martes, 28 de junio de 2016

División política







El 4 de febrero de 2008 las Farc lograron la mayor movilización ciudadana en la historia del país. El “Ejército del Pueblo” hizo que millones de habitantes en las ciudades salieran a gritarles que no los representaban y que su violencia era ya una pesadilla muy larga e inútil. Las encuestas de los últimos 15 años han repetido la misma cifra cercana al 95% de opinión desfavorable sobre el grupo guerrillero. Sin embargo, para muchos críticos del acuerdo en La Habana es muy factible que los jefes de las Farc sean elegidos en los más altos cargos del Estado. Timochenko en el tarjetón les parece al mismo tiempo una imposibilidad moral y una gran posibilidad electoral. En muchos casos creo que se trata más de plantear una ficción, un escenario extravagante para asustar a ciudadanos propensos a creer en las películas de terror.
Hace unos días la senadora Paloma Valencia escribió en su cuenta de Twitter: “Las zonas de concentración deben ser en los municipios donde ganó Santos, no en aquellos donde ganó @OIZuluaga”. A pesar del desvarío constitucional y legal, de plantear nuevo mapa de división politiquera y reclamar la presidencia de Pensilvania para Oscar Iván Zuluaga, vale la pena mirar los resultados electorales recientes en los municipios donde estarán las zonas de ubicación y los campamentos. Allí pueden estar algunas respuestas sobre el apoyo al proceso por parte de quienes han padecido la guerra, e igualmente, algunos desmentidos a quienes suponen que las Farc son barones electorales en armas.
En la segunda vuelta presidencial en 2014, Oscar Iván Zuluaga solo obtuvo mayorías en 7 de los 29 municipios donde están las veredas para las zonas de ubicación y los campamentos: San José del Guaviare, San Vicente del Caguán (por 51 votos), Remedios, Planadas, Villarica, Mapiripán y Vista Hermosa en el Vichada. En departamentos como el Cauca y Putumayo la victoria de Santos fue por amplias diferencias. En los municipios de Buenos Aires, Caldono y Corinto la votación de Santos superó el 80% de los votos, lo mismo que en municipios como Río Sucio en Chocó y Vigía del Fuerte en Antioquia. Algunos departamentos que han sido escenario del conflicto con las Farc muestran la polarización de una campaña que fue una especie de plebiscito anticipado sobre el proceso. Zuluaga ganó en Tolima, Meta, Caquetá, Vichada y Guaviare. Eso de algún modo desmiente el dominio de electoral de las Farc por medio de la amenaza armada.
De otro lado las recientes elecciones regionales en esas mismas zonas demuestran que las maquinarias tradicionales conservan su poder en muchos casos. Las orillas ideológicas, Polo y Centro Democrático, marcan muy poco en alcaldías y gobernaciones de zonas para la desmovilización y deben resignarse frente al poder de liberales (tienen11 alcaldías en los municipios escogidos), conservadores y la U. En muchos pueblos son corrientes las grandes y pomposas coaliciones, y es seguro que las Farc deberán llegar con la lección la negociación política bien aprendida si quieren ganar las alcaldías donde han rondado durante décadas. Su gran prueba será el respeto a una voluntad que no deberá responder a intimidaciones. A su discurso aparatoso y solemne hay que oponerle algo distinto a la satanización. Los habitantes de veredas y marcos de plaza sabrán responder.





