martes, 18 de julio de 2017

Erradicación sin manual






Han pasado las avionetas con glifosato, los planes de sustitución, las cuadrillas de erradicadores, los capos de ocasión, las Farc, las AUC, las AGC, los cantos de victoria contra la mata que mata, la guerra, la paz… y Colombia tiene de nuevo las 146.000 hectáreas de coca que tenía hace 15 años. Y la gran mayoría sembradas en los mismos territorios que ya habían sido escrutados por los satélites, fumigados y erradicados previamente. El recién publicado Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), estudio que realiza desde el año 2000 la oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, deja claro que el 80% de los lotes identificados con coca ya habían tenido tratamiento estatal. El trabajo del Estado sirve sobre todo como abono para el terreno de siempre.
El estudio muestra que los núcleos fuertes de coca sirven como imán para nuevos cultivos en sus cercanías. La coca está cada vez más concentrada en las mismas regiones donde ha reinado en los últimos 10 años. Solo dos municipios, Tumaco y Tibú, presentes durante más de una década en el top 10 de los cocaleros, concentran el 25% de toda la coca sembrada en el país. Entre 2015 y 2016 la lista de los 10 municipios con más coca se mantuvo casi intacta, solo salió Olaya Herrera (Nariño) y entró Sardinata (Norte de Santander). Esos 10 municipios concentran el 48% de la coca sembrada en Colombia, hace un año marcaban apenas el 37% del total nacional. Ya no se trata de abrir trocha para sembrar sino de utilizar el conocimiento y la hospitalidad de los viejos cultivadores y compradores. Solo el 5% de los sembrados está en territorios que nunca habían tenido coca.
Nariño, Norte de Santander y Putumayo tienen cerca de dos terceras partes de las hectáreas sembradas, y la mitad del crecimiento de cultivos en 2016 se dio en esos dos primeros departamentos. El negocio se concentra para facilidad de compradores de hoja, cocineros, exportadores. Integración vertical, dirían los empresarios. Y las zonas de frontera se han convertido en las preferidas para la siembra, un 30% del total de cultivos está a menos de 20 kilómetros de líneas fronteriza. Ventajas logísticas, dirían los exportadores.
Mientras tanto, las casi 110.000 familias que siembran coca siguen teniendo en promedio un poco menos de una hectárea y solo el 40% hace alguna transformación a la hoja fresca. Una familia de 5 miembros gana en promedio 15 millones de pesos al año por el cultivo de una hectárea de coca. Por fuera del SIMCI algunos investigadores hablan del inicio de fincas coqueras de hasta 50 hectáreas y la conversión de las familias cocaleras en simples jornaleros para “gamonales” que siembran, cocinan y exportan.
El estudio muestra además que en las zonas de dominio histórico de las Farc (Putumayo, Caquetá, Meta, Guaviare) el crecimiento fue mucho menor que en territorios donde la presencia de actores armados es diversa o el dominio es claramente ejercido por el Clan del Golfo (Nariño, Catatumbo, Bajo Cauca). Hay una alerta clave para lo que viene. Cerca de la Zona Veredal de Caño Indio, en Tibú, la coca pasó de 2000 a 5000 hectáreas. En todo el Catatumbo las negociaciones con los campesinos, llamadas Mesas de Interlocución y Acuerdos (MIA), llevaron a que las hectáreas se cuadruplicaran en los últimos tres años. Los acuerdos pueden ser garantía de más coca, más presión ilegal y paros cocaleros. Y una tranquilidad, en las cercanías de más de la mitad de las zonas veredales no hay coca y en otras tantas el área se mantuvo estable.
El acuerdo con las Farc  entregará nuevas perspectivas, nuevas estrategias y nuevos recursos, pero la pelea seguirá siendo muy difícil con un mercado gringo creciente y un gran conocimiento acumulado.




