martes, 14 de junio de 2011

Víctimas de un discurso






En principio la escena tiene su encanto. Los políticos se abrazan sonrientes, por encima de sus curules, luego de la aprobación de una ley altruista. Nadie podrá señalar la sonrisa escondida, venenosa, de quien redacta una norma pensando en sus amigos o en los bolsillos de sus amigos. Ahora pueden celebrar con el gesto alegre del benefactor: una ley que arrodillará al Estado sobre las víctimas, para escucharlas y atenderlas. “Se trata de hacer historia, de remediar el horror, de curar las heridas de la sociedad”. Esas y otras expresiones declamatorias se han usado luego de la firma de la Ley de víctimas en presencia de Ban Ki-moon, el representante mundial de las buenas intenciones.
Pero una ley con promesas desmesuradas es sobretodo un gesto político. De modo que es bueno entender las celebraciones de quienes la aprobaron como una manera de saludar nuevas influencias y dominios. La emoción nacional que han producido los 208 artículos enmarañados entre comisiones por venir, tablas por definir y plata por conseguir, está ligada en alguna medida a un triunfo político: la huida del Presidente Santos de la órbita asfixiante del ex presidente Uribe. Luego de esa noticia tranquilizadora es necesario darle una leída completa a la tan celebrada ley.
Debo reconocer que no fue fácil llegar hasta el final. Fui víctima de sus parágrafos que se muerden la cola, de la reiteración de quien desconfía de las posibilidades de sus propósitos, de los delirios terapéuticos del Estado que cree en la imposición de sus manos, del paternalismo pastoral que llevará a los a hombres a invertir en lo que más les conviene. Si los políticos pensaran menos en el estribillo que obliga a mencionar el futuro y más en las realidades del pasado, la Ley de víctimas no les podría inspirar más que un terrible desasosiego: nuestro Estado, que no puede vigilar las minas, ni cuidar las fincas de los narcos, ahora está conminado a entregar a las víctimas -que no son la excepción sino la regla- ayudas psicológicas, formación académica, tierra, casa, sistemas de riego y drenaje, créditos y, además, un trato de “respeto mutuo y cordialidad”.
Se habla de entregar 60 billones de pesos durante los próximos 10 años. La cifra es en realidad un enigma. Las reparaciones individuales serán definidas por el gobierno en los próximos 6 meses y luego vendrán las instancias administrativas, los juicios sumarios y la bandada de abogados a revolotear sobre el botín. La ley es tan generosa que con la lectura de un solo artículo es posible hacerse una idea de las obligaciones del gobierno: “…deberá implementar un programa de rehabilitación que deberá incluir tanto las medidas individuales y colectivas que permitan a las víctimas desempeñarse en su entorno familiar, cultural, laboral y social y ejercer sus derechos y libertades básicas de manera individual y colectiva.”
Pero eso no es todo. El Estado deberá obligar a los verdugos a enaltecer a las víctimas y se compromete a que los horrores no se repetirán. La ley estipula la existencia del conflicto interno y al mismo tiempo decreta su fin. Se compromete a “desmantelar las estructuras económicas y políticas que se han beneficiado y que han dado sustento a los grupos armados…” Luego de tres horas de lectura me quedó la idea de que la famosa ley no es más que un espaldarazo a la Constitución del 91, una triste reiteración, para que todos los derechos allí escritos se cumplan al menos en cabeza de quienes tienen el dolor de un muerto propio sobre la espalda. Eso sí, debió morir a manos de un ejército con camuflado.

4 comentarios:

Pascual Gaviria dijo...

Hay algo que en la columna no quedó suficientemente claro y que tal vez me traiga algunos problemas en el foro de El Espectador. Creo que el capitulo de restitución de tierras, que es casi una cuarta parte del proyecto, puede tener algún éxito en su aplicación. Sobre todo respecto a los despojos recientes, los de la última década, digamos. Los mecanismos son complicados y buena parte de las tierras ya están en manos de compradores de buena fe. Lo que hará que el Estado deba asumir buena parte del costo. Ahí la ley es ambiciosa pero propone herramientas.

El resto es un catálogo de buenas intenciones que en muchos casos raya con la ridiculez. Que el gobierno Santos diga que esa ley será un de los principales ejes de su gobierno genera algunas dudas. O el presidente todavía cree que está manejando la fundación buen gobierno o no está muy interesado en ir un paso más allá del discurso.

Embarcarse en una ley de víctimas de esa naturaleza en un país donde la violencia ha sido indiscriminada, donde los actores se mezclan y se revuelven cada década, donde el narcotráfico ha sido principal componente puede no ser una apuesta muy sensata. Países donde dos etnias se han enfrentado, donde una minoría ha masacrado y humillado a las mayorías como el caso de Suráfrica, justifican una ley de reparación y perdón colectivo. Pero aquí no es fácil hacer esas distinciones y la ley puede terminar convertida en una base de datos en manos del gobierno y un nuevo programa de subsidios. Y de política.

Nerön Navarrete dijo...

Pascual, no sé porqué en esta sale "intensiones", pero en el Espectador está bien escrita.

Ve, un asuntico más preocupante es que van a comenzar a surgir cantidad de víctimas como nunca se ha visto. Claro, el colombiano aprovechará, y los filtros del estado no serán suficiente cedazo para tanto oportunista. Casos se han visto.

Pero en la columna también debería tratarse un poco el grave problema de los líderes que tomarán la causa de la restitución, hoy amenazados por todos lados, y con una promesa muy gaseosa de protección.

De todas formas, me gustó, porque en medio de tanta euforia caemos en el complejo de iglesia evangélica, y se nos olvida la parálisis por dos horas hasta que pase el placebo. Probablemente cuando pase la fiesta habrá que meterle más análisis y menos corazón a la cosa.

Por cierto, ¿el secretario se refirió a los falsos positivos de Soacha?

Pascual Gaviria dijo...

Nerön gracias por la corrección. Serían las dudosas intenciones que me quedaron luego de la lectura de la ley.

Hermano, los colados serán legión sin duda. Mirá que el registro único de desplazados es ya un problema grande y, aunque José Obdulio Gaviria fue más que burdo al decir que aquí no había desplazados sino migrantes, no es falso que todo el mundo que llega de los pueblos quiere un plante para empezar. Hace poco me contaban de alguien que vive en Bogotá desde hace más de 11 años y volvió a Carmen de Bolívar, unos meses, a tramitar si carné de desplazado. No salió de su casa por violencia. Esos casos son muchos sin duda.
Alguien me decía que en El Capital Marx define la urbanización como un proceso siempre violento, de despojo. Esa idea tendrá que ser atendida por la ley. Y a propósito de desplazados la sentencia de la Corte Constitucional de hace un par de años hizo sin duda un esfuerzo más serio para tratar el tema del que logra hacer la ley de víctimas

Pascual Gaviria dijo...

Canciller dice que será “muy difícil” aplicar la ley de víctimas

Lo dijo en Bruselas, tal vez intentando buscar unos pesos por parte de la Unión Europea, pero lo dijo, y eso hace pensar que el gobierno tampoco está embelesado con la simple lectura de la ley.