martes, 4 de diciembre de 2018

La cárcel por casa






Es la hora de los carceleros. Abundan los guardias y se regodean los inspectores. Los funcionarios van con el código penal bajo el brazo, lo consideran un libro maravilloso e insuficiente, quieren añadirle nuevos capítulos, trazar una línea más amplia para los tribunales y las celdas. Todo se basa en la necesidad de poner un rasero un poco más alto para los comportamientos permitidos. Es un llamado a la severidad.

El presidente ha propuesto prisión perpetua para algunos delitos. Necesita encontrar un tema para coincidir con un clamor ciudadano: “¿Quieren ustedes, ciudadanos de bien, encerrar por siempre a violadores y asesinos de niños?”. Ha encargado a los conservadores de tramitar esa tranquilizadora posibilidad. Todos reconocerán ese justo afán de justicia.
Pero también es necesario que los policías se encarguen de algunas desvergüenzas. Para quienes deambulan borrachos o se atreven a practicar sus “vicios mayores” al aire libre están los Centros de Traslado por Protección. Son peligrosos, pueden atacar o contagiar a otros ciudadanos, pueden hacerse daño a sí mismos. Los policías serán los encargados de decidir si es necesario una simple multa o un encierro preventivo. El descaro no puede quedar impune.
Y se pregonan las cifras de los detenidos como quien alardea de sus riquezas: “En los primeros 100 días de gobierno hemos capturado más de 50.000 delincuentes”, dijo el presidente Duque con la convicción de un gerente orgulloso. No hay duda de que las calles están más limpias.
Antes el ministro de defensa, un antiguo luchador contra el robo hormiga en los supermercados, había planteado la necesidad de regular la protesta social. El ministro pretendía una protesta que represente a todos los ciudadanos. ¿Una protesta unánime? ¿Y entonces contra quién diablos se protestaría? Luego se entendió la advertencia: El ministro vinculó a las mafias con las marchas y mencionó la palabra terrorismo al lado de las paredes rayadas. Ahora hay un proyecto de ley, de origen parlamentario, que busca crear un delito con penas entre 4 y 8 años para quienes cometan actos vandálicos durante las protestas. Taparse la cara durante las protestas será agravante. Ya existen delitos que castigan el daño en bien ajeno, las lesiones personales, el porte de explosivos, pero el código penal necesita una página más, una nueva advertencia, un castigo expedito más allá de la paliza policial.
También para los vagos habrá castigo, o al menos para quienes den amparo a su pereza. Hace unas semanas la laboriosa ministra de trabajo habló de un cartel de falsas incapacidades que afecta la productividad del país, y advirtió que se lucharía contra esa flojera con ayuda del ministerio de salud y la fiscalía. Que se tengan los alcahuetas y los resacosos en días de labor.
Y ahora la vicepresidente ha hecho un llamado enérgico contra quienes nos arrastran a la anarquía. Pidió a la fiscalía acciones urgentes contra quienes quieren “acabar con los activos de todos los colombianos”. El superintendente financiero denunció a los insidiosos que desde su cuenta de twitter invitan a sacar sus ahorros de algunos bancos. Colombia no tiene un solo condenado por pánico económico. ¡Pero es hora de empezar! Que lleven su plata a donde les dé la gana pero en silencio. Las protestas son pérfidas en la calle y en las redes.
El gobernador de Antioquia, amigo de algunos pillos mayores, ha entendidos de qué se trata y ha propuesto cárceles privadas y cobro por celda a los condenados. Solo retomó una vieja propuesta del expresidente de Fenalco. Que vivan en arriendo esos miserables.