martes, 21 de junio de 2016

A metros






El Metro de Medellín se ha hecho famoso por su pulcritud y el respeto de los usuarios a la línea amarilla como si fuera una guillotina. Las baldosas de sus estaciones son más relucientes que las de la catedral metropolitana y a los ciudadanos les encanta mirarse en ese espejo purificado. Incluso, los usuarios incluso bajan la voz cuando pasan el torniquete en las estaciones. Y los cancerberos de al lado de las taquillas acostumbran devolver niños embarrados o adultos marcados con el tufo de unos rones. El Metro se ha convertido en una especie de iglesia rodante del orgullo regional.
Pero detrás de las taquillas donde se recogen, solo en monedas y billetes, 1200 millones de pesos diarios las cosas son a otro precio. El ambiente es menos diáfano y las vías más retorcidas. Desde que llegó a la gobernación de Antioquia, Luis Pérez ha visto como objetivo clave el manejo del Metro de Medellín. Pérez sabe que la gobernación tiene más obligaciones que rentas propias y está en busca de los negocios de las Alianzas Público Privadas y uno que otro raponazo que pueda lograr por la vía de las alianzas políticas. El gobernador siente que Santos le debe algunas cuentas y piensa en la junta del Metro como un escenario perfecto para cobrarlas. Tal vez Santos simplemente haya cerrado los ojos para que Luis Pérez hiciera sus jugadas en el Metro saltando por encima de los torniquetes.
Los dos principales proyectos que han presentado hasta ahora la alcaldía de Medellín y la gobernación de Antioquia tienen al Metro como eje fundamental. La alcaldía vendió las acciones de EPM en Isagen con la idea de financiar el Tranvía de la 80, una obra que tiene tres veces el tamaño del tranvía de Ayacucho inaugurado hace poco. La plata llegará en dos semanas y 600.000 millones de pesos se destinarán al proyecto más urgente para la movilidad en de Medellín. Sobra decir que el Metro es la instancia técnica clave para todas las decisiones. Y la gobernación anunció hace unos días la creación de la empresa Ferrocarril de Antioquia SAS para poner a rodar un tren multipropósito que vaya de Amagá a Barbosa. El Metro de Medellín tiene el 24% en esa empresa y está a cargo de los estudios preliminares.
La gobernación tenía muy claro el método desde el comienzo. Intrigas ante el gobierno nacional y agujas a la gerente Claudia Restrepo. Llegaron las demandas por la gratuidad decretada en el día sin carro, los cuestionamientos permanentes, la negativa a todas las necesidades de la gerencia.  Hostilidad como estrategia. El asunto llegó hasta el irrespeto personal. Horadar en privado y dar falsas palmadas de respaldo en público. En la junta directiva del lunes pasado el ataque pareció bien planeado. El gobierno nacional se hizo a un lado para no participar en el trabajo sucio. El trato pudo ser más o menos así: ustedes la sacan y juntos nombramos el reemplazo. Nos es fácil aguantar a toderos del talante de Carlos Mario Montoya. El gobierno corre el riesgo de dejarle a Medellín y Antioquia una herencia digna de los ñoños para el Metro. No debe olvidar que gobernación y alcaldía pagan 10.000 millones de pesos mensuales a la nación por deuda del Metro. Las deudas políticas pueden obligar a las deshonra de las deudas públicas. 
El Metro de Medellín no es un instituto de segundo nivel para nivelar cuotas burocráticas. Ojalá el gobierno lo entienda y se pare en la raya. 

