páginas enteras contra la “diosa verde” que firmaba como Califax. “La autoridad debe organizar una verdadera cruzada contra la planta infernal, porque su uso se está generalizando de alarmante manera. De lo contrario, llegará un día en que México flote en el humo nefasto…” Mucho humo ha corrido y seguimos en las mismas.

 

Padres en la oscuridad

Es el turno de Petro. Cada año a algún político se le ocurre la genial idea de entregarles a los policías un reloj y una excusa para “conducir” a los jóvenes trasnochadores hasta el patio de una inspección. Sin importar la ideología o el partido, gobernantes y legisladores terminan cediendo ante su deseo de ser padrastros protectores por la vía del decreto, el acuerdo o la ley. En últimas, se trata de un reproche moral contra los padres en abstracto: ya que ustedes no pueden o no saben controlar a sus hijos, hemos tomado la potestad -enérgica y bienintencionada- de señalar una hora perentoria para la reclusión de los menores en sus casas.

Una sociedad medianamente autónoma, con un mínimo de recelo frente a los autócratas y su pretensión de imponer una cartilla disciplinaria sobre asuntos privados e inocuos, se rebelaría ante tales decisiones. Pero entre nosotros se cree que los permisos familiares o los procesos escolares, al igual que los riesgos sociales que traen la adolescencia y la oscuridad, deben ser tutelados con la torpe intervención de la policía y sus reseñas. La plana que impone un agente sobre una planilla es todavía una receta valorada en Colombia. No importa que en las demás esferas se maldiga la ineptitud de las tareas estatales. Lo políticos saben del valor simbólico de sus decretos, les encanta alardear con el lazo firme de su firma sobre un papel. También saben que es más fácil dar una orden arbitraria como máxima autoridad de policía, que planear una política para que los jóvenes no huyan de los colegios.

Hace unos años, siendo senador, lo intentó Jorge Enrique Vélez quien propuso una ley para que en Colombia fuera obligatorio que los menores de 16 años estuvieran bajo techo y bajo llave después de las 11 de la noche. También el gobierno Uribe propuso que el Código de Policía cerrara las calles a las 10 P.M. para quienes aún no alcanzaban la cédula, y agregó la idea de una multa a los padres incapaces de amarrar a sus hijos al televisor o al Facebook.  Más tarde se ha intentado en Cartagena, en Bucaramanga y donde quiera que haya un político que pretende esconder su impotencia frente a los delitos con la restricción de algunos derechos ciudadanos. 

La alcaldía de Bogotá dice que en Julio estará listo el decreto con la hora precisa. En un comienzo se pensó solo en algunas localidades, para que la medida tuviera algo de discriminación entre los jóvenes de los guetos y los de los parques apropiados. Pero al final parece que se extenderá a toda la ciudad. Según el secretario de gobierno, Guillermo Alfonso Jaramillo, solo hace falta afinar los aspectos recreativos: “Necesitamos lugares donde los menores puedan recrearse mientras sus padres los recojan, porque no pueden ser llevados a las UPJ o a sitios donde hay criminales”. Me imagino que los policías serán árbitros de los picados entre los trasnochadores, les leerán algunas sagas de Poe o completarán el cupo en el tablero de parqués.

En Bogotá comenzaron restringiendo la noche para los menores en los días de amor y amistad y las velitas, ahora están listos para “protegerlos” de ellos mismos y sus decisiones durante todo el año. Hablan del peligro que se cierne sobre los menores que deambulan la calle. Porque solo es posible caminar hasta las 10:59 P.M. Cuando políticos antagónicos coinciden en medidas para protegernos, no queda más que rebelarse o temblar. Bien sea que esté de día o de noche.

