martes, 21 de agosto de 2012

Silenzio Stampa

La reciente confirmación de que Misael Cadavid, excandidato por el partido Cambio Radical al Concejo de Medellín, en efecto tenía vínculos con actores armados en la capital antioqueña, hace inevitable un debate sobre a quién benefician las actuales normas que imponen el silencio de los funcionarios públicos durante las campañas. Los seguimientos de la policía muestran a Cadavid en reuniones con hombres de confianza de Sebastián, uno de los jefes supremos de los combos que prenden a plomo las comunas de la ciudad un mes sí y otro no. El candidato fallido - sacó algo más de 5000 votos- fue uno de los señalados en su momento por el exalcalde Alonso Salazar como uno de los exponentes de lo que podría llamarse la “pillopolítica”. Como se sabe esos señalamientos le costaron a Salazar su destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 12 años. La Procuraduría consideró que el exalcalde violó los principios de imparcialidad y buscó una influencia directa sobre los electores mediante sus denuncias públicas. Los constituyentes de 1991 discutieron ampliamente sobre la necesidad de limitar la participación política de los funcionarios. Al final quedó definido que quienes detentan jurisdicción y mando o tienen un cargo de dirección administrativa no pueden más que votar en secreto. El cubículo es su único espacio de participación democrática. De algún modo su libertad de expresión quedó restringida, y en el caso de los alcaldes, siendo los personajes con mayor legitimidad política en la ciudad, deben callar como si se tratara de interdictos. Los políticos entonces dejan de serlo una vez resultan elegidos, por la gracia de una prohibición que alienta la participación soterrada para impedir la que se hace de manera abierta. Porque se sabe que es imposible que los políticos bajen la cabeza durante las elecciones. El caso de Alonso Salazar es paradigmático porque plantea una situación límite. El alcalde tiene información de que existen políticos aliados con ilegales que buscan imponer candidatos en algunas zonas mediante la intimidación. Misiones independientes de observación electoral confirman los hechos. La Fiscalía podría tardar años en producir resultados y faltan dos meses para la fecha de las elecciones. Pero una supuesta garantía democrática obliga al silencio. La idea de imparcialidad democrática beneficia a los ilegales y en la práctica reduce el periodo de alcaldes, gobernadores y presidente en algunos meses. Hoy en día Alonso Salazar está inhabilitado para ejercer política y Misael Cadavid no tiene más que una mancha mediática por sus contactos con el hampa. Pero mañana mismo podría ser candidato. El fallo de la Procuraduría evidencia obligaciones desproporcionadas frente a los actores ilegales: el alcalde no puede informar a los electores sobre sospechas fundadas acerca de candidatos que desequilibran la balanza vía amenazas o corrupción. Así mismo, si un candidato basa su campaña en ataques sobre la persona o la obra del alcalde en ejercicio este deberá responder a media lengua para no ser destituido. El caso Salazar evidencia las injusticias palmarias a las que se puede llegar con la mencionada prohibición: una sanción drástica al funcionario que se pone del lado de la legalidad, al tiempo que se protege el derecho de los ilegales a permanecer en la sombra. Alonso Salazar decidió actuar según sus convicciones y privilegiar el valor civil y las obligaciones éticas sobre una posible sanción. No muchos harán lo mismo. Y los pillos tendrán un parapeto más seguro.

13 comentarios:

Pascual Gaviria dijo...

Resumen de las denuncias en campaña >

Pascual Gaviria dijo...

Político de Medellín en líos por video de Alias Sebastián >

Dajara dijo...

"¿Cuáles son los partidos más castigados teniendo en cuenta la relación entre electos y sancionados? El resultado es: Polo Democrático 15%, Convergencia Ciudadana 11%, Partido Verde 10%, Alianza Social Indígena 9,8%, Partido Liberal 9,2%. ¿Cuáles son los partidos menos castigados teniendo en cuenta este mismo parámetro? Colombia Democrática 2,9%, Alas Equipo Colombia 4,8% y Partido Conservador 5%."

Las preferencias del procurador >

Dajara dijo...

Probablemente vale mucho $$ mantener a un tipo como alias Sebatiân en una cârcel en Colombia, pero yo meto para la vaca con tal de hacerlo hablar y no tener a Luis Pêrez ni sus amigos de futuros candidatos. Por quê en EEUU hablan tan fâcil y acâ no? A Salazar el tiempo le darâ aun mâs la razôn, pero no sê si las gracias de la que nos salvô...

Tatiana Luján dijo...