martes, 14 de junio de 2016

La moral del odio







Hasta 1994 estuvo vigente el artículo 175 del Código Penal alemán: “La fornicación contra natura, realizada entre personas del sexo masculino o de personas con animales, está castigada con una pena de cárcel de seis meses a cuatro años, además de la suspensión temporal de los derechos civiles”.  Durante más de 100 años se aplicó el castigo con distinto rigor. En las primeras décadas del siglo XX Alemania, Berlín específicamente, logró la paradoja de que las penas de prisión convivieran con un movimiento homosexual que tenía cien locales “adecuados” y treinta publicaciones “especializadas”. Europa miraba con una curiosidad y un recelo irresistibles. Klaus Mann escribía una pequeña esquela de invitación en 1923: “Mírenme, señoras y señores, truena la capital del imperio. Antes teníamos un ejército formidable, ahora dirigimos la vida nocturna más tumultuosa. Es Sodoma y Gomorra con un tempo prusiano. No se pierdan el circo de las perversidades”. El círculo del emperador Guillermo II fue acusado bajo el artículo 175 y sus consejeros enfrentaron juicios por blandos, románticos y pacifistas. Los nazis acabaron con el auge “uranista”, endurecieron las penas y condenaron incluso a quienes tenían la “intención lujuriosa de despertar la sensualidad de uno de los dos hombres o de un tercero”. En los campos de concentración los homosexuales fueron usados para experimentos con hormonas, además de tratamientos un poco más drásticos: lobotomías y castraciones.
Apenas hace unos años Alemania comenzó a anular las sentencias que marcaban la historia de muchos homosexuales y solo hoy intenta una reparación para las víctimas de su política criminal. Ver a Alemania tan cerca de Irán demuestra los muy recientes cambios y muy vigentes prejuicios mundiales contra la comunidad gay. En Colombia las relaciones sexuales entre parejas del mismo sexo fueron delito hasta 1980. Nada raro si tenemos en cuenta que la Organización Mundial de la Salud excluyó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales en 1983. Leer los argumentos de los juristas que perdieron la discusión en Colombia, en la comisión redactora del código penal a mediados de los años setenta, es leer los prejuicios que se mantienen intactos en millones de ciudadanos: “No creo incurrir en exageración, al afirmar que el homosexualismo de los hombres o de las mujeres, constituye un hecho antisocial, que envuelve un ataque a nuestros sentimientos, a nuestras costumbres y a nuestra organización familiar… El Código Penal por el carácter intimidativo que tiene, constituye un freno contra lo graves ilícitos que puedan cometerse.”
Ha pasado muy poco tiempo entre el Código Penal de 1980 y las sentencias de la Corte Constitucional que reconocen derechos a parejas del mismo sexo. La élite mayoritaria de los juristas cambió de opinión pero las mayorías siguen aplaudiendo y exigiendo la discriminación. Y la policía está atenta para respaldarlas. Hace días una campaña en Medellín, llamada Necesitamos más besos, terminó con una pareja de hombres acosada por una pareja de policías que amenazaron con arrestarlos por sus besos en público. No había generales a la vista. Algunos congresistas del Centro Democrático han centrado sus críticas a Claudia López en sus preferencias sexuales. Deben estar orgullosos porque en su “estado de opinión” comparten los sentimientos de alumnos bogotanos de secundaria frente a sus compañeros homosexuales: 38% asco, 17.6% miedo, 9.7% rabia y 6.5% odio. Podrían ser copartidarios de Dan Patrick, vicegobernador de Texas, quien soltó una cita sugerente cuando la policía recogía los cadáveres en la discoteca Pulse: “No os dejéis engañar, de Dios nadie se burla; pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Gálatas 6:7.”




miércoles, 8 de junio de 2016

Matasanos





Cuando la impunidad es la regla el descaro puede ser una estrategia de defensa. Un cirujano plástico y un abogado penalista pueden convertir, con bisturí, plata, influencias y código, a las víctimas en victimarias. En este caso el cirujano se dedica a las deformaciones y el abogado a la estética jurídica. Mientras tanto, el Estado es una especie de ogro impotente al que se le escurren los delincuentes entre las piernas, por los bordes incompletos de las instituciones y los huecos en las oficinas de algunos corruptos. Fiscalía, defensoría del pueblo y ministerios de educación y salud se miran aterrados y ponen el visto bueno correspondiente. Por su parte, los tribunales de ética médica son a los galenos lo que la justicia penal militar es a los generales.
El caso del médico Francisco Sales Puccini es una especie de paradigma del matasanos. En 10 años ha acumulado 6 investigaciones penales y 7 administrativas. Los procesos más graves han sido por homicidio culposo y acceso carnal violento. A la fiscalía le tocó hacer búsqueda manual de sus carpetas porque en el sistema habían desaparecido sus pequeñas imperfecciones. Sales Puccini es apenas uno entre el extenso grupo de médicos a los que se les abrió la herida de la avaricia frente a la cirugía plástica. Sus consultorios funcionan con la lógica de los talleres para “engallar” carros. Las pacientes llegan y ellos recomiendan, se podría decir embuten, todo tipo de tratamientos y ofrecen descuento por el combo de prótesis y lija. Las gangas son su estrategia y no faltan las ofertas del trueque: favores sexuales por cirugías estéticas.
El doctor Francisco Sales Puccini, especialista en ginecología y obstetricia, se aburrió con la rutina de los alumbramientos y pasó al negocio más movido del marcador y el bisturí. El gremio ha ido acumulando una merecida mala fama por las historias de terror de mujeres remendadas y muertes recurrentes. Solo en Medellín han muerto 5 mujeres este año en procedimientos estéticos. Al año en Colombia se practican cerca de 380.000 cirugías entre las sencillas lipos y las transformaciones radicales. Los tatuadores han terminado por parecer responsables cirujanos frente a una buena porción de carniceros plásticos.
Sales Puccini les mostraba a sus pacientes títulos variados, a unas diplomas de la Universidad Ararás de Sao Paulo y a otras de la Universidad Veiga de Almeida. Algunos inexistentes y otros insuficientes. Los leguleyos se apoyan en que los títulos obtenidos en Brasil son legales y fueron validados por el Ministerio de Educación. Pero su legalidad no implica su equivalencia y unos cursos de 4 meses terminan, por la vía del engaño y la ambivalencia, convertidos en especializaciones. Lo ha dicho la Universidad Nacional al negar su “reconocimiento de saberes y título de especialista en cirugía plástica” al mencionado doctor en 2010, y lo dijeron los tribunales brasileros al aclarar la diferencia entre especialización y cursos semipresenciales como los ofrecidos por la Universidad Veiga de Almeida.
Ahora, Jaime Granados, abogado de Sales Puccini, dice que Lorena Beltrán, una de sus víctimas con arrestos suficientes para contar su historia y demandar, tiene “oscura intención” de desprestigiar al carnicero plástico y amenaza con demandas. Beltrán fue tratada con gelatina sin sabor cuando sus heridas se complicaron, le recetaron sin precaución alguna un medicamento que causa desórdenes emocionales. Siempre con una  promesa: en seis meses vas a estar bien. El doctor no pensaba en tiempos de cicatrización sino en el plazo de caducidad de la acción penal. Al final, cuando Beltrán encaró al doctor por sus múltiples problemas luego de una mamoplastia de reducción, Sales Puccini salió con la frase que demuestra al menos su desvergüenza: “Eso no es problema del sastre sino de la tela”. La justicia tendría que sacar a ese médico de los quirófanos para enviarlo, con matrícula condicional, a las sastrerías de barrio.