martes, 27 de noviembre de 2018

Protección violenta






La operación es lenta, paso a paso, con modales de legalidad, uniforme y reporte diario de vigilancia. La intimidación se ejerce a cierta distancia, de forma sutil, con la mirada sórdida desde un carro con vidrios polarizados. Es una estrategia innovadora para la extorsión en el estrato seis. Los vigilantes se paran en la cuadra desde las seis de la tarde, saludan con cortesía aunque no pueden disimular que visten un disfraz, que les estorba el cuello duro de esa camisa recién cosida. Luego comienzan a deslizar “informes de supervisión” debajo de las puertas de los restaurantes o en los buzones de los apartamentos. Una sencilla bitácora de vigilancia que comienza con un “pasamos revista” y termina con un “sin novedad”. Tiene el nombre y la cédula del rondero pero el apodo de la “empresa” de vigilancia es ilegible. Luego insinúan el monto del cobro, 65.000 pesos semanales. El jefe se presenta como expolicía y reclama por los comentarios calumniosos de algunos “clientes” sobre su compañía. Los nuevos vigilantes conversan animadamente con los policías del sector. El comandante de la estación en El Poblado insinúa que esa gente es peligrosa y recomienda no recibir sus papeles. Vienen los operativos del Gaula y los celadores no desaparecen pero cambian sus trabucos por un simple bolillo. La policía oscila entre la camaradería y la severidad. Es difícil saber cuál es la relación entre los institucionales de uniforme verde y los guardianes recién llegados de uniforme azul. Venden un servicio de acecho, se trata de provocar zozobra, de proveer una “inseguridad segura”, de vacunar contra el miedo que ellos mismo provocan.
La extorsión ya casi abarca la ciudad completa. Un estudio hecho entre 2014 y 2015 por la Secretaría de Seguridad en 247 barrios y 61 veredas, mostró que en el 80% de los territorios visitados se hacen cobros extorsivos. La práctica comenzó a finales de los ochenta con la consolidación de las Milicias en algunas comunas de la ciudad, lo llamaban impuesto de guerra, “para mantener el barrio limpio”, y lo cobraban sobre todo al sector formal. Luego los paras y más tarde las Bacrim fueron ampliando el control, las modalidades de cobro y las puertas en las que se cobra el “tributo”. Los combos se hacen cargo de la logística. Los más jóvenes pasan cobrando el aporte “voluntario” por seguridad. Se hacen rifas forzadas, se venden productos forzados, se cobra por dirimir peleas de vecinos, se imponen multas por violencia intrafamiliar, se consolidan monopolios para la venta de arepas y huevos en las tiendas. Hay que pagar por la seguridad del carro o la moto, por la reforma de una casa, por tener un perro… Simplemente por usar el espacio.
Pagan las viviendas, los negocios, las Juntas de Acción Comunal, los contratistas, los transportadores, los vendedores informales y hasta los habitantes de calle, setecientos pesitos por armar el cambuche. Incluso han aprendido intuitivamente eso de la necesaria progresividad de los tributos. Se ha convertido en un cobro natural, un impuesto (esta vez el nombre no puede ser más preciso) para “los muchachos”, una cuota de la que muy poco se habla. Las denuncias son una anomalía, no hay confianza en el Estado y la policía muchas veces es cómplice silencioso. El año pasado hubo 412 denuncias por extorsión en Medellín. Una cifra ínfima frente al control territorial, la imposición de normas de convivencia y la obtención de rentas por parte de ese Estado precario y paralelo que se consolidó en los barrios. La defensa más corriente contra la extorsión es ahora el desplazamiento que crece año a año. En las laderas de Medellín sí saben cómo se cocina y se cobra una reforma tributaria. 


