Redes de miedo

Al final el miedo fue uno de los protagonistas. Logró que la gente se atrinchera con armas tan peligrosas como ridículas, que los medios amplificaran ataques falsos e inminentes, que la policía corriera tras las hordas imaginarias alimentadas por Twitter y WhatsApp. Miles de llamadas a los números de emergencia en Cali y Bogotá confirmaron el pánico colectivo. Las pesadillas sociales pueden ser tan ciertas como las de los niños que se desatan como un eco en un cuarto oscuro.

Las redes sociales se han convertido en una realidad en el bolsillo para exacerbar la política y privilegiar a los radicales. Los algoritmos enfocan a los extremos como una forma de mantener la atención de los usuarios. Pero no es solo un tema ideológico o partidista, también pueden inventar realidades callejeras, prender alarmas, generar inercias en las porterías de las unidades residenciales: “Nos estamos convirtiendo en seres mucho más emocionales y tribales en nuestras formas de identidad”, decía el año pasado Jamie Barlett, uno de los tantos analistas de esa inmensa tómbola de noticias y rumores dirigidos.

En Cali las autoridades hablaron de una “operación avispa” de desinformación que hacía correr a los policías de extremo a extremo tras las sombras que llegaban por redes. El testimonio de una ciudadana que cayó en la histeria colectiva del jueves describe la realidad una vez logró separarse un poco de la escena: “En la portería mi sorpresa fue enorme: hombres y mujeres estaban armados con cuchillos, bates, tubos y hasta espadas ninjas (…) Muchos blandían sus bates y tubos al aire, de un lado a otro, como si estuvieran descabezando un muñeco imaginario. Pero no había pruebas de que los vándalos existieran, solo había rumores e imágenes confusas de supuestas tomas y ataques”. El balance final fue claro: No se presentó ningún robo en viviendas y no hubo asalto a unidades cerradas. Esa verdad no impidió que Bogotá repitiera la ficción al día siguiente.

En la madrugada del sábado, alguien en Twitter (también por ahí pueden moverse lúcidas reflexiones) recordó un pasaje de La mala hora. En esa novela lluviosa en un pueblo costeño los pasquines en las paredes, los rumores que aparecen pegados en las puertas y desaparecen en la mañana, comienzan a generar recelos, animadversiones, amenazas. Son señalamientos de infidelidades, robos, viejas cobardías.

En la novela se discute si los pasquines son una estrategia organizada, si el autor es uno o son varios, si es hombre o mujer. “Nunca, desde que el mundo es mundo, se ha sabido quién pone los pasquines”, le responde el ayudante del juzgado al juez. Y las damas de la sociedad católica le piden acción al alcalde que desestima los pasquines llamándolos “papelitos”. Y el cura dice que es “terrorismo de orden moral”. Hasta que el alcalde decreta el toque de queda y organiza rondas civiles de vigilancia y ordena a la policía disparar a quienes estén en la calle luego de las ocho de la noche y no se detengan. Y comienza la cacería.

Cuando el alcalde les anuncia a dos jóvenes que deberán presentarse la noche como reservistas y recibir un fusil para hacer cumplir el toque de queda decretado por la proliferación de pasquines, el peluquero que los acompaña responde con tono de burla: “Más bien una escoba. Para cazar brujas, no hay mejor fusil que una escoba.”. Los mismos palos que alzaban los vecinos en las porterías en Cali y Bogotá.

Los mensajes en las redes son los nuevos pasquines, y no necesitan riesgos nocturnos ni engrudo, un botón es suficiente: “ENVIAR”.

Paronoia

El gobierno ha optado por la “alerta máxima” en las guarniciones militares y el alarmismo máximo de cara a la opinión pública. El paro del 21N ha mostrado a un ejecutivo temeroso, incapaz de proponer, siempre a la defensiva, acorralado por las encuestas y ninguneado por el Congreso. Mientras su propio partido recela la necesidad de un acomodo que sería, muy seguramente, la obligación de apartarse de muchas de las consignas de campaña. Partido que al mismo tiempo lo culpa en silencio de las recientes derrotas electorales. Para acabar de ajustar la iglesia apoya las movilizaciones que el gobierno trata con decretos que autorizan a alcaldes y gobernadores a decretar el toque de queda.