martes, 31 de mayo de 2016

Cuentos irlandeses








Ya se han hecho comunes las fotos de Martin McGuinness en las presentaciones de los gabinetes con balanza electrónica en Irlanda del Norte. Una fórmula matemática, el sistema d’ Hondt, garantiza que los cargos de cada partido se ajustan a la representación en la Asamblea. La primera vez fue como ministro de educación hace 17 años luego del acuerdo de Viernes Santo entre diez partidos de signo contrario (unionistas y republicanos) y lo gobiernos de Irlanda y Reino Unido. La semana pasada apareció la foto más reciente acompañando a una joven ministra de justicia perteneciente al partido Unionista de Ulster, sus antiguos enemigos a muerte. Hace cuatro años llegó el momento para la foto más comentada de su vida pública como antiguo miembro del IRA y del Sinn Fein, su brazo político. La Reina Isabel II lo miró risueña con un traje verde de pies a cabeza que parecía ser un guiño en su visita a Belfast y Dublín. McGuinness, también risueño, le soltó un sencillo, “adiós y buen viaje”. Los archivos británicos dicen que en 1978 el mismo político ceremonioso del gabinete de Irlanda del Norte era el jefe del IRA que ordenó el asesinado de lord Mountbatten, primo de la reina. “Fue un encuentro bonito, y sigo siendo republicano”, le dijo después a la prensa el hombre del Sinn Fein mientras los miembros más radicales de su partido dejaban señales en los muros cercanos a su casa: “Judas”, “Traidor”, “Marty, cómo te atreves”. 
McGuinness habla de un enfrentamiento de ochocientos años con los ingleses para subrayar las dificultades de un acuerdo. Si uno quiere centrar el conflicto en la época contemporánea puede decir que duró cerca de treinta años y todavía tiene muchas cosas por resolver. Más de ochenta barreras separan a las comunidades en Irlanda del Norte, son los llamados “muros de la paz”, edificios de viviendas tapiados para separar barrios enteros han aumentado desde 1998. Pero la violencia terrorista y los grupos paramilitares de ambos bandos han desaparecido. Los grupos no han ablandado sus objetivos políticos y todavía hay recelo frente a la asimilación cultural entre protestantes “lealistas” y católicos republicanos. Las pequeñas diferencias culturales y simbólicas se resaltan con temor a una aproximación, a un parecido que pueda asimilarse a una derrota.
En el conflicto de Irlanda del Norte fue importante que un secretario de Estado británico bajo órdenes de Margaret Thatcher reconociera en 1989 que se podía contener al IRA, pero era difícil pensar en su derrota militar. De otra parte, la negociación entre partidos legales con la posibilidad de un acuerdo refrendado por los ciudadanos hizo pensar a los partidos aliados con paramilitares: “La capacidad física de continuar debe separarse de la capacidad moral y psicológica de mantener la lucha armada”.
En medio de las grandes diferencias entre los conflictos en Irlanda y en Colombia hay algunas particularidades que siempre acompañan a la lógica de la desconfianza. Un temor siempre repetido frente a los crímenes de lado y lado es que los comportamientos del pasado se repitan en el futuro. “Los adversarios no han aprendido nada del pasado: no han cambiado y no cambiarán”. Esa frase podría ponerse al inicio, en el medio y en el final de casi todas las negociaciones. Pero también el cansancio a la guerra y el estancamiento político que provoca se repiten muchas veces. En Irlanda la gente comenzó a rechazar a los partidos cercanos a los grupos paramilitares, y tal como sucede en Colombia, el mayor apoyo a la negociación vino de parte de comunidades cercanas a la “primera línea del frente”. Para quienes estaban protegidos de violencia por la segregación, casi siempre los más educados, fue más difícil “separarse de las tradicionales políticas de la intransigencia”. Algo similar a lo que sucede con el apoyo al proceso en nuestras ciudades.
Tal vez lo más importante fue que los partidos constitucionales, ajenos a la violencia, aceptaran que no solo los grupos armados tenían que abandonar las estrategias históricas de la obstrucción, y que para todos era necesario llegar a compromisos dolorosos. Se tardaron casi diez años. Esperemos que entre nosotros las fotos entre enemigos pronto dejen de ser un acontecimiento.