martes, 20 de noviembre de 2018

Gestor general






Néstor Humberto Martínez estuvo menos de un año en el súper ministerio que se creó para sus gustos y habilidades en el segundo gobierno de Santos. Fue tiempo suficiente para hacer dos tareas claves, casar una pelea adecuada, mostrarse generoso desde un cargo de poder, ayudar a cuatro amigos y dejar el escenario listo para los aplausos. El actual fiscal es sin duda un experto en la difícil tarea de trabajar al mismo tiempo para la empresa del jefe y para su propio chiringuito. Cuando dejó la silla palaciega tenía el carné de dos partidos (Cambio Radical y La U), la gracia de las Cortes por una pequeña traición a sus compañeros de gabinete y el favor del Congreso que se inclinaba casi unánime ante su olfato político, su oído delicado con los manzanillos, su labia aguzada ante los leguleyos, su tacto con la oposición y su ojo burocrático para encontrar uno que otro puesto. Esas habilidades le merecieron la Orden de la Gran Cruz del Congreso a mediados del 2015. Los senadores levantaban la mano ansiosos de entregar su reconocimiento al “súper amigo”, al “hombre hecho para grandes cosas”, al “servidor necesario en la arena política”. Fueron casi dos horas de cepillo. Merecido para quien un año antes se había partido trabajado en la estrategia y financiación de la campaña de Santos.
Martínez se fue “abrumado, pleno de alegría y conmovido con tanta generosidad”, y dijo que el retiro del cargo era para atender un compromiso comercial adquirido y trabajar por su “realización profesional”. No estaba mintiendo, un mes después ya asesoraba al Concesionario Ruta del Sol para un contrato de estabilidad jurídica. Conocía bastante bien el negocio. Según Luis Fernando Andrade, exdirector de la ANI hoy detenido por orden la Fiscalía, Martínez dio concepto jurídico en 2012, como empleado de AVAL, para que se aceptara el otrosí de la vía Ocaña-Gamarra. Es decir, hizo sus esfuerzos válidos como empleado para que el concesionario Ruta del Sol II obtuviera un nuevo tramo sin necesidad de pasar por una licitación. Más tarde, ya como funcionario de la presidencia, aprobó la adición en el Conpes que permitió las “añadiduras” al contrato original. Vale la pena un pequeño otrosí, Martínez Neira fue llamado como testigo de la fiscalía en el proceso contra Andrade.
Martínez tiene el extraño don de la ubicuidad. Puede ser fiscal y parte, abogado de intereses privados y defensor de recursos públicos, testigo y acusador, ideólogo y alfil de campaña. De nuevo como empleado del grupo AVAL, y ya conociendo las coimas cantadas por Jorge Enrique Pizano, fue quién elaboró el contrato de transacción entre los socios de la Ruta del Sol II para convertir en un arreglo privado lo que sabía era un desfalco público en el que concurrían varios delitos. Pero no todo pueden ser páginas de contratos y mugre de expedientes. Hace un año el diario El Tiempo, propiedad de sus antiguos patrones, lo eligió como el personaje de 2017. En medio del panegírico sueltan una perla para elogiar su independencia, su capacidad de omitir lealtades para cumplir con sus deberes. Mencionan al expresidente de Corficolombiana, socia minoritaria en el Concesionario Ruta del Sol II y propiedad del mismo dueño del periódico, quien seguro fue su compañero al redactar el famoso contrato de transacción con Odebrecht: “Pero fueron sus fiscales los que pidieron y lograron la captura de José Elías Melo, expresidente de esa firma, bajo cargos de que conoció y avaló el pago de los sobornos.” Conocimiento y aval que al parecer Martínez también tenía. 
El fiscal es sin duda un hombre cocido en todas las aguas, un excelente delegado, un envidiable apoderado, un gran administrador. Tanto que merece un apodo de sus múltiples patrones: Gestor Humberto Martínez.