Respuesta forzosa

El desplazamiento al interior de las ciudades entrega la mejor radiografía del poder armado en nuestros barrios. Los homicidios, los robos, las extorsiones se encargan de señalar ciclos de criminalidad, esquinas peligrosas, guerras por el control del territorio. Pero la expulsión de decenas de familias de un barrio, sea por goteo o en estampida, deja ver complejidades y riesgos casi siempre inadvertidos. En ese desajuste que implican los trasteos a destiempo, salen a relucir intercambios entre la economía legal y la ilegal, complicidades entre los combos y los poderes políticos que manejan presupuesto participativo, disputas entre clanes familiares que han manejado las plazas durante generaciones, sometimientos de una pandilla a su rival para salir con el estatus de desplazados. El Estado se ha demorado para entender que no se trata de un juego de policías y ladrones sino de un complejo ajedrez, donde muchas veces la figura de la policía ni siquiera es vista como digna de ocupar un puesto en el tablero.

Medellín es entre las capitales la ciudad con más retos y más experiencia en el tema. Desde 2007 un acuerdo del Concejo regula la política pública para prevención del desplazamiento y atención a las víctimas. Una oficina municipal con cerca de noventa funcionarios se ocupa de la atención  y el acompañamiento a los desplazados. Un chaleco rojo es su única defensa contra la determinación y las notificaciones de los asesinos. En los últimos cuatro años las cifras no han parado de crecer en la ciudad. De los 2657 registrados en el 2009 se pasó a 9941 desplazados de sus barrios el año pasado.

El fenómeno entraña paradojas para huir del triunfalismo policial y desconfiar de algunas cifras que a primera vista resultan alentadoras. Muchas veces la captura de uno de los “Duros” puede causar la salida obligada de su círculo cercano: no solo familiares y compinches sino amigos tenderos, jóvenes utilizados como jíbaros, adolescentes relacionadas con sus hombres…; en fin, todo un círculo social que, por complicidad, obligación o necesidad, gira alrededor de los “dueños” del barrio. En ocasiones la reducción de homicidios también coincide con la hegemonía de uno de los actores armados, entonces comienza la huida de quienes no quieren plegarse a ese nuevo poder que exige rentas, hijos para las vueltas o hijas para el entretenimiento. Detrás de la salida de los desplazados está la violencia subterránea: reclutamiento, desaparición forzada, torturas, acoso sexual. Las historias están contadas en informes hechos por la alcaldía de Medellín entre 2010 y 2011.

A pesar de todo el último caso de desplazamiento masivo en el corregimiento de San Cristóbal, en las montañas del Occidente, deja un espacio a la esperanza. Después de las fotos de los soldados y policías haciendo los acarreos llegaron los funcionarios de la oficina de atención a víctimas. Lo primero fue cuidar a los perros y alimentar las gallinas de quienes dejaron sus casas. Lo segundo fue dormir con las doce familias que aguantaron el miedo inicial. Luego orientar a la policía en la manera de llegarle a la gente, pegar avisos de protección especial en las puertas de las casas recién abandonadas, llevar de la mano a toda la administración hasta donde las casas de La Loma en San Cristóbal. La presencia del Estado y algunos símbolos nunca usados fueron efectivos: el 95% de las familias han regresado. Una foto vergonzosa, y hasta injusta, sirvió para mover al Estado y proteger a la comunidad bullanguera que ha vivido desde hace siglos en La Loma.

Escarabajos de vuelta

Philippe Gaumont, exciclista francés de cuarenta años, ganador de una medalla de bronce en la contrarreloj por equipos en los Olímpicos de Barcelona 92, murió hace unos días en el hospital de Arras, en el norte de Francia. Llevaba dos semanas en coma luego de sufrir un ataque cardíaco. Por esa misma ruta transitaron y llegaron un poco antes Marco Pantani, Chava Jiménez y Frank Vandenbroucke. Gaumont había ganado notoriedad en el pelotón de anónimos retirados por su libro Prisionero del dopaje publicado en 2005. Los ciclistas activos durante los últimos veinte años se han convertido en expertos en interrogatorios y confesiones. Después que el primero saltó del lote para dar su versión, se ha formado una larga fila de arrepentidos. Gaumont pasó por los tribunales en 2006 por denuncias contra el equipo Cofidis. Cuando la presidenta del tribunal le pregunto por la existencia de una cultura de la jeringuilla, respondió con tranquilidad de enfermero: “Sí, cien pinchazos al año no son nada para un corredor”.