En marzo de 2016 se hablaba de la crispación política, el descontento social frente al aumento de la inflación, el posible aumento del IVA, la venta de Isagen y de un gobierno ensimismado con la paz y perdido frente a las realidades en la calle. Además, Santos tenía un 73% de imagen desfavorable y solo el 23% de los colombianos decían que las cosas iban por buen camino. Las centrales obreras, las dignidades agrarias, el movimiento estudiantil y los camioneros eran las cabezas visibles del paro. Una parte de la oposición política se sumó a los reclamos. En los medios se podían leer advertencias de este tipo: “hoy por hoy el movimiento social podría expresarse con fuerza arrolladora si no se dan las transformaciones serias que el país necesita.” Las noticias de época no registran la propagación del temor ni los preparativos policiales y militares ni la descalificación de quienes expresaban la voluntad de participar en la protesta.

El Centro Democrático respondía con una marcha convocada en abril para denunciar el “desgobierno de Santos”. Claudia Bustamante, una de las organizadoras, tenía muy claros los motivos de la marcha: “la gente va viendo que no le rinde la plata para el mercado, que al campesino no le da para pagar su crédito agrario, que el dólar está por las nubes y por eso no puede viajar a conocer a Mickey Mouse o mantener su estilo de vida. Eso ha generado preocupación”. Al final las dos protestas fueron concurridas y tranquilas.

Pero ahora el gobierno Duque se empeña en presentar la protesta como una batalla. El lunes hablaban de ochocientos kilos de dinamita encontrados en zona rural de Putumayo como posible “insumo” para la protesta. Una caleta un poco lejana. La semana pasada fueron los extranjeros deportados como supuestos cabecillas de vándalos profesionales. Hacen recordar a Piñera y sus primeras reacciones a la protesta en Chile: “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie…”

La estrategia del gobierno ha hecho que mucha gente recuerde el paro nacional de 1977 que según cuentas dejó cerca de 20 muertos en un solo día en Bogotá. Según el dicho de la época el gobierno de López Michelsen había pasado de ser el “Mandato Claro” en tiempos de elecciones, al “Mandato Caro” por cuenta de la inflación. Las reivindicaciones eran sobre salarios, pensiones y jornada laboral. Se bajaron algunos subsidios y el Frente Nacional era visto por muchos como un anacronismo insoportable. El gobierno decidió enconcharse y señalar la huelga de subversiva. Las tachuelas y las piedras eran presentadas en la prensa como armas de gran peligro. Un mes antes del paro se expidió un decreto que castigaba con arresto a organizadores de manifestaciones. Igual que hoy, los señalamientos, la propagación del temor, la recriminación a la protesta y las medidas de fuerza pública hicieron crecer la presión y el entusiasmo respecto al paro. El miedo puede inflar la bomba.

Disidencias y coincidencias

En la madrugada del jueves 28 de agosto se conoció el video de Iván Márquez, Santrich y El Paisa anunciando una nueva etapa guerrillera. Fueron 32 minutos de la misma grandilocuencia en el discurso y una pose teatral que los hizo más patéticos que amenazantes. Dijeron que anunciaban al mundo su voluntad de lucha. Y el mundo respondió con algo de indiferencia. Pidieron cambuche al lado del ELN para encontrar alianzas. Y el ELN los mira con recelo luego de años de traiciones y enfrentamientos. La frontera con Venezuela les dio algo de refugio entre el caos delincuencial, pero los duros de la zona, con años de ventaja en el negocio, seguro los tratarán como un “estado menor” que debe respetar antigüedad.

El 29 de agosto a las 11:03 de la noche aviones de la Fuerza Aérea bombardearon una zona selvática en el municipio de San Vicente del Caguán en el Caquetá. Un día después el presidente anunció el éxito de una operación “estratégica, meticulosa e impecable” contra quienes “hacen parte de estructuras criminales que pretenden ahora desafiar a Colombia”. El bombardeo al parecer era más una operación política para demostrar, frente a la opinión pública, fuerza y contundencia contra Márquez y compañía. Ese cuento de la Nueva Marquetalia le daba al gobierno en apuros la oportunidad de revivir ese enemigo armado y dar un golpe de opinión.