Yo no entiendo cómo le exigen que denuncie los hechos ante la fiscalía antes de sacarlos a la opinión pública si desde 2007 hay pruebas en la fiscalía de que Luis Pérez está aliado con los paramilitares y en la Fiscalía no han hecho nada y dejaron que Luis Pérez se lanzara a la alcaldía.

Tatiana Luján dijo...

Estos son los testimonios que están en la fiscalía que sirvieron de fundamento para que se archivara por inexistencia del hecho denunciado la investigación contra Alonso Salazar por recibir apoyo de paramilitares para la campaña a la alcaldía: http://www.elmundo.com/pdf/Archivo-Proceso-Penal-Contra-Alonso-Salazar.pdf .
La fiscalía le dio valor a esos testimonios y ahí aparece que el que recibió apoyo fue Luis Pérez.

Ana Marcela Teresa Vásquez López dijo...

Pascual, comparto casi siempre su manera de hablar y las opiniones que expresa. No obstante la sancion disciplinaria al ex alcalde salazar no obedeció a que el hubiera dado informacion falsa o calumniosa acerca de algunos políticos en la contienda electoral. La sanción surgio del hecho, irrefutable en mi concepto, de que el alcalde participó indebidamente en política; en lugar de presentar las denuncias ante las autoridades competentes, de idió esperar a estar en pleno debate, para aparecer en medios de comunicación y publicar lo que tenía obligación de denunciar.

Anónimo dijo...

No solamente pasó de agache Misael Cadavid sino que fue nombrado gerente del Hospital de San Luis Antioquia. Cómo y con que criterio son elegidos estos gerentes?

Alejandro Gaviria dijo...
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
Pascual Gaviria dijo...

Ana Marcela: Sé que Salazar no fue destituido por calumniar a un político sino por hablar de relaciones non sanctas en medio de una campaña electoral.
Para mí la sanción sigue siendo dudosa. Cuando uno mira el fallo de la Procuradora Carreño se da cuenta que la decisión se toma en base a una apreciación personal. A la señora le parece que las denuncias de Salazar no pretendían el fin altruista de advertir a la ciudadanía sino el fin partidista de empujar a un candidato enlodando a otro.
La columna intenta demostrar lo problemática que puede resultar esa decisión. Además de lo subjetiva. Pero apunta además a acabar con esa prohibición que puede llevar a casos absurdos con un tinte de legalidad. Supongamos que la sanción es merecida según las leyes colombianas ¿Es lógico que un alcalde termine sancionado por denunciar la coerción electoral con nombres propios? ¿Si Salazar hubiera ido primero a la fiscalía y luego a los medios, no merecería sanción? ¿Sirven los fallos penales que se demoran 2 años para defender el proceso electoral en sus últimos 2 meses? Creo que los políticos elegidos deben poder pronunciarse sobre política desde su investidura. Otra cosa es la prohibición de usar recursos públicos para apoyar campañas. Ahí tiene que estar el énfasis y la vigilancia. No en el simple discurso.

Me gusta suponer la situación de Salazar en cabeza del Presidente. Imagine que en plenas elecciones de Congreso el Presidente tiene información sobre candidatos en las regiones aliados unos con la guerrilla y otros CON LAS Bacrim, ¿podría decirlo, debería simplemente enviar un oficio al Fiscal general?

Anónimo 21:16 Las noticias dicen que llegó al hospital por concurso de méritos. Venía de trabajar dos meses en el ministerio del interior que regentaba su jefe político Germán Vargas ll.

Pascual Gaviria dijo...

Aquí está la defensa de Cadavid. Muy de malas: le toman una foto en campaña y está rodeado de los herederos de Memín. Se va a vender el carro y termina metido en la oficina de la oficina.

Montaje

Ana Marcela Teresa Vásquez López dijo...

Más allá de la intención que cada quien considere que tuvo el alcalde al proceder como lo hizo, imaginemos el caso de la sentencia penal que absuelve al político o al ciudadano cuyo nombre fue enlodado por quien, en lugar de denunciar ante fiscalia. Lo hizo en los medios de comunicación.

No es un tema simple en realidad

Pascual Gaviria dijo...

Ana Marcela, en la democracia es posible hablar de las personas, sobre todo de las que aspiran a elegirse, y se puede decir que hay indicios de sus relaciones con ilegales. Lo grave de la política colombiana es que ha pasado a discutirse en los juzgados. El peor de los escenarios. Y si todo le mundo puede hablar en campaña por que los profesionales del debate público, los elegidos, no deben hacerlo.