martes, 13 de noviembre de 2018

Ministerio del superior







Vamos a cumplir nueve años hablando de política y lealtad. Intentando conjugar dos antónimos, examinando gestos menores, traduciendo declaraciones, anticipando desplantes. No se trata de tramas partidistas o desencuentros ideológicos, ni siquiera de enfrentamientos entre colosos electorales. Nuestra atención se centra en el comportamiento de un elector menor y su acudiente, entre alguien que carga una deuda sobre su noble silla y todos los días duda si debe pagarla con obediencia o talante propio, si debe atender a la sombra que lo asusta o ahuyentarla con alguna chispa.
Son los problemas de elegir por interpuesta persona, de buscar un simple interprete. El testaferrato suele terminar mal para el dueño, el suplantador y la propiedad. En el 2010 la escaramuza comenzó muy pronto. Un viaje a Venezuela sin autorización, el abrazo con un indeseable que también lucía banda presidencial, el encargo ministerial a dos sospechosos. Desde el ministerio del superior comenzaban a salir advertencias y reproches. Seis meses después del encargo la molestia era pública y el señalado intentaba tapar las pestes con cordialidad: “No nos inventen peleas”. Por un lado las venias y el respeto, y por el otro las conversaciones con los enemigos a muerte de quien pretendía dictar el guion desde el palacio de oriente antioqueño. Antes de la mitad del encargo presidencial la gresca era definitiva. Lo que siguió fue recrear en la prensa todas las fábulas de traición y atizar algo de odio para que el drama fuera completo.
Ahora de nuevo jugamos con la ficha de un tahúr. Esta vez se ha cuidado un poco y ha designado a un alfil menor con deudas mayores. Durante el proceso de elección el pequeño encargado se puso la ropa de su jefe para completar la caricatura. Hablaba incluso con el acento de su guía, más para congraciarse que para confundir incautos. Estaba en el ensayo general para el papel que venía. En su primera visita a la realeza entregó las saludes de su soberano. En casa, y ya con la banda terciada, imita las funciones de fin de semana del patrón. No tiene tono de capataz pero luce el sombrero de ocasión.
Las apuestas han comenzado. Algunos dicen que ya ha tomado distancia y solo es cuestión de tiempo para la gresca de turno. Algunos sueltan esa posibilidad como elogio para el encargado y otros como escarnio. Unos partidarios dicen que no ha resultado lo que parecía, que baja la cabeza y muestra señas de condescendencia con los enemigos, que habla muy bajo y que es muy blando de cuerpo y alma. Otros dicen que todo es un juego de independencia, una puesta en escena para que el presidente luzca como tal. Están seguros de que el principal suelta los tercios duros y el segundo pule la página para mostrarse dueño de la situación. Y que el nominador le corrige la plana falsa para que se intuya que todavía hay acatamiento. Los más briosos del bando dicen que ese muchacho se está saliendo del carril. Los más cerreros le recomiendan seguir el paso del caballo más fino. Los más lambones le dicen que ese equilibrio está muy bien. El encargado mira a todos lados, pone una ficha en casi todas las casillas, un día oye a un ministro ajeno y el otro a uno propio.
El dueño del escudo mira con impaciencia, califica día a día, le hace el prólogo en las audiciones ante alcaldes y gobernadores. Suelta una pequeña reprimenda y luego le soba la cabeza. No hay duda de que sabe templar la rienda. Mientras tanto, seguimos con las apuestas en el pequeño drama palaciego.

miércoles, 7 de noviembre de 2018

Reducir la política







Las grandes decisiones electorales cada vez están más alejadas de páginas como estas, de los análisis políticos, las columnas de opinión, el trabajo de los reporteros y los hechos probados. Las gracias y las furias empujan ahora a los electores, cada día más parecidos a las máscaras de risa y llanto que enmarcan los salones teatrales de los colegios. La riada de memes, noticias ideadas, amenazas supuestas y advertencias calculadas arrastran a los medios, a los electores e incluso a los cuarteles de campaña. Todo se mezcla y se contamina, los electores crean y obedecen, los “ciudadanos ahora son groupies de la información excitante”. Por eso la “loca de la naranjas” termina haciendo publicidad de House Of Cards, varias empresas brasileras pagan por debajo cerca de tres millones de dólares para mover grupos de WhatsApp con cadenas que multiplican rumores desde cuentas cruentas, el alcalde de Medellín contrata un nido de defensores a control remoto.
La campaña por las elecciones legislativas que acaban de pasar en Estados Unidos ha dejado un ejemplo perfecto de la inercia electoral en tiempos del drama, la indignación y el meme. Tres palabras fueron suficientes para alentar la idea más fuerte del partido Republicano en el tramo final de campaña: #JobsNotMobs. La frase venía acompañada de un video con líneas de noticias sobre la mejora del empleo y algunos trabajadores en una planta ensambladora cubiertos por la palabra Jobs, combinados con turbas de manifestantes quemando consignas acompañados de la palabra mobs. Primero se hizo viral en Twitter, luego la frase comenzó a girar sola, más tarde un caricaturista, afín a Trump, la sugirió como eslogan de campaña y al final era un cuadro sencillo de dos imágenes y tres palabras. La reacción airada de los demócratas terminó por darle el impulso final. Cuando ya había sido replicada por algunos actores (“los famosos deciden qué triunfa y qué pasa desapercibido”) y por medios cercanos a los republicanos solo faltaba la iluminación definitiva: Donald Trump la trinó desde su cuenta oficial. Sin arandelas solo #JobsNotMobs. Una semana después de su aparición anónima era elemento oficial de la campaña. El creador original dice que trabaja en consultorías digitales y cobra doscientos dólares la hora por entregar claves sobre “guerra memética”.
Luego de la campaña presidencial en Estados Unidos en 2016 los medios tradicionales han seguido perdiendo terreno frente a las tómbolas que giran con impulsos partidistas o diligencia activista de las redes sociales. Los portales de los extremos ideológicos marcan las discusiones mientras los medios tradicionales intentan contrastar, entrevistar, analizar declaraciones y propuestas. Un estudio sobre la reciente campaña hecho por el Oxford Internet Institute reveló que “la proporción de fuentes de noticias basura (se intenta un término más preciso que el simple Fake News) que circula por Twitter ha crecido cinco puntos desde 2016, lo que significa un 25% de todas las URL capturadas durante el estudio. Los links compartidos de medios tradicionales sumaron solo el 19% del total.”
Hoy los extremos hacen mucho mejor las tareas electorales, los políticos se exasperan o se aquietan según las necesidad ambiente, se impone un lenguaje primario y corrosivo. El ataque a Bolsonaro en medio de una manifestación, el envío de bombas a personajes demócratas hacen que la realidad supere al meme. Se necesitan golpes, golpes fuertes, las campañas solo se ganan por pequeños y sonoros nocauts.