También un masajista del Telekom escribió su libro contando como los pinchazos fuera de la carretera eran un trámite más de entrenamiento. Todos los grandes equipos han tenido sus sagas frente a los jueces o los periodistas. “Del 96 al 2012 la formación del Rabobank trabajó con el dopaje”, dice la carta firmada por doce exciclistas y enviada hace poco a un diario holandés. Ya sabemos cuál era el cóctel del UsPostal y el Discovery Channel (EPO, transfusiones y testosterona). En el Lotto pasaba igual, y en el Festina y el T-Mobile, que dejó dos médicos sancionados, y en el Castorama, el Kelme, el Gan. En las neveras caseras de Eufemiano Fuentes se encontraron cien litros de sangre a los que no les faltaba sino el número de cada corredor en el dorsal, para hablar con el tono de los narradores. La justificación de todos es la misma: no se trataba de hacer trampa sino de estar en el mismo punto a la hora de la partida. Armstrong ha dicho que no era posible ganar sin ayuda de la jeringa. El manager de Ullrich,  la sombra de siempre tras del tejano, recordó que el alemán corrió limpió en 2001 y el resultado fue muy claro: “Vimos que nada era real en ellos. Ullrich estaba en la mejor forma de su carrera, pero Armstrong jugaba con él”.

Entre 1989 y el 2000, la EPO fue un secreto muy bien conocido en el mundo del ciclismo. Los controles no detectaban esa nueva forma de entregar oxígeno extra en la sangre y se dio por entendido que no era más que una especie de complemento vitamínico. Dos años después de su aparición ya se contaban 18 ciclistas muertos en condiciones extrañas en solo Bélgica y Holanda. Luego vendrían las transfusiones y algunas “nuevas tecnologías”. La aparición de la EPO coincide con la decadencia de la aventura colombiana en Europa. En 1989 Café de Colombia no logró ganar una sola etapa en las carreras del viejo continente y en el 90 no recibió invitación para el Tour.

Armstrong lo dijo claramente en su humilde entrevista con Oprah: “El ciclismo es un deporte muy distinto al que era hace diez años”. Dos cosas han provocado los grandes cambios: controles fuera de la competición y pasaporte biológico. De modo que los Escarabajos han vuelto a exhibir sus ventajas de entrenamiento por encima de dos mil metros y sus riñones listos para producir EPO de forma natural. Urán, Henao, Quintana y Betancur encabezan el nuevo desembarco. Y no necesitan puerto de operación.

Relatos de pueblo

Es sencillo encontrar las historias sobre el dominio de los grupos armados en muchos pueblos colombianos. Está todavía fresquita, con nombres y apellidos, y la gente la suelta con sencillez, sin necesidad de ganzúa, solo unos minutos después de romper la barrera de tímida cordialidad entre el lugareño y el turista ocasional. Dos conversaciones recientes, en municipios de Sucre y Antioquia, me mostraron cómo el poder paraco no se limitaba al marco de la plaza sino que llegaba hasta las casas del pueblo. Un dominio omnipresente y brutal.

En los Montes de María, fuera en San Onofre, en Berrugas, en El Rincón, el poder de Alias Cadena, carnicero de profesión, duró más de un lustro. Fueron famosas sus jornadas de escarnio en la plaza de San Onofre. La gente recuerda con vergüenza propia, preguntándose cómo pudo pasar eso en su pueblo, los desfiles de hombres y mujeres desnudos, amarrados, señalados por consumir droga, por sus inclinaciones sexuales, por un supuesto robo, por un comentario contra los “patrones” después de que una botella de ron les hiciera rebelarse contra la humillación. Todo el mundo tenía que salir a la plaza cuando Cadena llamaba para sus lecciones o sus discursos. Mi contertulio me cuenta que una vez, en medio de un baño, pretendió hacerse el de las gafas frente a uno de los plantones del carnicero. Hasta el baño de su casa llegó uno de los hombres de Cadena con el fusil. “Es que no es si quiere, muévase, o es que se va a hacer esperar…”