Gildardo Cucho, el cabecilla que murió en el operativo, no era en realidad más que un mando medio de la banda de Gentil Duarte en el sur del país. Se podría comparar con un “capo” de bandas en una ciudad como Medellín. Se habla de 40 “hombres” a su cargo, hoy sabemos que buena parte de esa fuerza eran niños, niñas y adolescentes con menos de tres meses en las lides del fusil y la rancha. El gobierno no entregaba propiamente el parte de la muerte de Reyes o el Mono Jojoy. Las autoridades apenas se ponen de acuerdo en el nombre de Gerardo Cucho, y ese parte de guerra aplaudido en directo por el gabinete de Duque se olvidó muy pronto, como el gobierno ha olvidado que las “hazañas” de la seguridad democrática son cosa del pasado.

Hace un poco más de ocho años, en el inicio del gobierno Santos, se dio un anuncio similar al del 29 de agosto pasado. En ese momento el presidente celebró la muerte, en un bombardeo, de quince terroristas en Tacueyó, en el Cauca. Menos de una semana después el país se enteró de la muerte de cuatro menores de edad en el ataque. “A estos niños sin experiencia nos toca echarles tierra encima”, dijo uno de los hombres de la vereda El Triunfo en Toribío. Cerca de 250 menores salían de la guerra cada año antes del acuerdo con las Farc según cifras del ICBF.

En pleno conflicto con las Farc se hacía difícil esconder los detalles y las víctimas de un bombardeo del ejército. Los partes de guerra eran los anuncios más importantes del gobierno. Ahora, cuando fracasos legislativos y jurídicos, afugias fiscales, derrotas electorales y líos laborales ocupan buena parte del debate nacional, fue más fácil para el gobierno esconder la muerte de los menores. Pero llegó el sobre de manila y todo se supo. Es claro que los objetivos del ministerio de defensa encarnan amenazas distintas y deben buscar métodos distintos, que un anuncio de la Fuerza Aérea tiene menos alcances en la opinión, que los órganos de control y prensa miran con menos diligencia hacia los militares, y que el gobierno Duque corre todos los riesgos de quedarse con lo peor de esas ofensivas desmedidas y sin los triunfos mediáticos contra un enemigo ahora menor.

Amenazas ausentes

Las Farc fueron casi invisibles en las elecciones regionales del domingo pasado. Sonó la anécdota de una canción en Turbaco y no mucho más. La posibilidad de participar en política fue sobre todo un acto simbólico de apertura a la democracia de quienes recién dejaban las armas. Nunca significaron una amenaza electoral en ninguna parte. Esa irrelevancia de las Farc en política, como grupo armado y como partido, fue una de las causas de las varias derrotas del Centro Democrático. No estuvo la sombra que acompañó y amplificó su discurso desde su creación. Hace cuatro años las elecciones estuvieron marcadas por la negociación en La Habana y el conflicto activo en Colombia. Seis meses antes del 25 de octubre de 2015 once soldados murieron en un ataque de las Farc en Buenos Aires, Cauca. Fue uno de los peores momentos del proceso de paz. Los ceses al fuego marcaban todavía el clima electoral en muchas regiones.

Han pasado casi tres años desde la firma del acuerdo de paz y las discusiones sobre sus reglas y su mecánica legal se han hecho viejas. Las disidencias se consolidaron como amenazas menores. Otro actor de reparto de la economía cocalera. Después de más de tres años del plebiscito la gente vota verraca por razones muy distintas. El gobierno y su partido se quedaron atados a un tema que a estas alturas resulta procedimental. El principal propósito del gobierno Duque este año en el Congreso, las objeciones presidenciales a la JEP, resultó ajeno a las preocupaciones de la gran mayoría de los colombianos. Hasta en San Vicente del Caguán el Centro Democrático perdió la alcaldía que en 2015 ganó con claridad frente al Polo.

