El muerto al horno…

Los duelos, al menos los duelos públicos frente a la caja del muerto, se están haciendo cada vez más cortos y más indeseables. Hace unos años hacían falta galones de café para soportar, con los ojos abiertos, las horas lentas de la vigilia frente al cadáver y las pesadas visitas del pésame. Había tiempo para serenatas y un borracho soltaba siempre una frase que hacía olvidar el epitafio. Ahora los familiares del difunto prefieren llevar el cuerpo todavía tibio al horno definitivo. Y quienes aún deciden organizar una romería arreglan un pequeño circuito contrareloj sobre el cajón, amenizado por dos termos rasos de café para esa hora amarga.
Mucho menos se consiente el regreso a la tierra. Los sepultureros están dedicados a la jardinería. Deben cambiar su ceño abatido y su pala definitiva por un tanque de pesticida a la espalda. Alguno de ellos me dijo hace poco que el nuevo trabajo era menos tétrico pero más triste. Antes eran mirados con un respeto parecido al temor, y sin importar que vistieran en mismo uniforme pardo de los barrenderos la gente les prodigaba venias y pagos extras. Los sepultureros podían poner cara de sabios, al fin y al cabo ellos se codean todos los días con la muerte, y sus frases más gastadas eran oídas como sentencias.
Thomas Lynch, escritor y funerario en sus ratos libres, también se queja de la llegada de los sepelios express: “La presencia y participación del cuerpo humano muerto en su funeral es, como decía mi padre, tan importante como la de la novia en el matrimonio y la del bebé en su bautizo…Y si la muerte es considerada una vergüenza y un inconveniente, si los muertos son considerados un fastidio del que hay que deshacerse lo más pronto posible, entonces la vida y los vivos van a recibir el mismo tratamiento”.
Tanto Lynch como el enterrador que conocí en Campos de Paz lloran una vieja forma de despedida, imaginan una ceremonia más grave, más exigente: un vistazo de la primera palada de tierra sobre el cajón y no solo de la única cucharada de azúcar sobre el café; un cuerpo cruzado de brazos, indefenso al susurro de compasión y las memorias amables. Pero parece que ya no hay nada que hacer. Quienes quedan vivos eligen cada vez más dos horas de fuego para el cadáver que los desvela. Y ojala pronto. Colombia, un país experto en dañarlo todo mediante leyes, firmó una hace dos años según la cual los cuerpos debían esperar 24 horas antes del infierno real que entregan los hornos y necesitaban un ataúd para mejorar la cocción. Las cenizas se entregaban acompañadas de una muela de oro y cuatro tornillos de bronce del cofre. Y las familias comenzaban a enloquecer con un día completo de silencio de una tía que prodigaba cantaletas de semanas cuando estaba viva. Tuvieron que abolir la ley y dejar que la gente hiciera con sus muertos según su gusto.
Entre las ciudades del país, Medellín tiene el más alto porcentaje de cremaciones y el tiempo más corto de vigilias frente al cuerpo recién afeitado del recién caído. Cerca del 70% de los difuntos de este valle de lágrimas -el de Aburrá- terminan en cenizas. En Bogotá los cremados apenas llegan al 50% y en Cali no alcanzan el 40%. Se pueden intentar teorías sociológicas para explicar el reciente apego a ese rito hasta hace poco pagano. Pero parece que todo se debe a razones prácticas: escasez de tierra en los cementerios, alquiler de tumbas por una eternidad de apenas 4 años y el velorio como escenario para un nuevo ajuste de cuentas. Las vueltas que da la muerte: Medellín ha terminado quemando sus cadáveres según el mismo porcentaje de los países nórdicos.