En el suroeste de Antioquia, a solo setenta kilómetros de Medellín, en el corregimiento de Damasco, un pueblito encumbrado con vista a los farallones de La Pintada, los paras también tuvieron su reinado. Un tubo con combustible y una finca de los Castaño sirvieron como filón de negocio y campamento base. Los paras se dedicaron a ordeñar el tubo y a vender gasolina a mitad del precio en la región. Los colectivos de servicio público, algunos camiones de carga y particulares se acostumbraron a la estación de servicio de los “señores”. Llevaron también las extorsiones y el terror. No se trataba de una lucha contrainsurgente sino de imponer el orden criminal y caprichoso de los asesinos. Primero murieron los simples caminantes, los marginados de los pueblos que se acostumbran a hacer sus recorridos a píe, acompañados de un palo y una botella, ofreciendo un jornal o un mandado. Después, lo que eran desacuerdos sencillos en el pueblo, riñas que no pasaban del insulto en el billar, acabaron convertidos en asesinatos. El servicio de sicarios se hizo popular donde antes era una referencia lejana a los peligros de Medellín. Y las adolescentes del pueblo no tenían como negarse a los regalos y los galanteos de sus pretendientes armados. Mi compañero de misión me cuenta la historia de un hombre de ochenta años conminado en la sala de su casa a asistir a una reunión en la placa polideportiva para resolver la pérdida de unos bultos de cemento: “Yo no voy por allá, yo ya viví lo que tenía que vivir, si quiere máteme”. Al final entre la mujer y las hijas lo convencieron y lo llevaron resignado hasta el “convite”.

En ambas regiones ese poder ha desaparecido o ha perdido regencia. Los gobiernos locales se han distanciado de los armados y buscan soporte legal. Sin embargo las últimas noticias sobre lo que se ha llamado Plan de Consolidación no son del todo alentadoras. Hace un año se habló de la presencia de las Bacrim en 40 de los 54 municipios del Plan de Consolidación y de actividades de los paras en 231 municipios más. Que el cuento de la paz no deje olvidar que tenemos muchas guerras por librar. 

Novela de baranda

Nos habríamos podido ahorrar la escena sentimental. La triste despedida del reo y su esposa en la baranda del juzgado. Lo lógico habría sido verlos salir, abrazados, celebrando una victoria parcial luego de casi dos años de detención en medio de un proceso. Pero en ocasiones la minucia de un sumario, las pequeñas batallas de orgullo entre fiscales y defensores, la obstinación de un juez que quiere verse firme bajo su toga, hacen olvidar las verdades y las dispensas que deben acompañar todo juicio.

Recordé un clásico de primer semestre de derecho en el que a la pena se le llama “atrocidad”. Sería importante no olvidar nunca la pena como una temeridad que necesita recubrirse de todas las garantías posibles para lograr un velo de civilización. El autor de ese gran librito escrito hace 250 años es Cesare Beccaria. Su elocuencia va de la mano de Montesquieu cuando dice: “Toda pena que no se deriva de la absoluta necesidad, es tiránica”.

Es posible que al comienzo del juicio se justificara la detención del acusado para salvaguardar las pruebas. La subordinación de algunos testigos frente a la sombra de un exministro y las visitas probadas a los sitios de reclusión de sus excompañeros de oficina, podían ser argumento suficiente para mantener la detención preventiva. Pero luego de veinte meses, cuando los testigos han tenido tiempo y silencio para pensar sus declaraciones, cuando los fiscales han presentado los testimonios y el juez ha evaluado buena parte de la acusación, no parece clara la necesidad de una medida excepcional.

Porque esa es otra de las reglas que se olvidan cuando los folios particulares se convierten en lo más importante. Que el derecho penal es una excepción, una atrocidad revestida de toga, la última de las opciones. Y que dentro del derecho penal la cárcel para quien no ha sido condenado es otra excepción, una anomalía que no puede ser aplicada para castigar sino para hacer posible un juicio equilibrado o proteger a la sociedad. Una lectura al librito de Beccaria nos habría evitado también, en alguna medida, que la política pudiera jugar tan a gusto con un juicio penal.

