martes, 5 de diciembre de 2017

Riesgo fiscal






La Fiscalía ha comenzado a combinar todas las formas de lucha. Las investigaciones criminales, las órdenes de captura, las acusaciones ante los jueces son ahora solo una parte de su tarea. Por otro lado se dedica a las filtraciones selectivas para crear un clima de opinión que empuje sus tesis, al espectáculo de las capturas y los titulares como si fuera una agencia de prensa y a presionar a los jueces más allá de las audiencias públicas. Un populismo temerario impulsa muchas de sus actuaciones frente a funcionarios y exfuncionarios. Con una campaña que más parece el título de una canción mala,” Bolsillos de Cristal”, ha comenzado una cacería que según Néstor Humberto Martínez busca “recuperar el tejido ético de la nación”. El fiscal general dice que pasó el tiempo de las “dubitaciones” y que ante el fracaso de la sociedad civil y la prensa libre contra la corrupción ha llegado “la hora de la justicia”. Nada más peligroso que ese grito en boca de un convencido, de uno que tiene las llaves de la cárcel y no le caben dudas; sobre todo cuando es además relacionista público, consejero de contratistas, político soterrado y abogado panelista.
En los últimos meses la Fiscalía ordenó las capturas de los alcaldes y dos exalcaldes de Montería y Santa Marta, y del exalcalde de Neiva. En todos los casos los jueces de control de garantías han liberado a los acusados.  Luego de la decisión más reciente, referida a Carlos Caicedo y Rafael Martínez, el juez de control de garantías le pidió al fiscal encargado del caso rectificar sus declaraciones tras la audiencia. Ahora los fiscales salen a descalificar en los medios a los jueces que niegan sus peticiones, y que se niegan a sostener reuniones privadas para tratar temas que exigen audiencias públicas, como lo propuso en este caso el director seccional de fiscalía del Magdalena. Alegra que algunos jueces tengan claro que con la libertad de los no vencidos en juicio es mejor andar con pies de plomo que con embelecos de cristal.
Los antecedentes de Carlos Caicedo en la Universidad del Magdalena y en la alcaldía de Santa Marta demuestran que ha hecho mucho más contra la corrupción que los peligrosos alardes de la Fiscalía. Como rector la pelea contra los poderes de Trino Luna, condenado por parapolítica, le valió reconocimientos por parte del ministerio de educación y los estudiantes. Y le valió una condena a ocho años que tumbó el Tribunal Superior de Bogotá. Caicedo sabe de acusaciones falsas y fiscales falaces. Como alcalde e impulsor de acciones populares y tutelas ganó varias peleas contra Metroagua y sus pretensiones de apoderarse de las redes de acueducto de Santa Marta o exigir a cambio 60.000 millones de pesos. La empresa es controlada por la española Inassa que tiene a varios de sus directivos en la cárcel por pago de sobornos y otras aventuras. Las acusaciones actuales contra Caicedo y Martínez tienen que ver con retrasos y sobrecostos en obras contratadas en sus administraciones. La lupa del fiscal quema a quien él decida apuntar. Con ese rasero todos los funcionarios deberían ser esposados y retratados para el show de la Fiscalía. Hasta Luis Miguel ‘El Mello’ Cotes, exgobernador del Magdalena, ficha de Cambio Radical, y responsable del contrato de la vía de La Prosperidad que luego de cinco años de “trabajos” está en la inopia.
Con Marcos Daniel Pineda y Carlos Correa en Montería las cosas han sido parecidas. Retrasos y sobrecostos en la construcción del coliseo Miguel ‘Happy’ Lora. En este caso la detención preventiva se desestimó en dos instancias mientras la fiscalía sigue presumiendo de su firmeza. En Neiva el exalcalde Pedro Suárez fue liberado luego de tres meses. Los encargados de vigilar y ejecutar los contratos seguían libres y batallando por nuevos negocios mientras los funcionarios estaban cárcel. El tribunal Superior del Huila tumbó la detención pero la fiscalía se contenta con la foto de la captura, esa es su primera instancia.
Peligros de la “hora de la Justicia”. Pasa en Colombia, pasa en las capitales, pasa en la vida real.