La ley y el desorden

Nadie podrá decir que Colombia no ha buscado instrumentos jurídicos para intentar sacar del monte, o de los huecos blindados en fincas y ciudades, a guerrilleros, paracos y mafiosos a secas. Desde los decretos de sometimiento a la justicia que se dictaron en el gobierno Gaviria para la entrega de Pablo Escobar y su gente, en una negociación de tu a tu con el Estado, las reglas para acomodar el derecho penal a las expectativas de paz y las realidades de guerra se han repetido sin descanso.
Para no aburrir demasiado mencionaré las de la última década. La ley 782 de 2002 se encargaba de prorrogar un intento firmado en una ley de 1997 al que era necesario darle tiempo. Vale la pena señalar su objeto que se repetirá como un salmo de esperanza en todas las leyes de su estilo: “facilitar el diálogo y la suscripción de acuerdos con grupos armados organizados al margen de la ley para su desmovilización, reconciliación entre los colombianos y la convivencia pacífica.” Algún ocioso debería recuperar las sesiones en el congreso para ver repetidas las discusiones cada cinco años: renovada la vehemencia y las corbatas.
Luego, ya con los paramilitares conversados, vendría la Ley de Justicia y Paz en el año 2005. Se discutió largo y tendido para lograr un mecanismo más presentable que el machetero -perdón la expresión- proyecto de Alternatividad Penal que había propuesto el gobierno Uribe. Se trajeron expertos internacionales, habló la ONU, la OEA y con seguridad algo dijo Baltazar Garzón. Se logró acuerdo político en Colombia y se pasaron raspando los listones internacionales. La Corte Suprema y la Corte Constitucional terminaron de hacer los ajustes y la Ley recibió una bendición condicionada. Una bonita expresión adornaba los manuales de aplicación y los discursos: “justicia restaurativa”.
Pero los fallos de las Cortes dejaron por fuera de la “justicia restaurativa” a 19.000 combatientes rasos de las AUC. Y los muchachos amenazaban con volver por sus fierros. Se mandó un mensaje de urgencia al Congreso que muy diligente aprobó la Ley 1424 de 2010. El gobierno le montó los decretos respectivos y parecía que luego de 5 años la Ley de Justicia y Paz estaba completa. Pero no, ahora resulta que ya no sirve. Quedó mal hecha. O le pasó su cuarto de hora.
La Fiscal General presentará un proyecto para modificarla. Parece que solo busca agilizar las audiencias ya que apenas se han logrado 5 condenas en 6 años. Se investigan más de 46.000 delitos. Simón Gaviria tiene debajo del brazo un proyecto distinto para empujar la Ley. Roy Barreras tiene una reforma constitucional en su maletín para que el presidente pueda iniciar procesos de desmovilización con la guerrilla. Una comisión de reconciliación no se le niega a nadie. El gobierno recibe los proyectos con sonrisas y venias, quizá no sirvan para resolver los problemas pero si para levantar esperanzas e intentar una audacia.
Nos aburrimos muy pronto aplicando las leyes y nos dedicamos a firmar unas nuevas. Es más fácil intentar correcciones al marco legal que impedir que haya 15.000 inscritos en Justicia y Paz que llegaron desde el subempleo solo a cobrar un sueldo. O que más de 2000 hayan sido asesinados en las ciudades y 5300 estén de nuevo las cárceles. No creo que eso se corrija con filigrana legal y comisiones varias. Se necesita sobre todo algo de realismo, mucha fiscalía, plata y un Estado concentrado en los enormes líos de las viejas leyes y no en el brillo de las nuevas. Los congresistas, por su parte, deberían legislar más para el país y menos para el gobierno.