martes, 30 de octubre de 2018

Messias Bolsonaro







Jair Messias Bolsonaro es un elegido, un hombre señalado por dios, tocado por su mano poderosa. Un capitán de una unidad de artillería que estudió educación física también puede conseguir un manto divino, se trata de rodearse bien, señalar una ruta y abrirse paso por medio de conversiones, intereses, alardes y algo de la furia del antiguo testamento. Bolsonaro lo dijo invocando a dios y con una seguridad que asusta luego de su victoria del domingo: “Nuestra misión no se escoge ni se discute, se cumple”. También el lema de campaña lo dejaba muy claro: “Brasil encima de todo, Dios encima de todos”. 
Durante la campaña presidencial Bolsonaro fue atacado por un seguidor del Partido Socialismo y Libertad. El segundo nombre del agresor se suma a la fábula religiosa en que se convirtió la campaña presidencial en Brasil: Adelio Bispo de Oliveira dijo haber tenido motivos religiosos para atentar contra Bolsonaro. Un hombre llamado “Obispo” agrede a uno llamado “Mesías”. Luego de la brutal puñalada Bolsonaro se confirmó en su tarea: “Ahora más que nunca mi voluntad para ayudar a esta gente, para rescatar esta nación, ha aumentado”. Su amigo, el pastor Silas Malafaia, soltó una gracia al ver sano y salvo al candidato: “Mira lo que hizo Dios. Te apuñalaron y ahora los demás candidatos se quejan del tiempo que te han dedicado en las noticias”.
 Antes, en la habitación del hospital Albert Einstein (lo de la fábula no era charlando), otro pastor, conocido como Magno Malta, tomó mayor protagonismo que la propia familia del hombre de los estigmas al divulgar los primeros videos luego de su operación. Malta es el mismo que oró con el presidente electo tomado de la mano, con los ojos cerrados, minutos después de confirmarse el triunfo en las elecciones. Un sermón por interpuesta persona antes que el discurso de un presidente: “Señor, mi Dios, mi padre, estamos agradecidos, fueron años de lucha, hablando con el pueblo, pidiendo tu protección, hablando sobre familia, sobre país, cuidando de nuestros niños. Dios en la vida de la familia, Dios en la vida de Brasil.”
Según encuestas recientes los evangélicos (tradicionales, pentecostales, neopentecostales) suman el 27% de la población apta para votar en Brasil. En el 2010 eran apenas el 15%. Y tienen más del 15% de los diputados federales, las iglesias más grandes han fundado sus propios partidos y dominan buena parte de la radio y la televisión. Eduardo Cunha, ex presidente de la Cámara, miembro de la iglesia Asamblea de Dios, fue el principal impulsor de la destitución de Dilma Rousseff. Mientras se votaba el impeachment en el Congreso, Bolsonaro recibía su segundo bautizo, ataviado con una túnica blanca, en las aguas del río Jordán. Su mensaje por Twitter luego de la votación venía santificado: “Mar de Galilea / Israel, Bolsonaro felicita a todos los brasileños que han luchado por este momento.”
La fuerza política y económica de los evangélicos (la Teoría de la Prosperidad es uno de sus dogmas) comenzó a finales de los ochenta cuando el presidente José Sarney amplió su periodo de cuatro a cinco años en medio de una constituyente. El diputado Edir Maedo, tío del alcalde de Río, logró grandes concesiones radiales por los favores recibidos. Hoy Maedo es dueño de Record, segunda televisión de Brasil, canal en el que Bolsonaro dio una entrevista en tono patriarcal mientras el debate presidencial al que se negó asistir pasaba por TV Globo. La audiencia de Bolsonaro superó la mitad de la que marcaron los demás candidatos juntos. 
Un simple dato estadístico puede explicar el milagro. En 2017 el Latinobarómetro marcaba la confianza en las instituciones en Brasil, 69% la iglesia y 50% el ejército. Un triunfo de la biblia y el fusil. 