miércoles, 29 de noviembre de 2017

Manchas fúnebres







El entierro de Inglaterra fue un evento sencillo. A ojo de buen cubero se puede decir que el 2% de la población de Carepa salió a despedir a Luis Orlando Padierna. Y eso que según dijo el alcalde muchos de quienes encabezaban el cortejo eran “foráneos”. Con un solo familiar convocado por cada uno de los 500 hombres que se dice tienen los Gaitanistas en Urabá era suficiente para hacer esa ruidosa y dolida marcha fúnebre. Además de los colados para que los duros los “tengan en la buena” y les den media de guaro.
La policía se mostró indignada por la manifestación el mismo día de la captura del mayor Héctor Fabio Murillo por sus tratos con el capo recién muerto. La nómina tiene nombres en cuarteles, parqueaderos, fincas, restaurantes y parques. El Clan del Golfo maneja su propio Sisbén en la zona. Un pequeño subsidio mensual a quienes llaman “puntos” y tienen la misión de ser incondicionales, tener muy buen oído y ser mudos. Una especie de milicia de desarrapados. Pero también tienen su modesto departamento de infraestructura y riegan sus obritas por barrios y trochas.
En un año pueden caer cerca de 40 toneladas de coca en Urabá y sus aguas cercanas. Una cifra similar logra hacer tránsito hacia el norte desde la región. Un kilo de coca que en Urabá puede valer tres millones de pesos, puesto en Panamá ya suma unos cincuenta millones. Esos son solo los ceros del primer trayecto, de ahí para arriba la tarifa sigue creciendo de manera exponencial. Ahí está una buena parte de la economía de la región. Los talleres de motos, los puestos de chance, la construcción de vivienda, las pequeñas discotecas, los prestamos gota a gota crecen según las bonanzas y las caídas de los viajes. Tanto Inglaterra como los hermanos del clan Úsuga David llevan más treinta años enfierrados en la zona. Han sumado dos y tres desmovilizaciones con diversos brazaletes. Han ejercido “justicia” y terror, han montado negocios, han jugado a ser benefactores y verdugos en una zona de múltiples colonizaciones, donde la justicia y el Estado siempre han sido la excepción, donde ha primado un orden oscuro que se transforma según el gusto de los señores de la guerra. No en vano Urabá ha sido siempre tierra de aventureros y desplazados, de familias en busca de segundas oportunidades, de comerciantes con bolsillo de doble fondo y excluidos sociales.
Hace un poco más de cinco años la muerte de Juan de Dios Úsuga paralizó a todo Urabá y a más de cien municipios en el país. Fue una resaca de comienzo de año que demostró el poder de lo que se creía era una simple banda. Hace unos meses el entierro de alias Gavilán fue acompañado por una banda de tres músicos y unas seiscientas personas en el corregimiento de San José de Mulatos en Turbo. Algo ha cambiado desde la muerte de alias Giovanni a comienzos de 2012. Pero hablar de patologías sociales en regiones donde la lealtad no es un asunto moral sino una cuestión de vida o muerte, de simple supervivencia, es mirar hasta Urabá por medio de un lente muy opaco. Planeta Turbo llamaba la comitiva de un reconocido político antioqueño a ese municipio luego de cada correría. Allá rigen otras reglas y mandan otras insignias. Desde las ciudades se suele ejercer un maniqueísmo muy simple, un moralismo muy barato del cual el mejor ejemplo es ese triste letrero: “los buenos somos más”.