Lloviendo y haciendo sol

El gobierno Santos desconfía de la máquina a Diesel que mueve al Estado. Y nadie lo puede negar, tiene sus razones. En un intento por sacarle el cuerpo a esa “Corporación Mal Gobierno” con la que debe lidiar todo ocupante de la Casa de Nariño, nombra Altos Consejeros venidos del sector privado: un banquero para tapar los terraplenes rotos por el invierno, un antiguo dueño de supermercados para disminuir la pobreza extrema, un empresario de medios y político frustrado para luchar contra la inseguridad en las ciudades. Hasta ahí no hay mucho que reprochar. Solo un poco de escepticismo frente a esas oficinas con tres archivadores, una secretaria y un catálogo de buenas intenciones desde donde se mira con recelo a la mole burocrática, que a su vez mira con asco el cubículo de los recién llegados.
Pero eso no es todo. Para los diagnósticos de los grandes problemas el gobierno busca sus consejeros en las Organizaciones No Gubernamentales. Nadie niega que desde ese ángulo acostumbrado a la crítica se puedan lograr recetas interesantes. Lo peligroso es comenzar a gobernar bajo la lógica de lo no gubernamental. Hace poco un profesor de Oxford con conocimiento sobrado del país soltó una frase exasperada: “A este paso Colombia va a ser el primer país del mundo gobernado por ONGs”. Tratar al Estado como una especie de débil mental que necesita el apoyo y la guía constante de “asesores externos”, puede terminar por convertirlo en una máquina para firmar cheques e imprimir contratos.
Hace unos días se presentó el primer problema con las funciones otorgadas a una ONG. La Corporación Nuevo Arco Iris fue contratada por el Ministerio del Interior para hacer un diagnóstico de riesgos electorales en algunas regiones críticas. El tema no podía ser más delicado: señalamientos oficiales contra candidatos políticos de todos los partidos. Estaba en juego nada más y nada menos que la imparcialidad electoral del gobierno y los derechos políticos de muchos ciudadanos. Para nadie es un secreto que Nuevo Arco Iris jugó un papel clave en la política nacional de los últimos años, para ser justos hay que decir que fue un papel valioso. Pero es innegable que sus tareas como ONG tuvieron un claro sesgo político, incluso algo más: un fuerte y declarado activismo contra determinadas formaciones partidistas. Arco Iris no fue un juez en medio de la balanza, fue una más de las partes en contienda, desde una orilla bastante clara por cierto.
Como era lógico el informe terminó siendo un encarte para el gobierno. La Corporación hacía inferencias más allá de las permitidas a los órganos oficiales. Así que se guardó en un cajón mientras los partidos iban conociendo datos sueltos al ritmo de las filtraciones. Según algunos perspicaces Cambio Radical, con acciones privilegiadas en el Ministerio de Gobierno, tuvo acceso privilegiado a la tarea de Arco Iris. Es bueno recordar que en Venezuela la política se hace desde la descalificación de los candidatos por parte del partido de gobierno. Colombia no debe ni rozar semejante escenario. Además los mismos contratistas utilizaron su encargo pagado por el Estado para hacer divulgación periodística.
La Corporación Arco Iris no puede pretender tener juego político, ser un fiscalizador independiente, servir de contratista para el gobierno de unidad nacional y, además, usar los insumos de sus contratos para hablar en la prensa a nombre de cada socio por separado. Eso es lo que las señoras llaman, andar y repicar en la procesión.