Venezuela también dejó de ser una amenaza creíble. Con el presidente Duque en el poder la ecuación cambió. Ahora no era que nos íbamos a caer en el caos venezolano sino que el gobierno iba a lograr que los vecinos volvieran a la senda democrática. En Medellín las vallas del CD todavía decían: “Somos la barrera contra Venezuela”. Parecía que hubieran estado ahí por años. Resultó que no ya no había riesgo de sumarnos a Maduro, pero tampoco se logró que su gobierno cayera en cuestión de horas. En el plano internacional desapareció otra sombra.

Además, el Centro Democrático se agazapó tras un gobierno lejano a todos los partidos. Se convirtió en trinchera contra los demás políticos. Un gran pecado electoral en tiempos de coaliciones obligadas. Y el último ungido por el expresidente Uribe ha resultado sobre todo un veto de confianza. De modo que el partido de gobierno solo logró ser la mayor votación para las Asambleas departamentales en el departamento de Antioquia. Los liberales y Cambio Radical ganaron en ocho departamentos, los conservadores en seis y La U en cinco. Para los Concejos solo logró mayores votaciones en los departamentos de Antioquia y San Andrés. No logra crecer en maquinaria mientras su logotipo pierde fuerza frente al voto más independiente. Y en Antoquia, su gran bastión, perdió en alcaldía y gobernación. Logro poner alcalde en 17 municipios de 125. Y en el Área Metropolitana, donde vive el 66% de la población del departamento, solo logró una alcaldía de las diez en juego. Y el elegido tiene un grillete para que no camine más de la cuenta.

En Colombia se ha demostrado que no solo las grandes marchas marcan movimientos y cambios políticos. Las filas de los domingos electorales pueden ser un ruido suficiente.

Una oportuna debilidad

En septiembre de 1990, pasados menos de treinta días de llegar a la presidencia, Cesar Gaviria dictó el decreto 2047 para “incentivar el sometimiento” de narcotraficantes. En el primer semestre de gobierno se completó la estrategia con tres decretos que aseguraban la no extradición, la acumulación jurídica de penas, los sitios especiales de reclusión. Los decretos tenían nombre propio. Se trataba de negociar la entrega de Escobar y los demás miembros del Cartel de Medellín. La seguidilla de entregas tuvo su punto crucial el 19 de junio de 1991 con la llegada de Escobar en helicóptero a una cárcel concertada con el alcalde de Envigado. El minuto de Dios del padre García Herreros había logrado el milagro y la nueva constitución respaldaba la principal garantía de los decretos.

El gobierno colombiano renunciaba a la guerra a muerte contra el narcotráfico para buscar una salida menos cruenta. El presidente, heredero de un hombre asesinado por la mafia, usaba herramientas jurídicas contra el enemigo que en muchos terrenos sometía al Estado. Desde los Estados Unidos Bob Martínez, zar antidrogas, preguntaba con las palabras del carcelero: “Hay alguien en esta sala que no quiere ver a Pablo Escobar, encadenado de los tobillos, rompiendo rocas”. Los gringos se declararon perturbados.

El 11 de diciembre de 2006, con apenas diez días en el poder, Felipe Calderón declaró la guerra contra el narco en México. Envió 6500 soldados al estado de Michoacán para demostrar que la pelea era peleando. Los asesinatos relacionados con el narcotráfico crecieron en promedio algo más de un 20% en los primeros cuatro años de gobierno de Calderón. En septiembre de 2010, luego de cientos de capturas de narcos duros y miles de muertes, incluidas algunas por actos terroristas contra civiles, Felipe Calderón entregó a CNN unas declaraciones al menos inquietantes: “Vivimos al lado del mayor consumidor de drogas del mundo, y todo el mundo quiere venderle drogas a través de nuestra puerta y nuestra ventana. Y vivimos al lado del vendedor de armas más grande del mundo, el cual abastece a los delincuentes”. Al llegar al poder, el presidente Peña Nieto pidió un nuevo debate sobre la guerra contra las drogas con un papel activo de Estados Unidos en posibles cambios de estrategia. La guerra siguió y la entrega del Chapo a Estados Unidos en 2017 fue vista como el triunfo de una década. Sin importar que el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EE.UU. dijera que la guerra contra los cárteles había sido “ineficiente en gran medida” y fallida a la hora de reducir la violencia.