martes, 21 de noviembre de 2017

Consulta impopular





Hace un poco menos de treinta años Luis Carlos Galán obtenía uno de sus más importantes triunfos políticos. No fue solo una victoria personal, no se trató de una mayoría en las urnas sino del logro de una transformación democrática al interior del partido mayoritario en Colombia. La lucha le tomó cerca de cinco años y concluyó con el acuerdo unánime, durante la convención liberal del 23 de julio de 1989 en Bogotá, para elegir candidato del partido por medio de una consulta popular abierta. En el camino había renunciado al Partido Liberal y creado el Nuevo Liberalismo como una necesidad ante los mecanismos arcaicos y clientelistas de elección que impedían la renovación y el protagonismo sin la venia de los “caciques”. Menos de un mes después de esa victoria fue asesinado en Soacha en medio de la competencia por la candidatura oficial del partido, que virtualmente elegía al presidente de la república.
Durante un año y medio el expresidente Turbay dirigió la puja entre los seis precandidatos y los congresistas por concretar y afinar el mecanismo. Se criticaban los costos de campaña y la división del partido, se anunciaban rebeliones de los caciques liberales y al mismo tiempo se desestimaba el carácter democrático de la consulta subrayando el clientelismo por venir, se señalaban los riesgos de la participación de votantes ajenos al liberalismo. Al final Turbay zanjó la discusión con una frase sencilla: “Quizá la consulta sea insoportable, pero su ausencia sería aún peor”. Con la campaña empezando, de nuevo en el “viejo liberalismo” pero con nuevas reglas, Galán celebraba su triunfo: “Nos reintegramos al partido liberal en virtud de un acuerdo de igual a igual, un acuerdo en torno de compromisos y criterios a través de los cuales, con los demás liberales de Colombia, le vamos a dar una salida feliz a nuestra patria después de estos años de crisis y tragedia. Compañeros: el viaje continúa, con la misma brújula, el mismo destino y en una nave más grande”. Se confirmaba el debilitamiento o al menos la posibilidad de vencer a los barones electorales, intermediarios obligados frente a los votantes. Ahora Bernardo Guerra Serna, José Name Terán, Víctor Renán Barco, Julio Cesar Guerra, César Pérez García no podrían imponer su candidato por “aclamación” y Hernando Durán Dussán no sería presidente por el simple dedazo.

El fin de semana pasado se celebró el repudio a la consulta liberal por parte de los partidos, los medios y los ciudadanos en general. Fue imposible hablar de democracia, de participación, mencionar una o dos ideas, recordar a Galán, repudiar los acuerdos a oscuras por parte de los políticos. Se habló de política con el burdo cuaderno del contador en la mano. La gran inteligencia consistió en dividir el costo de la consulta entre el número de votantes para señalar el precio exorbitante. Lo hicieron desde herederos de Galán como Juan Lozano hasta presentadores de variedades como Jota Mario Valencia. La consigna, casi unánime, reunió una mezcla de apatía y prejuicios: decidan ustedes los políticos que nosotros ya tendremos ocasión de quejarnos. Tal vez una más optimista: escojan ustedes, pero escojan bien. La descalificación automática del mecanismo tendrá consecuencias sobre las designaciones en el futuro. Cada vez queremos menos influencia de los políticos y al mismo tiempo buscamos delegar las decisiones importantes a sus pulsos y rencillas. Los partidos dignos de elogio, que se inscribieron para hacer consulta y al final no concurrieron, resultaron ser el Centro Democrático que elige siguiendo la lógica de un capo y unos temerosos precandidatos, lógica ya fallida una vez; y el Partido Conservador que está a la espera de ofrecimientos por su bandera y definirá con el carisellazo de sus congresistas. No queremos ni partidos ni consultas. Solo patrones. 