Entre odios y lealtades

Viví en Bogotá en los tiempos de la aparición política de Antanas Mockus. Me tocaron los primeros entusiasmos por un candidato extraño: dubitativo en sus respuestas, sincero hasta causar risa, original respecto a sus propósitos. Hice parte de los jóvenes hipnotizados ante su discurso y sus maneras. Fue emocionante. Creí en la política y en el liderazgo ejercido desde un palacio de gobierno; cosa que no es fácil de inspirar, mucho menos en los jóvenes que tienen a los edificios públicos como blanco para una indignación “programada” cada diez años.
Luego, ya con ciertas vacunas de escepticismo, me sumé a la ola verde como una posibilidad de superar ocho años de énfasis en el odio, las obsesiones ideológicas y los acuerdos burocráticos. Unos amigos apolíticos, de los que no tienen en su diccionario ni la sigla JAL ni la palabra umbral, me convencieron de poner unos pesos para imprimir unos afiches desteñidos con un vamos por el candidato verde. Pegué uno en la ventana de mi casa. De nada sirvió: me llamaban a preguntar si estábamos vendiendo el apartamento, se leía “Vende” donde decía “Verde”. Todo terminó como ya sabemos.
Ahora Mockus está de nuevo en las encuestas y más que entusiasmo me surge un interrogante sobre sus motivaciones. De algún modo su renuncia al Partido Verde fue una ruptura de lealtades personales y partidistas. Hacía apenas unos meses había terminado una campaña donde Peñalosa, Garzón y Fajardo se jugaron a fondo con el estilo y el liderazgo de Antanas: cantaron sus estribillos, hicieron sus experimentos lúdicos y se tragaron el sapo de algunos visionarios radicales. Esa pequeña iglesia mockusiana que tiene sede en Quinta Paredes. Sin embargo su decisión fue mas que respetable. Si un político no quiere participar en una campaña por alergia a algunos los apoyos que considera indeseables, tiene todo el derecho a bajarse de la tarima.
Al momento de salir del partido Mockus dijo estar de luto: “En estas circunstancias, lo primero es conservar al máximo la lealtad. Esta fue una experiencia única. Es una lealtad no tanto a las personas como a las construcciones colectivas, las organizaciones (...) por lo pronto, tenemos que hacer un duelo, algo doloroso ha ocurrido hoy y es deber nuestro procesar internamente pera no abordarlo con sentimientos equivocados”. Pero la política no da tregua y el duelo fue muy corto. Ahora Mockus luce el penacho de la ASI y su lealtad parece responder a un propósito muy claro: evitar el triunfo de Enrique Peñalosa en las elecciones de octubre próximo. Es triste que el candidato que siempre representó las propuestas en positivo, que el individualista a ultranza y el hombre que siempre jugaba bola a bola y nunca a tres bandas, termine haciendo política con miras en la derrota ajena.
Es difícil negarlo. La alianza con Gustavo Petro parece simple cuestión de tiempo. En la campaña presidencial, Mockus usó una expresión para revelar los acercamientos con Petro: “juntos pero no revueltos”. La política da vueltas y revueltas. Según un senador de la ASI, se habló de esa alianza desde antes que Antanas recibiera el aval del partido. Parece muy difícil que Mockus esté por encima de Petro en las posibilidades de triunfo, llegó para ser su “fórmula” y castigar al partido Verde por su unión con la U. Las frustraciones personales y el odio siguen siendo el motor de la política. Incluso de la política con aura inmaculada.

Maestro de ceremonias

Las dificultades al comprar un tapete para la Casa de Nariño le demostraron al presidente Juan Manuel Santos que el Estado es una mula resabiada y altanera: se mueve a su ritmo y en la dirección menos pensada, entre más le zumbe la fusta más se planta y se burla con corcoveos de las buenas intenciones de su montador. Para señalar el problema Santos prefirió una figura menos montañera -por obvias razones- y dijo que lo tenía preocupado el “Estado paquidérmico”. Parece que luego de resolver ese pequeño inconveniente de decoración, el presidente escogió su rumbo: el ornamento, la pompa, el aliño como una de las pocas posibilidades de gobierno. La consigna parece clara: si es imposible mover al Estado, se hace necesario ponerlo a posar.
Santos ha demostrado ser un especialista en las declaraciones de principios, la corrección política y el viejo truco de llevarle la corriente a eso que llaman la opinión publicada. Del gobierno anterior se decía que marcaba la agenda de los medios, de este se puede decir que se mueve -es decir se pronuncia- según el rumbo que marquen las agujas de los periódicos, las emisoras y los noticieros. Mockus utilizó tristemente los estribillos para su campaña; Santos los utiliza para su gobierno.
Vale la pena mirar unos cuantos botones bien lustrados en la chaqueta impecable del maestro de ceremonias. Hace 11 meses se entregaron en Urabá 34 títulos de propiedad como un acto simbólico que anunciaba la gran estrategia de reparación a las víctimas y restitución a los despojados. El pasado lunes El Colombiano publicó una noticia según la cual el Incoder está intentando revocar las adjudicaciones que marcaron el primer hito de aplausos del gobierno. Los beneficiados eran invasores que lograron engañar a las instituciones encargadas de aplicar la ley de víctimas. Un campanazo de alerta para antes de comenzar.
La diplomacia ha sido otro de los grandes lances del gobierno. Solo encuentra enemigos en los antichavistas enfermizos. Pero hasta ahora solo se ha pasado de los gritos a los gestos de amistad fingida. Solo hemos ganado en silencio. Las exportaciones a Venezuela disminuyeron en el primer semestre del año y el Comandante de las Fuerzas Militares admitió que las posiciones de la guerrilla en Venezuela se mantienen. En el tema del medio amiente Santos entregó un nombre vendedor para lo que sería un renovado ministerio. En el último año, tal vez como nunca antes, el país ha asistido a grandes polémicas ambientales gracias a la llegada de las grandes empresas mineras. Pero ni el ministerio ni la señora a su cargo lograron aparecer. Hace unos días un foro en Boyacá sobre un polémico proyecto de Ecopetrol en Sutamarchán, tuvo como único ausente a un representante del gobierno. Parece que la señora Bessudo sigue trabajando en fundaciones bajo el mar.
En el tema de la salud, luego de un año de estudios, escándalos y vueltas en el sistema de fichos en los hospitales, el gobierno salió con un acto solemne para repetir los principios de la Constitución: “la salud no es un negocio sino un derecho, habrá cubrimiento universal”. Lo más triste es que los médicos se tragaron el placebo. Y los pueblos del Atlántico siguen inundados a pesar de que Jorge Londoño ha girado la plata a municipios y departamentos. Algo va de Colombia a Bancolombia.
Pero en algo ha sido eficaz y expedita la administración Santos, sin rodeos ni grandes palabras logró la salida del Bolillo Gómez de la selección Colombia. Ojalá no nombre un alto consejero para la clasificación a Brasil 2014.