martes, 23 de octubre de 2018

Justicia en negativo








El Estado colombiano carga con una vergüenza mayor. La guerra contras las Farc lo llevó al triunfo ostentoso de la sangre, al simple alarde de la muerte. Era indiferente si contaban cuerpos de enemigos ciertos o inventados. Se trató de una muestra de incomparable cobardía: convertir en combatientes a simples transeúntes recién ajusticiados, un teatro macabro que disfrazaba cadáveres y celebraba la escenografía. La pantomima duró cerca de seis años y dejó 3700 víctimas según cifras de la Fiscalía y al menos 5000 según cuentas de Naciones Unidas. Participaron 180 batallones de 41 brigadas. Más de 800 soldados han sido condenados y algo menos de 6000 están sometidos a investigación, entre ellos 16 generales. Durante la matazón el gobierno de turno desestimó las advertencias de organismos internacionales, funcionarios del ministerio de defensa y periodistas. Las “bajas” eran certeza suficiente, lo demás eran mentiras, cuentos de recolectores de café.
La justicia transicional ha puesto a los militares condenados, juzgados e investigados por esas muertes frente a nuevas reglas. En contra del jefe del gobierno durante el cual se montó la estrategia de asesinatos camuflados de combates los militares han comenzado a someterse al nuevo tribunal. Son 1994 los que han firmado las actas para llegar a la Justicia Especial para la Paz. Muchos de los asesinos que el propio Estado instó y luego condenó tras más de 10 años, ahora están libres a la espera de un juicio donde se habla de reparación, perdón, verdad. Un poco menos de 1000 han logrado libertad condicional, transitoria y anticipada. Quienes ya habían sido condenados tuvieron que pagar al menos 5 años de condena para lograr su libertad. Quienes estaban detenidos durante el juicio solo necesitaron firmar un acta de compromiso. Entre los firmantes hay dos militares que fueron comandantes del ejército. Atienden el juicio de corbata y con ánimo sosegado, más parecen empresarios en desgracia que jefes de ejecuciones sistemáticas y continuadas. Uno de ellos, Mario Montoya, era un adicto a la sangre, exigía muertos como quien pide utilidades en el balance. Fue comandante del ejército entre febrero de 2006 y noviembre de 2008, durante esos tres años la Fiscalía ha documentado 2526 supuestas ejecuciones extrajudiciales. Montoya recibió algunas medallas a cambio.
Una ley aprobada este año exige la creación de tribunales propios para militares inscritos en la Justicia Especial. El plazo para crear esa nueva jurisdicción es de año y medio. De modo que los militares pueden pedir una prórroga mientras se instauran los tribunales castrenses para juzgarlos. Digamos que lograrán algo así como unas vacaciones. El partido del jefe del gobierno que cerró los ojos frente a las ejecuciones fue el que exigió esa justicia paralela. Muchos militares han llegado a la justicia de la verdad y la reparación a negar los hechos y su responsabilidad. Se trata únicamente de ir a una justicia con penas menores y jueces cercanos para exhibir una cara de yo no fui y lograr beneficios.  Y evadir los dientes de una corte internacional. La gran paradoja es que la justicia debe priorizar los procesos para su examen. Muy seguramente escogerán los casos emblemáticos de generales que al parecer se escudarán en el silencio y el desconocimiento de las actuaciones de sus subordinados. De modo que se puede llegar a la imposibilidad de condenar a los máximos responsables y de juzgar quienes dispararon contra los civiles. Se espera que la nueva justicia resulte exigente respecto a la verdad y a la reparación más que a las penas. El caso contrario asegura una nueva vergüenza para el Estado.