martes, 14 de noviembre de 2017

Peligros de la disciplina





Las recientes recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) son una alerta razonable más allá de los efectos particulares respecto a Gustavo Petro. La Procuraduría colombiana, con la oruga de hierro en su plazoleta, se ha ido convirtiendo en una pulcra amenaza, un peligroso órgano de descontrol. La CIDH pide con razón que funcionarios elegidos popularmente no puedan ser destituidos e inhabilitados por instancias administrativas. Instancias que además tienen un alto grado de contaminación política y electoral. Hace unos años, el exalcalde de Bogotá Paul Blomberg dejaba claros los riesgos institucionales de esa extraña figura colombiana, a medias entre directiva de ONG, fiscal, juez y advertidor general de la nación: “Un alto funcionario como el procurador, cuyo nombramiento resulta de pactos oscuros en cuerpos colegiados de elección popular poco aprestigiados, tiene las facultades de instruir y la de sancionar al mismo tiempo.” Además de ese doble papel, para muchos casos no existe una segunda instancia luego de la sanción disciplinaria, y a los ejecutados no les queda más que recorrer un largo camino ante el Consejo de Estado.
El caso del exalcalde Petro deja muy claro la perversidad que pueden entrañar los poderes desmesurados y carentes de una mínima responsabilidad que ejerce el procurador en Colombia. Alejandro Ordóñez, actual candidato presidencial, pudo sacar de carrera a uno de sus competidores para las elecciones de 2018. Hoy su fallo puede verse como una simple zancadilla de un candidato a un rival indeseado. Es muy posible que la sanción impuesta hace casi cuatro años se caiga en el Consejo de Estado, pero eso no dejará ninguna consecuencia para el exprocurador: “Al menos lo intenté”, pensará con algo de desvergüenza. Los errores, las omisiones, las audacias administrativas de alcaldes y gobernadores pueden pagarse caro ante la Procuraduría, pero los abusos probados del órgano de descontrol nunca tendrán consecuencias.
La Procuraduría es cada vez más –no solo en manos de Ordóñez, el actual procurador Carrillo ha demostrado ser un actor del espectáculo anticorrupción– una especie de administración a posteriori, inteligentísima una vez se presentan los hechos, con la potestad no solo de señalar y castigar errores sino de imponer políticas públicas. Hace seis años la Procuraduría de Ordóñez suspendió al alcalde Samuel Moreno por una “presunta y posible omisión en el deber de asegurar las obras en debida forma”. Se refería a tres obras de infraestructura en particular y a los incumplimientos de los contratistas. A esas alturas Samuel Moreno no tenía quién lo defendiera y terminó por fuera del Palacio Liévano por temas muy distintos a la corrupción probada años después. Si los problemas con contratistas justifican destituciones, los alcaldes y gobernadores quedarían en las manos de empresarios privados y sería imposible que acabaran su periodo. Bastaría un contratista ineficiente y vengativo y un Procurador acucioso por protagonismo o animadversión política.
El Consejo de Estado ha tumbado en los últimos años sanciones contra Alonso Salazar, Piedad Córdoba, dos a falta de una, Sabas Pretelt y muy seguramente viene un fallo en ese mismo sentido en el caso Petro. En todos ha resaltado falta de pruebas y violación de derechos políticos. Sin  eso pasa con alcaldes en las principales ciudades, ministros y congresistas qué podrán esperar los alcaldes de pequeños municipios ante ese monstruo político con pelaje de moralidad. Es hora de pensar en una fórmula para llevar a la Procuraduría y a la corrupción a sus justas proporciones.



martes, 7 de noviembre de 2017

Retratos hablados







No existe lo que se llama la versión definitiva, decía Octavio Paz hablando de los poemas que se escriben, los que se piensan y los que se atoran. Algo parecido podría decirse de la historia en mayúscula, de la pequeña historia a borbotones que sueltan los periódicos, de las biografías de los hombres y mujeres reseñados bien sea por sus virtudes o sus horrores. Esa sencilla línea de la historia que muestran las cronologías en realidad da rodeos, retrocede, da saltos de olvido o se atranca con un martilleo sobre un mismo escollo de humanos e ideas. Y así cambian las perspectivas, los juicios y las certezas. La política es una gran herramienta en eso de reteñir, borrar o corregir hechos y personajes importantes. Marca los énfasis según conveniencias, mayorías, discursos y temores futuros. Trabaja todo el día en lo que podría llamarse estrategias de verdad.
Hace unos días la polémica semanal giró alrededor de la figura de alias Alfonso Cano, y de la ofensa que suponía para muchos que algunas personas decidieran hacer un homenaje a un hombre que dirigió a las Farc y, por tanto, debe cargar sobre su historia un buen número de páginas de sangre. La pregunta es si el fin de las Farc como grupo armado hará posible tener una visión distinta sobre Cano. No una que disculpe sus crímenes, no una que busque enaltecerlo por su “lucha” como hacen sus camaradas, pero sí una que permita verlo como un hombre más complejo que el condenado por los jueces penales y muerto por las balas militares. Una en la que el odio ceda espacio a la curiosidad frente a los contradictores, a las preguntas frente a los radicales.
La muerte reciente de Martin McGuinness, miembro del IRA, segundo del Sinn Féin, su brazo político, artífice del acuerdo del Viernes Santo en 1998 y vice primer ministro de Irlanda durante casi una década, deja algunas lecciones sobre la versión siempre imperfecta y cambiante de personajes que estuvieron en la guerra. McGuinness terminó siendo compañero de pesca y amigo de Ian Paisley, su principal contradictor político y quien debía encargarse del contrapeso Unionista en el gobierno compartido con los republicanos: “Jamás habíamos hablado de nada y ahora trabajamos juntos, sin palabras de reproches entre nosotros. Eso demuestra que estamos preparados para un nuevo rumbo”, dijo McGuinness recién posesionado como vice primer ministro. Tony Blair, quien firmó los acuerdos que había comenzado su antecesor, dijo en su momento que luego de considerarlo un terrorista había terminado viendo en McGuinness una “inspiración” al momento de buscar la paz: “Muestra que la política funciona”, remató con algo de alegría y resignación. Blair fue más allá y habló de las distintas visiones posibles y comprensibles: “Habrá algunos que no puedan olvidar el amargo legado de la guerra. Y en el caso de aquellos que perdieron a sus seres queridos en ella, es completamente comprensible. Pero aquellos que fuimos capaces de traer finalmente el acuerdo de paz a Irlanda del Norte, sabemos que no podríamos haberlo hecho sin su coraje y su silenciosa insistencia en que el pasado no debe definir el futuro.” También la reina Isabel, quien perdió a su primo Lord Mountbatten en un atentado, terminó apretando la mano de McGuinness y enviando una carta personal a su esposa para darle las condolencias luego de su muerte. Y se oyeron voces que condenaron su memoria. Norman Tebbit, ex ministro conservador que vio gravemente herida a su esposa luego de un atentado del IRA, lo despidió con un suspiro de alivio: “Simplemente me complace que el mundo sea un lugar más dulce y limpio ahora. Él no era solo un múltiple asesino; él era un cobarde”.
Abrir la posibilidad a nuevas versiones, ser capaces de examinar conductas con menos odio, de construir personajes y causas menos simples será un buen indicador de qué tan posible es la reconciliación. Siempre habrá espacio para rencores y retrocesos, Irlanda lo sabe, pero el grito de la política tiene que dejar oír lenguajes más serenos.