Farcrim

Todo parece indicar que Juan Manuel Santos tiene una peligrosa obsesión con los manuales de historia que están por escribirse. Su retórica tiene siempre la ambición de las grandes transformaciones, las rupturas, los cambios de dirección. Quiere ser un hito en la línea que trazan los historiadores. Uno podría asegurar que cuando se le pierde la mirada en medio de los bazares para la prosperidad, está pensando más en sus memorias que en las quejas del concejal de turno. Los pragmáticos que aspiran a la grandeza suelen tropezar con múltiples paradojas. Pero nadie le puede negar a un político las aspiraciones de estadista. Solo se puede desconfiar.
El presidente Santos ha dicho que la sola aplicación de la ley de víctimas justificaría su llegada a la presidencia. Y la verdad es que el reto planteado y las expectativas creadas son tan grandes, que bien podría gastarse su primer periodo en hacer realidad ese catálogo de buenas intenciones firmado entre aplausos casi unánimes. Pero Santos ha dado muestras de no conformarse con los cambios en las oficinas de registro y los desembolsos de Acción Social. En su entrevista a propósito del primer año de gobierno dejó caer lo que parece su nueva gran ambición: “todos los gobernantes de los últimos tiempos han soñado con dejar el país en paz. Ojalá a mí se me den las circunstancias para lograrla”. En sus discursos siguientes ha mencionado el tema y aunque siempre pone sus reservas por delante, por los lados se trabaja en las condiciones de un diálogo: una comisión del Congreso plantea herramientas para una posible negociación con las FARC, el vicepresidente habla de hechos de paz como condición para volver a plantar la mesa y los profesionales de la palabrita vuelven a colgar la quimera al alcance de la opinión pública.
Ya se ha dicho que fue Santos el primero en plantear una zona de despeje con las FARC, algunos meses antes de que Víctor G. Ricardo dejará sellado el compromiso entre el futuro gobierno de Pastrana y el Secretariado. Su carta de 1997 hablaba incluso de una Asamblea Nacional Constituyente que se conformaría de común acuerdo con la insurgencia. Parece increíble que de nuevo algunos expertos en la paz planteen la posibilidad de que el país discuta su modelo económico o sus instituciones con la guerrilla. Santos ha echado mano del refranero al decir que “al perro no lo capan dos veces”, pero al mismo tiempo ha dejado abierta la rendija y brilla con gusto la llave que dice tener en su bolsillo: “la oportunidad, el momento y las condiciones tienen que ser indicadas para ser exitosos”.
Así que podemos estar a unas cuantas liberaciones y varios comunicados con compromisos y membretes de las FARC- EP del inicio de un nuevo proceso de paz y su consiguiente avalancha política. Desconcentrar al país entero para entregarnos, otra vez, a una supuesta voluntad de paz de las FARC sería el peor de los errores. Volveríamos a girar en torno a los dogmas guerrilleros y su fárrago de sociedad civil y poderes populares. La guerrilla no tiene ni seguidores ni discurso discutible en el país de hoy, sería un premio muy grande por su resistencia en los cambuches del sur y en los páramos andinos.
El ejemplo de la farsa del Caguán es elocuente. Pero tal vez sea mejor apelar a las lecciones de Ralito. En el mejor de los casos se le encontraría un papel político a Cano y a sus compañeros de mesa. De maestros de guerra a gestores de paz, por ejemplo. El grueso de los guerrilleros se filaría al momento de la firma del tratado, con Ban Ki-moon a bordo. En seis meses estaríamos hablando de las Farcrim y su poder en algunas regiones del país. Y Santos pasaría a la historia… de las FARC.