martes, 24 de mayo de 2016

La Corte de espaldas






Es muy difícil santiguarse en privado y cruzar las manos en público, en actitud republicana. Separar el ámbito de las creencias religiosas y las labores oficiales que pueden incluso contradecir el fuero íntimo, es un reto que muy pocos consiguen superar. Es posible cambiar el hábito pero queda el monje de corbata tras la ventanilla o el escritorio: siempre habrá sesgos, inclinaciones, promesas, temores relacionados con las creencias. Afortunadamente no son muchas las ocasiones en las que el funcionario y el creyente encuentran un choque entre los deberes de su catálogo privado (libros sagrados) y los de sus obligaciones públicas (la constitución).
Esas dificultades hacen necesario que el Estado sea estricto y elocuente cuando encuentra un caso paradigmático para mostrar cómo deben resolverse dichos conflictos. Mucho más en una situación que pone en juego un símbolo “clave” de lo que hemos llamado el “Estado Social de Derecho”. La mayoría de Corte Constitucional decidió colgarse de un clavo al rojo vivo y sostener el cristo que desde su cruz preside las sesiones de la sala plena. En este caso era una decisión relativamente sencilla, se trataba de guardar las formas del Estado laico, de reafirmar un principio por medio de una decisión que en la práctica no tenía mayores consecuencias. Casi un asunto de modales democráticos. Es justo preguntarse por el sentido de las decisiones y las discusiones cuando contradecir un precepto religioso implica consecuencias palpables sobre los derechos de millones de ciudadanos de diversas creencias. Y es aquí donde no deja de ser paradójico el proceder de la Corte: se embrolla en un sencillo quiz constitucional y aprueba difíciles exámenes como las sentencias sobre eutanasia, aborto y matrimonio igualitario, donde enfrentó con valor a la iglesia y las mayorías católicas.
Las explicaciones de la Corte resultaron tímidas y confusas. Primero se habló de la sala plena como un espacio privado. Algo que resulta increíble teniendo en cuenta que hasta ese despacho pueden llegar todos los ciudadanos con sus acciones de tutela e inconstitucionalidad. Un recinto protegido, más no privado, para las más importantes decisiones públicas. Una cosa es el cristo en una toalla en la oficina de la vice procuradora Martha Isabel Castañeda y otra el crucifijo al que parece encomendarse el alto tribunal durante sus deliberaciones. Si son discutibles las cruces en las aulas de los colegios públicos (en 2009 el tribunal de Estrasburgo prohibió la presencia de cruces en los salones de colegios públicos) es bien difícil justificar su presencia en el espacio más importante del amparo constitucional.
De otro lado la presidenta de la Corte aseguró que el cristo tenía un valor “histórico y cultural” en virtud a los 17 años que lleva colgado de una viga. Parece que los criterios históricos de la Corte son de muy corto plazo y su tradición se divide en antes y después del cristo. De verdad parece más un juicio de decoración –cuando llegamos el cristo estaba ahí y nos parece que se ve bonito– que un criterio constitucional. Aquí el tribunal ha dado la impresión de querer ganar un pulso contra el empleado que radicó el derecho de petición más que resolver una pregunta de importancia para los ciudadanos. Cuando le preguntaron por el derecho a la igualdad, la presidenta respondió que en el futuro cada magistrado puede llevar su imagen venerada. O sea que ese desbalance de igualdad se podrá arreglar con la suma de una imagen de todas las creencias. A ese paso la sala plena se verá muy pronto como un ventorrillo pluriétnico y multicultural.