martes, 31 de octubre de 2017

Perder el juicio








Nuestra justicia más que ordinaria solo logra identificar un presunto culpable y comenzar un juicio en el 24% de los homicidios registrados por Medicina Legal. Hace unos días el “aterrado” Fiscal general soltaba la cifra con orgullo inquisidor. El porcentaje de condenas es aún menor y el de injusticias es imposible de rastrear. Nuestra extraña fisonomía moral nos ha llevado a ser un país acostumbrado a la impunidad y a los repentinos arrebatos justicieros. Esa paradoja, acompañada del populismo feroz, sirve para explicar las declaraciones absurdas del fiscal general en un mismo día. Por un lado se mostró satisfecho con que uno de cada cuatro asesinatos no tuvieran siquiera un señalado a quien perseguir, y por el otro, se declaró indignado frente a una ley que impedirá llevar a la cárcel a los integrantes de 110.000 familias cocaleras que viven en las orillas del mapa y el punto ciego del Estado.
En las capitales la Fiscalía no logra construir un caso con elementos suficientes para condenar a los delincuentes que medran y mandan sobre grandes sectores. Las capturas de jíbaros y consumidores de coca y marihuana se cuentan por millones mientras los duros se aburren en los avisos de los más buscados. En Medellín, por ejemplo, es corriente que quienes dominan las comunas sean “capturados”, sería mejor decir recibidos, por la Fiscalía luego de la certeza de una justa condena por concierto para delinquir. Hace unos días Carlos Pesebre, un hombre con más de 20 años de vida criminal y una desmovilización a cuestas, fue absuelto en segunda instancia de una condena impuesta por homicidio. De nuevo todo quedó en manos del concierto para delinquir. La Fiscalía salió a pegar con babas una acusación de supuestos delitos cometidos por Pesebre desde la cárcel.
 Los casos de corrupción pasan por cedazos muy parecidos. Sin el oído de la DEA seguirían pasando Bustos por inocentes. Y si no fuera por la bulla de Otto muy poco se sabría sobre los maletines de Odebrecht. La fiscalía parece en realidad una oficina dedicada a transcribir testimonios. Ese es su gran, casi su único, medio de prueba. Y para recibirlos ofrece lo que podríamos llamar una “justicia especial por incapaz”. Dado que no logra condenas por cuenta propia se dedica a los principios de oportunidad, a negociar, a ofrecer años a cambio de plata y pistas. Y a buscar titulares de prensa, afán en el que solo se ve superada por la procuraduría. Lo más grave de todo es que también se ha acostumbrado a usar la ganzúa de un proceso injusto para buscar confesiones y delaciones imposibles. Las detenciones preventivas han demostrado que entre nosotros la pena puede ser el proceso.