Guerra en el Nuevo México

Poco a poco la guerra contra el narco, como se la llama en México, va llegando a algunas ciudades polvorientas del sur de los Estados Unidos. La ola ha ido subiendo desde las costas de Suramérica, ha cubierto al centro del continente, tiene a México con el agua al cuello y comienza a tocar los tobillos de los gringos. La coca no es lo único que logra pasar las barreras entre los países: también cruzan las mañas de los capos, la carnada para los policías, las formas de intimidación de los traficantes. Hace unos meses el presidente Obama aprobó una partida de emergencia para mantener firmes a los 1.200 policías que refuerzan la frontera con México. La presión para sostenerlos hasta el 30 de septiembre vino sobre todo de parte de los gobernadores de Texas y Arizona. La violencia en Tamaulipas y Chihuahua ha comenzado a mostrarse como un espejo perturbador.
Los casos de corrupción y de redes mafiosas en el territorio del país que encabeza la cruzada contra las drogas son cada vez más frecuentes. Hace apenas un mes el alcalde de Columbus, Nuevo México, aceptó cargos por tráfico de armas y otros delitos que lo relacionan con los narcos del municipio de Palomas, un nombre perfecto para la mensajería de coca y armas a través de la frontera. Y los capos norteamericanos, La Barbie, por citar uno bien presentado, ya comienzan a tener juego en los negocios grandes. Cada vez el sur de Norteamérica se puede parecer más al viejo oeste y al “nuevo México”.
Una reciente operación de inteligencia planeada desde Estados Unidos explica bien hacia dónde va la participación gringa, tanto de policías como de traficantes, en la lucha contra las drogas en sus orillas. En 2009 la oficina norteamericana de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego planeó, en compañía de la DEA, poner una carnada de fusiles para capturar traficantes de armas en Phoenix. Ante la tontería de los agentes gringos, que cada vez pensaban en un pez más grande, aparecieron traficantes medianos, se tragaron lo que pudieron y terminaron comercializando más de 2000 fusiles de asalto con los narcos de El Paso, San Antonio y otras ciudades mexicanas. Algunos hablan de sencilla torpeza de los agentes del norte y otros piensan que la corrupción pudo jugar un papel en el descalabro que ha llegado hasta el Congreso de los EE.UU. Es seguro que los agentes gringos no hubieran dejado circular las armas si eso significaba un riesgo para sus ciudadanos. Hasta ahora se han cometido 38 asesinatos con las armas compradas legalmente en tiendas de Phoenix. Para ponerle gracia al cuento vale decir que la operación se llamó Rápido y furioso.
Ahora la noticia es que por primera vez agentes de la CIA y empleados civiles del Pentágono estarán actuando desde una base mexicana para acompañar al ejército en la guerra contra las drogas. Se seguirá el modelo Afganistán, incluyendo sobrevuelos con aviones no tripulados. Durante 4 años Estados Unidos ha venido rebajando sus aportes al Plan Colombia. Sin duda hay nuevas prioridades, más cercanas y más amenazadoras. A comienzos de 2011 la muerte del agente estadounidense Jaime Zapata desató la captura de 600 narcos mexicanos en diferentes ciudades norteamericanas. El entierro de un uniformado desenterró la organización mafiosa agachada bajo unas normas de “convivencia” y “tolerancia”.
Tal vez ahora que la guerra se acerca de manera inevitable a su frontera, el gobierno y los ciudadanos del norte puedan tener una idea más clara de qué se gana y qué se pierde en medio de ese absurdo círculo vicioso.