martes, 11 de julio de 2017

Cuento Viejo




El 25 de noviembre de 2003 se desmovilizó en el Palacio de Exposiciones de Medellín el Bloque Cacique Nutibara, fue el primer desarme de las estructuras de las Autodefensas Unidas de Colombia. Entre los cerca de 800 hombres y mujeres estaba Julio Cesar Perdomo González, alias ‘El Viejo’, hombre de confianza de Don Berna. Perdomo asumió muy pronto un papel protagónico como líder y gestor de los proyectos para la reintegración. En el 2004 ya tenía su oficina, la palabra es ya una acusación, en el barrio Sol de Oriente en la Comuna 8. Su sede, mirador, fuerte y casa de castigo se conocía como La Cabaña. Desde ahí comenzó a ejercer por partida doble. Formó la Cooperativa de Trabajo Asociado Omega que pretendía montar proyectos para beneficio de desmovilizados y comunidad. La Cabaña tenía marranera, galpones, huertas y campo de Paintball para no olvidar del todo los vicios del gatillo.
Pero Perdomo y Edwin Tapias, un antiguo compañero del Cacique Nutibara, decidieron diversificar. Cobraban 250.000 semanales a las tiendas, vacunaban a los buses que llegaban hasta el parqueadero que acondicionaron, distribuían la marihuana en seis barrios y tenían un modesto deshuesadero de carros robados. Igual, Perdomo seguía posando de líder comunitario e influyendo en procesos de Presupuesto Participativo, además de mediar en disputas entre los combos de la zona. También hacía de “inspector de policía”, dando escarmiento a ladrones, y de urbanizador pirata entregando lotes a desplazados. La verdad era que trabajo sí tenía. Los testimonios de habitantes del sector en la época hablan de La Cabaña como centro de torturas y ajusticiamiento.
Luego de dos años como patrón del barrio, las denuncias sobre Perdomo y sus excesos de líder comunitario y duro comenzaron a crecer. En octubre de 2006, la Unidad Permanente para los Derechos Humanos de la Personería advirtió de las extorsiones, el desplazamiento y las presiones sobre líderes antiguos de la zona. El secretario de gobierno del momento, Gustavo Villegas, negó la existencia de denuncias concretas contra los desmovilizados del sector. Tal vez ahí comenzó el cuento con ‘El Viejo’. Pero era imposible sostener esa mentira de liderazgo, resocialización y violencia. El 5 de febrero de 2010 Perdomo fue capturado junto con 20 personas de su estructura en Caicedo. Una semana después aceptó cargos por Concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado, homicidio, constreñimiento y extorsión. Pasó algo más de 4 años en la cárcel y volvió a las andadas. En 2014 estaba trabajando en recuperar su poder en las comunas 8, 9 y 10. Y desde hace año y medio era el hombre de confianza de Gustavo Villegas, secretario de seguridad, para impulsar el sometimiento del flanco mayoritario de La Oficina. Además de ser su hombre para corregir algunos torcidos: robos de carros, crecimiento de extorsión y fleteros virales en redes sociales. Perdomo era un jefe de policía del lado oscuro. Y según parece más eficiente que el del lado claro.
Hasta que vino la segunda captura el pasado 15 de marzo en Medellín. Ahora la acusación era por concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes y desplazamiento forzado. Caía el hombre que traía las razones de Pichi, Barnie, Douglas y Pesebre desde las cárceles. La policía habló de 250 hombres a su mando en el centro oriente de la ciudad. Al momento de su captura Federico Gutiérrez trinó pidiendo denuncias: “Autoridades hacen su parte. Luego de captura de Julio Perdomo es importante que ciudadanía denuncia hechos delictivos que lo relacionen”. Mientras tanto su secretario de seguridad le avisaba a Perdomo, según dice la Fiscalía, sobre operativos contra sus hombres y omitía denuncias para crear confianza. Parece que el hombre encargado del sometimiento terminó sometido. Poco a poco la familiaridad y la temeridad lo llevaron a cruzar líneas no permitidas para un funcionario. Por menos fueron condenados varios en la trama parapolítica. Hasta ahora, todo indica que el secretario prometía más de lo que podía cumplir en materia judicial, y entregaba más de lo recomendable en materia administrativa. 

miércoles, 5 de julio de 2017

Tierra resguardada





Cajibío y Tumaco se han convertido en laboratorios de los problemas de tierras que plantean las nuevas realidades del acuerdo con las Farc. En esos dos municipios se han presentado en los últimos días enfrentamientos entre indígenas y comunidades afro con propietarios de tierras que reclaman seguridad y respeto a sus títulos legítimos. En Cajibío las historias de invasiones y crecimiento de cabildos tiene algunos años y ahora el ingrediente de unas Farc desarmadas y de algunos milicianos que persisten dejan inquietudes renovadas.
Hace unos días indígenas destruyeron cosechas de café y quemaron construcciones menores de una finca a unos 12 kilómetros de Popayán. Se habla de cerca de 800 hectáreas y 75 fincas invadidas en los últimos años. Luego de que el gobierno comprara 125 hectáreas para la creación del cabildo Cofradía en el municipio de Sotará, vinieron los intentos para ampliar ese cabildo con invasiones y reclamos sobre nuevos predios. Habitantes de la zona hablan de invasores profesionales venidos desde el norte del Cauca donde enfrentamientos por asedios a fincas han dejado policías e indígenas muertos. El papel de las Farc como partido político, como organización desarmada y respetuosa de las reglas democráticas, se medirá en su actuación frente a esta realidad en el Cauca. Es cierto que los indígenas han luchado durante años por desligarse de los métodos y el control armado de la guerrilla. Pero también es innegable que en algunos casos compartieron intereses y luchas. Los riesgos de convertir los bastones de mando y las pañoletas al cuello en herramientas para la invasión y las vías de hecho son enormes.
En Tumaco el conflicto se da con el propietario que alquiló su predio al gobierno para la zona veredal Ariel Aldana. Comunidades afro cercanas han llegado a invadir predios colindantes con la zona veredal y a impedir el ingreso del propietario. Aquí no se usan bastones de mando sino machetes y motos para defender lo invadido. Un video de La W sobre el conflicto en Tumaco entrega las impresiones de Henry Castellanos, alias Romaña, desde la zona veredal. Castellanos habla de los derechos de las comunidades campesinas y afro frente a los despojos de paramilitares y propone la construcción de proyectos de vivienda concertados con el municipio en los terrenos invadidos. Su tono es conciliador y parece indicar vías institucionales para resolver el conflicto. Pero el gobierno ha repetido desde hace años, luego de los problemas en el Cauca, que las fincas invadidas no se compran. Si las Farc tienen intenciones de ser gobierno en los municipios deberían comenzar por censurar las vías de hecho y los conflictos que tarde o temprano terminan con un “juez y parte” armado imponiendo una decisión. No puede ser que se pida la titulación como protección a los campesinos y al mismo tiempo se aliente a comunidades a desconocer las escrituras legales.

Las grandes pruebas del proceso estarán más en la voluntad y las acciones sobre el terreno que en las páginas del acuerdo. Para exigir a las Farc es necesario reconocer su papel como organización social y política en los territorios. Santrich, Alape, Márquez y Timochenko tienen que pasar pronto de los reclamos al gobierno a una actitud que busque desestimular las condiciones de violencia en los lugares donde tuvieron presencia armada. Es hora de mostrar que tienen algo que ofrecer más allá de discursos y palomas.