En medio de ese panorama estamos dedicados a las minucias de la Justicia Especial para la Paz (JEP). La justicia transicional que sin un solo expediente ya ha armado un alboroto político que al parecer durará más que los 10 años del propio tribunal. El mejor retrato que he leído sobre esa justicia lo publicó hace poco Jorge Giraldo, el decano de la escuela de humanidad de la Universidad Eafit. Son 80 páginas de historia, pragmatismo y pesimismo llamadas Responsabilidad y reconciliación ante la justicia transicional colombiana. Se señalan los riesgos de los jueces impulsados por un ánimo de heroicidad, de las sentencias y absoluciones como armas en la política por venir, de las presiones punitivas desde los organismos internacionales, de la mentira que supone la verdad recitada bajo recompensas judiciales. Todo eso acompañado del escepticismo frente a un tribunal encargado de penetrar y despejar “la niebla de la guerra”. Al final queda una pregunta de George Steiner: “Cuáles son las raíces profundas de ese rechazo de toda reconciliación, de ese rechazo de todo olvido?”. 

martes, 24 de octubre de 2017

Vicios extremos




Tal vez todo tenga que ver con la herencia furiosa del bipartidismo. Con la política que se hacía en Colombia hace años con dos sencillos ingredientes: el color inspirador del partido propio y el color hiriente de la divisa del adversario. Tiempos de la política más vibrante, donde no era necesario pensar sino inscribirse en una lista, elegir un bando para adquirir temores y defensas suficientes. Fernando González lo retrataba muy bien hace ochenta años en uno de los números de la Revista Antioquia: “…Nuestros becerros son familias liberal y conservadora; no el nacionalismo; no el odio al país vecino sino el odio a los hermanos; nuestro fin es destruirnos mutuamente, dentro de las fronteras. A esas dos monstruosidades sin ideal, sin programas, nombres vanos, jóvenes, ancianos y mujeres sacrifican su honor, sus hogares y sus conciencias”. Y hablaba de los “oficios de insultar y sembrar odios” desde la prensa. Oficio que ahora se ejerce más directamente desde las redes sociales.
Van cambiando los nombres de los antagonismos. Se han desteñido los colores de los partidos históricos pero se encuentran nuevos enconos para hacer una política más primaria, lograr unos electores más obedientes y señalar unos políticos más imprescindibles. Las Farc se han convertido en el mejor argumento para llevar la política hacia los extremos. Las guerrillas en armas lograron ser el principal ingrediente de al menos seis elecciones presidenciales en los últimos cuarenta años. Bien fuera por las promesas de aniquilación o negociación. Un grupo insignificante políticamente logró ser protagonista por medio de la amenaza armada. Ahora, luego de su desmovilización, han encontrado un nuevo protagonismo como centro de discordias irremediables. Las Farc han terminado por contagiar de extremismo el ánimo de la opinión pública. Para algunos, son un ingrediente indispensable del debate, un punto de referencia que los hace visibles y diferentes, al tiempo que les ayuda a situar a sus rivales en los territorios del peligro. La desmovilización de las Farc ha demostrado que la guerra política puede ser más larga que la lucha armada.
Un texto reciente del salvadoreño Joaquín Villalobos deja claros los riesgos de esa política que alienta el desprecio por el adversario. El Salvador vivió un momento parecido al que vive Colombia y solo encontró lecciones dolorosas. Un acuerdo de paz logró que la guerrilla dejara las armas, que cesara la violencia política y los fraudes electorales, y que presidentes y parlamentarios fueran electos sin el sobresalto de los golpes militares. Villalobos define lo que siguió: “La polarización no solo impidió plantearse una política de Estado, sino que también evitó un encadenamiento positivo de las políticas de seguridad de seis gobiernos. Estos aplicaron la lógica de deshacer lo que el otro hacía o de actuar en sentido opuesto, de esa forma la seguridad ha ido de mal a peor y de peor a desastre. Al final, un problema social terminó convertido en una nueva guerra.”
El resultado. Las Maras, que bien podrían ser un equivalente de nuestras bandas criminales, llámense Bacrim o Farcrim, tomaron buena parte del control en las ciudades y el campo. La convulsión electoral fue un ingrediente pasivo, ensimismado de la violencia por venir. El Salvador tuvo más homicidios en sus 25 años de paz que durante los largos años del conflicto. En medio de la crispación los extremos adquieren una relevancia que no merecen mientras los criminales juegan al pragmatismo. La política logrará el control de los electores y el crimen el control de los territorios.