Pero no es solo la pareja de las primeras páginas la que sufre los rigores de un rigor injustificado. Más de la mitad de los presos colombianos están en la cárcel a la espera de una sentencia. Hace poco lo dijo con claridad Rodrigo Escobar, ex magistrado colombiano y el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “los jueces, en todas las instancias, se han venido olvidando que la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Comisión Interamericana que establece que la detención preventiva debe ser excepcional”. El problema no es solo de Colombia. México tiene cifras parecidas a las nuestras y Venezuela tiene números aún peores. Lo triste del caso es que por la vía del procedimiento estamos asumiendo posturas cercanas a regímenes como el cubano, donde existe la llamada “Peligrosidad predelictual”. En virtud esa extraña figura una persona puede ser encerrada o internada en un hospital o vinculada a un proceso de reeducación por ser proclive a cometer delitos. Mejor dicho, por simple precaución. Valdría la pena pensarlo y ser tan vigilantes de los jueces como de los políticos. 

Margen de horror

Los negociadores de las Farc en La Habana tildan de “emboscada electoral”  la oportunidad que se cocina para que puedan hacer política sin armas en Colombia. La guerrilla que dice representar al pueblo no cree en encuestas ni en urnas ni en mayorías, se ha acostumbrado a imponer su voluntad con una simple mirada torva.  Por obvias razones le tiene pavor a la aritmética electoral. Tal vez la puerta generosa de la participación en política sea necesaria para dar una lección de realidad a la arrogancia montaraz de la guerrilla. El insignificante apoyo ciudadano será una especie de venganza democrática para los asesinos y sus utopías.

El proceso reciente de El Salvador y la llegada del FMLN al poder sirve para mirar el caso colombiano por la vía del contraste. El conflicto salvadoreño duró un poco más de una década y surgió luego de fraudes electorales y dictaduras sucesivas. Una parte de la clase media y algunos partidos socialdemócratas tuvieron bastante cercanía con el movimiento insurgente. El FMLN era una congregación amplia de posturas de izquierda, tanto que al momento de integrarse a la vida política estaban reunidos en cinco tendencias con distintos líderes y proyectos. En su primera elección, en 1994, el FMLN obtuvo cerca del 20% del congreso y 15 alcaldías. Tres años más tarde ganaron 53 alcaldías, incluyendo la capital y cerca del 30% del Congreso. Arena, el partido de gobierno, peleaba con sus ahorros en los pequeños municipios rurales. En el 2000 los exguerrilleros ya tenían las alcaldías de las ciudades donde vive el 60% de la población del país. Todo estaba listo para la presidencia que se aplazó un periodo, hasta 2009 con Mauricio Funes, en buena parte por la presión de Estados Unidos contra la candidatura de Schafik Jorge Handal.

Según la Corporación Arco Iris las Farc tienen presencia en el 25% de los municipios del país. Territorios de frontera y de selva donde habita el 4% de la población. En las ciudades no tendrían siquiera el voto unánime de los encapuchados que dominan una parte del escenario de delincuencia y participación política en algunas universidades. Los que saben calculan el botín electoral de las Farc entre 50 y 80 alcaldías de municipios pequeños en Caquetá, Cauca, Meta, Nariño, Huila y Cundinamarca. Para lograr un escaño en el Congreso tendrían que buscar alianzas, cosa bastante difícil por su pasado criminal y su dogmatismo blindado.

Las Farc dicen que la politiquería colombiana les produce asco, pero algunos acontecimientos recientes han demostrado que sus técnicas de movilización no están muy lejos del pasaje, el tamal y la promesa. En últimas Marcha Patriótica es liderada por una mujer que creció de la mano de los barones liberales en Antioquia. Las críticas al sistema electoral que se hacen desde La Habana son las mismas que se hacían hace 30 años. Las Farc desconocen los triunfos de la izquierda en Bogotá, el movimiento ciudadano que por poco derrota al heredero hoy repudiado por Uribe, las candidaturas ciudadanas exitosas en Medellín, Cartagena, Santa Marta y Barranquilla. Tampoco deben saber que aquí se cerró la explosión de partidos de garaje para detener a las microempresas electorales. Y será imposible que recuerden que en El Salvador también había un umbral del 3% para la supervivencia de los partidos cuando el FMLN llegó a la política. Su única especialidad sigue siendo el margen de horror.