El 30 de enero de este año, dos meses después de asumir la presidencia de México, López Obrador soltó una respuesta contundente durante una rueda de prensa: “No hay guerra. Oficialmente ya no hay guerra. Nosotros queremos la paz”. La semana pasada se aplicó de manera improvisada esa premisa presidencial en la ciudad de Culiacán. El alto gobierno, sin tiempo para negociaciones, con solo una posibilidad de reacción cercana a la de un policía cercado, decidió liberar a los hijos del Chapo Guzmán para evitar el ataque a civiles y el asesinato de militares detenidos. Esa muestra de debilidad del Estado puede ser también una oportunidad, un momento adecuado para intentar estrategias distintas que miren más hacia adentro que hacia afuera. La inercia de una política que ha resultado inútil durante décadas puede romperse de la manera más inusual. Los narcos en Culiacán han dicho que luego de los hechos de la semana pasada no hay nada que celebrar, el gobierno de López Obrador piensa lo mismo. Tal vez ese sea un primer acuerdo necesario.

De piedras y gases

He leído bastantes celebraciones en Colombia sobre el desenlace de las protestas en Ecuador. Muchas de ellas vienen de periodistas que dicen extrañar una sociedad más despierta y organizada en nuestro país, más rebelde frente al poder estatal. También muchos ciudadanos han expresado su aliento y felicitación a los manifestantes, y hasta algunos políticos, acostumbrados a llamar turbas a quienes protestan en casa, han encomiado la fuerza de los indígenas más allá de la frontera.

Pero algunas cosas han pasado debajo de esa “victoria” ciudadana que se mira con admiración desde afuera, lejos del humo, los abusos y los estragos. La prensa fue la gran perdedora en medio de las casi dos semanas de tormenta. Al menos 115 periodistas fueron agredidos y seis medios de comunicación fueron atacados durante las protestas. Llovieron piedras y bombas caseras por parte de los manifestantes, y gases y palo corrido por parte de la policía. Ni el gobierno Lenin Moreno ni quienes se levantaron contra sus medidas estaban contentos con el trabajo de los medios. Para ambos poderes el cubrimiento ideal es el encubrimiento de sus abusos y deficiencias mientras se resaltan los de la contraparte. Los manifestantes exigían militancia, simpatía por las “causas justas”, apoyo a los “más débiles”. El gobierno reclamaba respaldo a las instituciones, firmeza frente a los “vándalos”, audacia frente a los encubiertos. Los periodistas debían entonces elegir entre las acusaciones de traición o sedición.

En medio de las marchas los periodistas fueron tildados de “flojos” y “cobardes” por no ir a la vanguardia, fueron intimidados por no sumarse al “pueblo combativo”. El episodio más elocuente de esas “presiones ciudadanas” sucedió en el Ágora de la Casa de la Cultura en Parque del Arbolito en Quito. Un teatro para más de tres mil personas que se erigió en el centro de operaciones del movimiento indígena. A mediados de la semana pasada la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador convocó a los medios al cubrimiento de su Congreso. Además, se anunciaba la aplicación de “justicia ancestral” a un grupo de ocho policías “detenidos”. El filtro a la prensa lo hacían los indígenas al ingreso como lo cuenta una crónica de Clarín: “‘Prensa extranjera, dejen que pasen’, repetían para abrir paso. Y enseguida, entre algunos aplausos y gritos de apoyo a ‘la prensa que no es corrupta’”. Lo que vino después fue la exigencia de transmitir en vivo, la obligación de quedarse en contra de su voluntad, la orden para hablar en su nombre. Uno de los líderes lo dejó bien claro: “¿Por qué no vinieron ayer, periodistas? Tienen que estar aquí, con el pueblo, siempre. Por eso, por esa razón, hemos tomado la decisión de que van a marchar junto con nosotros. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? No estamos secuestrándolos, no estamos amenazándolos, no estamos maltratándolos: estamos pidiendo que se unan al pueblo”. Estuvieron diez horas bajo su guardia.