martes, 17 de mayo de 2016

La mata que aguanta







Dicen los expertos en las cuentas oscuras que el mercado de la cocaína mueve 80 billones de dólares al año. En Colombia se cultivaron 305.000 toneladas de hoja fresca de coca en el 2014, cantidad suficiente para producir cerca del 70% de la demanda de clorhidrato de cocaína en Estados Unidos y un poco más del 30% en el mercado europeo. Sin contar con las cerca de 180 toneladas de cocaína que quedan cada año en manos de la armada, el ejército y la policía. El cultivo anual de hoja de coca en Colombia vale más o menos 250 millones de dólares, una bicoca. La mata, sea Tingo María, Caucana, Pajarito, Pinguana, Chiparra o Guayaba, es dura de matar y agradecida con sus cultivadores. Entrega en promedio 3.8 cosechas cada año y mueve el mundo de las trochas y los ríos en una Colombia que solo conocemos desde los satélites y las avionetas de fumigación.
En los últimos 20 años cerca de 400.000 familias rurales en Colombia han tenido relación directa o indirecta con la economía de la coca: cultivadores, raspachines, cocineros menores, cocineras de finca, acarreadores de insumos y hoja, vigilantes, mayordomos. Los últimos datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito dicen que cerca de 65.000 familias se dedican actualmente al cultivo de coca en Colombia. Son los chichipatos del negocio, quienes se rayan los dedos con el arbusto, se envenenan con los agroquímicos, se someten a la voluntad de los patrones y a las penas del Estado que los presenta como narcos. Ayer no más apareció un titular según el cual Estados Unidos podría pedir en extradición a cultivadores de coca ¿Será que reciben las 65.000 familias que ellos mismos ayudaron a contar?
Cada vez nuestros cocaleros se dedican menos a la cocina. El 68% vende directamente la hoja, sin transformación alguna, a cambio de un poco más de 1 dólar por cada kilo. Hace 10 años el 65% de los cultivadores participaba en algún punto del proceso de transformación. En promedio una hectárea entrega 4.700 kilos de hoja fresca al año y deja ingresos brutos por 5.500 dólares. El promedio de los lotes cocaleros en el país es de 0.66 hectáreas. Lo que demuestra por qué muchos cocaleros mezclan la coca con cultivos legales de subsistencia.
Pero el código penal no se pone con minucias en las cuentas ni se dedica a los detalles. Lo suyo es un rasero burdo y una pena pronta. En Colombia hay cerca de 23.000 presos por delitos relacionados con drogas. Es la principal causa de captura de mujeres y la cuarta para la captura de hombres. Tal vez los más inocentes sean los cultivadores de coca. Siempre capturados en flagrancia, siempre aconsejados por soldados, fiscal, defensor de oficio y hasta jueces a reconocer su culpa bajo amenaza de penas mayores. Seis años es la pena mínima para los cultivadores luego de una reforma realizada con el ceño fruncido del país entero en 2014. En los últimos 5 años se han presentado cerca de 2.500 capturas por cultivo, conservación y financiamiento de plantaciones de coca. Nariño, Antioquia, Caquetá y Meta son los líderes y si pensamos que algo menos del 30% del cultivo está en resguardos y territorios comunitarios afros es fácil deducir quiénes están en las cárceles. En la cárcel de San Isidro, en Popayán, por ejemplo, hay 600 presos por delitos relacionados con drogas de un total de 3000 internos.
Se viene el postconflicto en tierras de la coca. Llegan las buenas intenciones y los mecanismos de siempre. Aparecerá la presión de las Farc jugando a la legalidad contra los nuevos actores de la coca. Esperemos que el Estado deje de creer que dará pelea con un tanque de veneno a la espalda y el código penal en la mano derecha.