Se habla mucho de los medios como rehenes de una opinión pública que los empuja por la vía de la indignación y el abucheo en las redes. Pero cuando ese apremio permanente se convierte en coacción física, como pasó en Ecuador, los medios quedan convertidos en un simple megáfono que no pueden aplicar su criterio ni ejercer una mirada propia. El periodismo militante genera de por sí muchos riesgos, pero el periodismo obligado a la militancia es imposible. El recelo al poder del Estado no se puede equiparar a la adhesión a sus opositores, por justos y atractivos que estos parezcan. Para cubrirse de los gases de la policía no se puede usar la colorida pañoleta de los manifestantes.

Elecciones incógnitas

En Medellín la política se ha convertido en sencilla mnemotecnia. Un juego infantil donde el ciudadano marca nombres de oídas y caras ojeadas en un tablero llamado tarjetón. Estamos en el más primario de los escalones electorales, en la simple asociación por reflejo de la memoria, mucho antes de las ideas, los proyectos, los perfiles ideológicos y los recorridos en las funciones públicas. El candidato que encabeza las encuestas tienen dos grandes ventajas competitivas: su nombre y su apellido que resultan familiares por haber fatigado los espacios políticos y judiciales en el departamento. El susodicho nunca había hecho una campaña política en nombre propio. Por eso en una encuesta de Yanhhas a un poco más de un mes de las elecciones, solo una tercera parte de quienes respondieron dijo conocerlo. De modo que el alcalde de la ciudad podría ser un imperfecto desconocido para la gran mayoría de sus habitantes.

Del segundo en las encuestas digamos que ha hecho casi toda su carrera pública en Bogotá. Caminando por diversas sedes políticas, marcando directorios y tocando puertas adornadas con todo tipo de logos partidistas. Luego de recorrer tres partidos y coquetear con dos más ha decidido ser independiente. Medellín es la ciudad de sus nostalgias juveniles, donde ha acumulado dos aventuras electorales. La primera hace 12 años cuando falló en su intento de ser concejal por el partido Conservador. En ese tiempo pintaba de azul el marrano que le servía de alcancía en su campaña. Luego lo pintaría de verde y de rojo. Un marrano variopinto. La segunda fue hace 8 años al apoyar la candidatura de su hermano, ahora vestido de verde, para el concejo de Medellín. Así logró un paso fugaz y por interpuesta persona en los corrillos de La Alpujarra. Según la encuesta citada 1 de cada 4 ciudadanos dice conocerlo. A los demás candidatos no los conoce el 80% de los encuestados.

Medellín no tiene siquiera alguien de la farándula, el deporte, los medios o el sector privado en la brega por la alcaldía. La segunda ciudad del país muestra un desalentador desdén por lo público, un doloroso retrato de la anemia política y la apatía electoral. Mucho oficinista y poco candidato. A un mes de elecciones el no sabe/no responde y el voto en blanco suman el 40% en las diferentes encuestas. Hace 4 años el 57% de los habitantes con cédula no encontró incentivos suficientes para marcar a alguien en el tarjetón, el 51% no llegó a alguna de las 4000 mesas de votación y el 6% votó en blanco. Este año con un listado de candidatos más amplio y menos sonados será mucho más fácil comprar votos, el precio será mucho menor. Al fin de cuentas, si no conozco a nadie al menos le saco un peso al deber ciudadano… y al deber en la tienda, en la factura, en el gota a gota. Un estudio de Transparencia por Colombia realizado hace dos meses dice que el 40% de los más de 1000 encuestados manifestó haber recibido ofertas de sobornos o favores especiales por su voto en los últimos 5 años. La falta de un liderazgo cierto, basado en hechos e ideas, solo lleva a marchitar el espacio que ha ganado el voto de opinión en las capitales.

Es muy diciente que en Medellín, donde las figuras de Uribe, Fajardo y Federico Gutiérrez tienen alto reconocimiento político, sus señalados sean secretos tan bien guardados. Esos liderazgos enfocados en lo personal han logrado que la ciudad viva una política que solo responde a la intermitencia electoral, lejos del debate y el escrutinio público. El dedazo comienza a ser una estrategia gastada y perdida. Es hora de señalar menos y proponer más.